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Etiqueta: constituyente

Cambio de modelo en Chile: ¿El norte estará en el sur?

Luis Fernando Astorga Gatjens

El triunfo electoral de Gabriel Boric sobre José Antonio Kast, en la segunda ronda de las elecciones presidenciales chilenas del 19 de diciembre anterior, tuvo su fragua en octubre del 2019, en un país marcado por un inesperado estallido social de alcances tsunámicos.

En ese octubre pre pandémico, cuando el gobierno de Sebastián Piñera decretó un aumento del valor de los boletos del Metro de Santiago, los estudiantes protestaron brincándose los molinetes de ese sistema de transporte. Lo que fue inicialmente una acción puntual de protesta derivó pronto en un movimiento generalizado en la capital y en otras ciudades del país austral.

El fuerte contraste entre una élite económica y política, beneficiaria directa del modelo neoliberal y que se rodeó golosamente de privilegios, frente a amplias mayorías empujadas a la pobreza, acumuló las condiciones propicias para el intempestivo estallido social.

El modelo chileno que los políticos y medios adeptos a esa doctrina, habían convertido en un referente internacional, se derrumbó como un castillo de naipes. El proyecto marcado por la reducción del rol del Estado y la expansión del papel del sector privado, que impulsó e impuso la dictadura de Augusto Pinochet, con la asesoría de Milton Friedman, no resistió la acumulación de injusticias y desbalances sociales.

Las protestas fueron duramente reprimidas por la policía con un saldo tan trágico como doloroso: 20 muertos, 233 heridos y más de 700 personas detenidas. Empero la represión fue más gasolina que agua. Y lo que fueron, inicialmente, reivindicaciones económicas y sociales (centradas en pensiones, salud, educación) se tornaron en exigencias políticas. Ganó fuerza el reclamo de una Convención Constituyente que pusiera fin a la camisa de fuerza que ha sido la Constitución, creada a imagen y semejanza de la dictadura de Pinochet.

La acción de la protesta social fue tan fuerte que el gobierno de Piñera no tuvo más remedio que convocar a un referéndum para determinar si la ciudadanía estaba de acuerdo con iniciar un proceso constituyente, para redactar una nueva Constitución y también para fijar el mecanismo del proceso. Originalmente, el referéndum fue convocado para el 26 de abril de 2020, pero a causa de la pandemia de la covid-19, hubo de ser pospuesto para el 25 de octubre del mismo año. El resultado aprobatorio fue contundente: Mas del 78 % de los que votaron dijeron que si aprobaban la Constituyente mientras menos del 22 % se inclinó, por lo contrario.

Así las cosas, el 15 y 16 de mayo de 2021 los electores chilenos acudieron a elegir a 155 constituyentes encargados de redactar la nueva Carta Magna. Más de 6,3 millones votaron. Los resultados representaron una abrumadora derrota para la derecha, ya que, de los 155 elegidos, 48 fueron independientes, 52 de la oposición, los pueblos originarios obtuvieron 17 puestos y el oficialismo tan solo 38. Una cifra a todas luces insuficiente para fijar la agenda y acuerdos de la Convención, que arrancó sus tareas el 4 de julio de 2021 y las completará a finales de junio de 2022.

El 21 de noviembre de 2021 se celebraron los comicios para elegir quien dirigirá, desde la presidencia, los destinos de Chile entre 2022 y 2026. También fueron electos los senadores, diputados y consejeros regionales. A raíz de las situaciones y procesos desarrollados a partir de octubre de 2019, se esperaba un claro triunfo del candidato de la coalición de izquierda, “Apruebo Dignidad”, Gabriel Boric, aun cuando los números no le alcanzaran para evitar el balotaje. Sin embargo, en un resultado inesperado, el candidato ultraderechista, José Antonio Kast se impuso sobre Boric por dos puntos.

Este resultado envalentonó a la derecha que esperaba ganar en la segunda ronda, que se celebró el 19 de diciembre. Para esta elección se confabularon todos los ingredientes para la polarización política. Se enfrentaban dos proyectos diametralmente opuestos.

Kast (55 años), neoliberal confeso, detractor de la Convención Constituyente, simpatizante de Pinochet, admirador de Trump y Bolsonaro, y con una serie de proyectos amenazantes para los imperativos avances sociales y los derechos humanos, frente a Boric (35 años), líder de la nueva izquierda chilena, madurado al calor de las luchas estudiantiles y sociales, adversario abierto del modelo neoliberal e impulsor de una Constitución que sea llave y matriz de la imperativa e impostergable justicia social para un pueblo marcado por lustros de desigualdad y pobreza, en medio de la concentración indignante de la riqueza de las élites.

El 19 de diciembre se jugaba entonces algo más que una elección entre dos candidatos presidenciales; se jugaba la perpetuación del modelo neoliberal frente a su progresivo desmantelamiento. Eso lo comprendió el pueblo de Chile que acudió a las urnas en un porcentaje mayor que en la primera ronda y le dio un contundente triunfo a Boric (55,87 %) sobre Kast (44,13 %).

El nuevo presidente tomará posesión del cargo, en marzo de 2022 y tendrá como desafío el cambio de modelo, con la abierta oposición de la derecha y las élites económicas, cuyo peso es significativo. Eso se puso de manifiesto al día siguiente de la elección de Boric, cuando esa abstracción denominada mercado (que no son otra cosa que empresas y personas de carne y hueso), mostró su descontento con la caída de la bolsa de Santiago mientras el peso sufrió una significativa depreciación.

La elección de Boric no solo es muy importante para Chile. Lo es para América Latina, región donde las fuerzas progresistas han ido ganando terreno.

Chile ha sido destacado como un “milagro económico” aunque ese milagro siempre fue para una minoría y algunas trasnacionales avariciosas. Las mayorías, mientras tanto, lo vieron desde muy lejos. En el presente, puede emerger un modelo alternativo que consolide la democracia y haga renacer un Estado Social de Derecho, robusto y fuerte como lo soñó Salvador Allende. Esto le dará sentido al propósito y consigna el Norte está al Sur.

Imagen: https://www.radioagricultura.cl

Costarricenses envían apoyo y solidaridad al proceso constituyente chileno

Comunicado de prensa

El pasado 18 de octubre del 2021, un grupo amplio de costarricenses ha enviado una carta de respaldo y solidaridad al proceso constituyente que se desarrolla en el hermano país de Chile. Precisamente ayer se comenzaba en Santiago la redacción de lo que será la próxima Constitución Política chilena, la cual es un hito en cuanto a la conformación social de sus integrantes, la cual entre otras consideraciones respeta la equidad de género e integra a los diferentes pueblos originarios presentes en la geografía del país sudamericano.

Desde la integración de la Convención Constituyente, desde diversos sectores que se sienten amenazados por la finalización de sus privilegios, se ha desatado una furiosa campaña de desprestigio en contra del proceso y en especial de las personas que lo dirigen. Por lo que, este grupo de ciudadanas y ciudadanos, se han unido en el esfuerzo de ayudar a visibilizar y legitimar la Convención Constitucional. 

La misiva fue recibida por la Presidenta de la Convención Constituyente, señora Elisa Loncón, quién agradeció la solidaridad entre pueblos hermanos.

En la cara de solidaridad enviada por los/as costarricenses se menciona:

“Conociendo el proceso Constituyente que vive la hermana República de Chile, que surge del estallido social de octubre 2019, reivindicando derechos básicos, oponiéndose al sistema económico surgido de la dictadura de 1973 a 1990, a la desigualdad social y económica, al alto costo de los servicios básicos y en favor de cambiar la actual Constitución Política promulgada en 1980, durante la misma dictadura. Considerando el papel del Plebiscito del pasado 25 de octubre de 2020, respaldado por un 78% de las personas votantes, que habilitó la formulación del texto de una nueva Constitución y los mecanismos para su redacción. Y conociendo los resultados de la elección de los representantes del pueblo chileno a la Convención Constituyente, en mayo de este año, que incorpora fuerzas nuevas y representativas de la ciudadanía, satisfaciendo así la demanda de democratización de la política en Chile. Observando que Chile vive un momento histórico y que se trata de uno de los procesos constituyentes más innovadores que se hayan dado. Conociendo que la elección de la Convención Constitucional tiene una composición paritaria e incorpora la participación de los pueblos originarios, situando dicho proceso en la vanguardia del derecho constitucional comparado. Teniendo claro que el objetivo es no sólo elaborar y aprobar una nueva Constitución sino también que dicho proceso podría convertirse en una referencia para el mundo. Celebrando que, en este contexto, el proceso en Chile tiene entre sus referentes las experiencias constitucionales en otros países con el fin de nutrir su propia experiencia. Las ciudadanas y ciudadanos costarricenses, abajo firmantes, expresamos nuestra solidaridad: Al histórico proceso Constituyente en Chile que permitirá dar legitimidad al texto constitucional en un contexto histórico en democracia, distinto a aquel en que se aprobó la Constitución vigente desde 1980. Un saludo efusivo y grato reconocimiento a la Presidenta de la Convención Constituyente, señora Elisa Loncón y al Vicepresidente, señor Jaime Bassa, así como a las 155 personas que componen la Convención Constitucional. Un deseo de hermandad, para que el proceso culmine con una nueva Constitución fruto de amplios consensos políticos, económicos, intergeneracionales y territoriales, y que esa nueva Constitución sea una llave para la dignidad de las amplias mayorías del pueblo de Chile”.

UCR, Voz experta: Constituyente en tiempos de autoritarismo

Por Rosaura Chinchilla Calderón, coordinadora Maestría Ciencias Penales UCR

  • “Si se quiere hacer uso del referéndum y no del trámite legislativo para la reforma constitucional, ¿no será mejor propiciar una convocatoria, mediante dicho mecanismo, para reformas parciales?”

Rosaura Chinchilla Calderón - foto Karla Richmond.
Rosaura Chinchilla Calderón – foto Karla Richmond.

La polémica. Rubén Hernández Valle, en su artículo Una constituyente es innecesaria (LN 16/4/28), sostiene que la convocatoria a una reforma total de la Carta Fundante es políticamente inconveniente y jurídicamente innecesaria. Lo primero, porque no hay ruptura del orden constitucional ni han variado esencialmente los valores de la sociedad civil, y lo segundo, porque, más bien, su instauración podría generar inseguridad jurídica y parálisis nacional en tanto solo se requieren reformas puntuales para propiciar cambios en el país. Para dicho jurista, estos pueden lograrse a través del canal legislativo del mecanismo de la reforma parcial.

Por su parte, Alex Solís Fallas, Francisco Barahona, Walter Coto y otros, consideran que Rubén Hernández está equivocado. Para sostenerlo, indican que aquel argumento político no es válido en tanto muchos pueblos han cambiado sus normas supremas sin necesidad de derramamiento de sangre, pues cada generación tiene el derecho de cambiar sus normas de convivencia y que, en cuanto a la tesis jurídica de la inseguridad, no debe tenerse miedo ni alimentarse temores sin fundamento.

Síntesis: Es decir, mientras el primer autor parte de referencias al derecho comparado y a la estimación de lo que conceptualmente implica la reforma constitucional total, los otros lo hacen desde tesis voluntaristas, apelando, por una parte, a un supuesto derecho subjetivo generacional, sin contornos precisos, puramente formal y, por la otra, a la invocación de sentimientos patrióticos, también vacíos de contenido y desconociendo axiomas empíricos.

Evidencia: El IDESPO de la UNA efectuó una medición sobre el autoritarismo en la población costarricense usando la escala RSW de Altemeyer. Partiendo de que más de 50 puntos implican una aceptación de criterios autoritarios, se pudo verificar que para 2011 el promedio era de 72 puntos y para 2016 la media era de 68 puntos, es decir, casi sin variación considerando los márgenes de error. Esos puntajes abarcaban respuestas afirmativas a las proposiciones de que había personas “muy diferentes” que nunca deberían ser parte de la sociedad, que el castigo para infractores debía ser muy drástico, que la obediencia a la norma (sin importar su contenido) era un valor deseable y que debía defenderse el status quo, para citar solo algunos ítems.

A lo anterior hay que agregar que en las elecciones pasadas, cerca de 470 mil personas (35% de quienes emitieron el voto) estuvieron dispuestas a designar, en la primera ronda, a grupos con propuestas políticas que materializaban aquellos rasgos al ofrecer, en sus “planes”, categorizaciones de personas según los criterios morales de unos, desconocer de derechos humanos de algunos grupos y hasta proponer la ruptura con instituciones democráticas. En la segunda ronda, el número creció a 839 mil votantes (39.3%).

Inviabilidad socio-política y jurídica: De lo anterior se concluye, con facilidad, que son las opiniones jurídicas del señor Hernández Valle (y no las de quienes lo acusan de estar equivocado) las que muestran mayor solidez y sustento empírico. La convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente representaría, en este estado de la cultura nacional, un enorme retroceso no solo en las mínimas libertades fundamentales de diversos grupos de la población (indígenas, mujeres, población LGBTI y personas privadas de libertad), sino también en derechos económicos, sociales y ambientales. Esto, implícitamente, lo reconocieron los mismos propulsores de ese ensayo al instaurar, en una de las versiones de su iniciativa, una cláusula de salvaguarda que impidiera ese repliegue, lo que sabemos es imposible, dado que el poder constituyente es originario e ilimitado y así se los hizo ver el TSE (ver voto 6187-2016).

Así las cosas, si se quiere hacer uso del referéndum y no del trámite legislativo para la reforma constitucional (que se apunta como engorroso), ¿no será mejor propiciar una convocatoria, mediante dicho mecanismo, para reformas parciales, puntuales (designación de magistraturas, de diputaciones, etc.), que, además, son las únicas que el artículo 105 de la Constitución Política posibilita? ¿Por qué insistir en una vía que no solo está cuestionada constitucionalmente (ver expediente constitucional 17-3086-007-CO, resolución del 27 de marzo de 2017), sino que nos conduciría a una polarización socio-política, cuyas posibles consecuencias recién se evidenciaron?

 

Rosaura Chinchilla Calderón

Coordinadora Maestría Ciencias Penales UCR

 

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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Constituyente, autoritarismo y Derechos Humanos

Rosaura Chinchilla Calderón

SURCOS ha recibido para su publicación, de parte de la autora, el texto “Constituyente, autoritarismo y Derechos Humanos”. Por ser de gran trascendencia en la construcción de ciudadanía y desarrollo de una democracia participativa lo compartimos.

Rosaura Chinchilla Calderón inicia su escrito así:

“A propósito del Bicentenario de la Independencia costarricense han surgido algunas iniciativas con las cuales, más que fortalecer pareciera pretenden disolver el sistema democrático costarricense. Por ejemplo, una vez más se convierte en discusión nacional el llamado a convocar a una Asamblea Constituyente. Se trata de una idea recurrente cuando se alude a la necesidad de efectuar cambios en el funcionamiento del aparato estatal”.

El texto puede leerse ingresando en el siguiente enlace:

Constituyente, autoritarismo y Derechos Humanos

 

Imagen tomada de la página de Facebook de la autora.

Enviado a SURCOS por la autora.

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