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Etiqueta: Convenio de Diversidad Biológica

Gobierno excluye ecologistas de comisión que tramita permisos de liberación de transgénicos

Asociación Red de Coordinación en Biodiversidad

  • MAG incorpora a la CNAA en la CTNBIO pese a evidente conflicto de intereses.

  • Se excluye por decreto la participación de la Red de Coordinación en Biodiversidad.

  • Por medio de decreto se violentaron principios constitucionales, la ley Orgánica del Ambiente y el Convenio de Diversidad Biológica.

14 de junio 2023. Vía decreto el gobierno de Rodrigo Chaves excluye a la Red de Coordinación de Biodiversidad (RCB) de la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad (CTNBio), y a cambio, introduce a la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA). Esta grave decisión realizada sin consulta previa reduce la participación ciudadana, e incrementa la influencia de intereses privados sobre un espacio de decisión fundamental que regula la biotecnología agrícola. Este cambio en la balanza sucedió vía decreto N° 44020-MAG publicado en la Gaceta N. 105, este martes 13 de junio, donde se reformó el artículo 112 del Reglamento del Servicio Fitosanitario del Estado.

El gobierno de Rodrigo Chaves elimina una representación del sector ambiental para sumar la participación de la CNAA, que dicho sea de paso tienen entre sus filas a las grandes transnacionales de los agrotóxicos y los transgénicos. Es decir, el MAG incorpora a la CTNBio una representación que tiene conflicto de intereses dentro de la comisión, pues la mayoría de los permisos en revisión por la misma son solicitados por los miembros de la Cámara de Agricultura y Agroindustria.

Es importante recordar que gracias a la participación de integrantes de la Red de Coordinación en Biodiversidad y de la Federación Ecologista (FECON) en la CTNBio, se pudo alertar en el 2012 a la población costarricense sobre la solicitud hecha por la subsidiaria de Monsanto, Delta & Pine Land Semillas Ltda., para sembrar maíz transgénico en Chomes de Puntarenas. Lo cual fue recibido como una amenaza a la cultura del maíz muy presente en la zona. Gracias a esta alerta, organizaciones sociales y ambientales gestaron distintas acciones, como la Caminata en Defensa del Maíz, logrando detener el maíz de Monsanto y así proteger las semillas nativas o campesinas de una posible contaminación genética. Las movilizaciones sociales presionaron para que se lograra el 25 de julio del 2014, «Declarar al maíz (Zea mays), en sus variedades autóctonas (nativas y criollas) como Patrimonio Cultural de Costa Rica» (Nº 38538-C-MAG). Además, se ganó una acción de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional expediente 12-017013-0007-CO en el cual los magistrados dieron la razón a los argumentos ecologistas para proteger el maíz criollo de la amenaza de contaminación transgénica. Gracias a la participación de las organizaciones ecologistas se ha podido contar con la participación de especialistas en la materia como el Dr Jaime García, catedrático de la Universidad de Costa Rica.

Entre el 2013 y el 2015, alrededor del 92% de las municipalidades adoptaron declaratorias de territorios libres de transgénicos. En el año en curso, se sumaron los cantones de Los Chiles y Paraíso de Cartago. En total, 74 cantones, de los 81 existentes, han emitido declaraciones municipales declarándose libres de cultivos transgénicos.

Este decreto de la administración Chaves-Robles contradice la resolución Nº 15017 – 2014 de la Sala Constitucional, que dispuso en un voto histórico, como obligatoria la participación social en materia de liberación de transgénicos al ambiente. Además, el artículo 47 de la Ley de Biodiversidad, que se complementa con el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ambiente, para fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones y en las acciones cuyo propósito sea la protección del ambiente.

La participación ciudadana en el proceso de tramitación implica el acceso a la información relacionada con dichos procesos, posibilidad de incidir en la toma de decisiones y la fiscalización de las acciones en cuerpos colegiados. Este decreto ejecutivo representa un retroceso y una afrenta a tratados internacionales ya ratificados por Costa Rica como: el Convenio de Diversidad Biológica (CDB) y el Protocolo de Cartagena, específicamente en temas de evaluación de riesgos, tecnologías y participación ante la protección de la salud humana y los ecosistemas frente a posibles efectos adversos de los OGMs.

COP15: gobierno tico pone en riesgo a los pueblos indígenas en la CBD, al tiempo que organizaciones internacionales recuerdan a Sergio Rojas y Jerhy Rivera

-La propuesta conocida como 30×30 es catalogada por cientos de organizaciones a nivel global como una grave amenaza para los pueblos indígenas y comunidades locales.

Coecoceiba Amigos de la Tierra Costa Rica y la Red de Coordinación en Biodiversidad. 11 de diciembre de 2022.

Montreal, Canadá. 10-12-2022. Esta semana dio inicio la #COP15 del Convenio de Diversidad Biológica (CBD) la cual se celebrará del 7 al 19 de diciembre en Montreal Canadá. En esta cumbre organizaciones internacionales referentes han desarrollado una acción en favor de la justicia para defensores ambientales y pueblos indígenas. Mediante fotografías de activistas y defensores asesinados se recogieron las demandas de justicia para los indígenas costarricenses Sergio Rojas y Jerhy Rivera, asesinados en 2019 y 2020 respectivamente. Ambos crímenes siguen en impunidad pese a que se desarrollaron en medio de la lucha por la recuperación legítima de la tierra de los pueblos indígenas costarricenses.

Otra de las noticias sobre la COP15 resalta la cooptación empresarial en las negociaciones del Marco Global de Biodiversidad, es así como avanzan unos esquemas de negocio disfrazados de soluciones a la crisis de la biodiversidad. Dentro de las negociaciones de la CBD se hablan de políticas globales que ponen aún más en riesgo a los pueblos indígenas. Que dicho sea de paso viven en zonas de alta biodiversidad y hay evidencia la salud de los ecosistemas es gracias a la interacción de estas poblaciones que logran conservar de manera efectiva la biodiversidad.

Preocupa la “Coalición de Alta Ambición por la Naturaleza y las Personas” copresidida por el Gobierno de Costa Rica y el de Francia para impulsar la supuesta conservación del 30% del área de las tierras y océanos para el 2030. La propuesta conocida como 30×30 es catalogada por cientos de organizaciones a nivel global como una grave amenaza para los pueblos indígenas y comunidades locales, debido a que esa supuesta conservación de la biodiversidad sin las comunidades que han habitado y cuidado verdaderamente estas áreas. Las cuales podrían ser desalojadas, perseguidas o ver aún más mancillados sus derechos.

Isaac Rojas, Coordinador del programa de Bosques y Biodiversidad de Amigos de la Tierra Internacional de Coecoceiba Costa Rica añade: “Poner a las empresas en su lugar permitiría que las soluciones a la pérdida de biodiversidad lideradas por los pueblos volvieran a tomar impulso.

Los Pueblos Indígenas y comunidades locales protegen el 80% de la biodiversidad que existe, a menudo defendiéndola con sus vidas. Preservar la biodiversidad va de la mano de tomarse en serio a los Pueblos Indígenas y Comunidades Locales y sus derechos humanos y de tenencia de la tierra”.

Protocolo de Nagoya. Una vez más quieren ratificarlo sin consulta

17 febrero, 2021. El protocolo de Nagoya (PN) dice buscar el acceso justo y equitativo a los beneficios derivados del uso de los recursos genéticos. Hacia el final de 2010, el PN fue adoptado para implementar parte del Convenio de Diversidad Biológica (CDB) de las Naciones Unidas. Sin embargo, una gran mayoría de comunidades indígenas y campesinas desconocen su contenido y alcance, mientras organizaciones ecologistas y agrícolas se oponen a sus planteamientos.

El PN fue rechazado anteriormente en dos asambleas legislativas (2011 y 2016) por la Comisión de Ambiente, gracias a las objeciones de organizaciones campesinas, indígenas y ecologistas. En esas dos oportunidades fue discutido en la Comisión de Asuntos Ambientales, actualmente se encuentra en la Comisión de Asuntos Internacionales a pesar de que es un tema muy técnico y relacionado directamente con el uso de la biodiversidad y con los intereses de las comunidades campesinas y los pueblos indígenas. Cabe recalcar que no se ha realizado, en esta oportunidad, ninguna comparecencia de organizaciones que no estamos de acuerdo con que se ratifique el Protocolo.

Para la Red de Coordinación en Biodiversidad es primordial “que se consulte a los pueblos indígenas y comunidades locales antes de ser discutido por el pleno de la Asamblea Legislativa, respetando la legislación nacional e internacional, como lo es el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales.

Para las y los ecologistas, el PN no cumple con los objetivos de defender los recursos genéticos y el conocimiento asociado a ellos, si no que los contradice. Su ratificación implicaría que los recursos de la biodiversidad, considerados de dominio público en Costa Rica, se traten como si fueran bienes patrimoniales del dominio privado, tal y como se quiso hacer en el caso del Proyecto Minero en Crucitas, o de explotación petrolera Harken, entre otros. Esta última preocupación

también fue destacada por la oficina legal del MINAET (oficio inf-11-ot-2011 del 14 de abril del 2011) (ver más).

El Protocolo tiene particular interés en las comunidades indígenas, ya que busca incluir el patrimonio genético de las comunidades indígenas y sus saberes ancestrales en el desarrollo de la biotecnología, sin siquiera considerar alguna reglamentación ética o de derechos humanos. Atenta contra la propia sabiduría, cosmovisión y cultura de las comunidades y pueblos, que han sabido crear un vínculo con los bienes naturales y crear saberes y conocimientos puestos a la disposición solidaria, de tal manera que puedan continuar alimentándose y atendiendo su salud.

Si quiere conocer más sobre el Protocolo de Nagoya y sus problemas de fondo y de forma, les invitamos a leer los siguientes documentos elaborados por diferentes organizaciones a nivel latinoamericano:

-Cuaderno de Biodiversidad #2 – Convenio de Diversidad Biológica y Protocolo de Nagoya. http://www.biodiversidadla.org/content/download/167993/1243999/version/1/file/Convenio+de+Diversidad+Biol%C3%B3gica+y+Protocolo+de+Nagoya+-

+Cuadernos+de+Biodiversidad+%232.pdf

-Escaramujo N°86. ¿Qué es el Protocolo de Nagoya?. Otros Mundos, Chiapas, México. https://otrosmundoschiapas.org/el-escaramujo-no-86-que-es-el-protocolo-de-nagoya/

– Organizaciones conservacionistas y de pueblos indígenas y comunidades campesinas piden consultar Protocolo de Nagoya. Audiencia en Asamblea Legislativa, 2016. https://www.youtube.com/watch?v=EnpAvWWA294

– Protocolo de Nagoya: porqué oponerse, http://www.biodiversidadla.org/Noticias/Protocolo_de_Nagoya_porque_oponerse

Informes: Red de Coordinación en Biodiversidad, Silvia Rodríguez, silroce@gmail.com o Mariana Porras, mariana@coecoceiba.org

 

Enviado por Henry Picado.

Protocolo de Nagoya: porqué oponerse

Lo cuestionan indígenas, ecologistas, mujeres, y campesinos

El Protocolo de Nagoya (PN), dice buscar el acceso justo y equitativo a los beneficios derivados del uso de los recursos genéticos. Hacia el final de 2010, el PN fue adoptado para implementar parte del Convenio de Diversidad Biológica (CDB) de las Naciones Unidas. Sin embargo una gran mayoría de comunidades indígenas y campesinas desconocen su contenido y alcance, mientras organizaciones ecologistas y agrícolas se oponen a sus planteamientos.

En Costa Rica la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa aceleró esta semana la discusión sobre su ratificación, mientras que un colectivo de organizaciones, hicieron saber su posición mediante una carta dirigida a dicha Comisión: “es un tema muy importante que atañe directamente a pueblos indígenas y comunidades locales que históricamente hemos cuidado y usado la biodiversidad; para lo cual debería existir un proceso amplio de información y de posterior consulta” (ver carta).

Las 12 organizaciones pidieron a la comisión legislativa “que se consulte a los pueblos indígenas y comunidades locales antes de ser discutido por la Asamblea Legislativa, respetando la legislación nacional e internacional, como lo es el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas».

Entre quienes suscriben la carta están representantes del pueblo Bribri de la Organización Talamanca por la Vida y la Tierra, del pueblo de Salitre y Térraba del Frente Nacional de Pueblos Indígenas FRENAPI, del Colectivo Tierra, Semilla y Pan, Tinamaste, así como de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB), FECON, Coecoceiba–Amigos de la Tierra, Movimiento Humanista, Movimiento Salvemos la Loma de Salitral y la Red de Mujeres Rurales.

La Red de Mujeres Rurales subraya que “un proyecto de ley de esta envergadura…debe ser del conocimiento nacional para discutir las implicaciones de regular el acceso a los recursos genéticos que han sido por derecho histórico y ancestral patrimonio de los pueblos” (ver carta).

La Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB), representante acreditada de FECON ante la Comisión Nacional de Gestión de Biodiversidad (CONAGEBIO) recuerda que, en octubre de 2013, el proyecto se «cayó» debido a la falta de consulta, por lo que no debe evadirse este requisito avalado en distintas instancias como la Sala Constitucional.

Para las y los ecologistas, el PN no cumple con los objetivos de defender los recursos genéticos y el conocimiento asociado a ellos si no que los contradice. Su ratificación implicaría que los recursos de la biodiversidad, considerados de dominio público en Costa Rica, se traten como si fueran bienes patrimoniales del dominio privado, tal y como se quiso hacer en el caso del Proyecto Minero en Crucitas, o de explotación petrolera Harken, entre otros. Esta última preocupación también fue destacada por la oficina legal del MINAET, (oficio inf-11-ot-2011 del 14 de abril del 2011) (ver más).

Además, el PN podría atentar contra la propia sabiduría, cosmovisión y cultura de las comunidades y pueblos, que han sabido crear un vínculo con los bienes naturales y crear saberes y conocimientos puestos a la disposición solidaria, de tal manera que puedan continuar alimentándose y atendiendo su salud.

Informes: Red de Coordinación en Biodiversidad, Silvia Rodriguez,silroce@gmail.com o Mariana Porras , mariana@coecoceiba.org

 

Información enviada a SURCOS Digital por Coecoceiba.