El historiador y analista político Óscar Aguilar Bulgarelli señaló que, en la campaña política anterior, Rodrigo Chaves ya había anunciado su intención de destruir las instituciones del país, citando expresiones como “somos un tsunami que vamos a destruirlo todo” y una declaración realizada en Peñas Blancas, en julio de 2014, donde —según indicó— afirmó que querían “destruir este sistema”.
Aguilar Bulgarelli afirmó que Chaves justificó esa intención al sostener que sus adversarios se habían atrincherado en las instituciones, y vinculó esa postura con declaraciones posteriores de Laura Fernández, a quien calificó como cercana a Chaves. Según expuso, tras no aprobarse un proyecto impulsado por ella, Fernández atribuyó el problema al Estado de derecho, al que señaló como un obstáculo para que las instituciones actúen fuera de lo que establece la ley.
En su intervención, Aguilar Bulgarelli contrastó estas posiciones con manifestaciones públicas de Pilar Cisneros, quien —según indicó— afirmó odiar las instituciones. A partir de ello, cuestionó qué es lo que se rechaza cuando se habla de destruir la institucionalidad, recordando que esas mismas instituciones han sostenido durante décadas el desarrollo del país.
El analista mencionó ejemplos como la Caja Costarricense de Seguro Social, señalando que gran parte de la población joven nació, se atendió y continúa atendiéndose en ella; así como las universidades públicas —la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, el Instituto Tecnológico de Costa Rica y la Universidad Estatal a Distancia— y el sistema educativo público, que permitió la formación de amplios sectores de la población. También aludió a los servicios públicos esenciales, como el acceso al agua potable y la seguridad, que —según expresó— fueron garantizados por esa institucionalidad.
Aguilar Bulgarelli afirmó que, si bien han existido errores y casos de corrupción en distintos momentos, sostuvo que ningún gobierno había mostrado un nivel de corrupción comparable al actual, señalando acusaciones y procesos en curso contra figuras del Ejecutivo. Según dijo, el presidente cumplió lo que había anunciado, comparando su accionar con una “inversa del rey Midas”, al afirmar que todo lo que este gobierno ha tocado lo ha destruido.
Finalmente, sostuvo que el llamado a la continuidad política implicaría, según su exposición, seguir un proyecto orientado a destruir las instituciones y proteger a personas involucradas en hechos de corrupción, afectando la base institucional que —afirmó— ha permitido la construcción del país.
La Asociación Jubilados en Acción, organización integrada por personas jubiladas del magisterio nacional, hizo un llamado público a la ciudadanía para no votar por partidos ni candidaturas que se opongan a un proyecto de ley ciudadano orientado a combatir la corrupción y el desfalco de fondos públicos, en particular aquellos vinculados a los sistemas de pensiones.
En su pronunciamiento, la organización recuerda que durante la década de 1950 el Estado costarricense solicitó al magisterio llevar la educación a todo el país, incluso en condiciones adversas, sin caminos y enfrentando enfermedades como la fiebre amarilla y el paludismo. En ese contexto, y considerando que la expectativa de vida rondaba entonces los 58 años, el magisterio aceptó la tarea bajo el acuerdo de contar con una pensión equivalente al último salario, para lo cual comenzó a cotizar una cuota superior a la del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), con el fin de crear su propio fondo de pensiones.
Según la Asociación, el magisterio cumplió con ese compromiso, contribuyendo al desarrollo del país, que hoy ocupa posiciones destacadas en indicadores de producción por habitante y exportación de productos de alta tecnología en América Latina. Sin embargo, denuncian que el Ministerio de Hacienda habría recaudado las cuotas destinadas a las pensiones, pero las utilizó para otros fines, lo que derivó en que las personas docentes jubiladas reciban pensiones tratadas como “de gracia”, a pesar de haber cotizado durante años.
El pronunciamiento señala que esta situación ha permitido recortes discrecionales aprobados por la Asamblea Legislativa, mientras que autoridades actuales del Ministerio de Hacienda han sostenido que la legislación vigente no exigía la creación de un fondo específico. Asimismo, citan criterios jurídicos que afirman que los derechos del magisterio estarían prescritos, lo cual es cuestionado por la organización.
La Asociación Jubilados en Acción critica que, mientras desde el poder político se promueven leyes más severas y cárceles más grandes, estas medidas se orientan principalmente contra sectores empobrecidos, sin establecer sanciones efectivas para quienes incurren en desfalcos de recursos públicos.
Ante este panorama, informan que están impulsando un proyecto de ley por iniciativa ciudadana que propone penas de cárcel inconmutables y sin prescripción para jerarcas responsables de corrupción y malversación de fondos públicos, con el objetivo de evitar que situaciones similares se repitan tanto en el régimen de pensiones del IVM como en proyectos públicos y sociales.
La organización señala que experiencias internacionales en países como Singapur, China y Vietnam muestran que sanciones severas contra la corrupción reducen estas prácticas de manera sostenida y contribuyen al bienestar de la población. Finalmente, exhortan a la ciudadanía a informarse y a no respaldar electoralmente a partidos o candidaturas que se opongan a este proyecto, al considerar que ello podría poner en riesgo el futuro de la seguridad social.
Chaves y Nogui dijeron hace meses que el «decretazo» a favor de los importadores de lujosos autos, había sido «sin querer queriendo». Que Hacienda revisaría caso por caso, para recuperar los montos evadidos a la hora de importarlos. Tarea que obviamente no hicieron, y que ahora se hace más grande, al sumar la evasión que se evidencia con el pago de los marchamos, para los mismos autos que ingresaron bajo la corrupta sombrilla de Zapote. ¡La fiesta es todo un carnaval pornográfico!
Para no afectar a los amigotes de Chaves amantes de los lujosos autos, Nogui no movió un dedo mientras era ministro. Se limitó a decir, que los importadores eran unos mentirosos, al meter facturas de compra falsas. Que como era un delito, Hacienda se encargaría ¡Ya!, de empezar a cobrarle a esos «mentirosos» el impuesto que evadieron, y que se harían los ajustes legales para cerrar el portón. Mientras, por otro lado, Chaves seguramente le advertía «dejar las cosas como están». Los hechos lo demuestran.
Entre los impuestos por importación de autos y a la propiedad (dinero de todos los costarricenses que recaudaría Hacienda), nos robaron ¢32.000 millones, hasta agosto pasado, pese a que ingresaron más carros. Ello, gracias a la «contribución» que generosamente les hicieron Chaves y Nogui Acosta, al establecer que, a partir de octubre del año pasado, ya esos impuestos no se determinarían a partir de los «precios mínimos de mercado», y sí a partir de lo supuestamente pagado por el vehículo en algún país extranjero.
Algunos importadores de lujosos vehículos, están librándose de pagar entre ¢7 Y ¢15 millones (quizá más), por concepto de marchamo, por cada uno. O sea, por unos 500 carros estarían dejando de pagar ~¢5.000 millones. Mientras, por otro lado, los otros, los que no podemos ni entrar al condominio de mansiones en que vive el presidente, pagamos por nuestros carros, cifras injustas, muy superiores a las que se le cobran a los amigotes premiados por Zapote.
Porque es dinero que es vital para la atención de obligaciones del Estado, incluyendo la disminuida asistencia social, esperamos que los recursos de amparo que se están preparando contra el decretazo de Chaves y Nogui, en defensa de los intereses difusos, se presenten cuanto antes… aunque ello le complique la vida a los que esperan por los autos que estarían por llegar al país.
Solo 3 de 20 partidos incluyen un eje o capítulo dedicado específicamente a la corrupción.
En 13 programas se identificaron 187 medidas, centradas casi exclusivamente en la prevención y en acciones administrativas que no requieren cambios legales.
San José. 9 de diciembre, 2025. Por tercera vez en una campaña electoral, la Asociación Costa Rica Íntegra realizó un análisis de los programas de gobierno de los 20 partidos políticos que compiten por la presidencia de la República, con el objetivo de identificar qué tipo de propuestas presentan contra la corrupción. Un nuevo análisis de Costa Rica Íntegra revela que, aunque la corrupción sigue siendo una de las principales inquietudes de la ciudadanía, la mayoría de los partidos políticos no la abordan de forma seria o estratégica en sus planes de gobierno.
Solo tres partidos presentan propuestas exhaustivas y alineadas con estándares internacionales.
La organización destaca que contar con un compromiso anticorrupción claro, completo y creíble es esencial para recuperar la calidad de las políticas públicas y la legitimidad institucional. Sin embargo, esta prioridad ciudadana —que por más de una década figura entre los mayores problemas del país, hoy solo superada por la inseguridad— no se refleja en la mayoría de los planes analizados.
Es así como el propósito de este análisis es “informar a las personas votantes y crear conciencia en los partidos políticos sobre la pertinencia de combatir la corrupción en el país, para lo cual se requieren intervenciones más decisivas y sostenibles, que se esperaría encontrar claramente identificados en los planes de gobierno de quienes pretenden gobernar”, indicó Juany Guzmán, presidenta de Costa Rica Íntegra.
Principales resultados. El primer análisis realizado a los planes de gobierno fue de tipo cuantitativo, en los próximos dos meses se complementará con una valoración sobre la calidad de las propuestas. Los principales hallazgos se pueden resumir en cinco mensajes:
1. Transparencia domina el discurso
El conteo de menciones a doce palabras clave evidencia que los términos más frecuentes son transparencia (31%), corrupción (21%) y ética y rendición de cuentas (12% cada uno). Mientras que conceptos como probidad, integridad o gobierno abierto aparecen de forma marginal.
Gráfico 1. Menciones a palabras relacionadas con la lucha contra la corrupción en los planes de gobierno de los 20 partidos inscritos para las elecciones presidenciales.
2. 187 medidas identificadas, casi todas administrativas, en 17 programas de gobierno
De los 20 programas de gobierno revisados, 17 presentan propuestas tangibles, para un total de 187 medidas.
El análisis muestra que:
65% son acciones administrativas, como herramientas tecnológicas, mejoras de portales web, códigos de ética o canales de denuncia.
Las medidas legales (reglamentos, códigos internos) son menos frecuentes (20%)y se concentran en reformas penales o normativas para trazabilidad financiera.
Las propuestas infra-legales son escasas (6%).
Nótese que una acción puede ser muy amplia, por ejemplo, “Implementar la Estrategia de Integridad y Prevención de la Corrupción ENIPC”, otra acción puede ser pequeña impulsar un Código de Ética en un ministerio, ambas cuentan como una.
2. Solo 4 de los 20 partidos otorga un espacio estructurado al tema
Únicamente 4 planes de gobierno incluyen un título, un subtítulo o un eje temático específico sobre corrupción, como indicador básico de relevancia programática.
Los otros 13 partidos apenas mencionan el tema como parte de otros ejes, en diagnósticos o preámbulos, sin traducirlo en un título separado. Y sólo 3 partidos no incluyen ninguna medida sobre el tema: Clase Trabajadora, Esperanza Nacional y Liberación Nacional.
4. Predominio del enfoque preventivo
Cada una de las medidas se clasificó según su objetivo: prevención, detección o sanción. El 63% de las medidas apunta a la prevención. Las acciones de detección y sanción son considerablemente menos comunes, lo que revela un abordaje parcial del ciclo anticorrupción.
Cuadro resumen de medidas según objetivo, por partido
*Solo incluye partidos que definieron acciones concretas.
5. Mínima referencia a estándares internacionales y nacionales.
Solo un partido (Aquí Costa Rica Manda) hacen referencia explícita tanto al Estudio de Integridad de la OCDE (2022).
Cuatro partidos mencionan únicamente la ENIPC: Aquí Costa Rica Manda, Centro Democrático Social y Coalición Agenda Ciudadana.
“Los resultados evidencian la falta de estudio, de consulta técnica y de diálogo con especialistas. La mayoría de los partidos no incorporó insumos básicos ya disponibles”, agregó la Dra. Guzmán.
Además de comprobar si los programas hicieron mención explícita a estos dos informes, el análisis buscó puntos de alineación temática entre los programas y las recomendaciones de la OECD y de la ENIPC. De esa forma, se pudo confirmar que había pocas coincidencias temáticas entre las recomendaciones de estos estudios y las medidas concretas de los partidos.
En las próximas semanas, la Asociación Costa Rica Íntegra profundizará en el análisis de las medidas para clasificarlas según su pertinencia y viabilidad, es decir, se valorará la calidad de estas propuestas a la luz de los estándares mencionados.
Este 9 de diciembre, Día Internacional contra la Corrupción, el Partido Vanguardia Popular levanta su voz para denunciar que la corrupción no es un hecho aislado ni un simple “mal comportamiento” de algunos funcionarios, es una consecuencia directa del sistema capitalista neoliberal, diseñado para enriquecer a unos pocos a costa del trabajo, los derechos y la dignidad de los pueblos. A esto se suma la injerencia imperialista que, bajo distintos disfraces, penetra nuestras instituciones, manipula decisiones nacionales y fomenta modelos económicos que abren las puertas a las privatizaciones, el saqueo y la impunidad.
Costa Rica vive hoy las consecuencias de ese sistema corrupto y decadente, privatizaciones disfrazadas de modernización, negocios oscuros, congelamiento salarial, persecución a quienes defienden lo público y una élite que pretende convertir nuestras instituciones en botín político y económico.
Frente a esta realidad, llamamos al pueblo costarricense a organizarse, a unirse y a luchar. Solo la fuerza consciente del pueblo puede enfrentar y derrotar la corrupción estructural del sistema impuesto a nuestro país.
Desde el Partido Vanguardia Popular llamamos, ¡A construir juntos la fuerza del pueblo para derrotar la corrupción y levantar una sociedad nueva, con justicia y democracia reales para nuestra patria!
Partido Vanguardia Popular – PVP ¡Unidad, organización y lucha!
UNDECA ya lo había denunciado y la Contraloría lo confirmó
La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA) ya lo había denunciado consistentemente y la Contraloría General de la República (CGR) lo confirmó ante la Comisión Especial Investigadora en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), negar que el sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP-SAP) ha generado una crisis en la Institución es negar la realidad.
UNDECA advirtió desde antes que entrara en operación el sistema ERP-SAP que su puesta en marcha generaría enormes riesgos, los cuales ya han sido materializados, con pérdida de información, fallas críticas, desabastecimiento, atrasos en cuentas por pagar, problemas en procesos contables y mucho más.
Según declaró la Contralora Marta Acosta en la Comisión legislativa, previo a que saliera en operación el ERP-SAP desde la jerarquía de la Caja se hicieron cambios para establecer un control centralizado y se había advertido que el sistema no estaba listo y aún así se corrió.
“Falta de capacitación, advertencias ignoradas, fallas críticas en farmacias y gerencias, riesgos operativos y de desabastecimiento se veían venir, de acuerdo con la Contraloría, tal y como UNDECA ya lo había señalado. Coincidimos con el ente contralor de que hay una total ausencia de gobernanza, con múltiples cambios y decisiones unilaterales que ignoraron las recomendaciones de expertos, que han generado desde el día 1 de la entrada en funcionamiento del ERP-SAP retrocesos en controles, facturas sin registrar, diferencias en activos registrados, desabastecimiento clínico, entre muchos otros”, indicó Luis Chavarría, secretario general de UNDECA.
Mientras tanto la empresa Quintes la cual implementa el ERP-SAP, salió a defenderse ante los diputados de la Comisión, asegurando que las ineficiencias del sistema eran responsabilidad de la Caja.
Es evidente que este gobierno presionó para implementar el sistema «a cualquier costo», aunque esto pusiera en peligro la operatividad, la transparencia y la calidad del servicio a la ciudadanía.
“Nos hicimos presentes en la Asamblea Legislativa, este 9 de diciembre, Día Internacional contra la Corrupción, para conocer de primera mano ambas comparecencias, porque la Caja está sufriendo desde hace bastante tiempo una serie de denuncias por corrupción, y en el caso del ERP-SAP ha sido uno de los más costosos que ha implementado la Caja, que la ha puesto en una crisis institucional y causado aumento del trabajo del personal que no es aceptable”, indicó Martha Rodríguez, secretaria general adjunta de la CCSS.
Nos manifestamos en contra de que Quintes y Datasys sigan lucrando con la operación del sistema que ha sido un absoluto fracaso.
Pensamientos Sueltos – Por JoseSo José Solano-Saborío
Si me permiten una corrección a los detractores del presidente Chaves que se niegan a aceptar sus logros… claro que esta “histórica” administración superó los famosos 70 años de desastres de los gobiernos anteriores.
Comunicación inmejorable
El mayor —y para mí el único— logro innegable de este gobierno ha sido la programación neurolingüística (lavado de cerebro) de buena parte de la población. Convenció a muchos de que su hazaña fue “despertarlos” para ver la corrupción. Y yo, que desde chiquitillo creía que ya estaba bien despierto viendo las protestas por ALCOA, los movimientos universitarias del Movimiento Estudiantil de los 80’s contra el Convenio Atunero, el proyecto EARTH-Kellogg’s, el Fondo de Emergencias, el Combo del ICE, los casos ICE-Alcatel y CCSS-Fischel, Crucitas… ¿entonces todo eso fue un sueño colectivo?
Aumento de exportaciones (de droga)
Las acciones más notorias de esta administración incluyen el cierre de la Policía Naval en Drake y Sixaola, de la Academia en Quepos y de la PCD en aeropuertos y fronteras. Resultado: libre tránsito para los narcos y un aumento exponencial de las exportaciones de droga hacia Europa y Estados Unidos, por los puertos de APM Terminals con todo y escáners.
Innovación financiera, macroeconomía y economía “circular interna” (para los compas)
A sus donadores de campaña, vía el fideicomiso paralelo e ilegal “Costa Rica Próspera” —como los “ex” pericos Bernal Jiménez Chavarría y Calixto Chaves— los premió con más de 25 mil millones anuales en promedio por exenciones arancelarias gracias a la Ruta del Arroz.
Manipuló el tipo de cambio para sostener una inflación artificial y provocar una deflación ficticia que terminó por matar a pequeños agricultores y ganaderos, junto con nuestra seguridad y soberanía alimentaria. También golpeó a operadores turísticos, hoteles mipymes y exportadores de commodities agrícolas, mientras concentraba todo en la apuesta exportadora de las transnacionales en zona franca, que no pagan renta y cuyas utilidades no se quedan en Costa Rica.
Su mayor logro macroeconómico, dicen, fue bajar el desempleo. Pero lo hizo aumentando la informalidad, con trabajadores independientes que no cotizan pensiones ni cargas sociales. “Reducir” la pobreza a costa de aumentar la desigualdad, como señala la OCDE. Somos el país de la OCDE que más creció en términos macroeconómicos, pero el que menos invierte en educación (¿esa era la Ruta que no le dio la gana mostrar a la exministra?), programas sociales y salud. Y de paso, duplicó la deuda billonaria del Gobierno con la CCSS.
Seguridad ciudadana
El mayor incremento estadístico, ligado al “aumento de exportaciones” (de droga), ha sido la duplicación de los asesinatos porsicariato del narcotráfico y el crimen organizado.
Derechos humanos
Y como si fuera poco, también logramos bajar las estadísticas en las que Costa Rica solía liderar: derechos humanos, libertad de prensa y expresión, y transparencia.
Un gobierno histórico, sin duda. Y Laura Fernández nos pide “continuidad” para, ahora sí, hacer lo que no ‘les dio la gana’ en estos 4 años.
Honduras vuelve a las urnas este domingo en lo que, en principio, debería ser un ejercicio democrático rutinario. Cada cuatro años el país renueva sus autoridades, y en teoría ese simple calendario electoral tendría que ser garantía de estabilidad. Pero en la práctica, la historia reciente hondureña muestra lo contrario: cada proceso electoral se transforma en un episodio tenso, cargado de desconfianza y con un trasfondo de maniobras políticas que erosionan la fe ciudadana en las instituciones.
Hoy el clima preelectoral vuelve a mostrar esos signos de desgaste. Para una parte significativa de la población —no únicamente sectores conservadores— la preocupación central no es qué proyecto político promete un rumbo más claro, sino evitar la continuidad del partido oficialista, Libertad y Refundación (Libre). Y ese rechazo no se explica por afinidades ideológicas, sino por la percepción acumulada de un gobierno que, lejos de romper con prácticas del pasado, terminó reproduciendo los mismos vicios que tanto criticó.
El partido Libre, fundado en torno al liderazgo de Manuel Zelaya, llega a esta elección con una candidata que se presenta como la versión más “revolucionaria” del proyecto: Ricci Moncada. Sin embargo, para muchos hondureños el discurso transformador contrasta con el balance que se le atribuye al oficialismo: corrupción, nepotismo, colusión con las Fuerzas Armadas, clientelismo político, injerencia sobre el Congreso Nacional y la Fiscalía, endeudamiento acelerado y escasos avances en servicios esenciales como salud y educación. En palabras de la ciudadanía más desencantada, “no hicieron ninguna diferencia”, salvo para el surgimiento de nuevos grupos privilegiados.
El problema de fondo es más hondo que una sola elección. Honduras parece atrapada en un ciclo donde cada gobierno promete refundación y termina consolidando nuevas élites, nuevos beneficiados y viejas prácticas. Por eso, para muchos votantes, este domingo no se trata de elegir entre proyectos sólidos, sino entre males relativos. Y aun así, el miedo a que la continuidad del partido gobernante empeore la situación pesa tanto como la falta de alternativas convincentes.
Queda, entonces, una esperanza mínima pero esencial: que las elecciones transcurran en paz, que el proceso sea transparente y que los resultados se respeten. Suena elemental, casi obvio, pero en Honduras —como en buena parte de la región— esas reglas básicas suelen ser las primeras en tambalear.
El país necesita recuperar la normalidad democrática. No una utopía, no una refundación eterna, sino algo mucho más simple y urgente: que las elecciones vuelvan a ser elecciones, y no un campo de batalla donde el poder se aferra con uñas y dientes, aunque la ciudadanía ya no quiera verlo “ni en pintura”. El domingo será una prueba de madurez institucional. Ojalá esta vez el Estado esté a la altura.
Elaborado a partir de entrevistas a periodistas hondureños.
9 de diciembre – Día Internacional contra la Corrupción
Al acercarnos al Día Internacional contra la Corrupción, desde UNDECA alzamos la voz en defensa de la Caja Costarricense de Seguro Social, patrimonio del pueblo trabajador y columna vertebral del Estado Social de Derecho.
Mientras en Costa Rica se habla de austeridad, “eficiencia” y recortes, lo que realmente está destruyendo la CCSS es la corrupción impune, las decisiones políticas irresponsables del gobierno de Rodrigo Chaves y los negocios amarrados desde las más altas esferas de poder económico empresarial para quebrar la Caja.
En el marco del Día Internacional contra la corrupción denunciamos:
• El caos del ERP-SAP, un proyecto impuesto sin transparencia ni planificación, convertido en uno de los peores escándalos administrativos de la historia institucional con un costo inicial de más de ¢27.443 millones. Inversión adicional para extender el proyecto: variable según el escenario. Escenario 1 (con acompañamiento técnico de QINTES y soporte del Plan de Innovación): ¢867.338.375,24. Escenario 2 (continuidad con apoyo del Plan de Innovación y PwC): ¢609.838.376,24. Escenario 3 (Plan de Innovación asume tareas): ¢304.914.086,24.
• El desastre del “Barrenador” Tercerización de Ebais con sobreprecios por más de 12.400 mil millones de colones. La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) abrieron el expediente por presunto tráfico de influencias y gestiones irregulares en dichas adjudicaciones, estando en la presidencia de la CCSS Marta Esquivel, la hoy candidata a diputada por una provincia que NO conoce, Heredia.
• Deuda multimillonaria del Gobierno a la CCSS, que con el actual gobierno de Chaves aumentó a casi ¢5 BILLONES (Cinco mil millones de millones de colones)
• El saqueo continuo contra la CCSS, mediante la intromisión política de Chaves en su autonomía, imponiendo miembros, debilitando de sus servicios y el desmantelamiento progresivo de sus capacidades.
• La utilización de “la crisis”, creada por ellos, es para justificar nuevos recortes, despidos encubiertos y privatizaciones disfrazadas de “modernización”.
La corrupción no solo es “recompensas”: es dejar a la Caja sin medicamentos, sin especialistas, sin infraestructura, sin recursos para atender al pueblo. Es poner en riesgo la vida de miles de personas para beneficiar a unos pocos.
Desde UNDECA ratificamos con firmeza:
La CCSS se defiende con transparencia, con inversión pública, con respeto a su autonomía, con control ciudadano y con el trabajo honesto de sus trabajadores y trabajadoras.
Camino al 9 de diciembre, Día Internacional contra la Corrupción, llamamos a la vigilancia activa, a la denuncia y a la organización y movilización social para impedir que destruyan la Caja que ha sostenido la salud y la vida de Costa Rica durante más de ocho décadas.
¡No a la corrupción! ¡No al saqueo! Sí a la defensa de la CCSS, los derechos laborales y sociales. UNDECA
Los problemas que aquejan a la sociedad como corrupción, narcotráfico, crimen organizado, falta de oportunidades, pobreza etc. no tienen soluciones simples, ni dependen solo de personas, demandan entender los problemas y actuar sobre las causas para poder resolverlos.
Soluciones aparentemente radicales para acabar en con el crimen organizado, tales como cárceles más grandes o leyes más fuertes, si no afectan el origen y causas del delito, terminan llenando las cárceles de delincuentes menores, mientras los autores intelectuales permanecen impunes.
En países como los latinoamericanos, donde la corrupción tiene raíces históricas y está profundamente arraigada en las estructuras de poder, desde donde se propaga en cascada, las medidas represivas tienen poco impacto si prolifera la impunidad en la parte superior de la pirámide institucional.
La corrupción como se sabe es la base en que se fundamentó el clientelismo político, esto es el manejo del poder por dádivas para manipular las decisiones de las personas impidiendo su desarrollo ciudadano y organizacional. A su vez el clientelismo le abre las puertas al poder económico del narcotráfico y del crimen organizado.
¿Estamos condenados, por ser endémica la corrupción, a seguir siendo países imposibles de gobernar y destinados a ser pasto del crimen organizado? No, en absoluto si actuamos sobre las verdaderas causas generadoras, esto es, por una parte, sobre la impunidad en las altas esferas y por otra en la descentralización depositando los controles en las sociedades organizadas local y regionalmente. Comunidades y regiones con capital social, no articuladas por las mafias clientelistas.
Tenemos como ejemplo a países como Singapur, China o Vietnam afectados en el pasado seriamente por la corrupción, que decidieron acabar con la impunidad en los altos mandos con medidas ejemplares que desalentaron a los subordinados, que se cobijaban con el paraguas de los altos jerarcas, de seguir por un camino de alto riesgo personal.
Una vez que se acaba la impunidad en los altos mandos, disminuye la corrupción en los niveles inferiores y los recursos y servicios empiezan a alcanzar para todos. Por otra parte, la descentralización y la alfabetización organizacional generada en la práctica por las comunidades, sirve de control efectivo sobre la forma en que se utilizan los recursos acelerando el progreso de las comunidades.
