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Etiqueta: corrupción

Muy calladita la Municipalidad de San José

Por Freddy Pacheco León

“Muy calladita», la Municipalidad de San José, la misma del «barrio chino sin chinos», de los más de ¢1.200 millones en exoneraciones («incentivos» les dicen) a empresas constructoras de edificios, de una «ciudad tecnológica» EN EL PROFANADO «CEMENTERIO DE LOS POBRES», del tranvía sin sentido, del basurero de La Carpio que continúa con otro contrato multimillonario, los millonarios drones españoles, los «fuegos» centroamericanos, etcétera, surge ahora como protagonista relevante de los negocios con la constructora MECO. No sólo por un contrato con único oferente por cerca de ¢40.000 millones para reparación de calles, donde MECO recibirá ¢4.057 millones MÁS que lo ofertado por la descalificada, Consorcio Pedregal-Herrera, sino porque, según se consigna en el Semanario Universidad (2/4/14) durante la administración Chinchilla y Araya, fue ÉPOCA DE JAUJA para la constructora acusada de corrupción. Eso explica parcialmente por qué durante las administraciones Arias y Chinchilla, el patrimonio de MECO ¡creció de US$20 millones a US$150 MILLONES! De tanta «confianza» en esos años, que se descubrió como el eterno alcalde y entonces candidato presidencial, hasta viajó (a escondidas por supuesto) junto al contratista privilegiado, en su jet privado a Panamá.

Aplicación de un Nuevo Concepto de “Destino Manifiesto” y “Enclave” en Honduras

Por Marlin Óscar Ávila
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25 de junio de 2021

Hasta ahora los pueblos y gobiernos de América Latina han derramado sangre defendiendo los territorios donde nacieron; cada metro cuadrado del país ha sido defendido con mucho coraje, patriotismo y gallardía. No obstante, últimamente las fuerzas internacionales del obscurantismo neoliberal están experimentando con uno de los países más pobres y gobernado por narco traficantes tan corruptos, como traidores a su patria, la entrega de un tercio o más del territorio a fuerzas empresariales extranjeras. Todo con la mirada indiferente de sus “gloriosas Fuerzas Armadas”.

Contexto

Honduras “ocupa el segundo lugar en extensión territorial, después de Nicaragua, en Centroamérica con un perímetro de 2401 km y una extensión de 112.492 km²”[1] (61,392 km2 más que Costa Rica), es considerado por muchos peyorativamente, a nivel internacional, como “Banana Republic”, con un territorio de 112.492 km².

Los servicios básicos de energía y agua están privatizados, así como los servicios de educación y salud, se ha llegado a su privatización en un muy alto porcentaje. Asistir a un centro de salud clínica u hospital públicos, es apenas para atención médica, donde los insumos (medicinas e insumos), los debe comprar el paciente. El transporte público es privado en su totalidad y las principales carreteras del país han sido concesionadas, predominando compañías colombianas. En ese, naturalmente rico territorio de Honduras, hay una población mayor a los 9.5 millones de habitantes[2]. Más del 70% vive bajo la línea de la pobreza y arriba del 53.4% de ésta se encuentra en la miseria. Hay una considerable brecha entre ricos y pobres, la clase media tiende a desaparecer y un reducido porcentaje logra pasar la educación superior. El 55% de la oferta en educación superior, en 2018, era del sector público y un 1.7 del total era para sacar doctorado,[3] lo que seguramente se ha reducido en este período de la plandemia SARS-CO2. De la considerada población con ingresos medios (clase madia para muchos), ha sufrido un proceso de pauperización en los últimos dos años que se llega a confundir con el sector que vive bajo la línea de la pobreza, aun con su esfuerzo de aparentar estar en una escala superior.

Por las evidencias existentes, no solamente el gobierno central del poder Ejecutivo ha sido calificado como de mayor corrupción de su historia, pero todo el andamiaje institucional del Estado, junto a sus tres poderes e instituciones descentralizadas, con la complicidad de las elites de los cuerpos armados. Esto se agrava con los resultados de las investigaciones jurídicas realizadas por la Corte Suprema de Justicia de los EUA, donde se ha confirmado el involucramiento de un numeroso grupo de funcionarios de alto nivel en el tráfico de estupefacientes y lavado de activos, logrando que el Congreso dominado por el Partido Nacional, blinde a los corruptos y narcotraficantes con leyes y reformas constitucionales, acrecentando los niveles de impunidad y el cinismo sin precedentes. La desconfianza popular ha ido creciendo constantemente, sin dejar un área e institución pública en donde se llegue a considerar como viable para algo de gobernabilidad. Concluido el segundo período continuo del actual presidente, pero el tercero del Partido Nacional, se prepara las elecciones para noviembre próximo.

Los Enclaves

Luego de la implantación desde finales del siglo XIX al XXI, de una economía de enclave[4] por empresarios estadounidenses. Para el hondureño común, ese período fue de un auge económico que únicamente y parcialmente se puede comparar, posteriormente, con la industria vinculada a la textilería e industria para prendas de vestir y de partes de autos que ha predominado desde la década de los ochentas, principalmente en la zona norte del país. Algunos historiadores piensan que la industria minera también ha utilizado el modelo de “enclave”, más que todo por la compañía Rosario.

Fue a partir de estos enclaves que surgen nuevos ricos, muchos de origen turco, árabe e israelita, y se establecen algunas empresas industriales, como las azucareras, de bebidas (ejem. Cervecería Nacional Hondureña) y financieras como los bancos Atlántida y FICOHSA. Los enclaves bananeros y mineros provocaron la reestructuración de las propiedades de tierra, pequeños y medianos propietarios desaparecieron, como en su momento sucedió con el cultivo y la industria del aceite de palma africana en la zona Atlántida, en el período de la década de los setenta, subsidiado por el gobierno de turno (gobiernos militares). A excepción de los enclaves mineros, el auge de las economías citadas, se han asentado, principalmente en la zona del litoral Atlántico hondureño (671 Km de longitud), que inicia en la frontera con Guatemala y termina en la frontera con Nicaragua, pasando por el gran valle de Sula que cubre 17 municipios, en una extensión territorial de 7,384.6 km2 de adonde se extrae el 63% del PIB nacional y habita un 27% de toda la población[5]. Además, es donde se considera que está la mayor reserva de petróleo aun sin explotar[6].

Sabemos que los enclaves modernos tienen nuevas exigencias y características. La índole de su inversión es diversificada, incluye diferentes compañías y empresas, como su mercado es diversificado. Todo lo que se produce y procesa es para los mercados extranjeros. Sus inversores y empleados no tienen ningún interés en la población que habita en su entorno, excepto por su fuerza laboral. Es una población que no tiene arraigo alguno en los territorios que ocupan. Son tratados como extraños o extranjeros, con la única función de servir a la empresa que lo contrata, bajo condiciones establecidas por los dueños del enclave, sin intermediación de un gobierno o agencia defensora de los derechos laborales. Los enclaves son completamente comandados por sus dueños.

Las ZEDES en Honduras

La oposición política está bastante fraccionada, luchando sin estrategia unificada, en los últimos once años y medio. El Partido Nacional (que de nacionalista no tiene más que el nombre) quiere continuar gobernando después de estar en el poder por los últimos once años[7]. En caso de fracasar en sus pretensiones, sea que gane o pierda, el grupo gobernante tiene una cuartada para seguir enriqueciéndose con la explosión de los recursos del país mediante el proyecto de ZEDES (Zonas de Empleo y Desarrollo Económico). Proyecto que ha gestado desde la sombra durante todos esos años, presentándolo ocasionalmente a la asamblea de diputados para reformas jurídicas y aprobaciones, últimamente por parte de la Corte Suprema de Justicia, a conveniencia de sus beneficiarios. A diferencia de las Zonas Libres de impuestos, para la inversión extranjera en áreas industriales establecidas en la década de los noventas, cubriendo áreas de hasta 15 hectáreas de terreno, las ZEDES son áreas territoriales de varios miles de hectáreas del territorio nacional donde se pueden instalar diversas compañías para explotar todos los recursos naturales, fuerza laboral, infraestructura e instituciones públicas y privadas con autonomía política, jurídica, de seguridad, libre de impuestos, con manejo fiscal y comercial autónomo, estableciendo y utilizando los medios de comunicación y transporte que mejor les convenga. Esos territorios pueden estar ocupados por poblaciones y asentamientos humanos originarios, pueden incluir zonas urbanas y rurales, las que pueden ser expropiadas por los nuevos inversionistas. Las políticas de contratación, administración y gestión de negocios serán establecidas por los inversionistas. Estas ZEDES, hasta ahora están definidas para cubrir una tercera parte del espacio territorial hondureño, particularmente adonde están los espacios con mayor potencial económico como son las costas del Atlántico y del Pacífico, formando una especie de encierro geográfico a los territorios que, por el momento, no están en oferta, ubicadas en la zona central o, interior del país, sin que eso pueda asegurárseles ser intocables en el futuro.

Esos espacios geográficos que hasta el momento tienen divisiones políticas denominados departamentos y municipios, estructura y jurisdicción definidas en la Constitución, cubre 39 mil 331 kilómetros cuadrados. La compra venta de estos espacios territoriales ya entraron al mercado y desde ahora se inicia la expropiación de sus dueños hondureños para ser transferidos a los nuevos dueños extranjeros y nacionales que hayan decidido invertir en ellos. Para los procedimientos el gobierno actual ha permitido el formal establecimiento de una nueva “constitución” con la normativa y reglamentación en cienes de páginas escritas, firmadas y selladas por los tres poderes de la República de Honduras.

Es algo así como ha venido ocurriéndole a Palestina, donde los israelitas sionistas han ido ocupando su territorio paulatinamente, sin importar quienes habitaron y compraron o se establecieron en esos bienes raises por décadas anteriores. Solamente que, en Honduras, es el mismo gobierno o Estado quien ha gestionado la entrega en venta a firmas y personas extranjeras con algunas nacionales particularmente a empresas con orientación muy conservadora.

Mientras escribimos este artículo, una comisión del gobierno, que incluye a lideres religiosos evangélicos, esta en visita oficial en Israel. Todas las señales nos dicen que detrás de este proyecto ha estado la asesoría constante del gobierno sionista de Israel. Y, coincidiendo con esto, podemos notar el apoyo del gobierno de los EUA, desde el golpe de estado al expresidente Manuel Zelaya Rosales, en 2009, pasando los años del gobierno de Trump, hasta el actual de Joe Biden. Ya es sabido que el actual presidente Joe Biden se declaró sionista en noviembre de 2016, cuando en Nueva York afirmo: “Soy sionista, pero para esto no hace falta ser judío”[8]

El Concepto “Destino Manifiesto” y Grandes Conflictos por Territorialidad

Lo que actualmente ocurre en Honduras, puede llevarnos a recordar el “origen del concepto del «Destino Manifiesto» [el cual] se podría remontar a la época en que comenzaron a llegar los primeros colonos y granjeros desde Inglaterra y Escocia al territorio de lo que más tarde serían los Estados Unidos” [de Norte América]. Bajo ese concepto se justificaba el uso de cualquier medio para alcanzar este objetivo, desde la adquisición por compra, hasta la vía militar.16​ Fue así que el filibustero estadounidense, William Walker, médico y abogado, armó a un grupo de reclutas conocidos como «Los Inmortales», para invadir, en 1855, Centro América, tomándose por las armas a Nicaragua y luego, invadió la provincia de Guanacaste, en Costa Rica, de donde fuera expulsado. Más tarde es aprendido y fusilado en Trujillo, Honduras, el 12 de septiembre de 1860.[9]

En nuestra historia es casi inexistente un país de América Latina que no haya tenido o no tenga conflictos fronterizos por la delimitación fronteriza y no haya defendido hasta con los dientes su territorio usurpado por terceros países, normalmente vecinos. Para ejemplo, los más mencionados en este tiempo son Bolivia con su acceso al mar y sus derechos en disputas con Chile por décadas. También están los conflictos entre Paraguay y Brasil en las riberas del río Paraná.

En el siglo XIX, entre 1846 y 1848, cuando las tropas estadounidenses entraron a la ciudad de México, hasta la formalización de la cesión por medio del Tratado de Guadalupe Hidalgo, suscrito el 2 de febrero de 1848, cuando México traspasó el 119% de su territorio actual a los EUA.[10]

Afuera de nuestro continente, se distingue el caso de Palestina. Cada año, a partir de 1948, Israel ha venido ocupando, contra la voluntad de Palestina, más y más territorio de su país, con centenas de muertos en un conflicto que la misma ONU no ha sido capaz de intermediar adecuadamente, porque el lobby israelita sionista en Washington es tan fuerte que EUA siempre ha vetado las decisiones del Consejo de Seguridad para favorecer a Israel.[11]

Las preguntas obligadas ahora son:

  1. ¿Está y, ha estado, el sionismo israelita detrás de las autoridades y algunos empresarios hondureños?
  2. ¿La tolerancia de la administración de la Casa Blanca ante los abusos de autoridad, crimen organizado, lavado de activos, violación constante de los derechos humanos y destrucción del Estado de Derecho por parte del gobierno de Honduras durante la última década, se debe al padrinazgo sionista y al uso de su territorio como plataforma contra otros países de América del Sur?
  3. ¿La compraventa de buena parte de Honduras en pedazos bajo el título de ZEDES, obedece a una estrategia de posesionar a las grandes corporaciones de territorios dentro de un Estado constituido como el hondureño, aun violentando su Constitución, para luego de aprender de este experimento, pasar luego a otros países bajo el principio ya actualizado de “Destino Manifiesto”?

[1] https://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa_de_Honduras

[2] https://www.swissinfo.ch/spa/honduras-pobreza_la-pobreza-en-honduras-subi%C3%B3-a-70—en-2020-por-culpa-de-eta–iota-y-la-covid/46581382

[3] https://des.unah.edu.hn/servicio-al-usuario/estadisticas

[4] Desde el concepto más tradicional de monocultivo para exportación, además de control territorial, el poder político interno y administrativo, sin generar beneficios económicos nacionales, más que la mano de obra barata y alguna infraestructura residual Marlin Oscar Avila

[5] https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_de_Sula

[6] https://criterio.hn/en-honduras-hay-petroleo-pero-el-gobierno-mantiene-el-tema-en-secreto/

[7] http://library.fes.de/pdf-files/bueros/fesamcentral/16510.pdf

[8] ” https://www.hispantv.com/noticias/opinion/493847/coalicion-netanyahu-israel-gabinete

[9] https://es.wikipedia.org/wiki/William_Walker

[10] https://es.wikipedia.org/wiki/Cesi%C3%B3n_mexicana

[11] https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-54162476

Lo manifiesto, lo latente, lo verdadero

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

Un video compartido recientemente muestra el choque entre un vehículo liviano y una motocicleta. Como producto del percance, uno de los ocupantes de la motocicleta fallece por las lesiones ocasionadas. En el lugar del accidente debía estar instalada una señal vertical de alto en el sentido de trayectoria del vehículo liviano. Su chofer nunca la observó porque la señal no estaba. Había sido vandalizada.

Hace tan solo unos días se informaba de la destrucción de estaciones de autobús y tren. Los asientos, los dispositivos de publicidad y otros elementos son sustraídos de estos sitios un día sí y otro también dejando a la intemperie a las personas usuarias de los mismos. El robo de cable eléctrico, la sustracción de alcantarillas. saltarse las filas, pagar sobornos para obtener servicios de forma rápida son tan solo algunos ejemplos cotidianos en los que lo iícito pareciera ser la norma.

Todos estos hechos tienen un notable eje transversal: la afectación de bienes públicos comunes y colectivos con el propósito de lograr un objetivo individual. Los medios, no importa cuáles, para llegar a los fines. O como se dice en cierto argot especializado: el gesto técnico oportuno para hacerle daño al Estado, a toda costa. Un daño superlativo, profundo, devastador. La función manifiesta.

Hace algunos años, quizás a inicios de la década de 2000, se produjo en Costa Rica un documental audiovisual que explicaba el origen social de los comportamientos irracionales contra el bien común. Los utilcé tal vez en alguno de mis cursos. Lamentablemente no he logrado encontrar de nuevo ese trabajo que sería pieza obligada en la Costa Rica bisoña del bicentenario, clase de educación cívica obligatoria bajo las actuales circunstancias. Recuerdo ver en ese análisis a gente de la talla de Carlos Sojo, Patricia Vega y otros más.

En este documental se analizaba con criterio sociológico cómo las actitudes de dañar los bienes públicos por parte de algunos sectores de la población estaban relacionadas en sus motivaciones con las acciones que las clases políticas y económicas, las élites y sus representantes, desarrollaban en materia de corrupción. La función latente explicando los entuertos de unos y otros.

Sobre el rol de la comunicación seria y a propósito de su ausencia en la amplia propuesta actual, no es posible olvidar los esfuerzos de un proyecto comunicativo emblemático que combinaba humor, crítica social y cuestionamiento político, erigido así mismo y autonombrado como “activista del escuadrón anti chorizo”. Cuanta falta hace en estos momentos.

“La patada”, como se denominaba el espacio, llegó a develar una y otra vez las funciones latentes, es decir, los propósitos reales mediante los cuales los sujetos utilizaban medios irregulares para conseguir sus propositivos.

Lo manifiesto consistiría en la señal arrancada, el cable robado, los casi 80.000 millones de colones trasegados en una gigantesca red de corrupción recientemente descubierta en el país.

Políticos, religiosos y personas de las élites costarricenses fueron expuestas a través de bien documentadas y argumentadas investigaciones en el programa mencionado. Todo logrado con un uso irrestricto de la figura de la neutralidad analítica que le garantizaba llegar hasta las profundidades de los casos que analizaba. Algo que el día de hoy es materia pendiente en los enfoques periodísticos sobre el tema.

Recordarán amigos y amigas lectores, que el director del programa fue asesinado en circunstancias todavía no esclarecidas. En la Costa Rica que no ha logrado aún resolver asesinatos de activistas ecologistas y dirigentes indígenas, yo ya no estaría tan seguro de que el chivo expiatorio con el que se intentó construir el caso del crimen de Parmenio Medina haya estado tan apegado a la realidad.

Lo manifiesto, lo latente y lo verdadero toman hoy otras dimensiones en un país cuyo contrato social expiró hace tiempo. La refundación es necesaria. Y, como decía La Patada, aplicado para el desarrollo social y económico nacional, esa refundación misma sigue siendo un asunto de cabeza. Esperemos encontrarla y colocarle el sombrero de la decencia que tanta falta hace.

 

Imagen: http://www.primeraplana.or.cr

Sin educación seremos presas fáciles de la corrupción

Por José Luis Pacheco

Mucha gente se siente triste ante los acontecimientos que suceden. Otros experimentan sentimientos de ira y de molestia. Pero desgraciadamente la mayoría no experimenta nada, son absolutamente indiferentes ante lo que sucede y eso es, además de lamentable, muy peligroso. Esa indiferencia conduce a caminos de repetir lo malo y a qué nos vuelva a pasar lo que ya, a vista y paciencia de todos ha sucedido anteriormente.

Hoy lo que necesitamos es estar comprometidos con nuestro país y manifestarnos en contra de quienes aprovechándose del sistema lo han llenado de corrupción e inmundicias.

Debemos transitar por caminos diferentes pues nada lograremos haciendo lo mismo. Debemos fortalecer la educación. Llenar a nuestros niños y jóvenes de valores éticos y morales que les permitan enfrentar los flagelos que tenemos al frente. Sin educación seremos presas fáciles de la corrupción, del narcotráfico, de cuantas acciones negativas se puedan presentar porque no habrá elementos para contenerlos. Solamente la educación podrá hacer que superemos esta crisis de valores.

Han sido muchos los años en los que por intereses mezquinos y fundamentalmente electorales, se ha desmejorado la calidad de la enseñanza pues es más sencillo aprovecharse de la ignorancia del pueblo porque no hay nada más efectivo y de mayor importancia contra los malos políticos y malos gobiernos que un pueblo educado y formado en valores.

Dios quiera que con lo que hoy vivimos se tomen las medidas correctas para fortalecer la educación y que el futuro sea más provechoso para todos y desterremos los males que hoy padécenos por falta de una excelente educación pública y en nuestros hogares.

Volver al futuro: Corrupción en Costa Rica ¿Neoliberalismo absuelto?

¿Qué pasa con todo lo que se habla sobre arruinar eventos futuros? ¿El continuo espacio-tiempo?
Marty McFly – Volver al Futuro

Luis Andrés Sanabria Zaniboni

Los acontecimientos de los últimos días nos muestran una vez más el nivel de colusión de las redes de corrupción en el aparato Estatal, empresas y funcionarios públicos supuestamente han actuado nuevamente para generar una red de beneficios mutuos en perjuicio de las finanzas públicas, y evidentemente en contra de la ley. Hasta aquí podríamos decir que resumimos lo acontecido, sin embargo, pareciera que no siempre se cierra de forma tan simple, ya que el peso de las acciones y las responsabilidades del hecho recaen en un ambiguo sector público, y de la parte privada, se prioriza personalizar las acciones. ¿Qué encubre este tratamiento?

A simple vista, el Estado sale como el elemento perjudicial en la ecuación, la irresponsabilidad y codicia de sus funcionarios ha mostrado una vez más el interés por beneficiarse de las finanzas públicas, en cambio el sector empresarial aparece una vez más ausente de los juzgamientos mediáticos, y en el mejor de los casos la “responsabilidad” se personaliza en cada hecho.

Esto no es inocente, durante muchas décadas se ha construido un andamiaje político, económico y cultural que defiende un tipo de modelo de “iniciativa privada” como la forma de “desarrollo” beneficioso e igualador, así como “creador” de riqueza. En cambio, el “sector público” se presenta como entorpecedor de este “adecuado” desarrollo, ya sea por su burocratismo, ineficiencia o sencillamente la “pereza” de atender.

Esta trama descrita, es parte de una interiorización de tendencias que hoy dominan la práctica política neoliberal, encabezada por los procesos de privatización de las esferas públicas, esto fue acompañado y “escudado” por la corporativización de los intereses y la privatización de la política.

¿Qué queremos decir? Durante las últimas décadas fue mayor el interés de los diversos sujetos políticos por “trasladar” las funciones públicas a entes privados, lo que abrió un “mercado de lo público”, que no sólo se concentró en el concurso de licitación, sino que generó un tipo de “participación” concentrada en la capacidad de ingreso, es decir quienes tenían capital, podían ser escuchados y competir, pero además se creaban condiciones (leyes, reglamentos, políticas) para proteger su “negocio”.

Es así como los últimos 40 años vemos una explosión del surgimiento de empresas que, bajo este esquema de oferentes públicos, han consolidado una posición de influencia en los mercados locales, llegando a convertirse en actores regionales, y en muchos casos llegadas a llamarse “Multilatinas” sin embargo, sus historias son muy comunes, el negocio de lo público está presente, una vez más el “ineficiente” y “perezoso” sector público financia y protege su crecimiento.

La constante que nos demuestran estos casos llámese “Cementazo”, “Cochinilla”, “Lava Jato” o “Caso Oldebrecht” por citar procesos conocidos, es la preeminencia del “saqueo” de lo público por las manos privadas, por un lado, los “grandes empresarios” generadores de riqueza se sostienen a través de licitaciones públicas, y estas son “renegociadas” para beneficio del contratado, y en pocas ocasiones o casi ninguna son aplicadas las cláusulas de rescisión por sus incumplimientos.

La corrupción que salta a la vista es la punta de un sistema económico-político más profundo, que ha legitimado a toda costa y bajo todo argumento la financiación al sector privado a través de lo público, no en beneficio de la colectividad, sino en aras de proteger y garantizar la acumulación de riqueza de unos pocos, por cierto, riqueza que no es producto de la generación privada, si no de la captura del Estado.

Sí, son redes criminales, pero ¿quién juzga al sistema que premia la privatización de la esfera pública y la desprotege? Procesos que procuran la preeminencia y legitimidad de ciertos intereses particulares sobre los colectivos, que en definitiva premia la financiación pública a un tipo de sector privado explotador.

No es una lucha de sector privado contra sector público, es un cuestionamiento a la forma y modo que hemos interiorizado una política que en aras de menospreciar, desproteger y criminalizar lo “público”, y que dejó a saco abierto el dinero público, para que ciertas “manos privadas” aprovecharan a gusto el “botín”.

Por esta razón es necesario que sigamos con mirada crítica los actores políticos dominantes en nuestra época, la financiación de las campañas electorales suelen ser el lugar de encuentro entre estos actores, por esto es necesario estar pendientes a este posicionamiento neoliberal en favor de lo “privado” a través de la privatización y desregulación, es una forma más de legalizar estos despojos, obviamente no a través de “favores sexuales”, pero si el mismo resultado, omitir acciones en defensa del interés colectivo.

Hablar de Neoliberalismo hoy, es como volver al futuro, esa sociedad privatizada con la ley y el amo del “mercado”, donde el capital garantiza las decisiones y acciones, sin embargo, cuando salen a la luz estos entramados de corrupción, nos damos cuenta que ese futuro tiene un pasado, una estructura que en su accionar garantizó la supervivencia de esos “capitales dominantes” en detrimento de una sociedad desprotegida.

 

Imagen: https://www.nodal.am/

Las obras públicas y la corrupción

Por Freddy Pacheco León

Las constructoras MECO y Hernán Solís, cuyos principales representantes fueron detenidos, han completado en los últimos años una decena de obras por CIENTOS DE MILLONES DE DÓLARES. En el caso de H. Solís, se le han adjudicado contratos por un total de ~¢312.000 MILLONES.

Actualmente tiene la construcción de la Circunvalación norte por $163 millones y una ampliación por $60 millones para incluir la quinta fase del proyecto. Además, dos pasos a desnivel en la entrada de Cartago por $68 millones. H. Solís también ejecuta la ampliación del tramo de la Interamericana Norte, entre Barranca y Limonal, así como el trayecto de La Angostura, en el ingreso a Puntarenas. Ese paquete de obras le fueron encargados por ~¢113.000 MILLONES. En el caso de MECO, se le adjudicaron en los últimos años ~¢180.000 MILLONES, dentro de los que se incluyen $204 millones para la autopista entre Cañas y Liberia. AUNQUE los maleantes brasileños de ODEBRECHT no pudieron dejar «su huella» en Costa Rica, por lo visto sus «procedimientos» ya eran muy conocidos y estaban en ejecución. O sea, «regalitos» a oficiales de gobierno para allanar el camino a multimillonarias contrataciones, donde no se cuestionan siquiera, si sus condiciones fueran quizá malas para la Patria.

El sufrimiento familiar y la corrupción

Por José Luis Pacheco

Hay actitudes y también frases que encierran mucho de lo que deseamos para nosotros como país. Una de esas frases fue la que dijo el presidente de Ucrania cuando recibió su mandato:

“Realmente quiero que no cuelguen mi imagen en sus oficinas”, dijo Zelensky. “Cuelguen fotos de sus hijos y, antes de tomar una decisión, mírenlos a los ojos”.

Hoy, estoy seguro, muchos de los que están involucrados en asuntos judiciales, denunciados, investigados e incluso detenidos, quisieran retroceder el tiempo y no haber actuado de esa forma, especialmente cuando ven a sus hijos y familiares sufriendo.

La corrupción y el crimen organizado, el narcotráfico son males que carcomen a la sociedad, pero antes carcome a la familia. El actuar fuera de la ley y el aprovecharse de puestos para obtener beneficios indebidos son acciones que no solo afectarán al hombre o mujer que sea descubierto en sus fechorías sino que arrastra a toda la familia. Eso no se valora y se cambia por la ambición y deseos de grandeza económica y por eso venden su paz y tranquilidad a quienes son corruptos y les vienen a corromper con dádivas y prebendas que serán, momentáneamente satisfactorias pero al final se convertirán en una tragedia.

Ojalá y los funcionarios públicos y privados sepan valorar a sus familias y efectivamente antes de tomar decisiones puedan mirar a sus hijos y a sus padres a los ojos y entiendan que ellos sufrirán enormemente cuando todo se descubra y que sepan que al final todo se sabe porque “entre cielo y tierra no hay nada oculto”, si non públicamente en corrillos y en privado se irá corriendo la voz y se les mirará de manera diferente.

Dios quiera que lo que ha sucedido con todos esos funcionarios y esos empresarios haga que muchos otros pongan “sus barbas en remojo” y piensen más en sus hijos y familias antes de tomar decisiones funestas para ellos y para el país.

Acceso a información de interés público es un derecho constitucional y su costo es solo copias y timbres – Sala IV avala gestión ciudadana

Rodrigo Arias López, Licenciado en Matemática y Máster en Matemática Actuarial

A nadie le pueden negar el acceso a información de interés público, es un derecho Constitucional. Para acceder a esa información no le pueden cobrar costos arbitrarios, solamente los de copias y timbres

A pesar de que el artículo 30 de nuestra Constitución Política “garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés público”, con la única excepción de los secretos de Estado, algunas jefaturas de varias instituciones públicas hacen el máximo esfuerzo para negarnos ese derecho. Se les olvida que son “simples depositarios de la autoridad” y que “están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella” como ordena el numeral 11 de la constitución Política de la República de Costa Rica y la Ley General de la Administración Pública.

Comparto con los lectores algunas artimañas que parecen ilógicas o absurdas; pero que tienen mucho sentido en las mentes de quienes desean regresarnos a la época del oscurantismo.

Ahora bien, se les olvida a algunos funcionarios públicos el principio constitucional de Transparencia que deben respetar todos los servidores públicos, en ese sentido la Declaración de los Derechos del Hombre y del ciudadano del 26 de agosto del año 1789 puso de manifiesto la relación inmanente entre control y transparencia al señalar en su artículo 15 que “la sociedad tiene el derecho de pedir a todo agente público cuentas de su administración.”

Los señores Juan V. Lozano y Merino Dinari Veleria en su obra la Hora de La Transparencia en América Latica, Manual de anticorrupción en la función pública Ediciones Granica /CIEDLA 1988 página 11 en cuanto a la transparencia señalaron: “La corrupción administrativa constituye un cáncer que carcome paulatinamente los sistemas democráticos y América Latina, puesto que, afecta su credibilidad y legitimidad y, de otro parte, empobrece a los pueblos, ya que, por su medio se roban, malversan y utilizan de forma clientelistas los fondos públicos.”

En la mente del Sr. Carlos Arias Alvarado, Director Ejecutivo de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, la ocurrencia más lógica para negarme información pública fue la siguiente (oficio DE-0777-12-2020 del 23/12/2020):

En atención al requerimiento efectuado en su oficio del pasado del 10 de diciembre según el cual pide los salarios cotizados de todos los trabajadores del Régimen de Capitalización Colectiva (RCC), se da respuesta puntual en el sentido que el dato requerido de toda la membresía del Magisterio que cotiza para ese régimen, no es información pública a la cual se puede acceder de manera irrestricta por tratarse de información sensible, privada y confidencial cuyo acceso es limitado, debido a que es información relevante que podría afectar los intereses de los servidores activos del Magisterio Nacional; máxime que en este caso que no existe ninguna vinculación profesional con su persona, así como tampoco justificación razonable para la entrega de la información solicitada, razón por la cual y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 24 de la Constitución Política y la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales, Ley Nº 8968, se niega la solicitud efectuada. Por último, y no menos importante está el hecho que recabar la información solicitada requiere de una dedicación para recolección de los datos, razón por la cual en el evento de tener que reunirla se tardaría aproximadamente unas 40 horas laborales, es decir unos 5 días laborales y que al ser un requerimiento no habitual llevaría a la institución a disponer de recursos extra, la depuración y supervisión de las labores, por lo que se estima que esta información tiene un valor de trescientos mil colones.” (Suplo el destacado).

Para los burócratas de la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial lo más razonable para negarme el acceso a datos públicos, fue contestarme con las siguientes leguleyadas:

Se acordó: 1) Tener por recibida la gestión del señor Rodrigo Arias López, en correo electrónico de 22 de octubre de 2020, mediante la que solicita información relacionada con las jubilaciones y pensiones de la planilla más reciente. 2) Rechazar la solicitud presentada por el señor Arias López, con fundamento a que la Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales, no obstante, se le indica que la información que se puede otorgar es el monto bruto y deducciones de ley que se aplican a los beneficios de jubilación y/o pensión, pero sin identificar a que persona corresponde, por cuanto para obtener los datos solicitados deberá el gestionante contar con la autorización expresa de las personas interesadas.” (Oficio N° 910-2020 del 18/11/2020) (Los destacados son míos).

Se acordó: 1) Tener por conocida la nota presentada por el señor Rodrigo Arias López, en escrito presentado en la Secretaría General de la Corte, en fecha 5 de enero de 2021. 2) Comunicar al señor Arias López que no es posible acceder a los solicitado ya que para la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial brindar la información que solicita con ese nivel de detalle es materialmente imposible por no contar con la estructura administrativa necesaria. 3.) Indicar a señor Rodrigo Arias López, que en cuanto a la planilla de trabajadores cotizantes deberá solicitarla a la Dirección de Gestión Humana por no ser potestad de esta Junta.” (Oficio N° 89-2021 del 29/01/2021) (Destacado no es del original).

Para los señores Luis Rivera Cordero y Luis Diego Calderón Villalobos, Director del SICERE y Gerente Financiero de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), respectivamente, posteriormente apadrinados por el Gerente General Sr. Roberto Manuel Cervantes Barrantes, actuando en sustitución del señor Román Macaya Hayes, Presidente Ejecutivo de la CCSS, lo propio fue otra leguleyada no menos torpe que las usadas por los otros burócratas, con el fin perverso de entorpecer el suministro de la planilla de asegurados del seguro de salud. En este caso me dieron la siguiente respuesta que a primera vista luce muy profesional y convincente; pero que realmente apesta (Oficio GF-0888-2021 del 8/3/2021):

“con fundamento en lo establecido en el artículo 73 de la Constitución Política, que indica, en lo que interesa, lo siguiente: “(…) La administración y el gobierno de los seguros sociales estarán a cargo de una institución autónoma, denominada Caja Costarricense de Seguro Social. No podrán ser transferidos ni empleados en finalidades distintas a las que motivaron su creación, los fondos y las reservas de los seguros sociales. (…)”. (Se agregó el subrayado y el resaltado).

Adicionalmente se tiene que los costos administrativos asociados a este tipo de procesos deben ser asumidos por el solicitante, de conformidad con la doctrina que informa el canon 272, inciso 2), de la Ley General de la Administración Pública, Ley N°. 6227 del 2 de mayo de 1978.

(…)

En virtud de lo anterior, informamos que los costos asociados a la generación de la información solicitada ascienden a ₡ 96,662.51 (noventa y seis mil seiscientos sesenta y dos colones con 51/100) monto que se deberá depositar en la cuenta (…)

Por lo anterior, esta Gerencia queda a la espera de la remisión del comprobante de depósito correspondiente, a fin de generar y remitir la información requerida, en el ámbito de competencia de este Despacho.” (Destacados no son del original).

Todas esas respuestas colisionan con lo que establece el artículo 3 de la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública como es el deber de probidad, donde en lo que interesa dice: “El funcionario público estará obligado a orientar su gestión a la satisfacción del interés público…”

Convencido de que los argumentos inventados por estos señores no contenían sustento en nuestro ordenamiento jurídico, procedí en cada uno de los tres casos anteriores a interponer un recurso de amparo ante la Sala Constitucional, solicitando que les ordenaran entregarme la información de interés público requerida, lo cual fue declarado con lugar en los tres casos, con la advertencia de no cobrar sumas arbitrarias no autorizadas por ley (Res. Nº 2021006286 del Exp: 21-004004-0007-CO; Res. Nº 2021009124 del Exp: 21-004135-0007-CO y Res. Nº 2021009660 del Exp: 21-007191-0007-CO).

Resulta importante mencionar que, sobre el arbitrario pretexto de cobrar los costos de administración como condición para entregar información de interés público, la Sala Constitucional es reiterativa señalando lo siguiente en diversas sentencias:

“(…) Por otra parte, condicionar la entrega de la misma al pago de una suma de tres millones y medio de colones, monto que los recurridos es el que corresponde al tiempo invertido por el funcionario o funcionarios encargados de recopilar la información, supone una restricción ilegítima al ejercicio del derecho de acceso a la información administrativa. Según la jurisprudencia de este Tribunal, según lo indicado en la Ley General de la Administración Pública el ciudadano tiene acceso al expediente administrativo y, en caso de requerir copias del mismo debe asumir el costo correspondiente a las copias del mismo, u otros rubros como los timbres tratándose de certificaciones. Sin embargo, condicionar el acceso a la información al pago de una suma, por demás, fuera del alcance del ciudadano promedio, no es más que una denegación arbitraria y contraria al Derecho de la Constitución. (…)” (Ver Res. Nº 2021009124; destacados son míos)

En cuanto a la excusa relacionada con la protección de Datos Personales, Ley Nº 8968, para negar el suministro de información, la Sala Constitucional ha indicado lo siguiente (ver la misma fuente):

“(…) En adición a lo expuesto, se descarta que la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales (Ley Nº 8968) o el derecho de autodeterminación informativa constituya un óbice para que se suministre a los administrados información de interés público, como lo es la relacionada con pensiones del Magisterio Nacional. Nótese que dicha ley debe leerse de manera armoniosa con el resto del ordenamiento jurídico, donde destaca el artículo 7 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, el cual garantiza el acceso a la información relacionada con el gasto de fondos públicos.

(…)

Está claro que suministrar tal información implica irremediablemente indicar a qué persona en concreto, debidamente identificado, le es asignada determinada remuneración, es decir, quién de manera precisa recibe cierta pensión. En esta materia debe regir la máxima de que el ciudadano tiene derecho no solo a conocer en qué se invierten los fondos públicos, sino también en quién se hace (ver sentencia en sentido similar 2015-019467 de las 16:33 horas del 10 de diciembre de 2015).

Por otro lado, la Sala descarta que la solicitud planteada por la amparada sea ambigua o amplia, de manera que pueda abarcar información sensible. Todo lo contrario, ella puntualiza su objeto en el detalle del nombre de la persona, número de cédula, origen de la pensión (servicio o herencia), monto percibido y periodo de beneficio; estos elementos permiten, a todas luces, la adecuada fiscalización del destino de fondos públicos.” (Suplo el destacado).

Sobre la excusa de decir “a nosotros no nos compete, pídalo a otro departamento” debemos recordarles el inciso b) del artículo 10 de la Ley N° 9097 que dice: “b) Cuando un órgano o autoridad se estime incompetente para el conocimiento de una petición, remitirá directamente las actuaciones al órgano que considere competente, si ambos pertenecieran a la misma institución, administración u organismo, debiendo comunicarlo al peticionario, sin que este trámite afecte el plazo de diez días hábiles para su debida respuesta”. (Destacados son míos).

Moraleja: No se deje amedrentar ni engañar, no todo lo que brilla es oro.

RECUENTO DE LA JORNADA POPULAR EN COLOMBIA (II)

Por Carlos Meneses Reyes

La lucha por lo Humano y la Verdad por lo Histórico, van de la mano con la movilización nacional contra el mal gobierno. Lo ilegitimo presidencial por el fraude electoral y la legitimación del narco-paramilitarismo en el poder, no podrán recuperarse del sartal de errores, fracasos, ineficacia e iniquidades al que han sometido a la otra Colombia: la popular y objetivo del terrorismo estatal.

El 28 de abril de 2.021, queda como un hecho político e histórico de protesta continuada; como expresión de la conciencia nacional, por parte de un pueblo hastiado de tanta violencia, asesinatos, masacres e incumplimientos inconstitucionales; de imposiciones tributarias y cargas fiscales sobre los hombros del pueblo y clase media. De insoportable carga desmedida, de una dictadura mediática, inspirada en el odio, falsedad; con aplicación de montajes y mentiras destinados al embrutecimiento de la opinión nacional. Ante la carencia de una política internacional, acorde con la Constitución Política de 1991(CP91), despierta por enterrar el estado de cosas inconstitucional (eci), injusto, corrupto, inequitativo, de sometimiento lacayo y de rodillas al imperio.

En modo alguno el detonante ha sido la impositiva reforma tributaria. Esta se da, debido al sartal de errores políticos del sub presidente títere, que no tuvo capacidad ni visión para prever, que ante el escenario electoral, volvió a la corriente politiquera en su contra; permitiendo que la clase política clientelista, corrupta, electorera, desprestigiada, se re encauchare y lanza en ristre, contra la absurda cascada impositiva, aparezcan ahora como redentores, ante el electorado cautivo.

PARO POLITICO NACIONAL (PPN) POR TRIBUTOS MALVADOS.

Lo iniciado el 28 de abril de 2.021, corresponde llamarlo Paro Político Nacional (PPN) y la protesta es ciudadana y popular y no (solo) reivindicativa, gremial, laboral… Por ende, no sería “una protesta más”. Determina el derrotero en que un gobierno ilegitimo y narco para estatal dictatorial, caiga y deje de gobernar. Se dan las condiciones objetivas y subjetivas, para un cambio de gobierno anticipado, por uno de transición alternativa. Esto no es un querer, un pensar: es una expresión de realidad política.

En todas las ciudades de Colombia, impera la movilización popular. En los campos de Colombia, las fuerzas insurgentes esperan, en pasividad beligerante: en aplicación del principio político que son las masas populares y sus propuestas, las que callaran el ruido de los fusiles, en expresión de la verdadera vanguardia, como lo es, la movilización popular.

Siendo el mediodía del 02 de mayo de 2.021, el sub presidente Duque anuncio, por los medios televisivos que retiraba el proyecto de reforma tributarias y que preparaba la presentación de otro. Que como tal, no contará con la participación del Comité Nacional de Paro, dejando la sensación de una jugarreta, adornada con palabras, que no ocultaban el vacío de poder y en descarada finalidad de desmovilizar la protesta. Pero la decisión no trajo los efectos gubernamentales queridos y la reacción significó no mermar la protesta ni la movilización popular. La agenda de lucha contiene objetivos políticos y resaltaron las afectaciones al sector de los transportadores fluviales y terrestres, camioneros, taxistas. Los pueblos originarios indígenas, asomaron sus pliegos de protesta. Los productores del campo mostraron sus tragedias y resalto el sartal de incumplimientos, mentiras, desconocimientos y engaños, que ha sido la constante del proceder del poder de hegemonía oligárquico en Colombia, contra las aspiraciones de un pueblo masacrado.

A 03 de mayo retoma el escenario de protestas a lo largo y ancho del país. Movilizaciones y enfrentamientos de los manifestantes en varias ciudades capitales de Departamentos y ciudades intermedias, afectando a la enorme zona metropolitana de influencia del Distrito Capital. Bogotá pareciere una ciudad sitiada y el asomo de escasez de alimentos y desabastecimiento acrecienta. A ello se suma la decisión de CorAbastos, integrado por comerciantes mayoristas, minoristas, gremios de coteros, camioneros, carretilleros, compradores, vendedores; disponiendo participar en el Paro y con represamiento y bloqueos de entradas y salidas de la Corporación. Este panorama es una constante a agravarse en varias ciudades del país, por la permanencia de los bloqueos en calle y carreteras, que impiden el flujo de vehículos. En tanto la represión se generalizo y la fuerza policial y el ejército disparan a matar a manifestantes en zonas urbanas, suburbanas y rurales, para mantener despejadas las vías de acceso.

A 04 de mayo el cuadro de violaciones de los Derechos Humanos alarma a la comunidad internacional. Organismos del Parlamento Europeo, Naciones Unidas, Senado de Estados Unidos, descalifican el uso desmedido de las fuerzas represivas en Colombia. En Cali, resultó agredida con disparos una Misión de Observación de Derechos Humanos de las NN.UU. Se revelan cifras de 18 jóvenes baleados en los ojos y cara por francotiradores del escuadrón policial ESMAD. “Disparan a matar. Disparan a los ojos de los jóvenes”, circula en las redes sociales. Aumenta el número de asesinados en las calles por irrupción de los efectivos policiales a condominios y conglomerados en barrios residenciales. Se registra el escandaloso numero de 89 desaparecidos, durante los últimos tres días de protestas, de manifestantes detenidos y no se sabe de su paradero. Se señalan 45 desaparecidos en la ciudad de Cali, 18 en Bogotá DC, 14 en Medellín. Personas que salieron el día de las protestas y no han regresado a sus hogares. Se registran nueve abusos sexuales por parte del Esmad, incluida una acusación de violación a una manifestante detenida, como derrotero del compartimento de la tropa asesina. Conmocionó a televidentes el asesinato, por parte de un policía motorizado, al joven Andrés Murillo, de 17 años, en la ciudad de Ibagué. Iba caminando con dos compañeros y un transeúnte arrojo una piedra a un agente de la policía que iba en su moto. El asesino profesional, sacó su arma y disparó contra la humanidad de Andrés, acribillándolo de dos disparos: uno en el tórax y otro en la cabeza. La atribulada madre les gritó a policías a la entrada del hospital: “Dispárenme a mi, para poder acompañarlo”.

Ante los enfrentamientos de las últimas horas en Bogotá, DC, el desprestigiado ejército, made in Usa, dará “asistencia militar” en 18 puntos de la metrópoli.

Mañana 05 de mayo, el Comité Nacional de Paro, anunció movilización nacional de protesta. Tal como se indicó, sin necesidad de orden u orientación del Comité Nacional de Paro, las movilizaciones se vienen dando todos los días, en todo el país. Esto permite indicar un estallido de rebelión generalizada, que genera hechos políticos que redundaran en la conducción de la Nación colombiana, en estos días.

DE LA ASISTENCIA MILITAR.

Por orden presidencial el comandante del ejército está actuando directamente en el control de las manifestaciones. Un precedente inédito y tomado luego de un Consejo de Seguridad en la ciudad de Cali y en el que el alcalde, elegido por voto popular, siendo relegado, acepta, sumisamente, declinar la faculta constitucional de ser el responsable del orden público en la ciudad. Él mismo se aisló, rumiando, en sus pensamientos, la carencia de tacto y consecuente decisión.

Corresponde analizar si la Ley 180 de 2.016, que creo el Código de Policía, podría aplicar a la reglamentación de emergencia de la normativa constitucional, que debe ser por Ley Marco o Especial. Si el artículo 170 del Código de Policía, por consagrar la solicitud de “asistencia militar”, contraria el espectro o soporte jurídico necesario, toda vez, que el ejército (fuerzas armadas) están entrenadas para el conflicto armado y/o defensa de las fronteras y no para la seguridad y convivencias ciudadanas.

Ese artículo 170, que aves de mal agüero le dictan al sub presidente colombiano, dentro del cuerpo normativo de función policial, viola los estándares del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. La función principal del ejército no es la del control de disturbios internos. Procede una acción de inconstitucionalidad, para que la Corte Constitucional, defina entre la contradictoria dicotomía en el texto constitucional (CP91), articulo 218, que consagra que la Policía es de “naturaleza civil” y el articulo 216 ibidem, que la recicla “Y” asocia a la Policía, junto a las fuerzas militares, como fuerza pública. Hasta tal punto que la Policía en Colombia, en la práctica sea una policía militar, estratificada con grados de milicos y chafarotes. Hasta los hay “generales”.

EL COMITE NACIONAL DE PARO ANUNCIA QUE EL PARO CONTINUA

Con fecha de 03 de mayo de 2.021 se anuncia, en comunicado, que el paro continúa, enfatizando que el retiro del proyecto de reforma tributaria significa el triunfo de millones de colombianos y colombianas que se han movilizado durante seis días contra las fuerzas armadas de ejército y de policía del Estado, ensañados en cercenar las libertades y garantías democráticas en ejercicio de la protesta social y que han dejado decenas de asesinados, centenares de heridos y numero registrado de desaparecidos y violados sexualmente por la jauría represiva. Que la gente en las calles está pidiendo mucho más, puesto que a la protesta social no se le puede colocar limites, como pretende el Fiscal General de bolsillo, del régimen. Que el gobierno nacional ha sido sordo al llamado a resolver las abultadas reclamaciones en los aspectos políticos económicos, sociales, de conflicto armado interno, de preservación ecológicas. Que existen acuerdos incumplidos con el pueblo y sus organizaciones y que nunca se ha dispuesto la instalación de una mesa de negociación y concertación con los representantes y voceros del Comité Nacional del Paro Nacional, centrando las reclamaciones de Garantías y libertades democráticas, des militarización y cese de masacres y desmonte del Escuadrón Policial de la Muerte, conocido como el ESMAD. Que aún se espera, se negocie el Pliego de Emergencia presentado desde el año 2.019, como resultado de la movilización del 21 de noviembre de 2.019 ( 21N), en desarrollo del Paro Nacional y que solo en Bogotá movilizó a más de un millón y medio de personas. Se mantiene olvidada y desconocida ala Minga Indígena.

CON LAS NUEVAS, LAS PETICIONES SE RESUMEN ASÍ:

En cesar la privatización de la Salud en Colombia, retirando el proyecto de Ley 010 sobre Salud y que atornilla a las fatídicas EPS como unidades de control financiero de la Salud y la limitante a la autonomía médica. Ante la pandemia por el COVID 19, el reconocimiento de una Renta básica de por lo menos un salario mínimo legal mensual. Defensa de la producción agropecuaria nacional; así como de la industrial, artesanal, campesina. Otorgar subsidios a las Pymes, pleno empleo, soberanía y seguridad alimentaria. Matricula cero y la alternancia educativa; así como la no discriminación de género. Suplir las reclamaciones de Transportadores y del servicio público de transporte, entre otras. Resulta imperativo, en Colombia, detener la erradicación forzosa de cultivos ilícitos e impedir la fumigación con glifosato. Esto afectaría la situación de miles de familias acogidas al plan de sustitución voluntaria y lo Acordado en los Acuerdos de la Habana, con el grupo rector desmovilizado de las Farc-ep.

En fin las reclamaciones ascienden a más de 120 peticiones. El Comité de Paro está integrado por la CUT, la CGT., la CTC, Fecode. Se sustenta en la Asamblea General de Delegados nacionales de organizaciones, sociales, populares y políticas.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La situación colombiana no se puede circunscribir a que las protestas sean o no pacíficas, acudan a acciones violentas y desmanes o concluyan en llamados a la cordura y convivencia. Las provocadoras actuaciones del sub presidente de la república, resultado de ineficacia e ingobernabilidad, han generado hechos políticos con perfiles incontrolables. La prueba está, en que la retirada tardía del proyecto de ley de reforma tributaria abusiva y malvada, no trajo consigo el encauzamiento del orden público alterado. Por el contrario, se ha dado un “efecto dominó” y surgido el estado de indignación acumulado por la muerte selectiva de líderes y lideresas sociales, las masacres sucedáneas y sistemáticas, en un país sitiado por el conflicto armado interno, colocado de espaldas al mismo por la aplicación de una política de hegemonía oligárquico contra insurgente. De manera que el conflicto social generalizado transmuta hacia una situación ingobernable, como resultado de los hechos políticos sucedidos, aparejada con sublevación o resistencia hacia todo lo gubernamental, que en el caso colombiano están muy bien determinadas. Los ideólogos de la secta-que no partido- en el gobierno, lo llaman vulneración del “principio de autoridad”. Critican al sub presidente y agitan el abanico para avivar el juego. Reconocen lo grave de la situación institucional y dan patente de corso para que el tropero general Zapateiro actué y si es necesario asuma las riendas del poder presidencial. En tanto, el mancillado sub presidente, no solo por la oposición, como por sus otrora colaboradores del bloque dominante, aparece en un inusual mensaje televisivo, que nada aporta a salidas efectivas a la problemática y caótica situación atravesada. Con gesto penoso, lamentable y ridículo, cual un mea culpa a futuro. No cabe aquí adentrarse en un análisis de correlación de fuerzas, ni de supuestos o previsiones; como tampoco de premoniciones. Pero si las fuerzas alternativas democráticas y la izquierda no actúan, conforme a la situación actual y demuestran que están preparados para lo de la vocación de poder, a todo dar, equivocan seguramente lo dado actual de, donde, a dónde y cómo, va el agua al molino.

EL PROBLEMA DEL ACTUAL CONGRESO

Todo el modelo económico y de corrupción confluye a los integrantes de senado y cámara de representantes. Pero este diagnóstico se extiende a toda la rama legislativa del poder público: diputados, en los Departamentos y concejales en los municipios.

Un referéndum para un gobierno de transición que revoque el mandato a todos los actuales congresistas, diputados y concejales, adelantando las elecciones, sería lo alternativo a hacia una Nueva Colombia.

Las protestas continuaran… La iniciativa popular centra en la instalación de Cabildo Popular Abierto, en los municipios. El paro indefinido en calles y carreteras y la caída del sub presidente impuesto e ilegitimo.

UN PARENTESIS SOBRE LO ACTUADO

Con sacrifico académico, no me detengo en analizar la inercia política de los manifestantes en coincidir en la renuncia del presidente y a que conlleva, la misma. Lo que no puede llevar a equívocos es la reflexión crítica sobre la realidad. La opinión pública tiene factores, valores o referentes claros al respecto; pero el peso del contenido político es el que incide.

Comienzo por detenerme en resaltar la calificación de las protestas sociales, ocurridas en las múltiples movilizaciones y enfrentamientos. Pese a que se han dado situaciones de saqueos, de salidas contrarias al objetivo de las movilizaciones o marchas; estas no califican, o no existen elementos de juicio para concluir que lo fueron, o han sido de una manera generalizada, sistemática y constante. Ello no me exime de abordar el asunto en el plano que los estudiosos del movimiento de masas (Gustave Le Bon y José Ortega y Gasset, entre otros). Estos han comenzado la exposición del asunto en relación con la conversión o transformación del hombre-masa y la perdida temporal de la personalidad consciente. El manifestante, en el furor de las arengas o consignas, sufre una suplantación por la “mente colectiva” de la masa. Por lo general atribuyen el dominio de una aplicación de unanimidad, emocionalidad, seguimiento, que raya en la irracionalidad. Menciono esto en atención en la sustentación en los estrados judiciales de sindicados por desmanes y el aspecto de la inimputabilidad. Pero en los elementos de previsión, pareciere que en el cálculo realizado con antelación, en el proceso volitivo del manifestante, en las ciudades, prima una pre concepción de valores contrarias a las de los estereotipos inculcados (Modelo establecido y aceptado de conducta, expresión u otra manifestación conocidas). Así, por ejemplo, preguntarnos: -porqué atacan los Transmilenios, los destruyen, siendo un vehículo de uso transportable, necesario tanto colectiva como individualmente considerado. La respuesta que obtengo es que en ese hombre-masa hubo un cálculo realizado con antelación. Las Estaciones de Transmilenio no son para él una “cosa pública” y por ende, tampoco los buses. Sabe que Transmilenio no corresponde al Estado, que sus dueños y aprovechadores de enriquecimiento son 15 familias de la oligarquía bogotana que los usufructúan, gracias al proceso de privatización a ultranza. Estos aprovechan el servicio o concepto de “publico”. Sugestivo que el transporte público colectivo sea llamado en Cali, “MIO”, que es dominio privado. Lo mismo argumentar en el caso de ataques a sedes bancarias. Existe en el imaginario colectivo y en particular en el caso individual de comportamiento analizado: él, a prejuzgado con anterioridad, que está frente a entes parasitarios que esquilman sus esfuerzos y ahorros monetarios y estallan por el rebrote ante esa frustración e indignación. Qué no decir de ataques a la cuestionada policía y su carga histórica criminal y a las sedes o CAIS, donde ha rondado el empoderamiento de la muerte a los detenidos. Así, podríamos resaltar por qué en dos o tres ciudades atacaron sedes oficiales; pero sobre todo oficinas del Registro, que abordaría para el análisis en el efecto del resultado de un sistema electoral corrupto, tramposo e impune. Al examinar el saqueo a almacenes, la imagen de respuesta de los manifestantes fue la de exigir a los saqueadores la devolución de las mercancías robadas. De manera que sirva el abordar este tema como abre bocas, para dejar sin argumentos el calificativo mediático infundado de ser los manifestantes en las refriegas de las duras protestas realizados, simples “vándalos”.

 Cumplo así con mi promesa de una segunda entrega sobre el análisis del pasaje histórico por el que pasa la Nación colombiana. Promisorio, promisorio, indiscutible mente promisorio.

Que sea ensordecedor el grito de protesta popular y calle el tronar de los fusiles.

“Estamos limpiando nuestra casa”

Magister José Manuel Arroyo Gutiérrez
Ex magistrado y profesor catedrático UCR.

Estas han sido las palabras con las que el presidente Bukele, de El Salvador, ha justificado ante las miradas internacionales, el acto legislativo por el que se destituyó a los integrantes de la Sala Constitucional y al fiscal general de ese país.

Perdón, pero la República no es propiedad privada de nadie, ni puede barrerse, de un plumazo, a la oposición, o acabar arbitrariamente con los controles constitucionalmente previstos. El régimen republicano es más bien comparable con un complejo y delicado edificio de equilibrios, donde deben convivir, democráticamente, diversos sectores, grupos de interés, clases sociales, leyes para todos, y por supuesto, instituciones públicas también al servicio de las personas en general.

Sin duda Bukele pontifica desde la falacia de creer que, por ser más numéricamente hablando, por controlar en este momento al Parlamento y por haberse ganado el apoyo de la mayoría electoral, necesariamente tiene siempre razón en todo lo que se le ocurra, y puede imponerse ignorando procedimientos legales y controles institucionales.

Pues tampoco. Lo que ha hecho este presidente salvadoreño es un mero acto de fuerza y, como suele ocurrir, sea cual sea el signo ideológico de un gobernante, las primeras víctimas a cobrar son las magistraturas independientes, llámense jueces o fiscales. Nada tiene que ver que la Constitución prevea la posibilidad de destituir a estas autoridades, eso está previsto en casi todas, lo importante es saber si hay razones legítimas para hacerlo o si se han seguido los procedimientos legales obligatorios. Nada de eso ha ocurrido en el caso que examinamos.

Desde la filosofía política contemporánea está más que consolidada la tesis de que el Poder Judicial es un contra-poder. Su misión fundamental es precisamente de control y, en el contexto de los conflictos entre particulares, interviene para corregir el desbalance a favor de la parte más débil y así, hacer justicia. En el ámbito de los conflictos inter-institucionales, el judicial, y de manera especialmente relevante, los tribunales constitucionales, existen para equilibrar los abusos de un Poder Legislativo que emite leyes o acuerdos contrarios a la Constitución, o bien, corregir o anular las acciones de un Poder Ejecutivo arbitrario o desmadrado. El poder judicial, como función política, en manos de todos los jueces y las juezas de la República, existe para tutelar los derechos de todos, pero de manera especial de aquellos y aquellas que estén en minoría o en posición más vulnerable. Por supuesto que también, cuando se justifica, hay controles políticos, disciplinarios y hasta sociales sobre la judicatura, que pueden operar cuando sea pertinente. Eso es democracia. Eso es Estado de Derecho.

Lo más lamentable es que el fenómeno “Bukele”, hermano del fenómeno “Trump”, es una tendencia claramente universal. Están apareciendo por todas partes en el mundo y, para ponernos al día, no hay vacuna contra esta variedad de peste política.

Este tsunami autoritario surge de manera directa del desencanto respecto de regímenes democráticos que no logran resolver las necesidades básicas de sus pueblos, ni darles niveles mínimos de dignidad. Es también hijo de unos partidos políticos tradicionales desgastados por las promesas incumplidas y empantanados, con frecuencia, en el lodo de la corrupción. Ese es el caldo de cultivo para todos los” bukeles” que en el mundo han sido, y Costa Rica no está a salvo de esta oleada.

Cuando ya en 2012 se quiso sacar de la Corte Suprema a un magistrado íntegro porque a las mayorías parlamentarias no les gustaba; cuando en los procesos de escogencia de nuevas vacantes se desplaza a todo el que parezca demasiado bien calificado o “peligrosamente” independiente; cuando vemos a la Contraloría General de la República yendo más allá de sus competencias y sumándose a las tesis de partidos mayoritarios en la Asamblea Legislativa;  y cuando vemos a un Defensoría de los Habitantes haciendo el peor papel de su vida institucional por estar en manos de personas confiables e incondicionales para esas mismas mayorías;  nos damos triste cuenta de que la democracia más longeva de la región, esta querida Costa Rica, también puede caer en manos de un demagogo fundamentalista que jure llevarnos a la nueva tierra prometida.

 

Artículo publicado en la columna Gato o Liebre del Semanario Universidad, compartido con SURCOS por el autor.