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Etiqueta: corrupción

Corrupción e impunidad

Escrito en . Publicado en Análisis.

José Manuel Arroyo Gutiérrez

         El itinerario de una causa penal por corrupción privado-pública está plagado de accidentes, trampas, baches y emboscadas. Dado el perfil de los sospechosos, individuos con poder económico, político, religioso o de influencia social, llegar al puerto de la Justicia no resulta sencillo. En el marco de un debido proceso legal, más allá de la inocencia o culpabilidad de los involucrados, o de los recursos extraordinarios con que cuenta su defensa, existen condicionamientos estructurales que resultan, al fin de cuentas, determinantes: un sistema económico que no dibuja con claridad dónde terminan los negocios lícitos y dónde comienzan los abusos con la cosa pública; la imperiosa necesidad de contar con instituciones judiciales bien financiadas, con suficiente personal capacitado, salarios competitivos, derechos laborales garantizados y expectativas de jubilaciones dignas, entre otros factores.

         La mayoría de los hechos por corrupción ni siquiera son conocidos o denunciados. Habitan la zona oscura de las prácticas burocráticas viciadas por décadas y siglos. La realidad evidencia que los cambios de gobierno sólo tienen un peso relativo en el descontrol o agravamiento delictivos, pues los verdaderos expertos se encuentran enquistados, por una parte, en poderosas cúpulas empresariales; y por otra, en los mandos medios del aparato estatal, verdaderos conocedores y practicantes de las conductas ilícitas. En las sociedades modernas, casi siempre es la casualidad, la denuncia mediática o la obviedad del daño, las vías por las que se destapan los hechos irregulares y se convierten en escándalos públicos.

         Si la denuncia logra concretarse, se abren tiempos de investigación preliminares con frecuencia interminables. Años y años de supuestos esfuerzos por acopiar las pruebas y construir la base acusatoria. En el mejor de los casos –dicho con ironía- nos enfrentamos a instancias policiales y fiscales incompetentes, negligentes o ignorantes. En la peor de las situaciones, la cuestión tiene que ver con cálculos politiqueros, deliberados atrasos, o abierta búsqueda de impunidad mediante eventuales prescripciones de las acciones delictivas. La lentitud es una variable transversal a lo largo de todo el proceso. La prescripción, y con ella la impunidad, puede finalmente alcanzarse en cualquier etapa del juicio.

         La culminación de este itinerario puede ser una acusación débil o defectuosa, que omita hechos graves y relevantes, o saque del expediente a los acusados más “notables”. Es también el momento en que un Ministerio Público complaciente facilita las salidas alternas al proceso, llegando a acuerdos y conciliaciones que le permita a sujetos connotados burlar el rigor de la ley, sólo aplicable al común de los mortales. No debe olvidarse que las alternativas al proceso ordinario, -en principio un buen mecanismo para descongestionar tribunales y cárceles-, se aplican en nuestro medio si acaso a un 3% de los asuntos. El problema no está en los mecanismos en sí, sino en acordarse de ellos sólo frente a cierta categoría de delincuentes.

         Si al final de este tortuoso trayecto, el caso llega a la etapa de juicio, no hay como anular, es decir, eliminar del conjunto probatorio, elementos de juicio esenciales y determinantes. Eliminada la prueba decisiva, el juzgador puede cómodamente justificar una absolutoria, por duda y hasta por certeza. No importa si hay precedentes jurisprudenciales del más alto rango que contradicen esas anulaciones. La cuestión es encontrarle salida jurídicamente “creíble” a la impunidad.

         Y todavía más. Existiendo una sentencia condenatoria, se encontrarán subterfugios e interpretaciones judiciales o administrativos para que la persona convicta, con todo y su cuello blanco, no ponga un pie en la cárcel, destino sólo padecido por los desheredados de la tierra.

         El daño irreparable se le estará haciendo al régimen democrático. La responsabilidad, sobre todo de los jueces y juezas, es de una trascendencia escalofriante. Un juzgador con miedo a los medios de comunicación o a los poderosos que procesa debería buscar otra forma digna de ganarse la vida. Un juzgador lo suficientemente ambicioso para sacrificar la justicia en aras de alcanzar metas en su carrera, es la negación misma de la independencia judicial. Como pesadas sombras, el miedo y la ambición corroen personas e instituciones por igual.

         Cuando las instancias que deciden los nombramientos, en nuestro caso el Consejo Superior del Poder Judicial (jueces 1 a 3), la Corte Plena (jueces 4 y 5) y la Asamblea Legislativa (magistrados), quebrantan las reglas objetivas, se burlan de los concursos y sacrifican méritos y atestados en aras de cercanías y afinidades personales o partidarias, se está contribuyendo al descrédito de la Justicia y a la desconfianza fundada de la gente.

         Uno de los mecanismos más conocidos universalmente, es la promoción y designación de jueces amigos o afines, a los que se pueda llamar o manipular en ciertos expedientes delicados, como son los de corrupción. El colmo de esta decadencia se perpetra cuando el nombramiento está atado a una encomienda específica, sea un cambio jurisprudencial, sea el favorecimiento a alguien con nombres y apellidos.

         El caldo de cultivo estará preparado, en una “democracia plena”, para que florezca el demagogo populista, de derecha o de izquierda. Las deficiencias de las instituciones le servirán, no para enmendarlas, sino para destruirlas. Será tan autoritario y corrupto como muchos de los viejos políticos, y sólo querrá cambiar la camarilla tradicional por la suya propia, incluidos sus jueces de confianza, si pudiera. Por desgracia, los abusos, excesos y vicios del pasado juegan a su favor. Le darán todo el argumentario requerido para que un pueblo cansado y decepcionado le crea las mentiras y medias verdades que dice. Y aprovechará cualquier ocasión para recordarnos que hubo jueces y otras instancias de control que fueron designados por meras cercanías personales o partidarias, que se intentó controlar la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa para buscar objetivos espurios, y que andan por ahí sueltos algunos personajes, eternos procesados y hasta condenados, pavoneando su impunidad.

Fernando Zamora pedirá al Banco Central y a la SUGEF explicación sobre qué pasó con fondo para auxiliar a ahorrantes de entidades quebradas

Escrito en . Publicado en Derechos, Trabajo.

El abogado constitucionalista Fernando Zamora hace denuncia de lo que podría ser uno de los mayores casos de corrupción en la historia de Costa Rica, explicando que en la década de 1980 el gobierno estadounidense le entregó al Banco Central una cantidad de dinero de 16,000,000 de colones con el objetivo de auxiliar a los ahorrantes en caso de quiebras financieras como la que ocurrió en Copemex, Aldesa o Coopeservidores.

Se explica también que dicho dinero fue dado ilegalmente en custodia del Banco Central con el propósito de generar intereses, capitalizarlo y que el fondo creciera. Según la investigación periodista del Semanario Universidad, el Banco Central le entregó fondos millonarios a una entidad bancaria privada para que siguiera manejando el dinero del fondo. Por su parte, el señor abogado expresa que desde su experiencia profesional, no entiende cómo se realizó esa transferencia de dinero a un ente privado si se trataba de fondos públicos en razón de que fue entregado por el gobierno estadounidense a un ente público, el Banco Central, y con un fin público: el de auxiliar a los ahorrantes. 

Han pasado más de 40 años desde la entrega del dinero por lo que a día de hoy ya habría generado muchos intereses, pero según la información del Semanario Universidad, no hay información suficiente. De tal manera, se establecerá la denuncia en los órganos competentes y se avisará de cualquier eventualidad en el caso. Se les invita a ver el vídeo en el que se explica dicha situación en el siguiente enlace: https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2024/08/Fernando-Zamora-denuncia.mp4

Sobre el avance del populismo en Costa Rica: disputas en torno la definición del ideal democrático

Escrito en . Publicado en Análisis.

Lic. Andrey Pineda Sancho

Durante los últimos años, el estilo político de carácter populista ha ganado terreno en Costa Rica. Pese a tener un largo recorrido subterráneo y solapado (en ocasiones más abierto) en la mayor parte de la historia política del país, lo cierto es que este estilo se ha hecho especialmente distinguible en el transcurso de los últimos 10 años. Algunos de sus rasgos, al menos en el plano discursivo, salieron a relucir en la campaña política 2014, cuando las críticas a la hegemonía política y gubernamental del Partido Liberación Nacional se tornaron más vehementes, y otros tantos se hicieron presentes, esta vez con mayor claridad e intensidad, en las campañas políticas 2018 y 2022. En el primero de los casos, a través de candidaturas como las de Juan Diego Castro, quien se destacó por su discurso anti-sistémico y anti-elitista de corte punitivito, y Fabricio Alvarado, quien accedió a la segunda ronda electoral gracias a un discurso religioso-conservador exaltado y polarizante; mientras que en el segundo de ellos, por intermedio del candidato Rodrigo Chaves Robles, exministro de Hacienda y exfuncionario del Banco Mundial que se vendió a sí mismo como un “outsider” de la política con raigambre popular y como un tecnócrata con capacidad resolutiva, y que, gracias en parte a esa imagen, resultó electo presidente de la república para el período 2022-2026.

Con su avance en el país, el estilo y la retórica populista no solamente ha posicionado y afianzado una crítica al sistema político en términos generales, sino que de forma particular también ha instalado una disputa abierta en torno a la definición de la democracia y del ideal democrático. Sus propulsores han criticado los que a su juicio son vicios de la democracia realmente existente en el país y, al mismo tiempo, han propuesto los supuestos remedios para dichos males. Así, ante un régimen que perciben como copado por unas élites políticas corruptas y desprendidas de los intereses de la ciudadanía, proponen una exaltación del “pueblo” confundido con la figura de un líder fuerte con capacidad de identificar y satisfacer las verdaderas necesidades de las personas comunes, y ante un modelo de representación que juzgan demasiado indirecto postulan, como contraparte, formas mucho más directas e inmediatas para el ejercicio de la soberanía popular. Con este discurso, a todas luces polarizante, los representes del populismo criollo mezclan críticas justas a la democracia liberal imperante en Costa Rica, con un programa abocado a minar, en el mediano y el largo plazo, las bases mismas de toda democracia posible, pues con la excusa de devolverle la soberanía al pueblo suelen propiciar, en cambio, la concentración de poder en la figura del líder (esto es muy evidente en el caso de Rodrigo Chaves), lo cual resulta caldo de cultivo para el autoritarismo y la arbitrariedad, y con el pretexto de una democracia más directa propician el socavamiento de la división de poderes, y, con ello, la potencial vulneración de los derechos ciudadanos, de las instituciones democráticas, y la desaparición de los contrapesos al poder Ejecutivo, lo cual, como se sabe, es la antesala de la tiranía. Señalar el peligro que representa el populismo para la democracia costarricense no implica, ni mucho menos, hacer abstracción de las debilidades y contradicciones que históricamente ha acusado la democracia realmente existente en el país, ni debe, bajo ninguna circunstancia, conducirnos a ello. La democracia es, por definición, un proyecto político y de convivencia inagotable, y su concreción es siempre provisional, imperfecta y multiforme; esta es el resultado de disputas, negociones y acuerdos (o incluso imposiciones) de la más diversa índole; y la democracia costarricense, en particular, no escapa de dicho supuesto. En su devenir, es posible identificar, como diría Pierre Rosanvallon, una serie de “promesas incumplidas e ideales maltrechos” que, con cierta periodicidad, casi de manera crónica, han dado justos motivos para despertar insatisfacción y descontento entre la ciudadanía. Especialmente durante los últimos 40 años, la nuestra ha sido una democracia cada vez más reducida a su vertiente procedimental, en la cual no solamente prima un modelo de representación de carácter cuasi oligárquico, sino también en la que sobresalen problemas como la corrupción; la falta eficacia, por parte de los actores políticos, a la hora de reconocer y atender las necesidades de la población (una población ampliamente excluida y marginalizada, cabe agregar); y la ausencia de estímulos que incentiven la implicación de la ciudadanía en la resolución de los retos comunes.

Ante un escenario tal, resulta imperioso explorar y encontrar alternativas que permitan profundizar las formas democráticas en lugar de socavarlas. La crítica a los defectos de las democracias liberales o minimalistas no debe llevarnos a la caer en las trampas que amenazan con traerse abajo los cimientos de toda democracia posible, tal como, en el límite, lo hacen los populismos. En cambio, debemos apostarle a construir una democracia más inclusiva y participativa, en la cual se multipliquen las instituciones, los discursos y las prácticas favorables a la constitución de un ethos democrático compartido, en la que principios éticos como la confianza, la integridad y la franqueza animen el accionar político e institucional, y en la cual se ofrezcan soluciones prácticas y realistas a las necesidades de la ciudadanía.

Compartido con SURCOS por el autor.

Fuente: https://cicde.uned.ac.cr/blog/148-sobre-el-avance-del-populismo-en-costa-rica-disputas-en-torno-la-definicion-del-ideal-democratico

Declaración de la Asociación Costa Rica Íntegra sobre el Proyecto de Ley Jaguar

Escrito en . Publicado en Derechos.

Julio 2024

Costa Rica Íntegra (CRI) es una organización sin fines de lucro creada en 2012, Capítulo Nacional de Transparencia Internacional para Costa Rica y cuya naturaleza es ser un grupo independiente e imparcial en relación con otras instituciones e instancias, tanto públicas como privadas y eminentemente apartidista. CRÍ se dedica a impulsar la Transparencia, la Probidad y promover la Anticorrupción (TAP).

Su objetivo es promover la transparencia, el respeto a la legalidad, la lucha contra la corrupción y la integridad en el accionar del Estado y la sociedad costarricense como condiciones de desarrollo democrático y progreso económico y social.

Es imperativo para CRI, de acuerdo a sus objetivos, pronunciarse sobre las oportunidades y amenazas para la transparencia y la anticorrupción en la gestión pública, aparejadas en el Proyecto “Ley Jaguar para Impulsar el Desarrollo de Costa Rica” (expediente legislativo 24.364), presentado por el Poder Ejecutivo.

Nuestro pronunciamiento desarrolla cinco consideraciones clave que pretenden contribuir en la deliberación para el proyecto de ley Jaguar, y que luego se resumirán en cinco valoraciones finales a modo de síntesis.

Primera consideración: la corrupción no es solo cosa del pasado, está presente y es creciente, el momento amerita fortalecer los controles.

Variada y rigurosa evidencia arroja que el país no está en un periodo de mejoría notable de la transparencia y de la integridad. Por el contrario, los hechos señalan que:

  1. Los episodios de corrupción de alto perfil o también llamados de “cuello blanco” son cada vez son más frecuentes y de montos y afectaciones sociales más importantes, tal como lo ejemplifican los casos “Cemento Chino”, “Cochinilla”, “Azteca”, “Comején”, “Madre Patria” y “Coraza”, entre otros.  En estos se descubrieron amplias redes de funcionarios públicos y actores privados que cooptan las políticas e intervenciones de las instituciones públicas, desviando importantes recursos a su favor y afectando los servicios que se brindan a la mayoría de la población.
  2. El incremento del crimen organizado trae aparejado un cada vez mayor riesgo de cooptación de la institucionalidad pública, ya que este tipo de crimen requiere áreas de corrupción y opacidad para operar, ocultar y luego legitimar sus ganancias ilícitas.
  3. La corrupción en trámites administrativos se manifiesta en un elevado y creciente el número de denuncias ante el Poder Judicial, la Procuraduría de la Ética Pública y la Contraloría General de la República relacionados con faltas a la probidad y delitos contra los deberes en la función pública.
  4. Hay mayores restricciones al acceso de la información pública y un descenso en los índices de libertad de prensa. Además, no avanzan las iniciativas legislativas para aprobar la Ley de Acceso a la Información pendiente desde hace más de una década.
  5. En la última edición Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional, Costa Rica no recupera su calificación en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional y se sitúa en un rango de desempeño deficiente (55 de 100 puntos posibles). En América, Canadá obtuvo un (76) y Uruguay (73) ubicándose en la cima, Costa Rica está a más de quince puntos de los mejores puntajes hemisféricos. Ciertamente esta medición general de percepción mundial puede y debe ser complementada con miradas más cercanas, de manera documentada, independiente y veraz.
  6. En las encuestas de opinión los niveles de corrupción se sitúan como una de las principales preocupaciones de la ciudadanía desde hace más de una década.

Basados en las afirmaciones anteriores, la coyuntura por la que pasa Costa Rica no es un momento para aumentar la discrecionalidad y eliminar algunos de los controles sobre el erario público. En concreto, no contribuiría a la transparencia y probidad el eliminar la obligatoriedad de compartir la información con la Contraloría General de la República sobre las compras y obras de manera anticipada, por el contrario, se disminuiría la capacidad de los entes de control de actuar para prevenir cualquier acto indebido que facilite la corrupción, y a su vez la posibilidad de que la ciudadanía conozca estas actuaciones oportunamente.

Segunda consideración: la contratación pública, en especial de obra pública, es un área altamente vulnerable a la corrupción que amerita una fiscalización robusta desde entes técnicos y ciudadanía.

Los mayores escándalos de corrupción han acontecido en el área de contratación pública, para la cual se presupuestan recursos públicos significativos. En particular, el riesgo se incrementa en zonas poco supervisadas, que amplían los portillos a la corrupción: acciones ante las emergencias nacionales y empréstitos con ejecución más flexible en los controles de las compras públicas. La composición de las compras públicas en donde prevalece la compra directa atomizada tampoco ayuda.

Este tipo de situaciones impacta directamente en la calidad de los servicios públicos y obras que recibe la población, muchas veces retrasadas, inconclusas o deficientes. Ello incrementa la desconfianza a la población en sus gobernantes.

La CGR juega un papel fundamental en los controles previos y posteriores de la contratación pública. El incremento de los controles y las mejores prácticas internacionales se han plasmado en sucesivos cambios legales, en respuesta a la creciente complejidad de la institucionalidad pública costarricense, su nivel de gasto y la evidencia de casos de corrupción.  Las leyes en las últimas décadas han facultado a la CGR, a las auditorías interna, al control interno de las instituciones para que su intervención no se limite a actuar al final, sino que puedan prevenir antes de que ocurra la irregularidad y no esperar a que se haya consumado. La recuperación a posteriori de los recursos públicos mal gastados es muy difícil. También ha habilitado la acción previa desencadenada por denuncias e investigaciones abiertas por las auditorías de las instituciones. Más de un centenar de sanciones al año muestran la importancia de estos mecanismos.

Los avances que el país ha mostrado con la Ley de Contratación Pública y el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) requieren esfuerzos continuos para que su aplicación sea efectiva, y sobre todo se reformen algunos cuellos de botella y vacíos identificados, tal como la necesidad de incorporar mayor transparencia y participación ciudadana.

En este contexto, se considera negativa la propuesta del proyecto de Ley Jaguar, concretamente la posibilidad de arrendar inmuebles por hasta 30 años sin seguir procedimientos ordinarios estrictos. Los contratos de arrendamiento a largo plazo pueden dar lugar a compromisos financieros prolongados y desfavorables para el Estado si no se regulan adecuadamente. La falta de procedimientos estrictos puede permitir que se firmen contratos que no sean beneficiosos para el interés público, comprometiendo los recursos del Estado por períodos prolongados. Es necesario, entonces, establecer cláusulas claras que protejan al Estado de compromisos desventajosos y aseguren revisiones periódicas de estos contratos.

Además, con estas propuestas de desregulación el potencial de conflictos de interés queda incrementado, por ejemplo, la falta de mecanismos claros y regulados para la selección de aliados estratégicos en las alianzas de JAPDEVA. Sin procedimientos transparentes y rigurosos para la selección de aliados estratégicos, permitiría un mayor riesgo de prácticas corruptas y favoritismos. Las decisiones pueden ser influenciadas por intereses privados, comprometiendo la integridad de los procesos y afectando negativamente el interés público. La implementación de criterios claros y procesos transparentes es esencial para mitigar estos riesgos y asegurar que las alianzas estratégicas se formen en beneficio del interés general.

Tanto las alianzas estratégicas como la licitación pública y otros mecanismos son válidos para la consecución de fines públicos. Lo importante es que sea el mecanismo idóneo para la selección del co-contratante, el que mejor garantice que se respete los principios de igualdad de trato, libre concurrencia, probidad y transparencia. En ese sentido, cabe por ejemplo las alianzas estratégicas de una empresa pública con una o varias empresas privadas, en una relación de socios para hacer negocios en que cada parte aporta lo suyo, pero deben existir criterios técnicos, aportes, precios y objetivos claros para que la entidad pública seleccione a ese socio, y obtenga los mayores réditos de esa alianza.

Tercera consideración: El diseño del Estado costarricense tiene controles que se complementan y refuerzan entre sí, cualquier cambio afecta la distribución de pesos y contrapesos y afectará la detección de las irregularidades.   

Conviene mirar al diseño que en 1949 se adoptaron en el marco de la Constituyente y las decisiones que incorporó una serie de controles a la gestión de la hacienda pública. De hecho el estado costarricense tuvo un crecimiento de funciones y gasto extraordinario a partir de 1940 y los constituyentes valoraron el periodo de un régimen de despilfarro y de peculado y establecieron como prioridad el diseño de una arquitectura del estado para reducir oportunidades para la corrupción y para racionalizar la actuación financiera del Ejecutivo.

Al realizar un recorrido sobre las actas de la Constituyente se encuentran en la misma comisión y línea de discusión los temas de presupuesto, contraloría y descentralización, dando autonomía a un conjunto de instituciones públicas para que operaran con criterio técnico. Las instituciones contraloras son parte de un diseño constitucional de pesos y contrapesos para salvaguardar la hacienda pública y el bien común. Los constituyentes valoraron que “se hace indispensable garantizar que esas instituciones no se convertirán en fácil pasto de la política y de las maniobras del Ejecutivo”.

En palabras de un constituyente “Priva en el Proyecto de la Constitución la tendencia a la creación de instituciones autónomas dentro del Estado que dirijan ciertos organismos. Con ello se da participación efectiva a los más capacitados para orientar tales actividades, se les responsabiliza por su labor y se abre campo a una colaboración más eficaz de la ciudadanía en la obra de administrar; y acaso lo más importante: se da estabilidad a lo técnico y se le aleja de la peligrosa politiquería.  Pero el Proyecto (de la Constituyente) mejora la situación actual, al exigir que esa intervención sea realizada por Instituciones Autónomas, es decir, no por los Ministerios directamente, no con política de por medio, sino por funcionarios técnicos e independientes del ciclo político, especializados en la materia.”

La CGR es el ente rector de este sistema control, clave para mantener el principio de legalidad y el Estado de Derecho. El legislador ordinario, además, le ha ido agregando múltiples funciones a la Contraloría en las últimas décadas, haciendo más sofisticado el alcance y creando distintas capas de supervisión, incluyendo las más recientemente en la administración Alvarado, la ley que establece la regla fiscal que amplió las funciones de la CGR como ente responsable de fiscalizar su cumplimiento, con responsabilidad final.

Si alguna parte de ese diseño se ve trastocada, se modifica todo el conjunto del diseño y no se garantizaría su efectividad. Por ello, las reformas deben incorporarse con base en un criterio integral y de impactos del sistema de fiscalización. Las competencias que se eliminan de un alguno de los entes de control, deben verse fortalecidas en otro ámbito de control, de lo contrario se crearán silos no observados y aumentará la opacidad, que se sabe es caldo de cultivo para la corrupción.

La CGR ha venido evolucionando hacia un esquema más moderno que fortalece el control de primer piso, es decir las auditorías internas y la atención de denuncias. Se han promovido los casos presentados por los auditores o denuncias anónimas. La OLACEFF y estándares de la OECD marcan las pautas en esta materia de las mejores prácticas, en donde la CGR ha estado bien evaluada consistentemente. Recientemente presentaron un proyecto que utiliza inteligencia artificial para la supervisión por cámaras de la obra pública, convirtiéndose en uno de los primeros entes fiscalizadores en el mundo en contar con esta tecnología.  

En conjunto con este sistema de pesos y contrapesos, cabe recordar los principios más relevantes sobre la gestión pública contenidos en la Constitución:

  • Principio de Legalidad (Artículo 11): Todas las actuaciones de las entidades públicas deben realizarse conforme a la ley.
  • División de Poderes (Artículo 9): Debe respetarse la separación de funciones entre los poderes del Estado y sus instituciones.
  • Eficiencia Administrativa (Artículo 191): Las reformas deben promover la eficiencia en la administración pública.
  • Fiscalización (Artículo 183): La CGR debe mantener su rol de supervisión de la Hacienda Pública.

Cuarta consideración: CGR es un control efectivo de los fondos públicos, con áreas de mejora, pero su debilitamiento no contribuye en nada al desarrollo nacional.

Existen diferentes modelos de control y de entidades de fiscalización superior -conocidas como Contralorías- en el mundo, de acuerdo con el respectivo diseño constitucional. En ese sentido, los artículos 183 y 184 de la Constitución son muy amplios, no limita expresamente la potestad de fiscalización al control posterior, sino que lo deja abierto al control preventivo, concomitante y posterior de la gestión pública, a criterio del órgano fiscalizador. Además, hay funciones asignadas por la propia Constitución (art.184) y otras que la Constitución permite que la Contraloría realice por encargo legal (otras funciones que la ley le asigne, dice el inciso final del art.184). Y entonces, sí se asignaron funciones de control previo tanto por la Constitución como por las leyes.

No cabe disminuir el ámbito de fiscalización sin violentar el diseño constitucional que responde a un modelo de control lo más abarcativo posible. En ese mismo sentido, se ha pronunciado la jurisprudencia de la Sala Constitucional.

Con ello no se está negando que hay una sentida necesidad de revisar procedimientos a lo interno de la CGR, sobre todo mejorando aquellos cuellos de botella que terminan haciendo más largo el proceso de las acciones u obras, y por ende más susceptible a la corrupción.

La CGR ha venido llenando vacíos, como el fortalecimiento de auditores internos, su protección ante el jerarca, y también de los departamentos legales, la educación para el control desde la juventud y capacitaciones. También es de reconocer la mejora en la fiscalización presupuestaria y de la calidad y oportunidad de los datos e informes ante la Asamblea Legislativa, lamentablemente no siempre estudiados y puestas en práctica sus recomendaciones.

Debe seguirse el camino ya iniciado de mejorar la efectividad de la CGR, por ejemplo la capacidad de imponer sanciones en los procesos de atención de denuncias e investigaciones, la construcción de una verdadera red de fiscalización general y en cada institución con auditorías con mayores instrumentos e independencia de los jerarcas, y la puesta en marcha efectiva del control interno, que aún no se ha consolidado.

La fiscalización a posteriori que postula la ley Jaguar limita la actuación de la CGR a revisiones después de que las decisiones administrativas hayan sido tomadas y ejecutadas, una acción de autopsia forense frente a hechos consumados.

Esta limitación debilita la capacidad de la CGR para prevenir irregularidades y actos de corrupción antes de que ocurran. La falta de controles preventivos reduce la posibilidad de detectar y corregir errores o actos ilícitos en etapas tempranas, lo que puede resultar en la malversación de fondos públicos y otros actos de corrupción que podrían haber sido evitados. La prevención es una herramienta esencial para mantener la integridad en la gestión pública.

Un ejemplo de controles en la Hacienda Pública es que, por varios años la Contraloría General de la República (CGR) no ha aprobado la liquidación de los presupuestos del gobierno central, hecho que subraya una debilidad tanto del Ejecutivo como del Legislativo para gestionar apropiadamente el presupuesto público. Ello recuerda la necesidad estratégica de contar con potentes mecanismos de seguimiento y control del gasto público. En particular, cuando hay áreas estratégicas del desarrollo (educación, salud, empleo) en donde se carece de políticas públicas con horizontes delimitados y justificados técnicamente. Los actuales estilos de gestión basado en el establecimiento de una ruta por parte de un jerarca o de micro intervenciones, puntuales sobre todo en las instituciones autónomas, subrayan aún más esta necesidad de supervisión de los fondos públicos. La injerencia directa, o por medio de públicas y notorias intervenciones en juntas directivas de autónomas, culminan un largo proceso de modificaciones de fondo a la arquitectura de lo público.

En la práctica, Costa Rica pasa por un periodo de fuertes tensiones del diseño institucional creado para reducir las oportunidades para la corrupción. Tensiones que se expresan en el ámbito del presupuesto, del sistema de fiscalización y en la injerencia política directa en las autónomas. La armonización del conjunto público no puede hacerse mediante directrices presidenciales y rectorías sectoriales.

Quinta consideración: el cumplimiento de distintos compromisos del país y los estándares internacionales apuntan hacia el fortalecimiento de la autonomía y las capacidades de los órganos de control.  

Muy diversos instrumentos jurídicos de los cuales Costa Rica es signatario, obligan al país a un fortalecimiento de la autonomía y las capacidades de las instituciones de control y detección y sanción de la corrupción. Esta necesidad se le ha planteado como un objetivo prioritario para Costa Rica en la Informes oficiales e independientes de cumplimiento de las convenciones anticorrupción de la OEA y de las Naciones Unidas, en informes de la OECD, en Asambleas Generales de Naciones Unidas y Cumbres hemisféricas, entre otros.

La OCDE, en un estudio reciente “Estudio de la OCDE sobre Integridad en Costa Rica: Protegiendo los logros democráticos” recomienda:

  • Mejorar la articulación entre los actores claves del Sistema de integridad y asegurar la implementación de las políticas de Integridad en todo el sector público.
  • Incluir prioridades relacionadas a la integridad en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026
  • Mejorar la gestión de conflictos de intereses que está en el corazón de la prevención de la corrupción, pero el marco costarricense está fragmentado, hay vacíos y falta orientación.
  • Fortalecer la transparencia e integridad en los procesos de toma de decisiones públicas y promover su resiliencia ante riesgos de influencia indebida.
  • Mejorar la calidad de los procesos disciplinarios y asegurar su aplicación uniforme y equitativa.

La OCDE, con sus expertos en integridad y transparencia y conocedores de las mejores prácticas internacionales lejos de debilitar, señala importantes oportunidades de mejora que se aplican al gobierno e instituciones y se orientan a ampliar la integridad en la función pública y la coordinación a partir del plan nacional de desarrollo con orientaciones claras para la transparencia.

Adicionalmente, la Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción (ENIPC Decreto Ejecutivo 43248-MJP), fue dedicada al enfoque prevención por ser uno de los eslabones más débiles en la lucha contra la corrupción.  El eje 1 de este instrumento propuso la elaboración de un modelo de gobernanza y una política pública que fortalezca la institucionalidad de control del país, y el eje 4 propone una serie de reformas para mejorar la gestión de los riesgos de corrupción en la interacción público-privada.

“El objetivo principal de la ENIPC es establecer el marco estratégico de acción del Estado y del conjunto de actores de la sociedad, con horizonte claro, que haga énfasis en la prevención, la promoción de la ética y la creación de una cultura de legalidad que minimice los actos de corrupción.”  

Esta Estrategia contiene una base con temas concretos, medibles, alienados con distintas agendas internacionales y co-creados a partir de los saberes de un conjunto de sectores e instituciones relacionadas con el tema. Son estos insumos los que debería retomarse como rumbo para afinar el sistema de control de manera integral.

Con este panorama que explicamos, el gobierno presenta una convocatoria a Referéndum con un Proyecto de Ley que denomina Jaguar, mediante una gestión ante la Asamblea Legislativa y otra gestión ante el Tribunal Supremo de Elecciones. En un proyecto complejo, enfocamos nuestras valoraciones iniciales en la oportunidad de detectar y sancionar la corrupción para no apoyarlo. Aún así, concluimos que renunciar a un proceso que depure y mejore nuestro modelo de control sería un error, por el contrario, podría aprovecharse para una mejora significativa en la cultura de transparencia, probidad y participación ciudadana.

Valoración 1

Frente a los peligros de cooptación del crimen organizado y la alta incidencia de actos de corrupción en la contratación pública, no se deben debilitar la normativa ni la institucionalidad de control y supervisión de la gestión pública.

Valoración 2

El riesgo de corrupción aumenta al introducirse mayores áreas de opacidad en cuanto a la selección de proveedores, arrendatarios, alianzas estratégicas, entre otras decisiones discrecionales, en un país que en los últimos años está retrocediendo sistemáticamente en las mediciones de transparencia, anticorrupción, en el derecho humano de acceso a la información y la libertad de prensa.

Valoración 3

Se deben proteger la independencia, la integridad y las competencias previas y posteriores de fiscalización de la Contraloría General de la República, como garante en nuestro Estado Democrático de Derecho, de la protección del dinero público y de los procedimientos de control, vigilancia y transparencia en beneficio del conjunto de la ciudadanía.

La reducción de la fiscalización preventiva por parte de la CGR, las auditorias, control interno y capacidad de denuncia y sanción pueden permitir que decisiones administrativas se tomen sin una supervisión adecuada. La falta de supervisión preventiva aumenta el riesgo de que se tomen decisiones administrativas de manera opaca, facilitando prácticas corruptas y la malversación de fondos públicos. La detección tardía de irregularidades limita la capacidad de corregir errores y sancionar a los responsables.

Valoración 4

La CGR debe revisar sus procedimientos de fiscalización de la gestión pública para hacerlos más expeditos y sensibles a las necesidades de la población. La apertura de la discusión sobre el modelo de control se debe aprovechar para identificar técnicamente y co-crear soluciones para esas áreas de mejora, incluyendo una efectiva participación ciudadana.

Valoración 5

Varios principios constitucionales clave, compromisos de convenios internacionales anticorrupción y estándares internacionales OECD, y objetivos de la Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción se ven violentados por la posibilidad de contratos abusivos a largo plazo, el aumento de discrecionalidad y falta de regulación que se pretende para la adquisición de bienes y uso de inmuebles.

Con este manifiesto, CRI responde a los mandatos de sus fundadores y toma la palabra enfatizando un ámbito de enorme importancia como es la defensa de la transparencia, la probidad, el sistema de controles, en tiempos que definitivamente no son de integridad y transparencia en la función pública y aborda inicialmente un conjunto de elementos que tendrían que tener un debate sereno y por los canales constitucionales.

Para mayor información contactarse con:

Correo-e: integra@cr.transparency.org

Web: www.costaricaintegra.org

Facebook: /costaricaintegra

Twitter: @cr_integra

Instagram: @costaricaintegra

Songo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Bernabé, Bernabé le pego a Fuchilanga y Fuchilanga le arrió a Burundanga

Escrito en . Publicado en Análisis.

Lic. Javier Francisco Cambronero Arguedas

Cuando en junio del 61 nacía el presidente Chaves, ya la afamada rumba interpretada magistralmente por Celia Cruz se extendía como pólvora no sólo por el Caribe nuestro, sino además por el resto de América Latina y parte de Estados Unidos.

El título de esta sabrosa y cálida melodía, del músico cubano Oscar Muñoz, nos pone en presencia de un desorden, de un gran desorden sin ton ni son. Digamos, una confusión inútil que distrae de lo verdaderamente importante. Donde Borondongo con pellizcos, empujones y pescozones, carente de ideas y liderazgo, no hace por donde poner orden. De modo que, ante un escenario de semejante naturaleza, ni nuestra energía ni atención se posa sobre lo urgente y lo importante. De manera que una contagiosa y sonora canción caribeña, de orígenes africanos, en su letra nos traslada a un escenario, que resulta hasta violento e irrespetuoso, pues se reparten culpas entre unos y otros sin que nadie sea capaz de reconocer sus propios errores. Esa imagen de empujones, golpes, majonazos, ofensas e infidelidades, se parece mucho a la forma en que quieren conducir mi país.

Todos desearíamos que la patria se pareciera más a una hermosa historia inacabada de éxito y bienestar, que a un baile como el planteado por Celia Cruz, donde los invitados sean Borondongo y sus compinches. No es arriándonos unos a otros como vamos a salir avante. El tiempo continúa su marcha inexorable y no es un bien infinito con el cual siempre podamos contar. Los problemas nacionales se agravan y en el horizonte no se avizoran soluciones a los mismos. Al contrario, quienes fueron llamados a construir soluciones y buscar salidas, pierden el tiempo, se distraen con nimiedades y andan siempre buscando culpables por los yerros cometidos. O peor aun pensando en la campaña electoral que se avecina, sin haber comenzado siquiera a gobernar. Nunca ha sido más necesario que ahora, un liderazgo visionario, producto de sana y adecuada mezcla de conocimiento, experiencia y humildad.

Faltan poco más de 400 días para que el Tribunal Supremo de Elecciones llame a elecciones. Por eso me detengo para compartirles algunas reflexiones en torno a algunos de esos problemas que empiezan a tornarse agobiantes y que desencadenan intensas frustraciones en la ciudadanía nacional, sobre los cuales hay una ausencia mayúscula de lucidez, iniciativa y de humildad para buscar y escuchar consejo. Me refiero: al desorden propiciado en materia ambiental, la indescifrable ruta de la educación semejante a un monumental laberinto y la sangrienta inseguridad convertida en terreno fértil para el narcotráfico y el crimen organizado.

¿Desorden en materia ambiental… es deliberado? La gestión del MINAE en estos dos años ha sido errática, desenfocada y criminalmente omisa. Las últimas semanas hemos sido testigos como arrecian las denuncias ante talas ilegales en áreas de conservación y se movilizan las comunidades defendiendo lo propio. Sobre todo, en el litoral del Caribe sur costarricense, donde el actuar de la municipalidad de Talamanca y el SINAC quedan debiendo mucho y levantando sospechas. Lo cual podría ser la punta del iceberg de la involución que experimentamos en materia ambiental.

Un país que se precia de ser verde, de venderse en el mundo por tantos aciertos acumulados por esta generación y las que nos antecedieron, para convertir al país en un abanderado mundial de la protección ambiental y de la biodiversidad, con un 25% de cobertura boscosa en el territorio nacional, lideres en la búsqueda del carbono neutralidad, generación eléctrica limpia, protección de los mares y océanos, protagonista mundial contra el cambio climático, legislación robusta y existencia de órganos para garantizar una adecuada gobernanza; enfrenta ahora varios peligros, pues instancias de control han sido debilitadas adrede. El SINAC, con las actuales autoridades ha perdido capacidad para salvaguardar la rica biodiversidad que nos ha sido heredada y nos corresponde resguardar. Su debilitamiento y el del tribunal ambiental, constituyen el caldo de cultivo perfecto para que retrocedamos mucho en lo que hemos logrado en los últimos 50 años. Desde mayo de 2022 se han girado nuevas normas, directrices y lineamientos que desregulan al sector y propician una conducta cada vez más desregulatoria en contra del medio ambiente. Controles que se diluyen, mientras sierras, hachas y tractores destruyen manglares, áreas protegidas y quebradas en nombre de un progreso y desarrollo mal entendidos. Guacamayas, lapas, monos y perezosos parecieran estorbar a una nueva ola de turismo invasivo dentro de zonas costeras y bosques protegidos. Grandes camiones con hermosos y robustos troncos circulan ahora por nuestras vías, ahora con mayor libertad, sobre todo en las madrugadas y fines de semana. Valientemente la comunidad del Caribe sur limonense decidió alzar la voz y exigir a las autoridades judiciales, detener la barbarie de investigar a profundidad el otorgamiento de permisos de uso del suelo, otorgados siniestramente por la Municipalidad de Talamanca y autoridades del SINAC. Esta justa y cívica lucha que emprenden las comunidades en contra de odiosos y espurios intereses de empresarios y testaferros locales en la zona, deben servirnos de norte en la protección de nuestros recursos naturales. Un afán desmedido de riqueza que transforma el bosque y la natura para ubicar cientos de casas de descanso, chalet y desarrollos inmobiliarios turísticos para unos pocos, a costa de sacrificar lo que la naturaleza tardó cientos de años para regalarnos una belleza escénica inigualable y hogar de cientos de especies, no debe ser propiciado desde los órganos llamados a ejercer gobernanza y desarrollo de políticas ambientales. Nuestro bosque y fauna silvestre, necesita de aliados y buenos costarricenses que detengan esta barbarie. Estas conductas depredadoras del ambiente que vemos en Gandoca Manzanillo, Cahuita y áreas cercanas, deben ser detenida y no aceleradas como pareciera ocurrir en Talamanca. En el caso de zonas boscosas cercanas a la costa, planes de manejo amañados, permisos municipales fraudulentos y burlas a la legislación ambiental, han dado al traste con la conservación del bosque y la protección del hábitat de cientos de especies de aves, mamíferos, reptiles. El infame debilitamiento de SETENA y el desmantelamiento del tribunal ambiental al cercenarle recursos humanos y materiales hacen que dichas dependencias se atasquen, fallen más de una vez y se tornen torpes y lentas. Ante la comisión de hechos irregulares, indiferencia y desidia de las autoridades competentes, entiéndase ministro, viceministros, directores de áreas de conservación; ha sido el Ministerio Público y la misma Sala Constitucional, quienes nos devuelven la esperanza al frenar ese tipo de atropellos y felonías, al dictar un alto a la tala y destrucción de recursos bióticos. La inacción de SINAC y desacato ante lo que la Sala ha ordenado desde hace 5 años para delimitar correctamente las áreas sujetas a protección y deslindar las que corresponden al ámbito privado y que requieren de algún grado de manejo mínimo, nos hace sospechar, del por qué las autoridades de turno no han actuado apegados a la ley y más bien parecieran plegarse a intereses espurios de jerarcas y empresarios deseosos de vender terrenos con esa naturaleza exuberante, al mejor postor. Ante la codicia y ambición desmedida de algunos y la presencia de funcionarios públicos inescrupulosos, insisto, han sido los tribunales, el ministerio público y parte de la misma Asamblea Legislativa quienes han alertado sobre semejantes despropósitos.

La riqueza natural de nuestro país es para el disfrute de sus hijos, proteger la belleza escénica y conservar nuestra biodiversidad. Nuestra institucionalidad ha actuado para frenar semejantes desmanes y excesos contra la naturaleza e infames formas de enriquecimiento de algunos, que, escondidos taimadamente, pretenden llenar sus bolsillos, sabiendo que les queda poco tiempo. Aquí no hemos visto que esta bronca se la coma nadie en Zapote, donde más bien ha habido un silencio sepulcral. Impulsar nuevos reglamentos en SETENA, flexibilizar normas y proteger intereses del sector constructor agronegocios e inmobiliario, como lo han evidenciado las investigaciones llevadas adelante por parte del Ministerio Público, OIJ y auditorías internas en SINAC y SETENA en el sonado caso COMEJEN, sacan a la luz pública la pudrición y ruindad de algunos pocos a quine pudieron comprar, pero no así hacer mella en el alma del pueblo costarricense que aún resiste y combate la corrupción. Ya hemos visto cómo funcionarios sinvergüenzas, haciéndose de la vista gorda y siguiendo órdenes de quien sabe quién, dejan atrás un estudio elaborado desde 2017 y permiten que arrasen con el 40% del área de humedales, desapareciendo en este lapso 92 hectáreas de humedales en Talamanca. Todo ello ocurre cuando el ministro impulsa una reforma para que desaparezcan órganos del sector y concentrar en su figura, mayor poder y celeridad en los trámites, donde el criterio técnico pasaría a un segundo o tercer plano, y prevalecería el político. Ojo, nos miran nuestros niños y jóvenes de cómo estamos jugando y decidiendo hoy ¡sobre su futuro!

Siempre en materia ambiental y en la forma en que gestionamos el recurso hídrico, hemos sido testigos de la absoluta incapacidad de los jerarcas de turno para lidiar con los problemas de abastecimiento de agua potable para importantes sectores de la población costarricense, que recurren cada vez más a la protesta pacífica al enfrentar severos racionamientos del preciado líquido. La descoordinación a lo interno del AyA y de ésta con Asadas y acueductos municipales, es monumental. Desde noviembre de 2020 quedó listo un empréstito con el BCIE por 399 millones de dólares, que respondia a satisfacer las necesidades y problemas de abastecimiento de aguas en la GAM, Liberia, Limón, Guácimo, Pérez Zeledón, Puntarenas, Alajuela y San Ramón, tras un estudio bien cimentado. Desde finales de 2021, no hay ningún avance en este tema. Miles y miles de costarricenses seguirán padeciendo racionamiento y brutales cortes en el suministro de agua. Allí hay una solución técnica y presupuestaria, solo se requiere de alguien que tome la decisión más acertada y no nos distraiga con tristes y descolorido espectáculo semanales de alaridos, gemidos y ronroneos guturales.

Si hay dos cosas de las cuales los ticos nos jactamos por su impacto en nuestro nivel de vida y valor primordial que le damos, lo son la Caja Costarricense del Seguro Social y la educación. No hay nada más que el costarricense lo sienta como suyo, como propio. Es por ello por lo que en lo educativo la administración Chaves Robles tiene una oportunidad única e inigualable de constituirse en el gobierno que salvó la educación pública o el que dilapidó tan importante e histórica oportunidad. Por lo hecho hasta ahora, el presidente Chaves y su equipo serán recordados por destinar 56 mil millones de colones menos en el presupuesto 2024 para educación. Este presupuesto y el del año anterior está cada vez más lejos del 8% del PIB constitucional. En esta oportunidad el presupuesto para este año equivale a un 5,2% del PIB. Lo cual dramáticamente se traduce en agudizar los ya severos problemas de infraestructura existentes, equipamiento insuficiente, menos contratación de docentes, sobre todo en educación especial, y menos recursos para comedores escolares y transporte estudiantil y escuálidos presupuestos para Juntas de Educación y Administrativas. Durante el periodo 2015-2020 el presupuesto MEP fue en promedio un 25% del presupuesto nacional. Este año equivale a 20,6%, lo cual constituye verdaderamente una tragedia nacional. No atender los graves y acuciantes problemas que enfrenta la educación pública nos lleva al borde del despeñadero y sobre todo segar la posibilidad de formación para miles y miles de niños y jóvenes sobre todo provenientes de zonas costeras y fronterizas. El presupuesto cercenado debe ser restituido en el corto plazo. La brecha digital debe ser atendida satisfactoriamente, hay que limpiar el calendario escolar de tanta actividad pues hay más de 100 y que de alguna manera impacta el desarrollo normal de lecciones. Hay que cuidar la salud mental de profesores y estudiantes, y generar una amplia discusión sobre el currículo y la importancia de la educación cívica en primaria y secundaria. Esta es la mayor empresa que ha de acometer la próxima administración.

En cuanto a la inseguridad -otro de los graves problemas que no ha sido atendido con la diligencia que amerita- hemos sido testigos desafortunadamente estos dos últimos años, han sido los de mayor cantidad de muertes violentas en el país, asociadas al uso de armas de fuego, sicariato y crimen organizado. Curiosamente hay un descenso en robos, hurtos y delitos contra la propiedad, pero en muertes violentas por armas de fuego y femicidios, las cifras son alarmantes. El año pasado más de 900 homicidios y este año las cifras no ceden. Y ahí penosamente se ha dejado de hacer mucho, una omisión casi cómplice y criminal. Ante la inexplicable decisión política de retirar la Policía de Control de Drogas (PCD) desde setiembre del pasado a la fecha, de puertos y fronteras; los decomisos de cocaína han caído en un 55%, o sea 47 toneladas menos, y no es que haya menos drogas trasegadas, sino hemos perdido capacidad operativa para enfrentar el fenómeno droga. La mayoría de las últimas capturas ha sido gracias a operativos del OIJ. Durante este año los decomisos de cocaína, marihuana y sobrevuelos en áreas conflictivas, como Talamanca han disminuido drásticamente, pues no posee además colaboración del Servicio de Vigilancia Aérea, pues allí no disponen de aeronaves suficientes y tan sólo hay un avión activo y 20 pilotos desocupados. Entiendan costarricenses, ¿cuál país en el mundo se da el lujo de luchar contra el crimen organizado y el narcotráfico con una de sus dos manos atadas? ¿Por qué esa decisión irracional de retirar la PCD de zonas fronterizas? El ministro Zamora y subalternos nos deben varias explicaciones. Este cuerpo policial, vital para enfrentar el narcotráfico y sus escuelas, requiere al menos de 100 plazas más, que no las vemos aún por ningún lado. ¿Cuántas vidas más, de víctimas colaterales o de jóvenes y niños serán necesarias ofrendar más para que las autoridades del ejecutivo reaccionen?

Ante este listado de problemas que nos roban la paz y la esperanza, no debemos ceder. El espíritu costarricense de superación y de luchar por un futuro mejor, nos ha marcado por más de 200 años. Ante los desmanes y politiquería con que desde Zapote pretenden gobernar, mintiendo un día y otro también, los órganos que nos representan y sobre los cuales descansa nuestro horizonte democrático, han respondido. Órganos de control como la Contraloría General de la República, la Defensoría de los Habitantes, la Sala Constitucional y el Poder Judicial, imponen el imperio de la ley, aunque al presidente no le guste. Gobernar no es asunto de gustos, es ser consciente de un mandato popular que se delega con un plazo perentorio para la búsqueda del bien y la felicidad de los demás. Desgastarse atacando a la institucionalidad es como emprender una batalla contra molinos de viento. Peor aún cuando se hacen berrinches cual amante despechado.

No es dividiendo al país, pues a nadie conviene esa ruta. El arte de gobernar demanda nuestro mayor esfuerzo y sobre todo ocuparnos de quienes menos tienen. Una persona que guía orienta a toda una nación hace del derecho, el sentido común y su sano juicio, las mejores armas para conducirnos a buen puerto.

A pesar de ser electo en abril de 2022, el presidente Chaves obtuvo menos votos, que Carlos Alvarado (1 200 000 en abril de 2018) y el mismo Luis Guillermo Solís (1 400 000 abril 2014). Sin embargo, gobierna no sólo para el millón de costarricenses que votó por él. Es el presidente de todos, hasta el 30 de abril de 2026.

Presidente, no somos sólo una sociedad que genera pocas oportunidades de empleo, en especial para las mujeres, sino somos una sociedad además donde hay cada vez más violencia. Usted y ambos expresidentes tuvieron que gobernar sin poseer mayoría en el Legislativo. Sin embargo, ellos fueron capaces de encontrar las vías del diálogo y la negociación para sacar avante la tarea.

El tiempo transcurre y es momento oportuno para seguir el sabio consejo de Abambelé “porque entre hermanos se vive mejor”.

14-VII-24

La mejor escritura es la acción de los pensamientos

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Macv Chávez

Esta mañana mi pensamiento decidió cambiar un verso de Leiva, acompañado de otros, para decirme que es tiempo de resurrección y no “de autodestrucción”, cosa que venía haciendo durante un tiempo, desde la inacción y el silencio, pero ya no más, porque es tiempo de reconstrucción, así que ahora no dudaré en “disparar sin adornos”, en prenderle “fuego al colchón que reventó nuestros otoños”, en “rematar sin adornos”, porque hoy me “agarré de la inspiración” para no estar más en esta fosa en la que me introduje luego de una profunda decepción cultural que acumulé con todos los fracasos que he obtenido durante tantos años por andar queriendo hacer algo grande y bueno en la ciudad que me vio abrir los ojos a este mundo por primera vez, porque me niego a aceptar una ciudad tan mediocre (ubicada en el penúltimo lugar en comprensión lectora y último en matemáticas) y peor aún vivir en ella sin hacer nada para mejorarla, así que mientras esté en ella no me quedaré con los brazos cruzados ni los ojos vendados.

Soy consciente de que el mundo gira en los mismos círculos viciosos a lo largo de la historia y que quizás eso nunca cambie, pero también soy consciente que hay sociedades que al menos han podido elevar la dignidad de la vida de su gente a través de la cultura, porque un pueblo culto exige mejores condiciones de vida para toda la población, y para eso no es necesario ser de izquierda o de derecha ni de centro, sino ser humano, tener conciencia, ser persona, y aunque en lo particular yo siempre digo que soy de centro, porque las mejores cosas de la vida se hacen por el centro, pero aun así detesto cualquier bando político que sea miserable y de ejemplos mediocres, como suele ser la izquierda, derecha y centro en el Perú, claro, no puedo esperar más de ellos porque sus ejemplos políticos suelen ser países tiranos, siendo esa una muestra más de su mediocridad. Por ende, si me creo un ser consciente no puedo quedarme de brazos cruzados en la fosa de la depresión social, esa que me ha envuelto desde hace años, pero más profundamente desde aquel lunes 22 de abril, donde la vida me mostraba que tenía que dejar de preocuparme por la masa de esta población ucayalina, porque la masa siempre viene contra la razón, tal cual venía aquel individuo que se metió cual mono que no entiende de carriles ni de respeto a la dignidad de los demás, por ende, aceleraba su motokar en el carril contrario, en contra, a tal velocidad –como una maldita camioneta anoche en Tarapacá- que creo que sí hubiera terminado mi secundaria en la ciudad de Pucallpa sería parte de ese último lugar de comprensión en matemáticas y por lo tanto no hubiera sido capaz de calcular el tiempo y la distancia a tiempo para evadir el inminente choque con el perjuicio de mi persona y no de otras personas, y quizás no estaría contando esta historia que pide salir de mí como una ametralladora, porque como ya lo dije: “es tiempo de resurrección”, debido a que aquel día morí y me quedé en silencio, sin ganas de hacer absolutamente nada por esta ciudad, gracias a la realidad que te da contemplar como las cosas se hacen por acto de corrupción y no por amor a la cultura o a ser mejor persona, logrando llevarme una profunda decepción de personas que pensé que eran más conscientes con la sociedad, con la realidad nacional, con la vida y la necesidad del pueblo, creyendo vital e importante la necesidad de formar a la población de manera intelectual, con dignidad humana y no a través de actos de corrupción, pero no el hambre es más poderoso que es mejor quedarse callados y de brazos cruzados.

Desde ese momento entré en un serio conflicto con todas las ganas de hacer eventos culturales en esta ciudad, al punto de que la muerte era más dulce que la realidad, tanto que casi decido quedarme profundamente en silencio, como quién espera la muerte, recordando que desde que anuncié que en las Olimpiadas Literarias somos anticorrupción, luego de que algunos directores y profesores se atrevieron a insinuar a terceras personas que las Olimpiadas Literarias era un negociado con la DREU o la UGEL, dando como resultado que nadie más volvió a preguntar sobre ella, dejándome con el penoso resultado de más de miles de estudiantes en ocho grados solo 4 estudiantes de dos grados distintos inscritos, o sea, las Olimpiadas Literarias fue un fracaso, cosa que me dio una profunda pena y me llevó a la decepción total de mi lugar natal, donde he vivo perdiendo tiempo, dinero, pero sobre todo vida, una vida absolutamente desperdiciada al enfocarme en las masas, desperdiciada en un deseo de cambiar esta lamentable realidad cultural de los estudiantes, donde nos encontramos con directores que no saben ni leer bien o expresarse, con profesores que andan pidiendo coimisión por venta de libros, donde nos encontramos con maestros casi analfabetos, que no leen, que no piensan, que no razonan, que su palabra no tiene ningún valor, que dicen que hacen leer libros a sus estudiantes, pero cuando uno visita a esos estudiantes no tienen capacidad neuronal, menos intelectual, donde no aprenden ni las más mínimas reglas de urbanidad, o sea, con una realidad que uno dice: “comprendo perfectamente por qué ocupan esos últimos lugares en las encuestas”, quedándome de esa manera repugnado de los título universitarios, más que antes, porque lastimosamente el problema de la educación no solo es del ministerio de educación, ni de la DREU, UGEL, directores, profesores, estudiantes, dueños de colegios,  sino también de la casa más importante de la intelectualidad nacional: la Universidad, esa que me hace preguntar: ¿Qué carajos de intelectuales está pariendo? ¿De esos que se quedan callados antes las injusticias educativas y protestan para que les suban el sueldo sin elevar la intelectualidad educativa? ¿De esos que permiten que los mediocres tomen el poder de las escuelas y que se creen mafias donde se hacen destrozos a las arcas estudiantiles? ¿De esos que piensan en terminar las clases y liberarse de los estudiantes? ¿De esos que llenan papeles tras papeles para justificar el pago mensual, cual máquinas que ingresan órdenes de compras a dedo? ¿De esos que reciben capacitaciones de los amigos de los amigos que trabajan en las instituciones competentes de la educación y que no son más de su mismo nivel intelectual, e incluso peor que ellos? ¿Qué clase de malditos intelectuales estamos teniendo en las universidades que cuando salen terminan siendo parte de la larga lista del yoísmo de la estupidez y no ese Yo universal que nos coloca en igualdad a todos por cuestión de dignidad humana? ¿Qué nos está pasando a los seres humanos que nos estamos quedando de brazos cruzados ante tantas injusticias sociales y robos a la dignidad humana?

Debo confesar que esta depresión social me estuvo matando silenciosamente, porque el silencio ante la realidad es una muerte profunda y despreciable, sobre todo cuando no es un silencio de ocio o meditación, sino de profundo silencio, como la muerte, de plena inacción, porque  sí nos queremos llamar persona nos podemos quedarnos jamás de brazos cruzados antes la lamenta realidad de la dignidad humana, sino que debemos luchar para que sea para todos y no para unos pocos, por eso, es importante hacer algo para las próximas generaciones no crezcan con mayor mediocridad que la nuestra, porque ser persona es más que ser un animal racional (ya sea un animal de costumbre, animal salvaje o animal doméstico) que cuenta con la capacidad de razonar pero que no la usa, o sea, ser persona es ser alguien que tiene y vive desde la conciencia, y la conciencia es esa acción que trasciende entre el bien y lo mejor, por ende, elige siempre entre el bien y lo mejor y jamás entre el bien y el mal, porque el mal por conciencia, por vida, por dignidad, queda siempre descartado, por ende, se es consciente no como la imagen de la justicia que se venda los ojos para no mirar a quién juzga, cosa que me parece una profunda hipocresía y estupidez humana, como la que contemplé en la panda intelectual de mi ciudad natal, donde quizás unos cuantos, que no son tan famosos como otros, pueden salvarse; pero es minoría cansada y de brazos cruzados, así que creo que lo mejor es que llegó el tiempo de revivir las palabras de Gonzales Prada: “Los viejos a la tumba y los jóvenes a la obra”, porque nos encontramos -en mayoría- con una “intelectualidad” jubilada, impotente, incapaz, que ya solo piensa en beber, comer, algunos placeres de la vida y cuidarse de los achaques de los años, porque ya no se les para el sueño de la revolución, sino el corazón, quedándose sin pensamientos para un aporte real al cambio cultural de la ciudad, por ende, esos jubilados seguirán haciendo lo mismo de siempre, como una forma de recordar que alguna vez hicieron algo, casi como suelen contar sus historias: la misma historia sin recordar que es más de lo mismo, recordando su vida como grandes hazañas para no sentirse muertos, cosa que carece de análisis, porque sí hacemos un profundo análisis podremos ver que no tiene ningún fruto, porque se convirtieron en árboles estériles, en ídolos venerados por nada, cosa que me causa preocupación y pena, porque es una mayoría intelectual fracasada, egoísta, sobreviviente, pero tan soberbia como para reconocerse conformista como la idiosincrasia ucayalina, y por eso es que seguimos teniendo tanto estiércol que nos gobierna a lo largo de tantos años, desde los gober-adrones hasta los alcaldes que terminan pasando por las arcas del pueblo para vaciarlas en sus bolsillos; y ni qué decir de tantos esclavos bajo el poder de la formación educativa y cultural de la población, esos que obedecen a sus amos del poder y todo para que sigan formando en ese conformismo de mediocridad y corrupción, dándonos como resultado ese indiscutible penúltimo lugar en comprensión lectora y último en matemáticas, así como una sarta de profesionales y educadores más mediocres que uno que no tiene título universitario, o sea yo y otros tantos que he conocido con más honor que un titulado, por ende, pienso que es indispensable que se levanten las nuevas generaciones y que den de baja a los que han intentado hacer muchas cosas sin lograr nada, ya tuvieron su oportunidad pero deben jubilarse, porque es tiempo de lograr cosas reales y no sueños ni fracasos, esos que solos los mediocres no son capaces de decir tal cual es: “he fracasado”, y que se refugian en un “al menos hemos hecho algo”, sin importar que sea un fracaso, cosa que me parece repugnante, porque siempre me puse a pensar en esa frase que dice: “de buenas intenciones está lleno el infierno”, claro, porque son esas mismas buenas intenciones que se escuchan en los discursos políticos en tiempos de postulación y que nos tienen en tan miserable realidad nacional, y por eso digo que necesitamos urgentemente crear una movida cultural, una verdadera movida cultural, una que siembre y dé buenos frutos, porque es tiempo de salir de este círculo vicioso que nos tiene tan sumidos en la mediocridad y corrupción; por ende, es tiempo de exigir a los profesores y directores que dejen de hacer leer obras solo porque se ganan su coimisión o porque son obras que no necesitan leer, porque alguna vez ya lo leyeron, o porque consideran que un libro de autoayuda o extranjero les puede ayudar más que uno que pueda crearles identidad o –como a mí- que les haga decir que hay buenas ideas todavía en obras mediocres y por ende todavía tenemos que seguir exigiendo cosas mejores, para tener mejores intelectuales, así que por eso también es tiempo que los profesores dejen de andar generando desesperación y pérdida de dinero innecesario en los padres, a quienes mandan a buscar de un lugar a otro obras que están fuera del mercado, obras que hace años no se publican, obras que solo se pueden encontrar en piratería, incentivando así la delincuencia, introduciendo la corrupción, la deformación humana en el subconsciente de los estudiantes, cosa que me parece preocupante y me hace decir dejémonos de prácticas mediocres y aterricemos más en nuestra realidad para analizarla, cuestionarla, mejorarla, tengamos más conciencia de la realidad, porque necesitamos leer, pensar, analizar y debatir más para cambiar ese conformismo intelectual en el que nos encontramos sumergidos, y para ello también es indispensable exigir a la Dirección Regional de Educación de Ucayali (DREU) que se deje de hipocresía, fanfarronería y esclavitud, así como de espectáculos baratos o mediocres para decir que hacen algo a favor de la educación ucayalina, porque el principal problema de la educación es su anemia mental y no la anemia física de los estudiantes, por ende, necesitamos que los estudiantes dejen de perder clases por cosas estúpidas, por pan y circo, por cosas superficiales que no les beneficia en nada su intelecto, está bien que el ministerio de educación tengan anemia intelectual, porque no puede hacer nada trascendental para la educación, pero no sigan derramando ese fruto en las escuelas, son tiempos donde se pueden cambiar las cosas sí tenemos voluntad, pero no, eso jamás va a pasar, jamás vamos a poder decir “Ucayali Lee” con orgullo, porque son esclavos de la autoridad de turno y deben obedecer a sus amos y por ende cumplir con esas órdenes que suma a más mediocridad y corrupción, pero bueno, no espero que ustedes cambien, pero sí los estudiantes, para que sean ellos los que hagan la lucha que ustedes no pueden, por ende, seguiré apuntando cada día a esa movida cultural, porque esta es una guerra contra la anemia intelectual, contra la mediocridad, y sí, yo dije que me jubilaba, pero hoy decido hacer de mi jubilación algo productivo para las siguientes generaciones intelectuales, y por tal razón convoco a todos aquellos estudiantes que llaman “Mal Educados” a unirse a este proyecto que busca desde las escuelas hacer críticas, denuncias, comentarios, exposiciones y más de las cosas buenas y malas de sus instituciones educativas de forma anónima para que otros sepan que ustedes podrán no tener una buena educación, pero los pocos que resaltan intelectualmente tienen voz, saben protestar, saben querer algo mejor, porque saben despreciar la mediocridad instauradas en sus escuelas, así que les invito a este proyecto cultural que se llamará: “Mal Educados”, y pronto daremos noticias; así que autoridades educativas creo que ya es tiempo que se dejen de andar refugiarse bajo las faldas de los padres irresponsables que no aportan a la formación de su hijo y de que los estudiantes no leen, así como de andar diciendo que está prohibido obligar a los estudiantes a comprar libros porque los padres les pueden denunciar, cuando existen instituciones educativas donde profesores que han publicado libros realizan esta práctica sin ningún problema (así que les invito a visitar el blog de Los Mal Educados que pronto saldrá); y nadie les dice nada, nadie les sanciona, de lo contrario, muestren al público en general esas sanciones, porque claro, la coimisión silencia tanto como el yo no te jodo ni tú me jodes, prácticas que se han instaurado en las instituciones educativas como normas de buena conducta, así que es tiempo que depuren estas prácticas y se dejen de hipocresías; y por esto también creo fehacientemente que también es tiempo de exigir al ministerio de educación que se deje de tanta hipocresía y descaro con la lectura de obligatoria de Arguedas en las escuelas, ya son 17 años de plan lector y es infructífera ese amarre con el tema de Arguedas, como sí no existieran otros intelectuales más, cuando hay tantos otros que nos pueden ayudar a ampliar el panorama intelectual y sobre todo que nos invitarán a dejarnos de nutrirnos del odio y resentimiento que genera una constante lectura de Arguedas y peor aún con profesores mediocres que no entiende el sentido de su existencia ni profesión, porque nos muestran una miseria que sigue constante en la sociedad, una miseria que nos produce asco, rabia, cólera, odio, así como también nos conduce a un suicidio colectivo, donde o bien terminas como dicho autor: suicidándote, escapando de la vida, o bien terminas olvidándote de lo social para sobrevivir ante tan deprimente realidad: como termina la mayoría de dizque intelectuales hoy en día, para poder sobrevivir al hambre y la sed de la aceptación y el dinero, cosa que no va a cambiar hasta que nos dejemos todos los intelectuales de ser como la imagen de la justicia: ciega, recordándonos a esa asquerosa gente de pensamiento político de centro, la que debería ser la ideal, porque debería equilibrar ambos pensamientos que no son malos en sí mismos, sino en su mediocridad que las gobierna, pero no, eso no pasa y, por contrario, es la que se acomoda al poder tal cual suelen acomodar la balanza y la espada en la estatua de la justicia: donde la balanza, donde se mide la riqueza, va en favor de la derecha y la espada en favor de la izquierda, o sea, a uno se le entrega riqueza mientras que a los otros se los apuñala o mata de hambre y sed, con pobreza, o viceversa, sí el gobierno es de izquierda, siendo la estatua un mensaje subliminal de la política y por ende de la justicia política que se imparte en un país, por ende, es indispensable que dejemos de hacernos los ciegos para juzgar realmente con objetividad, para dejar de andar con los brazos cruzados ante esta lamentable realidad que tenemos, porque hay que mirar el delito para castigarlo, para sancionarlo, para desaparecer las malas costumbres sociales mirándola de frente, tal cual se enfrenta al enemigo de la lamentable realidad que tenemos, y por eso hoy quiero hacer extensa mi invitación a toda persona que está harta de tanta mediocridad y miseria nacional para que sigamos juntos y separados en este objetivo, porque es tiempo de comenzar una revolución intelectual para cambiar esta penosa realidad, y por eso debemos empezar a formarnos con conciencia, a protestar y denunciar toda la mediocridad y corrupción que no nos permite crecer ni desarrollarnos como persona y menos como sociedad, por eso es tiempo de dejar las viejas prácticas para hacer cosas nuevas, cosas que den frutos, que nos ayuden a mejorar como sociedad y no a vivir esclavos, esclavos como lo está el ministerio de educación por una cúpula de personas de familias aristocráticas que son los que eligen la malla curricular de los estudiantes para seguir creando máquinas y herramientas de trabajo, inutilizando a los buenos maestros, porque su fin es tener mano obrera barata, profesionales borregos, intelectuales putas, esos que finalmente terminan siendo esclavos de los Robiernos de turno, hasta terminar siendo ciegos o cómplices de todos los actos de corrupción que sus amos, sus jefes políticos, les ordenan, simplemente porque no tienen el valor de la dignidad humana, porque el miedo nos gana cuando tenemos mucho que perder, cuando nos sentimos solos en una lucha que no da ningún fruto, porque la revolución no es de una persona, sino de un pueblo, por ende, no podemos permitir que la corrupción y la mediocridad local y nacional se siga expandiendo interminablemente, a tal punto que será necesario la muerte para darnos cuenta que hemos vivido como animales de costumbres, como animales domésticos, como animales salvajes, antes que como personas, porque finalmente solo intentamos sobrevivir a los tiempos duros de la vida, puesto que jamás hicimos nada para cambiarlo, cosa que yo no quiero para mi vida y mi existencia, y por esa razón hoy decido resucitar para juntarme a todas aquellas personas que quieren luchar desde el día a día, desde las cosas sencillas contra toda esa movida cultural de la mediocridad que me hace decir que es tiempo de mandar a la tumba a la viejas prácticas, para hacer nuevas cosas a favor de la dignidad humana, porque mientras todos no hagamos nada, ese quietismo nos continúa asechando como un delincuente lo hace ahora en las calles y en los poderes del estado, esperando nuestro descuido para asesinar nuestros sueños y esperanzas, para matar nuestra razón y conciencia, para acabar con nuestra vida en vida, para dejarnos minusválidos, incapaces de pensar, razonar y protestar, incapaces de decir “los viejos a la tumba y los jóvenes al poder”.

NOTA: Quiero recordar que aquí hago mención a la masa de estas nefastas prácticas mediocres cuando critico a los maestros, autoridades e instituciones del estado competentes, y a los intelectuales, así que espero que nadie me escriba con resentimiento ni rabia ni tome a pecho las cosas, porque aquí hablo de forma general de esos seres que son el problema de la sociedad, de los mediocres, de los corruptos, de los ladrones, de los delincuentes, de los descerebrados que tenemos en las instituciones del estado y que debemos depurar, criticar, denunciar, porque solo así podremos mejorar nuestra sociedad a una más digna, así que quien se sienta aludido por esos calificativos no es problema mío, sino de su consciencia y no de mis palabras, porque no estoy sindicando a nadie específicamente, así que, en vez de tu resentimiento, espero tu acción para cambiar esta lamentable realidad cultural que tenemos, antes que una reacción absurda, porque de lo contrario ya sabrás hacia dónde apunta tu pensamiento y por ende tu acción. Así que gracias por leer hasta aquí, y como dijeron algunos poetas que admiro: “¡Qué viva la revolución!”

Compartido con SURCOS por el autor.

El Caballo de Troya del Referéndum, ¿más que una fábula?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

Más allá de si el Caballo de Troya respondió a la realidad histórica de la antigua Grecia, que recuerda el relato de la estrategia desarrollada por los Aqueos para introducirse en la ciudad fortificada de Troya; es la figura mítica, legendaria, que se sigue usando para indicar la forma en que alguien o un grupo, pretende sorprender a otro en combate, o a una sociedad, para sorpresivamente dominarla, o destruirla.

Se le considera al Caballo de Troya un medio de combate, una máquina de guerra. Otros, la consideran un engaño destructivo presentado de manera agradable, de graves consecuencias; una técnica estratégica de negociación y militar basada en la mentira.

En la literatura clásica griega la guerra de Troya duró nueve años. Odiseo planeó la idea del caballo de madera, donde se metería un contingente de guerreros, encargado de sorprender a los habitantes de Troya mientras dormían, una vez introducido dicho caballo en su ciudad fortificada.

La causa de la guerra de Troya fue el secuestro por parte de Paris, de Helena, esposa del rey de Esparta, la mujer “más bella del mundo” así considerada entonces.

Pues bien, nuestra Helena, es la democracia costarricense. El gobernante recién llegado es Rodrigo, quien considera que Helena, equiparable a la democracia nacional, fue secuestrada y violada reiteradas veces, por grupos corruptos que gobernaron el país antes que él; por lo que él, como caballero andante medieval, quiere liberar a la sociedad, al país, de esas malas prácticas gubernativas del pasado.

Como guerrero noble que se cree, ha declarado sus batallas, sus guerras, sus broncas, y ha salido de la guarida de jaguares que le rodean, como el mejor de los caballeros, buscando el amor de su Helena, la democracia, y la aprobación de su pueblo, por quien clama que no le dejan gobernar en su favor.

Rodrigo, el jaguar alfa, inhabil por su incapacidad para gobernar, idea formas de facilitar su ejercicio gubernativo. Ataca a las instituciones políticas de la administración, acusándolas de que no le permiten gobernar; a los grupos opositores y críticos de su mala gestión, a los medios de prensa que exhiben constantemente sus falencias o errores, a las instituciones jurídicas que le traban su forma de querer gobernar sin controles administrativos y de realizar negocios públicos de manera directa, sin previos controles sujetos a la legalidad que se debe seguir.

El discurso de batalla del jaguar Rodrigo ha durado dos años, especialmente contra la Asamblea Legislativa, encargada de hacer las leyes y contra la Contraloría General de la República, encargada de vigilar la hacienda pública, en sus negocios y trámites presupuestarios, dispuesto a acabarlas en los próximos doce meses, plazo en que debe funcionar la campaña electoral que gire alrededor de la convocatoria y ejecución del Referéndum, si se le aprueba, y de la campaña electoral nacional que le sigue hacia las elecciones presidenciales y parlamentarias del 2026.

Con menos de 10 diputados, sobre 57 del cuerpo legislativo, no tiene casi ninguna posibilidad, por sus ataques constantes a los legisladores, de realizar alianzas o acuerdos para la aprobación de sus proyectos de ley. Por ello, se ha inventado, a última hora, la idea de su Caballo de Troya, que ha adquirido la forma de la convocatoria de un Referéndum, hablándole a sus súbditos, que en tanto los diputados no le sirven para aprobar proyectos de ley, lo haga el pueblo directamente, mediante la instancia del Referéndum.

En este sentido ha enviado a la Asamblea Legislativa un llamado proyecto de “Ley Jaguar para impulsar el desarrollo de Costa Rica”. Como en toda fábula hay animales, en ésta, un jaguar, que se arropa de Poder Ejecutivo, acuerpado por un recién refundado partido político llamado “Aquí Costa Rica Manda”, ya se ofreció para recoger las casi 200.000 firmas que necesita para imponer, por esta vía el resultado del Referéndum. En esta dirección se han colocado vallas publicitarias preguntando dónde hay que firmar y llamando a firmar este Proyecto de Ley, y generar antes de que se apruebe el Referéndum, un ambiente político electoral y partidario a favor de los jaguares de Zapote, y las organizaciones electorales que impulsan.

La convocatoria del Referéndum se ha canalizado en dos vías. La de la recogida de firmas, solicitada por el esposo de la diputada Pilar Cisneros, principal figura y vocera parlamentaria del gobierno del jaguar, ante el Tribunal Supremo de Elecciones, y por la presentación de un Proyecto de Ley ante la Asamblea Legislativa, procurando apoyo de 29 diputados, y para el trámite legislativo correspondiente, en caso de que no sea recibido para su trámite de formación de la ley, mediante convocatoria de Referéndum, por parte de los parlamentarios.

Así, la Ley Jaguar, que se ha enviado a la Asamblea Legislativa y al Tribunal Supremo de Elecciones, para sus respectivos trámites, es un documento que propone cambios o reformas a cuatro leyes de la República.

La primera solicitud son reformas a los artículos 4, 11, 12, 17, 22, 38 la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, Ley N°7428 de 04 de noviembre de 1994 y sus reformas.

La segunda es la reforma al artículo 9 de la Ley de Control Interno, Ley No. 8292 de 4 de setiembre de 2002 y sus reformas.

La tercera es la reforma al artículo 67 de la Ley General de Contratación Pública, Ley N°9986 27 de mayo de 2021 y sus reformas.

La cuarta es la de reformar al artículo 5 bis de la Ley Orgánica de JAPDEVA (Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica), Ley N°3091 de 18 de febrero de 1963 y sus reformas.

De conformidad a la técnica legislativa, y sus trámites parlamentarios, son cuatro propuestas de reformas, a incisos o artículos de cuatro leyes en particular, presentadas en un solo documento. ESTE ES EL ENGAÑO, ESTE ES EL CABALLO DE TROYA, para la convocatoria del Referéndum, haciendo ver que es un ÚNICO documento, con un conjunto de reformas. La realidad es que se deben convocar CUATRO referéndums para someter a su aprobación o rechazo por cada una de estas propuestas.

A nivel legislativo, del recibo de la propuesta enviada por el jaguar de Zapote y su Ministra de Planificación Nacional y Política Económica, la jaguar, o la jaguara, Laura Fernández, debe entenderse que son cuatro proyectos de ley individuales, que así deben tramitarse, desagregando el documento presentado para el estudio técnico de cada proyecto y para determinar correctamente su estudio en la Comisión Legislativa que verdaderamente le corresponda. No vaya a suceder lo que ocurrió con la Ley 4-3 que la estudió una comisión legislativa, que por su naturaleza no le correspondía, lo que contribuyó a su nulidad por la Sala Constitucional.

Es claro que los proyectos de ley sometidos a su trámite deben enviarse a comisiones especializadas. NO a cualquier comisión parlamentaria solo para facilitar su inicial aprobación, y atender, en comisión, las consultas obligadas y consultivas de cada caso de reformas legales que se propone.

El Tribunal Supremo de Elecciones, en el supuesto que haya recibido la solicitud del Referéndum sobre el mismo documento, rubricado por los jaguares mencionados de Zapote, debe proceder de la misma manera, verificando además, si un particular, como el periodista Edgar Espinoza, esposo de la jaguara legislativa Cisneros, exaltado por el presidente como “ciudadano distinguido”, está autorizado para solicitar, a nombre del Presidente y de la Ministra, ese trámite de Referéndum ciudadano, por la recolecta de firmas, o si solo actuó como mensajero, llevando el documento de la guarida de jaguares de Zapote a la sede del TSE.

Si lo hizo a título personal, habría que determinar si es otro proyecto de convocatoria de Referéndum, el del esposo de la jaguara parlamentaria, a diferencia del convocado oficialmente en la Asamblea Legislativa por los jerarcas del Poder Ejecutivo. Es parte de la estrategia del Caballo de Troya que se está usando para engañar al pueblo, a los ciudadanos, a los electores.

La idea de la doble petición de Referéndum, además de la amenaza y presión hacia los diputados, es que si no se puede por una vía, se intente por la otra.

En cuanto a la estructura de esta fábula política de los jaguares de Zapote me recuerda la fábula del asno disfrazado de león, en este caso de jaguar. Narra la fábula que un asno se vistió con una piel de león, en este caso jaguar, que encontró en el camino. Al verlo los animales se asustaban y huían hacia la espesura del bosque, provocando gran miedo en toda la región. Así, el asno era respetado, muy temido, orgulloso, vanidoso y se paseaba con vigor y fuerza por toda la selva.

La esencia de las propuestas, entre otras, del Jaguar de Zapote, ante la Asamblea Legislativa y el Tribunal Supremo de Elecciones, es debilitar la función fiscalizadora de la Contraloría General de la República, quitar su función de revisar la legalidad de los procesos de contratación antes de que sean ejecutados y que su control se haga después de que se concreten; es quitarle a la Contraloría la facultad de suspender un contrato cuando detecta irregularidades o ilegalidades y que eso se haga solo bajo órdenes judiciales; es darle al Poder Ejecutivo la facultad de contratar sin concursos públicos con contrataciones a dedo, y facilitar la inclusión de bienes inmuebles del Estado sin licitaciones públicas.

La Contraloría General de la República es una institución surgida en la Constitución Política de 1949, aprobada por el Poder Constituyente Originario, el que redactó la Constitución. De acuerdo a la teoría y doctrina del Derecho Constitucional, por vía de reformas constitucionales, no se pueden hacer modificaciones a la Constitución que vayan en detrimento, en rebajo, disminución, supresión, en debilitamiento, en nulidad de normas de control para el ejercicio y funcionamiento de instituciones como la Contraloría General de la República, que los constituyentes establecieron; ni tampoco procede traspasárselas o atribuírselas a otros órganos públicos, porque son funciones propias, indelegables y exclusivas de quien las tiene, la Contraloría General de la República, como son propias las funciones de los Poderes Públicos. La organización política y económica del país tampoco puede ser cercenada por la vía de una reforma constitucional como la que pretende el Poder Ejecutivo, puesto que se alteran funciones de la Contraloría General de la República que tiene de vigilancia en este campo. La competencia de la Contraloría no puede ser alterada por una reforma constitucional de carácter negativo, reduccionista o eliminatoria de sus controles obligados. El rango de la funcionalidad constitucional de esta institución es equivalente al de los Derechos, Libertades y los Derechos Humanos, de las personas y ciudadanos, que solo pueden modificarse positivamente, para enriquecerlos y fortalecerlos. De esa manera, funciones de control NO se pueden eliminar, para debilitar las fortalezas de la Contraloría General de la República.

La propuesta que hace el Poder Ejecutivo sobre JAPDEVA choca con la Constitución Política, puesto que en esa propuesta se facilita la formación de un monopolio.

La propuesta de la guarida de jaguares, suponiendo que tiene apoyo de todo el Gabinete, solo quiere desmantelar las competencias y funciones de la Contraloría General de la República. Es abrir los portillos para una administración de “manos libres” en todo negocio público, sin transparencia alguna. El ente contralor, con sus funciones, procura garantizar que en los procesos administrativos se ejerzan y ejecuten con el mayor apego a los procedimientos y reglas, de conformidad con la Constitución Política, las Leyes de la República, los principios de legalidad, ética y transparencia.

En el proyecto de ley no hay nada que justifique una visión de desarrollo de Costa Rica.

La forma cómo están presentadas las dos acciones, ante la Asamblea Legislativa y el Tribunal Supremo de Elecciones, para convocar el Referéndum, están mal planteadas y posiblemente sean rechazadas en ambas instancias, no por oposición por sí al Poder Ejecutivo, sino porque no corresponden las formas y trámites para su correcta aprobación. Fue tan solo una maniobra para intentar convocar el referéndum.

La misma solicitud hecha al Tribunal Supremo de Elecciones, por su trámite puede orientar que este Poder del Estado consulte, previamente, a la Sala Constitucional sobre su pertinencia o a Servicios Técnicos Parlamentarios, sobre el procedimiento legislativo que se le dará a la propuesta hecha, antes de decidir si avala la convocatoria al Referéndum.

El Caballo de Troya del Gobierno se orienta a provocar la discusión que se ha desatado en torno a la viabilidad del Referéndum, por una parte, y por otra, a preparar el ambiente hacia el debate electoral de la campaña nacional presidencial y legislativa del 2026.

Para el gobierno esto ya empezó, tomó la iniciativa. El Referéndum es su mejor pretexto. Ya está en el debate político y proyectado electoralmente hacia el 2026. El Partido “Aquí Costa Rica Manda” ya se ofreció públicamente a mediar para la recolección de firmas. Nadie se lo puede impedir ni a ese partido ni a ningún otro. Lleva esa ventaja. Gane o pierda en la recolección de firmas, sea porque se anule la convocatoria del Referéndum por procedimiento de convocatoria en el Tribunal Supremo de Elecciones, en la Asamblea Legislativa, o en la Sala Constitucional, el gobierno levantará la bandera de que se lo impidieron, que le anularon a los costarricenses su posibilidad de pronunciarse, decidir por sí mismos y actuar de manera directa, quedándoles el único camino de las elecciones del 2026, para lo cual no solo se requiere ganar las elecciones presidenciales, sino obtener una mayoría parlamentaria, para darle continuidad al actual gobierno en los planes y políticas, que según su cantaleta favorita no le han dejado realizar a favor del pueblo, que dice representar. Esta es su ventaja por ahora, sin realizar el Referéndum.

Los movimientos sociales deberían estudiar y actuar si es del caso, para impulsar, en caso de la convocatoria legislativa, que se amplíe el Referéndum con Proyectos de Ley orientados a aprobar Convenios Internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, necesarios para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los ciudadanos, trabajadores nacionales y extranjeros en Costa Rica, que el país aún no ha aprobado, y otras disposiciones atinentes a la protección de los Derechos Laborales, Sociales y Humanos, que por esta vía se puedan someter a su aprobación, para mejorar la calidad y expectativa de vida de los costarricenses.

A la par de esta gestión, ya introdujeron de nuevo en la corriente legislativa el proyecto de ley de las Jornadas esclavistas de las 12 horas diarias. Ha pasado casi inadvertido por la convocatoria importante del Referéndum que actúa con esa función de Caballo de Troya, de gran distractor de otros temas nacionales, políticos y legislativos, para actuar a la sombra de la ciudadanía desde otras trincheras.

La jornada de las 12 horas, el gobierno había anunciado que la metería a Referéndum. Por ahora la sacó del Referéndum y la metió de manera ordinaria en el trámite legislativo. Es otro frente de combate. El Caballo de Troya del Referéndum por un lado y las jornadas de 12 horas por otro.

NO HAY QUE DESCUIDAR LOS FLANCOS. A nivel legislativo ya habían logrado un alto consenso con esta ley de las 12 horas. Este proyecto legislativo es como si hubieran soltado simultáneamente otro Caballo de Troya en el Parlamento, con la complicidad de quienes tienen que cuidar esa fortaleza legislativa.

Si se va al Referéndum que sea por una buena realidad, no por una fábula…por una mentira, por un engaño perversamente orientado.

Que el caballito de madera del gobierno no sirva para engañar al pueblo.

 

Compartido con SURCOS por el autor.

Morena en México es mucho más que el color de la piel

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Así se siente México, así se siente México

Así como unos labios por la piel

Así te envuelve México, así te sabe México

Así se lleva México en la piel.

Alberto Salom Echeverría

El color moreno de la piel…

Es un reflejo de siglos de imposición y explotación de una cultura machista, patriarcal, de superposición de una minoría blanca que desde la colonia estableció la supremacía de las instituciones coloniales, y que, ni la independencia, del dominio español, gloriosa como fue, ni la propia revolución mexicana de contenido agrarista, la primera del siglo XX, que estalló en 1910, aunque produjeron cambios muy significativos y trascendentales, lograron acabar con la injusticia social, la corrupción en la política y la explotación en lo económico junto con la enorme concentración de la riqueza que se fue acrecentando a lo largo de la centuria pasada, así como su contraparte la pobreza y desigualdad social; tampoco se logró poner freno a un estilo de desarrollo, de corte capitalista, que vendría después, cimentado en la grave degradación del medio ambiente.

En América Latina, el color moreno de la piel resalta en la inmensa mayoría de la población trabajadora y tantas veces ultrajada; uno de esos países, de los más connotados es México. Ese tono de la piel no solamente es característico de los pueblos originarios, en distintas gradaciones es propio también de los criollos, que fueron producto del mestizaje, como el que se produjo entre la población originaria al mezclarse con la caucásica europea; igual que entre poblaciones negras y blancas, por ejemplo. Asimismo, ese matiz moreno oscuro distingue a los afrodescendientes que fueron traídos a América para ser sometidos como esclavos de la colonización española. Los pueblos originarios y muchos criollos experimentaron los trabajos forzados, viéndose reducidos durante la colonia por medio de instituciones como las mitas y encomiendas. Todos son, en diversos matices morenos.

¿Qué es MORENA?

En México, en el 2011 se funda como producto de una escisión del Partido de la Revolución Mexicana (PRD), el Movimiento de Regeneración Nacional, mejor conocido como MORENA, cuyo principal fundador e inspirador ha sido el actual presidente de la nación mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO); empero, ahí estaba desde el inicio, la nueva presidenta de México, la primera en doscientos años, Claudia Sheinbaum, como un claro indicio de la presencia de la mujer persiguiendo condiciones de igualdad con el hombre en el desenvolvimiento de la vida social y política, económica y cultural.

Desde la misma introducción de los estatutos de MORENA, cuando se constituyó en partido político se estipuló claramente que “MORENA es un partido político de hombres y mujeres libres de México que luchan por la transformación pacífica y democrática de nuestro país. Nuestro objetivo es lograr un cambio verdadero, es decir, que se garantice a todas las y los habitantes del país una vida digna, con derechos plenos; que se realice la justicia, se viva sin temor y no haya exclusiones ni privilegios. Un cambio de régimen como el que proponemos significa acabar con la corrupción, la impunidad, el abuso del poder, el enriquecimiento ilimitado de unos cuantos a costa del empobrecimiento de la mayoría de la población. Un cambio verdadero supone el auténtico ejercicio de la democracia, el derecho a decidir de manera libre, sin presiones ni coacción, y que la representación ciudadana se transforme en una actividad de servicio a la colectividad, vigilada, acompañada y supervisada por el conjunto de la sociedad. Un cambio verdadero es hacer realidad el amor entre las familias, al prójimo, a la naturaleza y a la patria.” (Cfr. www.dof.gob.mx/2019/INE/estatuto_morena.pdf).

Por esos principios establecidos es que, MORENA es mucho más que el color de la piel.

El cambio cultural que se pretende.

La cultura mexicana es una fuerte, abigarrada y poderosa manifestación de la vida social, política y económica, en la que la indiscutible hegemonía del colonialismo español primero, y de los círculos dominantes posteriormente en la vida republicana, hubo de vérselas desde su origen con la sólida expresión de la voz de los pobres y de los humillados.

La presencia de los desvalidos como una fuerza de resistencia en la historia de México fue de tal envergadura, a lo largo de cinco siglos y lo que llevamos del presente, que se convirtió en un sólido bastión cultural para estimular los cambios sociales que, aunque no lograron modificar la estructura de la dominación expoliadora hasta ahora, dejaron una impronta, una marca indeleble que ha servido de soporte a las denodadas luchas de los grupos subalternos de la sociedad.

Así ocurrió desde los tiempos en que apareció la poeta Sor Juana Inés de la Cruz, cuyo nombre de pila fue Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana; nacida en 1648 o en 1651en San Miguel Nepantla, México. Desde niña se evidenció su talento prodigioso y su inclinación por las letras. Fue una época en la que la sociedad mexicana como herencia de la Europa renacentista estaba dominada por el patriarcado, por lo que el rol femenino queda confinado a las labores domésticas y no era bien visto que una mujer se dedicara a las letras. Tanto en prosa como en verso, Sor Juana Inés desafió a la sociedad de su tiempo incursionando en la literatura y también en el conocimiento científico, pues adquirió una portentosa erudición.

Un gran testimonio de su postura filosófica y literaria quedó plasmado en el poema “Hombres necios”. Allí señala sin ambages: “Hombres necios que acusáis/ a la mujer sin razón/ sin ver que sois la ocasión/ de lo mismo que culpáis (…)” Y luego profundiza escribiendo: “Con el fervor y el desdén/tenéis condición igual, /quejándoos, si os tratan mal, /burlándoos, si os quieren bien (…).

En otro orden de cosas, en la segunda mitad del siglo XX en el año de 1962 se publica una de las más célebres novelas, del afamado escritor ya fallecido, Carlos Fuentes: “La Muerte de Artemio Cruz”. Una novela que trata de la historia de México en la contemporaneidad, referida particularmente a la revolución mexicana. En ella queda constancia de la forma en que el personaje principal, Artemio Cruz quien había participado en la revolución, recorre mentalmente en su lecho de muerte su participación en la revolución; pero, ya convertido en un acaudalado industrial, se aleja de los ideales que lo habían llevado a combatir, tras haberse convertido en un hombre corrupto y trepador. En la pluma de Carlos Fuentes, Artemio Cruz es el arquetipo de aquellos numerosos sectores de las clases medias arribistas y oportunistas.

Por otra parte, no puedo omitir en este breve relato la mención de la extraordinaria novelista Elena Poniatowska, poseedora de una profusa producción literaria. Uno de las más vibrantes de sus escritos es “La noche de Tlatelolco: Testimonios de una historia oral.” En ella la escritora hace una crónica de la matanza que sufrieron estudiantes a manos de la represión policial, con implicación del propio secretario de gobernación de entonces, Luis Echeverría, durante la administración de Díaz Ordaz. La orden de reprimir fue dada por el propio presidente de la República. El hecho ocurrió la noche del 2 de octubre de 1968, en la Plaza de las Tres Culturas, donde los estudiantes habían organizado una manifestación, la cual al ser reprimida por la policía ocasionó la muerte de cerca de 300 estudiantes. El motivo de la manifestación era exigir precisamente que se detuviera el autoritarismo y la represión ejercidos por el gobierno de Díaz Ordaz. El gobierno pretendía mediante la represión impedir que las manifestaciones estudiantiles se propagaran hasta el inicio de la Olimpiadas que pronto tendrían lugar en México.

Conclusión

Como puede verse, muchas de las plumas más brillantes de México, de los artistas e intelectuales en general se han unido a los movimientos sociales y populares que reclaman un nuevo orden social. MORENA aspira a convertirse en un partido político afín a los movimientos sociales que bregan por un cambio social verdadero y democrático, con acento en la justicia social, la equidad, la igualdad real entre el hombre y la mujer, la redistribución de los recursos en favor de las clases sociales menesterosas del campo y la ciudad, así como la eliminación de la corrupción en el ejercicio del gobierno nacional y local.

No es tarea fácil, no obstante que el gobierno entrante de Claudia Sheinbaum ganó las elecciones presidenciales por amplio margen a su más inmediata seguidora, Xóchilt Gálvez, a la cabeza de una coalición conservadora integrada por los antiguos partidos políticos del PAN, PRI y PRD. Además, MORENA ganó, tanto en el senado como en el congreso de los diputados, alcanzando una mayoría muy sólida que le permitiría modificar la Constitución. Sin embargo, la tarea no es fácil en un México asediado por las bandas del narcotráfico, que mantienen al país en un grave estado de inseguridad y el crimen ha crecido enormemente. Asimismo, Sheinbaum debe enfrentar todavía un importante déficit fiscal, y un no muy halagüeño crecimiento del PIB que alcanzó en el último trimestre del 2024, tan solo un 2%. Por la formación de la presidenta electa, se ha comprometido además a acelerar el cambio hacia una economía carbono neutral al 2050, transitando hacia una economía limpia; lo que significa un cambio de posición importante con respecto al actual gobierno de AMLO.

La presidenta entra al gobierno con una buena credibilidad y legitimidad, pero tiene ante sí retos enormes que debe acometer para no desgastarse y perder el prestigio que hoy ostenta.

Acosta vrs Chaves

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

José Luis Valverde Morales.

José Luis Valverde Morales

Marta Acosta Zuñiga, contralora general de la república, mordió rápidamente el anzuelo con la lombriz diestramente dispuesta por el mandatario Rodrigo Chaves Robles.

De manera intempestiva, Acosta se dio por aludida en lo personal, olvida, tanto ella como Chaves, son transitorios en los cargos.

La Contraloría tiene larga cola para ser majada, sonados casos de corrupción no fueron alertados tempranamente por el órgano fiscalizador.

Las municiones de Chaves están dirigidas, la primera defensa del órgano contralor, por medio de su titular, son manotazos al aire.

La contralora se tiró intempestivamente sin capote al ruedo, el jaguar afila los colmillos.

La comunicación estratégica es fundamental en la estructura de las organizaciones, doña Marta, pésimamente asesorada entró quedando.

Ahora el tema de fondo pasa a segundo plano.

Marta Acosta ni por asomo es émula de Yokasta Valle o Hanna Gabriel, se subió solita al ring, empujada más por el ego que por sus facultades boxísticas.

El posible referéndum se personalizó, no es difícil deducir quién lleva las de perder.

Imperativo es la eliminación de la Ley de Concesión de Obra Pública N°7762

Escrito en . Publicado en Análisis.

Martín Rodríguez Espinoza

1 de junio de 2024

La Ley de Concesión de Obra Pública es la ABERRACIÓN más grande de la historia patria, junto a otras igualmente deplorables, es la base del saqueo y corrupción con la cual se enriquecen unos pocos.

Creada en 1998, en el gobierno del PLN de José María Figueres Olsen, siendo Rodolfo Silva Vargas Ministro de Obras Públicas y Transportes y Marco A. Vargas D. Ministro de la Presidencia. Sancionada el 14 de mayo de 1998 y publicada el 22 de mayo el el Diario La Gaceta: 98 Alcance: 17.

Con esta Ley se le cortó «brazos y piernas» a la institucionalidad pública, miles de trabajadores fueron tirados a la calle y todo lo convirtieron en negocio de sujetos como este se volvieron multimillonarios.

Las obras que construía el Estado, que eran de mayor calidad y más económicas, pasaron a ser TODO lo contrario, de menor calidad y más costosas. Pero, sobre todo, fomentó la corrupción, la compra de conciencias.

Imperativo es la eliminación de la Ley de Concesión de Obra Pública N°7762, fortalecer la institucionalidad pública y fomentar el VERDADERO desarrollo nacional, fomentar el empleo de calidad, los salarios dignos, los derechos humanos, por sobre el lucro, la evasión, elusión y contrabando.