Poder Judicial facilita acceso a la información judicial de forma electrónica, a las partes del proceso penal de la zona.
El expediente electrónico llegó al Juzgado Penal de Talamanca para quedarse. De esta manera se suma al modelo electrónico de los despachos judiciales, que facilita el acceso al expediente completo y actualizado, a todas las partes que intervienen en el proceso penal.
Las personas usuarias externas que tramitan un expediente penal en este juzgado, abogados litigantes o partes del proceso, puede solicitar un usuario y contraseña en el despacho judicial más cercano y consultar su expediente si ya se tramita en formato electrónico.
Los expedientes que llegan al Juzgado Penal de Talamanca, sean de nuevo ingreso o ya en trámite, son escaneados y transformados en electrónicos; y se les incluye una resolución que comunica esta nueva forma de tramitación.
“El modelo de expediente electrónico beneficia tanto a las personas usuarias internas como externas, pues tienen la posibilidad de consultar su expediente de forma electrónica, completa y actualizada; revisar todas las diligencias que se han realizado y los avances. Además, pueden presentar escritos, solicitudes judiciales o la incorporación de documentos, de forma electrónica y descargar el expediente completo. Con ello, el Poder Judicial garantiza a las partes del proceso, el acceso a la información”, explicó el juez coordinador del despacho, Miguel Acosta Granados.
Los expedientes electrónicos del despacho de Talamanca, se pueden consultar desde el Sistema de Gestión en Línea para cualquiera de los trámites ya mencionados y otros.
Para Acosta Granados, gestionar el expediente penal bajo el modelo electrónico, agiliza la tramitación de las diligencias judiciales, la consulta es más célere y las personas usuarias ya no tienen que desplazarse hasta las oficinas físicas para consultar el expediente.
En esta jurisdicción se atiende población indígena de Alto Talamanca, quienes en su mayoría acuden a las personas defensoras para realizar consultas directas al expediente, esto también permite que la defensa técnica tenga acceso inmediato al proceso.
Desde el 19 de setiembre, el Juzgado Penal de Talamanca trabaja bajo la modalidad electrónica, así establecido por acuerdo del Consejo Superior y contó con el acompañamiento de las Direcciones de Tecnología de la Información y Planificación, para los procesos de migración a expediente electrónico y la estandarización de ubicaciones y tareas electrónicas del Escritorio Virtual.
Actualmente el Juzgado registra un circulante de 334 asuntos.
UNA Comunica. 17 de octubre. Tras la pandemia, los indicadores relacionados con los mercados laborales en el país han cambiado considerablemente; la vulnerabilidad del empleo se manifestó en una mayor expulsión de personas ocupadas en informalidad, mujeres y personas jóvenes.
Las implicaciones de ello tienen una trascendencia social ineludible, de manera que es preciso leer en detalle los hallazgos de cada trimestre para poder comprender estas nuevas dinámicas. En este artículo se presenta una lectura general sobre datos de empleo y violencia para generar reflexión sobre la necesidad de mirar más allá de la tasa de desempleo y situarse en esas otras dinámicas nacionales que se relacionan con lo que pasa en materia de empleabilidad.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), si comparamos el trimestre junio-julio-agosto de este año con el mismo período del año anterior, el desempleo ha disminuido 1.9 puntos porcentuales en el caso de los hombres y una cifra asombrosa de 4.5 puntos porcentuales para las mujeres ¿Cómo puede ser esto posible si al mismo tiempo se reporta una salida de 55 mil mujeres de la población ocupada?
La explicación reposa en la forma en cómo se calcula la tasa de desempleo, que es la siguiente: población desempleada/ (población ocupada + población desempleada).
De manera que, si la cantidad de personas ocupadas cae, estaremos dividiendo la población desempleada entre una cantidad menor, por lo cual estamos obteniendo una tasa más baja con respecto a períodos anteriores, sin que ello signifique más empleos a nivel país, en especial, en el caso de las mujeres.
Es imprescindible leer la tasa de desempleo a la par de otros indicadores, como, por ejemplo, la cantidad de población fuera de la fuerza de trabajo (aquella población que no está trabajando en los mercados laborales y que tampoco busca trabajo), la cual, según los datos para el último trimestre móvil junio-julio-agosto, ha aumentado en 206.392 personas en comparación con el mismo período para el año anterior. Es decir, no hay menos personas desempleadas porque hayan encontrado trabajo, sino porque ya no están trabajando ni están buscando un empleo.
Aunado a lo anterior, las estadísticas del INEC (2023) para el II trimestre del año en curso son contundentes. El empleo asalariado es el único que ha repuntado con respecto al mismo período del año anterior (INEC, 2022), con un 2% que no alcanza para resarcir las caídas en las otras posiciones.
Esta situación evidencia, al menos, dos situaciones: i) sigue siendo difícil para los sectores productivos del país generar empleos, pues en un año el empleo asalariado creció tan solo un 2%; ii) para las personas que deciden emprender (ya sea por propia voluntad o porque no encuentran un empleo asalariado) el panorama no está siendo muy alentador, pues en un año la reducción de un 10% es de gran relevancia.
Ahora bien, es importante tener presente que lo que acontece en los mercados laborales determina en gran medida el bienestar de la población, pues los hogares en su mayoría dependen principalmente de los ingresos obtenidos por concepto de sus trabajos. De manera que un panorama en el que hay menos personas trabajando genera condiciones para el deterioro de las condiciones de vida de la población en general.
Con respecto a la violencia, las personas de escasos recursos y escasa escolaridad poseen una mayor vulnerabilidad a ser absorbidas por bandas criminales; por ejemplo, en el caso de Puntarenas, las estadísticas de empleo indican que la población ocupada se ha reducido en un 3% (3.269 personas ocupadas menos) entre el segundo trimestre del 2022 y el segundo trimestre del 2023, período en el que hay 11.773 personas más que no trabajan ni buscan empleo.
Pese a que no se trata en este espacio de establecer un análisis de causalidad, entre desempleo y violencia, es importante leer estos datos a la luz del crecimiento en la cantidad de homicidios en este espacio, en el que de acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se ha incrementado la cantidad de estos en un 35% con respecto al año anterior, por lo que cobra relevancia lo planteado por Villalobos, Peraza y Rodríguez en su escrito “Puntarenas análisis sociodemográfico y criminológico del cantón central”: “las posibles causas de la incidencia criminal en Puntarenas varían, sin embargo, se encuentran algunos puntos de acuerdo en temas como la falta de fuentes de empleo, las pocas opciones de escolarización y el consumo/venta de drogas” (p.51).
Por su parte, a nivel nacional las estadísticas del OIJ del 2023 dan cuenta de un incremento importante en la violencia en el país, pues, la cantidad de homicidios en lo que va del año ha aumentado un 42% si se le compara con el año anterior. Lo lamentable es que se ha duplicado la cantidad de personas menores de edad asesinadas por ajuste de cuentas o venganza, y son personas que por su edad tendrían que estar estudiando y custodiadas por sus padres o personas responsables.
Por lo anterior, los indicadores en materia de empleo trascienden la visión macroeconómica y de crecimiento económico, pues en realidad sostienen un complejo metabolismo social y determinan las condiciones de vida de la población; esto es, el trabajo como actividad organizadora de la vida. Por lo cual, la reducción en la cantidad de personas ocupadas requiere con urgencia de acciones focalizadas que tomen en cuenta que, en materia de empleo, la educación es la herramienta por excelencia.
Apremia la necesidad de contar con programas de tecnificación con enfoque territorial dirigidos a segmentos de población específica, como lo son las personas jóvenes, cuyo enfoque sea la promoción del fortalecimiento de sus habilidades y capacidades para elevar su empleabilidad en puestos de calidad, que permita protegerles ante vulnerabilidades sociales.
La buena noticia es que la institucionalidad pública existe: el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) tiene una amplia capacidad de ofrecer carreras técnicas de seis meses a dos años, además de la presencia en una gran cantidad de territorios, lo cual es una oportunidad por aprovechar, por lo que está en las manos del Estado y sus autoridades articular lo que competa para cumplir con las responsabilidades de sus cargos.
(*) La autora de este artículo es economista, Master Scientae en Estudios Latinoamericanos con Énfasis en Cultura y Desarrollo, profesora e investigadora de la Escuela de Economía, donde coordina el proyecto Trabajo y Crisis: aportes desde una Economía Política Crítica Heterodoxa para la vida.
Oficina de Comunicación Universidad Nacional, Costa Rica
La Caja Costarricense del Seguro Social y las universidades públicas son parte de un mismo sistema social. Fueron y son consustanciales en la construcción de Estados orientados a mejorar la calidad de vida mediante la inversión social pública. La mejora en la calidad de vida de una sociedad requiere alta inversión en educación y en salud. La historia de Costa Rica demuestra que la fundación de la Universidad de Costa Rica y de la Caja fueron pasos fundamentales para asegurar que la sociedad costarricense diera un giro radical hacia la mejora de la calidad de vida en general, lo cual se manifiesta en indicadores como la esperanza de vida al nacer que pasó de los 46,9 años en 1942 a 78,31 para los hombres y de 83,46 años para las mujeres, según datos del INEC de 2022 (ver Costa Rica en cifras). Pero ahora mismo, lo que estamos perdiendo es la virtud de que una familia pudiera pasar en tan solo 3 generaciones de personas analfabetas, a personas con primaria y luego a personas con título universitario.
Otro tanto hay que decir del papel indispensable de la educación en todos sus niveles y la salud para elevar el nivel de calificación de la fuerza de trabajo. Por esa inversión social nuestro país tiene un mercado laboral atractivo para la inversión externa directa, y también para la inversión de capital nacional. Este es un gran asunto por discutir que resumido en una pregunta es: ¿qué pasaría si a las empresas que vienen y contratan a las personas con buena salud y elevada calificación universitaria, les decimos que deben pagar al menos una parte de lo invertido en cada una de esas personas desde que nació hasta el día que la contrataron? ¿Cuánto deberían pagar? Es ahí cuando vemos que toda la inversión social en educación, salud, vivienda, la recreación social, inversiones para atender especialmente a las personas mayores y más pobres en general, fueron indispensables para contar con una fuerza de trabajo/personas trabajadoras saludables y capacitadas.
Otro elemento que une absolutamente la Caja con el sistema de universidades públicas es el grado y autonomía que constitucionalmente les fue otorgado para cumplir eficientemente y a cabalidad sus misiones. Ambas entidades fueron dotadas de una autonomía especial que les permite autogobernarse y definir autónomamente cuáles son las necesidades en las cuales debe invertir los recursos que reciben de la sociedad costarricense por medio del Gobierno. Cuando se debilita la autonomía de la Caja por cualquier vía sucede exactamente la misma agresión que cuando se trata de debilitar la autonomía de las universidades públicas. Las destituciones ilegales de la presidencia ejecutiva de la Caja y de sus directivo.as, son tan graves como recortar, sin justificaciones válidas, el presupuesto de la educación.
La defensa de la salud y de la educación, en este caso de la Caja y de las universidades públicas, son tareas que van en paralelo. Si se trata de mantener y fortalecer sociedades algo o más justas y equitativas, tal y como está establecido en los principios de la Caja y en los Estatutos orgánicos de las universidades públicas, es indispensable mancomunar esfuerzos para hacer cumplir la autonomía especial de rango constitucional que ambas instituciones tienen.
Cuando las universidades públicas nos sumamos a la defensa de la Caja, de su financiamiento y de su autonomía, estamos haciendo en paralelo defensa de esos mismos principios para la educación pública. Ambas son indispensables para hacer cumplir garantías sociales que deben ser recuperadas, reforzadas y aseguradas. En la sociedad costarricense no se puede entender un buen sistema de salud pública sin un buen sistema educativo público. No podríamos comprender la relevancia y aporte crucial de la Caja Costarricense del Seguro Social en la mejora de la calidad de vida de la sociedad costarricense, sin comprender el aporte de la Universidad de Costa Rica, y del sistema público de universidades en la formación de las personas especialistas en todos los campos que requiere el sistema de salud.
Es el sistema de educación público en el que se han formado la mayor parte de las personas que hoy son trabajadoras de la salud en todos los campos. Esto incluye al personal que puede realizar una operación del más alto grado de especialización, pero también el que atiende laboratorios, farmacias, servicios de enfermería, comedores hospitalarios, servicios de limpieza, etc, pues todos, absolutamente todos, los servicios de salud requieren diferentes niveles de formación académica. En una visión integral de salud, todos los servicios devienen en esenciales, fundamentales y complementarios a la hora de garantizar una atención integral de salud. La historia de la salud en Costa Rica es en gran parte la historia de la Caja Costarricense del Seguro Social y en paralelo es la misma historia de la universidad pública. Se trata de un mismo sistema de inversión social, que es el que permitió que la sociedad costarricense se construyera con niveles de vida altos y aceptables, pero ahora en caída.
En el “Pronunciamiento del Instituto Tecnológico de Costa Rica con respecto al informe FEES aprobado por la Asamblea Legislativa” (ITCR, 2021, primera edición), respondimos innumerables acusaciones infundadas de parlamentario.as del cuatrienio anterior. Reseñamos que en la última Agenda de Cooperación entre gobierno y universidades públicas, se incluyeron “18 proyectos priorizados por el gobierno y 111 proyectos innovadores adicionales propuestos por las universidades distribuidos en todo el país, en áreas tan diversas como: recurso hídrico, agricultura, ambiente, salud y recursos marinos. El presupuesto que financia todos estos proyectos de la Agenda de Cooperación proviene de los Fondos del Sistema del FEES y de aportes de las universidades estatales. La nueva Agenda de Cooperación, en etapa de negociación, se enfocará a atender los 14 Desafíos de la Educación Pública Costarricense planteados en el documento propuesto por CONARE al Gobierno de la República” (ITCR 2021.169).
Otro dato que debe destacarse es que para contribuir con la emergencia por la COVID-19, las universidades cedieron ¢13.000 millones del FEES (de su presupuesto en caja). “Además, trasladaron ¢6.000 millones para fortalecer al sistema de becas, precisamente para asegurar que estudiantes de menores ingresos tuvieran la oportunidad de mantenerse en las aulas”. Adicionalmente, del presupuesto 2020 se financiaron diecisiete proyectos de investigación para atender la pandemia del COVID-19 (ITCR 2021. 28 y 105).
Hoy, el modelo estatal neoliberal está orientado a borrar la inversión social y la convirtió en un simple “gasto” aduciendo que cualquier inversión social es imposible porque el Estado es financieramente deficitario. Desde hace década transitamos de la inversión social al gasto y luego al déficit. Ese desfinanciamiento de la CCSS, de la educación, y en general de la inversión pública, se da mientras el Ministerio de Hacienda (2023) -sólo porque es obligado- da a conocer la “Lista de contribuyentes clasificados como grandes contribuyentes nacionales que declaran el impuesto sobre la renta (utilidades) con “pérdida” o “cero ganancias” actualizado al 30/06/2023”, según el cual en el año 2022 205 empresas se declararon con “pérdida” o “cero ganancias”. Ante esa propuesta no queda más que sumar esfuerzos entre las instituciones estatales asociadas con la existencia del Estado social costarricense, como la Caja y el sistema educativo público, para hacer que se cumpla lo que la Constitución y otras leyes dicen sobre el presupuesto para inversión social.
En las últimas décadas los gobiernos de Costa Rica han deambulado en materia de inversión social, haciendo inversiones focalizadas pero no invirtiendo con visión estratégica en los servicios de salud. Eso es lo contrario de lo que debería hacerse siguiendo, por ejemplo, las recomendaciones de entidades como la Comisión económica para América Latina (CEPAL), que en su estudio “Panorama Social de América Latina” (2021) hizo un llamado claro y directo a fortalecer los sistemas de salud en todos los países. Entre otras notas clave de la CEPAL, destacan que “Los sistemas de salud son fundamentales para el bienestar y la salud de las poblaciones”, y que “la salud es la parte más importante para el desarrollo de las capacidades humanas, por lo que se ha sostenido que explicaría de forma robusta las distintas sendas de desarrollo económico”.
En resumen, debemos repetir que contrario a lo que pide la CEPAL, los gobiernos provocan que cada día más personas se vean privadas de acceso a sistemas de salud eficientes, integrales y reciban atención verdaderamente humanizada, precisamente porque están cayendo las inversiones y se está ensanchando el campo de acción de la enfermedad como negocio privado.
Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)
Intercambiaba con mi buen amigo hondureño, el escritor Fabricio Estrada, sobre las irracionalidades de las élites de nuestros países. En un sin sentido palaciego, casi que, de apostilla, las diplomacias migratorias de Costa Rica y Honduras decidieron poner obstáculos a la movilidad entre ambos países.
En una medida desesperada para, supuestamente detener la escalada de violencia en Costa Rica atribuida en forma mayoritaria al funcionamiento de grupos criminales organizados, el gobierno costarricense adujo que buena parte de estos grupos contaban con ciudadanos hondureños en sus filas y por tal razón había que limitar su entrada.
Bajo esa premisa, y argumentando razones de seguridad nacional, impuso restricciones y condiciones para el ingreso y permanencia de personas provenientes de aquel país. Entre las solicitudes, se encuentran la visa consular y aportar un comprobante de medios económicos, que garanticen la subsistencia en el país.
En correspondencia recíproca, el gobierno hondureño también prefijó varios criterios que deberán cumplir los costarricenses para entrar en aquel país. Entre estos una certificación médica y una constancia de Interpol.
La relación entre seguridad y movilidad humana explica una tensión a escala global no resuelta aún, desde que se instaló como premisa de gestión migratoria luego de setiembre 11 de 2001 y se intensificó en la época de la pandemia.
En la región resulta recurrente la aplicación de ese esquema, que a todas luces suspende la premisa de la integración regional y la supedita a los entuertos y reacciones temperamentales de los actores y sectores que toman decisiones a los más altos niveles.
Al tiempo que esta reacción visceral ocurre y varias formas de movilidad quedan supeditadas entre ambos países, el corredor del tránsito para las migraciones venezolanas sigue produciéndose en Costa Rica, aún con sospechas de muchas acciones irregulares en el ámbito gubernamental que deberán ser aclaradas en el corto plazo.
La época de los chivos expiatorios está lejos de desaparecer. Hoy son los hondureños. Ayer los nicaragüenses, hace un siglo los armenios y gitanos. Convendría entonces repensar las categorías con las que nos imaginamos en el concierto global de los derechos humanos. Tenemos mucho que aprender todavía, como enunciar las causas estructurales del fenómeno de la violencia e identificar a sus reales actores causantes responsables, por ejemplo.
El pasado 10 de octubre la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad Nacional llevó a cabo el foro “Salud Pública en Costa Rica: Caja Costarricense de Seguro Social» en el auditorio Clodomiro Picado, Campus Omar, Heredia. La transmisión duró alrededor de 4 horas donde se contó un panel de invitados de diversas disciplinas con el fin de analizar la situación actual que atraviesa la Caja Costarricense de Seguro Social y la realización de propuestas para su fortalecimiento.
Para observar la repetición de la transmisión del foro, ingresar al siguiente enlace:
¿Habrá pensado Chaves que el obstáculo impuesto a los hermanos hondureños no afecta a los delincuentes?
¿Se habrá enterado que la «porosa» frontera con Nicaragua y la más porosa vertiente Caribe y Pacífico, son como puertas de bienvenida a maleantes? ¿Acaso todos los días no entran y salen ilegalmente, nicaragüenses residentes en Costa Rica, para librarse de pagar los impuestos migratorios?
Así, la gente honesta, como los miles de turistas, estudiantes, deportistas, artistas, académicos, hombres de negocios, etcétera, son los afectados, mientras los que, según Zamora, ha de impedírseles el ingreso, se reirán de la «genial idea» de la imposición de visas, que no les afecta para nada.
Mientras tanto, la golpeada (por el dólar artificialmente bajo) industria turística nacional, extrañará los más de 13.000 turistas hondureños que nos visitan anualmente, y los exportadores nacionales, sufrirán serios obstáculos para exportar a Honduras, los $300 millones en productos, sin que los choferes ticos puedan cumplir con requisitos que, como reacción lógica, han ordenado los hondureños. Ello, además de las trabas para ingresar a territorio catracho, de camino hacia y desde El Salvador y Guatemala.
La Embajada de la República Popular China en la República de Costa Rica ha tomado nota de los comentarios sobre China de la ministra de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones Paula Bogantes, y del viceministro de Telecomunicaciones Hubert Vargas, durante su comparecencia ante la Comisión de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior de la Asamblea Legislativa el 11 de octubre de 2023.
Como altos funcionarios del Gobierno de Costa Rica, la Sra. Paula Bogantes y el Sr. Hubert Vargas, haciendo caso omiso de los hechos básicos, lanzaron comentarios inadecuados sobre el sistema político de China y llamaron al país “un país con mayor riesgo en materia de ciberseguridad”. Estos comentarios afectan gravemente la confianza y las expectativas de las empresas chinas para realizar actividades económico-comerciales en Costa Rica y socavan el buen ímpetu de desarrollo de las relaciones bilaterales. Lamentamos mucho por sus comentarios y expresamos nuestra energética y vehemente oposición a sus acusaciones irresponsables e infundadas. Por medio del presente, aclaramos lo siguiente:
La democracia es un valor común de toda la humanidad y un concepto importante en que el Gobierno y el pueblo chinos siempre hemos perseverado. China viene impulsando la construcción de la democracia de acuerdo con nuestras propias condiciones nacionales. Persistimos y promovemos la democracia popular en todo el proceso, en la que el pueblo ejerce efectivamente el poder del estado a través de las asambleas populares de diferentes niveles, evitando eficazmente el fenómeno de hacer numerosas promesas durante la campaña electoral y echarlas al suelo una vez se concluya el proceso electoral. En este sistema, 1400 millones de chinos han salido de la pobreza y el rezago, y gozan de amplios derechos y libertades, con lo que se ha explorado una nueva ruta para el desarrollo de la causa de la democracia de la humanidad.
Siendo China otra víctima azotada de los ciberataques, las escuchas telefónicas y la vigilancia, rechazamos categóricamente y combatimos según la ley toda forma de ciberdelincuencia, y salvaguardamos firmemente la ciberseguridad. En 2020, China lanzó la Iniciativa Global para la Seguridad de Datos, con la que aboga por que las empresas cumplan estrictamente las leyes de los países donde operen, y se opone al uso indebido de la tecnología informática para realizar vigilancias a gran escala y la recopilación ilegal de información personal de ciudadanos de otros países. En contraste, ciertos países, abusando de su hegemonía tecnológica, realizan ciberataques, vigilancia y escuchas telefónicas sin distinción, e incluso a sus “aliados”.
China apoya los esfuerzos de Costa Rica para salvaguardar la ciberseguridad. Sin embargo, el Convenio de Budapest es un convenio sobre la cooperación judicial en materia penal, cuyo objetivo es establecer un mecanismo de cooperación internacional para combatir la delincuencia. No aborda la cuestión de ciberseguridad, ni establece las presuntas normas de ciberseguridad. Cuesta entender que Costa Rica haya alegado este Convenio para regular el origen de los proveedores de 5G. En realidad, la mayoría de los países firmantes del Convenio de Budapest permiten y dan la bienvenida a la participación de empresas de telecomunicaciones chinas en la construcción de 5G en sus países.
Las empresas de telecomunicaciones de China llevan años operando en América Latina y el Caribe, incluyendo Costa Rica. No solo que nunca han puesto en peligro la ciberseguridad local, sino que además han promovido notablemente el desarrollo de las telecomunicaciones en la región, dando facilitaciones al pueblo en general y creando considerables beneficios socioeconómicos. La presunta acusación de que China es “un país con mayor riesgo en materia de ciberseguridad” es totalmente absurda e infundada.
Costa Rica es el único socio estratégico de China en Centroamérica. Durante los 16 años desde el establecimiento de las relaciones diplomáticas, las relaciones China-Costa Rica han logrado fructíferos resultados gracias a los esfuerzos de ambas partes, traducidos en beneficios para ambos pueblos. China es el segundo socio comercial de Costa Rica. Los productos que exporta Costa Rica a China se han aumentado de unas 10 variedades al inicio de las relaciones diplomáticas a más de 200 en la actualidad. Los proyectos con cooperación china como el Estadio Nacional, la Escuela Nacional de Policía y la Planta Potabilizadora Cañas-Bebedero se han convertido en proyectos emblemáticos de la amistad entre ambos países, y se están impulsando y abordando muchos otros proyectos de cooperación. Son amplias las perspectivas de cooperación.
Apreciamos altamente que las diputadas y los diputados de distintos partidos políticos integrantes de la Comisión de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior de la Asamblea Legislativa han persistido en una posición objetiva y justa y han hecho evaluaciones objetivas y positivas sobre las relaciones sino-costarricenses.
Estamos a la expectativa de que los distintos sectores de la sociedad costarricense no se dejen engañar por las maniobras políticas de unas pocas personas, y continúen haciendo esfuerzos conjuntos con la parte china para salvaguardar las relaciones bilaterales entre China y Costa Rica.
A tan solo 25 metros al Sur de la esquina Sureste del Museo Nacional de Costa Rica, sobre el Boulevard Ricardo Jiménez se encuentra Chietón Morén: una pequeña tienda – museo que le brinda la mano a todos los artesanos indígenas de Costa Rica para que puedan exponer y vender sus productos y arte que producen en sus territorios.
Chietón Morén significa “trato justo” en el idioma ancestral boruca, territorio donde precisamente surgió la idea de establecer este pequeño local fijo en la capital para que los artesanos indígenas de todos los territorios pudiesen llevar y exponer sus productos sin tener que quedarse haciendo gastos innecesarios.
En la actualidad, más de 250 artesanos y artesanas de Costa Rica se benefician de este emprendimiento, cuya misión es visibilizar la riqueza cultural de los pueblos originarios de Costa Rica y fomentar un trato justo para la venta de su arte.
De acuerdo con los representantes de este proyecto, la idea es contribuir en la visibilización de la belleza estética, calidad y simbolismos cultural que representa cada obra de arte y expresión artística de los artesanos indígenas de Costa Rica, con dignidad y trato justo, de manera que los propios productores se vean beneficiados vendiendo un precio razonable pero mucho más cómodo que comprarle a cualquier otro intermediario.
Por su parte, el área museo presenta a los visitantes, una pequeña sala de exposición en donde se muestra la ubicación geográfica y parte de las particularidades culturales de las ocho culturas indígenas en Costa Rica. La entrada a esta sala – museo es completamente gratis.
Chietón Morén también ofrece mensualmente, valiosos talleres culturales, en donde una artesana o artesano indígena muestra a los asistentes, el proceso detallado para elaborar sus obras de arte o productos artesanales. Para cada taller se recomienda que el grupo asistente deber ser como máximo de 20 personas.
Esta tiendita se mantiene gracias al trabajo voluntariado de estudiantes universitarios que necesitan realizar sus TCU o desean apoyar estas iniciativas pro indígenas.
En Chietón Morén ninguna persona percibe salario. Se contrata personal únicamente por períodos de temporada alta o de mayor demanda y a medio tiempo, pero este ajuste se hace solamente si fuera absolutamente necesario.
Visite Chietón Morén: la tienda en San José que apoya a los artesanos indígenas en Costa Rica.
Este miércoles en la vigilia convocada por la Red de Solidaridad con Palestina Costa Rica, se presentó un documento que deplora las manifestaciones del Gobierno de Costa Rica en apoyo a actos que está realizando el régimen de ocupación («potencia ocupante» como la misma ONU califica a Israel) en Gaza: bombardeos indiscriminados sobre población civil, edificios habitacionales y edificios públicos así como el cerco inhumano, que violenta principios básicos y elementales del Derecho Internacional y Humano, inclusive en situaciones de guerra.
La Red de Solidaridad con Palestina demanda que, a tenor con la tradición pacífica de Costa Rica, expresada entre muchas declaraciones, posturas y suscripción de acuerdos y leyes internacionales, entre ellas «La Proclama de Neutralidad activa y perpetua» de la Administración Monge en 1983, el Gobierno y su Cancillería:
– Retiren el calificativo de “terrorismo” a las acciones de la resistencia palestina.
– No se suscriba tratados de libre comercio con el estado de Israel hasta tanto desista de la ocupación de los territorios palestinos.
– Soliciten ante la Organización de Naciones Unidas una investigación y una corrección profunda de la situación de apartheid en la Palestina ocupada.
– Exijan el cumplimiento de las resoluciones emitidas por la ONU, condenando el continuo expansionismo colonial israelí́ y el irrespeto a los Derechos Humanos del ancestral pueblo palestino.
– Busquen una salida, con otras naciones y conforme al Derecho Internacional, reconociendo plenamente al Estado Palestino y restituyéndole -al menos- su territorio arrebatado desde el año 1967.
– Se ajusten a la Proclama de Neutralidad Perpetua y Activa de Costa Rica de 1983.
Desde el CEAAL-Costa Rica en conjunto con el TCU-590 Defensa comunitaria del territorio: extractivismos, organización y conflictos Socioambientales del Programa Kioscos Socioambientales, compartimos una sistematización sobre casos de violencia contra pueblos indígenas que defienden sus territorios en el país, así como sus acciones de resistencia y de solidaridad que se han gestado entre el 2010-2022.
Con la sistematización de dicha información, se elaboró una base datos que se encuentra en la página web del Observatorio de Bienes Comunes del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos (CIEP).
La base propone una búsqueda por categorías que permite a quien la indague, obtener información concreta sobre el tema de interés, según territorio, tipo de violencia, etnias y actores.
Por razones de recursos, este proceso de trabajo colaborativo culminó a finales del 2022.
Esperamos que lo construido sirva para abonar a la lucha de los territorios indígenas de nuestro país.
Agradecemos a los compañeros y a las compañeras de diferentes territorios que participaron en este proceso y a las y los estudiantes de la Universidad de Costa Rica que colaboraron de forma activa y comprometida en este trabajo.
