Foro: Situación del sector agropecuario en Costa Rica
Invitación para el próximo viernes 3 de noviembre:
Etiqueta: Costa Rica
Costa Rica ante el 202 aniversario de Independencia» por el Dr. Vladimir de la Cruz – conferencia
La Benemérita Biblioteca Nacional, la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica y el Instituto de Formación y Estudios en Democracia del Tribunal Supremo de Elecciones, se complacen en invitarle a la conferencia Costa Rica ante el 202 aniversario de Independencia por el historiador Dr. Vladimir de la Cruz.
Esta actividad es parte del ciclo «Historia, cultura y democracia».
La actividad será el lunes 30 de octubre a las 3:00 p.m. y se transmitirá por el Facebook Tribunal Supremo de Elecciones
Agroindustria, relaciones de trabajo demasiado violentas
Gerardo Iglesias
La semana pasada, Vladimir de la Cruz, historiador, político, profesor universitario amigo y colaborador de la Rel UITA, participó de la segunda asamblea ordinaria de nuestra afiliada el Sindicato de Trabajadores Piñeros y Bananeros de Costa Rica (SintrapybCR).
“Hace años que sigo al profesor Vladimir. He escuchado sus programas ‘Un viaje por la Historia. Los primeros sindicatos’, leído muchos artículos, pero no lo conocía personalmente. Así que imagínate, para mí es una gran satisfacción conocerlo personalmente y que haya estado en nuestra asamblea”, comentó emocionado Steve Rodríguez, secretario general del Sindicato.
En su exposición Vladimir rescató historia y memoria del movimiento obrero costarricense con énfasis en el sector bananero.
En este video, el reconocido catedrático analiza la dramática situación en que viven miles de trabajadores y trabajadoras del sector agroindustrial, al tiempo que hace un llamado a los diferentes actores de la sociedad, para que actúen con firmeza y beligerancia ante las violaciones sistemáticas a los derechos laborales, sindicales y humanos en las plantaciones del país.
Fuente: https://www.rel-uita.org/costa-rica/agroindustria-relaciones-de-trabajo-demasiado-violentas/
Por Nuestra Juventud
Prepárense los jóvenes con tesón, con ardor, con persistente decisión de victoria. Omar Dengo
Álvaro Vega Sánchez, sociólogo
Los homicidios de jóvenes, según el OIJ, casi se triplicaron este año 2023 con relación al anterior. Mientras en el 2022 al mes de agosto fueron 8 los asesinatos de personas entre los 12 y 17 años, a esta misma fecha la cifra alcanza los 21 fallecidos).
El escenario no podría ser más catastrófico. Sin embargo, posiblemente lo será si a corto plazo no se invierte lo requerido para contener la ola creciente de criminalidad y si no se redefinen las políticas públicas para evitar seguir reproduciendo las condiciones que son caldo de cultivo de la violencia en sus diferentes manifestaciones, factor que viene desfigurando aceleradamente el rostro de una Costa Rica más pacífica y democrática que heredamos de los forjadores de la Segunda República, con la reforma social y la modernización del Estado de Derecho, que contribuyeron a crear una vigorosa institucionalidad social de carácter público. Institucionalidad que facilitó la movilidad social de la juventud perteneciente a los sectores populares, tanto rurales como urbanos.
Urge retomar ese derrotero, ahora para impulsar una política pública centrada en la atención prioritaria a la juventud. Salir al rescate de una generación que se nos escapa de las manos porque la estamos entregando al crimen organizado, a la drogadicción y, por ende, a una muerte temprana. Postergar las acciones es auto suicidarnos como sociedad. Pienso que esta política pública hay que orientarla, al menos, en tres direcciones.
Primero, y es algo en lo que se ha venido insistiendo, hay que ampliar la cobertura del sistema educativo, con un particular énfasis en la capacitación de técnicos y científicos de alto nivel, pero con visión humanista y no meramente tecnocrática. Asimismo, acompañada de una política de desarrollo en ciencia y tecnología endógena (José María Gutiérrez), para no convertir a nuestros profesionales en “maquiladores de punta”. Para ello, se requiere redoblar el apoyo a los colegios científico-tecnológicos, instituciones como el INA y el Instituto Tecnológico y a esfuerzos de cooperación interinstitucional como el que ha venido emprendiendo la Universidad Técnica Nacional (UTN) y la Universidad de Costa Rica (UCR), en San Carlos. Además, hay que apostar nuevamente y con mayor esfuerzo por la regionalización educativa de nivel superior.
La segunda dimensión corresponde al fortalecimiento de una política de cultura que permita a la juventud acceder al cultivo de las diferentes manifestaciones del quehacer artístico, para enriquecer su acervo cultural, así como elevar el sentido y espíritu de la identidad pluricultural y multiétnica de nuestro país, tal y como lo consigna la Constitución. El arte y la cultura, que elevan el espíritu y enriquecen y dignifican la corporalidad como seres vivientes, constituyen el fundamento del verdadero desarrollo en humanidad de las sociedades. Estamos sobrados de talento artístico y de iniciativas comunales que con grandes sacrificios sostienen a grupos de teatro, danza, música, baile, etc., pero el apoyo estatal y privado es mezquino y raquítico.
Ante esta precaria situación, como bien señala José Luis Amador, “se está imponiendo la cultura del cartel y la muerte. Hay que hacer algo para promover la cultura de la paz. Hay que decir no a la muerte. Y esto pasa por la cultura, por los valores, por la poesía, por la belleza. Un joven con un revolver no puede ser mejor que un o una joven con una guitarra, con un arado o un estetoscopio”.
Y, la tercera dimensión toca al deporte. Al igual que el arte el deporte, por tratarse de un quehacer que exige dedicación y disciplina, se convierte en escuela para la preparación de personas creativas, diligentes y resilientes. Son varios los esfuerzos de gobiernos locales por dotar de instalaciones deportivas a sus comunidades. Se requiere generalizarlas a todo el país. Hay que apostar por alcanzar niveles altos de competitividad en las diversas modalidades deportivas. Ya es hora de ir más allá del fútbol-centrismo de nuestra cultura deportiva.
Una juventud con opciones a cultivar alguna de las expresiones artísticas, un deporte y alcanzar la debida preparación para desempeñar una profesión u oficio, ha de ser la aspiración fundamental de un pueblo que sabe actuar con la sabiduría que permita contener, revertir y prevenir la creciente violencia que está conduciendo a nuestra juventud al despeñadero y, con ella, al país entero. Esta empresa de rescate de nuestra juventud tenemos que convertirla en consigna que amalgame a todos los sectores sociales. Unámonos por nuestra juventud, como dice el maestro Omar Dengo, “con tesón, con ardor, con persistente decisión de victoria”.
Sorpresiva destitución
Freddy Pacheco León
Tiene Costa Rica una estupenda Orquesta Sinfónica Nacional, dirigida por un virtuoso maestro, de gran prestigio internacional.
Carl Saint Clair ha dirigido orquestas en Israel, Japón, Australia, Sur América, así como las sinfónicas de Boston, de San Francisco, de Detroit, de Houston, de Montreal, de Toronto, y la Filarmónica de Nueva York, la de Los Ángeles, la de Filadelfia, entre otras muy prestigiosas.
Gracias a ese bagaje de experiencia, ha logrado que nuestra orquesta haya logrado alcanzar en una década, un nivel tan formidable, que nos permite a los costarricenses disfrutar plenamente, de sus conciertos por todo el país y en el majestuoso Teatro Nacional.
La sorpresiva destitución del maestro Saint Clair, es una acción incomprensible del Ministerio de Cultura, que no se justifica, causa zozobra y esperamos se revierta.
¿Quo vadis Costa Rica?
Vladimir de la Cruz
No es ¿a dónde vas, sino a dónde te llevan…Costa Rica?, como hay que plantear la pregunta. El problema de las drogas y afines es uno de los más importantes y sobresalientes de la agenda nacional. Tiene que ver con el narcotráfico, la narco mafia que está en el país desde hace muchos años, con su ramificación en la narco política; el control territorial por parte de grupos altamente organizados reconocidos por las autoridades de seguridad y judiciales; con los grupos que empiezan a hacerse visibles y públicos cobrando peajes en ciertos barrios o zonas; los ajusticiamientos de pandilleros, el sicariato que empieza en jóvenes, a modo de pruebas, para el ingreso en pandillas o grupos narcotraficantes, que produce muertos prácticamente todos los días, en toda la geografía nacional. La exportación de droga por los puertos oficiales del país, sin control alguno, con complicidad de las autoridades portuarias y de gobierno, en todos sus niveles, desde seguridad pública, el grupo que está dedicado a su control, las autoridades policiales cantonales, las autoridades municipales comprometidas; todas éstas encargadas supuestamente de controlar las exportaciones, con complicidad sin ninguna duda, de las empresas empacadoras, de las frutas de exportación, y de las empresas transportadoras, de esa fruta, desde donde la recogen hasta los muelles de exportación.
Los contenedores salen sellados desde los sitios donde los llenan con mercaderías, con determinado peso. Así deben llegar a los sitios como los muelles y así deben controlar su peso y sus sellos, entre otras cosas, a esos contenedores. Por eso el uso de escáneres. Si los contenedores van con drogas es porque así salen de las empacadoras a los trailers, o porque en la ruta pasan a una de las “bodegas” nacionales, que están en el camino hacia el muelle de exportación, para alterar el contenedor. ¿O, no es así?
En las carreteras nacionales, en el norte y en el sur, cuando los tráileres pasan las fronteras, de entrada, o de salida del país, en distintos lugares de las rutas, los obligan a pasar a estaciones de pesaje…por la misma razón… para control de que no hayan sido alterados…
Las drogas en el país se dieron desde la llegada de los chinos a trabajar en el ferrocarril, en el siglo XIX. Se autorizó para ellos el opio, que lo facilitaban los contratistas de esa mano de obra en el ferrocarril. A finales del siglo XIX también se mencionaba la marihuana, la droga más temida hasta la década de 1960. A los niños de las escuelas, en la década de los 50s, nos llevaban al Museo Nacional, en visita obligada, al sótano, a una sala que tenían preparada para ello, oscura, con una vitrina con luz, custodiada por dos guardias civiles, bien armados, que infundían miedo, en donde había una mata de marihuana. Allí nos hablaban del peligro de su uso y de paso nos asustaban con ella.
A finales de los años 60s, y principios de los 70s, con motivo de la guerra de Viet Nam, y las protestas que había contra esa asquerosa guerra, los Estados Unidos fomentó el consumo de la marihuana, del LSD y los otros sicotrópicos entre sus soldados y la juventud rebelde norteamericana, situación que se trasladó a América Latina y a sus juventudes. También impulsaron sustancias sicodélicas, así como la heroína, hongos “mágicos”, y sustancias alucinantes. En la Universidad de Costa Rica la metieron. La enfrentamos los grupos políticos de izquierda, con colaboración de sacerdotes como Fernando Royo. El profesor Miguel Sobrado elaboró un afiche bellísimo, el Drogomono, representando un joven metido en las drogas…
Durante el gobierno de Luis Alberto Monge, fue recibido en carro del Poder Ejecutivo, de la casa presidencial, uno de los más importantes jefes de la narco mafia mexicana. A todo eso sumaba la presencia en el país de tenebrosos y millonarios personajes, asociados, en esos años, a altas figuras del Partido Liberación Nacional, en gobiernos de esa época.
La droga ya la habían metido. En algunos sectores altos de la sociedad, de clases medias y profesionales, y de sectores universitarios era casi un signo de distinción social, cuando no de rebeldía…
Con la guerra en Nicaragua, especialmente en el período de la lucha contra el gobierno sandinista, en la década de los 80s, los Estados Unidos introdujo la droga en Centroamérica, de manera oficial, con el caso Irán Contras. Traían droga desde Irán y otros países productores, para dársela a los grupos contra revolucionarios, para que ellos la vendieran y traficaran, y así pudieran comprar armas. Con ello crearon un negocio en el que comprometieron de nuevo al partido Liberación Nacional, en el gobierno de Luis Alberto Monge. Aparecieron alrededor de este negocio empresarios y políticos involucrados haciendo clavos de oro. Desde entonces se desarrolló una actividad empresarial, vinculada a las drogas, con complicidades gubernativas y policiales, independientemente del partido de gobierno de turno.
Hoy ha rebasado el vaso. Por todo lado se respiran las drogas, no solo la marihuana, que frente a las nuevas es casi un postre de niños. Se tolera la marihuana; se le justifica médicamente. Se modificó la ley para no castigar cierta portación de marihuana que se considera de consumo personal; se facilitó la siembra doméstica en pequeñas cantidades. Si es un asunto médico, ¿por qué la Caja Costarricense del Seguro Social, no procesa la droga capturada en laboratorios para ese uso? En varios estados de los Estados Unidos está totalmente legalizada; en otros la cultivan y procesan. En ciudades estadounidenses hay sitios públicos autorizados para su venta.
Se dice que Costa Rica es la gran bodega centroamericana de la droga que se comercia desde Colombia hacia los Estados Unidos. Aparentemente, la policía antidrogas, por asuntos de inteligencia policial, conoce los sitios de almacenamiento de esas drogas, que tienen apoyo policial, judicial, de seguridad pública, de la policía antidrogas, de altos funcionarios de la institucionalidad del Estado que alcanza a los del Poder Ejecutivo, y de ¿la Casa Presidencial?
En la lucha contra traficantes, una mala recolección de pruebas, ¿a propósito?, provoca que a los detenidos los jueces tengan que dejarlos libres, devolviéndoles todo lo que les incautaron… ¿Amenazas a los jueces o a las autoridades policiales para impedirles o neutralizarles su actuación? Facilidades para suspenderles las penas, bajo control de tobilleras……¿Qué controles se realizan con las personas involucradas en autorizar estos procedimientos?¿Qué controles se realizan con las personas involucradas en la persecución de estos delincuentes? ¿Se investigan sus ingresos, sus modos de vida, sus bienes e ingresos, y el de sus allegados familiares?
A finales del siglo pasado en una montaña en la Península de Nicoya, cerca de Nicoya, había un radar poderoso que controlaba toda la costa pacífica, vinculado a la lucha contra la droga. La montaña era protegida policialmente y de acceso restringido. Ese radar lo eliminaron, ¿por qué? ¿por nuevas tecnologías? ¿O porque no les interesaba controlar el movimiento marítimo de las drogas?
El cuento de los escáneres es espectacular. Se adquirieron ¿…uno, dos? Nunca funcionaron. Nunca agarraron ni detectaron nada… Los primeros los echaron a perder. Se volvieron a adquirir… ¿y qué pasó? Estaban de adorno. Con los escáneres de más reciente factura hubo bombos y platillos, del gobierno, de las autoridades y de la terminal portuaria de Limón, la APM Terminals. ¿Y, qué? No los ponían a funcionar. Permitieron que los dañaran alevosamente; que los chocaran sin que se establecieran responsabilidades, de los choferes y sus empresas, o de los funcionarios que permitían esos daños; que pasaran varios meses sin uso y sin que ninguna autoridad perseguidora de la droga dijera nada… Pero, empezaron a sonar alarmas en Europa,…Holanda, España… Desde Costa Rica se estaban enviando contenedores repletos de drogas, de cocaína… con frutas de mampara… banano, piña…
Las empresas productoras, las empresas exportadoras, las empresas empacadoras, las empresas transportistas, desde las fruteras hasta la terminal portuaria son la cadena del negocio de la exportación de productos, y de las drogas cubiertas con productos de exportación; las autoridades portuarias con escáner o sin escáner, nada decían. ¿Se hacían las tontas, o participaban del negocio?
Sería interesante verificar si esas empresas gozan de las llamadas “certificaciones”, que se dan por empresas extranjeras, principalmente norteamericanas, lo que podría favorecer la falta de controles de lo que transportan…
La tocada de campanas en Europa obligó a poner los ojos nuevamente en el proceso de control. Esto impuso mayor control de la droga, o se prohibía y limitaba el comercio de exportación, a ciertos puertos y países europeos. Se puso el énfasis en los escáneres. Se llegó a decir que no había capacidad de control de todos los contenedores, que era normal apenas revisar un 10% de los mismos…mientras que en el 90% restante pasaba la droga…por los puestos de control de Costa Rica, pero no del todo de Europa… cuando caían varios cargamentos en Europa, de la misma fruta, y posiblemente de la misma empresa exportadora, en distintos momentos, públicamente, nunca se puso el énfasis en las empresas comprometidas… se seguía orientando la información hacia los escáneres, que era la parte final del proceso.
La farsa más grande la hizo recientemente el propio Presidente de la República. Parado en una tarima, debidamente arreglada para el show, a una distancia de unos 30 metros, de un escáner controlador de mercaderías, anunció que iban a pasar cinco trailers con sus respectivos contenedores de frutas. Los trailers ya estaban debidamente escogidos, y en fila, para el show, para la exhibición. El Presidente gritaba, excitado, no por drogas…”ya pasó uno”…”, “otro”, el tercero, el cuarto y el quinto; y se acabó el show cuando el Presidente más excitado, si se quiere extremadamente apasionado, exaltado, como frecuentemente se comporta, gritó a todo pulmón que los escáneres habían funcionado…que no se había detectado droga en esos cinco tráileres de exhibición que habían escogido para probarlos… y que estaban obviamente “limpios” de drogas.
Y, ¿los otros tráileres? El presidente no se quedó para la exhibición y control de los otros trailers… Ese día, en ese momento, pusieron a prueba los escáneres con esos cinco tráileres y sus contenedores. Es conocido que cuando se captura una lancha con bastante droga es porque esa droga es denunciada para que la capturen y dejen pasar un cargamento más grande de droga, por otro lado.
En la lucha contra la droga se firmó un Tratado o Convenio con los Estados Unidos, para el patrullaje de los océanos centroamericanos, que pareciera no produce nada; no da resultados… No se dice; no se informa, no se publicita cuánta droga capturan. O las naves de la marina norteamericana están en el negocio de la droga o no tienen tecnologías que permitan detectar el trasiego marítimo de la droga. O participan del negocio de captura de una lancha y dejan pasar diez lanchas…
Otro temita relacionado con las drogas es la destrucción de las drogas ya incautadas. Se acostumbraba quemar la droga en hornos nacionales, debidamente escogidos de grandes empresas, para la quema y destrucción de la droga decomisada. Desde hace tiempo no se está quemando la droga en Costa Rica. Lo que se dice es que desde el aeropuerto Daniel Oduber, en Liberia, donde frecuentemente hay naves militares de los Estados Unidos, se la llevan en aviones militares hacia los Estados Unidos.
En la información oficial militar de bases norteamericanas, en el extranjero, los Estados Unidos reporta justamente una en Liberia. ¿De ser cierto, por qué se exporta hacia los Estados Unidos la droga decomisada en Costa Rica? ¿Se paga por esa droga? ¿Cuánto dinero genera ese negocio? ¿Se le regala a los Estados Unidos esa droga? ¿La ponen a circular nuevamente? ¿Cuáles autoridades nacionales están encargadas de esta exportación o de ese negocio?
La denuncia hecha, por el periodista José Meléndez, en la prensa mexicana es la punta del iceberg del gran negocio de la droga en Costa Rica y del alcance de su penetración en los niveles gubernativos. La Asamblea Legislativa, los medios de comunicación, el periodismo de investigación debe ponerle más atención.
La denuncia que pega al Gobierno contra la pared hay que profundizarla. Al Presidente, y sus amigos de palacio, si no están involucrados, les debe interesar que se llegue hasta sus últimas consecuencias. A los partidos políticos también les debe interesar esta investigación.
A todos los costarricenses nos debe interesar más. La sacudida de la noticia que se ha hecho debe hacer caer los malos frutos del “árbol enfermo” que nos está carcomiendo la democracia, la seguridad personal, la familiar y la nacional; que destruye las bases de la sociedad y de la convivencia democrática que hemos forjado en estos 202 años de vida independiente.
Expediente electrónico llega a personas usuarias del Juzgado Penal de Talamanca
Poder Judicial facilita acceso a la información judicial de forma electrónica, a las partes del proceso penal de la zona.
El expediente electrónico llegó al Juzgado Penal de Talamanca para quedarse. De esta manera se suma al modelo electrónico de los despachos judiciales, que facilita el acceso al expediente completo y actualizado, a todas las partes que intervienen en el proceso penal.
Las personas usuarias externas que tramitan un expediente penal en este juzgado, abogados litigantes o partes del proceso, puede solicitar un usuario y contraseña en el despacho judicial más cercano y consultar su expediente si ya se tramita en formato electrónico.
Los expedientes que llegan al Juzgado Penal de Talamanca, sean de nuevo ingreso o ya en trámite, son escaneados y transformados en electrónicos; y se les incluye una resolución que comunica esta nueva forma de tramitación.
“El modelo de expediente electrónico beneficia tanto a las personas usuarias internas como externas, pues tienen la posibilidad de consultar su expediente de forma electrónica, completa y actualizada; revisar todas las diligencias que se han realizado y los avances. Además, pueden presentar escritos, solicitudes judiciales o la incorporación de documentos, de forma electrónica y descargar el expediente completo. Con ello, el Poder Judicial garantiza a las partes del proceso, el acceso a la información”, explicó el juez coordinador del despacho, Miguel Acosta Granados.
Los expedientes electrónicos del despacho de Talamanca, se pueden consultar desde el Sistema de Gestión en Línea para cualquiera de los trámites ya mencionados y otros.
Para Acosta Granados, gestionar el expediente penal bajo el modelo electrónico, agiliza la tramitación de las diligencias judiciales, la consulta es más célere y las personas usuarias ya no tienen que desplazarse hasta las oficinas físicas para consultar el expediente.
En esta jurisdicción se atiende población indígena de Alto Talamanca, quienes en su mayoría acuden a las personas defensoras para realizar consultas directas al expediente, esto también permite que la defensa técnica tenga acceso inmediato al proceso.
Desde el 19 de setiembre, el Juzgado Penal de Talamanca trabaja bajo la modalidad electrónica, así establecido por acuerdo del Consejo Superior y contó con el acompañamiento de las Direcciones de Tecnología de la Información y Planificación, para los procesos de migración a expediente electrónico y la estandarización de ubicaciones y tareas electrónicas del Escritorio Virtual.
Actualmente el Juzgado registra un circulante de 334 asuntos.
Desempleo, tasa de ocupación y escalada de la violencia en Costa Rica
María Leonela Artavia-Jiménez (*)
UNA Comunica. 17 de octubre. Tras la pandemia, los indicadores relacionados con los mercados laborales en el país han cambiado considerablemente; la vulnerabilidad del empleo se manifestó en una mayor expulsión de personas ocupadas en informalidad, mujeres y personas jóvenes.
Las implicaciones de ello tienen una trascendencia social ineludible, de manera que es preciso leer en detalle los hallazgos de cada trimestre para poder comprender estas nuevas dinámicas. En este artículo se presenta una lectura general sobre datos de empleo y violencia para generar reflexión sobre la necesidad de mirar más allá de la tasa de desempleo y situarse en esas otras dinámicas nacionales que se relacionan con lo que pasa en materia de empleabilidad.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), si comparamos el trimestre junio-julio-agosto de este año con el mismo período del año anterior, el desempleo ha disminuido 1.9 puntos porcentuales en el caso de los hombres y una cifra asombrosa de 4.5 puntos porcentuales para las mujeres ¿Cómo puede ser esto posible si al mismo tiempo se reporta una salida de 55 mil mujeres de la población ocupada?
La explicación reposa en la forma en cómo se calcula la tasa de desempleo, que es la siguiente: población desempleada/ (población ocupada + población desempleada).
De manera que, si la cantidad de personas ocupadas cae, estaremos dividiendo la población desempleada entre una cantidad menor, por lo cual estamos obteniendo una tasa más baja con respecto a períodos anteriores, sin que ello signifique más empleos a nivel país, en especial, en el caso de las mujeres.
Es imprescindible leer la tasa de desempleo a la par de otros indicadores, como, por ejemplo, la cantidad de población fuera de la fuerza de trabajo (aquella población que no está trabajando en los mercados laborales y que tampoco busca trabajo), la cual, según los datos para el último trimestre móvil junio-julio-agosto, ha aumentado en 206.392 personas en comparación con el mismo período para el año anterior. Es decir, no hay menos personas desempleadas porque hayan encontrado trabajo, sino porque ya no están trabajando ni están buscando un empleo.
Aunado a lo anterior, las estadísticas del INEC (2023) para el II trimestre del año en curso son contundentes. El empleo asalariado es el único que ha repuntado con respecto al mismo período del año anterior (INEC, 2022), con un 2% que no alcanza para resarcir las caídas en las otras posiciones.
Esta situación evidencia, al menos, dos situaciones: i) sigue siendo difícil para los sectores productivos del país generar empleos, pues en un año el empleo asalariado creció tan solo un 2%; ii) para las personas que deciden emprender (ya sea por propia voluntad o porque no encuentran un empleo asalariado) el panorama no está siendo muy alentador, pues en un año la reducción de un 10% es de gran relevancia.
Ahora bien, es importante tener presente que lo que acontece en los mercados laborales determina en gran medida el bienestar de la población, pues los hogares en su mayoría dependen principalmente de los ingresos obtenidos por concepto de sus trabajos. De manera que un panorama en el que hay menos personas trabajando genera condiciones para el deterioro de las condiciones de vida de la población en general.
Con respecto a la violencia, las personas de escasos recursos y escasa escolaridad poseen una mayor vulnerabilidad a ser absorbidas por bandas criminales; por ejemplo, en el caso de Puntarenas, las estadísticas de empleo indican que la población ocupada se ha reducido en un 3% (3.269 personas ocupadas menos) entre el segundo trimestre del 2022 y el segundo trimestre del 2023, período en el que hay 11.773 personas más que no trabajan ni buscan empleo.
Pese a que no se trata en este espacio de establecer un análisis de causalidad, entre desempleo y violencia, es importante leer estos datos a la luz del crecimiento en la cantidad de homicidios en este espacio, en el que de acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se ha incrementado la cantidad de estos en un 35% con respecto al año anterior, por lo que cobra relevancia lo planteado por Villalobos, Peraza y Rodríguez en su escrito “Puntarenas análisis sociodemográfico y criminológico del cantón central”: “las posibles causas de la incidencia criminal en Puntarenas varían, sin embargo, se encuentran algunos puntos de acuerdo en temas como la falta de fuentes de empleo, las pocas opciones de escolarización y el consumo/venta de drogas” (p.51).
Por su parte, a nivel nacional las estadísticas del OIJ del 2023 dan cuenta de un incremento importante en la violencia en el país, pues, la cantidad de homicidios en lo que va del año ha aumentado un 42% si se le compara con el año anterior. Lo lamentable es que se ha duplicado la cantidad de personas menores de edad asesinadas por ajuste de cuentas o venganza, y son personas que por su edad tendrían que estar estudiando y custodiadas por sus padres o personas responsables.
Por lo anterior, los indicadores en materia de empleo trascienden la visión macroeconómica y de crecimiento económico, pues en realidad sostienen un complejo metabolismo social y determinan las condiciones de vida de la población; esto es, el trabajo como actividad organizadora de la vida. Por lo cual, la reducción en la cantidad de personas ocupadas requiere con urgencia de acciones focalizadas que tomen en cuenta que, en materia de empleo, la educación es la herramienta por excelencia.
Apremia la necesidad de contar con programas de tecnificación con enfoque territorial dirigidos a segmentos de población específica, como lo son las personas jóvenes, cuyo enfoque sea la promoción del fortalecimiento de sus habilidades y capacidades para elevar su empleabilidad en puestos de calidad, que permita protegerles ante vulnerabilidades sociales.
La buena noticia es que la institucionalidad pública existe: el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) tiene una amplia capacidad de ofrecer carreras técnicas de seis meses a dos años, además de la presencia en una gran cantidad de territorios, lo cual es una oportunidad por aprovechar, por lo que está en las manos del Estado y sus autoridades articular lo que competa para cumplir con las responsabilidades de sus cargos.
(*) La autora de este artículo es economista, Master Scientae en Estudios Latinoamericanos con Énfasis en Cultura y Desarrollo, profesora e investigadora de la Escuela de Economía, donde coordina el proyecto Trabajo y Crisis: aportes desde una Economía Política Crítica Heterodoxa para la vida.
Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica
La U pública y la defensa de la Caja
Osvaldo Durán-Castro, Sociólogo ITCR, ecologista FECON
La Caja Costarricense del Seguro Social y las universidades públicas son parte de un mismo sistema social. Fueron y son consustanciales en la construcción de Estados orientados a mejorar la calidad de vida mediante la inversión social pública. La mejora en la calidad de vida de una sociedad requiere alta inversión en educación y en salud. La historia de Costa Rica demuestra que la fundación de la Universidad de Costa Rica y de la Caja fueron pasos fundamentales para asegurar que la sociedad costarricense diera un giro radical hacia la mejora de la calidad de vida en general, lo cual se manifiesta en indicadores como la esperanza de vida al nacer que pasó de los 46,9 años en 1942 a 78,31 para los hombres y de 83,46 años para las mujeres, según datos del INEC de 2022 (ver Costa Rica en cifras). Pero ahora mismo, lo que estamos perdiendo es la virtud de que una familia pudiera pasar en tan solo 3 generaciones de personas analfabetas, a personas con primaria y luego a personas con título universitario.
Otro tanto hay que decir del papel indispensable de la educación en todos sus niveles y la salud para elevar el nivel de calificación de la fuerza de trabajo. Por esa inversión social nuestro país tiene un mercado laboral atractivo para la inversión externa directa, y también para la inversión de capital nacional. Este es un gran asunto por discutir que resumido en una pregunta es: ¿qué pasaría si a las empresas que vienen y contratan a las personas con buena salud y elevada calificación universitaria, les decimos que deben pagar al menos una parte de lo invertido en cada una de esas personas desde que nació hasta el día que la contrataron? ¿Cuánto deberían pagar? Es ahí cuando vemos que toda la inversión social en educación, salud, vivienda, la recreación social, inversiones para atender especialmente a las personas mayores y más pobres en general, fueron indispensables para contar con una fuerza de trabajo/personas trabajadoras saludables y capacitadas.
Otro elemento que une absolutamente la Caja con el sistema de universidades públicas es el grado y autonomía que constitucionalmente les fue otorgado para cumplir eficientemente y a cabalidad sus misiones. Ambas entidades fueron dotadas de una autonomía especial que les permite autogobernarse y definir autónomamente cuáles son las necesidades en las cuales debe invertir los recursos que reciben de la sociedad costarricense por medio del Gobierno. Cuando se debilita la autonomía de la Caja por cualquier vía sucede exactamente la misma agresión que cuando se trata de debilitar la autonomía de las universidades públicas. Las destituciones ilegales de la presidencia ejecutiva de la Caja y de sus directivo.as, son tan graves como recortar, sin justificaciones válidas, el presupuesto de la educación.
La defensa de la salud y de la educación, en este caso de la Caja y de las universidades públicas, son tareas que van en paralelo. Si se trata de mantener y fortalecer sociedades algo o más justas y equitativas, tal y como está establecido en los principios de la Caja y en los Estatutos orgánicos de las universidades públicas, es indispensable mancomunar esfuerzos para hacer cumplir la autonomía especial de rango constitucional que ambas instituciones tienen.
Cuando las universidades públicas nos sumamos a la defensa de la Caja, de su financiamiento y de su autonomía, estamos haciendo en paralelo defensa de esos mismos principios para la educación pública. Ambas son indispensables para hacer cumplir garantías sociales que deben ser recuperadas, reforzadas y aseguradas. En la sociedad costarricense no se puede entender un buen sistema de salud pública sin un buen sistema educativo público. No podríamos comprender la relevancia y aporte crucial de la Caja Costarricense del Seguro Social en la mejora de la calidad de vida de la sociedad costarricense, sin comprender el aporte de la Universidad de Costa Rica, y del sistema público de universidades en la formación de las personas especialistas en todos los campos que requiere el sistema de salud.
Es el sistema de educación público en el que se han formado la mayor parte de las personas que hoy son trabajadoras de la salud en todos los campos. Esto incluye al personal que puede realizar una operación del más alto grado de especialización, pero también el que atiende laboratorios, farmacias, servicios de enfermería, comedores hospitalarios, servicios de limpieza, etc, pues todos, absolutamente todos, los servicios de salud requieren diferentes niveles de formación académica. En una visión integral de salud, todos los servicios devienen en esenciales, fundamentales y complementarios a la hora de garantizar una atención integral de salud. La historia de la salud en Costa Rica es en gran parte la historia de la Caja Costarricense del Seguro Social y en paralelo es la misma historia de la universidad pública. Se trata de un mismo sistema de inversión social, que es el que permitió que la sociedad costarricense se construyera con niveles de vida altos y aceptables, pero ahora en caída.
En el “Pronunciamiento del Instituto Tecnológico de Costa Rica con respecto al informe FEES aprobado por la Asamblea Legislativa” (ITCR, 2021, primera edición), respondimos innumerables acusaciones infundadas de parlamentario.as del cuatrienio anterior. Reseñamos que en la última Agenda de Cooperación entre gobierno y universidades públicas, se incluyeron “18 proyectos priorizados por el gobierno y 111 proyectos innovadores adicionales propuestos por las universidades distribuidos en todo el país, en áreas tan diversas como: recurso hídrico, agricultura, ambiente, salud y recursos marinos. El presupuesto que financia todos estos proyectos de la Agenda de Cooperación proviene de los Fondos del Sistema del FEES y de aportes de las universidades estatales. La nueva Agenda de Cooperación, en etapa de negociación, se enfocará a atender los 14 Desafíos de la Educación Pública Costarricense planteados en el documento propuesto por CONARE al Gobierno de la República” (ITCR 2021.169).
Otro dato que debe destacarse es que para contribuir con la emergencia por la COVID-19, las universidades cedieron ¢13.000 millones del FEES (de su presupuesto en caja). “Además, trasladaron ¢6.000 millones para fortalecer al sistema de becas, precisamente para asegurar que estudiantes de menores ingresos tuvieran la oportunidad de mantenerse en las aulas”. Adicionalmente, del presupuesto 2020 se financiaron diecisiete proyectos de investigación para atender la pandemia del COVID-19 (ITCR 2021. 28 y 105).
Hoy, el modelo estatal neoliberal está orientado a borrar la inversión social y la convirtió en un simple “gasto” aduciendo que cualquier inversión social es imposible porque el Estado es financieramente deficitario. Desde hace década transitamos de la inversión social al gasto y luego al déficit. Ese desfinanciamiento de la CCSS, de la educación, y en general de la inversión pública, se da mientras el Ministerio de Hacienda (2023) -sólo porque es obligado- da a conocer la “Lista de contribuyentes clasificados como grandes contribuyentes nacionales que declaran el impuesto sobre la renta (utilidades) con “pérdida” o “cero ganancias” actualizado al 30/06/2023”, según el cual en el año 2022 205 empresas se declararon con “pérdida” o “cero ganancias”. Ante esa propuesta no queda más que sumar esfuerzos entre las instituciones estatales asociadas con la existencia del Estado social costarricense, como la Caja y el sistema educativo público, para hacer que se cumpla lo que la Constitución y otras leyes dicen sobre el presupuesto para inversión social.
En las últimas décadas los gobiernos de Costa Rica han deambulado en materia de inversión social, haciendo inversiones focalizadas pero no invirtiendo con visión estratégica en los servicios de salud. Eso es lo contrario de lo que debería hacerse siguiendo, por ejemplo, las recomendaciones de entidades como la Comisión económica para América Latina (CEPAL), que en su estudio “Panorama Social de América Latina” (2021) hizo un llamado claro y directo a fortalecer los sistemas de salud en todos los países. Entre otras notas clave de la CEPAL, destacan que “Los sistemas de salud son fundamentales para el bienestar y la salud de las poblaciones”, y que “la salud es la parte más importante para el desarrollo de las capacidades humanas, por lo que se ha sostenido que explicaría de forma robusta las distintas sendas de desarrollo económico”.
En resumen, debemos repetir que contrario a lo que pide la CEPAL, los gobiernos provocan que cada día más personas se vean privadas de acceso a sistemas de salud eficientes, integrales y reciban atención verdaderamente humanizada, precisamente porque están cayendo las inversiones y se está ensanchando el campo de acción de la enfermedad como negocio privado.
La integración suspendida
Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)
Intercambiaba con mi buen amigo hondureño, el escritor Fabricio Estrada, sobre las irracionalidades de las élites de nuestros países. En un sin sentido palaciego, casi que, de apostilla, las diplomacias migratorias de Costa Rica y Honduras decidieron poner obstáculos a la movilidad entre ambos países.
En una medida desesperada para, supuestamente detener la escalada de violencia en Costa Rica atribuida en forma mayoritaria al funcionamiento de grupos criminales organizados, el gobierno costarricense adujo que buena parte de estos grupos contaban con ciudadanos hondureños en sus filas y por tal razón había que limitar su entrada.
Bajo esa premisa, y argumentando razones de seguridad nacional, impuso restricciones y condiciones para el ingreso y permanencia de personas provenientes de aquel país. Entre las solicitudes, se encuentran la visa consular y aportar un comprobante de medios económicos, que garanticen la subsistencia en el país.
En correspondencia recíproca, el gobierno hondureño también prefijó varios criterios que deberán cumplir los costarricenses para entrar en aquel país. Entre estos una certificación médica y una constancia de Interpol.
La relación entre seguridad y movilidad humana explica una tensión a escala global no resuelta aún, desde que se instaló como premisa de gestión migratoria luego de setiembre 11 de 2001 y se intensificó en la época de la pandemia.
En la región resulta recurrente la aplicación de ese esquema, que a todas luces suspende la premisa de la integración regional y la supedita a los entuertos y reacciones temperamentales de los actores y sectores que toman decisiones a los más altos niveles.
Al tiempo que esta reacción visceral ocurre y varias formas de movilidad quedan supeditadas entre ambos países, el corredor del tránsito para las migraciones venezolanas sigue produciéndose en Costa Rica, aún con sospechas de muchas acciones irregulares en el ámbito gubernamental que deberán ser aclaradas en el corto plazo.
La época de los chivos expiatorios está lejos de desaparecer. Hoy son los hondureños. Ayer los nicaragüenses, hace un siglo los armenios y gitanos. Convendría entonces repensar las categorías con las que nos imaginamos en el concierto global de los derechos humanos. Tenemos mucho que aprender todavía, como enunciar las causas estructurales del fenómeno de la violencia e identificar a sus reales actores causantes responsables, por ejemplo.
Imagen ilustrativa.