María Leonela Artavia-Jiménez (*)

UNA Comunica. 17 de octubre. Tras la pandemia, los indicadores relacionados con los mercados laborales en el país han cambiado considerablemente; la vulnerabilidad del empleo se manifestó en una mayor expulsión de personas ocupadas en informalidad, mujeres y personas jóvenes.

Las implicaciones de ello tienen una trascendencia social ineludible, de manera que es preciso leer en detalle los hallazgos de cada trimestre para poder comprender estas nuevas dinámicas. En este artículo se presenta una lectura general sobre datos de empleo y violencia para generar reflexión sobre la necesidad de mirar más allá de la tasa de desempleo y situarse en esas otras dinámicas nacionales que se relacionan con lo que pasa en materia de empleabilidad.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), si comparamos el trimestre junio-julio-agosto de este año con el mismo período del año anterior, el desempleo ha disminuido 1.9 puntos porcentuales en el caso de los hombres y una cifra asombrosa de 4.5 puntos porcentuales para las mujeres ¿Cómo puede ser esto posible si al mismo tiempo se reporta una salida de 55 mil mujeres de la población ocupada?

La explicación reposa en la forma en cómo se calcula la tasa de desempleo, que es la siguiente: población desempleada/ (población ocupada + población desempleada).

De manera que, si la cantidad de personas ocupadas cae, estaremos dividiendo la población desempleada entre una cantidad menor, por lo cual estamos obteniendo una tasa más baja con respecto a períodos anteriores, sin que ello signifique más empleos a nivel país, en especial, en el caso de las mujeres.

Es imprescindible leer la tasa de desempleo a la par de otros indicadores, como, por ejemplo, la cantidad de población fuera de la fuerza de trabajo (aquella población que no está trabajando en los mercados laborales y que tampoco busca trabajo), la cual, según los datos para el último trimestre móvil junio-julio-agosto, ha aumentado en 206.392 personas en comparación con el mismo período para el año anterior. Es decir, no hay menos personas desempleadas porque hayan encontrado trabajo, sino porque ya no están trabajando ni están buscando un empleo.

Aunado a lo anterior, las estadísticas del INEC (2023) para el II trimestre del año en curso son contundentes. El empleo asalariado es el único que ha repuntado con respecto al mismo período del año anterior (INEC, 2022), con un 2% que no alcanza para resarcir las caídas en las otras posiciones.

Esta situación evidencia, al menos, dos situaciones: i) sigue siendo difícil para los sectores productivos del país generar empleos, pues en un año el empleo asalariado creció tan solo un 2%; ii) para las personas que deciden emprender (ya sea por propia voluntad o porque no encuentran un empleo asalariado) el panorama no está siendo muy alentador, pues en un año la reducción de un 10% es de gran relevancia.

Ahora bien, es importante tener presente que lo que acontece en los mercados laborales determina en gran medida el bienestar de la población, pues los hogares en su mayoría dependen principalmente de los ingresos obtenidos por concepto de sus trabajos. De manera que un panorama en el que hay menos personas trabajando genera condiciones para el deterioro de las condiciones de vida de la población en general.

Con respecto a la violencia, las personas de escasos recursos y escasa escolaridad poseen una mayor vulnerabilidad a ser absorbidas por bandas criminales; por ejemplo, en el caso de Puntarenas, las estadísticas de empleo indican que la población ocupada se ha reducido en un 3% (3.269 personas ocupadas menos) entre el segundo trimestre del 2022 y el segundo trimestre del 2023, período en el que hay 11.773 personas más que no trabajan ni buscan empleo.

Pese a que no se trata en este espacio de establecer un análisis de causalidad, entre desempleo y violencia, es importante leer estos datos a la luz del crecimiento en la cantidad de homicidios en este espacio, en el que de acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se ha incrementado la cantidad de estos en un 35% con respecto al año anterior, por lo que cobra relevancia lo planteado por Villalobos, Peraza y Rodríguez en su escrito “Puntarenas análisis sociodemográfico y criminológico del cantón central”: “las posibles causas de la incidencia criminal en Puntarenas varían, sin embargo, se encuentran algunos puntos de acuerdo en temas como la falta de fuentes de empleo, las pocas opciones de escolarización y el consumo/venta de drogas” (p.51).

Por su parte, a nivel nacional las estadísticas del OIJ del 2023 dan cuenta de un incremento importante en la violencia en el país, pues, la cantidad de homicidios en lo que va del año ha aumentado un 42% si se le compara con el año anterior. Lo lamentable es que se ha duplicado la cantidad de personas menores de edad asesinadas por ajuste de cuentas o venganza, y son personas que por su edad tendrían que estar estudiando y custodiadas por sus padres o personas responsables.

Por lo anterior, los indicadores en materia de empleo trascienden la visión macroeconómica y de crecimiento económico, pues en realidad sostienen un complejo metabolismo social y determinan las condiciones de vida de la población; esto es, el trabajo como actividad organizadora de la vida. Por lo cual, la reducción en la cantidad de personas ocupadas requiere con urgencia de acciones focalizadas que tomen en cuenta que, en materia de empleo, la educación es la herramienta por excelencia.

Apremia la necesidad de contar con programas de tecnificación con enfoque territorial dirigidos a segmentos de población específica, como lo son las personas jóvenes, cuyo enfoque sea la promoción del fortalecimiento de sus habilidades y capacidades para elevar su empleabilidad en puestos de calidad, que permita protegerles ante vulnerabilidades sociales.

La buena noticia es que la institucionalidad pública existe: el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) tiene una amplia capacidad de ofrecer carreras técnicas de seis meses a dos años, además de la presencia en una gran cantidad de territorios, lo cual es una oportunidad por aprovechar, por lo que está en las manos del Estado y sus autoridades articular lo que competa para cumplir con las responsabilidades de sus cargos.

(*) La autora de este artículo es economista, Master Scientae en Estudios Latinoamericanos con Énfasis en Cultura y Desarrollo, profesora e investigadora de la Escuela de Economía, donde coordina el proyecto Trabajo y Crisis: aportes desde una Economía Política Crítica Heterodoxa para la vida.

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