La Unión Europea incluyó este martes a Costa Rica, entre otras naciones, a su lista de jurisdicciones que no cooperan en materia fiscal con el bloque comunitario, según informó el Consejo de la UE en un comunicado.
Tras la decisión, aprobada por los ministros de Economía y Finanzas, en la lista figuran 16 territorios además de nuestro país, a añadidos a: Panamá, Samoa Americana, Fiji, Guam, Palau, Trinidad y Tobago, Samoa, las Islas Vírgenes americanas, Vanuatu, Bahamas, Anguila y las Islas Turcas y Caicos, que ya estaban.
La lista, que se actualiza cada seis meses, incluye aquellas jurisdicciones que incumplen los estándares de la UE en materia de transparencia fiscal, justicia tributaria o implementación de las normas internacionales para evitar la erosión de la base fiscal o el traslado de beneficios, y que además no dan pasos para atajar esos problemas.
Figurar en ella no conlleva sanciones económicas, más allá de la prohibición de que los fondos europeos transiten por entidades radicadas en estas jurisdicciones y medidas administrativas, como auditorías más frecuentes, aunque los Estados pueden decidir a nivel nacional imponer otro tipo de penalizaciones.
Costa Rica entra en este repertorio desde que se creó en 2017, puesto que no ha cumplido sus compromisos para abolir o modificar ciertos aspectos de su régimen de excepción de las fuentes de ingresos extranjeros considerados perjudiciales, según explicó el Consejo de la UE.
Los niveles de corrupción en Costa Rica, que además ubican al país entre las 10 naciones con mayor aumento de la desigualdad social DEL MUNDO, producto no solo del favorecimiento fiscal a unas cuantas familias que son exoneradas (como por ejemplo los importadores de arroz), sino también por la multimillonaria evasión y elusión que ese mismo sector empresarial realiza contra las arcas del Estado, provocando el Déficit Fiscal que tiene en crisis económica al país.
EL ROBO de impuestos del gran sector empresarial es impresionante, se estima que solo en 2018 cerró con una evasión de 650.264 millones de colones.
El informe de la Contraloría General de la República de ese año, y de gran transcendencia, indicó que uno de cada tres contribuyentes (grandes empresarios) inscritos declaró impuesto neto menor o igual a cero. Entre estos están los más grandes millonarios del país como la Cervecería Costa Rica (FIFCO) y transnacionales ubicadas en el país como Telefónica (que pasó a ser Liberty) y Claro, entre muchas otras.
La deuda en mora por el impuesto de ventas en 2017 alcanzó 71.220 millones y creció en más del 150% de 2010 a 2017, ahora imagínense como estará en 2023.
Al inicio de su mandato, Rodrigo Chaves indicó a un medio de comunicación nacional que «hay que acabar con los monopolios y las políticas públicas para grupos empresariales privilegiados, a la vez que se debe impulsar la reactivación económica, la industria y la conectividad de Costa Rica con el mundo.», pero el monopolio de Riteve pasó a ser el monopolio de Dekra y los importadores de arroz se «pegaron la lotería» cuando Chaves les exoneró de pagar impuestos con el timo de bajara el precio para los consumidores, pero fueron los empresarios los que se llevaron el privilegiado monto de más de 7.000 millones de colones a sus bolsillos, impuestos que deberían estar en la Hacienda pública para invertir en el país.
La falsa promesa de Rodrigo Chaves de «acabar» con la evasión y el contrabando (con la instalación de escáneres), quedó en eso, falsas promesas. Mientras tanto los LADRONES de impuestos se hacen más y más ricos, mientras los pobres, más pobres.
Por eso digo, el PLN, el PUSC, el PAC (con todos sus aliados legislativos Nueva República, Liberales, etc.) y ahora el PPSD de Rodrigo Chaves, son exactamente lo mismo, parásitos y depredadores.
El pasado 09 de febrero de 2023, la Junta de Salud del Hospital Monseñor Sanabria y la doctora Tania Jiménez Umaña, directora general de centro hospitalario realizaron visita a la construcción del nuevo hospital, logrando apreciar el avance de esta importante obra.
Puede ver vídeos e imágenes de la visita y apreciar el avance de la construcción en el siguiente enlace: https://fb.watch/iBf4l1q735/
La Escuela de Filosofía y el programa Praxis T.V. realizaron el pasado jueves 09 de febrero el Programa Praxis TV titulado “ Perspectivas de la Costa Rica del futuro”, con la participación de Esteban A. Aguilar Ramírez, conductor del programa Praxis TV; la Msc. Sylvia Arredondo Guevara, académica e investigadora de la Escuela de Relaciones Internacionales de la UNA y el Dr. Ángel Ortega Ortega, director de la Escuela de Planificación y Promoción Social-EPPS UNA.
El programa tuvo por objetivo difundir el quehacer de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional, y de la Universidad en general a través de realización de producciones audiovisuales que permitan el diálogo entre la filosofía, otras disciplinas académicas y saberes ajenos a la academia.
Puede observar el video publicado por la Escuela de Planificación y Promoción Social-EPPS-UNA en el siguiente enlace: https://fb.watch/iA-KDLGSsx/
MSc. Anais Patricia Quirós Fernández Académica Universitaria, Escritora Carrera de Idioma Inglés y Programa Institucional Ingles para el Trabajo PIT Secretaría de la Mujer, Genero, Equidad y Movimiento LGTBQI Seccional Sindical Nacional ANEP-UTN Sede del Pacifico, Sede Central
Es un hecho, EN LAS AULAS DE LA UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL, TENEMOS ADOLESCENTES QUE AUN NO SON MAYORES DE 18 AÑOS.
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETO: LEY PARA PREVENIR LA REVICTIMIZACIÓN Y GARANTIZAR LOSDERECHOS DE LAS PERSONAS MENORES DE EDADEN EL SISTEMA EDUCATIVO COSTARRICENSE
En su contenido, expongo algunos capítulos importantes de análisis en nuestra alma mater. El Artículo 1- Establece Principios rectores. La presente ley se fundamenta en los principios del interés superior, igualdad y no discriminación, supervivencia y desarrollo, participación y el de autonomía progresiva.
La Ley #9999 tiene como objetivo proteger y reconocer los derechos de las personas menores de edad, prevenir su revictimización y evitar la impunidad en los procedimientos del régimen disciplinario docente y administrativo. Esta ley tiene como objeto determinar eventuales responsabilidades derivadas de denuncia de maltrato físico, emocional, abuso sexual o trato corruptor, que involucre a una persona menor de edad o a un grupo de personas menores de edad, como víctimas. (Artículo 2)
El Artículo 3:
Establece Definiciones. Para efectos de la presente ley se entiende lo siguiente: a)Víctima:toda persona menor de edad estudiante que sufre un daño o perjuicio a su propiedad o integridad física, emocional o sexual por culpa de una persona funcionaria docente, docente administrativa o administrativa. b) Persona menor de edad: toda persona menor de dieciocho años. c) Adolescente: toda persona mayor de doce y menor de dieciocho años. d)Hostigamiento y acoso sexual: toda conducta con contenido o connotación sexuales realizada por un funcionario o funcionaria docente, docente administrativo, técnico-docente y administrativo contra una persona menor de edad estudiante.
¿Qué debemos entender por acoso u hostigamiento sexual?
Todas aquellos manifestaciones o comportamientos de los cuales mencionare algunos: (Artículo 3):
i) La solicitud de favores sexuales.
ii) Promesas de un trato preferencial o de ventaja como condición en la formación o proceso educativo, amenazas sugeridas o expresa, física o moral, o de daños o castigos de la persona hostigada, como condición para la formación o el proceso educativo, para que la persona estudiante realice conductas sexuales con la persona docente.
iii) Las insinuaciones o proposiciones y el uso de lenguaje verbal, no verbal o escrito, de gestos, símbolos o imágenes de naturaleza o contenido sexual.
iv) Los acercamientos corporales, los tocamientos u otras conductas físicas de naturaleza sexual.
v) Cualquier trato discriminatorio hacia la persona hostigada, que resulte de la negativa de un requerimiento de contenido sexual.
En conclusión, la UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL INICIA AÑO LECTIVO 2023- I CUATRIMESTRE, con una minoría importante de estudiantes de nuevo ingreso que siguen en condición de adolescente ya que son aún menores de 18 años, que están bajo la protección de la Ley # 9999 a los y las cuales debemos proteger, informar, asesorar, y dar a conocer sus derechos.
El personal docente, administrativo docente, técnico-docente o administrativo, que preste sus servicios en la UTN, tiene el deber de conocer, la ley citada como también denunciar los casos de maltrato físico, emocional, abuso sexual o trato corruptor en perjuicio de una persona menor de edad estudiante.
Así también, la responsabilidad de vigilar por la seguridad de esta pequeña población que hoy están en nuestros salones de clases compartiendo con adultos.
Permitamos como institución pública formadora de profesionales que estas personales aun en calidad de adolescentes menores de edad lleguen a cumplir su mayoría de edad en un entorno sano sin acoso u hostigamiento.
Fuente de consulta;
Ley para prevenir la revictimización y garantizar los derechos de las personas menores de edad en el Sistema Educativo Costarricense N° 9999 ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
MSc. Anais Patricia Quirós Fernández Académica Universitaria, Escritora Carrera de Idioma Inglés y Programa Institucional Ingles para el Trabajo PIT Secretaría de la Mujer, Genero, Equidad y Movimiento LGTBQI Seccional Sindical Nacional ANEP-UTN Sede del Pacifico, Sede Central
No podría iniciar sin explicar antes la definición de pilar. “Un pilar es aquel objeto que permite sostener o aguantar algún tipo de estructura, especie de columna para dar soporte.”
Los pilares de la educación según Jacques Delors (1996) y, la UNESCO (2022) son los siguientes:
Aprender a conocer
Aprender a hacer
Aprender a vivir juntos
Aprender a ser
Aprender a transformarse
Conocer, hacer, vivir, ser y transformarse se relacionan entre sí y afectan la educación y en la forma en que percibimos sus pilares.
La humanidad entró a un colapso mundial (la pandemia) entre 2019 al 2020. Todo el planeta se vio afectado sin importar raza, religión, nivel económico, edad, país o deseo de vivir o morir. La muerte repartió citas en la puerta de cada hogar, algunas las atendió, otras quedaron para luego.
La economía se fractura, algunas actividades se debilitan otras tomaron fuerza, los gobiernos trataron de implementar medidas extremas para responder a las necesidades, el área de salud trabajo arduamente mientras que en los hogares se dispararon detonantes de conflictos tales como: disminución de los ingresos, divorcios, desintegración familiar, incremento en el uso de alcohol, y otras drogas para disminuir la ansiedad de no saber que venía adelante.
Cada grupo a su manera busco enfrentar el caos, pero aún no sabemos si se logró o quien lo logro. Ante ello surge la pregunta:
¿Qué paso con la educación y sus 5 pilares?
Del 2021 al 2022, la educación al igual que la sociedad estuvieron eclipsadas. Los centros educativos tanto públicos como privados comenzaron a ciegas a implementar estrategias y planes educativos desconocidos para muchos y empíricos para otros. Al igual que todos aquellos relacionados con los avances tecnológicos (TIC’s). Por ejemplo el incremento de la educación en línea – programas que emergen como agua en el desierto para aquellos centros e instituciones educativas que se guiaban desde 1950 por clases presenciales, magistrales, de materiales físicos, pizarra, tiza, marcador, libros, cuadernos y fotocopias. El viraje hacia los entornos de aprendizaje virtual trajo como consecuencia caos, desconocimiento, experimentación, confusión, deserción, desinterés, incapacidad, desigualdad, frustración, como apenas unos de los tantos conceptos que se perciben en los pasillos y aulas de los centros educativos como en diferentes hogares.
La “fábrica educativa” continúa preparando masivamente profesionales titulados, algunos sin un norte seguro hacia un mercado laboral donde la competencia exige calidad, habilidades y destrezas idóneos para asumir puestos nacionales, internacionales y trasnacionales, que puedan llenar las necesidades del mercado. ¿Pero que paso con los pilares de la educación?
Entre el 2022-2023 (febrero), tenemos diagnosticado ( Informe del Estado de la Educación-2020-2022) lo que ocurrió en nuestras instituciones educativas y en los hogares de Costa Rica.
En conclusión, durante el Siglo XXI y los años citados se revolucionaron los 5 pilares fundamentales de la educación costarricense. Aprender a conocer nos obliga a buscar nuevas habilidades y competencias para entornos globales ya no nacionales. Aprender a hacer nos lleva a encontrar respuestas a la pregunta: ¿esto que estoy haciendo me ayuda a mí, a mi comunidad y al planeta? Aprender a vivir juntos apuesta por un mundo global de relaciones con distintas geografías y entornos virtuales. Aprender a ser enfoca hacia la educación holística. Aprender a transformarse implica la integración del pensamiento prospectivo e interdisciplinario en la educación para el desarrollo sostenible y la creación de estilos de vida responsables.
Indudablemente, nuestro sistema educativo costarricense nos obliga a realizar una profunda y urgente reforma… Como dijo Albert Einstein: “Todo mundo es un genio, pero si juzgas a un pez por no trepar al árbol, este vivirá creyendo es incapaz.” No podemos seguir en un sistema donde no solo creemos que todos son iguales sino también que todos aprenden de la misma forma. El siglo XXI trajo muchos cambios con ello una nueva generación que se sienta en las aulas, y el entorno además se trata de recuperar de una pandemia que ataco al mundo entero, a niños, adolescentes y adultos. Muchos sin entender ¿Qué realmente paso? Pero enfrentando en sus aulas el mismo sistema de los años 80s, 90s, y que se perpetua en los primeros años de este siglo.
Debemos fortalecer el último pilar, aprender a transformarse, permitiéndole a nuestra población estudiantil que piensen en forma creativa, innovadora, critica, independiente donde se desarrolle la habilidad de conectar con un entorno exigente. Se afirma científicamente que no existen dos cerebros iguales. A eso se le suman elementos como edad, generación, fortalezas, necesidades, dones, y posibilidades que sin duda requieren diferentes estrategias.
¿Cómo podríamos optimizar un sistema educativo cuando alguno de sus pilares esta fracturado?
Si la ciencia de la medicina se actualiza, la tecnología avanza y hasta el diseño de los automóviles cambian; nos preguntamos: ¿Qué pasa con el sistema educativo? ¿Quiénes son el futuro? ¿Acaso el médico medica a todos sus pacientes por igual con la misma dosis y el mismo medicamento? Oh, ¿seguiremos obligando a los peces a trepar árboles?
En 1981 se reformó de nuevo la Constitución para crear el Fondo para el Financiamiento de la Educación Superior Estatal (FES), que no solo conserva las rentas que les son propias, sino que el presupuesto global será el producto de un plan quinquenal, aprobado conjuntamente con el gobierno, pero que nunca puede ser inferior al anterior, más la inflación; además establece que estas rentas no pueden ser abolidas o disminuidas, sino no se crean antes otras que las sustituyan
ÓSCAR AGUILAR BUGARELLI
Pablo Santana
La clausura de la vieja Universidad de Santo Tomás
La autonomía de las universidades, es uno de los logros más apreciados hasta hoy, por la sociedad costarricense. Desde la clausura de la vieja Universidad de Santo Tomás en 1888, el país no contó con otra universidad sino hasta 1941 con la creación de la Universidad de Costa Rica durante el gobierno de orientación social cristiana de Rafael Ángel Calderón Guardia.
Sin embargo, la idea de crear una universidad se había dado a conocer desde el año 1935, con la llegada al país de la llamada “Misión Chilena” que ese año hizo público un extraordinario informe sobre las grandes y necesarias reformas que urgían a la educación costarricenses. El Tomo III de dicho documento elaborado por el Dr. Luis Galdames se titula precisamente: La Universidad Autónoma, ya que a su juicio “no se concebiría, pues, una corporación docta que careciese del poder dinámico brotado de su propia vida interna, para renovarse y prosperar constantemente” pues corresponde a la propia universidad para ser tal, patrocinar sus propias “reformas más o menos trascendentales en frecuentes lapsos”.
Y lo más importante, concibió que “en gracia de la completa autonomía que se le confiera, la Universidad de Costa Rica va a encontrarse en condiciones más ventajosas que cualquiera de sus hermanas del continente, para desenvolver un plan de vasto alcance, con unidad y continuidad de miras. NO ENTRAÑARA SU ACCIÓN NINGÚN PREJUICIO, NINGÚN INTERÉS TRADICIONAL, NINGUNA SECTA NI NINGÚN PARTIDO, NINGÚN INFLUJO TRANSITORIO O IMPRUDENTE, EXTRAÑO A SUS FINES…” y obviamente señala que para lograrlo se necesita total independencia corporativa, absoluta y amplia “tanto cuanto sus normas de acción lo justifiquen. Es a esa independencia y a ese poder de medirse y determinarse según su propio criterio, a lo que llamamos AUTONOMÍA UNIVERSITARIA”.
Este histórico sistema de garantía a las libertades universitarias, siempre ha sido visto con positivo apoyo por la inmensa mayoría del pueblo costarricense, que ha sabido cuidar de ese patrimonio; aunque no han faltado ni faltan quienes quisieran acabar con él
Garantía constitucional
Además, aparejada a esa autonomía de gobierno, y que no puede existir la una sin la otra, está la más irrestricta LIBERTAD DE CÁTEDRA, como garante del pensamiento académico y científico sin ninguna restricción.
Este informe fue la base sobre la cual se estructuró la ley que creó la Universidad de Costa Rica en agosto de 1940 y que abrió sus puertas en marzo de 1941. Así, desde el principio, esos dos hitos fundamentales para que una universidad se repute de seria, estuvieron presentes en todo el proceso de creación de la universidad.
Sin embargo, aquella garantía legal no era suficiente. Por ello, después de los hechos políticos de 1948, que nos llevaron a nuestra última guerra civil y la necesaria convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente; ésta introdujo en el texto de la nueva Constitución de 1949 el concepto de autonomía institucional para varios entes especializados del estado e incluyó a la Universidad de Costa Rica, a la que otorgó plena autonomía y capacidad jurídica para “adquirir derechos y contraer obligaciones, así como darse su organización y gobierno propio” garantizando en ese momento, que sus rentas anuales serían el 10% del presupuesto dedicado a educación, cuyo manejo era absolutamente de su incumbencia y de nadie más.
Pablo Santana
Democraticación en el acceso
Con esto se garantizaba, nada menos que por vía constitucional, la más autónoma de las autonomías, como se dijo en su momento, y además con rentas claramente establecidas para ella y no fueran motivo de su manipulación. Si agregamos que, además, la libertad de cátedra quedó establecida también en la Constitución al señalar que es un principio fundamental de la enseñanza universitaria, el círculo de la UCR quedaba blindado y seguro en aquellos dos principios fundamentales.
Pasaron los años, la población del país aumentó, la gratuidad de la enseñanza secundaria que también estableció el nuevo texto fundamental y que, a su vez, complementó la ley de 1869 con relación a la educación primaria, incrementó la necesidad y demanda universitaria; por lo que entre 1970 y 1977 se crearon tres nuevas instituciones: Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR), Universidad Nacional (UNA) y la Universidad Estatal a Distancia (UNED), amparadas a una reforma constitucional, por la que todas las universidades que fueran creadas posteriormente al año 1949, gozarán todas de aquellos mismos derechos y garantías constitucionales de autonomía y libertad de cátedra.
Gracias a la existencia de otras leyes, las universidades recibían diferentes rentas que ayudaban a complementar los ingresos que señalaban sus leyes de creación; pero era obvia su insuficiencia e inconveniente disputa por obtener mayores recursos.
aparejada a esa autonomía de gobierno, y que no puede existir la una sin la otra, está la más irrestricta LIBERTAD DE CÁTEDRA, como garante del pensamiento académico y científico sin ninguna restricción
Fondo para el Financiamiento de la Educación Superior Estatal (FES)
Por eso, en 1981 se reformó de nuevo la Constitución para crear el Fondo para el Financiamiento de la Educación Superior Estatal (FES), que no solo conserva las rentas que les son propias, sino que el presupuesto global será el producto de un plan quinquenal, aprobado conjuntamente con el gobierno, pero que nunca puede ser inferior al anterior, más la inflación; además establece que estas rentas no pueden ser abolidas o disminuidas, sino no se crean antes otras que las sustituyan.
Una vez establecido el nuevo fondo quinquenal, son las universidades las que, por medio de Oficina de Planificación de la Educación Superior y el Consejo Nacional de Rectores, organismos totalmente universitarios, aprobarán el plan de desarrollo y repartición porcentual de aquellos ingresos. Desde su vigencia, nunca se han dado conflictos insalvables entre las universidades, por este motivo,
Este histórico sistema de garantía a las libertades universitarias, siempre ha sido visto con positivo apoyo por la inmensa mayoría del pueblo costarricense, que ha sabido cuidar de ese patrimonio; aunque no han faltado ni faltan quienes quisieran acabar con él.
Los huestes neoliberales son su principal enemigo, tanto que, en este momento, hay en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley enviado por el actual Poder Ejecutivo, de sueños autocráticos, que pretende que ese fondo sea creado por una comisión integrada por los ministerios de Educación, Hacienda y Planificación que también supervisarían que las carreras que se ofrezcan estén dentro del Plan Nacional de Desarrollo y de las necesidades de la empresa privada.
Si bien el Poder Ejecutivo solo tiene 9 diputados de 57, podrían encontrar que algunos de otros partidos apoyen semejante desafuero, por lo que la lucha que nos espera a los universitarios y pueblo costarricense, es grande.
ÓSCAR AGUILAR BUGARELLI, Catedrático Universidad de Costa Rica UCR y Universidad Nacional UNA.
La baja del dólar contribuye a la reducción del precio de los combustibles, lo cual libera poder adquisitivo que la gente podría utilizar incrementando sus compras de consumo, a la vez que ello alivia los costos de las empresas. Y, sin embargo, es muy posible que el efecto estimulante que ello pudiera tener, es mucho menor de lo que, de entrada, podría creerse, puesto que, con mucha seguridad, una parte significativa de esa mayor demanda se desviará hacia las importaciones.
El caso es que la revalorización del colón frente al dólar no solo afecta la competitividad de las exportaciones y del turismo, sino que, asimismo, golpea a todas las actividades económicas que producen mercancías -desde las galletas y detergentes a los frijoles y el calzado- que compiten con productos importados. No esperemos que estos últimos tengan una gran rebaja, puesto que el comercio importador es un negocio controlado por oligopolios que están en posición de manipular los precios. Basta, en todo caso, con llevar las cosas a un nivel que ponga en aprietos a los productores nacionales y les robe mercado, hasta, eventualmente, sacarlos del juego.
Al abaratarse las importaciones, se abaratan no solo bienes importados que las personas consumimos, sino también insumos que las empresas requieren para producir. Resulta entonces que insumos que podrían producirse en el país, se importarán, lo que impide que se desarrollen nexos entre los diversos sectores productivos. Ello simplemente agrava el viejo problema del desmembramiento de la economía: no hay encadenamientos y, entonces, el sistema productivo costarricense, termina convertido en una tela deshilachada. Un ejemplo para ilustrar este punto: recientemente Dos Pinos anunció que sacará al mercado nacional una nueva marca de galletas. Solo que… las galletas no se producirán en Costa Rica.
Todo esto reduce sustancialmente, tanto el dinamismo de la economía como la generación de empleos.
La revalorización del colón frente al dólar es un problema viejo. Empezó a manifestarse en 2008, y se cronificó a partir de 2010. Lo acaecido en el último semestre ha sido, sin embargo, un movimiento abrupto, nunca visto antes.
Es necesario entender que la tasa de cambio colón-dólar es un precio demasiado importante como para dejarlo en manos del mercado. Necesitamos que sea estable y realista, sin movimiento descontrolados ni hacia arriba ni hacia abajo.
Y en cuanto a la revalorización crónica del colón, la única forma saludable y sostenible de resolverla es mediante una política industrial, destinada a elevar la productividad y modernizar y diversificar la economía. Lamentablemente eso está totalmente ausente de la agenda política nacional.
A pesar de ser un día destinado a la protección de uno de los elementos fundamentales del medio ambiente como son los humedales, con mucha tristeza, molestia, coraje, indignación, vergüenza e impotencia Costa Rica ha dejado pasar una oportunidad única e importante para ser congruente con su imagen de país verde y decidió el congreso dejar vencer el plazo para la para la aprobación del expediente legislativo N° 21.245, “Aprobación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe ⎼ conocido como Acuerdo de Escazú”.
Este acuerdo tenía como propósito Proteger a las personas que defienden el ambiente y prevenir los conflictos ambientales garantizando que las personas involucradas en actividades que pueden afectar el ambiente participen en éstas desde el principio. Es el primer instrumento internacional vinculante sobre derechos humanos y medio ambiente de nuestra región. Su proceso de negociación contó con el auspicio de la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas (CEPAL), el liderazgo de las delegaciones de Chile y Costa Rica, así como con la participación activa de la sociedad civil.
Es vergonzoso que Costa Rica, país en el que se firmó el acuerdo para hacer realidad este avanzado proyecto se negara a firmarlo porque tuvo una votación unánime en el primer debate, que luego la Sala Constitucional anuló y obligó a iniciar el proceso el cual debía de cumplirse dentro del plazo de cuatro años y simple y sencillamente dejaron que ese plazo venciera. Una incongruencia total.
País verde que niega la participación ciudadana en materia de ambiente. País verde que impide que se abran opciones para un desarrollo de la legislación ambiental y la protección que requiere para ser más amigables con el ambiente.
No hubo voluntad política y posiblemente si hubo intereses económicos y personas interesadas para que esto no se diera.
Con 11 votos a favor y 41 en contra, enterraron el “Acuerdo de Escazú”. En contra representantes de Nueva República y de la Unidad Social Cristiana junto al Liberal Progresista y Liberación Nacional allanaron el camino para evitar que Costa Rica participe de un acuerdo ambiental que fue, incluso, elaborado en Costa Rica y aprobado ya por grandes economías, como la de Chile, Argentina, Panamá y otras.
Lo peor de todo es que se archivó sin que se diera un solo debate en torno a su conveniencia o no. Simplemente dejaron pasar el tiempo y ya. Cientos de organizaciones ambientales trataron de que se les escuchara y que por lo menos se abriera un debate mediante la aprobación de la ampliación del plazo, pero no fueron escuchadas.
Muy lamentable y es urgente buscar los mecanismos de derecho internacional para tratar de revivir este acuerdo y pueda ser ratificado por Costa Rica.
Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto: nboeglin@gmail.com
Según informaron distintos medios de prensa, el pasado 1ero de febrero la Asamblea Legislativa de Costa Rica optó por no mantener en la corriente legislativa el expediente correspondiente al trámite de aprobación del Acuerdo de Escazú, puesto a su conocimiento desde el mes de febrero del 2019 (véase por ejemplo cable de la agencia EFE replicado en Swissinfo y esta nota muy completa cuya lectura integral se recomienda publicada en el medio digital Delfino.cr).
Al vencerse el plazo cuatrenial, este expediente pasa a ser definitivamente archivado, a menos que el Poder Ejecutivo costarricense decida presentarlo de nuevo en la corriente legislativa: se estima que esta posibilidad no ocurrirá con las actuales autoridades que tomaron posesión en mayo del 2022.
Como se recordará, el Acuerdo de Escazú es un tratado internacional adoptado bajo los auspicios de la Comisión Económica de Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (CEPAL) en marzo del 2018 en Costa Rica por 33 delegaciones de América Latina y del Caribe y consta de 26 artículos (el texto se encuentra disponible en este enlace): su objetivo es traducir en términos legales el Principio 10 de la Declaración de Río de 1992 sobre participación pública informada en materia ambiental.
En marzo del 2022, una cita en la capital costarricense auspiciada por la CEPAL con los principales bancos internacionales de cooperación al desarrollo (Banco Mundial, BCIE, BID, BEI) reafirmó que el Acuerdo de Escazú se enmarca perfectamente con los lineamientos generales sobre transparencia y rendición de cuentas que promueven estas entidades internacionales en materia de inversión (véase comunicado oficial de prensa).
Un hecho insólito
Cabe precisar que fue sin Costa Rica que el Acuerdo de Escazú entró oficialmente en vigor el 22 de abril del 2021, con 12 Estados Parte, siendo Argentina y México los Estados que permitieron alcanzar la cifra necesaria para su entrada en vigor: el estado actual de firmas y ratificaciones está disponible en este enlace oficial de Naciones Unidas, con un instrumento de ratificación adicional (Chile) depositado en junio del 2022, y otro pendiente (Colombia) luego de aprobarse por parte de ambas cámaras de su congreso y ser sancionado por el Presidente colombiano en noviembre del 2022 (véase nota nuestra al respecto).
En el caso de Costa Rica, es la primera vez que se observa semejante ausencia por parte de un Estado que lidera la negociación de un instrumento internacional y que le da el nombre de uno de sus cantones: es ausente al no estar entre los primeros Estados en ratificarlo y es de igual forma ausente al no figurar en el grupo de Estrados que le dan vida jurídica para lograr su entrada en vigor (11 Estados requeridos en el caso del Acuerdo de Escazú).
Se trata de una situación totalmente anómala e insólita, y sobre todo desconocida hasta la fecha en la práctica diplomática internacional. Tanto dentro como fuera de Costa Rica, la inconsistencia con la imagen internacional proyectada es absoluta.
En el ámbito interno, la incongruencia de varios partidos políticos es más que evidente al recordarse que en febrero del 2020, este mismo instrumento internacional fue aprobado en primer debate con 44 votos a favor y 0 en contra (véase tablero con detalle de los votantes del 13 de febrero del 2020): raramente se ha observado en Costa Rica tan súbito cambio de parecer de diversas agrupaciones políticas, las cuales se retiraron en mayo del 2022 de aquella legislatura (2018-2022) sin brindar ninguna explicación al respecto.
Las lagunas persistentes del ordenamiento jurídico en materia ambiental
Es totalmente erróneo sostener que el Acuerdo de Escazú no aporta nada nuevo al marco legal existente costarricense, tal y como escuchado por parte de las actuales autoridades costarricenses para justificar su no aprobación.
Entre muchos ejemplos de omisiones legales en Costa Rica que busca precisamente solucionar este tratado regional de vanguardia, la indefensión de las personas que defienden el ambiente constituye una persistente realidad. Una valiosa publicación titulada «Una memoria que se transforma en lucha: 30 años de criminalización del movimiento ecologista en Costa Rica» documenta una realidad muy alejada de la imagen de democracia verde y pacífica promovida internacionalmente por el Estado costarricense en los últimos 30 años. Incluso, un informe presentado por el Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas en septiembre del 2022 recomendaba expresamente a Costa Rica ratificar sin más preludios el Acuerdo de Escazú, ante la situación de total vulnerabilidad que sufren líderes de varias comunidades indígenas costarricenses, dos de ellos habiendo sido asesinados en menos de un año entre marzo del 2019 y febrero del 2020 (véase nota nuestra al respecto).
Otro aspecto que busca regular este tratado internacional, como por ejemplo el acceso a la información en materia ambiental, es objeto de lagunas persistentes que obligan a ciudadanos y a organizaciones costarricenses a recurrir sistemáticamente a los tribunales de justicia para obtener información que entidades estatales les niegan. El mismo recurso a la justicia nacional se puede observar en materia de consulta y de participación de comunidades potencialmente afectadas por un proyecto de cierta envergadura: sobre este preciso punto, Chile recientemente estableció un mecanismo siguiendo precisamente los lineamientos del Acuerdo de Escazú (véase enlace oficial del SEA – Servicio de Evaluación Ambiental – al respecto).
La conflictividad socioambiental en aumento registrada en Costa Rica en los últimos tiempos evidencia las diversas carencias de su actual marco normativo en materia ambiental (y los reiterados informes del Estado de la Nación así lo documentan).
A modo de conclusión
Más allá del desconocimiento que parecieran tener algunos jerarcas sobre el carácter incompleto del marco legal en materia ambiental en Costa Rica y de las razones esgrimidas por las actuales autoridades ambientales costarricenses para justificar su posición, es muy probable que el archivar el Acuerdo de Escazú dañe sustancialmente la imagen de Costa Rica en el exterior.
Tal y como se indicó en una nota publicada por el Semanario Universidad este mismo 1ero de febrero, al no aprobar el Acuerdo de Escazú, «Costa Rica está perdiendo toda credibilidad internacional, al estar dándole la espalda a dos pilares tradicionales de su política exterior, como lo son derechos humanos y ambiente«.
En junio del 2012 el vehículo de José Menéndez y de Sonia Bermúdez fue incinerado. Esta pareja había denunciado el madereo así como la extracción de piedras del río Banano en Limón. Foto extraída de este artículo del Semanario Universidad del 6 de abril del 2021 sobre el Acuerdo de Escazú. Como suele ocurrir en Costa Rica, 10 años después, la impunidad campea en este caso, como en muchos otros en los que ecologistas son objeto de acciones de esta naturaleza.
Docente de la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura y del Doctorado en Estudios de la Sociedad y la Cultura e investigador del Centro de Investigación en Identidad y Cultura Latinoamericanas
Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.
Jornadas de investigación del Ciicla
El indígena es una ‘excusa narrativa’ al que estos relatos no otorgan voz. Estos textos enmascaran, silencian u ocultan la realidad histórica de su situación subalterna en la Costa Rica de la época.
Entre 1885 y 1940 se publicaron en Costa Rica relatos (novelas, novelas cortas, cuentos) que alegorizan al indígena costarricense y su cultura, textos en los que predomina una mirada deshistorizada y arqueológica. Son narrativas tardías del romanticismo indianista, previas al indigenismo que eclosianará posteriormente, ya en pleno siglo XX, sobre todo en el espacio cultural andino.
Fantasías indianistas
Nos referimos, en primer lugar, a Zulai y Yontá (1909, primera edición; 1919, segunda edición; 1946, tercera edición)1, de María Fernández de Tinoco, dos novelas -publicadas bajo el pseudónimo Apaikán– que han de analizarse conjuntamente, tanto por motivos narratológicos y sociológicos como editoriales. Fueron publicadas inicialmente por entregas en la revista Virya, órgano de la Sociedad Teosófica de Costa Rica. El conflicto de Zulai se expresa a través del triángulo constituido por Zulai, Ivdo y Kaurki. Este último, el cacique, buscará impedir que la pareja de enamorados cumpla con su idilio afectivo. Yontá se puede entender como una precuela: alude a la madre de Ivdo, el espiritual y valeroso guerrero que se enamora de Zulai en la novela del mismo nombre. Estas dos novelas han recibido en los últimos años bastante atención crítica (Francisco Rodríguez Cascante; Sergio Coto-Rivel), después de décadas de olvido. Las ideas teosóficas de su autora se canalizan, sobre todo, a partir de los paratextos y de las digresiones explicativas.
Portada de la tercera de edición de Zulai y Yontá, 1945, de María Fernández de Tinoco.
Menos conocida es Arausi (1929), de Diego Povedano (hijo del pintor academicista Tomás Povedano), novela que también deshistoriza las culturas indígenas costarricenses. Su enforque alegórico ya se aprecia desde el paratexto de la dedicatoria: “Dedico esta novela a mi esposa, por haberme servido ella de modelo para la concepción de la heroína de la obra.” La historia sentimental nos remite de nuevo al romanticismo indianista. Se estructura una historia de amor romántico entre Arausi y Surabta, entrelazada con un conflicto colectivo, el organizado a raíz de las pretensiones de la casta sacerdotal de una corte maya, la de Na-chan-caac (la actual Palemke, México), de dominar la voluntad del ilustrado pero débil monarca Tutulxiu, alrededor del mantenimiento o eliminación de los sacrificios humanos en sus dominios. Finalmente, se justifica la unión entre Arausa, princesa maya, y Surabta, guerrero huetar, como contribución a la eliminación de estos ritos sacrificiales.
Portada de Arausi, de Tomás Povedano, 1929.
El delfín de Corubicí (1923, primera edición; 1962, segunda edición), de Anastasio Alfaro, es un caso atípico. Es una novela redactada con el objetivo explícito de convertirse en un texto pedagógico. La primera edición se publicó en el número 12 de la colección El convivio de los niños, organizada por Joaquín García Monge. El proemio “El motivo de este libro” nos ofrece la intencionalidad desde la que fue concebida. Alfaro explica que fue invitado a una escuela superior de niñas para explicarles a estas últimas “las costumbres indígenas tal como las apreciaron los primeros conquistadores españoles” (1923: v), es decir, la vida cotidiana de los indígenas antes de la conquista y la colonia. Afirma que para despertar el interés de su audiencia decidió comunicar este contenido desde una estructura narrativa. Se describe en esta novela corta, desde una visión idílica y festiva, la vida cotidiana de los indígenas del Golfo de Nicoya.
Portada de El Delfín de Corubicí, de Anastasio Alfaro, 1923.
Matla (1933), de Euclides Chacón Méndez, nos ofrece, por el contrario, un enfoque pesimista. Es una novela corta publicada por primera vez en el Repertorio Americano en nueve entregas. En este último caso, contaba con un subtítulo “Fantasía indígena”, que perdió con la publicación en formato de libro. Contó con una primera edición en libro, realizada por el servicio de Publicaciones del Instituto de Alajuela en 1940, en la que se incorporó un prólogo de Moisés Vizenci. No se le conocen ediciones posteriores y podemos sospechar que la primera contó con escasa difusión. Ideológicamente, es una narración que se inserta en la teoría evolucionista de las civilizaciones; unas, más atrasadas, las indígenas, están condenadas a desaparecer en favor de otras menos sanguinarias, occidentales en el presente caso. También se representa en esta novela la típica historia de amor romántico, protagonizada en este caso por Yara, joven chorotega, hija de Kaurki, y Xilotl, un extranjero apátrida, mientras que el caciqué, Cararé, obstaculiza esta relación.
El imaginario precolombino también quedó incorporado en cuentos y leyendas. “De caza” es un cuento de Carlos Gagini, integrado en la colección Chamarasca (1898), que responde a la ideología del exotismo. Al inicio, el narrador observa desde su mirador el panorama del valle del río Barranca. El escritor enfrentado a la crisis de la página en blanco, decide transcribir una leyenda que el día anterior le relató un indígena octogenario: es decir, el narrador transcribe una leyenda indígena antes de que desaparezca uno de sus últimos presentantes. Esta leyenda se preserva en el ‘archivo’ de la cultura letrada escrita, en un relevo que se tematiza como inevitable. Este indígena relata un triángulo amoroso establecido entre Teribe, heredero del cacicazgo de Turiaca, su prima Sula e Itli, el amigo inseparable del primero. Teribe descubre y venga la relación oculta entre los amantes, al decidir que mueran en la hoguera. La atalaya en la que se encuentra el narrador del relato marco también debe entenderse como una metáfora del distanciamiento histórico e ideológico de la sociedad costarricense de finales del siglo XIX frente a unas sociedades precolombinas que considera como desaparecidas. Es, finalmente, la atalaya de la Historia, que observa el relevo de las civilizaciones desde una superioridad epistemológica.
Por su parte ,“Tapaligüi” es un cuento de Ricardo Fernández Guardia recopilado en la colección Hojarasca (1984). La historia de amor romántico tiene un carácter alegórico más evidente que el ofrecido en el cuento de Gagini. El sanguinario y depravado cacique Nambi, de Nicoya, desea a la joven doncella Miri, a su vez enamorada de Tapaligüi, hijo del cacique enemigo de Chira, Niquir. En las fiestas dedicadas al dios sol, Tapaligüi aprovecha para atacar con su ejército el pueblo de Nicoya, aunque llega demasiado tarde para salvar a Miri de ser sacrificada. Justo en este momento se escucha el sonido del cañón de un barco europeo. El relato está estructurado a partir de la narrativa alegórica del ‘destino manifiesto’: las sociedades indígenas han alcanzado un estado tal de corrupción moral (el cacicazgo de Nicoya realiza sacrificios humanos y actos de canibalismo en las fiestas del sol, celebradas tres veces al año) que se justifica la llegada de los españoles, quienes traen los valores civilizatorios del cristianismo. Por este motivo, el autor implícito dedica la primera parte del relato a mostrar la escena descriptiva de una festividad ritual que termina por convertirse en una orgía de sexo y alcohol: mediante este recurso busca mostrar la decadencia moral de la civilización indígena.
La Otredad temporal y sociocultural del mundo indígena es promovida cuando este último queda ubicado en un pasado lejano, previo a la ‘hora cero’ que supuso la llegada de los europeos a América. Este es el caso de “Leyenda indígena”, de Rosa Corrales de Chavarría, de 1903, relato publicado en el suplemento Los Lunes de “La República”, del diario del mismo nombre. El cacique Bu-kerá, respetado por sus súbditos, entra en guerra con un cacique vecino, Sar-Puñg, quien termina por tomar prisionero al primero y a sus jefes. Be tsung, el awa (médico o brujo) de Bu-kerá, negocia el rescate del cacique y Sar-Puñg, por su parte, le exige la entrega de diez doncellas, entre ellas su propia hija, Ka tú. Anteponiendo la lealtad y el amor a su cacique, el awa ofrece a su hija y a las demás doncellas al enemigo. Recriminado por Bu-kerá, quien tiene a Ka tú por amante, el médico-brujo desaparece y su cadáver es encontrado días después en las aguas del Golfo de Nicoya, una alusión a su suicidio.
Por lo demás, numerosas ilustraciones de tema arqueológico precolombino se incorporan en Revista de Costa Rica en el siglo XIX. Tomo I, de 1902. Es una miscelánea, tal como se cultivaron en todo el siglo XIX y a inicios del siglo XX en América Latina. Además de ilustraciones que muestran a indígenas como representantes de la estructura poblacional de la época, esta obra incorpora abundantes ejemplos de naturalezas muertas de objetos arqueológicos. Es un enfoque que también encontramos en la Cartilla histórica de Costa Rica, de Ricardo Fernández Guardia. La visualidad museística de la cultura material indígena la representa como una sociedad muerta que carece de vigencia en la época contemporánea.
La narrativa como invención excluyente
Como vemos, en los relatos mencionados se establece la oposición entre una vida cotidiana comunitaria tribal (dominada por caciques sanguinarios) y la vida idílica y arcádica de una pareja de sujetos indígenas -los protagonistas- que viven una historia de amor romántica en palenques o chozas aisladas, alejados de los vicios de la vida tribal (promiscuidad sexual, violencia, alcoholismo). Son narrativas en las que se distingue tanto al buen salvaje (la pareja protagonista, unida en una relación afectiva escenificada desde el amor romántico) como a Calibán (caciques, casta sacerdotal), mientras que el pueblo es un simple figurante.
Son relatos llenos de anacronismos. Como sabemos, el discurso racista está caracterizado por el tropo de la carencia, y la construcción de los personajes de estas narrativas –que son finalmente estereotipos- registran las huellas de este enfoque jerarquizador: el Otro cultural carece de modestia sexual, de pacifismo, etc. Es lo que ocurre con la figura del cacique (desea a la doncella protagonista del relato, es sanguinario y cruel), mientras que el pueblo carece de contención, a la hora de celebrar unos festivales comunitarios en los que prolifera el alcohol.
Como explica José Ricardo Chaves (comunicación por correo electrónico) en estas novelas (nos referimos propiamente a Zulai y Yontá y a Arausi), la conexión teosófica se observa, sobre todo, en el tema de la antropogénesis y de la sucesión de las distintas razas humanas, enfoque explicativo en el que la teosofía no aporta un fundamento genético, sino cultural y espiritual. Las ‘razas’ corresponden a las distintas etapas por las que ha transcurrido la ‘evolución’ humana, y en estas coordenadas cada ser humano ha pasado, pasa y pasará por todas ellas. No se debe confundir este enfoque explicativo con las problemáticas actuales del discurso racista. En las novelas mencionadas, de la Atlántida derivarían buena parte de los pueblos prehispánicos. Este enfoque formó parte de las ideologías identiarias latinoamericanas, como la de José Vasconcelos y su concepto de la raza cósmica.
En estas narrativas, el poder religioso -la casta sacerdotal- es uno de los antagonistas. Se opone siempre al desarrollo de una sociedad indígena más armónica, alejada del expansionismo militar y de la belicosidad. De alguna manera, esta casta sacerdotal –modelada, anacrónicamente, desde valores inquisitoriales- le permite a estos escritores alegorizar la sensibilidad conservadora de finales del siglo XIX e inicios del XX. Podríamos admitir una segunda lectura alternativa. La insistencia en convertir a la casta sacerdotal en alegoría del oscurantismo religioso, en representante de la idolatría y de la superstición, puede tener un subtexto: reforzar, implícitamente, la importancia de la evangelización cristiana del indígena a inicios del siglo XX. A esta segunda lectura contribuiría el hecho de que el tema de la anticipación evangélica también está presente en algunos de estos relatos. Además, en una tercera lectura, en Zulai y Yontá y Arausi, el triunfo sobre la casta sacerdotal podría aludir a la llegada de un nuevo cristianismo, de una nueva espiritualidad, propia de la teosofía, que pregona valores como la justicia social, el amor y la concordia.
La arqueologización de la cultura precolombina, en el discurso visual (ilustraciones) de algunas de estas novelas, es homóloga a la identificación, en el discurso literario, de las comunidades indígenas como ‘razas’ extintas. Las sociedades precolombinas solo sobreviven a partir de las huellas de una cultura material que los trabajos arqueológicos traen a la superficie. En el proyecto de construcción del Estado-nación costarricense, el pasado indígena precolombino se constituye en un pasado ‘muerto’, en un sustrato desaparecido, en una civilización que, justo en su decadencia, fue sustituida por otra llena de valores espirituales, la cristiana europea.
El indígena es una ‘excusa narrativa’ al que estos relatos no otorgan voz. Estos textos enmascaran, silencian u ocultan la realidad histórica de la opresión que ha vivido. La mímesis literaria romántica, cuando es adoptada y adaptada por el sistema literario latinoamericano, se revela como una invención, fantasía o pantalla que oculta las prácticas de exclusión del indígena en relación con el proyecto del Estado-nación.
Como teatro imaginario, estas novelas escenifican conflictos entre las sociedades indígenas. Las zonas de contacto conflictivas típicas de los contextos coloniales y de las narrativas colonialistas se reproducen en un contexto precolombino. Las naciones a las que presta mayor atención este grupo de narradores son los güetares y los chorotegas. De alguna manera, se alegorizan las relaciones entre el Valle Central y las regiones costeras de la actual Costa Rica. Son narrativas que construyen, finalmente, una geografía histórica imaginaria de Costa Rica.
El espectro potencialmente amenazante de una Otredad contemporánea (la existencia de indígenas en el siglo XX costarricense) queda sublimado desde la Otredad temporal y su imaginario exótico. El mecanismo ideológico empleado consiste en proyectar las ansiedades contemporáneas hacia el indígena en fantasías estereotipadas ubicadas en el pasado.
1 Se publicaron en vida de la autora tres ediciones en formato de libro: la de 1909, la de 1919, ambas surgidas de los Talleres de Alsina y, por último, la de 1946, procedente de los Talleres de la Imprenta Nacional, la que manejamos en la presente investigación, digitalizada por la Biblioteca Nacional de Costa Rica, y la que han empleado los críticos que, en los últimos años, se han ocupado de las dos novelas.
Dorde Cuvardic García Docente de la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura y del Doctorado en Estudios de la Sociedad y la Cultura. Investigador del Centro de Investigación en Identidad y Cultura Latinoamericanas (Ciicla)
