Martín Rodríguez Espinoza
La Unión Europea incluyó este martes a Costa Rica, entre otras naciones, a su lista de jurisdicciones que no cooperan en materia fiscal con el bloque comunitario, según informó el Consejo de la UE en un comunicado.
Tras la decisión, aprobada por los ministros de Economía y Finanzas, en la lista figuran 16 territorios además de nuestro país, a añadidos a: Panamá, Samoa Americana, Fiji, Guam, Palau, Trinidad y Tobago, Samoa, las Islas Vírgenes americanas, Vanuatu, Bahamas, Anguila y las Islas Turcas y Caicos, que ya estaban.
La lista, que se actualiza cada seis meses, incluye aquellas jurisdicciones que incumplen los estándares de la UE en materia de transparencia fiscal, justicia tributaria o implementación de las normas internacionales para evitar la erosión de la base fiscal o el traslado de beneficios, y que además no dan pasos para atajar esos problemas.
Figurar en ella no conlleva sanciones económicas, más allá de la prohibición de que los fondos europeos transiten por entidades radicadas en estas jurisdicciones y medidas administrativas, como auditorías más frecuentes, aunque los Estados pueden decidir a nivel nacional imponer otro tipo de penalizaciones.
Costa Rica entra en este repertorio desde que se creó en 2017, puesto que no ha cumplido sus compromisos para abolir o modificar ciertos aspectos de su régimen de excepción de las fuentes de ingresos extranjeros considerados perjudiciales, según explicó el Consejo de la UE.
Los niveles de corrupción en Costa Rica, que además ubican al país entre las 10 naciones con mayor aumento de la desigualdad social DEL MUNDO, producto no solo del favorecimiento fiscal a unas cuantas familias que son exoneradas (como por ejemplo los importadores de arroz), sino también por la multimillonaria evasión y elusión que ese mismo sector empresarial realiza contra las arcas del Estado, provocando el Déficit Fiscal que tiene en crisis económica al país.
EL ROBO de impuestos del gran sector empresarial es impresionante, se estima que solo en 2018 cerró con una evasión de 650.264 millones de colones.
El informe de la Contraloría General de la República de ese año, y de gran transcendencia, indicó que uno de cada tres contribuyentes (grandes empresarios) inscritos declaró impuesto neto menor o igual a cero. Entre estos están los más grandes millonarios del país como la Cervecería Costa Rica (FIFCO) y transnacionales ubicadas en el país como Telefónica (que pasó a ser Liberty) y Claro, entre muchas otras.
La deuda en mora por el impuesto de ventas en 2017 alcanzó 71.220 millones y creció en más del 150% de 2010 a 2017, ahora imagínense como estará en 2023.
Al inicio de su mandato, Rodrigo Chaves indicó a un medio de comunicación nacional que «hay que acabar con los monopolios y las políticas públicas para grupos empresariales privilegiados, a la vez que se debe impulsar la reactivación económica, la industria y la conectividad de Costa Rica con el mundo.», pero el monopolio de Riteve pasó a ser el monopolio de Dekra y los importadores de arroz se «pegaron la lotería» cuando Chaves les exoneró de pagar impuestos con el timo de bajara el precio para los consumidores, pero fueron los empresarios los que se llevaron el privilegiado monto de más de 7.000 millones de colones a sus bolsillos, impuestos que deberían estar en la Hacienda pública para invertir en el país.
La falsa promesa de Rodrigo Chaves de «acabar» con la evasión y el contrabando (con la instalación de escáneres), quedó en eso, falsas promesas. Mientras tanto los LADRONES de impuestos se hacen más y más ricos, mientras los pobres, más pobres.
Por eso digo, el PLN, el PUSC, el PAC (con todos sus aliados legislativos Nueva República, Liberales, etc.) y ahora el PPSD de Rodrigo Chaves, son exactamente lo mismo, parásitos y depredadores.
Imagen ilustrativa.
