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Etiqueta: Costa Rica

UCR, Voz experta: Las escuelas unidocentes en Costa Rica son instituciones garantes del acceso a una educación de calidad

Esteban Ibarra y Claudio Vargas Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.

Por Esteban Ibarra y Claudio Vargas

Las escuelas unidocentes costarricenses representan un bien cultural y educativo que debe preservarse y fortalecerse debido a su riqueza pedagógica y porque expresan el compromiso de una sociedad que ha apostado por la educación como un derecho humano que, a su vez, es habilitador de otros derechos que deben estar al alcance de todas las personas sin discriminación alguna.

Cada una de estas instituciones se considera como la primera puerta de acceso a la educación con que cuenta la población que habita en comunidades rurales. De allí la relevancia de que el Estado continúe garantizando su funcionamiento y acceso, que el currículo nacional se contextualice a la diversidad de ruralidades del país y que el personal docente que las atiende se encuentre capacitado para asumir su quehacer según las particularidades que les caracterizan.

Actualmente, en el país existen cerca de 1 200 escuelas unidocentes (MEP, 2021), conformadas, generalmente, por un grupo multigrado de 30 o menos personas estudiantes, las cuales se atienden de manera simultánea por una persona docente (Cartín, 2018). Esta última, a su vez, asume la gestión institucional; ello representa, por lo tanto, una significativa complejidad pedagógica y administrativa.

Pese a la presencia de factores negativos que afectan hoy la calidad de la educación que se brinda en las escuelas unidocentes: la geografía donde se ubican que hace complejo el acceso y el transporte, la pobreza de las comunidades, la carencia de recursos didácticos contextualizados, una oferta curricular incompleta, el aislamiento de las personas docentes y una sobrecarga laboral, entre muchos otros, en estas escuelas, los porcentajes de repitencia, rendimiento (aprobación, aplazamiento y reprobación) y exclusión intra-anual, han estado por debajo de la media nacional. (MEP, 2016, citado por Cartín, 2018).

En suma, estas escuelas resultan ser centros estratégicos para el desarrollo comunal, pues son espacios físicos que se prestan para múltiples propósitos en los que se involucran otras instituciones estatales y organizaciones locales. Por estas razones, debe reconocerse el esfuerzo que el Estado, las comunidades y el personal de las escuelas unidocentes realizan para garantizar la calidad del servicio que se brinda.

Desde esta perspectiva, es fundamental profundizar en una serie de aspectos que caracterizan a estas instituciones y que se relacionan con su valor social y pedagógico. Por una parte, tal como se ha mencionado, estos centros educativos se sitúan, mayoritariamente, en zonas rurales con una baja densidad poblacional, lo cual las faculta para atender al estudiantado perteneciente a zonas geográficas y culturales distintas.

En algunas de estas escuelas, además, se brindan servicios que buscan suplir necesidades fundamentales del estudiantado y sus comunidades, como, por ejemplo: preescolar heterogéneo, educación especial y otras asignaturas con docentes itinerantes (segunda lengua, música, artes plásticas, lengua y cultura en escuelas indígenas), proyectos de informática, alimentación (comedor escolar) y transporte estudiantil. Este esfuerzo del Estado, vinculado con la calidad de estas instituciones, debe profundizarse y ampliarse para que sea una realidad en todas las escuelas unidocentes del país.

A lo antedicho se suma, como parte de su valor pedagógico, la relación cercana entre el profesorado y el estudiantado. Por un lado, el hecho de que la población escolar sea pequeña y que la convivencia de la persona docente sea más permanente en la comunidad, favorece la adquisición de un conocimiento más profundo y amplio de cada estudiante y de su familia, lo cual es vital para brindar una educación más personalizada. Por otro lado, el que la persona docente deba atender en forma simultánea estudiantes de varios niveles, conlleva la necesaria aplicación de metodologías activas, centradas en el estudiantado y no en el profesorado.

Esa descentralización del rol de la persona docente implica una organización del proceso de aprendizaje que incluye actividades y materiales que le permiten al estudiantado trabajar con autonomía, es decir que, al llegar a la escuela, encuentra dispuesto el material de aprendizaje con el que debe trabajar durante el día y puede hacer uso de este gestionando sus propios aprendizajes. La dinámica de trabajo de la persona docente en el aula, se trata de rotar entre los grupos para explicar y orientar, en general, el proceso de aprendizaje. Esta dinámica favorece el desarrollo de valores y destrezas tales como la interdependencia, la cooperación, el liderazgo, la creatividad y la autoestima.

En el aula multigrado también se aplican actividades en las cuales el estudiantado de diferentes niveles trabaja de manera cooperativa, lo que favorece el trabajo interdisciplinario, la ayuda entre estudiantes de diferentes edades, capacidades y niveles, aspectos que constituyen al aula multigrado en una comunidad de aprendizaje en la que el trabajo en equipo suscita aprendizajes mutuos o “por contagio”.

Un currículo contextualizado, es decir, adaptado a la cultura local, tiene como efectos una relación más cercana entre la escuela y la comunidad, lo que favorece en el estudiantado un aprecio por la cultura local y su entorno, además de afianzar su identidad como persona y miembro de una determinada colectividad.

La importancia de las escuelas unidocentes radica en que:

  1. a) Garantizan el derecho humano a la educación a poblaciones que son clave para el desarrollo rural-nacional, las cuales, empero, han sido tradicionalmente excluidas.
  2. b) Representan una oportunidad de mejorar los niveles de alfabetización y escolarización, entendidos como medios para que las personas puedan acceder a niveles superiores dentro del sistema educativo costarricense.
  3. c) Contribuyen a la movilidad social de las personas que habitan en la comunidad, ya que se constituyen como centros estratégicos para el desarrollo comunal (económico, social, cultural, ambiental, entre otros).
  4. d) Coadyuban en la preservación de la cultura, favorecen el arraigo y evitan el despoblamiento en las zonas rurales, al favorecer la estancia de las personas garantizando el acceso al servicio educativo en la propia comunidad.

Desde la Escuela de Formación Docente de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica hemos realizado esfuerzos por atender necesidades de formación inicial y permanente del profesorado de las escuelas unidocentes. Actualmente, dentro de la malla curricular de la Carrera de Bachillerato y Licenciatura en Educación Primaria, se ofrecen los cursos de Educación Rural y Escuela Unidocente, Educación Intercultural y Principios de la Gestión Administrativa, los cuales aportan al estudiantado en formación conocimientos y habilidades necesarias para su posible desempeño en esta tipología escolar.

Desde el 2011 y hasta el 2020, se desarrollaron tres proyectos desde el Consejo Nacional de Rectores, CONARE, en los cuales participaron la UCR, la UNA y la UNED. Tales proyectos han desarrollado acciones de investigación y capacitación del personal unidocente, además, organización, divulgación y ejecución de eventos (congresos, simposios y capacitaciones), así como material didáctico: planeación correlacionada, guías de trabajo cooperativo y material informativo sobre la tipología y el quehacer docente en las escuelas unidocentes. Sumado a ello, se ha apoyado al MEP para capacitar personal docente en servicio sobre la metodología para estas instituciones.

Es evidente que las escuelas unidocentes nacieron para quedarse, pues no existe otra alternativa para atender las zonas rurales del país. Su presencia, a lo largo y ancho del territorio continental e insular, sigue representando hoy la primera puerta para que las poblaciones rurales y sus territorios cuenten con oportunidades educativas y de desarrollo. Su importancia no debe medirse, por consiguiente, según los costos económicos que representa para el Estado, ya sea por cada una de las personas estudiantes o por cuántos centros educativos hay por kilómetro cuadrado, sino que, deben valorarse, precisamente, porque Costa Rica ha visto en la educación un derecho humano transcendental que, junto a otros derechos comprime la iniquidad y la desigualdad social.

En suma, valorar el aporte de las escuelas unidocentes es defender años de progreso educativo, forjado gracias a una sociedad que ve en el Estado costarricense, un medio para construir una sociedad más justa, solidaria e inclusiva. Derivado de la trascendencia de estas instituciones, entonces, el MEP, así como las universidades, principales centros de formación inicial docente, y todas aquellas personas u organizaciones vinculadas con los procesos educativos del país, tienen la responsabilidad compartida de atenderlas y apoyar sus funciones, de manera que continúen brindando una atención de calidad para cada una de las personas y las comunidades donde se sitúan, reduciendo, a su vez, las barreras tradicionales que existen entre lo urbano y lo rural.

**Referencias

Cartín, D. (2018). Escuelas Públicas Unidocentes en Costa Rica: Historia y Situación Actual (1960-2016). San José, Costa Rica. MEP. https://www.mep.go.cr/indicadores_edu/BOLETINES/uni.pdf

Ministerio de Educación Pública. (2021). Departamento de Análisis Estadístico.

 

Profesor Esteban Ibarra
Coordinador proyecto Conare Unidocentes

Profesor Claudio Vargas
Ex coordinador proyecto Conare Unidocentes

Parlamento Cívico Ambiental 2022 – 2024

Departamento de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa de CR, invita a ser parte del Parlamento Cívico Ambiental 2022 – 2024

SURCOS comparte la siguiente información:

El Departamento de Participación Ciudadana y el Departamento Cívico Ambiental, desde la Asamblea Legislativa, le invita a participar en el tercer Parlamento Cívico Ambiental 2022-2024, con el objetivo de promover y fortalecer la organización y el compromiso cívico a través del análisis de proyectos de ley en tiempo real.

Sea parte de este evento llenando el formulario de inscripción, que se establece del 21 de octubre al 11 de noviembre del 2022: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiySqVxy_JvQkQVsKotoV2jvu_GiRcVr7l8d8ngNO6BAbagQ/viewform?usp=sf_link

 

Compartido con SURCOS por Rafael López Alfaro.

Carta pública en defensa de Cabagra

ASOCIACIÓN COSTARRICENSE DE DERECHOS HUMANOS

EN DEFENSA DE LA TIERRA-TERRITORIO EN CABAGRA

CARTA PÚBLICA A LA PRESIDENCIA

ACLARACIÓN NECESARIA

En el tema de la Recuperación en el territorio indígena de Cabagra 4 de noviembre de 2022

Con fecha 4 de noviembre de 2022 de la Administración Chaves Robles de Costa Rica, emite un comunicado, en el que expresa que “un grupo de indígenas del Territorio de Cabagra” de la zona sur del país “recuperaron un territorio por las vías de hecho. Y que esta situación ocasionó un ambiente hostil que no permite avanzar con prontitud los procesos de recuperación que se realizan a través de los mecanismos legales…”

Aclaramos que la reciente recuperación de una familia indígena de Cabagra, haciendo uso de la legalidad y de forma pacífica, de ninguna manera ocasionó hostilidad y muy por el contrario, esta familia fue víctima de amenazas y de formas de violencia contra la vida de las personas que se encontraban en el terreno recientemente recuperado.

Desde la ACODEHU solicitamos al Gobierno y al Estado de Costa Rica, se sirvan asumir con la mayor vehemencia la protección a los habitantes del territorio indígena de Cabagra, quienes han sido sujeto de amenazas y violencia de personas no indígenas, que atentan contra la integridad de sus vidas.

Para fundamentar nuestra solicitud, citamos el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.

En este Convenio existen varios artículos que establecen con claridad y en forma contundente la obligación del Estado costarricense de tomar las medidas necesarias para resguardar el derecho de los pueblos a utilizar las tierras, que no están exclusivamente ocupadas por ellos. Artículo 13, punto 2.

EN DEFENSA DE LA TIERRA-TERRITORIO EN CABAGRA

CARTA PÚBLICA A LA PRESIDENCIA

Antes de concluir, es necesario hacer mención del Fallo No. 2022024725 de la Sala Constitucional de Costa Rica. El cual declara “la nulidad de todas las compras – ventas de tierra de personas no indígenas dentro de territorios, realizadas posterior a la entrada en vigor de la Ley Indígena de 1977”. “Por lo tanto se declara que las Tierra/territorio son inalienables e imprescriptibles, no transferibles y exclusivas para comunidades indígenas”.

En este contexto los pueblos indígenas y la ACODEHU hacen reconocimiento de este fallo de la Sala Constitucional dado que, fortalece la normativa nacional e internacional en protección de los Derechos Humanos de las Poblaciones Indígenas.

Atentamente,

Ana Cecilia Jiménez Arce
Presidenta
Asociación Costarricense de Derechos Humanos
E. Mail:
derechos.humanos@acodehu-ddhh.org

CC. Pueblo Indígena de Cabagra.
Coordinadora Sur Sur.
Mesa Interinstitucional para Asuntos Indígenas
Defensoría de los Habitantes

Necesitamos transparencia y acuerdos

José Luis Pacheco Murillo

Lo peor que nos puede pasar como país es que no haya diálogo entre quienes tienen que tomar las decisiones trascendentales para el avance y el desarrollo del país. Lo peor que nos puede pasar es que se impongan intereses mezquinos sobre los intereses que a todos nos puedan favorecer.

El hecho de que haya habido diálogo entre el presidente de la República con sus ministros y los diputados del Congreso Nacional, al menos con los jefes de fracción, independientemente de los asuntos que trataron, es un buen indicio y una esperanza sobre lo que debe prevalecer sobre los asuntos nacionales.

El país lo que requiere son acuerdos. El país lo que necesita es transparencia. El país lo que exige es menos corrupción y mayor esfuerzo por la equidad. Eso implica e implicará sacrificios de los diferentes sectores, pero es necesario que lo logremos.

Hoy estamos atentos a ver de qué manera el Ministerio de Hacienda se ponga de acuerdo en relación con el marchamo para que tengamos reglas claras.

Es necesario también el diálogo con el Poder Judicial y que se logren acuerdos que, sin faltar a la independencia de poderes, se puedan llegar a alcanzar para que la cosas funcionen de la mejor forma para bien del país.

No es tiempo de entrar en polémica o en desavenencias en razón de las diferencias que podamos tener. No importa que hayamos pasado años con lo mismo, no nos resistamos al cambio. Por lo general es bueno cambiar y eso implica ser tolerantes y aceptación de lo nuevo. Aunque quizá no nos guste al principio, al final resultará más positivo que negativo.

Dios quiera que logremos entender que solamente a través del diálogo, de los acercamientos y de las formas de comunicación serias y verdaderas es que lograremos romper amarras y permitir que las cosas fluyan.

Eso es lo que debemos promulgar y sobre eso debemos servir y trabajar. Dios quiera que lo lograremos.

Libro enmarca análisis hacia la Costa Rica del futuro

Desde la Asamblea Legislativa el martes 27 de septiembre de 2022, se abrió el espacio a miras hacia el futuro y un análisis de la situación que vive el país con el libro “Perspectivas de la Costa Rica del Futuro: Una Construcción Colectiva con Enfoque Estratégico y Prospectivo”.  Desde los elementos interdisciplinarios, este libro parte de generar conocimiento que nutra la relación entre el lector y el análisis en cuanto a gobernanza, economía, ambiente y desarrollo social.

Este libro fue generado a partir de una metodología que comprendió tres etapas: el diálogo desde la ciudadanía, las propuestas que se generaron de dicho diálogo, y por último la sistematización y análisis de resultados. Además, los siete capítulos recorren temáticas del Ideario Costa Rica Bicentenaria Diálogo Nacional -entre los años 2017 y 2021.

Abarca la interdisciplinariedad de los diferentes agentes incluidos en la discusión sobre la situacion y vision de Costa Rica en los próximos 30 años, la Escuela de Planificación y Promoción Social de la Universidad Nacional (EPPS-UNA), el Tribunal de Honor y Ética del Colegio de Periodistas, la Academia Solidarista Alberto Martén y el Departamento de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa, generaron el espacio para establecer un ambiente de reflexión en cuanto a las problemática, retos y acciones que permitan generar cambios e innovar y generar beneficios para el país.

 

Compartido con SURCOS por Efrain Cavallini.

Enlace a la nota: https://www.unacomunica.una.ac.cr/index.php/octubre-2022/4263-libro-enmarca-analisis-hacia-la-costa-rica-del-futuro

Panamá ratifica el Convenio 190 de la OIT

Manuel Hernández

Panamá ratificó el Convenio N° 190 de la OIT, acerca de la violencia y acoso en el trabajo.

Panamá es el 21 país de la OIT que ratifica este convenio y el noveno de América Latina.

En muchas cosas nos está dando ejemplo.

Mientras tanto, la derechista Asamblea Legislativa de Costa Rica se decanta por un famélico proyecto de acoso laboral, construido en los astilleros de UCCAEP.

El proyecto de acoso laboral es una trampa de las patronales.

Hay que exigir la ratificación del Convenio 190 de la OIT.

La gobernanza ante la desigualdad y la pobreza en Costa Rica

Alberto Salom Echeverría

Reducir la desigualdad en América Latina, la región más desigual del mundo sí es posible y constituye hoy en día uno de los retos prioritarios para lograr el desarrollo humano en nuestros países. Sin embargo, esos retos requieren una sistemática y rápida atención. (Carvalho, Luiza, “Desigualdad en América Latina.” La Nación. 13 de setiembre 2010)

En nuestra región, la desigualdad afecta más a las mujeres, a la población indígena y a la afrodescendiente. Las mujeres reciben un menor salario que los hombres por igual trabajo, tienen mayor presencia en la economía informal y trabajan más horas que los hombres (doble carga laboral). En promedio, el porcentaje de la población indígena y afrodescendiente que vive en pobreza extrema (un dólar por día o menos) es el doble que el resto de la población. (Ibidem)

Los cambios estructurales

Decimos que un cambio es de naturaleza estructural, cuando se afectan variables que están en la base misma de una sociedad. Un cambio estructural se produjo en los países subdesarrollados de Centroamérica, por ejemplo, cuando las sociedades adoptaron políticas de largo plazo, para reemplazar las importaciones de insumos industriales y comenzaron a producirlas internamente. Para ello fue necesaria la intervención del Estado, para crear políticas proteccionistas, una combinación de impuestos a los bienes extranjeros y préstamos blandos a la inversión interna (políticas de subsidios). Asimismo, ahora está visto que, para variar la estructura de las sociedades contemporáneas de la misma región, en procura del bienestar del mayor número de personas, se requieren políticas públicas multidimensionales y de largo plazo como son: las educativas, de salud pública, tributarias y fiscales, ambientales, agroforestales, de equidad social, que promuevan la participación ciudadana, entre otras; si lo que se quiere es enfrentar la crónica desigualdad social, la pobreza y pobreza extrema. O sea, se apunta a cambios estructurales (largo plazo, multidimensionales), por oposición a los coyunturales (corto plazo, cambios puntuales) para obtener una sólida gobernanza.

¿Qué se necesita para que se produzcan políticas públicas de mediano a largo plazo y multidimensionales? Como se trata de un verdadero cambio en la manera de gestar la política pública, es preciso que exista una verdadera voluntad política, tanto para promover la participación de la ciudadanía cuanto, para impulsar las políticas con progresividad, o sea con una vocación de distribución de la riqueza socialmente producida en favor de los más pobres. Imaginemos que, el lanzamiento del primer Informe de Desarrollo Humano, concebido por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), para medir innovadoramente el desarrollo de los países, valga decir, “más allá de sus niveles de crecimiento económico”, data del año 1990. Se trató de una nueva propuesta centrada en el ser humano que se compuso de dimensiones educativas, salud e ingresos. A partir de allí fue modificada sustancialmente la calidad del debate en los países del continente, ya que el mismo se orientó al fortalecimiento de políticas públicas para mejorar la vida de las personas. No obstante, como es fácil de anticipar, por lo que sabemos, en muy pocos países los gobernantes fueron capaces de impulsar nuevas políticas con esa orientación. Casualmente uno de ellos fue Brasil, durante las dos administraciones del presidente Lula entre el 2003 y 2010; donde se logró sacar de la pobreza y la pobreza extrema a más de 30 millones de personas y, por primera vez se redujo el índice de desigualdad, medido en términos de las diferencias salariales (coeficiente de Gini), agrupada la población por deciles según los ingresos de las personas.

El informe mencionado del PNUD identificó también que, la enorme mayoría de los sistemas políticos latinoamericanos, históricamente han reforzado la desigualdad, pues, como lo señaló Luiza Carvalho, imperan en ellos “…estructuras fiscales asimétricas, escasas capacidades regulatorias del Estado e instituciones que discriminan y reproducen las diferencias entre los grupos poblacionales, [y por añadidura prevalece en ellos] poca transparencia, clientelismo, corrupción y un débil compromiso ciudadano con la acción pública.” (Cfr. Ibid).

La desigualdad y la pobreza en Costa Rica: los datos duros.

La pobreza y la pobreza extrema en Costa Rica son crónicas y perseverantes. En tanto que, la desigualdad ha venido creciendo con altibajos, pero ininterrumpidamente desde el 2005; el coeficiente de Gini llegó a medir en 1916: 0,49, equivalente a los niveles de 1980. (El coeficiente va de 0 a 1, donde 0 indica una situación de mayor equidad entre los deciles. En cambio, conforme se acerca a 1, quiere decir que el ingreso se va distribuyendo de manera cada vez más dispar. Así, 1 querría decir que el 100% del ingreso estaría concentrado íntegramente, en el decil de los que reciben mayores salarios.)

Aunque en parte de los 90 y en el primer quinquenio del 2.000 se produjo una recuperación importante en términos de la igualdad (1994 el coeficiente fue de 0,387 -el menor en Latinoamérica y Los Estados Unidos-); en cambio, en 1916 habíamos regresado al nivel de 1980, 0,49 que marcó una desigualdad mucho más acentuada que en el promedio de América Latina. En Costa Rica habita hoy una población ligeramente superior a las cinco millones doscientas mil personas; pero como dijera un artículo de Valeria López del 2018 en el semanario Universidad, unos viven como en África, mientras otros han alcanzado un estilo de vida como el de los países europeos. (Cfr. López Sedó, Valeria. Versión digital https://semanariouniversidad.com/pais/costa-o-rica-la-odiosa-desigualdad-que-nos-devolvio-a-1980/). Peor aún, el coeficiente de Gini continuó subiendo en Costa Rica, hasta alcanzar su valor más alto desde el 2010: 0,524 en el año 2021, según la Encuesta de Hogares de Costa Rica (ENAHO). En el 2019, el ingreso neto promedio de los hogares más ricos había sido 13 veces superior que el del 20% de los hogares más pobres. Hay que hacer la observación de que, si se hiciera una medición no en términos de los salarios, sino del patrimonio (conjunto de bienes, derechos y obligaciones que son propiedad de una persona o empresa), muy probablemente la desigualdad sería escandalosamente más alta.

Por su parte, el indicador que mide la pobreza y la pobreza extrema no hace sino mostrar un considerable agravamiento de la situación social de las familias costarricenses en condición de vulnerabilidad, pobreza y pobreza extrema.

Los datos más recientes continúan mostrando la persistencia del fenómeno de la pobreza, cuando no su agravamiento. La Encuesta de Hogares del 2022 reveló que el índice general de pobreza se había estancado respecto del año anterior en 23%. Sin embargo, mientras en la zona urbana es de 21.1%, en la zona rural se marcó un crecimiento de las familias en condición de pobreza, ya que el indicador se estableció en un 28.3%, dos puntos porcentuales más alta que la del 2021. Se trata del segundo pico de pobreza más alto de la zona rural costarricense desde el 2010; el pico más alto fue el dato reportado en el 2014, que había alcanzado el 30,3% de familias que padecen la pobreza. Por otra parte, retomo el tema de la desigualdad para sugerir que, si observamos con mayor perspectiva los datos del coeficiente de Gini desde el 2010, de acuerdo siempre con el INEC, se puede ver con claridad que, la desigualdad no ha logrado reducirse, oscilando entre el valor más bajo del decenio que fue en el 2010, cuando se logró alcanzar un coeficiente de 0.507, hasta el más alto registrado en el año 2021 que fue de 0.524.

Por añadidura, los periodistas Patricia Leitón y Alejandro Durán, informaron que, de acuerdo con el INEC, hubo un aumento de la desigualdad entre la pobreza urbana y la rural en perjuicio de la segunda. (Cfr. Leitón, P. y Durán, A. “Porcentaje de hogares pobres se estanca y poder adquisitivo cae.” La Nación, 21.10.22. P-21A).

Finalmente postulo que, no habrá “Gobernanza”, hasta que no visualicemos ese modelo multidimensional, que integre una participación real de la ciudadanía, con las políticas sociales sin discriminación de ningún sector, con equidad de género, con una atención urgente a los discriminados de los sistemas de educación y de salud pública, una efectiva distribución de la riqueza y el fortalecimiento de las instituciones democráticas. Se trata, como resulta obvio, de un modelo que trascienda con mucho un cuatrienio. Por el curso que llevan los acontecimientos, más allá de algunas promesas aisladas, lamentablemente no vemos esa orientación en la actual administración.

Epílogo.

Los anteriores análisis, ameritan ser complementados con un análisis con un enfoque de sociología política, mediante el cual se logre desentrañar al menos, algunas cuestiones como las siguientes: ¿Cuáles han sido en el pasado y en el pasado reciente, las fuerzas sociales y políticas en presencia, cuáles fueron los principales movimientos sociales que figuraron como protagonistas en las diferentes coyunturas y cuáles fueron las articulaciones políticas entre todas ellas que permitieron impulsar políticas públicas y le imprimieron a la sociedad costarricense cierta estabilidad, crecimiento y, dotaron al Estado de capacidad para crear instituciones de bien social y económico, como la “Caja”, el ICE, la banca estatal, el INS, el AyA, el CNP, RECOPE, las universidades públicas y las municipalidades con algunas potestades de acción en lo local, entre muchas otras? ¿Cuáles fueron las fracciones sociales hegemónicas en las diferentes coyunturas y cómo gestaron alianzas políticas y con qué contenido ideológico para viabilizar el auge de las capas medias de la población y una suerte de movilidad social desde los sectores populares?

¿Cuáles fueron las clases y sectores sociales que enfrentaron de un modo sistemático o coyuntural la alianza que le dio sustento a lo que José Figueres denominó como la “Segunda República”? ¿Cómo se amalgamaron ellas también y con determinados sectores subalternos, para consolidar en diferentes momentos, alianzas políticas cuyo vértice fue la oposición a la deriva estatista del bloque socio político anterior con todas sus secuelas? ¿Qué políticas llevaron adelante que les permitió resquebrajar el bloque dominante de la coyuntura 1953-1978, sustrayéndole incluso importantes bases del sector popular e introduciéndole contradicciones en su interior? ¿Qué fuerzas sociopolíticas y con qué apoyos impulsaron políticas desregulatorias y anti estatistas que luego dieron pie, a finales del siglo XX e inicios del XXI, a una segunda “ola de modernización”, esta vez con acento en la liberalización del mercado y el debilitamiento de la estructura del Estado y sus instituciones? ¿Cuál fue el papel de los apoyos externos, gobiernos extranjeros, organismos financieros internacionales, capital extranjero? ¿Cómo se anudaron con las fuerzas políticas dominantes? ¿Qué cambios de naturaleza ideológica indujeron en los partidos políticos que habían sido dominantes durante la segunda mitad de la centuria pasada? ¿Qué nuevas fuerzas políticas aparecen en la escena desde finales del sigo XX y cuáles fueron sus orientaciones?

¿Cómo y qué fuerzas políticas y sociales fueron capaces de debilitar y hasta de romper la hegemonía del bipartidismo tradicional y con qué orientaciones ideológicas? ¿Se debilitó el bloque sociopolítico dominante? ¿Qué contradicciones se produjeron al interior de las fracciones sociales y políticas dominantes? ¿Qué nuevas fuerzas políticas han emergido al influjo de las condiciones de crisis política creada? ¿Hasta qué punto se han debilitado los partidos políticos tradicionales e incluso las fuerzas emergentes desde las postrimerías de la centuria anterior? ¿Cómo se rearticulan los partidos de izquierda y con qué orientaciones y apoyos sociales? ¿Cómo están estructuradas las fuerzas sociales populares y de que manera se insertan dentro de los partidos políticos vigentes? ¿Qué está en juego en la actual coyuntura y cómo se posicionan las fuerzas sociales y políticas frente a ello?

No todas las interrogantes están sin respuestas en los análisis sociológicos, politológicos o económicos contemporáneos. Pero, sería esperable un examen riguroso y sistemático de toda esta compleja realidad. En la medida de nuestras posibilidades contribuiremos en ello.

 

Compartido con SURCOS por el autor.

Agroindustria costarricense teñida de esclavitud moderna

Uno de los sectores en los que se presentan violaciones a los derechos de las personas trabajadoras es la agroindustria y en Costa Rica se han denunciado situaciones en cultivos de la palma. (Foto: Cortesía FENTRAG).

Por María Núñez Chacón

Conozca en esta entrega algunas de las prácticas en las que incurren empresas de la agroindustria, a través de las cuales violentan los derechos laborales de sus trabajadores.

Pensar en esclavitud en Costa Rica pareciera imposible, sobre todo porque es una nación que se jacta del respeto a los derechos humanos, al cumplimiento de las normativas laborales y cuido al medio ambiente. Pero detrás de algunos negocios se esconden historias de trabajo forzoso, de explotación laboral, de graves padecimientos y enfermedades producto de la contaminación o exigencia de trabajo sin descanso y en condiciones insalubres.

La agroindustria costarricense tiene matices de trabajo forzoso, algo inimaginable para los mercados europeos o estadounidenses que consumen las deliciosas frutas que se exportan, con la promesa de hacerlo desde el respeto de los derechos laborales y las más altas normas de calidad.

Semanas atrás, UNIVERSIDAD participó de un encuentro con trabajadores de distintos sectores productivos del país, quienes relataron las principales prácticas que se realizan en los monocultivos ubicados en varios puntos país, donde las personas trabajadoras deben adaptarse o perder sus empleos, y en zonas rurales de gran vulnerabilidad económica, con altísimos niveles de pobreza y poco desarrollo económico, es un lujo que pocos están dispuestos a tomarse, a costa de su salud y su bienestar mental, físico y emocional.

En la actividad se conoció a profundidad una serie de denuncias sobre irrespeto a los derechos laborales, explotación laboral y exposición a productos dañinos para la salud como parte de los abusos en los que incurren compañías en las plantaciones de piña, banano y palma.

Según explicó Frank Ulloa, abogado laboralista y asesor de la Regional Latinoamericana de la UITA (Rel UITA), una de las organizadoras del evento, han recibido muchas quejas y denuncias de personas que trabajan en las plantaciones agroindustriales del país por las malas prácticas de higiene, salud y seguridad laboral

“En muchos casos contratan a las personas a través de terceros, los contratos se realizan cada cuatro o cinco meses, si se organizan en sindicatos no los vuelven a contratar y en muchas ocasiones buscan migrantes que no conocen la legislación. Hacen arreglos directos con los comités de trabajadores ーque son nombrados por las mismas empresasー; en ciertas actividades como la caña y otras duermen en pocilgas, hacinados y si se accidentan lo manejan como una enfermedad común, evitan a toda costa enviarlos al Instituto Nacional de Seguros y los que se accidentan tratan de pagarles las prestaciones para que se vayan de la empresa”, detalló Ulloa.

Frente a esta realidad, están desarrollando una denuncia ante la OCDE y otros organismos internacionales, para evidenciar a todas las empresas que incurren en estas violaciones y simultáneamente iniciarán una campaña internacional para informar, tanto a las compañías compradoras como a los consumidores y sindicatos de las condiciones en que se producen la piña, la palma, el banano, la caña y otros.

Por su parte, Maikol Hernández Arias, secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores Agroindustriales (FENTRAG) explicó que en estos monocultivos se mantienen condiciones de explotación, y las empresas que dominan estos cultivos violan la normativa laboral y ambiental con absoluta impunidad por falta de la inspección del Ministerio de Salud y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

“Para nadie es un secreto que las multinacionales que controlan la compra de productos agroindustriales, la producción y la comercialización operan dentro del país como estados independientes. La institucionalidad pública no funciona para controlar las estrategias que imperan en estas compañías, por eso no hay suficientes denuncias, juicios o sentencias en contra de éstas, violan derechos humanos, violan la institucionalidad, fijan salarios a su antojo, imponen cargas de trabajo… es una instauración de esclavitud moderna”, condenó Hernández.

Las historias abundan, todas con un denominador común, son personas que dejan su salud, su bienestar y muchas veces su vida, en los campos de cultivos de productos que son vendidos en el exterior bajo sellos de calidad y responsabilidad social; mientras que ellos y sus familias viven en una cadena de trabajo forzoso, sin oportunidades para dedicarse a ninguna otra labor.

Explotación salarial

Se deben recolectar 320 kilos para ganarse los 11.000 colones por día”.

Obeth Morales Barquero del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Agroindustria y Afines (SINATRAA) contó que las empresas el sistema de salario por destajo (remunerar a los trabajadores por unidad de obra realizada o servicio prestado).

Con esta metodología la compañía establece una fórmula para calcular los salarios, que implica imponer un ritmo, magnitud y cargas de trabajo que llevan a los trabajadores a autoexplotarse por 3.000 o 4.000 colones de más al salario de ley, trabajando más horas de las recomendables, algo que al final trae consecuencias graves e irreversibles en la salud.

“Ese mecanismo lo establece de manera unilateral el empleador, sin tener en cuenta a las organizaciones laborales, aunque estamos en contra del sistema, al menos quisiéramos ser parte de este proceso de definición, saber los parámetros que usa la empresa para definir la tarifa, porque no siempre es igual”, indicó.

Francisco (nombre ficticio para guardar la confidencialidad del entrevistado) es un trabajador de cultivos de piña y contó a UNIVERSIDAD que hace unos cuatro años lograban hacer unos 17.000 colones diarios en una jornada de 8 horas, deshierbaban constantemente el terreno, les daban sueros o hidratantes, tenía agua, carretas y un bus a disposición para movilizarlos. Hoy las condiciones han cambiado.

“Hoy ganamos unos 14.840 colones al día en jornadas exhaustivas, pues ha bajado la densidad de la semilla, aunque aseguran que con el salario por destajo podemos hacer tiempo extra si lo deseamos, lo cierto es que si no cubrimos la cuota en la jornada ordinaria nos amonestan y uno termina tan agotado que llega a la casa sin querer siquiera hablar con nadie”.

Dania es trabajadora en cultivos de palma y aseguró que también tienen problemas con el salario por destajo. “No sabemos el mecanismo que usan las empresas para establecer los salarios por jornadas, se deben recolectar 320 kilos para ganarse los 11.000 colones por día del salario mínimo, cuando la producción es alta es posible sacar esa cantidad a las 11 de la mañana, queda tiempo para sacar un poco más y tener un salario más decente, pero cuando está baja la jornada acaba y no se logra la meta”.

El problema, manifestó la trabajadora, es que la empresa debe reconocer el salario mínimo y si no es posible sacar la cuota dos o tres veces por semana, la empresa amenaza por bajo rendimiento y tampoco hacen la diferencia entre personas adultas y jóvenes, todos deben sacar los mismos 320 kilos de coyol.

¿Salud y seguridad en el trabajo?

Debemos cubrirnos entre nosotras para orinar o cambiarnos las toallas”

Ana es otra trabajadora de un monocultivo, específicamente de la piña, y reconoció que las condiciones de salubridad son pésimas. En los cultivos no hay baños cerca, por lo que deben hacer sus necesidades fisiológicas en zanjos.

“En ocasiones hay una cabaña, pero siempre está tan sucia que es imposible usarla, entonces la opción son los zanjos, las mujeres lo sufrimos aún más porque debemos cubrirnos entre nosotras para orinar o cambiarnos las toallas cuando estamos con la menstruación, de lo contrario debemos esperar hasta el mediodía para ir a la orilla de la montaña o a la lavandería”.

Otro problema, dijo Francisco, es que para sacar las cuotas de producto es necesario salir a trabajar al campo, dejar el bolso en las instalaciones principales, trabajar sin descansar, ni tomar agua fresca y con las altas temperaturas a las 8 de la mañana la que llevan es imposible de consumir. “Hay que trabajar, dejar el bolso lejos, sin descansar ni tomar agua para poder sacar la cuota, de vez en cuando nos dan una hielera una vez al mes, cuando uno exige un hidratante le dan uno, pero hay que rendirlo cuatro días”.

“Es una forma nueva de esclavitud, las empresas se aprovechan de las necesidades de las personas, que no tienen muchas oportunidades de empleo, con salarios bajos y cuando ya estamos muy enfermos o no les servimos nos sacan”, concluyó Dania.

No se pierda la segunda entrega de este reportaje, con historias sobre la esclavitud moderna en Costa Rica.

 

Trabajo periodístico de María Núñez Chacón del Semanario Universidad, compartido con SURCOS por Maikol Hernández.

Entre la esperanza y la desconfianza

José Luis Pacheco Murillo

Lo peor que le puede pasar a un pueblo es que le roben la esperanza y desgraciadamente a nuestro pueblo se la han robado una y otra vez y como si fuera masoquista, ante nuevas promesas vuelve a llenarse de nuevas esperanzas y vuelve a confiar.

Sería imperdonable que el actual gobierno traicione esa esperanza y robe esa condición de quien de buena fe confía.

Ha cometido errores que dándole el derecho de la duda podría decirse que por inexperiencia y pese a ellos el pueblo en su mayoría, sigue confiando, aunque ya con menos vehemencia que antes.

Temas como reactivación económica, empleo, arroz, revisión técnica vehicular, tarifas eléctricas, precio de combustibles, han sido puntos débiles polémica y hay desconfianza en cuanto a que sea acciones propiamente del gobierno las que han generado los cambios que se han visto, por ejemplo, en lo de las tarifas eléctricas y las ganancias del ICE.

Decir una cosa hoy para luego hacer otra mañana, va creando desconfianza. Emitir un decreto hoy para modificarlo mañana, va creando inseguridad. Y a estas alturas y por lo vivido en los últimos años este pueblo requiere de más certeza y seguridad en cuanto a que lo que hace el gobierno es para bien.

Posiblemente mucho de lo que se dice puede ser motivado por la no aceptación del triunfo del señor Chaves, pero si fuese cierto sería desastroso, por ejemplo, el que desea beneficiar a sus amigos y financistas de campaña con temas como Caldera o la venta del BCR. Si así fuera, todo su discurso sobre combate a la corrupción quedaría en nada y estaríamos ante lo mismo de siempre y esperaríamos que en la Asamblea Legislativa eviten esos negocios si así lo fueran.

El gobierno y el señor Chaves deberían ser claros y demostrar fehacientemente que las cosas no son así y no dar cabida a las dudas, incluso hasta con los temas de la campaña política. La transparencia robustece las acciones de un gobierno y hace que quienes juzgan y señalan pierdan credibilidad, pero el silencio, la manipulación de la información o la falta de esta debilitan cualquier acción buena del gobierno porque quien pierde credibilidad es precisamente el gobierno.

Las conferencias de prensa son buenas y dependiendo de lo que en ellas se diga pueden ser útiles para fortalecer esa esperanza o acarrear la inseguridad y pérdida de confianza y ese sería el peor camino que pueda seguir este gobierno.

Dios quiera que todos los funcionarios públicos entiendan que el pueblo necesita urgentemente creer y mantener la esperanza y de esa forma fortalecer la institucionalidad y caminar hacia la Costa Rica que todos queremos y deseamos.

La bancomundialización de Costa Rica

Luis Paulino Vargas Solís

Inicios de los años ochenta del pasado siglo: la elevación, a niveles récord, de las tasas de interés en el mundo, gatilló la crisis de la deuda externa, en América Latina -incluida Costa Rica- y en otros países del sur, especialmente en África. Vinieron entonces los “programas de ajuste estructural”, y, con estos, la “década perdida de América Latina”, según el concepto que la CEPAL formuló para designar la devastación ocasionada.

Año 1989: el economista británico John Williamson propone el concepto “Consenso de Washington” para designar ese pernicioso conjunto de políticas estandarizadas que, bajo el epígrafe de “ajuste estructural”, le habían sido impuestas a los países endeudados del sur, especialmente nuestro América Latina. El término hacía referencia al hecho de que esas políticas eran promovidas, y de hecho impuestas, por tres organizaciones cuya sede principal está en Washington: el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Departamento del Tesoro del gobierno de Estados Unidos. Williamson lo dejó planteado como un conjunto de diez políticas de inequívoca inspiración neoliberal.

Años noventa: favorecida por la caída del muro de Berlín, el derrumbe del socialismo real y la agresiva globalización de la economía mundial, la propuesta neoliberal, convertida en poderosa marejada, arrasa por doquier en América Latina. Salinas de Gortari en México, Menem en Argentina, Collor de Mello en Brasil, Fujimori en Perú son las figuras más descollantes. Privatizaciones masivas, total liberalización de los capitales, desregulación financiera. En Costa Rica, Calderón Fournier y Figueres Olsen también lo intentan, pero la resistencia de los movimientos sociales solo les permite un avance parcial de su agenda.

Así, los noventas fueron una segunda década pérdida, cuya herencia fue sociedades aún más desiguales y violentas.

Las experiencias de los gobiernos latinoamericanos de izquierda y centroizquierda en el nuevo siglo, dejan un legado heterogéneo: algunas relativamente exitosas (el Brasil del PT, pero, sobre todo, el Uruguay del Frente Amplio); otros con una mixtura de logros y desaciertos (Ecuador, Bolivia, inclusive la Argentina de Cristina y Kirchner). Otros, simplemente fallidos.

Y en lo que a Costa Rica compete, entramos, a partir de 2009, en una crisis que se cronificó. La crisis pasó a ser normalidad, y no ruptura momentánea de esa normalidad. Quienes pensábamos que eso podía resultar terreno fértil para la emergencia de algún “outsider” con aires de redentor, tristemente acertamos.

El “outsider” llegó, vio y ganó. Y con él, un programa que reproduce en Costa Rica la experiencia latinoamericana de los noventa: una propuesta neoliberal extremista y autoritaria.

Misma propuesta, dije. Y, con seguridad, los mismos nefastos resultados.

 

Compartido con SURCOS por el autor y publicado en su página de Facebook.