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Etiqueta: COVID-19

Conversatorio: “Situación de las Áreas Silvestres Protegidas: experiencias y retos durante la pandemia COVID-19”

El Eje Ambiental de la Vicerrectoría de Acción Social de la Universidad de Costa Rica (VAS-UCR) invita al conversatorio “Situación de las Áreas Silvestres Protegidas: experiencias y retos durante la pandemia COVID-19” a realizarse el próximo 02 de diciembre a las 6:00 pm mediante Facebook Live.

El conversatorio contará con la presencia de los siguientes panelistas:

– Víctor Madrigal Elizondo, encargado de investigación de la Reserva Alberto Manuel Brenes (Sede de Occidente).
– Leonel Delgado Pereira, guardaparques en Area de Conservación Cordillera Volcánica Central.
– María Yilani Mena Sáncjez, encargada del Programa de Educación Ambiental del Parque Nacional Braulio Carrillo.
– Sofía Barquero Mata, abogada especializada en derecho ambiental y asesora legislativa.
– Keilyn Otárola Araya, coordinadora del Programa de Prevención, Protección y Control del PNMA.

– Modera: Víctor Acosta Chaves, biólogo y coordinador del Trabajo Comunal Universitario Proyecto Biota.

La transmisión en vivo se realizará en el Facebook de Acción Social UCR

Banco Nacional solicita actualizar información de crédito a clientes afectados económicamente por la pandemia

  • Para desarrollar políticas económicas que generen tranquilidad

  • El formulario esta publicado en el sitio web

  • Digitar la dirección www.bncr.fi.cr

El Conglomerado Financiero Banco Nacional de Costa Rica (CFBNCR) requiere conocer la situación financiera actual de sus clientes, con el fin de ofrecerles una solución integral a sus operaciones de crédito.

Por esta razón, está solicitando a los deudores, completar el formulario que se encuentra publicado en el sitio web www.bncr.fi.cr y con el fin de que un equipo colaboradores realice un análisis de la situación. Es importante mencionar que este formulario no equivale a una solicitud de prórroga o arreglo de pago con el Banco Nacional. Los datos permitirán a la entidad desarrollar las políticas acordes a las necesidades de quienes tienen financiamientos de consumo, vivienda, pequeña empresa y empresariales.

“Para el Conglomerado Financiero Banco Nacionales un desafío, porque además de procurar nuestros indicadores económicos en niveles adecuados, debemos apoyar a nuestros clientes en tiempos de crisis como la que hemos vivido juntos, a partir de la presencia del Covid-19. Para nosotros es fundamental su bienestar financiero, por esa razón, hemos aplicado durante este año las modificaciones en nuestro modelo de cobro de crédito, para establecer las prórrogas a sus financiamientos y generarle un poco más de tranquilidad”, indicó Francisco Gamboa, Director General de Relaciones Institucionales.

Una vez recopilados los datos de los clientes, un grupo de colaboradores los estarán analizando para brindar soluciones individualizadas debido a que cada caso es particular.

Se recuerda a los clientes acceder solo sitios seguros, no digitar la dirección en buscadores y no ingresar ningún enlace que parezca sospechoso, tampoco facilitar claves o números de token, el Banco Nacional no se solicitará ninguno de esos datos.

“Desde hace más de 106 años hemos hecho banca responsable y este 2020 con mucha más razón, quedamos a la espera de su información para continuar nuestra labor.” Concluyó Gamboa.

 

Imagen tomada del blog del Banco Nacional.

Impuestos y no más evasión y fraude para afrontar la grave crisis del país

Luis Fernando Astorga Gatjens,
(luferag@gmail.com)

La situación económica-social del país es ya muy difícil y sin duda, se pondrá peor como consecuencia de la prolongación de los graves efectos de la pandemia, particularmente, las inevitables medidas de cierre, confinamiento y cuarentena.

Miles de familias costarricenses se han visto severamente golpeadas por la brusca reducción de los ingresos, por una crisis que ya ha alcanzado tres meses y cuyo horizonte de superación, no está claro.

La posibilidad de una vacuna eficaz y un tratamiento efectivo para combatir la covid-19, se vislumbran muy lejanamente. Se afirma que se podrían alcanzar resultados al final del presente año y con mayor certeza, en el 2021. Asimismo, está por verse si una vez obtenida la vacuna, se va a producir tan masivamente, que pronto pueda llegar con precios asequibles para países como el nuestro.

El pueblo costarricense en todas sus expresiones está sufriendo la crisis económica. Se incluye a ese 46 % de las y los trabajadores que ha venido subsistiendo dentro de actividades informales, y que el confinamiento, les impiden o les limitan la generación de ingresos. Las micro y pequeñas empresas que también se han visto limitadas a desarrollar sus actividades productivas. Los agricultores que ven cómo llegan las cosechas y se les complica la venta de sus productos en las ferias u otros mercados. Las y los trabajadores del sector privado que han sido despedidos o les fue reducida su jornada laboral y, lógicamente, también su salario. Las y los funcionarios públicos, especialmente, los de salarios más bajos, que no percibirían aumentos salariales en los próximos cuatro años.

Es seguro que en la medida que la situación de crisis sanitaria se extienda por más tiempo, las secuelas económicas y sociales serán más duras.

Los gastos en el campo de la salud se han aumentado y todo indica que se van a requerir más recursos para afrontar los desembolsos de los meses venideros. La CCSS, que ha sido tan significativamente debilitada en sus ingresos, requerirá que se le inyecten recursos tan urgentes como inmediatos. No hacerlo pone en grave riesgo al país, por el serio incremento de contagios que se está dando en el presente. La amenaza de un crecimiento exponencial está latente.

Para la obtención de recursos tanto para la atención sanitaria como para la reactivación económica, algunos sectores proponen la solicitud y obtención de préstamos en el exterior. En las condiciones actuales, algunos de estos préstamos hipotecarían el futuro del país y de las nuevas generaciones, y vendrían con condiciones muy desfavorables, que incluyen la venta de valiosos activos del Estado. Este no es un camino ni bueno ni sano para la economía nacional.

La pregunta inmediata que surge es: ¿Y de dónde se deben obtener los recursos que el país demanda con urgencia?

Una fuente fundamental en el presente deben ser los impuestos que evaden y eluden las grandes empresas. El año pasado el Ministerio de Hacienda publicó un número de grandes contribuyentes (que no lo han sido, valga la observación), que declararon cero ganancias de forma reiterada en los últimos diez años.

Muchos de estos “contribuyentes” forman parte de la UCCAEP, que ha venido impulsando acciones para hacer que el peso de esta grave crisis recaiga en las y los trabajadores del Estado y en otros sectores sociales y poblacionales. Esta organización, que representa los intereses de las grandes empresas ha pretendido, incluso, que algunas de sus representadas obtengan ganancias en medio de una situación tan apremiante para el país.

Por otra parte, cuando se ha propuesto la necesidad de aprobar impuestos, de inmediato la UCCAEP (como sus “representantes” y voceros en el Gobierno, en la Asamblea Legislativa y en algunos medios informativos), ponen el grito al cielo y los rechazan, utilizando múltiples argumentos, que esconden sus intereses y la falta de compromiso con el desarrollo democrático del país.

Ante la gravedad de la pandemia en sus efectos económicos, muchos reputados economistas (que incluyen Premios Nobel en este campo), se han pronunciado en el sentido de que, para afrontar esta crisis, es inevitable que los países aprueben cargas impositivas, particularmente, a las grandes fortunas y a las grandes empresas. Es decir, a quienes han acumulado mucha riqueza y que, utilizando múltiples medios y mecanismos, eluden o evaden el pago de esos impuestos.

El Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolitica (CELAG) ha realizado encuestas en disferentes países de la región, consultando sobre la necesidad de un impuesto a los grandes ricos y empresas, que contribuya a enfrentar la crisis generada por la pandemia. “Las últimas tres encuestas realizadas por el CELAG en los pasados dos meses, muestran que en Argentina, Chile y México existe un gran acuerdo sobre esta temática: En Argentina, el 78 por ciento de las y los encuestados estaría de acuerdo con el impuesto a las grandes fortunas; En Chile, este valor es de 72 por ciento y en México es de 67 por ciento. En todos los casos observados hay, como mínimo, dos tercios de la ciudadanía que apoyan esta política pública.

Este tipo de encuesta no se ha realizado en Costa Rica, pero es muy probable que, si se realizara, sin duda, la gran mayoría de la ciudadanía estaría de acuerdo en este tipo de impuesto. Igualmente, estarían de acuerdo, en que el gobierno utilice todos los mecanismos a su alcance para reducir la evasión y el fraude fiscal.

Es hora de que todos quienes se han beneficiado de todo lo que les ha ofrecido el país, contribuyan sin mezquidad y egoísmo, a que Costa Rica salga adelante de una situación tan desafiante como difícil.

UCR: Mujeres de zonas rurales mejoran prácticas agrícolas y gestión del agua mediante uso de la tecnología

La Escuela de Geografía desarrolló la tercera edición del «Rally» Femenino de Tecnologías Geoespaciales, en una versión adaptada a la virtualidad impuesta por el COVID-19

El espacio de capacitación promueve que las participantes pongan en práctica el conocimiento adquirido mediante el desarrollo de iniciativas que respondan a las diversas problemáticas de sus comunidades en temas como reforestación, gestión del recurso hídrico y cambio climático. La foto corresponde a una edición anterior de la iniciativa. Foto: Anel Kenjekeeva, UCR.

Jóvenes de diversas zonas rurales del país podrán mejorar sus prácticas agrícolas cotidianas y la gestión del agua de sus comunidades, tras aprender junto a geógrafas de la Universidad de Costa Rica (UCR) respecto al uso de tecnologías geoespaciales.

Las tecnologías geoespaciales combinan el uso de componentes electrónicos con el conocimiento geográfico para crear herramientas que mediante la recolección de datos permiten ejercer una mejor toma de decisiones en campos como el ordenamiento territorial.

Las 25 mujeres, oriundas de Guanacaste, Puntarenas, Cartago y la zona norte del país, participaron de la tercera edición del Rally Femenino de Tecnologías Geoespaciales organizado por la Escuela de Geografía, en una versión adaptada a la virtualidad impuesta por el COVID-19.

El espacio se desarrolló durante cuatro semanas a partir de videotutoriales y espacios de capacitación grupales e individuales, durante los cuales, las participantes aprendieron sobre diversas herramientas digitales gratuitas que pueden implementar de manera sencilla.

Según la docente y coordinadora de esta iniciativa, María José Molina, el espacio busca que las jóvenes pongan en práctica el conocimiento adquirido mediante el desarrollo de iniciativas que respondan a las diversas problemáticas que enfrentan cada día al trabajar en el campo.

Las propuestas generadas a partir de este proceso de trabajo aprovechan el uso de la tecnología para impulsar proyectos que promueven la reforestación, mejoran la gestión de las asadas, impulsan la lucha contra el cambio climático y velan por la seguridad alimentaria.

“Cuando hablamos de tecnologías geoespaciales la gente se imagina algo muy complejo, pero son herramientas muy sencillas con un impacto ambiental muy alto. El éxito de esta iniciativa radica en sumar a estas herramientas el conocimiento de ellas sobre sus territorios” enfatizó Molina.

La académica destacó que, más que pensar en intereses particulares, las jóvenes se preocuparon por implementar proyectos que benefician a sus comunidades desde diversas perspectivas relacionadas con temáticas de medio ambiente.

“No hay un pensamiento egoísta, ellas podrían haber pensado en algo que las beneficiara directamente o a sus familias, pero pensaron en beneficiar el ambiente y a sus comunidades” afirmó la docente.

La joven Nancy Casanova Burgos propuso la creación de un mapa virtual que facilite a los fontaneros de la Asada Santa Cecilia la localización de los medidores de agua y con esto, facilite los servicios de mantenimiento y reparación. (Foto. Nancy Casanova Burgos)

Iniciativas responden a necesidades de las comunidades

Nancy Casanova Burgos es vecina de la Cruz en Guanacaste y fue parte del grupo de mujeres que participó de manera virtual de este espacio de capacitación, donde desarrolló la iniciativa denominada “Mi medidor en el mapa”.

El proyecto planteado por la joven de 31 años se vale de tecnologías geoespaciales para mejorar la gestión de la Asada de Santa Cecilia, que en la actualidad cuenta con 1 300 medidores instalados y abastece de servicio hídrico a unas 5 000 personas.

La instalación de los medidores para proveer del servicio se ha ido dando de manera paulatina desde la creación de la Asada en 1982 y en la actualidad, se carece de un registro formal de su ubicación en las propiedades, lo cual, dificulta de manera significativa los servicios de mantenimiento y reparación.

Burgos ideó la creación de un formulario web que permitirá a los vecinos de la comunidad registrar la ubicación exacta del medidor de agua que hay en sus propiedades y de esta forma, crear de manera colectiva un mapa con toda la información que requiere la Asada para continuar brindado el servicio.

“Cuando hay fugas los fontaneros de la Asada pierden mucho tiempo para ubicar los medidores y necesitamos maximizar el tiempo para que la gente no pase sin agua y ayudar a los fontaneros nuevos para que puedan hacer su trabajo de manera más sencilla” enfatizó la vecina de Guanacaste.

La joven Kyara Cascante Suarez también se sumó a este espacio de capacitación virtual sobre el uso de tecnologías geoespaciales desde su casa en Miramar de Puntarenas. El conocimiento adquirió la inspiró a desarrollar el proyecto “Mapeo de productores locales”.

La estudiante de bachillerato internacional reconoció que el contexto de la pandemia redujo los puntos de venta de los agricultores de su comunidad y que, al mismo tiempo, diversas personas tienen limitaciones para salir de su casa para adquirir algunos productos.

Cascante creo un formulario donde los agricultores pueden compartir información sobre los productos que ofrecen, sus puntos de venta y sus rutas de entrega. Estos datos se integran en un mapa que informa a los consumidores sobre la oferta de productos a su alrededor y les pone en contacto con los vendedores.

“Muchos agricultores que no vienen a la feria, pero producen y tienen dificultades para vender sus productos. En este momento debemos aprovechar lo que se produce en nuestras zonas y es importante darles soporte a los productores” concluyó la joven activista ambiental.

La Escuela de Geografía dará seguimiento a los proyectos generados en la tercera edición del Rally Femenino de Tecnologías Geoespaciales, el cual fue desarrollado con apoyo del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y el Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD).

 

 

Andrea Méndez Montero
Periodista, Oficina de Divulgación e Información

UCR mantiene apoyo a emprendimientos rurales en tiempos de crisis

La difícil situación económica que provocó este año la pandemia del virus SARS-Cov-2 hizo aún más urgente y necesaria la proyección de la Universidad de Costa Rica (UCR) para el soporte de los emprendimientos situados en áreas rurales – sobre todo las externas a la Gran Área Metropolitana (GAM) – y las costeras para apoyar con más decisión a los emprendimientos que buscan asesoría y apoyo de esta Institución.

Según datos proporcionados por la Vicerrectoría de Acción Social (VAS), este año hubo 17 proyectos vinculados con socioproductividad y originados en las Sedes Regionales, solo tres menos que el promedio de los últimos ocho años. Esto en sí mismo es un logro, máxime si se toma en cuenta las dificultades que surgieron paralelas a la pandemia. En este apartado sobresale la Sede del Atlántico como la mayor productora de este tipo de iniciativas, con un total de ocho proyectos.

Según explicó la Coordinadora del Programa de Economía Social Solidaria de la UCR, Yasy Morales, la existencia de vínculos con micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) previos a la pandemia, permitió el poder acompañar a los emprendedores a distancia, incluso cuando todavía la información era escasa sobre cómo afectaría esta crisis.

A pesar del aislamiento y los cambios que vivimos, como no poder vender productos en el mercado, ese acompañamiento por medio de mensajes instantáneos o llamadas telefónicas resultó fundamental. En algún momento estas personas tuvieron problemas incluso para recargar sus teléfonos y participar en reuniones con nosotros, porque las dificultades llegaron incluso hasta ese punto o al acceso a Internet. Entonces se les colaboró para que al menos tuvieran garantizada la conectividad”, señaló Morales.

La Coordinadora del Programa de Economía Social Solidaria admitió que la colaboración fue más allá de lo técnico y llegó incluso a lo emocional. Su equipo de trabajo preguntaba por el estado anímico de las personas con quienes colaboraban y pedían información sobre qué estaba pasando en el lugar donde desarrollaban su negocio.

“En el Programa hicimos un diagnóstico a nivel nacional y encontramos la participación de unas 153 iniciativas de Economía Social Solidaria. Entonces analizamos las condiciones de acceso a fondos, porque si la iniciativa no tiene cédula jurídica no se puede beneficiar de estos apoyos. Eso nos permitió saber las condiciones que tenían antes de la pandemia y cómo solventar las necesidades que se fueron presentando, como el transporte, la distribución de mercadería o la colocación de productos con nuevas tecnologías”, detalló Morales.

En esa misma línea, la Agencia Universitaria para la Gestión del Emprendimiento (AUGE) ofrece diferentes posibilidades para la incubación y el desarrollo de este tipo de proyectos fuera de la GAM.

AUGE también debió resolver dificultades que planteó la pandemia y lo hizo con éxito. La plataforma digital con la que contaban desde hace dos años les permitió no solo seguir operando, sino duplicar este año la cantidad de proyectos atendidos: más de 200.

“Ahora la tecnología nos permite llegar a más personas de áreas rurales. Somos testigos de que ellas buscan hacer un esfuerzo para reducir las brechas digitales y que la gente se puede integrar de forma virtual. En la balanza, esta experiencia ha sido más positiva que negativa”, señaló el Director a.i. de AUGE, David Ramírez.

El Director comentó que existen varias estrategias de apoyo a emprendimientos fuera de la GAM. La primera de ellas es Crea-C, que genera asociatividad, es decir, hace que las mipymes de zonas externas a la GAM se integren para compartir clientes y dar servicios más integrales. Pero Crea-C también trabaja con la identidad cultural, o sea, que el patrimonio e identidad de la iniciativa queda plasmado en su entorno.

Quince de los 16 proyectos existentes en Crea-C se realizan fuera la GAM, la mayoría asociados con áreas como el turismo, la artesanía o la producción de alimentos. Son emprendimientos a un nivel muy básico. Una vez asociados entre ellos, se refuerzan con recursos a través de Banca Para el Desarrollo.

Otro tipo de apoyo es “Gente Emprende”, el cual trabaja en conjunto con InnovApp, un proyecto de la Escuela de Administración Pública para fomentar el emprendimiento social en comunidades. Mediante esta alianza, se preincubaron 17 iniciativas con un enfoque de importancia productiva en sus regiones, con la idea de atraer colaboradores y recursos. Los emprendimientos que concluyen el proceso de incubación reciben al final fondos de la Organización de Estados Americanos para su desarrollo.

Finalmente, están el proyecto original de incubación de AUGE, que acompaña emprendimientos y les brinda asesoría. En este año hay nueve iniciativas de este tipo en desarrollo fuera del Valle Central que aprovechan el coaching, acompañamiento y acceso a fondos del sistema.

Foto con fines ilustrativos: Karla Richmond/ODI.
Información de Prensa Rectoría UCR

Poblaciones vulnerables y COVID-19

El Observatorio de Política Nacional (OPNA) de la Universidad de Costa Rica (UCR) publicó un boletín especial titulado “Poblaciones vulnerables y COVID-19” el cual reúne un análisis de las poblaciones migrantes, refugiadas y solicitantes de refugio, así como de la población privada de libertad, ambas en el marco de la emergencia nacional ante el COVID-19.

Además, el OPNA realizó un monitoreo de medios especializado sobre ambas situaciones en un período que abarca del 01/04/2020 a 31/07/2020.

El boletín fue construido en conjunto con el Trabajo Comunal Universitario 738 (TCU) Acompañar para integrar: rutas para promover la integración local de la población migrante en Costa Rica y el TCU-707 Salir del canazo: apoyo a los procesos de egreso e inserción laboral y educativa de la población penal juvenil en Costa Rica.

Puede consultar el boletín aquí y el monitoreo de medios

Post pandemia: Oportunidad para cambiar

Luis Fernando Astorga Gatjens,
luferag@gmail.com

En chino, la palabra crisis —wei-ji— se compone de los términos correspondientes a «peligro» y «oportunidad».

Sobre estos dos términos debemos reflexionar a partir de la pandemia que enfrenta el mundo y la sociedad costarricense, en particular.

Se trata de un peligro vivo que ha afectado severamente nuestras vidas, la economía, el acceso a los alimentos, el trabajo, el estudio, la recreación, los intercambios sociales; en fin, todo. El confinamiento, la cuarentena y las medidas de distanciamiento físico, nos van a acompañar por semanas, meses e, incluso, podría ser por años. Nada está descartado.

El peligro del contagio del coronavirus en el presente no nos ofrece certezas. Las medidas en el ámbito de la salud que están adoptando el Ministerio de Salud y la Caja, y otras instituciones del Gobierno, aun siendo acertadas –en virtud de que han mostrado éxitos relativos aquí y en otros países–, no nos blindan completamente ante la posibilidad de que se expanda la covid-19. Persiste el peligro de un contagio exponencial que rebase la capacidad de lo que se ha logrado implementar hasta ahora, en instalación de Unidades de Cuidados Intensivos, disponibilidad de personal médico especializado y respiradores, para citar sólo tres rubros. Igualmente, aun evitando la expansión actual, en el futuro cercano podrían presentarse rebrotes y oleadas de contagio, que afectarían severamente al país.

Ese acechante peligro se hace mayor en el presente y podría ser peor en el futuro, si la CCSS (que ha jugado un papel estelar en el combate práctico de la pandemia), es debilitada por tres factores combinados: La expansión rápida y severa del gasto para atender la emergencia sanitaria a lo que ha estado obligada la institución; la disminución significativa de sus ingresos por reducción de las cotizaciones (obreras y patronales) y por la persistencia de oportunistas planes privatizadores de esta entidad pública. Es el colmo que tanto desde el gobierno como entre entidades privadas vean este peligroso debilitamiento de la Caja como una oportunidad para debilitarla aún más y darle un golpe mayor al Estado Social de Derecho, que es la mejor apuesta para que Costa Rica pueda emerger con esperanzas de los escombros económicos, sociales y políticos que nos heredará esta crisis devastadora.

La conducta del Ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves Dobles, con respecto a la obligación ineludible que tiene el Estado de pagar con urgencia la deuda histórica con la Caja, no sólo para que siga atendiendo la pandemia en el presente sino para asegurar su existencia y fortalecimiento post-crisis pandémica, es tan preocupante como desalentadora. Sus declaraciones no son las de un funcionario público seriamente comprometido con la salud pública sino de los que piensan que después de la superación de esta pandemia, las cosas volverán a la “normalidad” anterior.

Este funcionario y el Gobierno de Carlos Alvarado en su conjunto, como los partidos que respaldan la idea de que dentro de la “nueva normalidad”, las políticas neo-liberales y privatizadoras de los bienes del Estado, volverán a retomar la fuerza expansiva previa a la pandemia, están en un gran error.

La pandemia y sus secuelas presentes y futuras, nos dan una oportunidad para corregir, para mejorar al país en todos los campos: Económico, social, ambiental, político, cultural.

El cambio inteligente y apropiado fija como derrotero un gobierno realmente preocupado por generar políticas públicas dirigidas a las mayorías (sectores populares y medios, que se han empobrecido enormemente); no a las élites que se han enriquecido convirtiendo al país en unos de los 10 más desiguales del mundo.

El bicentario de Costa Rica no puede ser el de un país que perdió su rumbo democrático (económico, social, ambiental y político), sino el que empieza a poner en práctica, por primera vez en su historia, el carácter participativo de la democracia nacional, expresado con diáfana claridad en el artículo 9 de la Constitución.

“En todas las épocas –escribe el historiador austríaco Walter Scheidel–, los más importantes replanteamientos se produjeron tras los impactos más severos. Así, cuatro tipos de rupturas violentas lograron reducir las desigualdades: la guerra cuando implica una movilización masiva, las revoluciones, las quiebras de los Estados y las pandemias mortíferas”.

Así las cosas, esta pandemia debe ser generadora de una mayor igualdad social, sea por la decisión consciente y correctiva de quienes dirigen el país o por la movilización política de las mayorías, que se cansaron de la injusticia social y la concentración de la riqueza en escasas manos. Quienes han estado controlando el escenario político tanto desde el dominio que les otorga su opulenta riqueza como los que están en transitorios puestos formales, tienen que empezar a entender que la “nueva normalidad” post-pandémica debe orientarse hacia una mayor e inclusión y justicia social; hacia mejores formas de redistribución de la riqueza; deben comprometerse seriamente con el fin de la depredación ambiental y la retórica pseudo-ecológica; deben renunciar a la polítiquería y al cálculo fijado por intereses individualistas y mesquinos. La historia les da la oportunidad de corregirse o serán inevitablemente corregidos por la democracia que empezará a reverdecer al superarse esta pandemia.

El futuro no puede ser repetición de este pasado reciente marcado por la injusticia social y el daño ambiental. Una nueva consciencia democratizadora y correctiva ha empezado a ganar fuerza entre las y los ciudadanos, particularmente entre las y los jóvenes, que aspiran convertir esta pandemia, en una oportunidad para reimpulsar un Estado Social y Ecológico de Derecho.

29 de abril, 2020

Centroamérica: la crisis de la democracia en el contexto de la pandemia del COVID-19

Conferencia internacional

SURCOS recibe el siguiente recuento de la Conferencia Internacional “Centroamérica: la crisis de la democracia en el contexto de la pandemia del COVID-19” del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE) de la Universidad Estatal a Distancia (UNED):

El Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo está celebrando su décimo aniversario y entre las actividades que ha organizado en ese marco se encuentra el III Seminario CICDE “Retos de la democracia en tiempos de COVID19”, que concluyó el pasado jueves 19 de noviembre con la conferencia internacional “Centroamérica: la crisis de la democracia en el contexto de la pandemia del COVID-19”. Al igual que las sesiones previas del Seminario, esta conferencia está en línea y les invitamos a observarla en Youtube o en Facebook.

La actividad contó con la participación de cuatro panelistas de muy alto nivel, que profundizaron en los orígenes y manifestaciones de la crisis democrática en la región centroamericana y especialmente en Costa Rica, Nicaragua, El Salvador y Guatemala, en el contexto de la pandemia y de los serios fenómenos climáticos que han afectado al istmo recientemente.

Inicialmente el Dr. Luis Paulino Vargas Solís, economista costarricense y director del CICDE, introdujo la importancia de entender la democracia como una aspiración y como una concreción siempre precaria, imperfecta y cambiante, que define un horizonte necesariamente perfectible y que se expresa tanto en la institucionalidad como en la vivencia subjetiva de las personas. Al igual que coincidieron después los demás panelistas, explicó que la pandemia de COVID-19 ha venido a poner en evidencia y a profundizar una crisis democrática que ya existía en la región, y que en el caso costarricense está estrechamente relacionada con elementos como la creciente desigualdad, pobreza, el deterioro en el empleo y en la capacidad adquisitiva de la población, que muy probablemente están en el trasfondo del malestar que expresan las protestas que ha vivido el país en los últimos meses. Para Vargas Solís, la búsqueda de una mejor democracia requiere sin duda reorientar el modelo económico propio del proyecto neoliberal, algo que las élites y sectores hegemónicos no parecieran estar en disposición de hacer.

A continuación intervino la máster Ana Lucia Álvarez Vijil, economista feminista e investigadora asociada del Centro de Investigación y Acción Educativa Social (Ciases) de Nicaragua. Ella caracterizó varios aspectos de lo que define como una crisis continuada y profunda de la democracia, a partir de la constitución de los Estados nacionales en el marco de un pacto patriarcal y colonial que les lleva a jerarquizar a las personas en función de condiciones como el sexo y la raza, lo que produce condiciones muy desiguales de ciudadanía y ejercicio de derechos. La académica y activista insistió en el reto de abordar las implicaciones de los diversos traumas y manifestaciones de violencia formal e informal que han enfrentado los pueblos centroamericanos, así como de poner la mirada en los procesos de producción y reproducción de la vida humana y no humana que resultan fundamentales en momentos de crisis como el actual.

De seguido, la participación del Dr. en Ciencia Política Álvaro Artiga González, de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) de El Salvador, profundizó en el análisis del sistema de partidos y la evolución de las posiciones ideológicas que caracterizan el entorno político salvadoreño, en un entorno cada vez más determinado por la influencia de intereses económicos y que no está representando de manera efectiva la diversidad de realidades existentes en la sociedad. Enfatizó especialmente en la “tentación autoritaria” que lleva a optar por medidas represivas ante las diferencias de opinión, en vez de abordar las causas profundas que siguen reproduciendo la crisis democrática.

La última ponencia estuvo a cargo de Ricardo Sáenz de Tejada, Dr. en Ciencias Sociales quien se desempeña como profesor e investigador de la Escuela de Historia, Antropología y Arqueología en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Sáenz de Tejada explicó que el proceso de democratización en Guatemala se llevó a cabo a partir de un pacto entre élites militares, empresariales y políticas, un contexto en el que los ajustes electorales e institucionales, así como la creciente influencia de redes de corrupción y cooptación de la institucionalidad han perpetuado la exclusión de sectores que ya de por sí se encontraban en condiciones de subordinación. En este escenario, llamó la atención acerca de la necesidad de rescatar el Estado y la política pública orientada al bien común como parte de la defensa de la democracia.

Después de la presentación de las ponencias se facilitó un interesante intercambio con el público que participó en la actividad, en la cual las preguntas y comentarios que se plantearon ayudaron a las personas expositoras a profundizar en su lectura del momento que vive la región centroamericana, los retos y las propuestas que compartimos desde todos los países que la integran.

En la convocatoria al III Seminario CICDE se indicaba que en el mismo se entendería la democracia “desde una concepción dinámica, evolutiva, compleja y dialéctica. Consideramos que, en primera instancia, la democracia define una aspiración y un horizonte de posibilidades, construidas alrededor de valores de justicia, equidad, derechos humanos y participación ciudadana y que, por tanto, sus concreciones prácticas son siempre imperfectas, limitadas y cambiantes. La democracia, desde esta perspectiva, no implica una teleología: no es que las sociedades humanas se mueven naturalmente hacia más y mejor democracia. Antes bien, la calidad de la democracia, e incluso la democracia misma, puede experimentar tanto avances como retrocesos, y en cada oportunidad particular ello será el fruto de complejas dinámicas sociales, es decir, de movimientos y procesos que necesariamente involucran conflictos, negociaciones y arreglos institucionales de distinta magnitud, y de diferente índole o naturaleza. La democracia es, por lo tanto, un territorio de lucha, una aspiración en disputa, una idea y una propuesta que está bajo permanente asedio, una concreción siempre incompleta y siempre cambiante, que intenta afirmarse mientras enfrenta e intenta resolver múltiples amenazas y desafíos”.

La relevancia de este acercamiento fue reiterada en la Conferencia de cierre del Seminario que aquí reseñamos. Eva Carazo Vargas, investigadora del CICDE y moderadora de la Conferencia, resaltó en su comentario de balance final la importancia de pensar Centroamérica y los retos que plantea la crisis democrática a partir de los hilos comunes que comparten los países de la región, un esfuerzo con el cual el CICDE y la UNED reiteran su compromiso.

Aquí puede ver la transmisión.

Medidas adicionales para las personas con discapacidad ante el COVID-19

Luis Fernando Astorga Gatjens,
luferag@gmail.com

El Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS) ha venido demandando, a las autoridades de Gobierno y a distintas instituciones públicas, la necesidad de que implementen un conjunto de medidas adicionales de protección para las personas con discapacidad, en atención a la declaratoria de Emergencia Nacional por el COVID-19.

Este esfuerzo es tan necesario como oportuno. El pasado martes, 17 de marzo, la Relatora Especial sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, la costarricense Catalina Devandas, reclamó que se han tomado escasas medidas para proporcionar la orientación y los apoyos necesarios a las personas con discapacidad, para protegerlas del contagio de la actual pandemia del COVID-19 que afecta al mundo y a nuestro país. Devandas expresó que “este apoyo es básico para su supervivencia”, por lo que solicitó a los Estados la adopción de medidas adicionales de protección social, y atención de salud oportuna, de calidad y en lugares que garanticen su seguridad y privacidad, en función de que las personas con discapacidad cuenten con apoyo seguro a lo largo y hasta que termine la crisis.

“Las personas con discapacidad se ven afectadas de manera desproporcionada en situaciones de desastre, emergencia y conflicto debido a que las medidas de evacuación, respuesta (incluidos los refugios, los campamentos y la distribución de alimentos) y recuperación les resultan inaccesibles”. (DESA-ONU).

Muchas personas con discapacidad se consideran particularmente vulnerables ante el coronavirus y, por el hecho de la necesidad de asistencia personal, mayor limitación para la movilidad, acceso limitado a la comunicación, son de alto riesgo de contagio. El Gobierno y demás entidades públicas y privadas, que están atendiendo esta desafiante crisis, deben tomar muy en serio estos justos y acertados llamados a poner atención a la situación particular de este sector poblacional, que suma entre 670 640 personas (Censo, 2011) y más de 900 mil (ENADIS, 2018).

Como bien señala el ente rector en la materia: “esta vulnerabilidad se ve incrementada debido a que el 52.4% de la población total con discapacidad, se ubica en los dos quintiles de menor ingreso (214,370 mujeres y 138,627 hombres)”. Y la pobreza y la exclusión social, como es bien sabido, hacen que las personas sean más afectadas por las distintas crisis y ésta de carácter sanitario, las hace severamente vulnerables.

Esta vulnerabilidad se extiende, inevitablemente, a sus familias ya que muchas personas por su condición de discapacidad, demandan la atención directa y cotidiana de familiares. Como ha advertido el CONAPDIS: “la actual situación de emergencia nacional por el COVID-19 limita el contacto entre familiares y coloca en situación de riesgo, abuso o negligencia a las personas con discapacidad.”.

Con el propósito de asegurar el cumplimiento efectivo del derecho a la salud para este amplio sector de la población nacional, se demandan esas medidas adicionales, subrayando –eso si—que no es por su discapacidad “sino, porque muchas de ellas tienen condiciones de salud de riesgo y se encuentran en una situación sensible.”

Cabe aquí invocar el Artículo 11 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad sobre “Situaciones de riesgo y emergencias humanitarias” (CDPD, ONU, 2006) que indica lo siguiente: “Los Estados Partes adoptarán, en virtud de las responsabilidades que les corresponden con arreglo al derecho internacional, y en concreto el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos, todas las medidas posibles para garantizar la seguridad y la protección de las personas con discapacidad en situaciones de riesgo, incluidas situaciones de conflicto armado, emergencias humanitarias y desastres naturales.”

El oportuno llamado del CONAPDIS incluye como interlocutores, en arreglo a la situación y ámbito que se atienda, al Gobierno, al Ministerio de Salud, a la CCSS, al Ministerio de Trabajo, al MEP y sus Centros de Atención Intergral (CAI), al IMAS, Municipalidades (Comités Municipales de Discapacidad), entre otras entidades públicas. Igualmente, el llamado debe llegar a la conciencia y a la acción de las entidades privadas y actores de sociedad civil, que puedan aportar a este esfuerzo inclusivo.

Es necesario pensar que lo necesario y bueno para este sector significativo de la población es bueno y necesario para toda la sociedad costarricense. Todas y todos estamos en la misma barca que enfrenta la tempestad de esta pandemia global. Rememos todas y todos en el mismo y solidario esfuerzo mientras se supera la crisis.