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Etiqueta: COVID-19

Reducción de salarios, decisión que enfrenta a trabajadores, protege a ricos y empobrece al pueblo

Juan Huaylupo Alcázar*

LA CRISIS

Los procesos económicos críticos son consustanciales del capitalismo, sean producto de sus propias contradicciones o provocadas por los propietarios del capital e instituciones bancarias. La crisis económica mundial entendida como fin de las condiciones que propician la continuidad de las relaciones establecidas. En tal sentido, ha sido interpretada como la debacle absoluta de la economía y así divulgada por todos los medios, los gobiernos y los propietarios del capital. De este modo, la crisis económica y pandémica ha sido la fuente para la creación de miedos, la incertidumbre y la inestabilidad fundamentalmente para los mayoritarios sectores sociales sensibles y vulnerables de la sociedad. Miedos que son usados para la adopción de decisiones y acciones, estatales y empresariales, sobre asuntos políticos y económicos que trascienden la salud pública nacional.

El miedo a quedarse sin salario que es la única forma para el sustento familiar y la vida de millones de personas del mundo, se exacerba con las alarmas de los propietarios y sus acólitos. No obstante, en una sociedad capitalista, interdependiente, mercantilizada y desigual, todos son afectados, aunque con efectos muy diferenciados e incluso contradictorios. Creer que solo los empresarios sufren las consecuencias de la crisis, es un engaño y una distorsión de la realidad.

La reactivación de la economía no se logra con la inversión privada, sino dando trabajo y elevando la capacidad adquisitiva de los trabajadores AUMENTANDO SALARIOS NO CONFISCANDOLOS. Es un crimen de lesa humanidad por ser “… parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil y con conocimiento de dicho ataque … que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física.” (Estatuto de la Corte Penal Internacional, 2002). Cercenar salarios para subsistencia de los trabajadores, así como eliminar la obligación estatal por la salud, la alimentación, el trabajo y vida ciudadana, así como, determinación estatal para que financieras privadas decidan, dispongan y administren los salarios acumulados para supuestas pensiones complementarias, las cuales no devueltas a sus dueños en plena crisis de subsistencia, a la vez que son defalcadas en mercados internacionales y por sus administraciones locales, entre otros latrocinios, son crímenes intencionales y premeditados contra la vida, además de traiciones políticas del Estado contra el pueblo.

Atentar contra los salarios, NO SOLO ES UNA TRANSGRESIÓN CONTRA LOS TRABAJADORES TAMBIEN LO ES, CONTRA LOS NEGOCIOS PRIVADOS, EL DINAMISMO ECONÓMICO, LAS RIQUEZAS PRIVADAS Y LOS INGRESOS AL ESTADO. Pero, además minimizar los salarios de quienes han adquirido derechos y compensaciones laborales a través de décadas de trabajo cognoscitivo y especializado, para ser criticados como privilegiados y adversarios, lo cual busca el enfrentamiento entre trabajadores revelando una práctica de naturaleza fascista, que deja incólume al poder de gobernantes y empresarios, que violan derechos, liquidan democracia y pagan salarios miserables, así como crea una imagen ideológica de que la pobreza es el ideal a ser imitado e impuesto a todos los trabajadores.

Los propietarios del capital en Costa Rica, a instancias y la manipulación ideológica de las cámaras patronales, controladas por los intereses de influyentes empresarios, presionan y logran relativizar y flexibilizar las restricciones sanitarias. Ellos, con la complicidad gubernamental, son verdaderos causantes de propagación de la infección viral al obligar a los trabajadores, por subsistencia y hambre, a poner en riesgo la salud familiar y sus vidas.

La crisis y sus efectos no tiene en la pandemia como su única determinación causal, ella ha evidenciado la desigualdad social y la existencia de estructuras sociales excluyentes, por la cual se incrementa y profundiza la pobreza, la enfermedad y muerte en los sectores más vulnerables de la sociedad. Asimismo, la pandemia nos muestra fehacientemente que los pobres y trabajadores son el sustento social de la economía nacional y la riqueza privada, a la vez que ha revelado, las contradicciones de económicas de la sociedad y el sistema prevaleciente. No obstante y contradictoriamente, son a los pobres y trabajadores a quienes se les obliga, no solamente a sufrir las más serias consecuencias de la crisis, también se les impone, con su trabajo y salarios, compensar los desequilibrios fiscales del gobierno y subsidiar el sistema de salud, lo cual es una infamia intolerable, inaceptable e imposible, cuando los empresarios son millonarios deudores a la C.C.S.S. a quienes no se les cobra, no se les demandan judicialmente y menos aún, les embargan sus propiedades. Pero, lo más dramático, en la actual crisis económica y sanitaria, es tener un Estado que formal y esencialmente debe garantizar lo público y los derechos igualitarios en la desigualdad sistémica, pero hace precisamente lo contrario, sanciona y sacrifica a los que sustentan el sistema, mientras que exime de todo compromiso y responsabilidad a los protagonistas privados de la crisis, complace a los propietarios del capital en sus negocios y ganancias privadas, así como protege y estimula al sector financiero en su actividad usurera y especuladora que esquilma a los pobres y cercena el futuro de la sociedad.

PRIVATIZACIÓN SOCIAL Y POLÍTICAMENTE REGRESIVA

La privatización del bienestar, la política pública y del Estado social han liquidado la democracia en nuestro país, así como el amparo al poder económico, ha creado la dictadura directa y transparente, con una formalidad institucional de democrática. El totalitarismo contemporáneo se ha encubierto de una institucionalidad estatal y una legalidad de apariencia democrática. Los proyectos liberales regresivos e imperiales del poder en Costa Rica, son compatibles con la regresión conservadora y el conocimiento económico vulgar y dogmático del Fondo Monetario Internacional, para imponer el totalitarismo que no lograron en décadas pasadas por la resistencia social y el conocimiento. La radicalidad de conservadores y fascistas, toman de pretexto la pandemia, para aplicar su arcaico y regresivo extremismo político y económico.

La actuación gubernamental y legislativa contra los trabajadores y pobres, es tan grave como el tener un sistema judicial que, amparado en la igualdad de derechos, actúa parcial y parcializadamente contra la ciudadanía y la Constitución de la República, convirtiéndose en una institucionalidad subordinada y cómplice de las transgresiones del poder y ejemplo de vergonzosa regresión de los intereses nacionales y ciudadanos.

Los poderes, político y económico, podrían evitar la mayor tragedia que Costa Rica haya conocido, no a causa de la pandemia, sino por intransigencia y posesividad de quienes se han creído dueños de personas y pueblos.

El desempleo, la reducción de los salarios y su confiscación salarial, SIN AFECTAR A LAS EMPRESAS Y SUS DUEÑOS que evaden ilegalmente sus obligaciones tributarias, ni tampoco intervienen riquezas de los ricos y de las entidades financieras, que empobrecen más a los pobres, es una infamia y una traición política de quienes usurpan la representación ciudadana.

La usurpación del poder político ciudadano y los propietarios del capital, tendrán el poder para modificar leyes a su antojo y disponer de los medios de coacción para imponerse, pero en su ceguera y estupidez, están imposibilitados de ver y comprender la inviabilidad de construir una historia sin pasado, que se suicidan destruyendo cultura, ciencia, economía y humanidad.

El poder estatal y empresarial ya están liquidando en Costa Rica los logros conquistados en el pasado para comprometer dramáticamente nuestro presente y futuro, ignorando la destrucción y devenir trágico que originan, en su patológica alienación por el inmediatismo, lo tangible y el presente.

LA RIQUEZA UN PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

La riqueza propia o heredada, no es ni ha sido, una creación mágica de sus propietarios, pues ninguna riqueza es creada individualmente, todas son creadas socialmente, son muchos sus creadores, aunque privatizada por pocos. Esta es la razón por la que no es posible ampararse en los generadores de la riqueza y eximir a los han generado pobreza, desigualdad e inequidad que nutre la pandemia. Luego, serán los ricos quienes deberán contribuir en paliar la crisis, de otro modo, la debacle y derrumbe del capitalismo será un futuro cercano, donde todos perderán, pero los causantes, los ricos y los poderes políticos que los amparan, desaparecerán de la sociedad y de la historia, para construir un nuevo mundo sin barbaros e ignorantes.

NO ES POSIBLE que aquellos que se han enriquecido con el trabajo ajeno, la especulación y el comercio a costa de los consumidores y del otorgamiento de millonarios y exorbitantes contratos gubernamentales, no se les exija contribución alguna para paliar el empobrecimiento población y el desequilibrio fiscal. LA REDISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA GENERADA SOCIALMENTE ES UNA NECESIDAD SOCIAL, ECONOMICA Y HUMANA. No se reactiva la economía liquidando a la población que crea y reproduce riqueza. La condonación de las deudas a los bancos, la reducción de precios a alimentos de consumo social, la rebaja en los precios de los servicios públicos, el aumentar salarios, eliminar los impuestos al trabajo, devolver a sus dueños los aportes salariales sin condiciones, depositados en las entidades financieras, otorgar préstamos con intereses negativos o no reembolsables, así como el restablecimiento de las políticas públicas y la defensa soberanía y el desarrollo nacional, son las decisiones que el pueblo exige aprobar y establecer para el bien común y la nación costarricense.

* Catedrático en Administración Pública en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica.

V Conferencia Internacional POR EL EQUILIBRIO DEL MUNDO – aplazamiento

Declaración del Consejo Mundial del Proyecto José Martí de Solidaridad Internacional

APLAZAMIENTO para los días 25 al 28 de enero del 2022

El Consejo Mundial del Proyecto José Martí de Solidaridad Internacional, tras una consulta con todos sus miembros, ha tomado la decisión de aplazar para los días 25 al 28 de enero del año 2022 la V Conferencia Internacional POR EL EQUILIBRIO DEL MUNDO, que originalmente estaba prevista para el próximo 2021.

Los integrantes del Consejo Mundial reconocemos que el desastre provocado por la Pandemia del COVID-19 ha puesto de manifiesto muy claramente la necesidad de trabajar por el equilibrio del mundo, la colaboración y la solidaridad internacionales, la equidad, el desarrollo sostenible, justicia social y la paz, lo que hace más oportuna que nunca antes la celebración de este cónclave que tiene el coauspicio de la UNESCO, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y otras muchas instituciones. No obstante –vista la situación y las condiciones que prevalecen en la actualidad en la mayoría de los países, agobiados por una profunda crisis sanitaria, económica y social- un análisis frío y realista conduce necesariamente a la necesidad de aplazar un año la cita.

Esto permitirá contar con más tiempo para favorecer la asistencia al evento de muchísimos académicos, profesores e investigadores, promotores culturales, activistas sociales, representantes de partidos políticos, de organizaciones no gubernamentales y de otras instituciones de la sociedad civil, de todas partes del mundo, que han manifestado su interés en participar en este foro internacional, plural y humanista, que se realiza en La Habana, cada dos años en homenaje al gran pensador cubano, latinoamericano y universal José Martí.

Este evento internacional se efectuará en La Habana, Cuba. Salvo el cambio de fecha (ahora sería del 25 al 28 de enero del 2022), la convocatoria que oportunamente se libró para este evento mundial mantiene total vigencia.

La V Conferencia Internacional POR EL EQUILIBRIO DEL MUNDO tiene carácter plural y multidisciplinario, tiene el propósito de darle continuidad al Congreso Mundial de Humanidades efectuado en el 2017 en Lieja, Bélgica, y, entre otros temas cardinales abordará la importancia del diálogo y la diversidad cultural, el papel y los desafíos de los movimientos sociales, la lucha por la paz y el desarme nuclear, los riesgos y esperanzas de las nuevas tecnologías de la información, los ecosistemas y la necesidad de su preservación, las políticas culturales y la identidad nacional, el multilateralismo como mecanismo indispensable para el equilibrio mundial, las artes y las letras en la formación de una cultura de resistencia, el desarrollo sostenible y la equidad social, la educación y los derechos humanos en el siglo XXI, el combate contra la discriminación racial y por la igualdad de género, la diversidad religiosa, el ecumenismo y la espiritualidad, el problema global del narcotráfico, el papel actual de la juventud en los procesos de cambio, la construcción de una democracia participativa, y los aportes del pensamiento latinoamericano, desde Simón Bolívar y José Martí hasta nuestros días.

En correspondencia con la actual crisis mundial, hemos propuesto al Comité Organizador de esta V Conferencia Internacional, añadir en la agenda de discusión un nuevo punto que, de manera general, se ha titulado “Experiencias derivadas de la Pandemia del COVID-19”.

El propio Comité Organizador nos ha pedido dar a conocer que todas aquellas personas que ya se habían inscripto en el sitio web del evento (http://www.porelequilibriodel mundocuba.com) como ponentes o con el estatus de participantes en dicho cónclave mantienen todos sus derechos.

Llamamos a todas las personas de buena voluntad (intelectuales, educadores, artistas, escritores, periodistas, activistas sociales, miembros de organizaciones no gubernamentales, políticas, feministas, campesinas, juveniles y estudiantiles, sindicales, religiosas, científicas, ambientalistas…) a esforzarse por participar en este foro de pensamiento plural y multidisciplinario, a fin de convertirlo en un escenario para contribuir a sensibilizar a la opinión pública mundial en torno a la necesidad de crear una conciencia tangible contra los males que hoy aquejan a la Humanidad y ponen en riesgo la propia existencia de nuestra especie.

15 de julio del 2020
Consejo Mundial del
Proyecto José Martí de Solidaridad Internacional

Integrantes del Consejo Mundial del Proyecto José Martí de Solidaridad Internacional:

Federico Mayor Zaragoza (España), ex director general de la UNESCO; presidente de la Fundación Cultura de Paz.
Adolfo Pérez Esquivel (Argentina), Premio Nobel de la Paz; destacado activista por los Derechos Humanos.
Ignacio Ramonet (Francia), analista internacional, escritor y periodista francés.
Frei Betto (Brasil), teólogo e intelectual; Premio Internacional José Martí UNESCO/2012
Carlos Bojórquez Urzáiz (México), intelectual, investigador y profesor; responsable del Consejo Científico de la Universidad José Martí de Latinoamérica, sede en Mérida, Yucatán.
Atilio Borón (Argentina), sociólogo y analista político; Premio Internacional José Martí UNESCO/2009.
Vittorio Di Cagno (Italia), jurista; Presidente de Honor de la Comisión Internacional de la Unión del Notariado Latino.
Miguel Ángel Candanedo (Panamá), filósofo, director de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Panamá.
Guillermo Castro Herrera (Panamá), especialista en estudios ambientales; Asesor de la Fundación Ciudad del Saber, Panamá.
Paul Estrade (Francia), Profesor Emérito de la Universidad de París VIII; Ex Presidente del Centro de Historia de las Antillas Hispánicas y de la Sociedad de amistad Francia-Cuba.
Pablo Guayasamín (Ecuador), Presidente Fundación Guayasamín.
Pablo González Casanova (México), intelectual; Ex Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Jean Lamore (Francia), profesor adjunto en la Universidad de Burdeos, Francia.
Luigi Lombardi Vallauri (Italia), destacado jurista y profesor.
Juan Marchena Fernández (España), profesor latinoamericanista y Coordinador del Centro de Estudios Avanzados para América Latina y el Caribe, Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España.
Mario Alberto Nájera Espinoza (México), filósofo, profesor en la Universidad de Guadalajara, México; y Coordinador de la Red Internacional de Cátedras Martianas.
Raúl Pérez Torres (Ecuador), prestigioso escritor.
Max Puig (República Dominicana), intelectual y político; Ex Secretario de Estado de Trabajo de la República Dominicana.
Tony Raful (República Dominicana), poeta e historiador; Ex Secretario de Estado de Cultura de la República Dominicana.
Pedro Pablo Rodríguez López (Cuba), investigador titular del Centro de Estudios Martianos; Premio Nacional de Historia y de Ciencias Sociales de Cuba.
Luis Gomes Soromenho (Portugal), profesor universitario, economista y político.
Emilio Lambiase (Italia), profesor y activista social.
Francisco Galindo (España), promotor cultural y profesor adjunto de la Universidad Complutense de Madrid, España.
Alicia Kirchner (Argentina), activista social y política; Ex Presidenta del Comité Intergubernamental del Programa MOST de la UNESCO.
Chung Kyung Won (Corea del Sur), catedrático en la Universidad de HANKUK; presidente del Instituto de Estudios Latinoamericanos de esa institución de Seúl, Corea del Sur.
José Antonio Ruz Hernández (México), Rector de la Universidad Autónoma del Carmen, México.
Vivian Auffant (Puerto Rico), catedrática del Departamento de Literatura y Español de la Facultad de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico.
Jorge Cuellar Montoya (México), Rector de la Universidad José Martí de Latinoamérica, de Monterrey, México.
Eduardo Torres Cuevas (Cuba), historiador; Director de la Oficina del Programa Martiano y Presidente de la Sociedad Cultural José Martí, Cuba
Francisco Beltrán Lloris (España), profesor de Historia Antigua de la Universidad de Zaragoza, España.
Guillermo Daniel Ortega Reyes (Nicaragua), parlamentario; secretario de la Comisión de Relaciones Internacionales del Parlamento Centroamericano.
Marjorie Jiménez Castro (Costa Rica), profesora de Filología y Lingüística en la Universidad de Costa Rica.
Peter Koenig (Suiza), economista y analista geopolítico.
Héctor Hernández Pardo (Cuba), profesor universitario; Coordinador Ejecutivo del Proyecto José Martí de Solidaridad Internacional.

 

*Imagen de cabecera: Clausura de la IV Conferencia Internacional POR EL EQUILIBRIO DEL MUNDO

No todo es por el COVID-19

CRISIS SISTÉMICA DEL CAPITALISMO

La situación en Costa Rica es producto de un orden económico caníbal que puede derivar en un régimen totalitario

Ricardo Segura Ballar*

El capitalismo caníbal no es consecuencia del Covid-19, es producto de cuarenta años de imposición de un modelo neoliberal que ha colocado a Costa Rica entre los países más desiguales del mundo, con porcentajes de pobreza, antes del Covid-19, del 21% y desempleo del 13%, que no han podido ser resueltos y que por el contrario venían aumentando, golpeando con mayor fuerza las regiones Brunca (sur) y Pacífico Central en cuanto a la pobreza.

Todo esto es producto de la sumisión de los gobiernos en ese lapso, desde la administración Monge Álvarez cuando se aprobó el primer Programa de Ajuste Estructural (PAE I), pasando por la administración Arias Sánchez, en la cual se aprobó el segundo Programa de Ajuste Estructural (PAE II), siguiendo con la administración Figueres Olsen, cuando se aprobó el tercer Programa de Ajuste Estructural (PAE III). En la segunda administración Arias Sánchez se aprobó el cuarto Programa de Ajuste Estructural (PAE IV): el Tratado de Libre Comercio (TLC).

Todas esas políticas económicas, presionadas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial fueron aprobadas en administraciones liberacionistas (PLN) y por supuesto apoyadas por otras fuerzas políticas como el socialcristianismo (PUSC) y las turecas de siempre. Estas políticas neoliberales han implicado lo que ya sabemos: reducción del papel del Estado y entregar las instituciones estatales rentables al mercado, abrir la economía a la globalización y el libre comercio, dejando a las élites financieras actuando por la libre. Todas esas políticas condujeron a la destrucción de los agricultores y de otros sectores económicos y productivos, generando otro frente, el trabajo informal que representaba, hacía unos meses, un 46% de la población económicamente activa. Eso fue lo que se sembró a lo largo de cuarenta años. No escapa a esta situación la administración Alvarado Quesada, que, con un falso discurso de “unidad nacional”, terminó entregando la conducción económica del país a personas que, fueron por mucho, responsables del desastre y a los empresarios que orbitan alrededor de la UCCAEP, lo que se puede interpretar como una completa claudicación. Y como dice el refrán popular, el que siembra vientos cosecha tempestades.

Como se mira, no tenemos que responsabilizar de todo lo que ocurre al fenómeno Covid-19. Ya venían ocurriendo situaciones muy complejas, delicadas, en el plano político-económico, todas orientadas a reducir el papel del Estado en materia social así como un ataque permanente a los trabajadores públicos. La aprobación del “combo fiscal” fue uno de esos ataques arteros, aprobado en la Asamblea Legislativa por los diputados del PLN, PAC, PUSC y PRSC.

Algunos, ingenuamente creyeron que la crisis provocada por el fenómeno Covid-2019 abriría espacios para llevar adelante políticas de “unidad nacional” para establecer una tregua y un nuevo pacto social basado en una negoción honesta entre sectores para enfrentar la crisis (Igual lo creyeron cuando la lucha contra el combo fiscal). Resulta que no fue así; se ha seguido con lo mismo, peor aún, se ha intensificado el ataque a toda la clase trabajadora, especialmente a los trabajadores estatales. Un ejemplo es la intención de eliminar la jornada laboral de ocho horas, bajo el eufemismo de “flexibilidad laboral”, lo que significa un retroceso de cien años en materia laboral, todo por complacer al empresariado nacional mucho del cual, como se dijo, orbita en torno a la UCCAEP.

Lo innegable de la crisis intensificada por el fenómeno Covid-19 es que ha dejado en cueros al “país más feliz del mundo”. Desigualdad rampante, pobreza, trabajo esclavo (zona norte), miseria y humillación (cuarterías), explotación, hambre, políticas antilaborales, xenofobia.

Es por lo anterior, que las declaraciones dadas por el exministro de Hacienda Rodrigo Chávez en el espacio El Faro (Héctor Solano) se vuelven políticamente importantes. En esa entrevista el exministro afirmó lo siguiente: 1) que Costa Rica es un país muy desigual; 2) que la evasión-elusión fiscal, en el estimado más bajo llega al 4.5, 5% del PIB y el más alto al 8% del PIB y que aplicando el promedio (6%) eso significa $3800 millones de dólares y que el lavado de dinero alcanza los $4000 mil millones de dólares; 3) que hubo fuertes presiones del empresariado para oponerse a la apertura del secreto bancario; 4) que si no existe un plan consecuente con las necesidades del país (líneas rojas) en la negociación con el Fondo Monetario Internacional, el mismo FMI tomaría el timón de los destinos del país; 5) que Costa Rica, en las actuales circunstancias necesita una cirugía de campo de batalla lo cual es ruidoso y sangriento; 6) que la deuda hay que pagarla como sea; 7) que hay que hacer lo que sea posible para que el Estado de Derecho y el tejido social no se destruya, que hay una alta probabilidad de que eso ocurra.

Sobre lo dicho por el exministro podemos concluir lo siguiente: que Costa Rica es un país asaltado con fusil en ristre por el gran empresariado y que, por el alcance del lavado de dinero, el país en la práctica es un narcoestado y quizá sea esto lo que haya generado la presión para que se mantenga el secreto bancario. En el caso de la negociación con el FMI, ya tenemos el resultado de 40 años de entreguismo y sumisión (PAEs y TLC). No dudamos que a la administración Alvarado Quesada le quebrarán las costillas y que, si se le permite, terminará sacrificando aún más a la clase trabajadora y que terminará, si se le permite, entregando el ICE, la CCSS y lo que haya que entregar. A eso se refiere el exministro cuando habla de cirugía de campo de batalla, hay que pagar la deuda como sea.

Pero lo que resulta políticamente muy revelador es su apreciación sobre la muy probable ocurrencia de la destrucción del tejido social y del Estado de Derecho. Por supuesto que estas declaraciones del exministro no pueden pasar inadvertidas, máxime por quien las afirma. Tampoco eso se dice por decirlo, con mucha probabilidad este ha sido un tema de análisis y discusión en los círculos cerrados de la administración Alvarado Quesada. Y es que efectivamente, tal cual se manifestó, el fenómeno Covid-19 puso al descubierto “las venas abiertas” de Costa Rica y que por lo descrito anteriormente, la presión sobre la clase trabajadora será mayor e inaguantable. Vastos sectores pasaron y pasarán a engrosar el desempleo, la pobreza y la informalidad, allí se acumulan la desesperanza, el hambre y la rabia. Eso se convertirá ineluctablemente en una situación socialmente explosiva que sin duda derivará en acciones y movilizaciones sociales que como dice el exministro, con mucha probabilidad rompan el tejido social y fracturen el Estado de Derecho.

Es claro que el escenario descrito por el exministro es muy real. Los sectores dominantes, los sectores empresariales que han estado viviendo en una fiesta de evasión y elusión no van a soltar nada de buena gana, allí todo es para adentro. Los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa en su mayoría no tienen expresión propia, el PLN, el PUSC, el mismo PAC son en la práctica marionetas de los sectores dominantes y de las agencias económicas internacionales. Es decir, están contribuyendo en mucha medida a que ese escenario de ruptura avance de manera inexorable.

Es por todo esto que los movimientos sociales así como todas las fuerzas de la resistencia con carácter de clase interioricen que, efectivamente, las cosas se pueden salir de control. Salirse de control no significa que esa ruptura social favorezca los intereses de la clase trabajadora. Todo lo contrario, un escenario como ese puede ser perfectamente explotado por los sectores dominantes para imponer un régimen totalitario. Es por eso que el movimiento social clasista, en esta ocasión me refiero al Bloque Unitario, tiene que analizar con seriedad dos hojas de ruta, una de ellas ya discutida y aprobada en el seno del Bloque Unitario, la conformación del Frente Nacional de Lucha y Resistencia que pueda de manera consecuente y con firmeza conducir las masas en un escenario de ruptura del tejido social y del Estado de Derecho, pero con la claridad, en cuanto a que, de producirse ese escenario, la ruptura tiene que ir dirigida a desmontar ese modelo económico caníbal. La otra muy necesaria por cierto, es la conformación o el fortalecimiento de un partido político centralizado en la lucha de clases con opciones electorales que sirva a los intereses de la clase trabajadora, de los agricultores y del pequeño y mediano empresariado consecuentes con los intereses de la Patria. Un partido político clasista que permita acercar diferentes sectores para que se sumen a la lucha con miras a la toma del poder.

Entramos en una faceta crítica de la historia costarricense. Porque si los sectores dominantes, en colusión con los sectores políticos del PLN, PUSC y PAC y demás turecas deciden escoger la hoja de ruta que ha planteado el exministro Rodrigo Chávez, es decir, “cirugía de campo de batalla”, entonces que se preparen porque esos sectores igual tendrán que entrar a ese “campo de batalla” y como manifestó el exministro, será “ruidoso y sangriento”, para ellos también.

* Comisión Nacional de Enlace
San José, Costa Rica
16 de julio 2020

Internet gratis y universalizado – PROPUESTA DEL SINDEU

Estamos en el marco de la IV Revolución Industrial, la era de la robotización y la cibernética. Las relaciones sociales de producción exigen nuevas adecuaciones curriculares para entender las lógicas de la extracción de la plusvalía y la explotación.

Frente este magro horizonte, otro nuevo fenómeno nos azota con gran violencia. La pandemia del coronavirus, el SARS-Co. V2 o más popularmente el COVID-19. Condujo y obligó a las universidades y los ministerios de educación a reinventarse. Nos exigió, sin estar preparados, a elevar la calidad del teletrabajo y el rendimiento académico, bajo la ausencia de las condiciones mínimas infraestructurales.

De pronto la educación se encuentra ante la urgente tarea de desarrollar una excelente alfabetización tecnológica, pero no se tenían las condiciones presupuestarias para las nuevas exigencias del virus, que todavía no se dibuja una salida integral por parte de los gobiernos para atender y dar una salida radical a dicho problema.

Por el contrario, un gobierno como el nuestro, dirigido por Carlos Alvarado Quesada y una Asamblea Legislativa que puso en su mira derrotar y destruir la clase media y empobrecer aún más a las masas populares, no nos puede augurar nada bueno en el corto plazo.

Rebaja salarial en el sector público, conculcan principios de los derechos laborales esenciales. Prohibición de las huelgas, eliminación de la jornada histórica de las 8 horas, flexibilización de jornadas, reducción de salarios, en fin se carga con demasiada violencia los costos de la crisis generada por el Estado Neoliberal y bajo el pretexto de un COVID-19, con las espaldas de la clase trabajadora. Pero no es este el examen que nos interesa. Aunque, lógicamente, un problema estructural de esta envergadura no podemos soslayarlo.

Recientemente la Unión Internacional de Telecomunicaciones, organismo adscrito a la ONU, definió que “… el Internet es un Derecho Humano de tercera generación” y por tanto los Estados miembros de la ONU, deben entenderlo como tal”.

En este sentido, Edwin Estrada, exviceministro de telecomunicaciones, responsable del Fondo Nacional de Telecomunicaciones –FONATEL, manifestaba en una entrevista pública lo siguiente:

“… en Costa Rica los índices son 95 líneas de Internet móvil por cada 100 habitantes, tenemos casi 200 líneas de teléfono por cada 100 habitantes”.

Claro que en su entrevista el señor Estrada, enfatizaba en que hoy Internet debe ser un derecho humano esencial. Estamos en la obligación de dar un salto de calidad para que las diferentes zonas del país hagan posible el sueño de que Internet llegue a todos los hogares del país.

Defender entonces el Internet como derecho humano esencial, es también decirle al pueblo de Costa Rica de la urgente tarea de defender al Instituto Costarricense de Electricidad.

CONARE, conjuntamente con cada uno de los sindicatos universitarios y las respectivas asociaciones de trabajadores y empleados, deben convertirse en los grandes abanderados de esta lucha, que bajo las condiciones infraestructurales que ha desarrollado el ICE, no es una utopía o una simple propuesta salida de la angustia que nos genera el encierro de nuestra burbuja social. Si no, por el contrario, es ser propositivos y ofrecer a toda la masa estudiantil: primaria, secundaria y de educación superior, la plataforma adecuada para enfrentar los déficit de una malla curricular que no contaba con este nivel de exigencia de una educación virtual y un trabajo académico teletrabajado.

Nos parece entonces que, con el aporte de los diferentes sindicatos adscritos al ICE, los institutos científicos de nuestras universidades, la voluntad política del MICITT y el compromiso moral de la Superintendencia de Telecomunicaciones-SUTEL, podemos darle a la población de Costa Rica la aplicación de este tan importante Derecho Humano: El INTERNET COMO DERECHO HUMANO DE LA TERCERA GENERACIÓN y así aportar integralmente en este espacio de la IV Revolución Industrial en que quedamos insertos, sin estar lo suficientemente preparados.

 

*Imagen ilustrativa, UCR.

La urgencia democrática del dialogo social

Manuel Hernández

El Informe de OCDE acerca del Mercado laboral y las políticas sociales (2017), advirtió que en nuestro país, el diálogo social está fragmentado y además, que esta debilidad puede ser una barrera para mejorar las condiciones de trabajo y retrasar muchas de las reformas que se necesitan.

La OCDE recomendó, desde aquella fecha en que el Gobierno estaba seduciendo a este organismo internacional, “que los encargados de políticas en Costa Rica (…) fortalezcan el diálogo social.”

No obstante, la Administración Alvarado Quesada, que tanto empeño asumió para que el país se adhiriera a este selecto club de países ricos, echó por la borda esta recomendación, y en su lugar, peligrosamente ha recorrido una ruta en sentido totalmente contrario al diálogo social.

Esta desafección del diálogo social se materializó con la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N° 9635 y la Ley para brindar seguridad sobre la huelga y sus procedimientos, N° 9808, que causaron una fuerte confrontación social, cuyas cicatrices todavía no han sanado.

No sólo por el procedimiento legislativo extraordinario que se diseñó –ad hoc- para la tramitación y aprobación atropellada de ambos proyectos, respaldada por una fuerte carga de intervención policial, sino, además, por su contenido normativo regresivo, quedó de manifiesto la rúbrica autoritaria del Gobierno y la Asamblea Legislativa.

Pero este déficit democrático de la gobernanza de las relaciones laborales, se ha profundizado a merced de la irrupción de la pandemia que nos flagela.

La pandemia se ha convertido en el útil Caballo de Troya, por un lado, para destruir los derechos que aún le quedan a la clase trabajadora, y por otro lado, para desmontar el raído Estado Social y Democrático, que lo tienen pegado a un respirador mecánico.

Recordemos que el Ministerio de Trabajo impulsó febrilmente un proyecto de ley de reducción de las jornadas de trabajo, con la consecuente disminución hasta de un 75% de los salarios, que tiene a miles de trabajadores del sector privado con trabajo, pero lamentablemente devengando salarios de hambre.

Por otra parte, en lugar de proteger la sostenibilidad de los salarios de las y los trabajadores, el mismo Ministerio apostó a la maquinilla, casi en automático, de la suspensión de los contratos de trabajo, cuyas resoluciones administrativas se editan como en planchas rotativas de periódicos.

Son más de tres meses que llevan estos trabajadores soportando, sin percibir salario, con el hambre confinada en sus estómagos, cuya medida se prorrogó por tres meses más.

 Ahora el epicentro del envite político se enfoca directamente contra los servicios públicos y las personas que trabajan en este sector, amplificado por las mediáticas campañas que destilan odio en las columnas editoriales y las pantallas de televisión.

En términos generales, podríamos decir que los correspondientes proyectos legislativos tienen un doble y concurrente cometido: desmantelar la institucionalidad pública y menoscabar los derechos laborales de este colectivo.

En la línea de erosión de la institucionalidad pública, sobresalen dos proyectos: el Proyecto de Ley de Empleo Público y la reforma de la Ley Orgánica del INA, sin dejar de omitir que a JAPDEVA que prácticamente ya lo cerraron.

El primer proyecto, que en buen español debería nominarse de des/empleo público, tiene el objetivo de someter a la exclusiva gobernanza política y normativa de MIDEPLAN, la totalidad del conjunto del sistema de empleo público: reclutamiento, selección, movilidad, traslados, carrera administrativa, promoción, concursos, formación, capacitación, remuneración y otros.

MIDEPLAN sufre una metamorfosis y se trasmuta en un supra-ministerio, que concentra un poder desproporcionado, a cuyos mandatos imperativos quedan subordinadas prácticamente todas las instituciones, el Poder Legislativo y el Poder Judicial.

Este Leviatán hace añicos la independencia de poderes y la autonomía constitucional de la CCSS, universidades estatales y las municipalidades, reducidas a caricaturescas unidades ejecutoras de las directrices, lineamientos, procedimientos y resoluciones de SUPRAMIDEPLAN.

En el otro proyecto se pretende reformar la Ley Orgánica del INA, que ha jugado un papel fundamental en la formación y capacitación técnica de la clase trabajadora, cuyo objetivo es la externalización de los servicios que presta esta institución y la privatización de la relación de empleo de sus servidores.

En la línea de afectación directa de los derechos de las personas que laboran en el sector público, tenemos un emergente aluvión de proyectos, entre los cuales sobresalen, sin la intención de agotar el señalamiento de los tantos que conforman la saga de proyectos que se agolpan en la corriente legislativa, los siguientes: congelamiento de las anualidades 2021-2022, derogatoria de los regímenes de pensiones complementarias de trabajadores y trabajadoras de varias instituciones (CCSS, BCR, BN, ICE, ICT, JPS).

No podríamos dejar de mencionar la versión más creativa de estos proyectos: la reducción del 15% de la jornada de los funcionarios públicos que devengan una remuneración bruta mensual por lo menos de 1.500.000 colones, por un período de 12 meses, un verdadero despropósito, un impuesto disfrazado con lentejuelas, cuestionado por diferentes sectores, hasta incluso por partidos políticos que han hecho mancuerna con el Gobierno en la aprobación de aquellas leyes.

Todas estas iniciativas se han promovido y ejecutado de manera unilateral, inconsulta, cerrando todo espacio de interlocución a los actores sociales interesados.

No queda, entonces, la menor duda de la nula voluntad de diálogo y legitimidad democrática de este Gobierno, que en esta crisis desafortunadamente nos está llevando por un callejón al borde del despeñadero: en el ámbito del empleo, en el campo laboral, social, económico y productivo, que ojalá que en el orden sanitario, en definitiva, podamos salir bien librados de esta fatídica pandemia.

 Así las cosas, no es aventurado sostener que estamos llegando a una situación muy crítica, a un punto de inflexión, donde más allá de esta línea probablemente no habrá retorno.

La crispación social sube la intensidad del tono y las circunstancias podrían desbordarse, como la misma pandemia, las cuales exigen que el Gobierno de la República vuelva por el camino de la restauración democrática y se comprometa francamente en un proceso de diálogo con los actores sociales, cuyo objetivo debe ser la recuperación del empleo, mantener la sostenibilidad de los salarios de los trabajadores, la reactivación y la eficiencia económica y además, la construcción de un escudo social que proteja a la gente en condición social vulnerable, los siempre condenados de la tierra.

No es ocioso recordar, por aquello que a algún político desmemoriado se le haya olvidado, que la Constitución Política establece que Costa Rica es una República libre, democrática e independiente, sustentada en los principios de participación ciudadana y en la provisión de los servicios públicos.

El Diálogo Social es inherente a esta configuración democrática de nuestro ordenamiento constitucional, que además tiene respaldo en el Convenio N° 98, N° 144, N° 154 y varias recomendaciones de OIT.

En este aspecto es pertinente recordar los señalamientos del Comité de Libertad Sindical de OIT:

“356.- (…) El Comité llama la atención sobre la importancia que atribuye a la promoción del diálogo y la consulta en las cuestiones de interés común entre las autoridades públicas y las organizaciones profesionales más representativas del sector de que se trate», así como «el interés de consultar a las organizaciones de empleadores y de trabajadores en la preparación y elaboración de una legislación que afecta a sus intereses». El Comité subraya a este respecto la importancia de consultas detalladas y de que las partes tengan suficiente tiempo para preparar y expresar sus puntos de vista y, discutirlos en profundidad. El Comité subraya también que el proceso de consulta en materia de legislación contribuye a que las leyes, programas y medidas que las autoridades públicas tengan que adoptar o aplicar tengan un fundamento más sólido y sean mejor respetados y aplicados; en la medida de lo posible el Gobierno debería apoyarse en el consentimiento general ya que las organizaciones de empleadores y de trabajadores deben poder participar en la responsabilidad de procurar el bienestar, y la prosperidad de la comunidad en general [Informe N° 368 de Comité de Libertad Sindical, que remite a Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical, quinta edición, 2006, párrafos 1067 y 1072].

La OIT, en el Marco de las políticas de lucha contra el COVID-19, estableció que el Diálogo Social “en todo momento, promueve la participación democrática en el proceso de formulación de políticas de las personas más directamente afectadas; pero en momentos de crisis, cuando hay mucho en juego, esa participación resulta aún más importante.”

El Diálogo Social es un cauce de mediación democrática, que sustenta la legitimidad de las políticas públicas, las decisiones gubernamentales y legislativas, que tanto se echa de menos en esta Administración.

En esta durísima crisis que estamos atravesando, ahora más que nunca, antes que –parafraseando a Saramago- nos hundamos hasta la mierda y perdamos el optimismo que aun nos queda de reserva, es imperioso articular un proceso real de Diálogo Social.

En definitiva, es necesario pactar, de manera impostergable, una hoja de ruta tendiente a buscar una salida democrática de la crisis, en procura de un gran acuerdo de reconstrucción social y económica, destinado a refundar el Estado Social y Democrático, proceso en el que deben tener participación los actores sociales y representaciones de pequeños y medianos empresarios, agricultores, a quienes se les ha martillado de golpe en seco y trasladado exclusivamente el riesgo y el costo de esta crisis sobreviniente.

En este trance de crisis de la cohesión social, del tejido productivo y no menor tensión de la legitimidad democrática, el diálogo social no puede ser enervado o suplido por la gobernanza unilateral, excluyente y autoritaria, acompañada de la infaltable represión policial cuando es necesaria, que ha sido hasta ahora la única receta del formulario oficial del Gobierno de la República.

El giro de 180° hacia el Diálogo Social es una opción política que el Gobierno del Bicentenario debe seriamente valorar, en función del desarrollo humano, la dignidad de las personas y el bienestar general de las grandes mayorías.

18/07/2020

¡No estamos solos!

Carlos Campos Rojas

Después de la intervención en cadena nacional del Presidente, el pasado domingo 12 de julio y de seguro en las que vendrán, quedamos informados que sería él, quien definiría los actores válidos para establecer la salida a la peor crisis que hemos vivido desde los años 80.

De la manera más grosera, dejó claro que la ciudadanía –la que carece de privilegios indecentes, pero que paga para que existan, no tiene espacio en participar en la toma de decisiones, en uno de los momentos más dramáticos de la reciente historia costarricense.

Tenemos que reconocerle su coherencia, nunca ha tomado en cuenta la ciudadanía y no tenía por qué hacerlo ahora, pues todavía recuerda que él llegó a palacio, sin haber ganado ningún proceso electoral, pues en el primer round lo destrozó Fabricio Alvarado y en el segundo fue un plebiscito entre la Virgen de los Ángeles y Rony Chávez –el mesías de Fabricio-, donde terminó llevándose el Diablo a Rony y una campaña donde una gran verdad se exponía y era que Fabricio no tenía equipo para gobernar, a la par de una gran mentira, que Carlos Alvarado sí lo tenía, pues de los que nos presentó, ninguno –salvo su esposa, que ahora camina sobre rieles-, quedaron.

Lo cierto es que el sufragio – que no es votar, ni tampoco andar detrás de partidos-, fue destrozado, violentando el mandato de nuestro Art. 9 Constitucional. Así, la corrupción y la impunidad, impulsadas por la mafia política, lograban una victoria sin precedentes. El presidente llegaba al altar de la Patria, de la mano de su Horizonte Positivo y una estrategia precisa. Eran viejos conocidos, los “progres” lo sabían, lo importante era el botín, no le debían nada a este pueblo, era el momento de deshacerse de ese andamio.

Las organizaciones sociales, destrozadas como dice Kathya Benavides, por el “síndrome de Roque Dalton, el gran poeta salvadoreño”, es decir, la carnicería interna por lograr el título de “representante negociador”, terminó liquidándolas de una vez por todas, en la lucha heroica del 2018 contra el Plan Fiscal, donde demostraron que no sabían, ni estaban preparadas para conducir este pueblo a algún puerto, que no fuera defender sus prerrogativas.

Queda la ciudadanía, la persona ciudadana. La que nunca ha sido tomada en cuenta. La que han visto por debajo del hombro. La que consideran domesticada y manipulable. La que fue educada en el clientelismo político por los gobiernos anteriores y los partidos políticos, para que se venda por prebendas o se someta al poder que esos políticos inescrupulosos usurparon y que solo le pertenece a la ciudadanía, todo a cambio de un voto. La que se acostumbraron a usar como un despojo humano.

Tatica Dios, como decía nuestra querida Carmen Lyra, sabe hacer las cosas. Esta emergencia nacional del Covid, ha servido para desnudar la realidad nacional y de qué lado está cada uno. Donde están ellos y la mafia política y dónde estamos nosotros.

A ellos los une la riqueza que nos pertenece y que se la apropiaron, así como hacerse pasar como nuestros representantes legítimos para entregar el país y nuestras mejores instituciones (la Caja, el ICE, etc.). Consecuentes con el comportamiento de un régimen impopular, que busca en los bolsillos y sobre la espalda del Pueblo, tapar la torta económica del saqueo. Negándose a la transparencia y a rendir cuentas, como lo establece el Art. 11 de nuestra Carta Magna.

A nosotros nos une la pobreza y la angustia que queda después del saqueo. Nos despojaron de nuestras Pymes, de nuestros empleos, de nuestros salarios, de la riqueza que producían empresarios decentes que no eran parte del régimen ni de la facción que toma las decisiones en palacio, pero que tienen en sus loncheras suficiente comida.

Si no entendíamos la horrible sensación de ser víctimas de una violación, ahora la estamos viviendo en carne propia.

Somos rehenes políticos de una facción que no dio la talla para administrar el país.

La emergencia nacional nos obliga a actuar. Debemos asumir en manos de la ciudadanía, lo que corresponde hacer, debemos representarnos a nosotros mismos.

Primero, lo que desprecian y rehúyen en palacio, NOS TIENE QUE UNIR EL DIÁLOGO RESPETUOSO Y LA CAPACIDAD DE PROPUESTA, siendo tolerantes con los disensos, para construir consensos.

Apropiarnos de nuestro entorno, organizarnos calle a calle, barrio a barrio, imponernos las medidas de protección correspondientes y poner a trabajar la economía nacional. Asumiendo la responsabilidad y el deber que no ha podido la institucionalidad. Asegurar el bienestar de nuestras familias. Tomar en nuestras manos las decisiones que políticos sin agallas, no toman en muchas de nuestras municipalidades.

Dependemos de nosotros mismos, del deber, de nuestra responsabilidad, de nuestra dignidad, de nuestros conocimientos y saberes que son muchos, al igual que nuestra riqueza, porque sin ella este país no funcionaría.

No hagamos caso a golpes de estado, “videos filtrados”, ni otras fechorías, que impulsa la mafia política, con su propia prensa, para seguir en sus gollerías y distraernos. Hay que deshacerse del miedo al que nos han arrinconado y del falso confort de las redes sociales.

Es el momento de la paz, del encuentro, de hacer uso de la autoridad constitucional que nos da el Poder suficiente para poner en orden este desorden, para eso somos El Soberano, así lo estipula nuestra Constitución Política, en su Artículo 9.

Tenemos lo necesario, pongámonos a caminar, establezcamos entre personas ciudadanas, empresarios decentes y personas funcionarias honorables, las acciones de inmediato.

Solo así se construirá el nuevo Pacto Social, solo así recuperaremos nuestro país, no ocupamos a los mismos de siempre.

¡ESTAMOS NOSOTROS!

19 de julio de 2020

Parálisis presidencial – Crónica de una reunión con Carlos Alvarado

Luis Paulino Vargas Solís
Economista, Director CICDE-UNED
Grupo Economía Pluralista

Durante los últimos meses he estado en tres reuniones virtuales con el presidente Alvarado. En la segunda y la tercera, acudí en mi condición de miembro del grupo Economía Pluralista. La última tuvo lugar recién el pasado viernes 17 de julio, y en representación de nuestro grupo, asistimos siete personas.

Una vez más, como en las dos ocasiones previas, acudí movido por la convicción de que es mi deber decirle al presidente lo que, humilde y modestamente, creo que debo decirle. Y de ponerme a su disposición, si es que él creyese que algo puedo aportar. Estoy seguro que a mis compañeras y compañeros presentes en la reunión, les animaba la misma intención y voluntad.

Solo que esta vez lo hice también cargado de un pesado sentimiento de escepticismo. Y no gratuito, por cierto.

En las dos reuniones anteriores, a grandes rasgos observé lo siguiente: un ambiente distendido y cordial, con un Carlos Alvarado que escuchaba con atención y se expresaba con inusitada franqueza. En ambas ocasiones salí pensando que algo se había incidido en el ánimo del presidente, y que no era descabellado pensar que tomaría en cuenta siquiera alguno o algunos de los planteamientos que se le presentaron.

De hecho, después de ambas reuniones, Alvarado se dejó decir públicamente cosas que parecían evidenciar que, en efecto, algo habíamos logrado. Pero en ambos casos, aquello no pasó de ser un triste “alegrón de burro”; una cuestión efímera, humo en el viento que rápidamente desapareció para nunca más volverse a ver.

Tuve muy presente eso cuando decidí asistir a esta tercera reunión. Sin esperar nada, tan solo me animaba lo que más arriba indiqué: mi convencimiento de que no debía desperdiciar la oportunidad de expresarle al presidente, aunque no fuera más que encapsulada en apretadísima síntesis, mi preocupación y mis propuestas. O, mejor decir, nuestra preocupación y nuestras propuestas, las del grupo del somos parte quienes ahí estuvimos presentes.

Nuevamente el ambiente fue cordial y agradable, y ello es algo que públicamente agradezco al presidente. Las siete personas que asistíamos a la reunión hicimos nuestra presentación, después de lo cual Carlos Alvarado tomó la palabra para responder a nuestros planteamientos. Y, una vez más, como en las dos reuniones previas, el presidente se mostró elocuente y locuaz, exponiendo con largueza sus puntos de vista, en lo que termina siendo una especie de monólogo, frente al cual no hay posibilidad de reaccionar (o “repreguntar”), ya que la reunión termina cuando el presidente concluye su exposición, después de lo cual solo queda despedirse.

Pero esta vez hubo algo que no se observó en las dos ocasiones previas: excepto por asuntos de muy segundo orden, el presidente fue desechando –literalmente tirándolos al canasto de la basura– cada uno de nuestros planteamientos y propuestas. En algunos casos de forma explícita, en otros por omisión, al silenciar toda posible respuesta respecto de asuntos de mucha envergadura.

La receptividad, siquiera parcial, aunque comprobadamente volátil y transitoria, que percibí en las dos reuniones anteriores, estuvo ausente en este tercer encuentro. Si hubiese sido asunto de dar “atolillo con el dedo”, habría que decir que Alvarado simplemente se lo economizó: no hubo atolillo alguno.

Uno agradece la franqueza de don Carlos, lo cual no carece de significado. No hubo guantes de seda ni disimulo. Y eso es bueno.

Ahora creo saber a qué atenerme: la adhesión del presidente a las tesis económicas ortodoxas y conservadoras, parece estar firmemente establecida.

Don Carlos no cree que el Banco Central deba hacer nada más allá de la insignificancia, perfectamente anodina, de lo que hoy día hace.

Don Carlos cree firmemente que la forma apropiada de enfrentar los graves desequilibrios fiscales que sufrimos es por medio del recorte y la austeridad.

En algunas oportunidades no dejó de admitir que las propuestas formuladas son sumamente imperfectas (por ejemplo, lo del recorte de jornadas laborales), pero, al parecer por razones de realismo político, no se siente en posibilidades, o no tiene la voluntad y disposición, de intentar algo mejor.

Claramente desecha la posibilidad de optar por un esquema de tributación realmente justa y progresiva, como clara y contundentemente se ha creído la narrativa de espantos y aparecidos, que asegura que salirse un centímetro de la ortodoxia prevaleciente traerá catástrofes inflacionarias, y el castigo implacable de los “inversores” y, con ello, huracanes y maremotos.

Los tiempos que vivimos son excepcionales desde todo punto de vista. Está claro que la pandemia del Covid-19, y la profunda crisis económica resultante, plantean un desafío no visto en generaciones. Ello exige un enorme esfuerzo de innovación en materia de política económica. Seguir haciendo lo mismo que siempre se hizo, como si nada estuviese pasando, sería absurdo, irresponsable y peligroso.

Pero eso es lo que la dominante ortodoxia económica impone. Su único activismo, es un activismo de signo negativo y destructivo: recorte fiscal y debilitamiento de la institucionalidad pública, justo cuando ésta más músculo necesita, para responder a las multiplicadas necesidades y demandas que la propia crisis trae consigo. Por lo demás, sus ideas se agotan en una cascada de imposibilidades, un “no se puede” multiplicado al infinito, que es una opción por la parálisis y el inmovilismo, y una aceptación pasiva de los acontecimientos en curso, la cual es, en sí misma, el combustible más poderoso para alimentar el desastre.

Y, tristemente, por las razones que sean (las cuales requerirían una discusión aparte), la mente y el corazón del presidente Alvarado, parece estar completamente atrapadas en las redes paralizantes de esa ortodoxia.

Tal vez don Carlos Alvarado recapacite; tal vez quiera escuchar otras voces e intentar otras opciones.

Creo que todavía está a tiempo. Para mañana podría ser muy tarde.

Texto compartido con SURCOS por el autor y publicado en su blog https://sonarconlospiesenlatierra.blogspot.com/2020/07/paralisis-presidencial-cronica-de-una.html?m=1

Ministro de Hacienda: mejor pobreciticos

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

Recibí un video sobre cómo está enfrentando Alemania las consecuencias socio-económicas de la pandemia. Sorprendido por sus medidas atrevidas y visionarias, lo que parecía una noticia falsa más, me di a la tarea de verificar.

Efectivamente, ese país no ha escatimado esfuerzos y recursos para evitar el colapso económico y social. Se atreve a romper su política de cero déficit fiscal y, desde inicios de la pandemia, decide endeudarse por 156.000 millones de euros, para evitar el desempleo y la quiebra de empresas. Ni pensar en vender las “joyas” nacionales. Más bien, empresas como Luftansa son candidatas a una “seminacionalización”[1].

Las medidas para proteger al ciudadano, para los ticos nos parecen de ciencia ficción: no pago de alquileres, postergación del pago de deudas, financiamiento a empresas pequeñas y grandes. La mayor parte del fondo es para garantizar empleo y rescatar empresas de hasta diez trabajadores.

Mientras tanto, en nuestro país se le sirvió en bandeja de plata a la empresa privada para que despidiera o subcontratara, lo que ha disparado el índice de desempleo a más del 20%. Y ahora, el nuevo Ministro de Hacienda nos dice que “el país necesita que todos nos hagamos chiquiticos, porque la pandemia hizo a esta economía más chiquita”. En términos futbolísticos invita replegarse, evitar salir a la ofensiva. O sea, contraer la economía, siguiendo los dictámenes de la “pandemia” (UCCAEP, FMI). Todo lo contrario a lo que está haciendo Alemania.

Por supuesto que las comparaciones tienden a ser odiosas, más cuando no guardamos las distancias entre la situación de países pobres y ricos. Sin embargo, algo tenemos que aprender en doble vía. Claro, no podemos comparar a uno de los países de la Unión Europea que cobra un 55% de impuestos a los que más tienen con este país donde el impuesto a la renta promedio es de un 22.5%, candidato a la OCDE donde el promedio es de un 38%.

Más aún, un país donde las concesiones a los sectores empresariales y financieros más poderosos son vergonzantes e indignantes. O sea, al declarar cero ganancias, se les está permitiendo estafar y quebrar al Estado. Solo en impuestos evadidos se alcanza a la cuantiosa suma de 2.870.000.000.00 (2 billones 870 mil millones por año), el equivalente a un 8.2% del PIB; y en exoneraciones 2.100.000.00 (2 billones 100 mil millones de colones por año), lo que representa un 6,2% del PIB[2].

El nuevo ministro de Hacienda busca salvarlo con políticas de empequeñecimiento, atendiendo al mandato de esos sectores que solo les interesa reducir el sector público, y quitarle músculo al Estado, es decir, capacidad para regular el mercado. Y, así, seguir usufructuando de sus jugosas ganancias. “En río revuelto, ganancia de pescadores”. El ministro apela a la vieja excusa de salvar a los pobres, cuando lo que está haciendo es salvando a los ricos y hundiendo al país entero.

El economista Bernal Jiménez ha señalado que “con hacernos chiquiticos, la economía menguará, se reducirá el PIB y aumentará la desocupación y la pobreza […] reducir el nivel del presupuesto contrae la economía”. Efectivamente, lo que se busca es hacernos más pobreciticos de lo que ya somos, donde se hacen pruebas de Covid19 muy selectivas por falta de recursos.

Y es que ya hace rato nuestros anémicos gobiernos se vienen conformando con poco, conduciendo al apocamiento del país. ¡Qué gran daño! El gobierno de Oscar Arias celebró paliar la crisis del 2008, sin impulsar ninguna medida tributaria sustantiva, solo con paliativos asistencialistas. El de Luis Guillermo Solís celebró la reducción de la tasa de hogares pobres en un 0.5% en dos años (2016-2017). Y el gobierno de Carlos Alvarado con logros pírricos en reducción del déficit fiscal, mientras justificó la aprobación de un plan fiscalista que golpea a los pobres y a la clase media y premia con amnistías a las grandes empresas evasoras[3].

Mejor pobreciticos. Por este camino, estamos jodidos ¿Cuándo vamos a jugar a la ofensiva: reactivación económica con justicia social?

[1] https://www.dw.com/es/alemania-aprueba-un-contundente-plan-econ%C3%B3mico-contra-las-consecuencias-del-coronavirus/a-52891560

[2] https://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/costa-rica-calcula-evasion-fiscal-en-82-del-pib/GB4YDJLQYRBVNK7ISFH3WCEOZA/story/

http://wwhttpsw.nacion.com/el-pais/politica/exoneraciones-fiscales-casi-equiparan-monto-del/FX6XOJXJZZF6ZIZVYCIJLS76SE/story/

[3] https://semanariouniversidad.com/opinion/costa-rica-un-pais-apocado/

Imagen: INEC editada.

Sector de la Belleza solicita que les dejen trabajar

SURCOS recibió el siguiente comunicado:

“La Comisión Costarricense de Técnicos en Belleza les informa:

Les compartimos esta propuesta. Por parte de la CCTB, agradecer a la academia IECSA por brindar la iniciativa.

La Comisión Costarricense colaboró en la redacción del texto.

  1. Métase a su perfil de Facebook.
  2. Dale clic a la foto de perfil.
  3. Agregar marco y lo buscan con el nombre: #NecesitamosTrabajar.
  4. Agregar marco.

Pueden buscar ya este marco.

En el sector del Cuidado e Imagen Personal, constituimos más de 50,000 pymes, que aportamos a la Economía Nacional, somos empresa privada en las modalidades de: estilistas, barberos, manicuristas, maquillistas, esteticistas, masajistas, maso terapeutas, entre otros. Somos jefas de hogar, población LGTBQ y jóvenes que contribuimos con la reducción de la pobreza.

Urge reactivar nuestras labores el próximo lunes 20 de julio para poder seguir aportando a la economía y salir adelante con nuestras familias.

Hemos sido empresarios responsables, cumplido con todos los lineamientos del Ministerio de Salud en relación al Covid 19 y estamos preparados para recibir a nuestros clientes, protegiendo su salud y la nuestra”.

Pronunciamiento de la Comisión Indígena Siwá Pákö

Pronunciamiento Cabecar

La Comisión Indígena Siwá Pákö se pronuncia por los recientes actos de discriminación y violencia hacia la población indígena Cabécar ante el posible contagio por COVID-19 en el cantón de Turrialba.

Dele click a la imagen para ampliar.

 

*Imagen ilustrativa, UCR.