Como es del dominio público, hay personas migrantes, entre ellas varias nicaragüenses, contagiadas con Covid-19 y al respecto queremos compartir nuestras preocupaciones y sugerencias.
1.El Gobierno del vecino país, está haciendo un manejo de la pandemia contrario a la normativa sanitaria internacional, tal y como ha manifestado la Organización Mundial de la Salud y, además de las dudas razonables sobre las estadísticas oficiales, se sabe, por denuncias de los organismos de defensa de los derechos humanos, que la población no está recibiendo la atención que se requiere.
2.No se puede descartar de que, entre los migrantes nicaragüenses hacia Costa Rica, aumente el número de personas contagiadas y no diagnosticadas por las autoridades sanitarias de su país. De hecho, los últimos casos detectados en Costa Rica son nicaragüenses de reciente ingreso al país.
3.Entendemos el temor de sectores de la población costarricense con respecto a la migración y es previsible que haya presiones para impedir el ingreso de nicaragüenses al país, por lo que consideramos necesario mantener la vigilancia policial en toda la franja fronteriza para contener a la población migrante en la zona, evitando un desplazamiento masivo y descontrolado hacia la GAM, no obstante, las acciones estrictamente policiales, deben ir acompañadas de la adecuada atención de la salud y el respeto a DDHH de los migrantes.
En ese sentido, proponemos:
Reforzar los centros de salud de la región fronteriza norte y considerar la posibilidad de habilitar un hospital de campaña, con apoyo internacional (ACNUR, OMS y OPS y BCIE entre otros.). El objetivo: extremar las medidas que eviten la propagación de la pandemia y dar el tratamiento adecuado a quien lo requiera.
Garantizar la protección del personal de los cuerpos de seguridad pública dotándoles del equipamiento adecuado para evitar el contagio. Tanto el personal de la Fuerza Pública, como del personal de salud, deben operar de acuerdo con los protocolos de salud y DDHH.
Proyectar este proceso a la opinión pública en general y prioritariamente a las poblaciones costarricenses fronterizas, para disipar temores y conjurar potenciales reacciones xenofóbicas.
05 mayo de 2020 Ciudad Universitaria Rodrigo Facio San José, Costa Rica
Las organizaciones y colectivos de ciclismo urbano abajo firmantes, conscientes de la responsabilidad que tenemos todas las personas en el control de la pandemia provocada por el COVID 19 y considerando los beneficios que tiene la bicicleta como medio de transporte seguro y saludable, manifestamos lo siguiente:
Desde el mes de febrero de este año las organizaciones y colectivos que practican ciclismo urbano recreativo suspendieron todas sus salidas de tipo deportivo; incluso antes de que el Ministerio de Salud emitiera el primer comunicado de medidas preventivas.
Sin embargo, ante la restricción vehicular y ante el riesgo de contagio que representa el uso del transporte público, muchas personas han optado por movilizarse en bicicleta a sus centros de trabajo, o para hacer sus compras y diligencias cotidianas.
Que estas personas se suman a las que por años vienen usando la bicicleta como medio de transporte urbano, incrementando de forma importante la presencia de estas en la vía pública.
Que el uso de la bicicleta como medio de transporte en el marco de la pandemia del COVID 19 ha sido recomendado por la Organización Mundial de la Salud como una forma segura y saludable de movilizarse ya que permite el distanciamiento y la actividad física que el confinamiento limita.
El uso de la bicicleta como medio de transporte alivia el congestionamiento vial, mejora la salud de las personas, reduce la contaminación sónica y por emisiones y es una alternativa más saludable y segura que el transporte público.
Por lo tanto:
Instamos al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), al Ministerio de Salud (MINSA), a la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y a las Municipalidades a reconocer a la Bicicleta como un medio de transporte saludable y sano que representa una forma segura de movilizarse en tiempos del COVID 19 tal como lo ha establecido la Organización Mundial de la Salud.
Instamos al MOPT, al MINSA, a la CNE y a los gobiernos locales, a establecer medidas temporales de protección a las personas que actualmente usan la bicicleta como medio de transporte y que se exponen a la circulación de automóviles a mayores velocidades, dada la menor presencia de estos en las vías. Estas medidas ya se están tomando en diversas partes del mundo. Así como a fortalecer los mensajes a la ciudadanía por una convivencia sana y pacífica en las vías públicas, con el fin de reducir los siniestros viales, que son otra pandemia mundial de gran importancia.
Instamos a quienes practican ciclismo deportivo a acatar las indicaciones del Ministerio de Salud de hacerlo en grupos no mayores a 3 personas, a menos que sean del mismo núcleo familiar.
E instamos a quienes usan la bicicleta como medio de transporte urbano a seguirlo haciendo, respetando el distanciamiento físico recomendado de 2 metros, el lavado de manos y el protocolo de estornudo.
Atentamente:
– Chepecletas – Chicas en Cleta – KickBike Costa Rica – Revista Bike – PEDAL – ACONVIVIR – PEDALIZATE – Centro para la Sostenibilidad Urbana (CPSU) – Colectivo de Ciclismo Urbano Las Luciérnagas – Asociación Regional Centroamericana para el Agua y el Ambiente (ARCA)
Juan Carlos Durán Castro, Secretario de Seguridad Social CTRN
La fotografía de las pandemias que vendrán en el campo económico, social y político para los próximos 2 años, en sus distintas tonalidades y sabores, sin duda será dibujada por el equipo económico este viernes 07 de mayo 2020, cuando se den a conocer las medidas que Don Carlos Alvarado Quesada no cito en su alocución del 04 de mayo ante la Asamblea Legislativa.
Nuestra lectura nos permite pensar en tres escenarios:
Escenario 1:
El duro:
Hacia la derecha y tomándole la palabra a UCCAEP, es decir, profundizar la reforma de la institucionalidad y dentro de este enfoque afinar la sierra en relación a la tesis ortodoxa de golpear el empleo público.
Enfoque que los propios organismos internacionales (FMI, BM, OCDE y hasta el propio Papa Francisco), protectores del corporativismo global han desautorizado en el contexto del desarrollo y la atención de la crisis sanitaria del COVID-19.
O sea, vender instituciones, flexibilizar jornadas, recortar presupuestos públicos y hasta la aplicación de la pena capital en derecho laboral: el despido.
Así desde esta mirada, es que este escenario antihumano y antiecológico pretende que saquemos y salvemos el país, una total contradicción que además ha probado ser un fracaso mundial.
Así es entonces que dando un paso más en la eliminación de derechos y destrucción del Estado que los sectores ganadores desde el TLC pretenden de nuevo convencer a la opinión pública con la ayuda de » los medios» y el manejo de redes, posesionado además la idea de que » Sacrificar» aún más al empleado público todo mejorará, siendo lo real y ya demostrado que esa ruta a fracasado, es decir, es una medicina que procrea pobreza mundial.
Ese verbo entrecomillado fue el que posesionó el lunes en 7 días Don Juan Carlos Hidalgo, como uno más del equipo del empobrecimiento nacional, quien según argumenta este sacrificio urge para que quede mayormente demostrada la solidaridad, mientras el equipo de los ricos sigue llenándose los bolsillos y engordando las cuentas en paraísos fiscales a costa de un sistema tributario antisolidario y regresivo que mete la mano en la mesa de comida de las mayorías.
En concreto la UCCAEP y sus aliados visibles e invisibles desean que el Gobierno deje de andar por la periferia del tema y se decida a sacar una buena parte del sueño empresarial de dinamitar el Estado, ese Estado que les sirve cuando conviene y que ha demostrado ser el trapito de dominguear a nivel global en medio de esta pandemia.
Escenario 2: El intermedio
En este según nuestro balance, es el que ha venido jugando el Gobierno con directrices, decretos y otras normas ya que en medio del escándalo de la UPAD, surgió el Covid-19 y esto obligo un replanteamiento de ruta, lo cual ha sido aprovechado por los sectores poderosos para apuntalar algunos temas de su agenda, ya que el tema del empleo público en su segunda etapa estaba pendiente posterior a la aprobación de la ley 9635, que no nos cabe duda, no ha resuelto el problema estructural del déficit fiscal del país.
En resumen, este escenario podríamos catalogarlo como un verdadero popurrí, pues posibilita tomar un poco de la UCCAEP ( seguramente lo esencial de su lógica neoliberal contra el empleo público y sin variaciones profundas en el esquema sistémico de privilegios a los más adinerados), y un poco de las propuestas de los sectores sociales y productivos ( posiblemente escogiendo acciones hacia sectores más vulnerables ( agro, construcción y turismo), para patear la bola en la confrontación social y paliar la pobreza, el desempleo y la informalidad, pero trastocando aspectos del empleo público y otras medidas que dejen bien parado al Poder Ejecutivo con los sectores de la derecha), pero permita además oxigenar al PAC de cara al 2022.
Escenario 3:
Inclinarse más al enfoque social, lo cual vemos poco probable o con menos opciones, dadas las diversas y ya conocidas conformaciones dentro del Gobierno y los demás Poderes del Estado, teniendo claridad meridiana de que los actores y actrices de enfoque social relativo son minoría.
Descritas estas opiniones iniciales sobre lo que pensamos podrían ser las medidas que serán anunciadas por el equipo económico del Gobierno, nos permitimos vaticinar que sectores como Turismo, agro y construcción serán prioridad de conformidad con el mapeo de impacto del Covid-19, que hemos percibido y que posiblemente los datos ratifiquen posteriormente.
Por otro lado creemos además que el tema de empleo público podría reaparecer en mesa del equipo económico y aunque sabemos y es normal y natural que haya mucha presión de la UCCAEP y otros actores en este eje prioritario de la derecha política y mediática, es real y concreto que la respuesta institucional a la pandemia sanitaria donde es el sector público en su conjunto ( sin hacer ningún tipo de separaciones tendenciosas y malintencionadas), el que ha puesto el pecho a las balas en todas las líneas de batalla y sin excepciónes como citamos es un plus incuestionable.
No cabe duda entonces que eso pesa bastante en la opinión pública (la encuesta de 7 días demostró parte de esa percepción social actual).
El hecho concreto de la actividad institucional del Estado como un todo forma parte de la nueva mirada del pueblo hacia sus instituciones, entonces no es casual entender el discurso de los sectores y actores que lo adversan o lo elogian según les sea más conveniente.
Este proceso en sí ha generado de igual forma un respetable nivel de empoderamiento en los que están en el campo de batalla contra el Covid-19, pero además este fenómeno lo percibimos en ciertos actores y actrices dentro de Gobierno en relación al tema del traído y llevado empleo público.
Pero más allá de estas valoraciones, debemos ver ya en la práctica hacia dónde se decanta lo de empleo publico
Las opciones son diversas, pasarlo a una mesa con OIT permitiría incorporar en principio aspectos más técnicos y menos políticos o bien el Poder Ejecutivo puede apostar a retomar o presentar proyectos de ley a la Asamblea Legislativa, lo cual igualmente re-configura diversos aspectos del tema ya que las prioridades o los cálculos electorales juegan para el tema, aunque también juegan para otros temas que se terminarán contaminando del virus electoral.
Por último, más allá de estas hipótesis, sólo queda la irreductible e histórica necesidad y urgencia de apostar por la re-articulación de un movimiento social que apueste a consolidar una mayoría legislativa que trace una ruta de navegación que permita transformaciones estructurales teniendo como puerto de llegada UN NUEVO CONTRATO SOCIAL PARA Costa Rica.
¿Por qué seguir viviendo/luchando en medio de esta pandemia?
Jorge Luis Hernández Cascante
¿Por qué seguir viviendo/luchando en medio de esta pandemia?
Porque dos palabras se nos vienen encima estos días y con ellas estamos lidiando cada uno cada una y el país, quizás también el mundo: sufrimiento resiliencia.
Y llena de esperanza que podamos aprender de tantas personas o familias, para salir adelante en medio de la privación; algo así como rehacerse en medio de la crisis, antes que postrarse y sufrir derrotadas.
(Otras muchas sencillamente les han arrebatado trabajo y comida)
Tantas personas ahora afectadas y entre ellas tantas muestras de heroísmo y lucha; un continuo no aflojar: resiliencia, ese superar con éxito las adversidades.
Constatar ese repetido y heroico esfuerzo o capacidad de las personas para salir adelante, sobreponerse al dolor, a la angustia y zozobra que ahora nos aflige, es motivo suficiente para renovar la fe en las personas y en especial en las que son pueblo, comunidad, vecindad.
La resiliencia va más allá de resistencia y el sufrimiento, quizás porque no vale quedarse ahí, hacer de víctima no es parte del superarse y del lidiar con el dolor o sufrimiento diario.
Son las diversas maneras de llevar a la práctica las palabras de Viktor Frankl: “Si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes ese sufrimiento”.
¡Seguimos!
Una cita de complemento:
“Cuando mi sufrimiento se incrementó, pronto me di cuenta de que había dos maneras con las que podía responder a la situación: reaccionar con amargura o transformar el sufrimiento en una fuerza creativa. Elegí esta última”. Martin Luther King.
San José, 07 de mayo de 2020.- De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la emergencia de salud por la propagación del COVID-19 producirá “impactos desproporcionados” sobre las poblaciones indígenas en el continente americano.
Aunado a esta crisis, los pueblos indígenas de nuestra región continúan enfrentando violencias históricas: exclusión, discriminación, extractivismo, amenazas, ataques y asesinatos, que impactan gravemente el derecho de los pueblos indígenas a la alimentación, al agua, a la salud, a su derecho a consultas previas, libres e informadas, a sus territorios ancestrales, a su integridad y a sus vidas.
Frente a este complejo contexto, y ante las respuestas estatales que han fallado en garantizar la salud y vida de estas poblaciones e incluso profundizado sus riesgos, las comunidades indígenas de la región latinoamericana continúan resistiendo, tanto a los retos históricos como a los actuales.
Así, el próximo martes 12 de mayo a las 2:00 pm hora Centroamérica tendremos el primero de dos foros virtuales sobre las dignas resistencias de los pueblos indígenas en el contexto actual. En este primer espacio, líderes y lideresas indígenas de la región abordarán y compartirán estrategias de lucha ante la instalación de proyectos extractivos en sus territorios.
Para ello, contaremos con las siguientes personas panelistas:
Bertha Zúniga Cáceres – Coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), pueblo indígena lenca, Honduras
Cendela López Kilton – Presidenta de la Asociación de Mujeres Miskitas (MIMAT), pueblo indígena miskitu, Honduras
Justino Piaguaje – Presidente de la Nación Siekopai, pueblo índigena transfronterizo Siekopai, Ecuador y Perú
Andrés Tapia – Dirigente Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE), Ecuador
Este webinar busca ser un espacio para el encuentro y el compartir de los pueblos indígenas en la región latinoamericana con el fin de abordar los impactos diferenciados de la pandemia, pero también conocer las diversas formas en que estas comunidades resisten a esta crisis y a las históricas, al tiempo que se abordan las obligaciones que deben asumir los Estados de la región para garantizar la salud y vida de estas poblaciones.
Acompáñanos en este foro virtual el próximo martes 12 de mayo a las 2:00 pm hora Centroamérica, inscríbete para participar aquí: http://bit.ly/2WbnYNd
La opción no sustituye a la prueba oficial de PCR para diagnosticar la enfermedad y sus insumos pueden ser elaborados en Costa Rica
La prueba serológica complementaria que propone la UCR no detecta el virus activo, sino la respuesta del cuerpo al virus mediante los anticuerpos. Foto: Anel Kenjekeeva.
¿Es posible que una persona se haya enfermado de COVID-19 y lograra recuperarse sin saberlo (pues jamás experimentó síntomas)? La respuesta es sí. Algunas investigaciones científicas internacionales, publicadas en Alemania y Estados Unidos, respaldan esta posibilidad y Costa Rica podría no ser la excepción.
Para comprobarlo en el país, se necesitan estudios sólidos que permitan la eventual creación de una prueba complementaria al diagnóstico, capaz de elaborarse en suelo costarricense y ser de bajo costo. Precisamente, esa es una labor que ya están llevando a cabo un grupo de científicos de la Facultad de Microbiología y del Instituto de Investigaciones Farmacéuticas de la Universidad de Costa Rica (Inifar-UCR).
Ahora bien, la pregunta tal vez sea: ¿de qué sirve conocer si hay personas que tuvieron la enfermedad y se recuperaron sin percatarse? Sencillo: esta información permitiría descubrir a posibles individuos inmunes y que el Ministerio de Salud tenga datos útiles para valorar la pertinencia de las medidas de restricción.
“Será información muy valiosa para el Ministerio de Salud. Por ejemplo, el saber cuántas personas experimentaron la enfermedad, sin darse cuenta y generaron anticuerpos, podría ayudar a flexibilizar medidas de restricción, porque el peligro de volver a contraer la enfermedad disminuye”, aclaró el Dr. German Madrigal, director del Inifar-UCR.
La experiencia científica afirma que los individuos ya recuperados de una enfermedad viral son personas con bajo riesgo de reinfección. Aún no se sabe si pasa lo mismo con el SARS-CoV-2. Por lo tanto, al encontrar individuos asintomáticos recuperados del COVID-19, también se podrá analizar el comportamiento del virus a largo plazo.
“Es necesario mapear a las personas asintomáticas y los que superaron el virus sin saberlo, porque aún sabemos muy poco del SARS-CoV-2. Identificar a gente que ya se recuperó ayuda a tener control de algunas poblaciones, como del personal médico”, dijo el Dr. Ismael Segura Ulate, biólogo molecular y docente de la Facultad de Farmacia e investigador del Inifar-UCR.
Esta prueba no pretende sustituir la PCR, sino ser una aliada más.
¿Cómo funcionaría?
Si todo sale bien, el equipo científico de la UCR está en la capacidad de generar una prueba complementaria que, a diferencia del examen actual que se implementa en Costa Rica, utilizará muestras de sangre. Mediante esa técnica, se calcula que de dos a tres horas se podría identificar a recuperados del COVID-19 que estuvieron en contacto con el virus sin saberlo.
La prueba serológica (sanguínea) brindaría una alternativa adicional clave. En estos momentos, para diagnosticar a un paciente con COVID-19, Costa Rica emplea un test conocido como reacción en cadena polimerasa (PCR, por sus siglas en inglés). A nivel internacional, este método es uno de los más importantes porque permite obtener millones de copias de un fragmento del virus y, en este caso, saber si se trata del SARS-CoV-2.
Sin embargo, ese método tiene algunas limitaciones. Una de ellas es que detecta el virus activo en un marco de tiempo específico. En palabras más simples, hay una fecha de vencimiento. Por lo tanto, la PCR no se puede usar cuando una persona ya estuvo contacto con el virus y se recuperó, porque —muy probablemente— su sistema inmune ya eliminó el microorganismo.
“La PCR es un método que detecta la información genética cuando el virus está activo en la persona. Por lo general, esta prueba solo se aplica a pacientes sospechosos con un evidente cuadro de síntomas. Esto último quiere decir que los asintomáticos (personas sin síntomas) podrían no estar siendo contemplados”, explicó el Dr. Madrigal.
La idea de los investigadores es tener el conocimiento científico necesario para crear en el futuro la prueba complementaria, la cual no pretende sustituir a la PCR, sino que sea una aliada en el diagnóstico.
Cualquier prueba de detección tiene sus pros y sus contras. Por eso, tener pruebas adicionales genera un aporte invaluable para la salud pública nacional. Foto: Anel Kenjekeeva.
Lógica científica
Cuando nos contagiamos con un virus, el sistema inmunológico reacciona contra el microorganismo para defenderse. Así, el cuerpo humano empieza a generar sus propios soldados: los anticuerpos.
Los libros de microbiología constatan que los primeros anticuerpos en producirse para combatir el virus son los conocidos como IgM. Estos son los “guerreros” iniciales de nuestro organismo y se originan entre los cinco y siete días después del inicio de los síntomas.
Después de los IgM, se generan otras defensas invaluables, los IgG. A diferencia de los IgM, los IgG son “guerreros” de larga duración en la vida del individuo. Gracias a estos últimos, las enfermedades como el sarampión o la varicela no vuelven a enfermar a una persona, salvo si esta tiene alguna condición de fondo.
Ahora bien, la propuesta de los expertos de la UCR es encontrar en la sangre los anticuerpos IgM y los IgG contra el virus SARS-CoV-2.
Si una persona está infectada, existe la posibilidad de hallar los IgM en los primeros siete días desde que la persona inició con los síntomas. Ese es el momento cúspide, cuando la mayoría de los pacientes se presentan a los servicios médicos.
“Al aplicar la prueba serológica, y si resulta positiva, hay dos posibles escenarios. El primero es que la persona esté generando anticuerpos IgM contra el virus. Esto último es lo que daría una alerta epidemiológica”, manifestó el Dr. Madrigal.
En la investigación, el IgM es tan solo un valor secundario. Encontrar estos anticuerpos indicaría la eventual presencia activa del virus. No obstante, existe el riesgo de que no se encuentren en la persona y, aun así, el individuo esté enfermo de COVID-19. Sin embargo, estudiar los IgM es vital, pues estos podrían revelar información científica importante.
Posible inmunidad
El segundo escenario, el que guía la investigación, es usar la prueba para saber quiénes se recuperaron del padecimiento sin saberlo. Si alguien sanó, tendrá anticuerpos IgG contra el COVID-19. Estos pueden localizarse entre los días 10 y 14, cuando muy probablemente el virus fue desechado del cuerpo.
Si los IgG son encontrados, se proporcionará la oportunidad de hacer “barridos epidemiológicos”. En términos simples, es saber cómo se ha distribuido la enfermedad en función del tiempo, del lugar y de las personas.
La principal ventaja de la prueba sangre es que es más barata que la PCR y se puede hacer de manera masiva.
“La prueba de sangre podría detectar las dos cosas, los IgG o los IgM. Idealmente, una prueba de este tipo debe involucrar ambos para saber cuál está presente. Las pruebas que se han desarrollado internacionalmente incluyen las dos opciones”, ahondó el Dr. Segura.
Si el resultado IgG es positivo, Costa Rica podrá conocer, con una prueba alternativa, a los que se han infectado sin saberlo y, por lo tanto, si hay menos población con riesgo de contagio. A esto se le conoce como la “inmunidad del rebaño”.
¿Cuándo se debe usar una prueba serológica? 1. Cuando se tiene dudas sobre un resultado en la PCR. 2. Para estudiar a la población general mediante una muestra significativa. Foto: Anel Kenjekeeva.
Experiencia internacional
Actualmente, Alemania y Estados Unidos están llevando a cabo este tipo de pruebas serológicas. Con base en un artículo publicado en Science, en esos territorios y en los Países Bajos se encontró que entre el 2 % y el 30 % de ciertas poblaciones ya han sido infectadas con el virus.
Los números anteriores implican que los casos confirmados por PCR son una fracción menor de la cantidad real de personas infectadas.
“Las pruebas serológicas han sido criticadas, porque muchas, por intentar salir rápido al mercado, no tienen la suficiente robustez y dan muchos falsos negativos. La sensibilidad y la especificidad no son las mejores. Además, hay que diferenciar las pruebas de detección rápidas y las ELISA. Las ELISA son pruebas más robustas, pero aún pueden dar errores. Nosotros queremos un producto que cumpla con todos los estándares de calidad”, destacó la Dra. Eugenia Corrales Aguilar, viróloga de la Facultad de Microbiología de la UCR.
Asimismo, la Food and Drug Administration (FDA) señala que la prueba de detección de anticuerpos debe considerarse como tan solo una ayuda.
“Para las pruebas serológicas se necesita estandarizar las técnicas de producción de antígeno, las variables metodológicas, la sensibilidad, la especificidad y sus valores predictivos. Además, se debe valorar su robustez y qué tan buenas serán en su uso. Aún no se pretende que la prueba sea utilizada en el ambiente clínico de diagnóstico hospitalario. Por eso, se espera que se use como una herramienta accesoria en la investigación y, si brinda buenos resultados, ya se pensará en el siguiente paso”, explicó la Dra. Corrales Aguilar.
El principal aporte de la prueba serológica es que, a diferencia de la PCR, el test es más barato y tiene el potencial de aplicarse de manera masiva.
Lo que viene
El desarrollo de la prueba dependerá de los resultados de la investigación. El Dr. Segura enfatizó que los estudios apenas empiezan y el objetivo es que sirvan para concretar la iniciativa en el ámbito clínico de ser posible.
“En esta etapa inicial estamos identificando cuál es el mejor método de detección a través de anticuerpos para el COVID-19. Una vez que hallamos determinado el método, vamos a intentar movernos a una etapa de desarrollo para aplicarlo a nivel clínico. Pero, por el momento, la etapa inicial es meramente exploratoria”, aseveró Segura.
Si se obtienen resultados satisfactorios, los científicos están en la capacidad de generar soluciones acopladas al sistema de salud costarricense, viables en términos económicos.
“Aún no sabemos cuánto tiempo durará la emergencia. Por eso, vale la pena invertir en medidas que nos ayuden a ir volviendo a la normalidad. Es dinero bien invertido cuando se alcanzan soluciones. Si la prueba, por alguna situación particular no se logra concretar, ese potencial de investigación se va a mantener. No es algo que se vaya a perder, se resguardará y se le podrá sacar provecho en el futuro cuando se tengan las condiciones”, afirmó el Dr. Segura.
En total, participan cuatro especialistas de la UCR y se espera que el proceso de investigación tenga sus primeros resultados en los próximos siete meses, siempre y cuando no se presenten contratiempos.
Conozca al equipo científico
Él es el Dr. Ismael Segura Ulate, biólogo molecular y docente de la Facultad de Farmacia e investigador del Inifar-UCR.
Pruebas para pacientes asintomáticos del Cobi-19;
En las fotografías:German Madrigal Redondo;Facultad de Farmacia;Universidad de Costa Rica;Director del Instituto de Investigaciones Farmacéuticas;INIFAR;Navilla Apu:asistente de Farmacia;Ismael Segura Ulate ;Farmacólogo de la UCR.Lugar:Laboratorio de la Facultad de Farmacia.Foto/Anel Kenjekeeva.En la foto:Navilla Apu; asistente de Farmacia.
Él es el Dr. German Madrigal, director del Instituto de Investigaciones Farmacéuticas (Inifar-UCR).
Ella es la Dra. Eugenia Corrales Aguilar, viróloga de la Facultad de Microbiología de la UCR.
Jenniffer Jiménez Córdoba Periodista, Oficina de Divulgación e Información
Con atención hemos seguido el tema de la condición agrícola actual en el país. Desde siempre y especialmente desde el último censo agrícola en 2014 nos preocupa el balance que expresaban los datos sobre la producción de granos básicos en nuestro país. Fue una medición concreta del impacto del proceso de ajuste neoliberal y el libre comercio en la estructura productiva primaria del país.
La Federación Costarricense para la Conservación de la Naturaleza (FECON) tiene cercanía y está integrada por grupos de base comunitaria en los que defendemos valores ecologistas, muy importantes en la sostenibilidad de los modelos de agricultura. Defendemos la idea de soberanía alimentaria, en la que consideramos, deben participar desde la base amplia y articuladamente las pequeñas producciones comunitarias.
Con este preámbulo, procederemos en este momento histórico de crisis laboral y económica, a realizar una propuesta para la recuperación económica del campo costarricense desde la economía agroecológica y de unidades productivas de pequeña escala, usando como modelo el cultivo de arroz.
Una revolución agraria en el arroz
La producción de arroz ha sido una de las más complejas de sostener en el país, especialmente por el desmantelamiento campesino que significaron las políticas de ajuste estructural y la entrada del Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos, que con su superestructura productiva acaparó rápidamente el mercado arrocero con sus precios de importación subsidiados.
Sin embargo, hay posibilidades de imaginar, plantear y justificar una recuperación agrícola con fundamento agroecológico en nuestro país. Para ello, las fuentes demuestran la viabilidad de producir altos rendimientos con solamente insumos orgánicos. El Sistema Intensivo de Cultivo Arrocero (SICA) ya ha demostrado altos rendimientos en modalidad de cultivo agroecológico. Con base en estos resultados, proponemos un cambio en el sistema de producción actual como política de Estado, bajo la siguiente argumentación:
Cuota de producción y alcance de la participación social
Si en Costa Rica se necesitaran 75 mil hectáreas[1] más de siembra de arroz para cumplir la cuota de más de 350 mil toneladas anuales que se consumen en el país[2], con pequeñas unidades productivas articuladas se podría alcanzar progresivamente esa meta y generar así ingresos para decenas de miles de familias campesinas con rentabilidad en pocas hectáreas de cultivo.
El beneficio social por participación económica podría alcanzar a futuro hasta las 40 mil familias campesinas (suponiendo una distribución homogénea de dos hectáreas por cada una en sistema de cultivo intensivo de arroz), con ganancias netas de hasta 1.5 millones por hectárea según el rendimiento anual.[3]
Si se produce con abonos orgánicos que utilizan desechos de animales y biomasa vegetal, tenemos la gran ventaja de reducir el impacto ambiental, la dependencia de insumos químicos, e incentivar un encadenamiento productivo generando el establecimiento de centros especializados en producción y distribución de abonos a gran escala para mayor acceso de los productores. Estos centros beneficiarían a otro grupo más de trabajadores por localidad, que obtendrán más ingresos por cada hectárea de cultivo orgánico local.
Rendimiento del cultivo agroecológico
Según expone el agrónomo Jorge Orlando Acosta (2011), en Colombia se documentaron rendimientos de hasta 8 toneladas por hectárea con el Sistema Intensivo de Cultivo Arrocero (SICA)[4], superior a los demás tipos de cultivos convencionales, superando así por mucho las 3,5 toneladas que son el promedio de rendimiento por hectárea en el sistema arrocero de Costa Rica[5]. El citado sistema no depende de que haya inundación permanente y utiliza solo insumos orgánicos. Es hacia estos sistemas debemos apuntar como país.
También es importante señalar que muchas fuentes agronómicas reconocen que los agrosistemas arroceros orgánicos probados en China han sido exitosos, por ejemplo, en Ecuador, donde se han logrado rendimientos de 3.68 toneladas por hectárea con inundación, con abonos orgánicos y control biológico de plaga con patos. También se han estimado que se pueden producir 5.5 T/ha con un costo de $1000/ha (2013)[6], por lo que se pueden desarrollar entonces sistemas de producción con renta neta de hasta 750 mil por cada millón comercializado.
Si en otros países se ha demostrado el potencial de este tipo de agrosistemas, acá es cuestión de apuntar con una política de Estado contundente a un sistema productivo eficiente con el uso de recursos. Ningún otro mejor que el orgánico, que puede hacer aprovechamiento circular de insumos del mismo arroz y utilizar los desechos de producción animal. Al fin de cuentas, el mundo requiere una transición tecnológica.
Necesidad y oportunidades
La gran ventaja de nuestra desventaja productiva actual, es que para llenar el vacío se puede innovar y propiciar esa transición a modelos productivos que no dependen de insumos de importación, mientras los sistemas ya existentes también apuntan a adaptarse.
Es un hecho que el país cuenta con riquezas de tierra y agua suficientes para generar autosuficiencia alimentaria. Solamente debemos ser capaces de generar sistemas de aprovechamiento distribuido del recurso hídrico en unidades de producción de pequeña y mediana escala en los territorios en lugar de grandes e impactantes embalses para exportadores de azúcar o desastrosos proyectos de riego para pastos ganaderos en los que el SENARA invierte cuestionablemente millones de dólares desde hace años. [7]
La cosecha de lluvias es posible con sistemas de aprovechamiento de escorrentías en pequeños reservorios, para propiciar el riego permanente y la inundación temporal requerida por el Sistema Intensivo de Cultivo Arrocero (SICA) que permite alto rendimiento. Por ejemplo, en un clima tropical seco como el de Liberia, por kilómetro cuadrado se pueden cosechar 100 millones de litros de agua con los datos de precipitación promedio registrados para el mes de mayo.
También sería posible autorizar sistemas de almacenamiento de los volúmenes de escorrentía de los caudales máximos en afluentes, incentivando la inscripción de aprovechamientos con tarifa diferenciada en los meses de mayor precipitación, de forma que se permita disponer artificialmente de humedad en el suelo tempranamente, para mitigar el efecto de meses muy secos.
Incluso en zonas alejadas de cuerpos de agua, se pueden alimentar estos sistemas de almacenamiento de agua cosechada en época de lluvias desde cauces para fines de producción alimentaria, mediante uso de cisternas como mecanismo de subvención del Estado.
Es importante garantizar que los sistemas productivos respeten los límites ecológicos de los regímenes de humedal y no haya un crecimiento insostenible de la demanda en los meses más secos para proteger también la biodiversidad y el uso múltiple del agua en los territorios. También la política pública debe apuntar a priorizar el acceso a fuentes de agua para seguridad alimentaria y en lugar de la agroexportación, incentivando el cambio productivo.
Beneficios al consumo
Los beneficios obtenidos mediante estos sistemas de producción para el consumidor también son un hecho. Primero que todo, en la salud, pues se asegura una calidad e inocuidad del producto básico con su producción orgánica, bajando el riesgo de desarrollar cáncer por consumo sostenido de agrotóxicos usados actualmente.
En término de precios, si existen centros de procesamiento semi-industrial distribuido en las unidades de producción, además de disponer fuentes de trabajo, se logra bajar los costos de transporte, tanto para el pilado como para la distribución comercial final. Se pueden ofrecer así precios competitivos que incentiven el consumo local y lo consoliden, hasta superar la dependencia de importaciones y desarrollar la capacidad de sostener un nuevo sistema de precios autónomo y soberano.
Producciones colectivas de arroz agroecológico en Brasil. Fuente: mst.org.br
Al incentivar la participación de la pequeña propiedad rural en este modelo económico de autosuficiencia, se erradicará el control centralizado de las decisiones económicas en una sola corporación privada, donde concertan sólo grandes productores y accionistas. Además se genera resiliencia adaptativa por el uso de semillas locales y se puede a mediano plazo desarrollar una capacidad de aprovechamiento de las bonanzas para compensar los años de menor producción.
Extrapolar la propuesta arrocera a otros cultivos básicos
Es urgente la recuperación pública de la producción de granos básicos y la pluralización productiva mediante la ampliación de la base productiva en pequeñas producciones locales con mercado garantizado. Los frijoles y el maíz son granos de producción precolombina con inmejorable adaptación a nuestros suelos orgánicos y altos rendimientos históricos para sustentar los pueblos de nuestra región. Además, estos mercados también están acaparados por importaciones.
En estas circunstancias en que se vislumbra una recesión económica, las posibilidades de ingreso por cultivo a pequeña escala toman más importancia. Es tiempo de apostar por la recuperación de la economía basada en la producción alimentaria soberana de granos básicos, para garantizar la seguridad alimentaria del pueblo costarricense y erradicar de una vez por todas, el hambre, que es una de las más intolerables formas de violación a los derechos humanos más básicos en el mundo.
Desde FECON, hacemos un llamado al ministro de agricultura para atender nuestras propuestas para la implementación de agricultura ecológica en el país como política de Estado.
[1] Un cálculo desde 2008 aseguró que necesitaríamos unas 283 mil hectáreas adicionales para granos básicos. De maíz blanco (16.000) y amarillo (150.000), fríjol (41.000) y arroz (76.000) si se quiere abastecer la demanda nacional. https://bit.ly/3c8rDAS
[3] Al precio actual del arroz en recibidor estimado con un dato modelar de costo/rendimiento registrado en un cultivo orgánico en Ecuador. Fuente: https://bit.ly/3b4Jjfd
[4] Evaluación del Sistema Intensivo de Cultivo Arrocero SICA en en Municipio de Purificación de Tolima. Fuente: https://bit.ly/2z7QF4s
[5] Estimación con base en datos. Solo el 35% de lo que se consume se produce en el país (Indarroz), Son 36.000 hectáreas sembradas entre 2017 y 2019 (Conarroz). Fuente: https://bit.ly/3flGqdq
[7] Véanse los conflictos PAACUME con la Reserva Lomas Barbudal y los conflictos comunales con proyectos de riego del SENARA para sociedades de usuarios privadas en Puntarenas
Imagen de cabecera: Cultivo agroecológico de arroz en Brasil. Fuente: mst.org.br
Nuestro sistema de salubridad social ha tenido hasta el momento una capacidad de respuesta, respaldada por la educación y disciplina del pueblo, muy exitosa y ejemplar, a pesar de la inestabilidad amenazante del contexto regional. Se ha logrado mantener aplanada la curva de contagio, aumentar las recuperaciones de los enfermos y un bajo nivel de mortalidad.
Lamentablemente mientras no exista vacuna, si es que algún día se logra tener una que se pueda aplicar a la población mundial (cosa que no se podido hacer con el SIDA), nuestra población seguirá conviviendo con el coronavirus y la economía tendrá que reactivarse progresivamente, procurando que no colapse el sistema de salud. De otra forma el dilema puede llegar a ser morir del coronavirus o morir de hambre y esto puede ser más peligroso para la vida política.
FOCALIZACION DE LOS AFECTADOS Y SUS CONTACTOS EN VEZ DE CUARENTENA GLOBAL
La experiencia de Corea del Sur con el control y aislamiento de los enfermos y sus contactos ha demostrado ser exitosa con el uso de una aplicación que permite el seguimiento, sin tener que recurrir a paralizar la economía. Aquí podríamos hacer lo mismo retomando la participación de las comunidades en los EBAIS, tal como lo hizo en su momento el Hospital sin Paredes de San Ramón, aprovechando la tecnología EDUS de la CCSS e incorporando la aplicación surcoreana.
De tal forma la primera línea de combate se trasladaría a las comunidades, aplicando medidas puntuales preventivas como elevar las defensas, sin afectar el grueso de la economía.
RETOMAR EL EMPLEO DESDE UNA VISIÓN DE PERSPECTIVA ORGANIZACIÓN PARA LA SALUD
No se puede hablar de salud, si la gente no tiene estabilidad emocional ni ingresos para atender sus necesidades. Las comunidades no son entes pasivos, tienen creatividad y buscan en forma individual formas de sobrevivencia, pero sobre todo cuando están organizadas. La asistencia del gobierno central o local, en los momentos difíciles es necesaria y oportuna. La ayuda, sin embargo, dada la magnitud de las afectaciones nunca será suficiente, crea además dependencia, pasividad y reduce la autoestima. La organización de la comunidad para enfrentar el problema genera capacidades, abre senderos y estimula el protagonismo local poniendo en tensión el arco creativo.
Este fenómeno fue muy visible en la experiencia del Hospital sin Paredes, mientras operaron los 151 comités de salud en los cinco cantones (San Ramón, Palmares, Sarchí, Naranjo y Alfaro Ruíz). Los comités no solo establecieron acueductos y letrinas, sino que abrieron caminos, crearon cooperativas y participaron activamente en la vida cívica, siendo semillero de líderes locales y cantonales.
DARLE PROTAGONISMO A LAS COMUNIDADES ORGANIZADAS
Por eso es tan importante, con ocasión del coronavirus, descentralizar la acción de combate trasladándola a las comunidades, para controlar los ´puntos álgidos retomando la experiencia del Hospital sin Paredes y de las cooperativas de autogestión campesina, surgidas como respuesta al calor de una crisis agraria que amenazaba la paz social en los 70s.
“La Secretaria de Seguridad Social de la CTRN, insta respetuosamente a las autoridades de Gobierno a desistir y mejor aún, ni siquiera analizar el posible y remoto escenario de una destitución del señor Ministro de Agricultura y Ganadería, Renato Alvarado Rivera.
La posibilidad de un escenario de ese talante podría convertirse en un detonante social de alto calado en diversos actores del agro, lo cual no es atinado en las circunstancias país actuales.
Además, está claro que su posición (no pose), en los medios de comunicación es de recibo para nuestra Central ya que no cabe duda de que el modelo de desarrollo de apertura comercial y en ese tanto capitalista por naturaleza ha relegado y tiene en la miseria a los sectores del agro nacional.
Así las cosas y siendo conocedores de que diversas figuras del orbe y la misma FAO han formulado que la pandemia ha obligado a repensar la seguridad alimentaria en armonía con el medio ambiente en todo el mundo, y que esta es una actividad estratégica para los sucesivos años, dejamos planteada la petitoria respetuosa al Gobierno de la República de desistir de cualquier acción contra el respetable don Renato Alvarado Rivera, lo cual incluye la posibilidad de una destitución.
Sería un craso error en el actual contexto, más, interpretando a priori que parte de las medidas económicas que debe presentar al país el equipo económico el próximo viernes sin duda debe tener una prioridad manifiesta hacia el sector agro, ya que esto evitará seguir contribuyendo a la confrontación social.
Servidor atento,
Juan Carlos Durán Castro Secretario de Seguridad Social CTRN”
Declaración pública de la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica ante la actual situación del sector agropecuario nacional.
La agricultura ha sido una actividad fundamental de nuestra economía, generando empleo, encadenamientos productivos e ingresos en comunidades rurales y urbanas.
También ha sido fuente de progreso social para los costarricenses y clave en los momentos más complicados de la vida nacional. Es innegable que, en la presente crisis sanitaria, nuevamente ha demostrado su trascendencia, al garantizar la seguridad alimentaria de la nación.
Hoy, mientras se pide que la mayoría de la población se mantenga en casa para mitigar el contagio de la enfermedad COVID-19, los productores, apoyados por nuestros profesionales de la agricultura, siguen trabajando para asegurar los alimentos esenciales que el país requiere. Tal empeño también merece reconocimiento, agradecimiento y dignificación.
El sector agropecuario costarricense, a pesar del abandono al que ha sido sometido por décadas, con sumo esfuerzo enfrenta estos inesperados retos en sus procesos productivos y en la comercialización interna y externa.
Reconociendo que las situaciones especiales demandan medidas extraordinarias, la producción agropecuaria nacional requiere de un decisivo y claro respaldo del Gobierno de la República, para procurar su efectivo fortalecimiento y garantizar de manera más eficiente la seguridad alimentaria, así como el progreso económico y social del sector.
Las indispensables medidas para alcanzar los propósitos indicados, requieren fundamentarse en un reconocimiento oficial de que la agricultura y sus servicios conexos, deben considerarse esenciales para el funcionamiento de las cadenas agroalimentarias y comerciales.
Tal reconocimiento ha sido recomendado por organismos internacionales, en particular la Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO): “Es clave que los gobiernos declaren la alimentación y la agricultura como actividades estratégicas de interés público nacional, con apoyo de todos los órganos del Estado y de la población. Es esencial mantener vivo el sistema agroproductivo, para que la crisis sanitaria no se transforme en una crisis alimentaria.”
En consideración de lo expuesto, reiterando el valor estratégico de la agricultura y con el fin de enfrentar de mejor manera la presente situación de crisis, respetuosamente sugerimos al señor Presidente de la República adoptar las siguientes medidas.
Declarar la producción alimentaria y la agricultura como actividades estratégicas de interés público, en el marco de la presente Emergencia Nacional, de manera que el Poder Ejecutivo, por la vía de excepción, pueda gestionar las acciones y asignación de los recursos necesarios para atender esa condición.
Restituir y garantizar la rectoría del sector agropecuario en la figura del Ministro de Agricultura y Ganadería.
Convocar a un diálogo nacional, destinado al establecimiento de una agenda consensuada, para garantizar el fortalecimiento del sector agropecuario y una estrategia común para el periodo post COVID-19.
Diseñar un plan de financiamiento extraordinario para la agricultura, liderado por la banca pública y considerando sus particularidades productivas del sector.
Impulsar la reactivación de la asistencia técnica básica y de la transferencia de las nuevas tecnologías para los diferentes grupos de productores, con la colaboración coordinada de las agencias de extensión agrícola, universidades y otras organizaciones públicas y privadas.
