Presidente Chaves niega que la seguridad nacional está en crisis.
Ignora que el índice de homicidios en 4 meses de 2023 es el más alto de la historia del país.
Retira de la corriente legislativa el proyecto de ley «Crimen Organizado», eliminando la posibilidad a los tribunales de extender la prisión preventiva a personas implicadas en delitos relacionados con el crimen organizado. Esta posición del presidente es contradictoria con las demandas de la población y del Poder Judicial de dotar de herramientas legales que le permitan aplicar el peso de la ley a las mafias organizadas y controladas por el narcotráfico.
Señor presidente, no juegue con la seguridad nacional. Díganos, ¿cuál es la verdadera justificación del retiro del proyecto de ley?
Es claro a toda la ciudadanía que el residente de Zapote actúa constantemente intimidando, amenazando, descalificando, burlándose de la gente, de los periodistas, de los analistas y críticos políticos, de sus opositores. Para ello había montado, como parte de su argucia a las baterías de troles.
Sus poses normales son del bravucón, del presionador, del amenazador, del extorsionista, del que espera controlar comportamientos sin dar posibilidad de elección. Por eso intimida procurando disminuir la autoestima y el valor de sus “contrincantes”, los que él escoge para atacarlos exhibiéndolos de mala forma, y manipulando, de esa manera, sus imágenes públicas, casi reduciéndolas a cosas para tratar de lograr sus propósitos. En esto hay que reconocerle al mandamás de Zapote que es eficaz y eficiente, sabiendo sacar provecho de esas situaciones, que le provocan una imagen pública fuerte, de autoridad necesaria que faltaba en el país, y bastante simpatía en las encuestas, cuando en el entorno nacional se ha venido socavando, desde hace mucho tiempo, todo lo que es “político”, la misma democracia y sus instituciones, de modo que el gobernante aprovecha la situación para presentarse como el salvador. Poco falta para que se le vea como el “Amado Líder”. Ya empezaron a soltar sus jaurías políticas en las calles alabando y ladrándole salameramente al líder.
Su intimidación, sus amenazas, su forma de extorsionar a la gente, aparte del temor reverencial que provoca, lo hace sin ofrecer compensaciones positivas. Al contrario, ofrece la violencia, la destrucción moral de su atacado y difamado, por la forma que lo hace, procurando que se actúe de una determinada forma.
Es claro que no ha entendido, hasta hoy, cuál es el papel del gobernante frente a la ciudadanía y frente a los grupos organizados, que no son parte de su argolla. Desconoce lo que es la tolerancia en todo sentido, pero especialmente la tolerancia política, que es la que debe primar en un régimen democrático y con gobernantes democráticos. Y, carece, en ese sentido de esa inteligencia política que debe adornar a cada gobernante.
Los actos del gobierno son por su esencia políticos, realizados o impulsados por el gobernante. No puede un gobernante esperar que todo se le acepte a ciegas, sin lectura de sus propuestas, sin analizar los efectos de las mismas.
Toda la vida política de Costa Rica se ha construido y desarrollado a base de conversaciones políticas, de pactos, de acuerdos, de convencimientos políticos. Desde el Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica o Pacto de Concordia, del 1 de diciembre de 1821, se trazó la idea del Pacto, del Acuerdo, como conceptos para hacer caminar la nación costarricense al momento de la Independencia. Hoy tenemos su resultado enriquecido con 13 Constituciones y una inmensa cantidad de acuerdos y pactos políticos, en las más duras condiciones, que permitieron dar pasos de gigantes. Justamente en estos días podemos recordar algunos de esos Pactos, el de Ochomogo, el de la Embajada de México, el Figueres Ulate, que se firmaron hacer 75 años, que modelaron la Costa Rica actual, surgidos esos acuerdos de las balas, del humo de los fusiles y de los 3000 muertos que cayeron en aquellos difíciles días.
El Presidente de Zapote frente a la ausencia de una guerra como la de 1948, sin contexto de ella, como Don Quijote, ha visto molinos frente a él que debe enfrentar. Dinamitar puentes, ha dicho, y todo lo que se le enfrente y obstaculice en sus propósitos y luchas es lo que amenaza hacer.
En ese afán carece el Presidente de una Dulcinea a su alcance inmediato, y ni siquiera imaginario, a quien le pueda ofrecer sus hazañas gubernativas, que no se ven. Más que una Insula Barataria quizá sueña con su Insula Zapotaria, donde él es el Gobernador nombrado, donde ejerce su gobierno como si fuera el Gerente moderno de ese feudo, en la práctica más asimilado en el ejercicio gubernativo a Sancho Panza que al propio don Quijote.
Pues bien, nuestro gobernador de Zapotaria, ha propuesto, junto con sus escuderos parlamentarios un chantaje, una extorsión, una amenaza a los diputados. Ha propuesto en la Comisión de Seguridad del Poder Legislativo que se eliminen las objeciones, que diputados del Frente Amplio han puesto al Proyecto de Ley que tiene que ver con el aumento de jornada a 12 horas diarias, a cambio de aprobar los proyectos de ley que tienen que ver con la seguridad ciudadana, hoy tan amenazada, tan frágil, por las acciones del crimen organizado, por la posible liberación de jefes de bandas criminales en los próximos días.
Estos proyectos de ley no se pueden mezclar porque responden a realidades y valores sociales diferentes. Urge atender la seguridad ciudadana. No urge resolver lo de aumentar las jornadas de trabajo a 12 horas diarias. Con la extensión de las jornadas la inseguridad de la vida de los trabajadores va a aumentar porque estarán en las calles hasta 14 o 16 horas diarias, por el desplazamiento, de ida y vuelta, a sus trabajos, oportunidad ideal para que sean asaltados, secuestrados o asesinados mientras esperan los buses a esas horas de la madrugada o de la noche.
Si el gobierno no atiende la urgencia de la aprobación de la Ley del Crimen Organizado, en las discusiones parlamentarias que inician en mayo, es porque al Gobierno no le interesa, como parece ser, atender el problema de la seguridad ciudadana, porque el miedo y el temor que la inseguridad produce le favorece al gobierno para ejercer su autoritarismo, su militarismo, sus desplantes de acciones gorilescas de la policía sobre la población y periodistas. O, en el peor, y extremo de los casos, porque desde Zapotaria hay coordinación con los líderes de esos grupos delictivos, como hacen los líderes autoritarios en algunos países cercanos, para que sus actuaciones, no del todo reprimidas ni controladas, permitan alentar el ambiente de miedo y de terror, que el gobernante autoritario de Zapotaria usa y aprovecha para ejercer su dominio institucional con temor, con intimidación, como se está ejercitando en el país.
La urgencia en Costa Rica es detener el crimen organizado. Esta es la prioridad nacional en cuanto a las leyes que estarán en discusión a partir de mayo.
La forma en que los representantes del Presidente y el mismo Presidente presionan a los diputados, con el chantaje de la aprobación de los dos proyectos, los coloca en la misma situación de esos líderes criminales delictivos, que de esa forma presionan en las comunidades a ciudadanos, a trabajadores, a pequeños empresarios para pagar peajes o pagar seguridad, para asegurarles su vida o sus bienes.
El chantaje que se está proponiendo a los diputados con el trámite simultáneo de las dos leyes, en la forma que lo quiere hacer el gobierno, es un delito de amenazas, que viola un bien jurídico fundamental, el de la libertad y la intimidad de los diputados en este caso, y el de las personas en general, ya que se atenta contra el normal desarrollo de la vida de las víctimas del crimen organizado y las de sus familiares.
Ese chantaje emocional y político que se impulsa por el Gobierno y sus voceros parlamentarios es una forma inadecuada, irrespetuosa y agresiva de comunicación, como suele hacerlo el Presidente.
Los diputados no deben caer en la trampa, en el engaño del trámite de los dos proyectos de ley, el de seguridad y el de jornadas de 12 horas, como si estuvieran en una balanza. El que cae por su peso, por su importancia, el que debe discutirse separada y exclusivamente es el de la Ley del Crimen Organizado.
No siempre una persona asesinada en las calles josefinas recibe tanta atención mediática como la que viene recibiendo Marco Calzada; incluso la Conferencia Episcopal y hasta algunas personas diputadas se dieron en el pecho ante tan ingrata muerte.
Quisiera recordarle a esos medios y a otros tantos dolientes de ocasión, que dos menores de edad que yo conocía fueron vilmente asesinados en similares términos en los barrios del sur: a Graciela con doce años, una bala le cegó la vida; y a David con casi 15 años de edad, lo mataron a tiros. Recientemente murió Kendra a sus 21 años, consumidora de drogas desde los 13 años, madre adolescente, ignorada por el sistema.
No vi a los medios, a la Conferencia Episcopal y a los diputados indignados por esas muertes; claro, todo apunta a que hay muertos que valen más que otros. Los miserables son solo una estadística policial; desechables desde siempre y hasta la muerte; personas a las que se les negó un proyecto de vida, aunque también tienen familia y amistades a quienes les duele su partida. Incluso por varios años queda hasta un grafitti en alguna pared del barrio.
Pero vale recordarle a esos dolientes de ocasión, que en muchos casos ellos fueron y son cómplices del asesinato de Marco, de Graciela, de David, de Kendra y de cientos de personas que mueren a manos de la delincuencia y el crimen organizado. Durante más de 40 años impulsaron políticas económicas que tejieron una sociedad de exclusión y pobreza, una sociedad en la cual el ser humano no se constituye por lo que es, sino por lo que tiene, y la seguridad material -negada para millones de personas por el modelo económico neoliberal-, se debe conseguir a toda costa, aunque sea por medio de la violencia y la muerte, por el robo de un celular que finalmente termina en las manos de un taxista igualmente cómplice.
La Costa Rica que se distinguía por sus altos niveles de justicia y seguridad social, quedó enterrada por la voracidad neoliberal que sigue siendo la máxima.
Se equivocan esos dolientes de ocasión si piensan que con oraciones, cierre de bares, nuevas leyes, más policías o hasta cámaras con reconocimiento facial, la ola delictiva va a desaparecer o reducirse; la misma es estructural, y para superarla se requieren medidas estructurales orientadas a distribuir la riqueza, fortalecer la seguridad social y crear oportunidades de desarrollo humano realmente incluyentes. Pero eso es mucho pedirle a la clase política, al empresariado o a un Nogui Acosta que está más interesado en cobrarle nuevos impuestos a la clase trabajadora. Recuérdese este gobierno le da aumentos de salarios del 98% a sus ministros, mientras que a la población trabajadora le receta un exiguo 1.24% de aumento, valor no solo incapaz de compensar la inflación, sino que también a la postre aumentará la exclusión social, inexorable caldo de cultivo de la violencia que vive el país.
Décadas atrás entrevisté en Ciudad Juárez a un menor de edad que era parte de un cartel de droga; su autopercepción sobre su futuro era muy reducido: tenis, armas, mujeres, una camioneta, dinero para su madre. Todo se tenía que tener y disfrutar ya: mañana posiblemente estaría muerto. Justo así, piensa una parte de nuestra niñez y adolescencia; la cárcel no le asusta, la muerte no es con ellos, el futuro no existe. Nuestros dolientes de ocasión tienen perdida su batalla moralizadora desde su misma concepción.
PD. Y que dicha no fue una mujer a la que asesinaron en el barrio chino, lo más selecto del conservadurismo machista costarricense habría terminado de rematarla con frases como “que hacía una mujer sola a las 12 de la noche en San José”, “o se lo merecía por aventada”.
Dice la candidata Lineth Saborío que está a favor de eliminar la reelección automática de integrantes de la Corte Suprema. En primer lugar, hay que aclararle al electorado que la reelección automática no existe en Costa Rica. Por razones justificadas y con la mayoría de dos tercios, la Asamblea Legislativa puede remover o no reelegir a un magistrado. Es un sistema equilibrado que busca garantizar la independencia judicial para no hacer de los miembros de Corte simples marionetas de los políticos de turno, amenazándolos permanentemente si sus decisiones no son del agrado de éstos.
Doña Lineth fue directora del OIJ. No puede decirse que ignora la importancia de órganos judiciales independientes. En su momento aspiró a ser magistrada de la Corte sin lograrlo. Eran tiempos en los que todavía se valoraba, en la mayoría de los casos, el peso jurídico de los aspirantes. Doña Lineth después dejó botada su carrera judicial por meterse en política. En tiempos donde la demagogia hizo de la llamada seguridad contra la delincuencia el tema de campaña, ella dilapidó su patrimonio como policía para ocupar una vicepresidencia, nada sobresaliente, por cierto.
Aparte de asegurarle trabajo a su esposo y otras personas cercanas, no se le recuerda ningún logro significativo. Después quiso volver al Poder Judicial, pero ya no era tan sencillo el retorno. Había que hacer exámenes y acumular méritos para el reingreso y ella no los tenía. Ahora, otra vez en campaña, la emprende de nuevo contra el Poder Judicial. Está de moda emprenderla contra los jueces. Hace rato el PUSC, el partido de expresidentes ayer involucrados en graves casos de corrupción y hoy con algún diputado cercano a narcotraficantes, considera necesario debilitar, aún más a la Corte Suprema, obligando a sus miembros a portarse bien por breves cuatro años porque de lo contrario, los políticos no los reelegirán.
Estamos avisados: la corrupción y el crimen organizado avanzan a paso firme y tendrán patente de corso para actuar a sus anchas.
Digo –con permiso del sublime Debravo-, que esta justicia no es ciega para todos. Si lo fuera, tendría mejor calibrada su balanza y sentiría, con mayor precisión, los pesos en sus platillos. También acertaría más al momento de asestar sus golpes con la espada.
Pero digo que no son así las cosas; que hay puño de hierro para los desheredados de la tierra y guante de seda para los poderosos; que las cárceles están atestadas de hombres jóvenes (entre 15 y 35 años), de baja o nula escolaridad, sin oficio y en un 80% por delitos contra la propiedad. ¿Nos dice esto algo sobre la distribución de la riqueza y de las oportunidades en la sociedad en que vivimos? También abundan, cada vez más, las mujeres reclutadas por el narcotráfico, las del menudeo, las mujeres-camello, las madres-burro; las que han sido empujadas a la ilegalidad por el hambre de sus hijos. Para estos ciudadanos de segunda hay defensa pública, por suerte en nuestro país, un servicio para todo el que lo necesite, todavía de calidad, al que por cierto algunos le llevan ganas.
Digo que ni la balanza ni la espada de esta justicia alcanzan al corrupto que recibe una pena irrisoria, casi una condecoración; el poderoso al que se le anula la prueba clave y sale ileso; al presunto que sale huyendo y regresa cuando todo está prescrito; al abusador para el que se desempolvan las penas alternativas y las conciliaciones.
Digo que aquí hay un serio problema ético cuando el abogado termina siendo parte del engranaje mafioso o corrupto. Y digo que los contratos de honorarios “ley entre partes” o de “cuota litis” por muy legales que sean, siguen siendo inmorales; que no es correcto que el abogado termine pagándose con los dineros mal habidos o con las propiedades y bienes del sujeto desesperado por la amenaza de cárcel. Digo que el Colegio de Abogados, ante esta cruda realidad, no puede seguir viendo para otro lado.
Digo también que en efecto, esta justicia opera, en la práctica, con ciudadanos de primera, de segunda y hasta de quinta categoría. Desde Rousseau y Beccaria el delincuente es una especie de enemigo al que hay que expulsar, por haber roto el contrato social que lo obliga a respetar los derechos de sus congéneres. Nada muy nuevo ni original tiene esto del “derecho penal del enemigo”.
Pero los enemigos han sido siempre “los miserables” de Víctor Hugo. Nunca quienes desde sus privilegios cometen todo tipo de tropelías impunes o abusan del derecho. El sistema punitivo ha sido siempre selectivo y discriminatorio en contra de los más débiles; opera con eficiencia sólo contra la delincuencia común, los marginados, los extranjeros, los emigrantes, los jóvenes rebeldes y por supuesto los pobres, siempre los pobres. En cambio, la maquinita se traba cuando, casi por casualidad, logra captar a individuos perseguidos por delitos no convencionales, los del crimen organizado, los perpetrados al amparo del poder político, económico, religioso, o de cualquier otro tipo de influencia social, incluida cierta prensa y hasta organizaciones deportivas y del espectáculo. Éstos son los verdaderos privilegiados del sistema, los ciudadanos clase “A”, los que cuentan con todo tipo de apoyos y recursos, con los “mejores” abogados (¿o sólo “los más caros”?), con fiscales negligentes y con jueces temerosos o ambiciosos. Éstos son los que se defienden atacando, los que alegan persecución política, los que se enferman para escapar de la prisión; en fin, los que, si pueden, terminan sentando en el banquillo a policías, fiscales y jueces honrados y cumplidos.
Y digo por fin, a contrario del poeta, que esta justicia sí que tiene bien ganado su sitio en el infierno.
Hace ya bastantes años, en una lección del posgrado en Ciencias Penales de la U.C.R., el eminente profesor Dr. Francisco Castillo González nos ilustró con una enseñanza más propia de la ética profesional que del derecho penal. Nos decía sentencioso, palabras más, palabras menos, lo siguiente: “un abogado penalista puede llevar algún caso de narcotráfico; lo que no puede es tener clientes narcotraficantes…”.
El tema tiene cercanía con otras cuestiones muy propias de la ética profesional. Por supuesto que el derecho de defensa, para todos y todas, está garantizado para cualquier tipo de delito y hay que respetar ese principio. Pero sabemos igualmente, desde hace décadas, que las organizaciones mafiosas clásicas, tipo “Cosa Nostra”, tienen a su servicio gabinetes de economistas y contadores públicos, bufetes de abogados, así como políticos, clérigos y hasta policías, fiscales y jueces comprados. Hay mucho dinero de por medio y esa es una tentación para cualquier profesional sin escrúpulos, dispuesto a venderle el alma al diablo.
Conocemos el vínculo íntimo e indisoluble que estas agrupaciones mafiosas exigen: fidelidad absoluta o muerte. También somos testigos de eventos, incluso en nuestro provinciano medio, de litigantes más o menos conocidos que, en efecto, terminan en la cárcel o son liquidados en algún atentado.
Para mediados de la década de los años ochenta del siglo pasado, época de la lección del Dr. Castillo González, la verdad es que Costa Rica apenas comenzaba a familiarizase con el narcotráfico y su morfología mafiosa. Pero con el devenir de los tiempos, para desgracia de todos, otras formas de crimen organizado han asentado sus reales en esta arcadia bucólica.
Principalmente se ha hecho evidente la corrupción “públicoprivada” y pido licencia para usar estas dos palabras juntas porque el fenómeno delictivo que representan es uno y el mismo, las dos caras de la moneda, una sola bestia bicéfala.
Sería entonces pertinente, hoy como ayer, a propósito de la ética profesional, afirmar que un abogado penalista puede llevar algunos casos de corrupción, pero no debería especializarse en ellos ni tener sólo clientes cuestionados por las figuras típicas asociadas a esta modalidad delictiva. Aunque ya sabemos también que abunda el dinero de por medio, y hay muchos diablos sueltos comprando almas.
De esta manera califica el Ministerio Público y el OIJ la forma de operar de la corrupción en las municipalidades intervenidas.
Desde hace mucho tiempo se ha dejado de considerar a la corrupción como el producto de una fruta podrida, del efecto de una persona que corrompe a las personas de su rededor. La corrupción, pública y privada, es una forma de crimen organizado, de la existencia de grupos debidamente estructurados para enriquecerse de manera ilegal.
La estructura criminal en esas municipalidades parte de un grupo privado, de un empresario, que teje junto con los alcaldes una organización para delinquir, para otorgar prebendas, privilegios y negocios ilegales a cambio de dádivas, coimas o favores; produce un enriquecimiento mutuo, de empresarios y altos jerarcas de instituciones. La estructura criminal o de crimen organizado es tanto externa, con el empresario, como interna con los subalternos del jerarca que realizan funciones para cuidar las espaldas al alcalde y favorecer sus corruptelas.
En el caso de la operación Diamante se ha puesto en evidencia la corrupción que gira alrededor de la concesión de obras viales, una parte de la obra pública. Pero si se escarbara un poco más también veríamos los grandes negociados en parquímetros, obras en parques públicos, desarrollo inmobiliario o patentes, para citar algunos.
La formación de estas estructuras criminales es favorecida por la reelección indefinida de los alcaldes, los cuales han tenido décadas para crear esa red de compromisos y favores. Tal vez el caso más emblemático sea el de San José, pero eso se repite en la mayoría de los gobiernos municipales.
La operación Diamante saca a la luz pública las relaciones amistosas de pagos de favores, de compromisos o amistades íntimas para influir en procesos judiciales, resoluciones de los más diversos órganos y hasta la elección de cargos importantes en instituciones y órganos del Estado, favores que luego tendrán que pagarse.
El Estado costarricense viene desde hace muchos años manejado por una red de intereses políticos y económicos que han corrompido a las instituciones: diputados eligen magistrados para luego cobrar esos favores, políticos de fuste ponen sus fichas en tribunales, instituciones públicas, de control, fiscalización o regulación, personas nombradas para ejecutar u omitir deberes. Es la corrupción que está carcomiendo nuestra democracia y que solo una sacudida o un cambio en grande podrá recuperar.
Ahora bien, esta estructura criminal solo ha sido posible construirse con la complicidad activa de los Partido Liberación Nacional y Unidad Socialcristiana. No es casualidad que de los alcaldes detenidos 5 sean del PLN; y es así porque ese Partido ha prohijado y alcahueteado, ya sea por acción o por omisión, la construcción de esas organizaciones criminales.
En 2010 se tuvo la quijotada, Gloria Valerín y Xinia Escalante, de pelearle la alcandía a Johnny Araya. Fue una experiencia formidable, la lucha contra una maquinaria total, de escritores, desarrolladores inmobiliarios, los principales dueños de ventas de vehículos, los dueños de los canales de televisión, especialmente de Canal 7, los importadores, los comerciantes, funcionarios municipales, grupos comunales comprometidos con favores o sacos de cemento, en fin un enfrentamiento con una gigantesca estructura clientelar, de comunidad de intereses y de favores, frente a la cual era imposible disputar el cargo.
Solo la ambición y el sentido de impunidad que llegan a sentir personajes como estos alcaldes, es lo que los hace traspasar los límites más laxos impuestos por el sistema. Y en este momento caen.
Y cuando caigan, el sistema los abandonará para volver a recomponerse. Ese ha sido el círculo de la lucha contra la corrupción en Costa Rica hasta que no se produzca un auténtico y profundo cambio de valores y de actores.
Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)
Los abanicos de piso mueven poco, muy poco, el aire denso y caliente de la tarde hondureña. Tras la imagen plana de la pantalla que todo lo convierte ahora en un zoom interminable, se aprecia un cuarto luminoso, lleno de vida. Es el cuarto de Doña Edith, que lo ha arreglado un poco para participar en el encuentro.
Marvin y yo acompañamos (eso creemos) con algunos ejercicios detonantes a un grupo de mujeres que tienen en común la lucha permanente contra el tiempo. El tiempo, hemos dicho, se compone de pequeños actos como la carrera apresurada del pájaro carpintero por el solar o la muchacha en moto que llega a su casa luego del trabajo o la estampida de polvo tras el alboroto de las gallinas que saltan frenéticas una mañana cualquiera. Eso es tiempo en tres actos y también es poesía.
Marvin es un incansable promotor cultural, Director de uno de los más importantes Festivales de Latinoamerica (El Festival Internacional de Poesía de Quetzaltenango) y un convencido que el arte es una herramienta movilizadora, un pretexto para tocar fibras, llegar a la profundo. Con él, hemos abierto caminos, como la sede en frontera entre México y Guatemala donde hemos leído poesía para personas migrantes en el albergue de Tecún Umán y hemos ofrendado también con la palabra sobre las aguas del interminable Río Suchiate, surco fronterizo entre ambos países.
Es la una y media de la tarde en toda Centroamérica y el calor de octubre se proyecta en la cuadrícula de la pantalla, la vuelve por eso más cálida.
Estas mujeres, al igual que las abuelas de la plaza de mayo, buscan. Solo que lo hacen desde esta región que somos, en esa región que somos. Incansablemente. Desde hace años. Lo hace Dorotea, que busca a su hijo que una vez salió hacia Estados Unidos para nunca más volver. Lo hace Josefina, que recuerda un paraje verde y lleno de paz donde estuvo por última vez con su esposo y sus hijos y la felicidad parecía infinita. No lo ha visto desde entonces.
Las cifras de las personas migrantes centroamericanas desaparecidas son todo menos certezas. Es que la industria migratoria se ha tragado a cientos de miles, los actores del crimen organizado han hecho su parte y los Estados de origen y tránsito, por omisos e incompetentes, se vuelven cómplices de tal barbarie.
Pero no es de estadísticas lo que hablamos esas tardes de calor profundo en las que ni una hoja se mueve. Es de otro tipo de calor: el del recuerdo y la memoria, que deben ser apalabrados. En este punto me doy cuenta que quien nos está enseñando a hacer poesía es doña Sol, que ha dicho algodón en vez de nube y Alejandra ha nombrado arcoíris a un pequeño ron ron de la alegría. Han poetizado el asombro y le han puesto nombres.
Poetizar, que es un acto cotidiano, estético y político en una región como la centroamericana, es justamente sentarse a escuchar las historias de estas mujeres, que apoyadas por la Fundación para la justicia y el estado democrático de derecho, hacen de su búsqueda el motor de su existencia. Las escuchamos con atención. Nos alumbra su luz y su dignidad. Marvin y yo nos damos por satisfechos.
Como último ejercicio del taller solicitamos activar en ellas la memoria para recordar. Una pide la palabra y nos dice: “escribí esto: “en algún lugar de este planeta estás”. Varios aplausos llenan de amarillo algunos recuadros, en cuenta el mío.
Las aspas del abanico siguen moviéndose mientras nos vamos despidiendo en un apagón de pantallas, pero no de energías movilizadas. La única forma de devolver humanidad a esta región es poetizarla en su vida cotidiana. Como lo hizo el poeta guatemalteco Roberto Obregón, desaparecido durante la guerra en aquel país, autor del texto que compartiera Marvin en el taller, como forma de apalabrar la región que somos.
El fuego perdido
esta señal de la aurora la traían en su corazón
Popl Vuh III, cap. VI
No podemos encender la hoguera Mojado está el bosque podridos están los troncos No podemos quebrar los colmillos del frío Arrancar Y recobrar nuestros huesos entumecidos En la humedad en el agua nos ha tocado prender la hoguera En la oscuridad en la noche nosotros somos la región más espesa A oscuras sesionamos bajo la helada Y conferenciamos sobre nuestro qué hacer De cómo allí los muertos continúan jugando un gran papel en la guerra De qué manera se escogen entre todos Quiénes llevarán a la espalda el mayor peso en los ratos de agudo peligro Acérquense los del fuego Los enamorados de la vida nos calentaremos con estos nuestros corazones Hechos leña bajo este rudo temporal Pero contentos.
PorMemo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)
Es marzo de 2021. Ya se va, mejor dicho y continúo confirmando las sospechas que semanas atrás había adelantado en una observación participante, acerca de la pretendida tonalidad progresista con que alegremente se recibió en algunos círculos políticos y académicos al binomio Biden-Harris en cuanto a su política migratoria, especialmente la que interesa a la región centroamericana.
Es marzo de 2021 y tan pronto como se acaba, la primera gran coyuntura migratoria de la administración estadounidense entrante ha sido declarada.
La disuasión desde Estados Unidos hacia las movilidades humanas centroamericanas ahora no se realiza por medio de lacónicos tweets del tipo “aquí no vengan porque no serán bien recibidos”; no se hace así ahora, pero el discurso sigue siendo el mismo: no vengan, las fronteras para ustedes, pobres, desplazados de forma forzada, expulsados de sus comunidades, de sus países, están cerradas.
Pero la gente que no viaja en avión ni tiene condiciones materiales y subjetivas para contender con la pobreza, la exclusión, la violencia de los estados, las instituciones y las élites empresariales acumuladoras y despojadoras, sigue saliendo, sigue yendo a tratar de cruzar las fronteras. Y va. Y choca con discursos y puertas fortificadas desde las palabras hasta los operadores de las acciones de seguridad implementadas en las regiones de cruce entre países.
Hablamos de coyuntura y no de discursos. Es una decisión no solo semántica, sino política. Los discursos sobre las crisis migratorias, valga recordarlo, suelen colocar el acento en las personas que se movilizan. “Son muchos”, dicen. “Desbordan la capacidad de los Estados para atenderlos”, señalan. “Son incontenibles”, vociferan. «Vienen enfermos y sucios», murmuran.
Pero nada dicen esos discursos sobre las políticas de hambre y desigualdad, la rapiña de quienes buscan más para enriquecerse a partir de pactos de corrupción y silencio, la acumulación devastadora, racista y clasista que se contornea en todos los países centroamericanos. Por eso la gente se va. Por eso Biden-Harris disuaden. Y generan junto a los medios de comunicación hegemónicos la impresión de que la crisis la producen las personas que caminan. Para vivir. Para salvarse.
Es otro marzo. El de 2020. 15 de marzo para ser exacto. Llegamos con cierta urgencia a la línea fronteriza terrestre entre Honduras y Nicaragua llamada simbólicamente “Las manos”. Bajamos del autobús transnacional y una aguja que se levanta y baja al compás de las seis de la mañana en una frontera llena de polvo y pasos invisibles a vista y paciencia de todos, indica el corte: estar aquí, estar allá es cuestión de un solo movimiento del involuntario del dispositivo que flanquea los movimientos.
Nos anuncian que seremos testeados. Lo que posteriormente consistió en unas preguntas sobre las quince horas previas, monitorea el curso de mi vida en una Tegucigalpa que ya empezaba a cerrar sus puertas ante la pandemia. La urgencia de un país que solo meses después sufriría la devastación como consecuencia de dos huracanes seguidos en formación, una tras otros, como si hubieran sido planificados.
De un país así, de un escenario así, salpicado también por la corrupción y el crimen organizado como política de estado, sale la gente que Biden-Harris, los progresistas en materia migratoria, disuaden hoy bajo el discurso de la crisis y la contención militar en las fronteras de México y Guatemala.
Luego del testeo regresamos al autobús para continuar el viaje. En el camino leo el texto profundo y desgarrador de los hermanos Martínez (Oscar y Juan José) sobre la formación transnacional y compleja de las agrupaciones delictivas salvadoreñas llamadas pandillas. Debo la lectura a una de las pensadoras centroamericanas que más admiro y a quien tengo el gusto de conocer más allá de la academia. Para vos, Amparo Marroquín, va mi abrazo y agradecimiento por este libro que me regalaste.
En una parte de la introducción de “El niño de Hollywood” (Editorial Debate, 2016) se lee lo siguiente:
“Este libro no es sólo sobre la vida de un sicario de la pandilla más grande del mundo, la única en la lista del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la que recurrentemente vuelve a los incendiarios discursos de Donald Trump, la que tiene presencia en cada uno de los departamentos de El Salvador. Este libro es, en el fondo, nuestra forma de entender y explicar el patio trasero de Estados Unidos. “Shithole”, dijo Trump, hablando como algo lejano de lo que gobernantes como él ayudaron a construir, a destruir”
Al recordar esa introducción ahora, pienso en la continuidad y linealidad de la historia hegemónica, en la fuerza del lenguaje, en el rigor de las fronteras para determinadas poblaciones. Al cabo de más de un año de escenario pandémico global, las excusas de la soberanía y la protección sanitaria fueron instrumentalizadas por los estados y otros actores, para construir nuevas argumentaciones respecto a las movilidades forzadas en la región. Ese es quizá uno de los saldos más profundos que debemos revisar “cuando todo esto termine”.
Al regresar a casa el 15 de marzo de 2020, venía tras de mi como dominó inclemente el cierre de fronteras centroamericanas. La de Las Manos por ejemplo fue clausurada esa misma noche y así el resto. Hasta el día de hoy pienso en lo simbólico de ese viaje y mi paso por tres escenarios fronterizos regionales por aquellos días de cierres y suspensiones, comprobando su porosidad, observando sus condiciones para el rigor de las exclusas cuando los estados se resguardan con miedo, con temor.
Que aún persisten, hasta el día de hoy.
Imagen de cabeceras: https://www.conclusion.com.ar/religion-y-espiritualidad
Magister José Manuel Arroyo Gutiérrez Ex magistrado y Profesor Catedrático UCR
Con frecuencia oímos discursos, reflexiones, conferencias; o bien se organizan debates, seminarios y congresos; o se escriben artículos, tratados, listas de mandamientos, tesis de graduación y un sinnúmero de manifestaciones académicas en torno al tema de la independencia judicial. Todas esas palabras están bien. Pero no son suficientes. Hacen falta las actuaciones y los hechos.
Lo cierto, digo yo después de una vida profesional dedicada a la función pública y a la carrera judicial, es que el juez independiente es aquél que, por vocación, por valores y por integridad personal decide serlo. Hay muchas tentaciones y amenazas ahí afuera. No hay protecciones legales, constitucionales ni materiales que puedan detener la debilidad o el oportunismo de quien, desde la privilegiada posición de la judicatura, decide traicionar la misión esencial o el rol social decisivo que le corresponde jugar.
Las principales amenazas a la independencia judicial vienen de los otros poderes, los formales y los de facto. El poder de los políticos, los personajes influyentes social, económica o religiosamente; el poder de los superiores dentro de la estructura misma del Poder Judicial; y ni qué decir la poderosa influencia de los medios de comunicación que presionan en uno u otro sentido. Y de otra parte, están también los poderes informales o de facto, el de los delincuentes comunes, y los peores, los de la delincuencia de cuello blanco o las mafias del crimen organizado. Venderse es la tentación más frecuente y fácil en la cual caer. Y no se trata sólo de la manera más pedestre o vulgar recibiendo dinero a cambio de favores. Están las formas sutiles como archivar una denuncia, dejar que prescriba la causa, absolver al culpable, condenar al inocente. Hay gente tan vendida que el agente poderoso no necesita ni siquiera llamarla, insinuarle o hacerle el depósito bancario. Su servilismo olfatea, adivina, intuye lo que se espera de él (o ella).
Una tentación peligrosísima es trazarse una carrera judicial ascendente dispuesto a pagar cualquier precio; llegar a la cima con una encomienda que cambie la jurisprudencia para servir a los señores que prestaron ayuda; meterse en el mundillo de las cámaras y reflectores para ganar protagonismo público (pasando información a ciertos periodistas para contar con “buena imagen” y favores), o ser capaces de la infamia y la calumnia en los procesos de nombramientos (“si no soy lo suficientemente virtuoso inventaré vicios inconfesables en mis contendientes”; “si tengo que olvidarme de los amigos de ayer, pues cultivaré nuevas amistades”).
Pero ante todo, esto de ser juez o jueza, tiene que ser una auténtica vocación. He visto jóvenes profesionales, competentes y valiosos, que tiran la toalla a medio camino. El trabajo judicial siempre es complejo y excesivo; exige muchas renuncias, sacrificios y ciertamente a veces es riesgoso, si es que se quiere hacer como es debido. La vocación auténtica, en el caso de los profesionales del derecho en general y particularmente respecto de los funcionarios judiciales, radica en el valor Justicia. Ese valor se refiere no sólo a la justicia del caso concreto, sino al valor de Justicia Social. No puede haber un buen juez que no recienta la desigualdad, la inequidad o la discriminación de seres humanos en su acceso a los derechos fundamentales. Serían como sacerdotes sin fe en Dios o como médicos a los que no les importe la salud de sus congéneres. Por cierto, que los hay, los hay.
La última frontera de esa vocación auténtica está cuando el buen juez, llevado por sus principios y su integridad moral, enfrenta la amenaza, la descalificación, y hasta la agresión o violencia contra su vida, sin hacer concesiones, sin traicionarse a sí mismo ni traicionar el juramento de actuar conforme a la ley y sólo la ley. Es ahí cuando recuperamos la esperanza.
La valentía no es un adorno más, prendido a la toga. Es un requisito sin el cual no hay justicia que valga.
