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Etiqueta: crisis agrícola

La presencia del sector agropecuario en el Plan Nacional de Desarrollo 2027-2030: metas e inversión limitada frente a un sector en crisis

Escrito en . Publicado en Análisis.

German Masís

El martes reciente el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, presentó el Plan nacional de Desarrollo e Inversión pública 2027-2030, denominado Braulio Carrillo, que según el documento “se erige como la hoja de ruta estratégica mediante la cual el mandato democrático otorgado a la Administración Fernández Delgado se traduce en 8 Metas Nacionales, 50 Metas Sectoriales y más de 240 metas de Intervenciones Públicas” (Plan Nacional de Desarrollo, 2026, p.16)

Una revisión del apartado del Plan Nacional dedicado al Sector Agropecuario y una valoración de los alcances de los objetivos y metas en términos del desarrollo de este sector, permite determinar lo siguiente:

En el Plan se han incluido 3 Metas sectoriales, es decir el 6% de las metas sectoriales totales, 15 Metas de inversión pública, que representan también un 6 % de las metas de inversión totales y no hay metas sectoriales desagregadas regionalmente.

La Inversión total en la ejecución de las metas y objetivos en el sector agropecuario asciende a ₡ 670 786 043 734,91, alrededor de un 11,5% de la inversión total en el plan de Desarrollo.

Las metas sectoriales son:

Incrementar la oferta productiva agropecuaria dirigida hacia los mercados internacionales para la exportación agrícola, pecuaria y la industria agroalimentaria.

La meta es aumentar el Monto de exportaciones agropecuarias en dólares en 597,198,548 entre el 2027 y el 2030.

Incrementar la productividad del Sector Agropecuario y la generación del empleo, mediante el apoyo institucional a través de la innovación y desarrollo de capacidades.

La meta es aumentar la Productividad laboral anual en colones en 2,088,742 en el período

Promover la adaptación al cambio climático y la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero en las fincas agropecuarias aplicando el modelo NAMA para mejorar el desempeño productivo y ambiental del sector agropecuario.

La meta es captar y mitigar 9,976 Toneladas más de CO2 entre 2027 y 2030.

Por su parte las metas de inversión pública en el sector están ligadas a varios ejes y programas tales como:

En Abastecimiento Institucional, cuyo objetivo es:

Fortalecer las capacidades productivas, comerciales y de gestión de los Productores Primarios Base (PPB) del Programa de Abastecimiento Institucional (PAI), a fin de incrementar su nivel de impacto y participación en los encadenamientos de abastecimiento institucional.

Indicador

La Inversión en este eje será de: 402,933.000.000 financiado con Recursos ordinarios del CNP.

En Investigación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria, el objetivo es:

Generar conocimiento científico y tecnológico para contribuir a la competitividad, funcionalidad y sostenibilidad de los sistemas productivos agropecuarios.

La Inversión será de ₡710 494 699,00 financiado con Recursos ordinarios del MAG-INTA

En Producción Sostenible el objetivo es:

Desarrollar modelos de producción sostenibles en fincas ganaderas y agrícolas mediante la implementación de prácticas y tecnologías adaptadas a cada sistema productivo con el fin de mejorar la eficiencia productiva, reducir el impacto ambiental y resiliencia frente al cambio climático

La Inversión es: ₡233 600 000,00, financiada con Recursos ordinarios MAG-Extensión agropecuaria.

En el Programa Nacional de Control de Calidad de Semillas, el objetivo es:

Fortalecer la producción de semilla para asegurar la disponibilidad de semilla de calidad, mediante el incremento de variedades y del volumen producido.

La inversión será de 1,167,944,787 financiada con Recursos ordinarios MAG y la Oficina nac de Semillas.

En el Programas de Buenas Prácticas Agrícolas, el objetivo es:

Verificar los residuos de plaguicidas en vegetales frescos de producción nacional y productos de importación y exportación para proteger el ambiente y la salud humana con alimentos inocuos.

La inversión es de ₡2 381 438 320,00 000 financiada con recursos ordinarios MAG-Sistema Fitosanitario del Estado.

En el Impulso a la Estrategia de agricultura de precisión en los territorios rurales, el objetivo es:

Impulsar la ejecución de proyectos de agricultura de precisión para la reducción de uso de químicos, plaguicidas y aumento de la producción con uso de tecnología control del recurso hídrico y fertilizantes.

La inversión es de: ₡767 000 000,00, financiada con Recursos del INDER.

En el Sistema de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del río Tempisque y Comunidades Costeras, el objetivo es:

Impulsar el desarrollo socioeconómico en la región Chorotega a través del incremento en la disponibilidad hídrica en la margen derecha del río Tempisque,

La inversión en este eje es ₡260 641 547 940,00, financiada con Recursos del SENARA préstamo BCIE

En Servicios eficaces y eficientes asociados a la sanidad vegetal y salud animal, es:

Ampliar la cobertura del sistema nacional de vigilancia de resistencia antimicrobiana en sistemas productivos agropecuarios autorizados, para la protección de la salud pública, la sanidad animal y la inocuidad alimentaria.

La Inversión en este eje es: ₡98 157 484,00 financiada con Recursos ordinarios MAG-SENASA

En el Desarrollo de la Maricultura sostenible en Costa Rica, el objetivo es:

Impulsar el desarrollo sostenible de la maricultura en Costa Rica, fomentando la producción de recursos marinos.

La Inversión es: ₡127 000 000,00, financiada con Recursos INCOPESCA-Cooperación Española

En el Programa de inserción de grupos de mujeres y jóvenes de la zona rural, al sector agro productivo, el objetivo es:

Generar emprendimientos productivos para mujeres y jóvenes de la zona rural agrupadas en clubes 4S, con el propósito de lograr su inserción efectiva en el sector agroproductivo o en actividades alternativas.

La Inversión es: ₡320 000 000,00, financiada con Recursos ordinarios MAG CONAC 4-s

Como se puede observar se trata de un conjunto de metas, que se centra sobre todo en el tema de Productividad y Sostenibilidad, con componentes de producción sostenible, de semillas de calidad, de buenas prácticas agrícolas, el manejo agroquímicos, la sanidad animal y un componente nuevo de agricultura de precisión, que es tal vez el único componente de modernización agrícola.

Se introducen componentes adicionales como el de acceso al agua en Guanacaste, que es retomado del proyecto del agua que había sido financiado hace varios años y que ha avanzado poco en su ejecución, el del programa de Abastecimiento institucional en el área de comercialización y el componente de apoyo a la incorporación de jóvenes y mujeres en la agricultura, un tema novedoso a futuro. Sobre el financiamiento de las acciones y metas incluidas en el Plan es claro que provienen en su mayoría de los fondos ordinarios del MAG, algo del INDER y del CNP y no hay ninguna asignación adicional de recursos ni financieros, ni tampoco técnicos.

La revisión efectuada permite, detectar la ausencia de metas en temas claves para la recuperación y fortalecimiento del sector, como el tema del desarrollo agroindustrial y agregación de valor, el de alternativas de comercialización, el del financiamiento agropecuario, el de los seguros agrícolas, el de capacitación técnica y el de la seguridad alimentaria, demasiadas carencias frente a un sector con serios problemas estructurales y abandonado por la institucionalidad pública desde hace varias décadas

Pese a lo mencionado las metas y objetivos incorporados, pretenden enfrentar los desafíos que el mismo plan señala y cuyas dimensiones son el resultado del rezago del sector agropecuario durante de varias décadas. Ellos son:

Fortalecimiento de la productividad, competitividad y generación de valor agregado

Reducción de la vulnerabilidad del Sector Agropecuario frente al cambio climático

Disminución de las disparidades territoriales y sociales, mediante la generación de empleo de calidad, la inclusión productiva

Fortalecimiento de las oportunidades para mujeres y personas jóvenes en el medio rural.

Enormes desafíos, para los limitados alcances de las metas y recursos del Plan.

El Plan a su vez, aporta un diagnóstico sectorial, que menciona algunas las debilidades tanto a nivel macro como micro del sector, resultado de una transformación que sitúa al agro, como una actividad secundaria que ha visto reducirse dramáticamente su papel en la economía, en la generación de empleo y en la producción de alimentos.

Señala “en términos macroeconómicos, que la participación relativa del sector en el PIB nacional se redujo de 4,0% a 3,6%, aunque el sector mantiene una balanza comercial superavitaria y una participación relevante en la generación de divisas.

A nivel microeconómico, indica que la población ocupada disminuyó en 8,2%, pasando de 217 104 a 199 248 personas (INEC), lo que refleja procesos de ajuste productivo, migración hacia otros sectores y cambios en la composición de la fuerza laboral.

En el ámbito socioeconómico, si bien los indicadores de pobreza han mejorado a nivel nacional, existen diferencias entre zonas urbanas y rurales. En 2025, la pobreza rural (19,3%) y la pobreza extrema (5,5%) superan las registradas en zonas urbanas (13,6% y3,1%, respectivamente), lo que evidencia condiciones de mayor vulnerabilidad en los territorios rurales.

Además, afirma que persisten situaciones estructurales que requieren atención estratégica como la participación de las mujeres en el empleo agropecuario continúa siendo limitada (alrededor del 13,6%) y se mantienen diferencias en los niveles de ingreso por sexo. Asimismo, se evidencia una disminución en la participación de población joven, lo que plantea desafíos importantes en términos de relevo generacional y sostenibilidad futura del sector.

Asimismo, el sector enfrenta una alta vulnerabilidad frente al cambio climático, lo que incide en la estabilidad de la producción y en los ingresos de las personas productoras. En este contexto, resulta necesario avanzar hacia sistemas productivos más resilientes, sostenibles y eficientes en el uso de recursos”. (Plan Nacional de Desarrollo, 2026, p.104)

No obstante, pese a las debilidades y vulnerabilidades apuntadas, el diagnóstico pretende brindar un panorama optimista al mencionar que, “el sector evidencia una evolución positiva en un contexto desafiante y que el agro mantiene una base productiva sólida, que enfrenta el reto de acelerar su crecimiento relativo mediante mayor valor agregado, innovación y diversificación productiva”.

Así mismo, el diagnóstico presenta como válidos argumentos alejados de la realidad de la mayoría de los productores de diferentes actividades productivas, como la afirmación de que “las condiciones de costos de producción muestran una mejora significativa, por la disminución entre 2022 y 2025, en los precios de insumos como fertilizantes, agroquímicos y alimentos concentrados, destacando la caída del 57,5% en el precio de la urea, disminución que contribuye a mejorar la rentabilidad de las unidades productivas, aunque el sector continúa expuesto a la volatilidad de los mercados”, argumento a la postre erróneo y desactualizado, y que marca una condición diametralmente opuesta en la actualidad.

Tampoco acierta el diagnóstico, con respecto a la evolución del agro como actividad económica, al establecer que entre 2022 y 2025, el Producto Interno Bruto Agropecuario creció aproximadamente 4,5%, lo que confirma una recuperación sostenida de la actividad productiva. Este crecimiento se acompaña de un incremento del 13,6% en el Índice Mensual de Actividad Agropecuaria (IMAGRO), reflejando una expansión general de la producción, particularmente, en actividades pecuarias y de apoyo” (Idem, PND,pag103), crecimiento que en los últimos dos años ha sido negativo del -2%, mientras que el IMAGRO ha fluctuado constantemente con crecimientos negativos en varios meses, que ha hecho pensar en una recesión del sector.

Por el contrario, la realidad de la producción agroalimentaria nacional, es mucho más compleja y angustiante para muchos agricultores, como han reconocido productores y autoridades en diferentes regiones, el sector agrícola de Costa Rica enfrenta una de las crisis más graves de la última década, factores climáticos extremos, el avance de plagas y enfermedades, así como el aumento de los costos de producción(y de las importaciones), han puesto en riesgo la estabilidad de familias dedicadas a la agricultura y la ganadería, a lo que se suma que el fenómeno del Niño ha impactado de forma desigual diferentes zonas productivas(Infobae,14-6-2026.)

Frente a esa realidad del sector, el Plan Nacional de Desarrollo ofrece una propuesta limitada e insuficiente en sus metas, acciones y recursos y poco comprometida con el mejoramiento de las condiciones productivas, tecnológicas, comerciales, financieras y de los medios de vida que requieren los agricultores, sus familias y el medio rural.

Los agricultores del siglo XXI frente a su realidad y su problemática

Escrito en . Publicado en Alimentación, Derechos.

German Masís

El día de ayer en la columna de Opinión del periódico digital CR Hoy se publica un artículo titulado Los Agricultores del siglo XXI del académico Roberto Artavia, que es necesario comentar y aportar otros argumentos que expliquen adecuadamente la problemática en que se encuentran inmersos los agricultores pequeños y medianos desde hace varias décadas y el abandono de las políticas hacia este sector.

En su argumentación, el artículo aborda varios aspectos para explicar el tránsito hacia el Agricultor del siglo XXI, entre ellos la productividad, el papel de la inversión, la tecnología y el capital humano, la importancia que tienen las políticas, como algunas impulsadas en el pasado, el fortalecimiento de las instituciones y el advenimiento de la gran modernización tecnológica.

El artículo inicia haciendo mención a la baja productividad del sector, atribuyéndola primero a la baja productividad del trabajo agrícola, en relación con otras actividades económicas como la manufactura y los servicios y comparándola con la productividad agrícola lograda en otros países, comparaciones poco procedentes por las características de esas otras actividades y por políticas aplicadas en otros países como lo veremos más adelante.

Al respecto, hay que destacar que la prevalencia del aspecto de la productividad para explicar el desempeño de las actividades económicas, que es solo una de las variables determinantes del mismo, es insuficiente como lo han señalado diversos organismos incluyendo a la OCDE y que en este caso, se hace referencia principalmente a la productividad del trabajo, que en el sector agropecuario es muy heterogénea como lo menciona posteriormente el mismo autor, al comparar la productividad en las actividades de exportación y en de producción para el mercado interno, además que como es de conocimiento el análisis debe complementarse con la productividad por área productiva, fundamental en las actividades agropecuarias, que está también asociada a la escala de las unidades de producción: pequeña, mediana y grande, que tienen acceso y utilizan de manera diferenciada los factores de la producción.

Es importante también establecer adónde se originan las diferencias de productividad del trabajo y de las unidades de producción, el mismo autor adelanta que “en general las diferencias se deben a las inversiones en infraestructura, tecnología y capital humano”, que hay que recordar que son distintas, ya que las empresas sobre todo las grandes pueden y las realizan con frecuencia con su propio capital, mientras que las pequeñas y medianas(en el agro y en las pymes de otras actividades) tienen dificultades para realizar o las realizan parcialmente debido a las limitaciones de recursos.

A su vez, las posibilidades de inversión para mejorar la productividad en el agro en los aspectos mencionados por el autor, en las unidades productivas micro y pequeñas, son limitadas, por lo que deben recurrir a las instituciones del Estado, quienes en otras épocas les han ayudado a mejorar la infraestructura, la tecnología y la capacidad del recurso humano y que en algunos países, como en los países desarrollados(Estados Unidos, Europa y Japón), disponen de amplios programas de ayudas o subsidios financiados por el Estado, como el Farm Bill y la política agrícola común de los primeros, apoyos que generan grandes diferencias de productividad, producción y competitividad de la agricultura entre los países desarrollados y los países en desarrollo.

En el artículo se menciona dos momentos claves en el desarrollo económico y de la ampliación de las actividades productivas del país, interesa fundamentalmente referirse al segundo sobre la Administración Monge Álvarez, en la que, según el autor, “hizo de su gobierno la plataforma desde donde se diversificaron la producción y las exportaciones” y que en efecto fue el inicio de la política de promoción de exportaciones no tradicionales que se profundizó en la Administración siguiente. Agrega el autor, “políticas bien alineadas, como las minidevaluaciones del colón, inversiones selectivas en infraestructura, programas de capacitación y transferencia de tecnología, e iniciativas de crédito impulsaron un clima de inversiones propicio”.

Lo que no dice, es que en ese gobierno se inició el cambio en la actividad agrícola con el programa que se denominaba “Volvamos a la Tierra”, que significó el desestímulo progresivo de las actividades consideradas tradicionales y el estímulo de actividades no tradicionales para exportación, la desaparición de los programas nacionales por cultivo y el redireccionamiento de las políticas antes mencionadas y de los recursos técnico y financieros hacia las nuevas actividades.

Este cambio en la actividad agrícola, que fue ampliado en las Administraciones siguientes de Arias Sánchez, Calderón Fournier y Figueres Olsen, ligado a los programas de Ajuste estructural firmados con el Fondo Monetario Internacional, creó la diferenciación estructural entre la Agroexportación y la producción agrícola para el mercado interno, de la que se menciona poco en el artículo, pero que es crucial para explicar la situación actual del sector agropecuario.

Vale recordar que las políticas de esas Administraciones, junto al estímulo a las actividades no tradicionales de exportación, ejecutaron medidas dirigidas a desmantelar el esquema de apoyo institucional de transferencia tecnológica y de capacitación hacia los productores involucrados en las actividades agropecuarias consideradas tradicionales, que no eran otras que la producción de granos básicos, las hortalizas, los tubérculos y las frutas para consumo nacional, las cuales restringieron considerablemente la labor de las instituciones del sector: CNP, MAG, IDA, el SENARA y el PIMA y que las han llevado al bajo nivel de funcionamiento que presentan en la actualidad.

Lo anterior explica, la realidad que observa el autor, “los productores que tan amable y alegremente nos atienden en las ferias del agricultor tienen baja productividad, seguramente con algunas notables excepciones, lo que determina su ingreso y los condena a una vida dura, exigente y, muy probablemente, a la pobreza”. Lo paradójico es, que éstos productores amables, pero pobres, son los que proveen el 80% de la producción alimentaria nacional, garantizan cada semana la disponibilidad de alimentos a los consumidores de las ferias del agricultor y de los mercados locales y son los responsables directos de la seguridad alimentaria del país, pero han sido abandonados por las políticas agrícolas y por la institucionalidad del sector, que no dirige adecuadamente sus programas y acciones hacia este sector, por falta de recursos, escasez de personal técnico o simplemente por impulsar tecnologías modernas como el gobierno actual.

De ahí que las soluciones que se proponen a veces frente a la situación del agro no son las apropiadas. En ese contexto, el autor señala que “En esto no hay ningún misterio. La alta productividad del campo pasa por la agricultura de precisión y en ambientes controlados; por la aplicación de tecnología a semillas, a la fertilidad y la irrigación de los campos, a nuevas plataformas de infraestructura productiva, tecnologías digitales aplicadas al mantenimiento y control de las plantaciones, la cosecha, la logística y la distribución y exportación de los productos”, de manera similar a la posición del actual Ministro de Agricultura, que promueve la agricultura de precisión, tecnología de drones, georreferenciación y sistemas de riego automatizados, para todos los agricultores, (Surcosdigital.com, julio 2025), sin importar la baja condición económica de los productores, que muchos no tienen asistencia técnica, que no tienen acceso al crédito, que sus costos de producción se han elevado y que las importaciones de productos afectan sus precios y sus ventas.

Pero según lo expuesto en el artículo incorporar esas tecnologías es relativamente fácil, “implica alinear las instituciones, los programas, el crédito, la infraestructura, las políticas económicas y el «contrato social» del sector, implica modernizar y enfocar algunas instituciones, como el MAG, el Sistema de Banca para el Desarrollo, el INDER, y el mismo movimiento cooperativo”, o sea se trataría de revertir las políticas económicas y sectoriales de los últimos 40 años y sus efectos sobre la producción agroalimentaria para el mercado interno mediante una supuesta modernización y acción institucional que no parece tener sustento en la realidad actual.

La producción agrícola está en crisis y no podemos desconocer esa problemática, algunas actividades se encuentran en sus niveles mínimos de producción, como se ha revelado recientemente sobre la cebolla, cuya producción nacional ha disminuido mientras que las importaciones llegan a su punto más alto. Según la información, las toneladas métricas pasaron de 45.585 en el 20223 a 35.788 en el 2024, con una disminución del 21.5%, considera como una caída significativa.

Pero la cebolla no es el único cultivo cuya producción está bajando en Costa Rica. Las encuestas agrícolas desde el año 2020, han señalado que las extensiones de terreno con sembradíos de arroz, frijoles y maíz en Costa Rica alcanzaron nuevos mínimos. La cantidad de hectáreas sembradas de granos básicos en Costa Rica pasó de 154.658 en el año 1990 a 36.226 en el 2023, donde la disminución es del 75%. (Surcosdigital.com, abril-2025)

Finalmente, el documento cuestiona “¿por qué si en cada campaña electoral decimos que queremos acabar con la pobreza –en buena parte rural y agropecuaria– no tomamos las medidas necesarias para aumentar la productividad del campo a niveles que permita a los pequeños productores superar su situación?”. La respuesta según los argumentos expuestos antes es obvia, los pequeños productores no han podido superar esa situación, porque se dedican a la producción de alimentos para el mercado interno, actividad que no tiene estímulos como la exportación, ésta actividad está en manos de pequeños productores con poco acceso al capital y a la tecnología, que dependen de la asesoría técnica y de la transferencia tecnológica de las instituciones públicas que fueron desmanteladas técnica y financieramente hace muchos años, porque tienen que competir con importaciones baratas de otros países y porque los políticos y los gobiernos de turno no se han querido comprometer con una transformación de la producción interna y de la pequeña producción, aunque en campaña política prometan soluciones que nunca se cumplen.

Mientras el agro se quema, el ministro juega a los drones

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

German Masís

Haciendo alusión a la parábola de la casa que se quema, mientras un miembro de la familia se encuentra jugando a las cartas, en esa circunstancia podemos ubicar lo ocurrido el sábado anterior en el programa Estado Nacional de canal 7, bajo el título “Importaciones aplastan al agro”, conducido por la periodista Lilliana Carranza y con la participación de Kevin Gómez de la Corporación Hortícola, del consultor Renzo Céspedes y del ministro de Agricultura Víctor Carvajal.

Según la justificación del panel, la presentadora argumenta que las importaciones de cebolla extranjera crecieron un 400%, mientras que en productos como papa, tomate y zanahoria, también se registraron aumentos significativos durante el año. Esta sobreoferta en el mercado ha golpeado duramente a los agricultores.

En un artículo anterior, denominado “La producción alimentaria nacional se debate en sus niveles mínimos: el caso de la cebolla”, mencionamos que mientras las importaciones de cebolla llegan a su punto más alto, la producción nacional disminuye de manera alarmante, por lo que los productores reclaman que esta actividad va a desaparecer. Agregamos que esta actividad, se encuentra ya probablemente en los niveles mínimos a los que puede llegar.

Y ese es precisamente el debate al que el panel de Estado Nacional no logró apuntar adecuadamente al centrarse en el tema de la importaciones, que aunque es el factor desencadenante, no logra explicar la gravedad de la situación productiva, resultado de la reducción de las áreas de producción, la pérdida de áreas productivas, la salida de los agricultores de la actividad, la destrucción de empleos agrícolas y el deterioro de la condición socioeconómica de los agricultores y de las seguridad alimentaria del país.

Aunque los panelistas Gómez y Céspedes, hicieron lo posible por justificar la veracidad de las dimensiones de la importación de cebolla y su impacto sobre la reducción de los precios del producto y las pérdidas de los agricultores nacionales, el ministro de Agricultura hacía un esfuerzo por desacreditar las intervenciones de sus interlocutores y presentar lo que el Ministerio está impulsando por apoyar la producción hortícola, 3 años después del inicio de esta Administración.

En buena medida, quedó la sensación de que efectivamente ha habido un incremento de la importación de cebolla, motivado por las propias medidas que ha promovido el Gobierno, como el decreto de importación de cebolla y papa y la variación de los controles fitosanitarios de ingreso del producto, y también que el Ministro intentó evadir su responsabilidad en la adopción de dichas medidas y justificar que son inevitables ante la reducción de la producción nacional, resultado de las condiciones climáticas de final del año anterior y principios de este.

Sin embargo, en la discusión de las posiciones contrastantes sobre las importaciones, en donde una parte trata de demostrar la veracidad del hecho y el daño causado y la otra relativizar el hecho y su impacto, es difícil profundizar en las causas y en la evolución de la situación de esa actividad y de la producción agroalimentaria del país.

Exponíamos en el artículo antes mencionado, que la reducción de las áreas en la cebolla y otros cultivos, es una tendencia confirmada por los cambios en la Encuesta Nacional Agrícola de los últimos años, que pone en evidencia el deterioro de la actividad agrícola y el acercamiento a niveles de producción mínima en algunos cultivos.

Exponíamos que algunas actividades han llegado a peligrosos límites, cuyo descenso inminente, podría llevar al desabastecimiento de los productos, a la pérdida de capacidad productiva y de seguridad y soberanía alimentaria, a la salida de grandes grupos de productores, a su desempleo y empobrecimiento y cambio de uso de las tierras agrícolas, temas que debieran ponerse a la discusión con el ministro de Agricultura y otras autoridades del Gobierno, en un amplio debate nacional.

También decíamos que en los últimos meses la producción de cebolla, ha entrado en el círculo perverso de disminución de la producción nacional, aumento de las importaciones, pérdidas de los agricultores, aumento de los precios al consumidor y elevadas ganancias de los importadores, en que han ingresado otras actividades como el arroz y la papa.

En la presentación del panel del programa citado, se afirma que los productores agrícolas viven una crisis, (…) porque no solo han tenido que luchar contra las afectaciones por el clima, el alto costos de los insumos y las limitaciones para acceder al crédito, sino además con la creciente amenaza de las importaciones masivas.

Como corolario, expresa que el sector agrícola hace un llamado urgente para proteger la producción nacional, llamado que viene reiterándose desde hace varios años, en las marchas de agricultores del 2023 y en varios comunicados emitidos en los medios de comunicación el año anterior, llamado que ha sido ignorado por las autoridades del Ministerio de Agricultura y que en la actualidad debieran constituir un ultimátum a dichas autoridades que podría conducir a la paralización de la producción alimentaria nacional.

Así mientras que el agro se quema, por efecto de las importaciones y demás problemas de la pequeña producción hortícola, el ministro menciona los proyectos de riego, la agricultura 4.0 y transferencia de tecnología de punta, como el uso de drones, como si los productores y sus actividades no estuvieran a punto de ser abatidos por las llamas del mercado, la pérdida de cosechas y la escasa rentabilidad de sus actividades.

Los proyectos y las medidas mencionadas y otras incluidas en los informes anuales del MAG y en los informes anuales del presidente, debieran ser rechazadas de plano por las organizaciones agrícolas por su carácter paliativo y de bajo efecto en las condiciones de producción de los pequeños productores y hacerlo explícito en la actividades de discusión como la del sábado.

En plena campaña electoral, es necesario volver a poner la problemática agraria entre las prioridades máximas de la agenda política nacional, como se hiso hace 4 y 8 años, exigiendo propuestas y compromisos válidos de los diferentes líderes y grupos políticos, a condición de apoyar o rechazar algunas propuestas políticas y hasta la posibilidad de participar o no como sector en las próximas elecciones.