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Etiqueta: crisis económica

LA UNA ofrece salida a la crisis económica del COVID 19

Académicos de la Maestría en Planificación de la UNA brindan aportes para la atención de los efectos del COVID-19

La emergencia del COVID-19 en Costa Rica ha obligado a paralizar la economía del país, como consecuencia de la medida gubernamental de distanciamiento social y la disminución de la circulación de personas, bienes y servicios.

Esta condición tiene efectos positivos y negativos inmediatos, de mediano y de largo plazo. En consecuencia, deben formularse políticas nacionales para cada uno de esos momentos.

El VIGIA, espacio radial de la Escuela de Planificación y Promoción Social -EPPS-UNA, convocó este 15 de abril de 2020 por medio de la plataforma ZOOM (Internet) al equipo de académicos de la Maestría en Planificación, que brindaron sus aportes desde la planificación para atender los efectos inmediatos y posteriores a la emergencia nacional, que enfrenta el país a causa de la pandemia provocada por la enfermedad coronavirus covid-19 en Costa Rica.

En este espacio se conversó en torno a los efectos y las soluciones que puede aportar la planificación, ante la crisis económica inmediata que generó el aislamiento social por situaciones del COVID-19. “(…) Hemos considerado que la situación que hoy se nos presenta nos agrava aún más la temática del país, por lo tanto, hemos querido desde la planificación, hacer en primera instancia un análisis del tema y posteriormente intentar hacer una propuesta de lineamientos de acción. Nada definitivo porque sabemos que esto surge en un momento complicado, con poco conocimiento del virus, de la temporalidad en la cual debemos estar actuando y las consecuencias que un virus como este puede generar en la salud (…)”, expuso el director de la Escuela de Planificación y Promoción Social, M.Sc Ángel Ortega Ortega.

En la propuesta elaborada por los profesores e investigadores: Gonzalo Ramírez Guier, Ángel Ortega Ortega, Giovanni Rodríguez Sánchez, Alejandra Ávila Artavia, Juan Carlos Mora Montero y José Ángel Castro Granados, se expusieron los posibles escenarios en los que se puedan incidir a nivel nacional, con una mirada desde las diversas disciplinas científicas y con una visión a largo plazo, que contribuya a visualizar la sostenibilidad social y económica de Costa Rica.

“El crear un modelo de construcción de escenarios nos permite visualizar, que en este momento estamos muy saturados de información, es decir, la cantidad de información que llena las redes sociales y los grupos de chats es demasiada y esto puede llegar a dificultar la tomar de decisiones. La información juega un papel importante ante el análisis de esta situación, ya que el uso de información falsa o alterada puede hacernos construir escenarios no adecuados, explicó, Juan Carlos Mora, quien indicó que se debe tener en cuenta que los aportes compartidos con el gobierno y la sociedad, tienen como propósito impedir los peores escenarios que podría sufrir el modelo de desarrollo costarricense como consecuencia de la pandemia; como es el caso directo de la generación de más pobreza, el deterioro de la distribución del ingreso y las desigualdades regionales.

Para Mora, en la propuesta se indica que en el sector externo hay que reconstruir los vínculos económicos externos del país, de esta manera, promover más inversiones, con ello, poder unirnos a sus cadenas de valor y beneficiar a las Mipymes locales. También, se propone gravar la renta de las zonas francas con una tasa moderada, la renegociación de nuestra deuda pública y gestionar donaciones o un crédito internacional inmediato para ser pagado a largo plazo.

… “Es como pensar en medio de un incendio que uno anda con los zapatos sucios” … expresó, Gonzalo Ramírez, director de la Maestría de Planificación, al referirse en cuanto a que la preocupación actual no debe ser la estabilidad monetaria, tener la inflación en niveles muy bajos y controlados, en lograr un equilibrio fiscal; porque la realidad en el tema económico actual es diferente, dado que se ha afectado directamente la economía, pero, también la dimensión social y humana a causa de una epidemia inesperada. Lo social es sumamente importante y prioritario, por ello, se ha paralizado la economía nacional para tratar de proteger la salud de la población.

Para Ramírez, es necesario un relanzamiento de la oferta interna, principalmente dar apoyo al desarrollo del sector agrícola y de manufacturas, mediante una inversión nacional privada en el sector y fortalecimiento de centros de generación de valor agregado. Asimismo, expresó que es de suma importancia proteger y fortalecer la infraestructura turística, proponiendo incrementar el consumo turístico de los costarricenses con precios más accesibles. También se hizo referencia a los procesos educativos, en donde se sugieren implementar acciones de corto plazo para darles continuidad, y sobre la necesidad de promover la innovación y emprendimientos en el país.

En temas de relanzamiento de la demanda nacional, se expuso que desde el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) se tomen acciones ante los despidos del personal en el sector público, zonas francas, empresas transnacionales, entre otras: “ Es necesario, mejorar los procesos de administración pública, ampliar la base y aumentar los impuestos sobre ganancias de capital, apoyar la contribución solidaria sobre los salarios superiores a 1,5 millones de colones, congelar la aplicación de la Regla Fiscal por el tiempo que sea necesario”, comentó Ramírez Guier, quien agregó, que sobre la política monetaria y crediticia se está hablando en diversos espacios de abandonar el enfoque exclusivo en la estabilidad monetaria, por lo que la propuesta de EPPS-UNA, busca invertir en la obra pública generadora de empleo para el refuerzo del apoyo social, especialmente, en las zonas costeras por haber disminuido el turismo, asimismo, bajar la tasa política económica y flexibilizar las condiciones para el acceso a crédito desde la Banca de Desarrollo, para ayudar al sector de microempresas de servicios, comercio, turismo y producción.

Alejandra Ávila Artavia, comentó que: “Estamos acostumbrados a identificar las necesidades de los más pobres, pero no necesariamente las necesidades de la clase media, ni siquiera tenemos una institucionalidad para ello. No sabemos dónde ubicar estas familias que están teniendo estas nuevas necesidades y probablemente por eso se están viendo más afectados en sus empleos. Es importante canalizar ayudas a este sector particularmente. El ensanchamiento de la brecha social que se está generando ante esta coyuntura, afecta directamente a la caída de la clase media en el país y se da el nacimiento de los nuevos pobres”.

Ávila explicó, es relevante valorar el fortalecimiento urbano con relación a la gobernanza hacia los territorios, dado que este momento las regiones están siendo particularmente afectadas, por lo hay que atender las necesidades de estas, por ello, el gobierno debe actuar como un gran promotor social: En temas de política social se habla que es de suma importancia que el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) continúe atendiendo a todas esas familias en que su condición económica cambió ante esta emergencia del COVID 19”, mencionó la académica, quien agregó, que en la propuesta elaborada, se plantea de la necesidad de una política social muy activa, ya que es un imperativo a la reactivación económica, así como que el Estado priorice garantizar servicios básicos: alimentación, agua y vivienda a la población, así como atención a la población migrante en condición irregular, que en su mayoría son trabajadores en las empresas agrícolas.

Como parte del programa radial, los académicos expusieron, que, en cuanto a la implementación de la estrategia, es necesario tener claridad de que el IMAS cubre una población determinada, la cual es atendida desde su estructura de gestión regular y a través de programas ya establecidos. En este sentido, para que el IMAS pueda contribuir en la operacionalización de la estrategia de emergencia, es necesario separar la población actualmente atendida, de aquella constituida por las nuevas familias que deberán ser cubiertas con la política social temporal. Esto permitirá visualizar con mayor certeza la nueva población a atender y darle servicios específicos más adecuados a sus circunstancias.

Los académicos, reafirman que, para efectos de mayor control y eficiencia del gasto de atención de emergencia, se debe crear el Fondo Nacional para el Manejo de la Emergencia COVID-19, administrado por uno de los Bancos Estatales y en donde ingresen todos los recursos movilizados para la atención de la crisis, incluso las donaciones de origen privado.

Se propone crear una Comisión Nacional para la atención de la crisis, con amplia capacidad ejecutiva (incluso debería considerarse la pertinencia de nombrar un ministro ad hoc), con una estructura operativa descentralizada, para cada uno de los 82 cantones del país, desde donde se detecten, organicen y capaciten todas las familias que por razones de la crisis se encuentran en una condición de vulnerabilidad económica o social. Esto se considera pertinente por cuanto la población que mayor impacto sufrirá a partir de hoy, es aquella informal o autoempleada y pobre, que, dada la disminución o paralización de la liquidez, se ha quedado sin sus fuentes normales de ingresos. Esta es una población identificable por parte de los gobiernos locales, el IMAS, la CCSS o el Ministerio de Hacienda a través de Tributación Directa. El papel de las municipalidades es clave en este ejercicio de descentralización local de las acciones de política social de emergencia.

Las personas académicas de la Escuela de Planificación y Promoción Social, consideran que las repercusiones de esta crisis tendrán efecto en el largo plazo. De ahí, que el país deberá enfrentar grandes retos y un probable deterioro en los ingresos y la calidad de vida de amplios sectores, y para ello contaremos con escasos recursos. La coyuntura socioeconómica aún antes de la crisis no era favorable.

En esas circunstancias, es necesario más que nunca contar con una visión estratégica y un Plan Nacional de largo plazo, porque la asignación de recursos tendrá que ser cuidadosamente orientada a la obtención de objetivos que también deberán ser definidos después de un proceso prospectivo muy riguroso. Esta construcción estratégica no puede lograrse eficazmente si no es con la participación real de amplios sectores de la sociedad. Quienes participaron en la elaboración de la propuesta han ofrecido integrar un grupo de trabajo junto a MIDEPLAN para el propósito señalado.

Según los planificadores de EPPS-UNA, en concordancia con la necesidad de elaborar dicho Plan Nacional; este debe expresar metódicamente intereses y objetivos estratégicos ampliamente compartidos, debe considerarse la necesidad de descentralizar la toma de decisiones y dar énfasis y acompañamiento a las instancias regionales, cantonales y locales de planificación y organización, incluyendo desde las municipalidades y los concejos distritales hasta las organizaciones de sociedad civil más diversas.

Desde la Universidad Nacional, y desde la Maestría en Planificación de la Escuela de Planificación y Promoción Social, sus voceros ratifican su incondicional compromiso con la comunidad nacional, de trabajar sin descanso en la transformación de esta crisis en un futuro de desarrollo, oportunidades y prosperidad para todos y todas.

ENLACE A LA PROPUESTA COMPLETA:
https://www.facebook.com/notes/epps-una/covid-19-epps-una-efectos-y-soluciones-a-nivel-pais-aportes-desde-la-planificaci/3013669592033459/
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http://www.epps.una.ac.cr/index.php/noticas-y-eventos/303-covid-19-epps-efectos-y-soluciones

Por: Efraín Cavallini Acuña. Académico EPPS-UNA
María Laura Jiménez Villalobos. Estudiante EPPS-UNA

Sector público: primera línea de defensa contra el COVID-19 y otros ataques

Para el SEC es de profunda preocupación la ruta por la que ha llevado la discusión del Presupuesto Extraordinario en la Asamblea Legislativa.

Es inaudito que en las actuales circunstancias de crisis sanitaria y económica provocada por la Pandemia del COVID-19, pretendan aprobar ese presupuesto donde casi el 70% será destinado al pago de Deuda Externa.

Consideramos que la prioridad debe ser única y exclusivamente hacer frente a los gastos que genera nuestro sistema de salud pública y solventar las necesidades apremiantes de los sectores más pobres del país, incluyendo aquellas familias que ciertas empresas retrogradas conservadoras dejaron en abandono al reducir jornadas, suspender contratos y despedir personal ¡Es injusta y repugnante esa conducta!

Alertamos que en ese presupuesto extraordinario se establece un recorte de ¢11,3 mil millones, que provienen del no pago de anualidades a los trabajadores del sector público, esto sin estar en discusión el proyecto de ley 21917 sobre las anualidades.

Basta de tanta persecución, represión y amenazas contra el Sector Público, de pretender arrebatarle los componentes salariales de ley que con justo derecho y dignidad se han ganado (dedicación exclusiva, carrera profesional. salario escolar, aguinaldo y otros).

Es el momento de que el Poder Ejecutivo recurra a los entes internacionales para que busque financiamiento que ayude a resolver el problema estructural de la economía nacional sin tener que arrodillarnos ante el yugo opresor del condicionamiento, que además pone en riesgo nuestro Estado Social de Derecho, dicho en otras palabras: “No entregarnos a las políticas neoliberales de la privatización y recorte del Estado”, no debemos aceptar este chantaje.

La crisis que enfrentamos debe ser atendida con la solidaridad de todas y todos, aportando proporcionalmente de acuerdo con nuestras posibilidades sin egoísmos y sin intereses particulares, sin intereses neoliberales salvajes.

Costa Rica somos todas y todos, el sector público está en la primera línea de defensa ante esta pandemia, no lo desgasten más, ya que mantener este ataque podría aumentar el detrimento social de miles de familias.

“Evasores y Elusores YA ES HORA DE que aporten a esta crisis, en vez de escudarse en el SECTOR PÚBLICO”

 

Imagen ilustrativa.

Enviado por SEC CR.

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CTRN pide respuesta a autoridades por finanzas de sector laboral

Compartimos las siguientes consultas enviadas a diputados, diputadas, ministro de Hacienda y presidente del Banco Central en cuanto a la situación financiera de amplios sectores laborales y de pequeñas empresas afectadas por la crisis económica provocada por el COVID-19. Las cartas son firmadas por Juan Carlos Durán Castro, Secretario de Seguridad Social de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN).

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Carta abierta a quienes más recursos tienen en Costa Rica: Una salida costarricense frente a la emergencia requiere de sus aportes

Estimados señores y estimadas señoras:

El país atraviesa por la más grave crisis económica y social desde 1948. Ya antes de marzo de 2020 había 1.7 millones de personas viviendo en unas condiciones tales de pobreza que no podían resolver sus necesidades más básicas de alimento o vivienda. La diferencia entre los ingresos de ustedes y los de estas personas impresiona: ustedes son 100, el 0,002% de la población de Costa Rica, pero reciben al menos 37 veces más ingresos que 1 millón de costarricenses– esto de acuerdo al Banco Mundial y sin contar su patrimonio expresado en múltiples bienes como casas, fincas, o capital. Además, después de haber sido un país aplaudido por su igualdad socioeconómica, Costa Rica era ya antes de marzo de 2020, uno de los más desiguales de América Latina.

A abril de 2020, este escenario es muchísimo peor ya que, estimaciones aún muy conservadoras nos indican que producto de la pandemia generada por el COVID-19, hay entre nosotros y nosotras, un millón de personas más en condiciones de pobreza.

Los hemos escuchado decir que su éxito empresarial, su diversificación y el crecimiento de sus empresas se ha debido a su esfuerzo personal y familiar. Reconocemos que han hecho esos y otros esfuerzos. Sin embargo, para que lo hecho a nivel individual y familiar se tradujera en el éxito que han logrado, este país les ha dado a ustedes mucho más que al promedio de familias costarricenses. Con fondos públicos, financiados por toda la población, Costa Rica les ha dado una fuerza laboral altamente educada y sana gracias a la educación pública y a la Caja; un clima de estabilidad social para ustedes y sus empresas; energía sostenible y estable; asesorías, promoción de sus exportaciones y atracción de inversiones; subsidios por miles de millones de dólares en exenciones fiscales, incentivos a las exportaciones,  devoluciones de dinero, créditos a bajísimas tasas de interés, y, acceso privilegiado a la banca pública.

En resumen, ustedes, el 0,002% de las personas de este país, tienen asegurado su futuro, y el de sus próximas generaciones. A la vez, tienen una deuda enorme con Costa Rica. Su campaña de recolección de dinero para comprar mascarillas ayuda, pero no alcanza: más de dos millones de costarricenses carecen de un ingreso básico para las próximas semanas. Sin su contribución será imposible sostener a la Caja que todos tanto valoramos y evitar que la mayor parte de la población caiga en la pobreza. Ayudar a evitar que miles de costarricenses caigan en la pobreza es también, en el mediano y largo plazo, sostener sus empresas e inversiones.

De nada servirá intentar salvar a la “primera clase” si se hunde todo el barco: el país, ustedes y su futuro depende de que como sociedad contemos con dinero público para enfrentar las crisis y financiar la reconstrucción post COVID-19.

El país requiere que ustedes den un paso al frente, sean ejemplo, y aporten un impuesto temporal destinado a financiar la emergencia nacional. La mesa está abierta para definir un uso transparente de estos recursos y de otros que podrían ser parte de un fondo solidario frente a la emergencia nacional. Nos dirigimos a ustedes quienes más recursos tienen en nuestro país:

Wilhelm Steinvorth FIFCO
Walter Kissling – Carao Ventures
Victor Oconitrillo – Grupo Sama
Víctor Mesalles – Grupo COMECA
Tomás Gilmore – Sardimar
Tomás Dueñas – INTACO
Steve Aronson – Café Britt
Silvio Lacayo – Desyfin
Sergio Egloff – Productos de Concreto
Salo Ponchner – Multifrío
Rubén Pacheco – Enjoy Group
Román Salazar – Constructora Edificar
Rodrigo van der Laat – Constructora van der Laat & Jiménez
Rodrigo Uribe – Grupo Cuestamoras
Rodrigo Salas -Grupo Farmanova-Intermed-Sucre
Rodolfo Tabash  – BAC Credomatic
Rodolfo Jiménez – FIFCO
Roberto Zamora – Banco Lafise
Roberto Artavia – LEAD University
René Picado – TELETICA
Raymond Tang-Lee – Banco Cathay
Ramón Mendiola – FIFCO
Rafael Mencia – AERIS
Philippe Garnier- Garnier & Garnier
Orlando Soto – ACOBO Corporación
Olga Cozza-Teletica
Maurizio Musmanni – Roma Prince
Mauricio Prada -Opticas Visión
Mauricio Bruce – ILG Logistics
Mario Amrhein – FACO
Marianela Ortuño – IMPROSA
María Andrea Arias – Ingenio Taboga
Marcos Dueñas – INTACO
Marco Tristán – BCT
Marco Cercone -Lucema
Manuel Francisco Jiménez – Grupo Nación
Manrique Constenla – CIAMESA
Manrique Arrea – Holcim
Luis Manuel Chacón – EDICA
Luis Javier Castro – Mesoamérica
Luis G. Ramírez -Grupo TICAL
Leonel Baruch – CRHOY
José Rossi – LEAD University
José González – Grupo Numar
José Antonio Sauma – Mesoamerica
José Álvaro Jenkins -Azucarera El Viejo
José Alberto Castillo – Grupo Colono
Jorge Walter Bolaños – Banco Cathay
Jorge Trejos – TRAESA
Jorge Oller -DIPO S.A.
Jorge Acon -Grupo Acon
Javier Quirós – Grupo Purdy Motors
Jaime Mesalles – Grupo COMECA
Jaime Gurdián – Agrosuperior
Jack Loeb  – Banco PRIVAL
Hernán Solís – Grupo H Solís
Harry Strachan – Mesoamerica
Hans Spesny -HA Logística
Gonzalo Delgado -Constructora Delgado
Gonzalo Chaves – Dos Pinos
Gilbert Meltzer  -CEMACO
Gerardo Volio – Volio & Trejos
George Durman- Durman Esquivel
Gastón Monge – Grupo Monge
Francis Durman- Grupo Montecristo
Fernando Contreras – REPRETEL
Federico Odio – BAC CREDOMATIC
Familia Zingone – Grupo Zeta
Familia Zamora– Grupo Pedregal
Familia Wasserstein – Laboratorios Stein
Familia Marín Raventós -Corporación Raventós
Familia Giordano – Grupo Sur
Familia Chavarría Ferraro – Grupo MEGA
Familia Alonso Guzmán- AutoMercado

Familia Aizenman – Grupo VEINSA
Ernesto Castegnaro – Grupo Cuestamoras
Emilia Amado – Grupo Cuestamoras
Eliseo Vargas Fagre -EVCO Constructora
Eladio Bolaños – AMCO
Edgar Zurcher – Zurcher Raven Odio
Daisy Puig – Grupo Marta
Cristina Masís – Mercado de Valores
Carlos Wong – Coyol Free Zone
Carlos Víquez – Air Costa Rica
Carlos González -Grupo Pelón
Carlos Fischel – ILG Logistics
Carlos Federspiel – Universal
Carlos Federico Monge – Grupo Monge
Carlos Chotocruz -ITS
Carlos Cerdas -Grupo MECO
Arturo Giacomin-Banco Davivienda
Armando Javier González Jiménez- AM PM y Fresh Market
Armando González Fonseca – AM PM y Fresh Market
Antonio Burgués -BCT
Andrés Pozuelo – Alimentos Jack’s
André Garnier – Ministro Coordinación
Amadeo Quirós – Grupo Purdy Motors
Alvaro Carballo – Zona Franca Coyol
Alfredo Volio – Upala Agrícola
Alan Saborío – Deloitt

Fuentes: Merco (2019), Revista Suma (2018), Revista Eka (2015), Revista Forbes (2019)**

La autoridad moral para demandar que otros aporten solo pueden tenerla dando un paso al frente y contribuyendo solidariamente a financiar al Estado y a la gente que tanto les han dado El resto de quienes continúan teniendo ingresos estables y altos, también podrán y deberán sumarse.

Atentamente,
Costa Rica
Si estás de acuerdo con esta petición compartila.

**Efectivamente: ni están todas las personas que son, ni son todas las personas que están. Pero, se acerca mucho y al igual que la medición de la pobreza, es perfectible (aunque los datos más difíciles de obtener).

Compartido con SURCOS por varias personas. Circula en redes digitales.

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CTRN solicita alivianar situación financiera de trabajadores

La Central de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN), entregó a las autoridades, en nombre de miles de trabajadores y de sus familias costarricenses,  pero también pensando en las micro y pequeñas empresas (MIPYMES); un documento solicitando aliviar la pesada situación financiera que viven los y las trabajadoras, pues si las deudas de los núcleos familiares y las MIPYMES crecen de manera desmedida, perderán por completo la capacidad de pago.

Compartimos la nota.

15 de abril del 2020

Nota sobre documento CTRN N° 083-2020

El documento fue enviado de parte de la Confederación de Trabajadores RERUM NOVARUM CTRN, dicho documento fue firmado por Lenin Hernández Navas, Presidente CTRN y por Juan Carlos Durán Castro, Secretario de Seguridad Socia CTRN, este se dirige a Diputados y Diputadas Jefes y Jefas de Fracción.

Asunto: Trámite y Aprobación de Expediente Legislativo 20861.

La organización se apersona ante las autoridades, en nombre de miles de trabajadores y de sus familias costarricenses, pero también pensando en las micro y pequeñas empresas (MIPYMES); para solicitarles que interpongan sus buenos oficios, a fin de aliviar la pesada situación financiera que viven hoy estos estamentos sociales.

Se menciona que las tasas de interés que les cobran por esas deudas no tiene relación alguna con parámetros como la inflación, las tasas de referencia bancarias o la tasa básica, pues hay personas que están soportando tasas del 210%, 120%, 80 % y 50% anual.

Dado lo anterior hay personas que se están aprovechando de los afectados y ofrecen el capitalizarles la deuda y los intereses de sus obligaciones, con lo que el compromiso económico de cada uno crecerá a tasas exponenciales, lo que los condena a cuotas cada vez mayores que se harán impagables.

Si las deudas de los núcleos familiares y las MIPYMES crecen de manera desmedida, perderán por completo la capacidad de pago y serán los mismos entes financieros quienes no podrán recuperar su capital, por lo que en algún momento también sufrirá el sistema bancario.

Algunos datos reveladores que permiten visualizar la preocupación son que:

1-        El 60% de las familias costarricenses tienen deudas, esto significa concretamente unas 920.000 familias.

2-        Según datos del BCCR, el saldo de la deuda de los hogares en el sistema financiero supervisado por la Superintendencia de Entidades Financieras (SUGEF), ha aumentado casi en un 70% en colones corrientes del año 2013 al 2018.

3-        Conforme se avanza en el quintil de ingreso, el porcentaje de hogares con al menos una deuda crece. Por ejemplo, un 41% de los hogares del quintil I, tiene una deuda, mientras que en el III y en el V, esos porcentajes son del 59.4% y del 74%, respectivamente.

4-        El 30% de los préstamos se tienen con comercios tipo almacenes de electrodomésticos y agencias de autos.

5-        Tomando cifras de estudios diversos se puede concluir que unos ₵4 billones están a tasas efectivas promedio del 60%.

Petitoria

Debido a lo anterior, con relación a la deuda privada generada en el país y la medidas tomadas por los entes financieros de recapitalizar las obligaciones crediticias de los deudores, se solicita con urgencia la aprobación del proyecto de ley contenido en expediente Legislativo 20861, pero con una tasa de interés para tarjetas de créditos, créditos de consumo y de emprendimiento más favorable para los deudores, tal como lo hacen los países pertenecientes a la OCDE, como punto de referencia.

 

Imagen enviada a SURCOS por CTRN.

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El Covid-19 en Costa Rica: Opciones frente a la crisis económica

Luis Paulino Vargas Solís
Economista
Director Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo
(CICDE-UNED)
Versión PDF de este artículo puede ser descargada desde esta dirección: https://www.academia.edu/42740458/El_Covid-19_en_Costa_Rica_Opciones_frente_a_la_crisis_econ%C3%B3mica

Este breve ensayo tiene básicamente dos propósitos: caracterizar las implicaciones fundamentales que nos trae la crisis económica surgida de la emergencia sanitaria del covid-19, y, sobre esa base, revisar, con espíritu constructivo, las diversas propuestas que han sido formuladas, desde diversos ámbitos de la ciudadanía y la academia.

Solo marginalmente menciono las que el gobierno de Carlos Alvarado ha venido impulsando, y dejo de lado los planteamientos de la ortodoxia económica, los cuales permanecen atrapados dentro de las redes de sus conocidos prejuicios ideológicos. Los planteamientos de la UCCAEP y sectores afines, sumamente cercanos a los de esa ortodoxia, no son considerados, dado el carácter estrechamente gremialista, el tono ideologizado y el énfasis negativo que les caracteriza. O sea: me remito a propuestas que tengan un tono innovador y constructivo, y que asuman una perspectiva amplia.

Por otra parte, este artículo se limita a examinar las opciones de corto plazo, orientadas a tratar de aliviar el impacto inmediato de la crisis. En un escrito posterior, espero abordar la discusión sobre los aspectos de mediano y largo plazo, relacionados, prioritariamente, con el esfuerzo de recuperación que, en su momento, deberemos emprender.

  1. Introducción: ¿qué significa la crisis económica que enfrentamos?

La crisis sanitaria del covid-19 nos trae, desde el punto de vista económico, un bajón abrupto, el cual implica un empobrecimiento repentino.

La caída es, con seguridad, algo sin precedentes, al menos desde la crisis que el país vivió a inicios del decenio de los ochenta, y puede que, en el plazo inmediato, sea incluso peor. Sin embargo, quiero ser optimista y decir que, si se hacen bien las cosas, si existe la necesaria voluntad de diálogo y liderazgos lúcidos y comprometidos, la recuperación podría ser mucho más rápida.

¿Qué magnitud alcanzará la contracción que la economía experimente en estos meses? No lo sé, pero seguramente será de dos dígitos: por encima del 10%, o más. Al menos así será durante algunos meses. Imaginemos metafóricamente que la producción nacional total, equivalía, hasta el mes de febrero pasado, a 1000 kilos de gallopinto, los cuales debían distribuirse entre la población para que todas y todos comiesen. Sabemos que alguna gente se hartaba y a otras personas solo les llegaban unos granitos. Pero, bueno, el caso es que disponíamos de esos 1000 kilos. Con la crisis del covid-19, nos enfrentamos a la cruda realidad de que 150 o quizá 200 kilos se esfuman en el aire.

Es una pérdida terrible que se visibiliza de muy diversas formas. Para las personas que pierden su trabajo y cuyo salario desaparece, la pérdida es real y se siente de forma cruda y directa. Cuando el sector público –según las propuestas impulsadas por el gobierno de Carlos Alvarado y aprobadas por la Asamblea Legislativa– decide posponer el pago de diversos impuestos y reducir cuotas del seguro social, se está haciendo cargo de una parte de esa pérdida, lo cual luego se visibilizará en un mayor déficit fiscal, y en una complicada situación financiera para la Caja.

Pero, en fin, dada que la pérdida no solo es real, sino además severa ¿cómo la vamos a sobrellevar?

Existen cuatro opciones básicas:

  1. Buscamos la forma de repartir la pérdida, es decir, buscamos ver cómo se reduce la cuota de la producción nacional que correspondía a cada quien, visto que el total de ésta ha disminuido. O sea, asumimos que el golpe está dado, que es real y que toca ver como apechugamos. Nada garantiza a priori que ese reparto de la pérdida sea equitativo. Por un imperativo ético y moral, pero también porque sería políticamente lo más sensato, debemos proponernos lograr que sea un reparto realmente justo y equitativo. Y, de hecho, desde el punto de vista económico eso sería, asimismo, lo más conveniente, ya que, de hecho, ello suavizaría el bajón de la economía.
  2. Buscamos las posibles “buchacas” que tengamos guardadas, o sea, algunos ahorros de los cuales echar mano, para sobrellevar la situación. Al recurrir a este procedimiento, procuraríamos que no se sienta la pérdida sufrida, o que se sienta lo menos posible, en cuyo caso esos ahorros de nuestra buchaca deberían beneficiar a quienes la crisis golpea más, no a quien no sufre su efecto o lo sufre en grado poco significativo. De alguna manera, hacer esto equivale a gastar los ahorrillos disponibles, aunque también las cosas podrían organizarse de forma que, al invertirlos con prudencia y sentido de prevención, razonablemente podamos esperar su recuperación posterior, aunque sea parcial. Pero, nuevamente, poner a circular esos ahorros –que de otra manera habrían permanecido inactivos– traerá beneficios para la economía, en términos de atenuar la reducción de la demanda y, entonces, de la producción.
  3. Recurrimos a alguna forma de crédito, o sea, de deuda, que nos permita, o por lo menos, nos ayude a “cruzar el río”, esto es, que nos ayude a sobrellevar el golpe sin que éste se sienta, o, en todo caso, se sienta lo menos posible. O sea –para ser más preciso– sin que lo sientan, o siquiera lo sientan menos, los grupos sociales a quienes la crisis afecta más. O por lo menos, así deberían ser las cosas, si queremos salir moralmente fortalecidos de la crisis, y si nos interesa preservar la paz social. Deberían ser entonces créditos lo más blandos posible, en cuanto a tasas de interés y plazos, pero, también en este caso habría que tratar de crear condiciones que permitan contar con capacidad futura de pago, para cumplir las obligaciones adquiridas, sin que éstas se conviertan en un nuevo problema. Esos créditos y esa deuda podrían activar sectores de la economía que de otra manera podrían quedar paralizados, y, por lo tanto, brinda otro elemento atenuante de la recesión económica.4. Llevamos a cabo una cuidadosa reasignación de recursos, desde usos relativamente prescindibles, o abiertamente despilfarradores o suntuosos, hacia la atención de cuestiones en este momento son prioritarias. De hecho, la actual situación de cuarentena está generando ahorros en el sector público (horas extras, combustibles, viáticos, etc.), que son potencialmente aprovechables para fines hoy urgentes. Otros rubros, que sí son claramente prescindibles (publicidad, dietas de juntas directivas y similares) podrían generar más ahorros. El esquema progresivo de tributos y subsidios a que hago referencia en el punto 1), deseablemente debería ser un mecanismo que opere en el mismo sentido: como una transferencia de ingresos de usos menos prioritarios –o francamente superfluos– hacia otros que lo sean en mayor grado.

Veamos con más detalle, cada uno de los puntos indicados

  1. La pérdida está ahí: ¿cómo la repartimos?

Si realmente existe el propósito de que el reparto sea justo y equitativo, para ello debemos recurrir a un esquema progresivo de impuestos y subsidios, mediante un recargo temporal a algunos impuestos, y, quizá, la aplicación transitoria de otros tributos actualmente inexistentes. Esta idea, sobre la que he venido insistiendo en mis publicaciones en redes sociales y que adelanté en un artículo previo (Vargas Solís 2020), es asimismo respaldada por un colectivo de organizaciones vinculadas a la economía social y solidaria (Comisión Consultiva del Consejo Presidencial de Economía Social 2020), como también por el diputado Welmer Ramos (Ramos 2020).

Que los recargos tributarios sean progresivos significa una cosa: lo pagarán quienes puedan pagarlos, y pagarán más quienes más capacidad de pago tengan, sin hacer ningún distingo entre lo público y lo privado. Todos y todas quienes puedan, deberán hacerlo. El diseño de estos tributos, sin embargo, debe hacerse de forma que se tenga en cuenta la situación de crisis que vivimos. Por ello, enfatizarán los ingresos, rentas y patrimonios personales y familiares, y solo accesoriamente la actividad empresarial. De tal modo, darán una contribución adicional las empresas que sigan teniendo ganancias, no las que están siendo golpeadas por la crisis, a las cuales deberán concedérsele los apoyos necesarios. No obstante, lo cual es obvio que deberán mirarse con especial rigor aquellas empresas que, sospechosamente, por años han reportado ganancias cero. Sería un crimen imperdonable que se reitere ese tipo de comporta

Proceder de esta forma es lo correcto, desde el punto de vista moral y ético, pero también es políticamente lo más sensato, puesto que ello contribuiría a preservar la paz social. Pero, además, es una medida económicamente conveniente, ya que los ingresos serán transferidos desde sectores con mayores tasas de ahorro, hacia grupos que, por sus desventajosas condiciones sociales (incluyendo, en lugar prioritario, a las mujeres solas, jefas de hogar), de seguro los consumirán en su totalidad, lo que contribuirá a atenuar la contracción económica.

Otra propuesta (aparte las que ya he mencionado) que retoman la idea un esquema de tributos y subsidios, es la de Francisco Esquivel (Esquivel Villegas 2020), si bien Esquivel establece un umbral muy alto para la imposición de un impuesto adicional sobre ingresos del trabajo, y claramente omite toda referencia a rentas pasivas y grandes patrimonios. Por su parte, la organización CIBICO (CIBICO 2020), si bien parte de una posición que explícitamente rechaza todo posible incremento de impuestos, al especificar su propuesta se incluye el cobro de “contribuciones no reembolsables”, que, al parecer, se cobrarían sobre las tasas de interés (o pagos por intereses) que se aplican a los créditos que conceda cualquier entidad financiera. Este sería simplemente una forma de impuesto indirecto, posiblemente de carácter regresivo, o sea, gravoso en mayor grado para el pequeño que para el gran deudor. Señalo esto intentando advertir que un impuesto no deja de serlo tan solo porque se le ponga otro nombre, y que tenerlo conceptualmente claro es siempre importante y necesario.

En el anexo, formulo una propuesta de posibles recargos temporales a varias categorías de impuestos, a fin de ilustrar adicionalmente este punto.

  1. Recurrimos a posibles ahorros (buchacas) disponibles

Cuando la economía nacional sufre un abrupto desplome y cuando, en consecuencia, la masa de ingresos que circulan también se contrae, una forma de suavizar el impacto de tan severa caída es recurrir a posibles “buchacas” que tengamos guardadas, o sea, ahorros que la actual situación de crisis eventualmente nos obligaría a utilizar.

El expresidente Figueres Olsen, en sus propuestas presentadas en videos por medio de Facebook (Figueres Olsen 2020), plantea recurrir a algunas de tales “buchacas”. Dos de las que menciona son las siguientes: los recursos disponibles en FONATEL (₡175 mil millones, aunque algunas notas de prensa ubican la cifra en ₡204 mil millones), para llevar fibra óptica y conexión de banda ancha a todo el país, y fondos de la banca para el desarrollo para constituir un fondo de garantías por ₡75 mil millones, que permita movilizar créditos por ₡750 mil millones, en beneficio de unas 50.000 micro, pequeñas y medianas empresas. En este segundo caso, la idea tiene una doble faceta: aprovechar un ahorro disponible para poner en marcha un mecanismo de crédito y deuda.

Las reservas en moneda extranjera en poder del Banco Central, son, claramente, otro ahorro que la sociedad costarricense ha hecho a lo largo de los años. Ello inspiró la propuesta formulada inicialmente por el exgerente del BNCR, don William Hayden (Delgado 2020). La idea es retomada por alguna otra gente, incluyendo a Esquivel (Esquivel Villegas 2020), la Maestría en Planificación de la Escuela de Planificación y Promoción Social de la UNA (Maestría en Planificación-UNA 2020), y el propio Figueres Olsen (Figueres Olsen 2020). Consiste en utilizar $1000 millones, o poco más, de las reservas en moneda extranjera del Banco Central, para constituir un fondo de ₡600 mil millones, que permita conceder, durante 4 meses, un subsidio mensual de ₡250.000 a 500.000 familias en necesidad. En principio, es una idea que goza de innegable atractivo.

El economista y banquero Gerardo Corrales (Corrales 2020), critica esta propuesta apelando a una argumentación de manual de economía, tan antojadiza y burda como simplista[1]. No obstante, lo cual permanece un punto que tendría que ser considerado: si se quisiera apelar al uso de las reservas del Banco Central para los fines indicados, debería haber razonable certeza acerca de los flujos netos (entradas menos salidas) de divisas con que estimamos que podremos contar en próximos meses. El caso es que, bajo las actuales circunstancias de crisis, al país no le conviene, en absoluto, que el precio del dólar pudiera desestabilizarse.

Recurrir a estas “buchacas” es razonable, en vista de las duras circunstancias actuales. Conviene también contemplar mecanismos que permitiesen su recuperación futura, siquiera parcial. En las propuestas de Figueres Olsen, se ofrecen algunas opciones con ese fin. En particular, y en lo que se refiere al uso de las reservas del Banco Central, propone que les sean devueltas mediante los recursos obtenidos a partir de un impuesto de ₡3 por cada mil colones transados o movidos en el sistema financiero. Se trataría entonces de un impuesto proporcional, no tan justo ni equitativo como uno desearía.

El uso de superávits de once instituciones públicas para fortalecer los fondos de lo que el gobierno de Carlos Alvarado ha llamado “Plan Proteger”, implica la utilización de un ahorro disponible, con el fin de paliar los efectos de la crisis. Y siendo que la prioridad en este momento es clara y no admite discusión, en todo caso es cierto que, en algún momento futuro, habrá que ocuparse de las posibles implicaciones que ello pueda tener para las instituciones concernidas.

  1. Recurrir a deuda

El uso de crédito, y por lo tanto de deuda, adquiere formas muy diversas, que el sentido común no siempre capta en su verdadera naturaleza. Hay un crédito y una deuda, cada vez que hoy se dispone de algo, que será pagado –total o parcialmente– en el futuro. De hecho, la banca contemporánea de continuo crea dinero al conceder crédito, de una forma tal que equivale a “jalar dinero del futuro” para su uso hoy, suponiendo que el futuro, quien recibió el crédito, generará el dinero necesario para pagar lo adeudado.

Desde la moratoria temporal concedida a las empresas para el pago de diversos impuestos, a las posibles reestructuraciones de créditos, entran en esta categoría. Pero, de hecho, y para mencionar otro ejemplo, la reducción en los pagos de las cuotas del Seguro Social, tiene la misma consecuencia. En la práctica es un subsidio que la Caja concede a empresas y personas, lo cual hoy abre una brecha financiera en su contabilidad, y que la misma Caja –o mejor dicho el país en su conjunto– deberá financiar en el futuro de alguna forma. Por lo tanto, es una deuda que, a través de la Caja, asumimos como colectividad ciudadana costarricense.

El uso del financiamiento externo por $500 millones, proveniente de la Corporación Andina de Fomento (CAF), como parte de los recursos que el gobierno contempla en su Plan Proteger, tiene, muy explícitamente, ese mismo carácter.

La propuesta de Figueres Olsen, a la que ya he hecho referencia, para un programa de crédito por ₡750 mil millones de colones destinado a beneficiar a 50.000 micro, pequeñas y medianas empresas, combina la utilización de un ahorro disponible (₡ 75 mil millones provenientes de fondos en manos de la banca para el desarrollo), con la generación de deuda.

La propuesta de concesión de créditos en condiciones blandas destinados a micro, pequeñas y medianas empresas, y emprendimientos de la economía social y solidaria –una respuesta frente a la crisis que apela al uso de deuda–, goza de mucha aceptación, y, por ejemplo, es también mencionada por el colectivo de organizaciones de la economía social y solidaria a que he hecho referencia anteriormente (Comisión Consultiva del Consejo Presidencial de Economía Social 2020), así como también por la Maestría en Planificación de la UNA (Maestría en Planificación-UNA 2020).

En cada caso, la decisión de asumir una deuda tiene una doble faceta: ayuda a sobrellevar y aliviar la urgencia, y pone en movimiento recursos que de otra manera quedarían desaprovechados, con lo que también alivia el retroceso de la economía. Pero, además, y en lo posible, el asunto debería ser ubicado en una perspectiva más amplia: hay que pensar cómo lo pagaremos mañana. Y ello implica interpelarse, en primera instancia, acerca de cómo llevaremos adelante el proceso de recuperación de la economía una vez la crisis sanitaria se supere, y, en plazos más largos, qué tipo de economía queremos construir. El crédito y la deuda que hoy se movilicen, deberían entonces satisfacer al menos tres requerimientos básicos: paliar el golpe de la crisis, contribuir a distribuir equitativamente sus costos, y generar hoy condiciones que faciliten mañana la recuperación de la economía. Porque seguramente vamos a requerir de una economía más productiva, más inclusiva y equitativa, lo cual es indispensable para que las deudas que la emergencia nos obliga a asumir, puedan ser cubiertas sin dar lugar a nuevas situaciones de crisis.

  1. Reorientación de recursos hacia usos prioritarios

La idea es muy simple: recursos que hoy están siendo destinados a usos relativamente suntuarios, prescindibles o accesorios, serían reorientados hacia los usos prioritarios que la crisis impone.

Es fácil pensar en el sector público: reducir, por ejemplo, pagos de consultorías, publicidad y viajes al extranjero. Incluso dietas que se pagan a juntas directivas. Las anteriores, entre tantas otras posibilidades. En la propuesta de CIBICO se le da mucha relevancia a esta posibilidad, a la cual se le designa como “operación sombrero” (CIBICO 2020). Lo cual es ciertamente correcto. Sin embargo, se plantean cifras sumamente abultadas (alrededor de ₡1 billón, cerca del 3% del PIB), sin explicar de dónde salen.

En todo caso, la crisis ha hecho redundantes algunos gastos en el sector público, no porque fuesen destinados a usos “prescindibles”, sino porque la alteración del normal funcionamiento institucional hace que esos recursos queden “parqueados”, siendo entonces susceptibles de reasignación a usos que hoy son urgentes. Por ejemplo, es seguro que se está dando una importante reducción en gastos de combustibles, horas extras y viáticos. Incluso en rubros como electricidad y servicios telefónicos, que las personas asumen por su cuenta, al tener que trasladar su sitio de trabajo a sus propias casas.

Pero si realmente interesa reasignar recursos de usos prescindibles y accesorios –incluso suntuarios– hacia lo realmente prioritario, ello vale en general, y no solo para el sector público. El problema que enfrentamos –de una magnitud excepcional– es nacional en el pleno sentido de la palabra, y ello desde al menos dos puntos de vista: concierne y afecta a todo el país, y siendo además un problema de alcance planetario, condiciona desde fuera nuestros márgenes de maniobra. Por ello lo superfluo o suntuario no debe ser buscado solo en el sector público. También existe, y muy abundantemente, en el sector privado. Reasignar recursos de esos usos claramente prescindibles, hacia lo urgente, es justificado.

En el sector público, se puede hacer mediante decisiones administrativos y, en algunos casos, decisiones políticas. Pero tratándose del sector privado probablemente habrá que recurrir a lo que planteé en el primer punto: una reforma tributaria justa y progresiva –siquiera temporal– que traslade ingresos gastados en lo superfluo y suntuario hacia la atención de lo prioritario y urgente. Y ello incluye desde el consumo de cigarrillos y bebidas alcohólicas, hasta las expresiones de consumo extravagante y suntuoso que caracteriza el estilo de vida de los muy ricos.

 

ANEXO

Algunos ítems a considerar dentro de una reforma tributaria progresiva que alimente un Fondo Nacional Solidario y algunas otras necesidades urgentes

  1. Recargo progresivo a los salarios netos suficientemente elevados, tanto en el sector público como en el privado. Podría ensayarse una escala progresiva de este tipo: 5% por encima de ₡1,5 millones mensuales; 10% por encima de ₡2,5 millones; 15% por encima de ₡5,0 millones; 20% por encima de ₡6,0 millones; 25% por encima de ₡10,0 millones.
  2. Recargo del 10% en el impuesto sobre la renta a empresas grandes (el cual, como es obvio, y en virtud del diseño mismo del impuesto, lo pagarán solo las empresas que tengan ganancias).
  3. Recargo progresivo al impuesto sobre rentas y ganancias de capital. Podrían establecerse alícuotas marginales en el orden del 20, 25 y 30%, para montos lo suficientemente elevados, de modo que se los pequeños ahorristas y propietarios queden protegidos.
  4. Incremento de un 50% en los impuestos de consumo sobre bebidas alcohólicas, cigarrillos, perfumes importados, u otras formas de consumo suntuoso o prescindible.
  5. Incremento temporal, durante el año 2020, del impuesto sobre autos de lujo, o cualquier otro tipo de vehículo de transporte (yates, helicópteros, etc.) de tipo suntuario. Podría ensayarse una escala de este tipo: 5% por encima de ₡10 millones; 7,5% por encima de ₡20 millones; 10% por encima de ₡50 millones.
  6. Incremento temporal, durante 2020, del impuesto sobre casas de lujo. Por ejemplo: un incremento del 50% en todas las tasas actualmente vigentes de este impuesto (en cuyo caso, por ejemplo, casas cuyo valor exceda de ₡1.978 millones de colones, cuya tasa hoy día es del 0,55%, pagarían un 0,825%).
  7. Impuesto del 0,5% sobre cualquier transacción en divisas (a fin de desestimular la exportación de capitales).

Bibliografía

CIBICO. «CIBICO (blog).» Ciudadanos por el Bien Común ante la crisis. San José, 4 de abril de 2020.

Comisión Consultiva del Consejo Presidencial de Economía Social. Resumen de propuestas iniciales para enfrentar la crisis sanitaria, social y económica de la Covid-19 desde una perspectiva social y solidaria. San José, 2 de abril de 2020.

Corrales, Gerardo. «La Revista.» Un llamado a la cordura en «Los tiempos del COVID-19». San José, 3 de abril de 2020.

Delgado, Gustavo. «William Hayden propone alternativa para que el gobierno no recurra a impuestos solidarios.» elmundo.cr, 28 de marzo de 2020.

Esquivel Villegas, Francisco. «La Pluma CR.» Hacia un programa fiscal-monetario, con enfoque distributivo, para enfrentar la presente crisis. San José, 6 de abril de 2020.

Figueres Olsen, José María. «Facebook.» Propuesta de José María Figueres Olsen para combatir los efectos del COVID19-3a parte. San José, 1 de abril de 2020.

Maestría en Planificación-UNA. «Propuesta para la atención de los efectos inmediatos y posteriores a la emergencia que enfrenta el país a causa de la pandemia provocada por la enfermedad Covid-19 en Costa Rica.» Heredia, 2020.

Ramos, Welmer. «20 medidas urgentes para afrontar la crisis económica del coronavirus.» San José, 2020.

Vargas Solís, Luis Paulino. «Soñar con los Pies en la Tierra (blog).» Costa Rica: apuntes para un programa económico urgente frente a la crisis del Covid-19. Alajuela, 27 de marzo de 2020.

 

Tomado del blog: https://sonarconlospiesenlatierra.blogspot.com/

Enviado por el autor.

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SEC: UCCAEP no tiene vergüenza… Pide no ver proyecto de usura

Mientras que solicitan al Gobierno reducir salarios y afectar la estabilidad económica de la clase trabajadora, aprovechan esta emergencia nacional para cuidar su capital. Qué mayor muestra de cinismo que la carta enviada por esta Cámara, al presidente de la República, donde piden que el proyecto 20861 de usura, no sea convocado a sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa, esto sin justificación alguna.

Recordemos que este proyecto pone tope a las tasas de interés, permite delimitar el delito de usura y castigar a quienes lo aplican, beneficiando a toda la población, por lo que lamentamos aún más, el que haya legisladoras y legisladores que favorezcan las peticiones de la UCCAEP. 

¿Por qué los medios de comunicación también callan estas acciones, acaso no son la voz del pueblo?

Mantengámonos Unidos para enfrentar esta arremetida contra la clase trabajadora.

 

Enviado por SEC.

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ANDE denuncia alerta Magisterio Nacional y personas trabajadoras del sector público

La tarde de hoy, lunes 06 de abril, las y los dirigentes de ANDE, BUSSCO y otros sectores sindicales, nos hemos reunido, de manera virtual, con autoridades del Gobierno, para discutir sobre las medidas económicas que se tomarían para enfrentar la crisis ocasionada por el COVID-19.

ALERTAMOS al Magisterio Nacional y a las personas trabajadoras del sector público en general, que el Gobierno del PAC, valora entre dichas medidas, *ELIMINAR COMPONENTES DE NUESTROS SALARIOS». Excluyendo al sector salud y a la fuerza pública.

ANDE le recordó al Gobierno que al sector público *ya se le eliminó el ajuste por costo de vida 2020*. Es decir, el sector público ya aportó esa parte de su salario para la atención de la emergencia, y, además, *contribuimos mes a mes al país con el pago del impuesto sobre la renta y a la seguridad social»

Fuimos enfáticos en que las y los empleados del sector público tenemos compromisos financieros que cubrir, y *somos el soporte de familiares nuestros que se están quedando sin empleo en estos días*.

Le advertimos al Gobierno que, si se continúa cargando la crisis sobre nuestras espaldas, eventualmente, la crisis estallará y nosotros(as), servidores y servidoras del sector público, también terminaremos necesitando de las ayudas especiales.

Lo que el pueblo debe saber es que, a finales del 2018, con el Combo Fiscal, *se les entregaron privilegios tributarios a sectores empresariales*, a ellos hay que cobrarles. «Las zonas francas siguen sin pagar impuestos en Costa Rica*, a ellos hay que cobrarles. *En nuestro país, los defraudadores fiscales, evaden anualmente el equivalente al 8% del PIB*, a ellos hay que cobrarles. *Existen familias con grandes fortunas, los realmente ricos, que no han hecho el mínimo aporte para la atención de la emergencia*, a ellos hay que cobrarles.

Reiteramos, NO es momento de seguir asfixiando a las familias trabajadoras costarricenses. NOSOTROS(AS) YA APORTAMOS Y SEGUIMOS APORTANDO MES A MES DE MANERA SOLIDARIA AL PAÍS.

Hacemos un llamado a la Asamblea Legislativa a rechazar las medidas empobrecedoras de la Administración del PAC.

POR LA DEFENSA DE LA CLASE TRABAJADORA Y LA JUSTICIA SOCIAL

 

Imagen ilustrativa.

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UNA: CINPE propone medidas ante impacto de COVID-19

Olman Segura, director CINPE, UNA.

Ante la emergencia por el Covid-19, el Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional (Cinpe-UNA), propone una serie de medidas de política económica de mediano, corto y plazo urgentes, que acompañen las acciones que ya se han venido discutiendo en la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo, para mitigar los efectos económicos de la crisis.

Olman Segura Bonilla, director del Cinpe, y varios académicos de la institución se dieron a la tarea de estudiar y redactar 18 propuestas, algunas ya encaminadas por los poderes Legislativo y Ejecutivo y otras que generarían un empuje en la economía nacional para afrontar la crisis económica generada por la pandemia del Coronavirus que apenas inicia. Acá les presentamos un extracto de ellas. Otras propuestas se encuentran en el documento completo (www.cinpe.una.ac.cr).

Urgente inmediato:

  • Cadenas cortas de bienes básicos durante y después de la emergencia: Las cadenas cortas son aquellas que acercan al productor con el consumidor en espacios locales y son mecanismos de desarrollo productivo. En Costa Rica hay institucionalidad que las ha promovido, en especial las ferias del agricultor, con 76 operando a lo largo del país, los Centros Agrícolas Cantonales (CAC), Centros de Procesamiento y Mercadeo de Alimentos (Ceproma), los nuevos diseños de los mercados mayoristas, como el Mercado Regional Chorotega, en Carrillo de Guanacaste. Banca para el Desarrollo debe invertir en este campo.
  • Plan de Salvamento: Crear un fondo para un programa inmediato y solidario de salvamento para las personas trabajadoras del sector no público (sector privado, cooperativo, asociativo, etc) de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) para el pago parcial de los salarios, condicionado a no despedir a los trabajadores. Varias fuentes de financiamiento se enumeran en el documento de propuestas.
  • Potenciar el Programa de Abastecimiento Institucional (PAI): El empleo rural es fundamental, por lo que se deber replantear el PAI como un organismo independiente del CNP y establecer alianzas con el Programa de Incremento de Mercadeo Agropecuario (Pima), para vincularlo con la filosofía de mercados de circuitos cortos que el Pima está desarrollando a nivel regional. La banca pública debe capitalizar el PAI para apoyarle.

Corto plazo (Año 2020)

  • Robustecer los mecanismos de Defensa Comercial: Para fomentar las economías rurales en tiempo de crisis del covid-19 y desde la arista de defensa comercial, sin que esto signifique el retorno al proteccionismo, sino el cumplimiento de los compromisos pactados.
  • Regulación económica: Implementar un fuerte control de precios de oligopolios en el sector de medicinas, sector construcción (cemento y materiales de construcción), bancario, entre otros, como una medida por mantener precios justos, contribuyendo a abaratar los costos en el país.
  • Renta básica universal: Pasar del actual esquema de transferencias condicionadas que no ha logrado reducir la pobreza del 20% en los últimos 25 años, a uno de renta universal mínima, transfiriendo a las familias pobres, desempleados y personas excluidas del sistema económico, un equivalente a lo requerido para vivir dignamente. El financiamiento se explica en el documento.

Mediano plazo (2020-2023)

  • Moratoria de la deuda pública internacional. El Gobierno debe solicitar la moratoria de tres años del servicio de la deuda externa a los organismos financieros internacionales, igual que lo están haciendo otros países.
  • Utilizar parte de las Reservas Monetarias Internacionales. El país tiene depositadas en el Banco Central de Costa Rica (BCCR) suficientes reservas internacionales ($8.000 millones) para respaldar las transacciones internacionales que se realizan, por lo tanto, apoyamos la propuesta del Sr. William Hyden, de considerar el uso de una parte menor de las mismas para inyectar liquidez al mercado local, y brindar apoyo transitorio a la emergencia del covid-19. Debe ponerse especial cuidado en el uso de los recursos para que se utilicen prioritariamente en la emergencia hospitalaria y de los ingresos de los trabajadores del sector no público.
  • Empresas de servicios públicos. Es importante estar atento y vigilante de las condiciones productivas y garantía de continuidad de las empresas de servicios públicos, aunque realicen una moratoria de tres meses para el pago de sus servicios a la ciudadanía. La electricidad, telefonía, internet, servicios de agua, recolección de basura, provisión de combustible y otros no deben detenerse, menos por desatención de potenciales vacíos en la cadena de abastecimiento o cambios en el consumo, derivados de los cambios en las costumbres de los hogares.

***Mayor información con: Olman Segura, director del Cinpe-UNA (8709-0386) o con la Oficina de Comunicación de la UNA, con el periodista Johnny Núñez (8674-8535).

 

Enviado por Oficina de Comunicación UNA.

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BUSSCO: costo económico de la emergencia COVID-19 no puede seguir recayendo en los hombros de la clase trabajadora costarricense

CONSIDERANDO QUE:

  • El mundo entero enfrenta una emergencia global por el virus SARS-COVID-19, que está provocando la toma de medidas excepcionales por parte de los gobiernos de muy distinto tipo: restricciones de movilización, medidas sanitarias, cierres de negocios, medidas laborales, acciones económicas de emergencia, etc.
  • Las medidas económicas propuestas y anunciadas por los defensores de la economía de mercado, evidencian el carácter neoliberal y anti laboral del gobierno PAC/PUSC/PLN, cuya única propuesta es descargar en la clase trabajadora el peso económico de esta grave situación.
  • Las medidas están concebidas para proteger al sector empresarial: moratoria a las empresas de 3 meses del pago de IVA, del Impuesto Sobre la Renta y del Pago de Aranceles en Aduanas que podría prorrogarse hasta por 4 meses; tarifa preferencial por concepto del seguro de riesgos de trabajo para empresas menores de 30 trabajadores; la CCSS pospone hasta el 30 de junio cierre de negocios por morosidad; se exige además que las contribuciones a la seguridad social se hagan proporcionales a las jornadas laboradas y el pago diferido de las mismas; se aprobó la reducción de jornadas laborales y la suspensión de contratos de trabajo; el ejecutivo rebajó los salarios (“reajuste salarial”) del año 2020 a todo el sector público y finalmente se anuncia un nuevo impuesto o rebajo de los salarios para trabajadores públicos, privados y jubilados.
  • El Combo Fiscal aprobado significó crecimiento del desempleo, la desigualdad social y la pobreza, que se agravará por la crisis sanitaria por el Covid-19, con efectos devastadores para el pueblo y principalmente para los sectores con mayor vulnerabilidad de nuestro país.
  • La receta neoliberal impulsada desde el gran capital financiero y ejecutada desde el gobierno PAC/PUSC/PLN, en asocio con la UCCAEP para enfrentar esta crisis, tendrá consecuencias sociales que acentuarán la exclusión social y el empobrecimiento del pueblo costarricense.

BUSSCO DEMANDA

1- Al Gobierno un cambio de rumbo en la propuesta económica para enfrentar esta grave crisis, que protege solo intereses de los sectores económicos dominantes y del gran capital financiero, para concentrarse en proteger al pueblo trabajador y a los sectores más vulnerables que siempre salen perjudicados con las crisis que produce el sistema.

2-        Denunciar que la clase trabajadora del sector público es la más impactada y la que más aporta al Estado a partir de la entrada en vigencia de la Ley 9635, que provocó una reducción inmediata en los salarios, además del pago del 13% de IVA en la totalidad de servicios que consumimos y que anteriormente no estaban gravados; pago de más Impuesto de Renta y nuevas cargas tributarias en las pensiones.

3-        La prioridad del Gobierno, además de la atención de la salud, debe ser la protección del empleo formal y de la economía informal que representan el 45% del total del empleo nacional (cerca de 1 millón de trabajadores), que van a ser las primeras víctimas de la crisis económica.

4-        El gobierno debe de impulsar un gran paquete de ayudas económicas, para sectores de trabajadores formales e informales que van a perder su empleo y también para los sectores que antes de la crisis estaban en condición de desempleo y que serán golpeados con mayor severidad.

5-        Los recursos que el Estado requiere para atender esta emergencia deben de surgir de medidas fiscales y tributarias que pongan el acento en combatir efectivamente la evasión y elusión fiscal del Impuesto de Renta y del IVA; gravar las grandes ganancias de capital y el patrimonio; gravar las transacciones financieras del gran capital y revisar integralmente el gigantesco y opaco sistema de exoneraciones y privilegios fiscales que goza el sector corporativo empresarial y financiero.

6-        Rechazamos contundentemente cualquier intento irresponsable del gobierno de poner nuevos impuestos al salario y a las pensiones, ello significa acentuar la vulnerabilidad de los sectores laborales del sector público y privado, que en este momento enfrentan una gran incertidumbre sobre su futuro.

7-        Exigimos al gobierno abrir espacios de diálogo con el movimiento sindical específicamente con el Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (BUSSCO), con el fin de trabajar en la búsqueda de propuestas que garanticen medidas de emergencia equilibradas y principalmente orientadas a proteger a los sectores sociales vulnerables de nuestra patria.

BLOQUE UNITARIO SINDICAL Y SOCIAL

San José, Costa Rica

1 de abril, 2020

 

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