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Honduras socialista y democrática

Escrito en 01/02/2022. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Fernando Astorga Gatjens

El compromiso, claro y firme, de la presidenta Xiomara Castro de llevar a Honduras, por la senda del socialismo-democrático, debe llenar de esperanzas a un pueblo azotado por la pobreza y la miseria, la desigualdad social y la desesperanza, la corrupción rampante y la violencia, a la que lo empujaron, con mayor profundidad y fuerza, los once años de gobiernos neoliberales y corruptos, que preceden su mandato.

El jueves, 27 de enero le fue colocada la banda presidencial a la primera mujer hondureña en convertirse en la jefa del Ejecutivo, en los 200 años de vida republicana del hermano país centroamericano.

Su primer discurso como presidenta, expresado ante su pueblo y delegaciones representantes de diversos Estados, fue sólido y categórico, en distintos sentidos. No se anduvo por las ramas. Ni edulcoró las cifras duras de la realidad social y económica de su país (tal y como la deja la presidencia de Juan Orlando Hernández), ni dejó de expresar que tomará distancia del neoliberalismo, que ha heredado cifras trágicas para su país, al convertirlo en el más pobre del continente americano.

La pobreza en Honduras alcanza alrededor del 70 % de su población y se incrementó hasta un 75 % como consecuencia de la pandemia, combinada con las graves inundaciones y otras secuelas, provocadas por los huracanes Eta e Iota. Prácticamente, ocho de cada 10 hondureños son pobres. Igualmente, la miseria ha alcanzado a una mayor cantidad de familias, mientras la riqueza se ha concentrado aún más.

La crisis económica y la descomposición social son causas, junto a violencia delictiva, en gran medida provocada por la actividad del narcotráfico, de la migración hacia el norte del continente. Muchas familias y personas al vislumbrar un horizonte tan sombrío para sus vidas se organizan en caravanas para aventurarse a un peligroso viaje en la ruta Guatemala-México para llegar a la hostil frontera estadounidense.

La presidenta Castro Sarmiento fue electa en noviembre anterior, como candidata del Partido Libertad y Refundación (LIBRE). Obtuvo una holgada diferencia en la segunda ronda. Se impuso con el 51,12 % de los votos frente a Nasry Asfura del oficialista Partido Nacional, que logró el 36,93 %. En el año 2009, Manuel Zelaya fue derrocado por desarrollar políticas sociales que favorecieron a los trabajadores y al pueblo de su país, y por proyectar convertir el aeropuerto de la base militar de Estados Unidos en Palma Sola, en un aeropuerto comercial; lo que no fue bien visto por el gobierno de Obama-Biden que –con su actuación y omisiones– mostró que respaldó el golpe contra Zelaya.

En su discurso, la presidenta formuló una apreciación situacional del país tan esclarecedora como sombría. Mostró como en el periodo que calificó de dictadura (2009-2022), el país fue saqueado en distintos campos y se impuso un gobierno corrupto y vinculado con el narcotráfico, que ha ido tan lejos en su complicidad como que un hermano del expresidente saliente ha sido condenado a cadena perpetua en Estados Unidos por narcotráfico. Asimismo, Juan Orlando Hernández para eludir la justicia y asegurarse disfrutar la impunidad en los próximos cuatro años, se hizo elegir diputado en ese refugio inoperante que es el Parlamento Centroamericano.

«El Estado de Honduras ha sido hundido estos últimos 12 años y lo recibo en bancarrota, el país debe de saber qué hicieron con el dinero y dónde están los 20 millones de dólares que sacaron en préstamos, mi gobierno no continuará con la vorágine de saqueo que ha condenado a las generaciones de jóvenes a pagar la deuda que contrajeron a sus espaldas. Debemos arrancar de raíz la corrupción de los 12 años de dictadura; tenemos el derecho de refundarnos sobre valores soberanos, no sobre la usura y el agiotaje», expresó Xiomara Castro con energía y claridad meridiana.

Por su parte, en el ámbito de la política exterior, se pronunció a favor del multilateralismo y la complementariedad entre los Estados y naciones del orbe. Con ello toma una prudente distancia con las políticas de la Casa Blanca, que sigue obsesionada en un unilateralismo hegemonizado por Estados Unidos, cuando este país nunca se ha encontrado en una posición de tanta debilidad como en el presente, tanto en el crepitar de su deteriorada democracia como en un mundo caracterizado por una creciente multilateralidad.

Al final de su esperanzadora alocución, la presidenta de Honduras enumeró 22 medidas económicas, sociales, anticorrupción, por la justicia y la seguridad. Tengo la certeza de que tiene por delante un camino muy empinado y desafiante. Hay poderosas fuerzas externas e internas que buscarán evitar que avance en la ejecución de su programa de Gobierno y que, incluso, lo buscarán descarrilar. De hecho, aún antes de jurar como mandataria, ha debido enfrentar la traición de 18 diputados de su partido, que se aliaron con los partidos del desastre reciente, a la hora de definir al presidente del Poder Legislativo. Así las cosas, se ha elegido dos directorios para el Congreso Nacional; situación que está en las sedes judiciales y que tendrá que quedar definida pronto.

«Nuestra visión del mundo antepone al ser humano por sobre las reglas del mercado…», expresó Castro Sarmiento, con lo que busca orientar un cambio del modelo que ha prevalecido en los últimos tiempos. Se trata de transitar del individualista modelo neoliberal (terrible para las mayorías, exitoso para una minoría plutocrática) a uno centrado en la inclusión social y en la defensa de los derechos humanos, para todos.

Con un profundamente sentido: «¡Hasta la victoria siempre!», la presidenta Xiomara Castro selló un discurso que traza un camino hacia un Socialismo Democrático hondureño, que aviva las esperanzas del pueblo catracho por mejores tiempos y que debe ser motivo de aliento de los pueblos latinoamericanos, que han venido eligiendo en los años recientes, gobiernos de corte progresista que rompen con un neoliberalismo, que es responsable de desastres sociales por doquier.

Ojalá que este flujo de corrientes progresistas de la región se exprese en estas elecciones del 6 de febrero en nuestro país, para que la democracia costarricense sea fortalecida y retornemos por la senda abandonada por los Gobiernos del PLN, PUSC y PAC, de un Estado Social de Derecho, como el que singularizó al país a finales del siglo anterior.

(1 de febrero, 2022)

No hay problema con dobles candidaturas

Escrito en 19/10/2021. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

Que haya muchos candidatos a la Presidencia de la República, para mí, no es un grave problema. Es tan solo una expresión de la diversidad actual de la sociedad costarricense que se manifiesta en la necesidad organizativa de ciudadanos preocupados por la forma de cómo se maneja, dirige y gobierna el país.

Puede ser también una respuesta para tratar de despejar el escenario de nubarrones que afecta el cielo patrio en torno a los principales problemas que se perciben por los ciudadanos, y ante los graves problemas que se mencionan en la cotidianidad de la vida política y gubernativa nacional, como en la necesidad de formularles respuestas y soluciones, alternativas a las que se impulsan por el Gobierno, por el Partido Acción Ciudadana y sus aliados parlamentarios.

En un escenario más tétrico podría ser una respuesta desesperada de ciudadanos ante la percepción de una gran crisis económica social y política, y una gran ingobernabilidad, donde cada grupo organizado, en estos partidos, trata de resolver su situación procurando llegar a la Presidencia de la República, puesto que niegan que los partidos existentes y el gobierno puedan seguir gobernando y resolviendo los problemas del país y de los ciudadanos.

Esta respuesta organizativa de ciudadanos en tantos partidos solo puede ser eficazmente válida si estos partidos, y sus candidatos, hacen de su participación electoral, verdaderas propuestas de solución a los distintos problemas que cada uno de ellos, y sus partidos, ven como los principales del país, y los esenciales de los ciudadanos.

Esto adquiere mayor dimensión en estas elecciones porque, por la reforma constitucional de iniciar el gobierno, en mayo próximo, con las sesiones extraordinarias del Poder Legislativo, le da músculo político a los candidatos, en este caso a todos, para que en esa perspectiva digan a los ciudadanos, a los electores, cuáles serán sus principales proyectos de ley y cuáles serán sus primeros decretos ejecutivos, a partir del 8 de mayo, en atención a los temas que han agitado, o agitarán, en la campaña electoral, o que ofrezcan en sus discursos e intervenciones públicas, así como lo que señalen en sus respectivos Programas de Gobierno, que deben poner en copia ante el Tribunal Supremo de Elecciones, aunque sea solo para el archivo histórico de esa Institución.

Esto también corresponde al inicio de la Costa Rica del Bicentenario, a partir de ahora, a esperar que los partidos y sus candidatos nos digan cómo quieren dirigir y cuales proyectos de ley y políticas públicas trazarán para la Costa Rica de los próximos 10 o 20 años por lo menos.

En la historia electoral del país siempre ha habido variedad de partidos con candidatos presidenciales. Solo en una ocasión hubo dos candidatos. Antes de 1948 era frecuente la elección entre dos o tres candidatos.

Desde 1998 ha habido más de ocho partidos presidenciales en cada proceso electoral. En las elecciones del Siglo XXI, desde 1998 hasta el 2018 ha habido bastantes partidos con candidatos presidenciales, llegando a tener en una papeleta hasta 15 candidatos. En esta ocasión se produce un salto porque hay en posibilidad de que en el 2022 participen hasta 27 partidos políticos con candidatos presidenciales.

En los resultados que se produzcan tampoco habrá gran problema, porque los votos presidenciales se dividen entre los partidos y candidatos que participan, quedando ganador el que obtenga más del 40% de los votos válidamente emitidos, o pasando a una segunda ronda electoral los dos que tengan mayor cantidad de votos o mayor porcentaje electoral, inferior al 40%, definiéndose el ganador de la segunda vuelta con el mayor número de votos, sin porcentaje básico. Tampoco tiene importancia porque el Gabinete, el Consejo de ministros, el Consejo de Gobierno, no se integra proporcionalmente entre los partidos que participan luchando por ganar la presidencia. Estos quedan por fuera. El Presidente electo y su partido nombran a mano llena a todos los ministros, sin obligación alguna de considerar a personas de otros partidos. El que gana la presidencia hace, como se dice popularmente, mesa gallega, arrea con todo, saca el provecho total sin que sea abusivamente porque así está establecido el sistema electoral y así ha operado siempre. No evita que un Presidente pueda integrar miembros de otros partidos o de otros gobiernos en su Gabinete.

Desde 1998 existe la reforma electoral que permite que los candidatos presidenciales puedan ser, a la vez, candidatos a diputados. En las elecciones desde 1998 hasta el 2018 poco se ha usado este mecanismo. En las actuales elecciones muchos candidatos presidenciales van a la doble postulación. Esto es lo novedoso y “escandaloso”, como se ha tratado de pintar. Pero, eso no quiere decir que los dobles candidatos tengan asegurada su curul legislativa. Eso no es tan fácil y puede resultar muy difícil para la mayoría de estos postulantes. En ese nivel legislativo juegan otras reglas electorales que afectan a los partidos pequeños, a los nuevos partidos, a los partidos que se organizan ad hoc, para cada elección, para los partidos que en la práctica no son permanentes.

En el nivel legislativo operan normas electorales que favorecen exclusivamente a los partidos mayoritarios y tradicionales, que sacan tantos votos que logran elegir cocientes, los votos suficientes para elegir un diputado y subcocientes, la mitad más uno de esos votos para elegir otro diputado. Es frecuente que esa cifra de subcociente a veces sea menor que la que tiene otro partido que no alcanzó cociente ni tampoco logró el subcociente, pero el diputado se lo asignan al partido que ya tuvo cociente. Sobre esto opera también el llamado residuo mayor de igual forma, lo que en la práctica parlamentaria elimina varios diputados que podrían ser representativos de núcleos poblaciones o electorales.

Si el Parlamento, la Asamblea Legislativa, es una instancia de representación popular, no debería tener un sistema de escogencia de diputados que elimina representantes populares de partidos pequeños, favoreciendo la concentración en los partidos grandes. Debería darse la oportunidad a la mayor cantidad de representantes legislativos, por poca población que representen, porque eso son esos diputados, los representantes de esa poca población. De eso se trata.

Curiosamente ningún partido pequeño, de los que han electo diputados, se han preocupado por impulsar esta reforma legislativa que favorecería a los partidos pequeños, y al mayor número de ciudadanos que tendrían sus representantes.

Se podrá pensar que el sistema existente es para evitar la proliferación de diputaciones unipersonales y facilitar con ello la gobernabilidad. La práctica parlamentaria demuestra que cuando se separan diputados de sus partidos y se declaran “independientes” esa realidad se produce, lo que obliga a mayor capacidad de negociación política parlamentaria, que es lo que debe haber en la Asamblea Legislativa. Obligaría también a que los partidos políticos se desarrollen como grandes organizaciones permanentes, con líderes políticos más reconocidos nacionalmente.

Cuando son los candidatos presidenciales los que se postulan a la doble candidatura, como en esta ocasión, puede hacer que lleguen a la Asamblea líderes políticos de mayor peso, que a la vez faciliten la toma de decisiones y los acuerdos políticos.

Si se quiere evitar esto hay que avanzar hacia un sistema parlamentario, o al menos a uno semi parlamentario, pero se requiere, de igual manera, un gran acuerdo político nacional, que ojalá, en el próximo período legislativo, y de gobierno, se pueda tratar esto con una gran discusión nacional, que ya es necesaria.

El único problema que presenta tantas candidaturas es la presentación pública de los candidatos para debates. A nivel privado no hay problema porque ya está definido por disposiciones legales y jurisprudencia electoral que los sectores privados pueden hacer debates e invitaciones a aquellos candidatos que quieran oír. No están obligados a oír a todos ni a provocar debates con todos. A nivel público, de cualquier institución pública o medios de comunicación públicos, si hay obligación de invitar y de tomar en cuenta a todos los candidatos, en igualdad de condiciones, de tiempo y horarios de preferencia de radioaudición o televisión.

Las Cámaras empresariales ya hicieron una primera escogencia. Unos días después igualmente lo hizo el periódico La Nación. Estos grupos empresariales y económicos probablemente se moverán con un grupo de unos ocho candidatos que irán zarandeando hasta inicios de diciembre, cuando terminen con un pelotón de cabecera electoral de unos seis para llegar a inicios de enero con cuatro máximo, con lo cual refuerzan las encuestas de opinión pública, que miden opiniones de ciudadanos, que se informan con estos medios, orientando, de esa manera, la voluntad final de los votantes hacia unos candidatos sobre los otros. Para estos grupos el número de candidatos no importa. Lo que les importa son los candidatos que escojan como principales para finalmente optar dentro de ellos. Algo parecido, con mayor dificultad, harán los grupos sociales y alternativos a los partidos tradicionales. La fragmentación y división político-ideológica que hay, en toda la oferta electoral, perjudica mucho en estas decisiones, donde hay que “partir” votos en la práctica.

El 22 de octubre se cierra el plazo para que los partidos cumplan con todos los requisitos ante el Tribunal Supremo de Elecciones, para asegurar su participación. Esperemos estos diez días que quedan, para ver cuáles partidos quedan debidamente inscritos.

(Artículo publicado en la Columna Pizarrón, del periódico La República, en su edición digital, larepublica.net, el miércoles 13 de octubre del 2021).

Carta franca de un agricultor al FMI

Escrito en 09/10/2021. Publicado en Derechos.

Por José Oviedo

Señores Representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI)

Estimable Señores:

Les saludo, les doy la bienvenida y les deseo una estancia fructífera y agradable en Costa Rica.

En nombre de las agrupaciones de productores agropecuarios de Costa Rica, quiero aprovechar su visita de evaluación y valoración a nuestro país, para darles a conocer algunas consideraciones, que –con seguridad– no se las expresarán los representantes del Gobierno de la República y tampoco serán recogidas por los medios de comunicación dominantes en el país.

Mi punto de partida es que entiendo que los objetivos que articulan y gobiernan la gestión del Fondo Monetario Internacional (FMI), son –al menos– los que siguen:

a) Promover la cooperación internacional.
b) Garantizar la estabilidad financiera.
c) Facilitar el comercio internacional.
d) Promover el crecimiento de empleo.
e) Impulsar el crecimiento económico sostenible.
f) Reducir la pobreza en el mundo entero.

La Señora Kristalina Georgieva, Directora Gerente del FMI ha manifestado en distintas ocasiones el compromiso del FMI, ante la grave y profunda crisis global generada por la pandemia de la Covid-19, de apoyar a los países de ingreso y medio para salir adelante. Ella se ha manifestado consciente de que esta crisis está repercutiendo en los países en forma desigual, afectando más significativamente a países como Costa Rica, que ya mostraban los síntomas de una crisis económica antes de la pandemia y que ésta, lo que ha hecho es agravarla. Eso mismo sucede al interior de los países, donde hay amplios sectores de la población que han visto deteriorarse sus ya precarias condiciones de vida.

La pandemia ha profundizado la pobreza en Costa Rica y ha generado una crisis social, cuyas dimensiones todavía no se han podido medir a cabalidad, en virtud de que la pandemia se mantiene tristemente viva entre nosotros. Son muy oportunas las palabras del Papa Francisco, cuando dice: “De las crisis se sale mejor o peor que antes. De nosotros depende elegir”.

a. Cooperación internacional. Respecto del primer objetivo, que compartimos plenamente, debo decirles que a nuestro entender la cooperación es la actuación conjunta para alcanzar una meta común, y que ninguna persona está tan enloquecida, menos aún un país, para establecer acuerdos y programas para estar mal.

Pienso asimismo que la cooperación internacional, sana, democrática y justa pasa por reconocer y aceptar como legítimos los intereses de todos y cada uno de los países que pactan un acuerdo. Esto tiene que ver no solo con el respeto mutuo, sino, en lo fundamental, con acuerdos que garanticen la justicia social, única plataforma que hará posible que se materialicen los objetivos de su organización.

b. Garantizar la estabilidad financiera. Nuestro entender nos dicta que en pobreza y con el estómago vacío, jamás habrá estabilidad social y política en un país. Por el contrario, solo zozobra e inseguridad, que es a donde han llevado los acuerdos desbalanceados, antinacionales y antipueblo, que ha impulsado la Administración Alvarado Quesada y que su organismo ha aceptado.

c. Facilitar el comercio internacional. Parto de que el comercio internacional exitoso es una derivación de la sana cooperación internacional y éste solo se puede dar si se asegura un precio justo a nuestros productos, en el mercado internacional.

d. Promover el crecimiento de empleo. De acuerdo a nuestro pensamiento, promover el empleo es promover la dignidad de las personas y con ello la grandeza de un país. Ahora si el empleo tiene crecimiento mucho mejor. Sin embargo muchos esclavistas en el siglo pasado, se jactaban de producir empleo al enterrar a sus súbditos.

e. Crecimiento económico sostenible. Según nuestro entender crecimiento no es igual a desarrollo. El primero se reduce a cifras y estadísticas frías, tanto así que el Chile de Pinochet alardeaba de crecimiento económico sobre la miseria de ese pueblo bravío. Todo esto formó parte del experimento neoliberal que empezó a ver su fin hace dos años, con las movilizaciones sociales que ha desembocado en la nueva Carta Magna, que construye la Convención Constituyente, que con seguridad ya no tendrá como matriz la fracasada propuesta neoliberal.

f. Reducir la pobreza en el mundo entero. Este objetivo sí que nos produce satisfacción. Es un componente clave en la Agenda 2030/ Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, con la consigna de que nadie se quede atrás. Espero de verdad que su organismo y nuestro pueblo puedan alguna vez coincidir en términos prácticos con esta aspiración.

Quiero expresarle con tristeza y amargura que esos objetivos que –en teoría—gobiernan al FMI, al contrastarlos con lo que está sucediendo en mi país, se han convertido en saludos a la bandera. La devastadora pandemia solo ha hecho que se acortaran los plazos en el “logro” de empobrecernos y ha empujado a muchas personas a la miseria. Cerca de 1 millón de desempleados.

El rostro de la miseria es femenino y juvenil, de personas con discapacidad y campesino también, mientras el 1 % de la población del país triplicó sus ganancias, y peor aun, las ostenta. La desigualdad social crece al galope; lo mismo que la concentración de la riqueza. La única recomendación del Fondo Monetario Internacional, que el Señor Carlos Alvarado no escucha, es la que con absoluta sensatez hace el FMI para que los más ricos aporten para salir de la crisis.

Entonces señores del Fondo, si las propuestas de este gobierno para pactar con ustedes no tienen como base la Democracia y el aporte de cada sector social, de acuerdo a sus posibilidades reales, el Fondo solo acumulará, odio y resentimiento en un pueblo que lucha por no perder la memoria.

“También nos comprometimos a continuar trabajando juntos en un programa respaldado por el FMI que puede ayudar a Argentina y a su gente a superar estos desafíos, fortaleciendo la estabilidad económica, protegiendo a los más vulnerables y sentando las bases para un crecimiento más sostenible e inclusivo.” Eso lo dijo la Señora Kristalina Georgieva cuando se reunió con el Presidente argentino, Alberto Fernández en mayo anterior.

Les pregunto, finalmente, trabajará el FMI para que en Costa Rica se consolide su Estado Social de Derecho y la paz social, o contribuirá en el desmontaje del Estado de Bienestar que construimos en el siglo pasado y con ello, hundirá al país en el despeñadero de la injusticia social y de un futuro post-pandémico marcado por el desaliento.

Ustedes y su actuación podrán marcar en un sentido u otro el porvenir de nuestra Patria Bicentenaria.

José Oviedo

Costa Rica: El déficit fiscal no es el villano que nos pintan

Escrito en 16/09/2021. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Paulino Vargas Solís
Economista, Director a.i. CICDE-UNED

La versión en PDF de este artículo puede ser descargada aquí: https://www.academia.edu/51437970/Costa_Rica_El_d%C3%A9ficit_fiscal_no_es_el_villano_que_nos_pintan

Resumen: este artículo busca satisfacer dos objetivos, principalmente: 1) demostrar que el proceso de recuperación de la economía y de los empleos en Costa Rica, tras el fuerte golpe inicial de la pandemia del Covid-19, es sumamente lento e insatisfactorio; 2) formular la tesis de que la persistente atonía de la actividad económica y del empleo, está fuertemente influida por la opción prevaleciente a favor de una política fiscal restrictiva, que opta por la austeridad y el recorte.

Hacia agosto de 2020, en la etapa inicial de la pandemia del Covid-19, los ingresos que el Gobierno Central recibía, caían cerca de un -12%, comparados con las cifras de un año antes (agosto 2019). En total, esa reducción alcanzaba los ₡369 mil millones. Cabría decir que, al dejar de afluir hacia las arcas públicas, ese dinero permanecía en cambio en los bolsillos del sector privado de la economía, lo cual, en aquel momento de derrumbe, era bueno.

Pero esa parte positiva del asunto jamás fue reconocida. Estruendosas, sonaron las alarmas para advertir que se avecinaban cataclismos y calamidades, puesto que, como resultaba obvio, el déficit fiscal se estaba incrementado, y amenazaba terminar el año en cifras sin precedentes de 9, quizá 10% del PIB. Al final de 2020, diferente a las estridencias amarillistas de alguna gente, terminó en 8,1%.

Y, sin embargo, tiene mucho sentido pensar que, contrario a la película de terror que nos pintaban, la ampliación del déficit fiscal más bien aportó un colchón que atenuó la caída de la economía. Baste recordar que, entre febrero y julio de 2020, se destruyeron más de 500 mil empleos, lo cual desataba fuerzas contractivas poderosísimas. La economía pudo tener un hundimiento catastrófico. Al final del año, la economía costarricense se contrajo un -4,1%, malo, sí, pero bastante menos que el promedio de -6,8% para América Latina en su conjunto, y mucho menos que el -11% de Perú, el -10% de Argentina, el -8% de México y El Salvador, y ni se diga el -17,9% de Panamá.

Acontecía que el gasto deficitario del gobierno contribuía a sostener la demanda total en la economía, en momentos en que la demanda privada se desplomaba en picada, como consecuencia de que el desempleo, que ya era muy alto antes del Covid-19, en cosas de tres meses prácticamente se duplicó, mientras centenares de miles de personas se salía de los mercados laborales. El gasto público y el déficit fiscal, tan aborrecidos por el empresariado privado, propiciaban que el golpe para sus negocios fuese menos severo de lo que pudo haber sido, y que el derrumbe de la economía no alcanzase las magnitudes de vértigo que potencialmente podría haber tenido. Eso es así, no obstante que ese efecto positivo se veía limitado -y así sigue siendo hasta el día de hoy- porque gran parte de ese déficit correspondía a pago de intereses, cuya contribución a la dinamización de la demanda es, por diversas razones, más limitado.

Y, sin embargo, al entrar en 2021 las tornas se vuelve y la tonalidad cambia. Ahora es Costa Rica la que se queda en el pelotón de retaguardia. La CEPAL estima un crecimiento promedio del 5,2% para América Latina y el Caribe en su conjunto, liderado por Perú (9,5%), Chile (8,0%) y Argentina (6,3%). Muy atrás queda Costa Rica: 3,2%.^[1]

Que, en todo caso, esa tasa de crecimiento para Costa Rica es engañosa, ya que está inflada por la expansión desorbitada de las zonas francas, la cual solo tiene un efecto nimio sobre el resto de la economía, por lo que tampoco fructifica en una creación satisfactoria de empleos. Dejaré de lado ese mundo feliz de los parques industriales -el llamado “régimen especial” según lo designa el Banco Central-, y en lo que sigue me concentraré en “la otra economía”, que provee empleos a cerca del 95% de las personas trabajadoras y paga la casi totalidad de los impuestos.

La medición convencional del valor de la producción de esa “otra economía”, realizada por el Banco Central con base en el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE), muestra que a lo largo del trimestre marzo-abril-mayo 2020, se sufre un desplome del -9,5%, respecto del dato de febrero de ese año. En junio empieza una recuperación que, de tan tímida y limitada, no merecería ser considerada como tal, al punto que, a junio de 2021, tras 13 meses de “recuperación”, el dato respectivo todavía está un -4,1% por debajo de su nivel de febrero 2020. En cualquier país del mundo se la consideraría una recuperación sumamente anémica e insatisfactorio. Pero aquí se nos quiere hacer creer que merece celebrarse.

Si, además, comparamos la evolución registrada a lo largo del primer semestre de 2021 con la observada en el segundo semestre de 2020, notaremos que la economía no gana impulso, no obstante el avance, gradual pero sostenido, hacia la eliminación, o, por lo menos, la reducción sustancial, de la mayoría de las restricciones sanitarias. Se suponía que ello habría de infundirle energía a la reactivación económica. No hay tal: el avance, si cabe llamarlo así, sigue siendo lento y contenido.

Quedamos, entonces, en el pelotón rezagado en materia de crecimiento a nivel latinoamericano, pero, en cambio -con tasas de desempleo que se mueven en el rango del 17-18%- lideramos los rankings del desempleo.

Todo lo cual tiene muchísimo que ver con la política fiscal (gastos públicos e impuestos) en aplicación. Las cifras que presenta el Ministerio de Hacienda para 2021, no son directamente comparables con las de 2020, porque suman un componente que anteriormente no incluían: el gasto e ingresos de los llamados “órganos desconcentrados” (OD). Sin embargo, el Banco Central realizó los ajustes estadísticos necesarios de forma que, excluyendo los OD, pudiera compararse la evolución efectiva de las cuentas del Gobierno Central. La conclusión es contundente: al mes de junio 2020, sin incluir intereses, el gasto se reduce en -7,1%. Inclusive sumando intereses, se registra una reducción de -3,5%. La parte de transferencias corrientes -las cuales son giros de dinero a instituciones diversas tales como: CCSS, universidades, FODESAF, IMAS, juntas de educación, IAFA, etc.- se les aplica un tajo de -15,5%.[2]

No obstante lo anterior, las cifras que se presentan en la página web del Ministerio de Hacienda, muestran un notable incremento en los gastos de capital (inversión). Al mes de julio, y comparadas con julio 2020, aumentan en un espectacular 42,8%. En parte, las cifras han de estar infladas por posibles gastos de capital de los “órganos desconcentrados”, los cuales, como ya indiqué, no se incluían en los datos de 2020. Pero incluso así, y en virtud del recorte brutal que se había aplicado en 2020, son números que se sitúan un -5% por debajo de las cifras de dos años atrás, o sea, las de 2019.

Pero, lo que es más importante, resulta que, hasta en el mejor de los casos, es un monto de inversión pública sumamente modesto, en el orden de 1,4% o 1,5% del PIB, cuando, en realidad, nuestro gobierno debería estar invirtiendo arriba del 4% o 5%, en planes de emergencia para la creación de muchos empleos en el corto plazo, y programas de inversión de mediano y largo plazo en áreas como el transporte público, las energías limpias, la vivienda popular y de clases medias, la infraestructura sanitaria, educativa y de cuido, la fibra óptica, acueductos, recuperación de cuencas de ríos, ciencia y tecnología. Entre tantos otros ámbitos, de similar importancia.

Mientras esto ocurre, los ingresos del gobierno dan un notable salto. Las razones son diversas, pero el caso es que, incluso con los necesarios ajustes estadísticos que, como ya indiqué, fueron realizados por el Banco Central, a junio 2021, y comparados con junio 2020, crecen un 12,6%. Lo cual pareciera ser algo positivo, pero deja de serlo en el contexto de una economía ralentizada y con altísimos niveles de desempleo. Si por lo menos esos ingresos adicionales financiaran programas de creación de empleos e inversión pública, el efecto neto sería positivo. Pero sirven exclusivamente para reducir el déficit fiscal, por lo que su impacto sobre la economía es necesariamente negativo: es dinero que se saca de los bolsillos del sector privado y son drenados de la demanda privada, sin que el sector público los devuelva al flujo de la demanda global.

Cuando, por otra parte, ha quedado claro que la relativa flexibilización de la política monetaria del Banco Central, que ha hecho descender considerablemente las tasas de interés sobre las colocaciones de créditos por parte de los bancos comerciales, ha sido insuficiente e ineficaz, tan ineficaz como ha sido la eliminación de restricciones sanitarias y la “reapertura” de la economía. En ninguno de los dos casos era de esperar otra cosa, porque en ninguno de ambos se atacan las fuerzas más profundas que frenan la economía. Todo lo cual simplemente ratifica que, sin una política fiscal enérgica, la reactivación y, sobre todo, la generación de empleos, serán mucho más difíciles y lentas.

El déficit fiscal ha devenido una especie de “pesadilla de Freddy Krueger”, en la cual hemos quedado atrapados. Es, a un mismo tiempo, el fantasma que se agita para infundir miedo, y la camisa de fuerza que nos paraliza. Lo absurdo de la situación queda mejor ilustrado, tan solo con que hagamos un somero recuento de las urgentes necesidades que nos acogotan y angustian. Pensemos tan solo en la carencia de adecuados espacios públicos -incluyendo parques, instalaciones deportivas, campos de juego y centros para la práctica del arte-, en nuestros ríos contaminados o en las limitaciones de la infraestructura de cuido para atender a la niñez, las personas mayores o las personas con discapacidad. Y, entretanto, tenemos centenares de miles de personas desempleadas.

¿No es acaso una locura que ni siquiera podamos proveer empleos temporales a esas personas para resolver ese tipo de acuciantes necesidades, mientras encuentran mejores oportunidades de empleo en las empresas?

Luis Paulino Vargas Solís, CICDE-UNED

Alajuela, Costa Rica, 7 de septiembre de 2021

Algunas cifras ilustrativas

[1] CEPAL, La paradoja de la recuperación en América Latina y el Caribe. Crecimiento con persistentes problemas estructurales: desigualdad, pobreza, poca inversión y baja productividad. Informe especial Covid-19, julio 2021.

[2] Banco Central de Costa Rica, Revisión del Programa Macroeconómico 2021-2022, San José, julio 2021, pp. 47-49.

Blog del autor: http://sonarconlospiesenlatierra.blogspot.com/2021/09/costa-rica-el-deficit-fiscal-no-es-el.html

Sindemia Covid-19: crisis económica y acuerdo con el FMI

Escrito en 15/09/2021. Publicado en Derechos.

El acuerdo con el FMI llega en un contexto de crisis, que agudizó los gravísimos problemas del empleo que ya existían desde antes de la llegada del Covid-19. Al centrar la política económica alrededor del déficit, no solo se perpetúan los problemas del empleo, con graves implicaciones para la calidad de vida de nuestra gente, sino que compromete seriamente el futuro del país.

En el ciclo de tertulias en el Bicentenario de la independencia de Centroamérica se invita al conversatorio “Sindemia Covid-19: crisis económica y acuerdo con el FMI” este miércoles 15 de septiembre, 9 a.m.

Modera: MSc. Paulo Coto Murillo.
Ponente: Dr. Luis Paulino Vargas Solís4.
Coordina: Dra. Marcela Pérez Rodríguez.

Transmisión por Facebook Live, en el siguiente enlace https://www.facebook.com/CICDEUNED

Pandemia y reactivación de la economía: una ocasión para un proyecto país

Escrito en 06/09/2021. Publicado en Análisis, Coyuntura.

La pandemia y su doble crisis, sanitaria y económica.

La crisis sanitaria producida por la pandemia del COVID-19 ha profundizado la crisis económica que venía desde antes, reflejada en el estancamiento del crecimiento económico del país en los últimos años. Por ejemplo, en el decenio transcurrido entre 2001 y 2010, la tasa de crecimiento real promedio de la economía de Costa Rica fue de 4,33%, mientras que en el decenio 2011-2020 la tasa de crecimiento real promedio fue de 2,70%. En el desempleo igualmente se venía de una situación compleja, que se agudizó en medio de la pandemia, pues desde la crisis económica del 2008-2009 el desempleo había llegado a los 2 dígitos y con la pandemia subió por encima del 20%, situación que, además, ha afectado en mayor proporción a las mujeres, a los jóvenes y a los habitantes de las regiones Chorotega, Pacífico Central y Brunca.

Además de las pérdidas lamentables de seres queridos, que se cuentan por miles en el país y por millones en el mundo, la pandemia ha dejado muchas personas con consecuencias en su salud, que requerirán atención permanente y apoyo social para retomar sus vidas. No podemos dejarlos solos, el Estado debe procurar los medios para atender a estas personas que sufrirán consecuencias en sus vidas una vez que la pandemia haya terminado. Pero también debemos buscar la manera de fortalecer financieramente la atención médica del país, que ha sufrido presiones enormes en medio de la crisis, debido a la caída en los ingresos de la CCSS y a una mayor demanda de los servicios de salud, que han llegado casi al límite de su capacidad.

Una crisis siempre nos afecta y de ella nunca salimos igual, salimos peores o mejores.

El papa Francisco nos lo ha recordado con frecuencia, planteándonos el reto histórico de salir mejores. La crisis que estamos viviendo nos enseñó que una situación de estas requiere de la acción de todos, que solo con la ayuda de todos podemos salir adelante, que el apoyo para las personas más afectadas es esencial y que las acciones colectivas son fundamentales para sobrellevar los efectos de la crisis. El amor al prójimo debe reflejarse en el respeto a las medidas sanitarias que protegen a los demás, así como la disposición a construir soluciones en conjunto.

Es importante hacer énfasis en la búsqueda de una solución para las personas más afectadas por el impacto económico de la pandemia

Debemos plantearnos como objetivo fundamental poder otorgar un ingreso vital mínimo para las personas que viven en pobreza, para que puedan vivir con dignidad, así como garantizar el derecho fundamental a una vivienda digna, a la salud, a una educación de calidad, al acceso a agua potable y a un ambiente sano.

La sociedad post pandémica debe plantearse como objetivo fundamental una sociedad más equitativa, también debemos tomar medidas para distribuir la inequidad en la distribución del ingreso. Evitar el deterioro de los salarios reales, reducir la informalidad y la precariedad laboral e impulsar un sistema tributario más progresivo, deben ser objetivos de la sociedad como un todo.

De la crisis sanitaria la impresión generalizada es que estamos saliendo o vamos a salir relativamente pronto.

Poco a poco se empieza a ver la luz al final del túnel, aunque todavía nos falta caminar un trecho importante y empiezan a surgir nuevos retos. El mundo observa con preocupación cómo la variante Delta se vuelve la variante dominante del virus en muchos países, siendo esta variante más contagiosa que las otras, incluso que la variante original que presuntamente salió de Wuhan, China. Costa Rica ya registra la presencia de la variante Delta en el país, así como de la variante Lambda, ambas variantes de preocupación, según la OMS. Se suma a lo anterior, que existen personas en el país que se resisten a vacunarse, lo que ha frenado el avance inmunitario y el logro efectivo de la inmunidad de rebaño. En el interín tenemos que atender el llamado a seguir colaborando entre todos, mantener la vigilancia, el uso adecuado de mascarillas, a evitar actividades públicas masivas en lugares cerrados.

Por otra parte, se ha producido el acaparamiento de vacunas por parte de los países más ricos, al punto que se está llegando a la posibilidad de que muchas vacunas en poder de países desarrollados lleguen a alcanzar su fecha de vencimiento sin haber sido utilizadas. La tan deseada inmunidad de rebaño es global, no local, estamos conectados y este egoísmo y falta de solidaridad, y hasta engaño, atrasó toda proyección de mejora conjunta en el manejo de la crisis; ahí ya, empezamos a fallar en grande. Se difundieron además y con amplitud algunas de las dificultades que han ralentizado el sistema COVAX, un esfuerzo multinacional de acopio y distribución de vacunas contra el COVID-19. Así las cosas, el egoísmo con el que se ha manejado el tema de la vacunación mundialmente, está atrasando la salida del problema y provocando más enfermedad, una extensión de la crisis y más sufrimiento.

Por ello, a nivel de países desarrollados y en vías de desarrollo, en lo que ya desde hace un tiempo se viene pensando es en la reactivación de la economía.

No cabe duda de que la reactivación económica es una necesidad, que la pandemia se ha convertido en un problema, simultáneamente, local y global. Pero una reactivación de la economía en términos de una superación de la crisis provocada por la pandemia, como una vuelta al pasado, manteniendo el mismo sistema económico y las formas insostenibles de relacionamiento con el ambiente, con la avidez de recuperación que lo caracteriza y de la que tecnológicamente hoy día es tan capaz, sería radicalmente insuficiente. ¿Cómo sería una reactivación pensada en términos de abandonar el uso de energías fósiles y optar por energías y tecnologías amigables con la naturaleza, objetivos hacia los que como un máximo pareciera ya se están dando pasos?

Este cambio es importante como necesario, pero es insuficiente. Recordemos que el Papa Francisco ya estaba escribiendo su carta Fratelli Tutti cuando sobrevino la pandemia, denunciando la naturaleza tan poco humana y fraterna inherente al sistema económico, financiero y comercial actual, que incluso la escribió años después (3/10/2020) de la Laudato Si’ (4/05/2015) sobre la imperiosa necesidad del cuidado del planeta, nuestra casa común. En otras palabras, la necesidad de concebir y crear otra economía es anterior y superior a reactivarla e incluso a hacerla más amigable con la naturaleza. Hay que hacerla humana. Tiene que ser una economía en función del ser humano. El ser humano todo y todos los seres humanos tienen que ser el centro de la economía.

En Costa Rica no concretamos una estrategia de reactivación efectiva y, más bien, nos hemos sumido en un proceso de ajuste fiscal centrado en recortes de gasto, que provocarán más problemas para llevar la economía costarricense a una senda sostenible de recuperación económica y atrasarán la necesaria reducción del desempleo.

Conocedores, expertos y decisores en el campo de las tecnologías, sobre todo de la tecnología informática, ya nos están presentando la digitalización como la base cultural de la nueva forma de vida y cómo la tecnología será capaz de activarla.

Tecnológicamente hablando puede ser cierto. Pero el problema que enfrentamos, anterior a la emergencia de la pandemia, es humano, cultural y social, no meramente tecnológico, que en absoluto se va a resolver con el desarrollo de nuevas tecnologías y la intensificación de la globalización, al contrario, se va a agravar, con sus efectos ya presentes de concentración de riqueza, desigualdad, discriminación y exclusión, empobrecimiento y migraciones. El ser humano y su entorno, deben ser el centro de las políticas públicas, que busquen el bienestar general como objetivo final. La salida de la pandemia debe centrarse en esa premisa básica, o seguiremos tropezándonos con “las mismas piedras” que antes de la crisis del COVID-19. No podemos volver a la “normalidad” pre pandémica.

La digitalización va a generar la pérdida de empleos, cantidad de puestos están siendo sustituidos por tecnologías que hacen el trabajo de otros y otras

La superación de la pandemia y la necesidad de reactivar la economía, deben ser ocasión para concebir, formular, proyectar y poner las bases progresivas de un proyecto país profundamente fraterno y solidario. Desde ya cada proyecto y política pública nuevos deben pensarse en esta nueva dirección, como pasos hacia la misma y de la misma, una comunidad nacional y global profundamente humana, fraterna y solidaria donde todos podamos desarrollarnos lo más humanamente posible. En ningún proyecto de los que se discuten en la Asamblea hay un énfasis en el reentrenamiento del personal. A este aspecto hay que darle mucho énfasis dadas las proyecciones futuras de un mundo más digitalizado, virtualizado y automatizado.

En este sentido hay que retomar la parábola del buen samaritano, donde están los criterios para organizar el mundo tomando como centro al ser humano.

La inclusión o exclusión de las personas que sufren define los proyectos económicos, políticos, sociales y religiosos. Cada día enfrentamos la opción de ser el Buen Samaritano y para reconstruir el mundo es necesario tener los criterios de la parábola del Buen Samaritano. Reconocer y superar la tentación que nos circunda, somos analfabetos en acompañar, cuidar y sostener a los más frágiles y débiles.

Solo hay dos tipos de personas, los que se hacen cargo del dolor y los que pasan de largo. El creer en Dios no garantiza el vivir como a Dios le agrada. Hay que ver al Señor en el hermano, esto es un reto. Vivimos en un mundo donde se menciona al Señor, pero no nos apropiamos de Él…creemos que debe ser Él el que haga, que a nosotros no nos toca hacerlo.

En este nuevo marco deben inscribirse leyes como las de reformas y proyectos de ley, como el Proyecto de Ley Marco de Empleo Público, y por supuesto todos los proyectos y políticas tendientes a la reactivación económica.

Es importante el orden de una materia fundamental como el empleo público, pero esto no puede ser llevado adelante con criterios fiscalistas como norte, que no piensen en las condiciones de trabajo de miles de funcionarios públicos que aportan a la construcción del país. Es importante que se exija eficiencia en sus funciones y responsabilidad por sus actos, pero esto debe hacerse con políticas que promuevan mejores prácticas de trabajo y no castiguen la remuneración salarial en general, como parte de políticas de austeridad que han comprobado su falencia en otros países.

Hay que hacer un diagnóstico del país que necesitamos.

Debemos plantear un modelo económico que nos permite alcanzar el máximo bienestar por medio del bien común y escoger proyectos y políticas que nos conduzcan al mismo. Se trata de un proyecto país, con la participación de toda la ciudadanía, resultado de un consenso nacional, que atraviesa organizaciones sociales, empresarios, partidos y gobiernos. La responsabilidad es de los políticos con la participación crítica de la ciudadanía.

“Es posible comenzar de abajo y de a uno, pugnar por lo más concreto y local, hasta el último rincón de la patria y del mundo, con el mismo cuidado que el viajero de Samaría tuvo por cada llaga del herido. Busquemos a otros y hagámonos cargo de la realidad que nos corresponde sin miedo al dolor o a la impotencia, porque allí está todo lo bueno que Dios ha sembrado en el corazón del ser humano.”

Encíclica Fratelli Tutti

José Amando Robles Robles, céd. 800520054
Carlos Pentzke Pierson, céd. 800750461
Natalia Jiménez Carvajal, céd. 106200962
Arturo Córdoba Sequeira, céd. 108060635
Axel Fernández Fajardo, céd. 800490514
Deyanira Sequeira Ortíz, céd. 102480675
Virginia Hernández Esquivel, céd. 400970377
Fernando Rodríguez Garro, céd. 401650895
Del grupo Maestro Eckhart.

Cual forajidos de épocas coloniales

Escrito en 11/08/2021. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Lic. José A. Amesty R.
9-agosto-2021

Una cosa es ser rivales políticos, en la arena entre de derecha y de izquierda, y otra es aprovecharse de la pugna y la “debilidad” de otros, para robar descaradamente bienes de los Estados.

Esta es el caso de Gran Bretaña y Venezuela. En una maniobra nunca antes vista, EEUU, Gran Bretaña y la derecha venezolana, pretenden robar 32 toneladas de oro, pertenecientes a Venezuela, de la reserva nacional, valorados en 1.000 millones de dólares, que el gobierno de Maduro, a través del Banco Central de Venezuela (BCV), presidido por Calixto Ortega, lleva casi tres años intentando recuperar, y que se encuentran en las bóvedas del Banco de Inglaterra.

Tal arbitrariedad inicio cuando Juan Guaidó, se autoproclamó ilegítimamente como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, y las autoridades británicas lo reconocieron como mandatario. En julio de 2019, la Asamblea Nacional de Venezuela (dominada entonces por la derecha y presidida por Guaidó), nombró a la dirección ad-hoc del Banco Central venezolano y pidió a Londres que no entregase los lingotes al gobierno de Nicolás Maduro.

En medio de la crisis económica y sanitaria en Venezuela, el oro ha resultado una de las pocas alternativas de financiamiento y de liquidez para el gobierno de Nicolás Maduro, sobre todo después de que EEUU impusiera, en 2019, sanciones a la petrolera estatal PDVSA, que proporcionaba ingresos vitales.

La retención del oro del Banco Central de Venezuela por parte de las autoridades británicas es una más de las agresiones sobre el país caribeño. Si la Corte Suprema británica le da el control de los lingotes de oro a la junta del Banco Central de Venezuela, nombrada por Guaidó, sentaría un precedente que la derecha espera utilizar para recuperar activos venezolanos depositados en otros bancos centrales europeos.

La decisión del Reino Unido, sobre el oro venezolano, una jurisprudencia colonial a punto de tomarse, puede provocar gobiernos paralelos para el desfalco de países pobres. En otras palabras, tal atropello supone un paso decisivo para que el banco inglés, termine de quedarse con el oro venezolano, no solo de facto, sino con un respaldo jurídico del alto tribunal, lo que generaría jurisprudencia, es decir, una sentencia en firme que podría servir como guía legal para la resolución de casos similares.

El Banco Central de Venezuela informó en mayo de 2020, que había acordado con el Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD), que el ente multilateral administrara los fondos retenidos por el Banco de Inglaterra, para la compra urgente de medicinas y equipos médicos que le permitieran afrontar el avance del coronavirus. Es decir, para destrabar la situación, el propio ente que depositó el oro permite que sea un tercero quien haga uso de esos recursos. Sin embargo, el banco inglés negó dicha posibilidad.

Para el gobierno inglés, quedarse con las reservas internacionales de otro país, no es algo nuevo. Lo hizo de facto hace algunos años con las reservas libias.

Se calcula que unos 30 países tienen sus reservas de oro en este banco inglés, y si una decisión de este tipo termina de facturarse en los tribunales británicos, reiteramos, creará una jurisprudencia que pone en peligro las reservas internacionales de todo aquel país que haya confiado en los bancos ingleses.

Para dar un hipotético ejemplo, con Perú. Si la candidata derrotada Keiko Fujimori decide autoproclamarse presidenta en el exilio, y logra el apoyo del Gobierno inglés, entonces este último podría quedarse con las reservas en oro que están en sus arcas, pero pertenecen a Perú, o entregarle todo o una parte al imaginario Gobierno de Fujimori.

Para seguir con otro supuesto negado, si la dictadura de Jeanine Añez, en vez de llamar a elecciones se hubiera ido a otro país y se declarara presidenta en el exilio, entonces el oro de Bolivia que actualmente está en Londres, podría “perderse” en las bóvedas inglesas o “disolverse” en pago corriente del Gobierno supuestamente legítimo.

Para comprender mejor, de hecho, eso fue lo que hizo el Gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez, que de no haber tomado la decisión de repatriar la mayoría del oro que Venezuela tenía en el Reino Unido, el país habría perdido casi 200 toneladas en oro, cerca de 20.000 millones de dólares que tenía en 2011, antes de la repatriación de 160 toneladas, realizada como respuesta a la “pérdida” de las reservas internacionales libias.

Realmente tal actuación demuestra que hoy por hoy, el derecho nacional e internacional ya no cuenta. Durante décadas los gobiernos, incluso anteriores al chavismo, usaron sus barras de oro en las bóvedas subterráneas del Banco de Londres, para transacciones financieras internacionales. Hoy el Banco de Londres, se niega a cumplir con su obligación de devolverlas conforme a un contrato internacional vigente.

Recordemos que, en este complejo contexto, el oro cobra una importancia crucial. Ya en la década de los años 90, cuando se sufrían los efectos de la debacle económica iniciada en los 80s, se consideraba a este metal como uno de los principales respaldos, para enfrentar la crisis de la deuda externa y sustentar políticas de ajuste neoliberal.

En aquellos años se sugería una política de pago de la deuda con oro. El para entonces Presidente Rafael Caldera, abría el camino a la minería aurífera en la Reserva Forestal de Imataca, lo que no ocurrió sin resistencias por parte de organizaciones sociales y voceros sensibilizados por el ambiente, generando una de las movilizaciones más interesantes de la historia de los movimientos ecologistas venezolanos contemporáneos.

Hoy, el oro, reiteramos, se está constituyendo uno de los principales refugios económicos del Gobierno de Nicolás Maduro.

Reiteramos que, si se roba el oro a Venezuela, esto paralizaría su capacidad para luchar contra el Covid-19, ya que el dinero se utilizara para suministros médicos, equipos de protección, medicamentos y vacunas.

En esta misma línea de robos descarados, como señala el portal Misión Verdad, “el esquema delictivo” Guaidó, EEUU, Gran Bretaña y otros cleptómanos, van más allá del oro venezolano, van por ejemplo tras Monómeros, otro ejemplo de asalto a activos venezolanos, por parte del antichavismo para profundizar el golpe de Estado y ampliar el saqueo neoliberal.

Esto es uno de los tantos precedentes de la operación de saqueo combinada, con intentos de golpe continuado, aunque en un declive dramático, es el caso de Monómeros, la filial de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) ubicada en Barranquilla, Colombia, que ha sido desmantelada y destruida por los directivos de esta empresa, en actividad conjunta con el presidente colombiano Iván Duque y Guaidó.

El periodista John McEvoy publicó en el medio The Canary, afirmando y reseñado por Misión Verdad, que la congelación de los activos venezolanos, forma parte claramente de la campaña de guerra híbrida dirigida por Estados Unidos y el Reino Unido contra Venezuela, una parte crucial de la cual implica la destrucción de la economía del país, como lo reconoció en 2018 Boris Johnson, hoy Primer Ministro británico.

Recalcando además que, la cuestión del oro venezolano depositado en el Banco de Inglaterra, es fundamentalmente política, y no puede separarse del esfuerzo dirigido por Estados Unidos para desestabilizar y derrocar al país, no solo a su gobierno sino a la identidad nacional que ha permitido resistir y avanzar en medio de la dificultad.

Un capítulo aparte, pero en esta misma línea delictiva, revela en una nota de Bloomberg divulgada el pasado jueves 5 de agosto, que es probable que Citgo Petroleum Corporation, holding energético propiedad del Estado venezolano, que funciona en Estados Unidos, se venda para pagar 7 mil millones de dólares de deuda. Los acreedores están montando desafíos legales para arrebatar el control de la empresa, y parecen estar teniendo éxito, debido a que en octubre próximo expira el decreto de Trump que mantiene a la empresa bajo control de Guaidó.

Reiterando que, la instrumentación del saqueo de activos, para ampliar el saqueo de recursos a Venezuela es, sin dudas, un aspecto de la guerra contra Venezuela que mejor muestra qué hay tras el “plan Guaidó, EEUU, Gran Bretaña y otros”, pues no se trata de una operación aislada contra Venezuela, sino de un modelo de intervención en el que se inscriben los aliados al entramado corporativo que controla el capital global.

En fin, como ya hemos reseñado, los gobiernos norteamericanos, ingleses y la derecha venezolana, están actuando como filibusteros en alta mar, que se adueñan de propiedades que no son suyas, sino que las hurtan para su propio beneficio.

Todos son pillos que ya no utilizan la violencia, sino que se amparan en tracalerías legales, para robar a los países que se encuentran en crisis, y que no son afectos a los grandes países capitalistas.

Imagen tomada de http://ciudadccs.info/

Informe: “Avances y retrocesos de los ODS en Colombia” Exponen que el 54% de los hogares está en inseguridad alimentaria mientras el país atraviesa por la peor crisis económica en su historia

Escrito en 17/07/2021. Publicado en Derechos.

Exponen que el 54% de los hogares está en inseguridad alimentaria mientras el país atraviesa por la peor crisis económica en su historia

SURCOS comparte el siguiente comunicado:

Desde la iniciativa Despertando al Gigante, Niñez Ya, la Plataforma Interreligiosa Fe y Desarrollo y las organizaciones aliadas de la sociedad civil, como World Vision y del sector interreligioso, alertan y hacen un llamado prioritario durante el lanzamiento de los informes, para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), los cuales se han visto seriamente retrasados por causas estructurales a nivel nacional, agudizadas por los efectos devastadores de la pandemia.

Acorde al informe de la Iniciativa Despertando al Gigante, ¿Cómo vamos en los ODS en Colombia hasta el 2020?, Colombia atraviesa por la peor crisis económica en su historia desde 1975. Si bien los efectos de la pandemia sobre la economía han agudizado la pobreza y el hambre en el país (ODS 1: Fin de la Pobreza y ODS 2: Hambre Cero), es cierto que las causas de ambos fenómenos son de naturaleza estructural. Esto se sustenta en el hecho de que Colombia es uno de los países más desiguales del mundo.

Según las cifras oficiales del DANE, la desigualdad en la distribución de la riqueza a nivel nacional ha incrementado significativamente según el coeficiente Gini al pasar de 0,526 en 2019 a 0,544 en 2020, alejándose de la meta que tenía el gobierno nacional de reducir este indicador a 0,470 para el 2022. Además, se ha incrementado el nivel de pobreza, evidenciando que 21 millones de colombianos viven en pobreza monetaria al tiempo que 7,5 millones viven en pobreza extrema; antes de la pandemia el 90,9% de los hogares colombianos consumían tres comidas al día, para el 2020 este porcentaje se redujo y la cifra de hogares que sólo pueden consumir una comida al día ascendió a 137.000.

Una preocupante realidad que se ve reafirmada por el informe de Niñez Ya, Los ODS están en riesgo, el cual revela que el 54% de los hogares está en inseguridad alimentaria y el 10,8% de los menores de 5 años de edad padecen de desnutrición crónica, 1,6% desnutrición aguda y 6,4%, sobrepeso.

Problemas socioeconómicos que impulsan el trabajo infantil e incrementan los matrimonios tempranos. Situaciones que, antes de la pandemia, ya permitían proyectar que para el 2030 no se lograría cumplir con la meta de reducción del hambre en el país, posibilidad que ahora se aplaza al año 2040 por retroceso en el crecimiento económico.

Por otro lado, Colombia cerró el 2020 con cifras preocupantes frente al ODS 3: Salud y Bienestar, por ejemplo, en salud materna infantil y muertes no fetales. Una alarmante realidad que se complementa con el incremento de la no asistencia de niñas, niños y adolescentes a centros clínicos y hospitalarios para sus controles de desarrollo y atenciones en salud, lo cual se agrava en el caso de las personas con discapacidad, cuyas cifras de inasistencia son mayores al 76,6%.

También incrementaron los problemas emocionales; las encuestas registran entre niñas, niños, adolescentes y adultos síntomas recurrentes como preocupación, tristeza, dificultades para dormir, aburrimiento y cansancio, lo que denota presencia de enfermedad mental.

Adicional a lo anterior, acorde a los informes, en Colombia, las niñas y niños menores de 5 años de edad mueren, entre otras razones, por trastornos respiratorios e infecciones respiratorias agudas. Cifras que hacen parte de los hallazgos del Acción por el Clima (ODS 13), donde además se resalta de manera positiva el incremento en el uso de la bicicleta para la movilidad en Bogotá, la ciudad capital, que logró disponer de 84 kilómetros adicionales a los 550 kilómetros preexistentes de carriles para las bicicletas en tiempos de pandemia.

Frente al ODS 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, si bien para el 2020 el índice de homicidios presentó una mejora respecto a años anteriores, es preocupante que se sigue ejerciendo violencia contra líderes sociales y defensores de derechos humanos (DD.HH). Sumado a ello, el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes es una de las tensiones que tiene Colombia sin resolver para lograr la paz sostenible y duradera, evidenciando que entre enero y diciembre de 2020 se registraron 79 eventos que afectaron a por lo menos a 222 niñas/os y adolescentes.

Llamados a la acción efectiva y concreta

– Establecer como política del Estado colombiano una renta básica incondicional para los hogares en situación de pobreza monetaria y pobreza extrema, incluidas las familias de los migrantes.

– Avanzar con mayor celeridad en la implementación de las políticas públicas que protegen de manera integral a las familias y la niñez.

– Dar un enfoque territorial a los planes de desarrollo nacionales y territoriales a fin de superar la brecha existente entre las zonas urbanas y rurales.

– El monitoreo permanente y el acompañamiento en situaciones de violencia ejercida en contra de los líderes sociales y los defensores de DDHH.

– Priorizar la intervención efectiva en los departamentos donde se conjugan las mayores prevalencias de desnutrición y niveles de afectación por el COVID-19, incluyendo a los territorios con mayores probabilidades de inseguridad alimentaria por falta de producción o incapacidad de adquisición de alimentos. Para ello se deben tener en cuenta las necesidades particulares por edades y sectores poblacionales como los grupos étnicos y las personas con discapacidad.

Adjuntamos el enlace al documento oficial:

https://drive.google.com/file/d/1Zso1FVXdm5eqdPM3III1d61Nd0CdLjPz/view?usp=sharing

Situación económica es la crisis más apremiante según encuesta del Idespo

Escrito en 09/07/2021. Publicado en Derechos.

El Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional (Idespo-UNA) realizó una encuesta sobre: “Percepciones de la población costarricense e implicaciones de la pandemia COVID-19 en diferentes aspectos socioeconómicos y ambientales”.

El principal hallazgo es que la población coincide en que la mayor crisis está en el ámbito económico. Los niveles de acuerdo son un 4.727, en una escala de 1 a 5, donde 5 significa “totalmente de acuerdo”.

El objetivo del estudio es contribuir en la comprensión de cómo la emergencia sanitaria por la covid-19 incide en las percepciones sobre la noción de crisis en el país, las condiciones de trabajo, seguridad y soberanía alimentaria, entre otros aspectos.

Los datos de la encuesta muestran que el 51% de la población encuestada percibe que sus ingresos han disminuido durante la pandemia, situación que afecta especialmente a las mujeres. Además, la disminución de ingresos se manifiesta, además, en un ajuste en el consumo de ciertos alimentos. De acuerdo con la encuesta, la carne es el alimento que más personas señalan que han disminuido su consumo (58%), seguido por las frutas (47,3%) y las verduras, legumbres y hortalizas (45.2%).

Luego de la crisis económica la muestra señaló que las áreas siguientes en las que se percibe una crisis son: política (4.11) y la crisis en salud pública (3.91). También se menciona la crisis social (3.85), la educativa (3.62) y la ambiental-ecológica (3.31).

Para conocer más de la encuesta puede acceder en el archivo adjunto.

ADJUNTOpresentación-de-resultados-encuesta-4-2020Descarga

Información compartida a SURCOS por el departamento de prensa de la UNA.

Los huevos, el C.N.P., los directores del periódico la nación y noticias monumental

Escrito en 17/06/2021. Publicado en Derechos.

Por Jesús Calderón Rojas

Encuentro social comisión de ruralidad y agroalimentación
A la población costarricense.
13 de junio del 2021.

Este pasado viernes 11 de junio, el periódico la Nación, y este muchacho que tienen de director de noticias en Radio Monumental, la emprenden nuevamente, contra la forma de cómo el Estado costarricense, aplica políticas que buscan garantizar la comida a la población, pero sobre bases de justicia de pago a quienes tienen esa responsabilidad, y hoy nos referimos a la producción de huevos.

Ante la posición de estos peones del gran capital a través de las empresas periodísticas, manifestamos que llegó la hora a los costarricenses de avistar nuevos horizontes, incorporando a la ruralidad a un proceso de desarrollo incluyente.

Costarricenses, el CNP recibió un incremento en la demanda de alimentos por parte del MEP y de los Cen-Cinai del Ministerio de Salud. Veamos el aumento en el volumen de huevos, que pasó de 845.077 kilos en 2019 a 3.794.122 en 2020, en otras palabras en el año 2020 la facturación ascendió a 7.140 millones de colones. Con este incremento en la demanda de huevos, se favorecieron más de 50 empresas de pequeños y medianos en todo el país, y de plano superando la intermediación.

Aprovechando la posición pública de ambos medios de comunicación, la Cámara de Avicultores pega el grito al cielo, y nos dice: “Ese sobreprecio que pagan resulta paradójico en momentos de crisis fiscal y económica del país, donde precisamente el sector público debería buscar mayor eficiencia y reducir los costos de funcionamiento de este tipo de programas, y en particular evitar que muchos hagan clavos de oro con la intermediación existente”. Pero lo curioso, es que para atender esta demanda, el CNP le solicitó a esta Cámara la incorporación de empresas, y las que propusieron no calificaron porque eran tamaño grande.

Para que nos formemos un criterio de la realidad y de porque la queja: Hablemos claro y veamos la realidad de la producción de huevos en el país.

– La corporación Walmart con un millón de gallinas produce el 40% de los huevos que se consumen.

– Yema Dorada con 600 mil gallinas

– Avicultores Unidos con 400 mil gallinas.

– Granja Santa Marta con 250 mil gallinas.

De acuerdo a ley este programa conocido como el PAI, solo pueden participar pequeños y medianos, y cuando estos no cumplan la demanda, el CNP puede comprarles a las grandes empresas. Años atrás cuando el PAI necesitaba de huevos, lo conseguía a través de la Cámara de Avicultores y de esas grandes empresas, y les pagaban a los productores pequeños a 800 colones el kilo. Costarricenses, aquí está la razón de la queja o como diríamos en la calle, aquí es donde está el brinco.

Es importante que los costarricenses y para esos periodistas, manejemos cifras del Banco Central de Costa Rica, en la actualidad el crédito mayoritariamente es de consumo, con un porcentaje del 33%, seguido por vivienda con un 28%, servicios 12%, comercio 10,7%, industria 3,7, turismo 2.1% y finalmente agricultura con un 2%. A pesar de esa discriminación de acceso al crédito y en términos de generación de empleo la agricultura representa el 11.7%, en relación con el 16,1% correspondiente a comercio, el 10, 3% del sector industrial y el 6,6% de turismo. A pesar de esa discriminación en el acceso al crédito, nuestra actividad productiva en crisis y agravada por la pandemia, sigue trabajando, continúa produciendo, sigue dando empleo.

Que estamos inmersos en una gran crisis, no hay discusión. No es momento de lamentos, es momento de plantear salidas inteligentes al conjunto de problemas existentes, No podemos dejar de lado que el sector de pequeños y medianos productores que aseguran la canasta básica, la comida a todos los habitantes del país, deben contar con una respuesta verdadera y oportuna, para lograr mantener su maltrecha estructura productiva, y desde luego, tratar de incrementar su volumen de oferta.

Recuperar la economía a partir de la operación de pequeños y medianos productores, es de urgencia. La Agroalimentación, será el pilar central de nuestra economía, no solo por tener diversidad de microclimas y distintas experiencias productivas, sino porque sumamos a esta gesta, el conocimiento acumulado. Allí es donde se debe centrar el esfuerzo país.

Atentamente:
JESUS CALDERON ROJAS
COORDINADOR

Compartido con SURCOS por José Oviedo.