Luis Paulino Vargas Solís
Economista, Director a.i. CICDE-UNED

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Resumen: este artículo busca satisfacer dos objetivos, principalmente: 1) demostrar que el proceso de recuperación de la economía y de los empleos en Costa Rica, tras el fuerte golpe inicial de la pandemia del Covid-19, es sumamente lento e insatisfactorio; 2) formular la tesis de que la persistente atonía de la actividad económica y del empleo, está fuertemente influida por la opción prevaleciente a favor de una política fiscal restrictiva, que opta por la austeridad y el recorte.

Hacia agosto de 2020, en la etapa inicial de la pandemia del Covid-19, los ingresos que el Gobierno Central recibía, caían cerca de un -12%, comparados con las cifras de un año antes (agosto 2019). En total, esa reducción alcanzaba los ₡369 mil millones. Cabría decir que, al dejar de afluir hacia las arcas públicas, ese dinero permanecía en cambio en los bolsillos del sector privado de la economía, lo cual, en aquel momento de derrumbe, era bueno.

Pero esa parte positiva del asunto jamás fue reconocida. Estruendosas, sonaron las alarmas para advertir que se avecinaban cataclismos y calamidades, puesto que, como resultaba obvio, el déficit fiscal se estaba incrementado, y amenazaba terminar el año en cifras sin precedentes de 9, quizá 10% del PIB. Al final de 2020, diferente a las estridencias amarillistas de alguna gente, terminó en 8,1%.

Y, sin embargo, tiene mucho sentido pensar que, contrario a la película de terror que nos pintaban, la ampliación del déficit fiscal más bien aportó un colchón que atenuó la caída de la economía. Baste recordar que, entre febrero y julio de 2020, se destruyeron más de 500 mil empleos, lo cual desataba fuerzas contractivas poderosísimas. La economía pudo tener un hundimiento catastrófico. Al final del año, la economía costarricense se contrajo un -4,1%, malo, sí, pero bastante menos que el promedio de -6,8% para América Latina en su conjunto, y mucho menos que el -11% de Perú, el -10% de Argentina, el -8% de México y El Salvador, y ni se diga el -17,9% de Panamá.

Acontecía que el gasto deficitario del gobierno contribuía a sostener la demanda total en la economía, en momentos en que la demanda privada se desplomaba en picada, como consecuencia de que el desempleo, que ya era muy alto antes del Covid-19, en cosas de tres meses prácticamente se duplicó, mientras centenares de miles de personas se salía de los mercados laborales. El gasto público y el déficit fiscal, tan aborrecidos por el empresariado privado, propiciaban que el golpe para sus negocios fuese menos severo de lo que pudo haber sido, y que el derrumbe de la economía no alcanzase las magnitudes de vértigo que potencialmente podría haber tenido. Eso es así, no obstante que ese efecto positivo se veía limitado -y así sigue siendo hasta el día de hoy- porque gran parte de ese déficit correspondía a pago de intereses, cuya contribución a la dinamización de la demanda es, por diversas razones, más limitado.

Y, sin embargo, al entrar en 2021 las tornas se vuelve y la tonalidad cambia. Ahora es Costa Rica la que se queda en el pelotón de retaguardia. La CEPAL estima un crecimiento promedio del 5,2% para América Latina y el Caribe en su conjunto, liderado por Perú (9,5%), Chile (8,0%) y Argentina (6,3%). Muy atrás queda Costa Rica: 3,2%.^[1]

Que, en todo caso, esa tasa de crecimiento para Costa Rica es engañosa, ya que está inflada por la expansión desorbitada de las zonas francas, la cual solo tiene un efecto nimio sobre el resto de la economía, por lo que tampoco fructifica en una creación satisfactoria de empleos. Dejaré de lado ese mundo feliz de los parques industriales -el llamado “régimen especial” según lo designa el Banco Central-, y en lo que sigue me concentraré en “la otra economía”, que provee empleos a cerca del 95% de las personas trabajadoras y paga la casi totalidad de los impuestos.

La medición convencional del valor de la producción de esa “otra economía”, realizada por el Banco Central con base en el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE), muestra que a lo largo del trimestre marzo-abril-mayo 2020, se sufre un desplome del -9,5%, respecto del dato de febrero de ese año. En junio empieza una recuperación que, de tan tímida y limitada, no merecería ser considerada como tal, al punto que, a junio de 2021, tras 13 meses de “recuperación”, el dato respectivo todavía está un -4,1% por debajo de su nivel de febrero 2020. En cualquier país del mundo se la consideraría una recuperación sumamente anémica e insatisfactorio. Pero aquí se nos quiere hacer creer que merece celebrarse.

Si, además, comparamos la evolución registrada a lo largo del primer semestre de 2021 con la observada en el segundo semestre de 2020, notaremos que la economía no gana impulso, no obstante el avance, gradual pero sostenido, hacia la eliminación, o, por lo menos, la reducción sustancial, de la mayoría de las restricciones sanitarias. Se suponía que ello habría de infundirle energía a la reactivación económica. No hay tal: el avance, si cabe llamarlo así, sigue siendo lento y contenido.

Quedamos, entonces, en el pelotón rezagado en materia de crecimiento a nivel latinoamericano, pero, en cambio -con tasas de desempleo que se mueven en el rango del 17-18%- lideramos los rankings del desempleo.

Todo lo cual tiene muchísimo que ver con la política fiscal (gastos públicos e impuestos) en aplicación. Las cifras que presenta el Ministerio de Hacienda para 2021, no son directamente comparables con las de 2020, porque suman un componente que anteriormente no incluían: el gasto e ingresos de los llamados “órganos desconcentrados” (OD). Sin embargo, el Banco Central realizó los ajustes estadísticos necesarios de forma que, excluyendo los OD, pudiera compararse la evolución efectiva de las cuentas del Gobierno Central. La conclusión es contundente: al mes de junio 2020, sin incluir intereses, el gasto se reduce en -7,1%. Inclusive sumando intereses, se registra una reducción de -3,5%. La parte de transferencias corrientes -las cuales son giros de dinero a instituciones diversas tales como: CCSS, universidades, FODESAF, IMAS, juntas de educación, IAFA, etc.- se les aplica un tajo de -15,5%.[2]

No obstante lo anterior, las cifras que se presentan en la página web del Ministerio de Hacienda, muestran un notable incremento en los gastos de capital (inversión). Al mes de julio, y comparadas con julio 2020, aumentan en un espectacular 42,8%. En parte, las cifras han de estar infladas por posibles gastos de capital de los “órganos desconcentrados”, los cuales, como ya indiqué, no se incluían en los datos de 2020. Pero incluso así, y en virtud del recorte brutal que se había aplicado en 2020, son números que se sitúan un -5% por debajo de las cifras de dos años atrás, o sea, las de 2019.

Pero, lo que es más importante, resulta que, hasta en el mejor de los casos, es un monto de inversión pública sumamente modesto, en el orden de 1,4% o 1,5% del PIB, cuando, en realidad, nuestro gobierno debería estar invirtiendo arriba del 4% o 5%, en planes de emergencia para la creación de muchos empleos en el corto plazo, y programas de inversión de mediano y largo plazo en áreas como el transporte público, las energías limpias, la vivienda popular y de clases medias, la infraestructura sanitaria, educativa y de cuido, la fibra óptica, acueductos, recuperación de cuencas de ríos, ciencia y tecnología. Entre tantos otros ámbitos, de similar importancia.

Mientras esto ocurre, los ingresos del gobierno dan un notable salto. Las razones son diversas, pero el caso es que, incluso con los necesarios ajustes estadísticos que, como ya indiqué, fueron realizados por el Banco Central, a junio 2021, y comparados con junio 2020, crecen un 12,6%. Lo cual pareciera ser algo positivo, pero deja de serlo en el contexto de una economía ralentizada y con altísimos niveles de desempleo. Si por lo menos esos ingresos adicionales financiaran programas de creación de empleos e inversión pública, el efecto neto sería positivo. Pero sirven exclusivamente para reducir el déficit fiscal, por lo que su impacto sobre la economía es necesariamente negativo: es dinero que se saca de los bolsillos del sector privado y son drenados de la demanda privada, sin que el sector público los devuelva al flujo de la demanda global.

Cuando, por otra parte, ha quedado claro que la relativa flexibilización de la política monetaria del Banco Central, que ha hecho descender considerablemente las tasas de interés sobre las colocaciones de créditos por parte de los bancos comerciales, ha sido insuficiente e ineficaz, tan ineficaz como ha sido la eliminación de restricciones sanitarias y la “reapertura” de la economía. En ninguno de los dos casos era de esperar otra cosa, porque en ninguno de ambos se atacan las fuerzas más profundas que frenan la economía. Todo lo cual simplemente ratifica que, sin una política fiscal enérgica, la reactivación y, sobre todo, la generación de empleos, serán mucho más difíciles y lentas.

El déficit fiscal ha devenido una especie de “pesadilla de Freddy Krueger”, en la cual hemos quedado atrapados. Es, a un mismo tiempo, el fantasma que se agita para infundir miedo, y la camisa de fuerza que nos paraliza. Lo absurdo de la situación queda mejor ilustrado, tan solo con que hagamos un somero recuento de las urgentes necesidades que nos acogotan y angustian. Pensemos tan solo en la carencia de adecuados espacios públicos -incluyendo parques, instalaciones deportivas, campos de juego y centros para la práctica del arte-, en nuestros ríos contaminados o en las limitaciones de la infraestructura de cuido para atender a la niñez, las personas mayores o las personas con discapacidad. Y, entretanto, tenemos centenares de miles de personas desempleadas.

¿No es acaso una locura que ni siquiera podamos proveer empleos temporales a esas personas para resolver ese tipo de acuciantes necesidades, mientras encuentran mejores oportunidades de empleo en las empresas?

Luis Paulino Vargas Solís, CICDE-UNED

Alajuela, Costa Rica, 7 de septiembre de 2021

Algunas cifras ilustrativas

[1] CEPAL, La paradoja de la recuperación en América Latina y el Caribe. Crecimiento con persistentes problemas estructurales: desigualdad, pobreza, poca inversión y baja productividad. Informe especial Covid-19, julio 2021.

[2] Banco Central de Costa Rica, Revisión del Programa Macroeconómico 2021-2022, San José, julio 2021, pp. 47-49.

Blog del autor: http://sonarconlospiesenlatierra.blogspot.com/2021/09/costa-rica-el-deficit-fiscal-no-es-el.html