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Presidente Alvarado: Por favor, no juegue con fuego

Escrito en 26/06/2018. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Paulino Vargas Solís (*)

Si algo ha caracterizado a la Costa Rica del nuevo siglo, ha sido el hecho de que, cada vez más, el crecimiento económico depende de la deuda. Y, en particular, de la deuda privada, algo que tanto la prensa como las/los economistas de la ortodoxia dominante, acostumbran abordar con cierta indisimulada histeria y su dosis de amarillista superficialidad. Se trivializa el problema y, de paso, se evita sacar conclusiones que, por relevantes, podrían ser incómodas.

Hace 20 años, el ratio o relación entre el crédito y la producción nacional (“crédito al sector privado / Producto Interno Bruto (PIB)”) era tan solo del 17%. Al finalizar 2017 esa relación alcanza el 61%, y solo la parte de crédito a las familias (consumo + vivienda) llega al 37%. O sea, más del 60% del total del crédito es deuda de las familias.

Y, sin duda, el auge que la economía costarricense experimentó en los años 2006-2007 (con tasas de crecimiento del PIB en el orden del 7-8%), se alimentó fundamentalmente del crédito al sector privado y, en especial, a las familias. En total, ese crédito se multiplicó por 3,06 veces entre diciembre de 2004 y diciembre de 2008. El crédito para consumo aumentó en 2,87 veces y para vivienda en 3,09 veces, muy por encima del crecimiento total del PIB.

Con el impacto negativo de la crisis económica mundial y el abrupto deterioro del empleo, el crédito se frenó en 2009. Pero en el período posterior a ese año y hasta la actualidad, el dinamismo muy mediocre que la economía costarricense manifiesta, vuelve a sustentarse sobre esas mismas bases. Así, entre diciembre de 2009 y diciembre de 2017, las colocaciones crediticias al sector privado pasaron de representar un 48% del PIB, hasta llegar al 61%, mientras la parte correspondiente a las familias saltó del 27% al 37%. Con un agravante: también la deuda pública ha crecido sostenidamente durante esos mismos años.

Y, sin embargo, es posible que nuestros niveles de deuda, medidos relativamente a la producción nacional (el PIB), todavía sean pequeños comparados, por ejemplo, con los de Estados Unidos. El problema, sin embargo, es que veníamos de niveles de deuda mucho más bajo, y en poco tiempo esta se ha multiplicado espectacularmente. Nos vamos haciendo adictos a la deuda. Siendo por otra parte claro, porque así lo manifiestan los datos, que ese gris crecimiento de la economía –incluso en los momentos algo mejores que se vivieron hacia 2015– responde principalmente al impulso que le da el consumo de las familias -impulsado por el crédito– y, en menor grado, el consumo público, ya que, por su parte, la inversión empresarial, para la formación de nuevas capacidades productivas, se mueven en una tendencia muy opaca y declinante, y el sector externo sigue pesando negativamente.

Esto introduce elementos de inestabilidad, potencialmente peligrosos. Lo cual es mucho más claro si tenemos en cuenta el peso del crédito en moneda extranjera (principalmente dólares). En la banca privada éste último representa, al día de hoy, el 73% del total del crédito colocado (29% para los bancos públicos). Ello permite entender el empeño del Banco Central por mantener estable el tipo de cambio, ya que, en caso contrario, no solo muchas familias y empresas podrían verse en problemas, sino que incluso podríamos ver caer más de un banco privado.

Y, por favor, no olvidemos la gravedad, imposible de exagerar, del problema del empleo, claramente asociado a un modelo económico donde las actividades más dinámicas –finanzas y zonas francas, incluyendo servicios empresariales– aportan muy poco empleos (y también muy pocos impuestos, en particular las zonas francas), mientras que las que sí crean mayor cantidad de empleos (y pagan más impuestos), como es el caso de la industria manufacturera, la actividad agropecuaria y la construcción, atraviesan un largo proceso de declive.

En su conjunto son condiciones que propician el agravamiento de las desigualdades y del malestar social, en virtud de que una parte sustantiva de la población trabajadora vive la frustrante realidad de la carencia de empleos dignos. Esto último, mezclado con las características del modelo de crecimiento de la economía, los altos niveles de fraude fiscal y las graves deficiencias de nuestro sistema tributario, son, a fin de cuentas, las razones fundamentales detrás del problema del déficit fiscal. Cierto que los gastos –en particular remuneraciones y transferencias– tendieron a crecer con relativa celeridad, y que ello detonó el problema del déficit en los años inmediatos posteriores a 2008. Pero nada de eso hubiera tenido, ni de lejos, el impacto que a la larga ha tenido, si la economía no hubiese quedado atrapada en ese estado de anemia crónica y con tan agudos problemas del empleo.

El sentido común dominante –incluso entre el muy hegemónico contingente de los/las economistas de la ortodoxia– ignora sistemáticamente estos factores estructurales más profundos. Todo se reduce a una operación propagandística enfocada en la criminalización de los empleados y las empleadas del sector público, y en el ataque contra diversas instituciones públicas. Lo cual no niega que hay excesos, ineficiencias y burocratismos que deben corregirse. Pero es algo que debe hacerse en bien de la calidad y eficacia del servicio que la ciudadanía merece recibir, sin pretender ilusamente que ello pueda corregir el actual problema fiscal.

Por otra parte, y en correspondencia con lo anterior, se ha popularizado una historia mítica, que atribuye la pérdida de dinamismo que la economía viene experimentando en el último año y resto, al problema fiscal. Es la misma leyenda urbana que asegura que las tasas de interés han subido a causa del déficit del gobierno, y que corregir este déficit reanimará el crecimiento económico y la creación de empleos.

Las relaciones de causalidad que subyacen a estas presunciones, siempre son omitidas: lo afirman, pero se guardan muy mucho de explicar cómo operan las relaciones que dan lugar a los resultados observados. Pero no es difícil adivinar la teoría detrás de tales fantasías, la cual básicamente imagina un mundo de “agentes económicos” racionales, en capacidad de modular su comportamiento y sus decisiones, teniendo en cuenta, con precisión matemática, las implicaciones atribuibles al déficit fiscal. Un absurdo de dimensiones galácticas, insostenibles como lo es el edificio total de la economía ortodoxa, del cual también se deduce la idea errónea de que ha sido el déficit gubernamental el que ha hecho subir las tasas de interés. En realidad, es fácil constatar que éstas aumentaron en el momento justo en que el Banco Central así lo quiso, y puso en marcha los diversos instrumentos de política a su disposición, para hacerlas subir.

Todas estas supercherías son las que subyacen a las propuestas frente al déficit fiscal que el gobierno de Carlos Alvarado viene presentándonos, tanto las medidas de restricción del gasto, como las diversas propuestas de reforma tributaria en la Asamblea Legislativa.

El error de fondo surge de un sentido común tan popular como erróneo: el de que la mejor forma de resolver un problema de acumulación de deuda, es “socándose la faja”. Y si bien ello podría ser correcto en el caso de una persona o una familia sobre-endeudada (pero incluso en ese caso no siempre lo es), deja de serlo cuando hablamos de una economía en su conjunto. Porque apretarse el cinturón, y optar por la vía de la austeridad, provocará lo que normalmente provoca, tal cual la teoría crítica-heterodoxa lo anticipa y la evidencia lo ratifica: el derrumbe de la economía y, con esto, la pérdida de capacidad económica para afrontar la deuda, y, entonces, el agrandamiento relativo de ésta. Justo por ello la deuda de Grecia se volvió impagable. Y, en efecto, jamás será pagada, pero, entretanto, el pueblo griego fue desangrado brutalmente, bajo el prejuicio estúpido de que la cuestión se resolvería si se “apretaban la faja”.

El gobierno de Carlos Alvarado no parece querer entender esto. Y ello es grave. Porque si la economía viene débil y con severísimos problemas del empleo, la vía por la que se está optando agudizará esa debilidad y deteriorará aún más el empleo. Y si eso ocurre, el peso de las deudas privadas se multiplicará, como también su efecto deflacionario, con lo que el retroceso de la economía podría agravarse. Con lo que podría darse el auto-cumplimiento de las profecías tantas veces pronunciadas: el déficit fiscal desembocaría en una grave crisis, pero no por causa del déficit mismo, sino en virtud de haberse optado por una estrategia errónea.

No imagino que el presidente Alvarado ni ninguno de los encumbrados personajes que le rodean, lean esto. De seguro no lo harán. Aun así, y con todo respeto, concluyo con este mensaje: “presidente Alvarado, por favor medite, sé que a usted le sobran buenas intenciones, pero ello no basta para impedir que lo que está haciendo pueda causar mucho más daño que bien”.

(*) Director Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, CICDE-UNED.

Enviado por el autor.

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Crisis fiscal: Carlos Alvarado se mete en un callejón sin salida

Escrito en 08/06/2018. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Acerca de las medidas que el gobierno de Carlos Alvarado anuncia ante la crisis fiscal

Luis Paulino Vargas Solís (*)

Las dimensiones de la problemática fiscal

Estas son fundamentalmente tres:

Contable: cuántos ingresos se reciben; cuántos gastos deben financiarse; cuánta diferencia hay entre unos y otros, por lo tanto, cuánto es el déficit fiscal y cuánto el endeudamiento al que deba recurrirse.
Macroeconómica: la política fiscal incide en el desempeño de la economía y la generación de empleo, pero, de vuelta, la situación de la economía y el empleo también afectan –para bien o para mal– la mayor o menor sostenibilidad de las finanzas públicas.
Social: vinculada con la pobreza y la desigualdad. La parte contable influye sobre la mayor o menor capacidad de las instituciones públicas para desarrollar sus políticas sociales. Lo macroeconómico también afecta, sobre todo en lo atinente a la generación de empleos suficientes y de la adecuada calidad. Pero, a su vez, la desigualdad social y la pobreza son, con toda seguridad, factores que a su vez inciden en la solidez de las cuentas fiscales.

El énfasis excesivo del gobierno de Carlos Alvarado en lo contable

En cambio, hay total despreocupación sobre la dimensión macroeconómica y apenas algunas superficiales referencias, mencionadas solo por compromiso, con lo social.

La obsesión por las sumas y las restas está siendo convertida por las élites en signo de buenas maneras y corrección: ser hoy “políticamente responsable” es andar con una calculadora en la mano. Pero, además, ello impone un sentido de urgencia que da por cancelada cualquier consideración que no atienda a cómo lograr, en lo inmediato, reducciones de gastos y aumentos de ingresos.

Una grande y peligrosa omisión

Mucho más importante que la faceta contable, es el contexto en el que germina, se potencia y perdura (por ya casi diez años) el problema fiscal. Y ese contexto atiende, sobre todo, a determinadas evoluciones de la economía, las cuales influyen decisivamente tanto en el origen como en el posterior agravamiento de este problema. Durante este tiempo, los sectores más dinámicos –telecomunicaciones, finanzas y zonas francas incluidos servicios empresariales– se caracterizan por su muy limitada capacidad de generación de empleos, y, a veces, también su limitadísimo aporte a los ingresos fiscales. Los sectores que sí aportan más empleo y pagan más impuestos –agricultura, industria manufacturera, construcción– tienden a estancarse y, en consecuencia, pierden capacidad para la creación de puestos de trabajo y para la tributación. De ahí que, por otra parte, una cantidad enorme de personas trabajadoras migran hacia la informalidad laboral, o sencillamente son expulsadas de los mercados laborales remunerados.

Súmese la persistencia de altos niveles de fraude fiscal y una cantidad de exoneraciones difícilmente justificables. En ambos casos se necesitan reformas legales y en el primero también un enérgico esfuerzo nacional y de cooperación internacional. No esperemos milagros, porque sencillamente éstos no existen.

La consecuencia, por cualquier lado que se le mire, es una reducción estructural, por lo tanto perdurable, en las fuentes de financiamiento a disposición del Estado.

El debate acerca de estos asuntos de fondo es sistemáticamente omitido. No sé si por una suerte de pereza intelectual –que parece ser epidemia nacional– pero también porque esto pondría en cuestión aspectos claves de la estrategia de desarrollo seguida por el país.

Cierto, la faceta contable también cuenta

Primero, y en rigor, hay que reconocer que hay mucho que corregir en nuestra administración pública y en los regímenes de contratación y remuneración. También debe reconocerse que los gastos han crecido a mayor ritmo que la propia economía nacional. Eso gatilló el déficit en los años 2009-2013, sobre todo las partidas de remuneraciones y transferencias. Luego éstas crecen algo más lentamente pero, en contrapartida, y como consecuencia de la deuda acumulada, los pagos por intereses se disparan.

Y, sin embargo, es solo una verdad a medias decir que los gastos crecieron “mucho”, porque lo cierto es que la economía creció poco. Y ello agranda el impacto del crecimiento de los gastos, magnifica el tamaño de la deuda y debilita el flujo de los ingresos recibidos. Una economía anémica con una pésima situación del empleo, subvierte desde sus bases más fundamentales todo el edificio de las finanzas públicas. Y, sin embargo, y con criminal irresponsabilidad, se insiste en ignorar esa faceta fundamental.

Los riesgos macroeconómicos

Ese gris dinamismo económico se ha sostenido en grado decisivo sobre el consumo de las personas y las familias. Y este consumo privado se sustenta sobre todo en el endeudamiento, aunque es posible que los salarios relativamente más favorables que paga el sector público, también den su aporte. En cambio el dinamismo de la inversión (formación de nuevas capacidades productivas) pública y privada, ha venido deslizándose pendiente abajo.

Lo anterior cobra más importancia, cuando el gobierno opta por un enfoque estrictamente contable:

Intenta frenar el gasto, pero esto que ahora el discurso oficial presenta como “contención”, eventualmente será recorte efectivo en los próximos años, si se cumple lo que la ministra Aguilar ha anunciado. La restricción se hará sentir, más severamente con el paso del tiempo, tanto sobre salarios como sobre gasto corriente del Gobierno Central, y, eventualmente, del resto del sector público, con la consecuente pérdida de capacidad operativa y de gestión (para más detalle, véase recuadro al final de este artículo).
Los impuestos que eventualmente apruebe la Asamblea Legislativa impactarán sobre el consumo privado: lo haría de forma directa el impuesto al valor agregado (IVA) que trasladaría recursos del bolsillo de las personas –grupos medios y, sobre todo, clases populares– al financiamiento de un gasto público que hoy se cubre con deuda. Por lo tanto, habrá reducción del consumo privado sin ninguna compensación en el consumo público. Pero un efecto similar tendría la reforma al impuesto sobre salarios, cuyo impacto se hará sentir fundamentalmente entre profesionales asalariados del sector público (cuyas remuneraciones, en todo caso, se ajustarán de forma muy restrictiva).

Los límites del enfoque contable oficial

La fórmula que se nos ofrece se sintetiza en lo siguiente:

Restricción salarial +

Restricción sobre el gasto corriente +

Traslado de poder de compra de personas consumidoras al sector público

O sea, austeridad, por lo tanto restricción. Cierto que, por otra parte, el gobierno ha dicho que no se le ponen límites al gasto de capital, o sea, a la inversión pública. Pero aquí tenemos dos problemas: primero, no se cuenta con ningún plan para impulsar una vigorosa reactivación de la inversión pública a corto plazo. Segundo: ¿qué capacidad de gestión habría para hacerlo si la institucionalidad pública es sometida a una constricción tan considerable?

La austeridad aplicada impactará negativamente tanto sobre el consumo privado como sobre el consumo público. Y ello inevitablemente haría que la economía pierda dinamismo y que, a su vez, el empleo se deteriore aún más. De vuelta, ello dificultará resolver el problema fiscal y acaso conduzca a nuevas rondas de austeridad y restricción, en un contexto en que, al agravarse la pobreza, la política social habrá sido mutilada por la austeridad.

¿Algún factor de compensación podría levantar la economía?

Quizá la inversión pública, pero, como ya indiqué, carecemos de ninguna propuesta en esa materia. No será la inversión privada, desfalleciente en virtud de la caída del consumo privado y público, la pérdida de competitividad de las exportaciones y las altas tasas de interés que el Banco Central promueve. Por lo mismo no cabe esperar mucho de las exportaciones, cuya competitividad está averiada por razones diversas y, en especial, por el nivel ficticio del tipo de cambio colón-dólar. Pero pensar en una devaluación para impulsar las exportaciones sería un disparate, de consecuencias potencialmente desastrosas, dados los altos niveles de endeudamiento en dólares, lo cual involucra personas y familias, empresas y, por supuesto, bancos.

Las opciones de que disponemos son limitadas. Pero el enfoque puramente contable por el que el gobierno opta –desentendido de lo macroeconómico y lo social– nos mete en un callejón sin salida.

Resumen de las posibles consecuencias de las medidas de “contención” propuestas por la administración Alvarado

1. Los mecanismos de fijación de ajustes salariales propuestos garantizarán que el poder adquisitivo real de los salarios tienda a reducirse. En promedio, el ajuste anual (incluyendo anualidades, ahora convertidas en montos fijos) andaría en alrededor de 0,5%. Baste suponer que la inflación se mantenga en sus niveles actuales, para que se dé una pérdida de alrededor del -2% anual en la capacidad adquisitiva real (cerca de -8% en el período 2018-2022). Puesto que, además, solo el 25% de las plazas vacantes se cubrirían –lo que garantizaría reducción de la planilla estatal– la masa salarial global se iría reduciendo relativamente al tamaño global de la economía, al menos si esta logra sostener tasas de crecimiento positivas.

2. El congelamiento de los presupuestos de gastos corrientes en su nivel de 2018, y suponiendo siempre una inflación en sus niveles actuales, implicará una reducción anual de su poder de compra de alrededor del -2,5% anual y un muy seguro declive relativamente al tamaño de la economía en su conjunto. Si, por ejemplo, el crecimiento anual de la economía fuese 5% nominal (2,5% de inflación más 2,5% de crecimiento real de la producción), ello implicaría que los gastos corrientes del Gobierno Central pasaría de representar un 18,7% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2017, a un 15,4% en 2022.

(*) Director del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, CICDE-UNED

Enviado por el autor.

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El problema fiscal: Lo que no debería hacerse pero insisten tercamente en hacer

Escrito en 07/05/2018. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Paulino Vargas Solís

Sin duda nos conviene, incluso nos urge, encontrar una salida pronta al problema del déficit fiscal y la escalada ascendente sobre la deuda pública que trae consigo. Pero ello no debería de ninguna manera ser pretexto para la precipitación y la chapucería. De acuerdo con la evidencia empírica y la teoría más seria y mejor fundamentada, hay cosas que no deberían hacerse. Lo malo es que se insiste en hacerlas.

El problema fiscal, la economía y el empleo

El primer serio error es no captar la relación entre el problema fiscal y el desempeño de la economía y del empleo. Si en otras épocas, se decía que el “mejor ministro de Hacienda” era una buena cosecha de café, hoy, tiempos del gobierno de Carlos Alvarado, podemos afirmar que la “mejor ministra de Hacienda” es una economía boyante que genere muchos empleos de calidad. El dinamismo económico, que pone a caminar todos los engranajes de la maquinaria productiva y provee empleos abundantes con salarios al alza, automáticamente genera mayores ingresos al gobierno. En cambio, por ya casi diez años la economía tica crece claramente por debajo de sus estándares históricos, con el agravante –incluso mucho más importante– que ese mediocre dinamismo es sumamente deficitario en términos de su capacidad para generar empleos y contribuir al sostenimiento de las finanzas públicas.

Según como se haga, el abordaje de lo fiscal puede dañar la economía y el empleo

Si se opta por un abordaje que enfatiza el recorte de gastos del gobierno, y la imposición de impuestos que obliguen a los sectores pobres de la población y a los grupos medios a recortar sus gastos de consumo, lo que tendremos, con casi total seguridad, es un bajón de la economía que deteriorará aún más la de por sí lamentable situación del empleo. Es como si decidiéramos despedir a nuestra “mejor ministra de Hacienda”, para sustituirla por algún tipo inepto y descuidado. El problema podría empeorar en vez de mejorar, y resolverlo conllevará costos aún más elevados.

A mediano y largo plazo la factura podría ser muy onerosa

Tenemos entre manos propuestas fiscales que, claramente, se desentienden de los problemas del empleo. Se arriesga con ello agravar la anemia crónica de la economía y la masiva carencia de empleos decentes. Pero, además, son propuestas inequitativas, que recargan los costos del proceso sobre los sectores más pobres y, en segundo lugar, sobre los grupos medios. Ello agravará la de por si aguda desigualdad que hoy fractura nuestra sociedad. Y, para peores, se apuesta (por medio de la regla fiscal) a un debilitamiento de la institucionalidad pública que, por encima de todo, golpeará a quienes más necesidad tienen. Esto puede provocar inestabilidad social en lo inmediato y, en todo caso, es algo que daría combustible al hervor a fuego lento del malestar y el disgusto que siente mucha gente en Costa Rica, especialmente en las zonas periféricas empobrecidas y olvidadas, y en los barrios marginales de las ciudades del Valle Central. Es echar leña a una hoguera que eventualmente puede convertirse en una enorme conflagración. Ya lo vimos en esta última campaña electoral, cuando caminamos al borde del abismo. La próxima podríamos caer.

Las propuestas en discusión: ejemplo perfecto de lo que NO debería hacerse

La transformación del impuesto sobre las ventas en impuesto al valor agregado (IVA), generalizando su aplicación a muchos servicios que hoy están exentos, tendrá dos consecuencias principales: en lo inmediato obligará a un recorte de los gastos de consumo por parte de familias pobres y de clase media, lo que implicará un frenazo a la economía y, posiblemente, un deterioro en los pésimos indicadores de empleo que tenemos. Segundo, en el mediano y largo plazo, agudizará la desigualdad, ya que es un impuesto que pesa más fuertemente sobre el bolsillo de quienes menos tienen.

El IVA podría ser aceptable, dadas las ventajas que tiene como herramienta para el control del fraude en el impuesto sobre la renta, pero solo si fuese parte de una propuesta integral que hiciese que, en su conjunto, el sistema tributario fuese realmente justo y equitativo. No es lo que se propone. El impuesto sobre rentas y ganancias de capital, incluido en el proyecto en discusión, podría dar un aporte en ese sentido, pero en gran medida pierde ese cualidad, en vista del diseño que se le da (una tasa “plana” del 15%, que lo mismo sería pagada por el pequeño inversionista o ahorrante, que por los grandotes). El incremento en el impuesto sobre salarios por encima de 2,1 millones al mes, tiene cierto grado de progresividad o justicia (poquitas personas en Costa Rica reciben tal monto de ingresos), pero es claramente, un impuesto que afectará a los profesionales asalariados del sector público, y el cual no toca en absoluto a los ricos-realmente-ricos, propietarios de grandes patrimonios (como acciones de empresas; bonos del gobierno; mansiones principescas; edificios de alquiler; yates, autos de lujo y aviones privados, etc.).

La llamada regla fiscal (véase mi artículo Regla fiscal parte II: para entenderla y entender el disparate) es claramente un receta animada por una feroz ideología anti-sector público, que inevitablemente conducirá a un mayor debilitamiento de los servicios públicos, con graves consecuencias: para la población más pobre en primer lugar, así como para estabilidad social y política en su conjunto.

Por su parte, todo el discurso que insiste en el recorte del gasto público, y que en buena medida traduce un odio mal disimulado hacia los empleados y las empleadas públicas, confunde la mojigatería moralizante con las realidades de la economía. Eso sumará a los factores regresivos, dañinos en lo inmediato para la economía y el empleo, y, a mediano y largo plazo, para la desigualdad, la estabilidad democrática y la paz social.

Necesitamos una propuesta fiscal diseñada sobre la base de otros criterios. Sobre eso volveré en un artículo posterior.

En imagen de portada: Rocío Aguilar, nueva ministra de Hacienda.

Tomado del blog: http://sonarconlospiesenlatierra.blogspot.com

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Irresponsabilidad fiscal O de cómo ayudarle a Fabricio

Escrito en 22/04/2018. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Paulino Vargas Solís (*)

Durante los días previos al sábado 20 de abril de 2018, La Nación publicó varios reportajes que resaltaban criterios emitidos por expertos o encumbrados representantes de dos influyentes organizaciones de alcance global: el Banco Mundial (BM) y la OCDE. El diagnóstico compartido era: el problema fiscal de Costa Rica es una grave amenaza. La propuesta era igualmente consensuada: realizar un severo ajuste que reduzca de forma pronunciada los desequilibrios fiscales, la cual debería llevarnos, en un plazo relativamente breve, a una situación de superávit, o sea, de exceso de los ingresos del gobierno sobre sus gastos. Todo lo cual ha culminado –al menos de momento– en el editorial de La Nación de este sábado 20 (https://www.nacion.com/opinion/editorial/editorial-banco-mundial-ocde-y-la-urgente/H5EGHLAMXVHPNJXX27OJRK7QDM/story/) con el que se pone la cereza sobre el pastel.

Los datos que el editorial cita, tomados a su vez de lo que el BM receta, habla de pasar de la actual situación de “déficit primario” a una de “superávit primario”. Aclaremos los términos: “déficit primario” hace referencia al exceso de los gastos del Gobierno Central sobre sus ingresos, pero sin considerar los pagos por concepto de intereses de la deuda. Alcanzar “superávit primario” implica, por lo tanto, pasar a un exceso de los ingresos sobre los gastos, pero siempre sin incluir esos intereses.

Pues bien, hoy día el “déficit primario”, como proporción del Producto Interno Bruto (PIB), o sea, del valor monetario total de la producción de bienes y servicios de la economía costarricense, se ubica algo por encima del 3%. En términos absolutos, ello significa alrededor de un millón de millones de colones, o sea, un billón de colones. Una cifra gigantesca que equivale a cerca de 3,5 veces el presupuesto del Ministerio de Salud, o más del doble del presupuesto de las universidades. Entonces, y de la mano con el BM, La Nación nos propone pasar a un superávit primario que, como mínimo, ha de ser del 4.5% del PIB, aunque lo más deseable, nos dice, es que alcance el 5,2% del PIB. Lo primero, según indican, estabilizaría la deuda pública, o sea, frenaría su crecimiento. Lo segundo nos daría un singular honor: las llamadas agencias calificadoras internacionales (Moodys, Standard & Poor’s, Fitch), nos concederían “grado de inversión”, que viene siendo como pasar a ser parte de las familias elegantes y de buena reputación.

Un superávit del 4,5% implicaría un excedente positivo de alrededor de 1,4 billones de colones. Llevarlo al 5,2% significaría aproximadamente 1,6 billones. Sume usted, entonces: partiendo del “déficit primario” actual, eso significaría un ajuste fiscal –vía aumento de impuestos y/o recorte de gastos– por un monto total de 2,4 billones en el primer caso y de 2,6 billones en el segundo. O sea, más de 8% como proporción del PIB.

Supongamos que fuera un ajuste “gradual” en tres años. O sea: a razón de 2,7 puntos del PIB por año. Si es vía recorte en el propio gobierno, ello significará menos compras públicas y despido de gente, y, por lo tanto, contracción del consumo público y privado. Si es vía impuestos sobre los ingresos de sectores pobres y medios (que es lo que esta gente privilegia), ello también contraerá el consumo privado. Y un recorte de tal magnitud, podría hacer que la economía caiga y entre en recesión, con lo que la situación del empleo, que ya es muy mala, se deterioraría aún más.

Todo lo cual sería simplemente desastroso: por el deterioro en las condiciones de vida de mucha gente, el agudo disgusto social que provocaría y el impacto negativo sobre el de por sí maltrecho prestigio del sistema político.

Suponer otra cosa es, sencillamente, pensamiento mágico. Y eso, según parece, es a lo que apelan el BM, la OCDE y La Nación. No hay forma posible de empujar el crecimiento de la economía, cuando ésta es sometida a un ajuste de tales dimensiones. Imaginar que ello devolverá la confianza al empresariado para estimularlo a invertir y generar nuevos empleos, pasa por alto un hecho objetivo simple y contundente: las empresas no se ven estimuladas por un mercado y una demanda en caída libre. Y ese sería el efecto directo que tendría un ajuste fiscal tan severo.

Por ello resulta risible esta afirmación de La Nación: “…si la economía del país alcanzara tasas de crecimiento superiores al 6 % anual, no solo ello coadyuvaría a reducir el endeudamiento público…sino que contribuiría a aumentar la recaudación fiscal sin necesidad de aprobar nuevos impuestos ni elevar las tasas impositivas”. Por supuesto: si la economía alcanzase tales niveles de dinamismo, y sobre todo si se logra que sea un crecimiento que genere muchos empleos, lo resolución de los problemas fiscales, sería muchísimo más fácil. Pero lo asombroso es que esta gente tan sabia no se entera que el violento ajuste fiscal que promueve funciona exactamente a la inversa: en contra del crecimiento y en contra del empleo. Es, con toda certeza, una fórmula para agravar los problemas fiscales.

Lo cierto es que todos estos expertísimos personajes, insisten unilateralmente en un severo ajuste fiscal, agarrados a un artículo de fe que la realidad ha comprobado reiteradamente fallido: que la austeridad fiscal genera dinamismo económico y empleo. Desde ese principismo dogmático, omiten toda propuesta para reactivar la economía, porque imaginan que eso se dará mágicamente.

Detrás de los proyectos fiscales actualmente en discusión –en particular la “mega-moción o texto sustitutivo del proyecto de ajuste tributario (expediente 20.580)– subyace el mismo error, la misma visión parcial y fragmentada. Miran el problema fiscal sin captar el contexto social, político y económico más amplio. No quieren saber nada del daño que sus propuestas podrían causarle a la economía, ni querrán admitir que por esa vía se arriesga agravar los problemas fiscales que dicen querer resolver. Y jamás aceptarán que esta es una vía regresiva e injusta, que agudizará el malestar ciudadano, generará inestabilidad social y profundizará el descrédito de la institucionalidad democrática.

Ottón Solís, por quien guardo gran respeto, ilustra el problema de estas élites políticas con particular claridad: esta es, según él, la única respuesta posible, y cualquier oposición que se exprese –por ejemplo esta que aquí planteo– es irracional y motivada por estrechos intereses gremiales (por ejemplo: https://www.elmundo.cr/otton-solis-critica-a-lideres-sindicales-y-populistas-de-derecha-por-oponerse-a-reforma-fiscal/). Tal grado de intransigencia contribuye a echarle más leña a la hoguera. No debería desestimarse tan a la ligera las críticas que plantean dudas sobre la equidad de todo esto, ni las reservas que, justificadamente, se puede tener acerca de su impacto en la economía.

Todo lo cual resulta mucho más inoportuno en un país aquejado por niveles intolerables de desigualdad, y en el que hierve a fuego lento un profundo malestar ciudadano. El mensaje de la gente en la última campaña electoral, en que se estuvo a punto de elegir a un candidato fundamentalista, enemigo de la democracia y los derechos humanos, parece no haber sido captado por estas élites políticas. Siguen en lo mismo de siempre, como si nada hubiese ocurrido. La gente, furiosa y decepcionada, podría optar incluso por las apuestas más arriesgadas. Esta vez nos asomamos al abismo. La próxima podríamos caer. Urge enderezar la ruta, solo que estas élites políticas ni se enteran de ello.

(*) Director Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE-UNED)

Tomado del blog http://sonarconlospiesenlatierra.blogspot.com

Enviado por el autor.

Los políticos-empresarios generaron una crisis fiscal y ahora se la cobrarán a las mayorías

Escrito en 04/04/2018. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Carlos José Cabezas Mora (*)

Como parte del clima favorable de los negocios que los economistas, políticos y grandes empresarios han impulsado durante 30 años, han logrado hacerles grandes hoyos a los ingresos del Estado costarricense, primero con los Certificados de Abono Tributario, luego aprobando un Tratado de Libre comercio y durante todos estos años lograr otras exoneraciones sin olvidar desde luego el delito fiscal.

Los grandes vacíos en las arcas obligaron a emitir bonos para que los empresarios los compren, obviamente con ganancia, financiando con deudas la operación del Estado que tiene que velar por los servicios de salud, educación, seguridad y protección, electricidad y agua.

Como es lógico en esta dinámica de números rojos hay maestros, policías, médicos y otros funcionarios públicos que como parte de una justa dinámica de protección salarial han mejorado sus salarios (recuerden que hay una alta profesionalización del sector público en comparación con el privado), tal situación es usada por los políticos-empresarios como la justificación para tomar medidas para “resolver” el déficit fiscal.

La más fácil, pero que sin duda empobrece a las mayorías, es el aumento del impuesto de ventas convirtiéndolo en Impuesto al Valor Agregado (IVA), restringiendo los salarios, posiblemente también eliminando componentes del salario, claro que sin tocar nada de la inmoral y escandalosa evasión fiscal.

En palabras simples los ricos hacen negocios, generan crisis fiscal y le cobran a los trabajadores más impuestos, rebajan o congelan sus salarios para mentirle a la gente que de esa manera se resolverá la crisis fiscal.

Este tema lamentablemente no fue parte fundamental de los debates presidenciales, tampoco podemos apreciar en los programas de gobierno otras opciones que pongan el dedo en la verdadera herida sin dañar el patrimonio de las familias de bajos o medios ingresos.

El camino elegido por el PAC y sus socios nos pondrá en la línea directa de combate a las políticas que dañan a los y las trabajadoras.

(*) Secretario General, Central General de Trabajadores.

Enviado por el autor.

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Confederación de Trabajadores Rerum Novarum: ante la situación de crisis fiscal y la liquidez señalada por el Gobierno

Escrito en 09/08/2017. Publicado en Trabajo.

El anuncio hecho por el señor Presidente Luis Guillermo Solís el pasado 1 de agosto de 2017, pone de manifiesto una grave situación nacional que tiene años de estarse anunciando y más años aún de estarse gestando.

Por un lado, se ha permitido que una creciente elite de empresarios se enriquezca evadiendo y eludiendo impuestos, así como aprovechándose de exenciones en el pago de sus obligaciones con el pretexto del libre comercio. Otros, peor aún, se han beneficiado de la corrupción abierta aprovechándose de nuestra debilitada banca estatal, para usufructuar en beneficio personal y contra el interés nacional. Esa Elite incluso tiene la capacidad de especular tanto con las finanzas que obligan a que la política bancaria esté en función de su crecimiento económico, sin importar que ese aumento; beneficie o no, a toda la población.

A estas actitudes irresponsables, hay que sumar la negativa de los grandes poderes político-económicos representados en gobiernos y asambleas legislativas que no han procurado una verdadera reforma fiscal, progresiva, para que los impuestos se cobren con justicia, pagando los ricos como ricos y como pobres el pueblo trabajador.

Esta situación tiene un telón de fondo que no debemos olvidar: el modelo neoliberal que se ha venido implantando desde los años 80 hasta la fecha, con privatizaciones, programas de ajuste estructural y tratados de libre comercio, que aún no han permitido un verdadero crecimiento económico de nuestro país. Por el contrario, han debilitado nuestra estructura económica que mayoritariamente es de pequeñas y medianas empresas, se ha centrado en acumularle riquezas a las grandes empresas -que no pagan o evaden impuestos- y han generado un alto desempleo, subempleo, empleo informal y en generar empleos de mala calidad que no dinamizan la economía nacional.

En este sentido, en la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum creemos que es importante atacar las causas de fondo de esta crisis, para que no nos lleve a situaciones que pongan en peligro los derechos fundamentales y la paz de nuestro país, pero también para que no se aproveche esta situación para profundizar en acciones neoliberales en provecho de unos pocos que quieren seguir explotando al Estado.

El querer eliminar los componentes salariales del sector público no resuelve el problema fiscal ni la liquidez señalada por el Gobierno. Eso es una farsa.

Esta situación tan apremiante no la resuelve el Gobierno tomando medidas tales como:

-Generar más impuestos regresivos que pongan a pagar más al pueblo, que no ha sido ni culpable ni beneficiado de la política fiscal permisiva con los grandes millonarios del país;

-Deteriorar el ingreso de las familias de las personas trabajadoras del sector público, eliminando derechos laborales o generando inestabilidad en sus trabajos, lo que repercutirá en quitar más dinamismo a la economía nacional;

-Privatizar empresas e instituciones públicas que garantizan el acceso de la población a la mayoría de los servicios públicos y que le generan ingresos importantes a la hacienda pública;

-Eliminar o reducir los rubros que nutren los programas sociales orientados a cubrir las necesidades esenciales de toda la población, o aquellos que están orientados a proteger a la población más empobrecida y vulnerable;

-Cualquier medida que ponga en peligro los fondos de pensiones públicos;

-Ninguna reducción presupuestaria que ponga en juego o deteriore la educación costarricense, en ninguno de sus niveles (desde la preescolar hasta la superior).

Rechazamos, por tanto, cualquier convocatoria de proyectos de ley de parte del poder Ejecutivo que, tomando como pretexto la actual situación, pretenda golpear a la clase trabajadora para pagar una crisis que otros provocaron, entre ellos Empleo Público, el cual es mentira que resuelva el problema fiscal.

Tampoco aceptamos que la UCCAEP y los partidos políticos que nos han gobernado en el pasado y que endeudaron a Costa Rica con su visión neoliberal de la economía, quieran chantajear al actual gobierno ofreciendo más de la receta neoliberal para curar los males que ellos mismos provocaron. ¡Suficiente con el desastre que heredaron!

Proponemos que ante esta situación, el Gobierno tome las siguientes medidas:

-Sentar las responsabilidades políticas y judiciales de quiénes nos han llevado a esta situación;

-Hacer un fuerte plan de reducción de gastos superfluos y de todo aquello que no ponga en riesgo los derechos humanos, derechos básicos y derechos laborales de la población;

-Plantear una verdadera Reforma Tributaria Integral y Progresiva, que ponga a pagar como ricos a los ricos, así mismo un ágil y enérgico plan de cobro de la morosidad y la evasión fiscal que actualmente supera el 8% del PIB;

-Implementar a la mayor brevedad posible un plan de desarrollo de la economía nacional, de nuestro mercado interno, y de generación de empleo de calidad, centrado en la mediana y pequeña empresa, que impacte lo más pronto posible en la aceleración de la economía.

Hacemos un llamado a todo el movimiento sindical, legítimos representantes de la clase trabajadora de este país, a comprometernos a defender el Estado Social de Derecho y apoyar todas las acciones orientadas a superar esta situación de falta de liquidez del gobierno, y resolver estructuralmente el problema fiscal siempre que sea orientado por la justicia social y el bien común.

La confrontación social es lo que algunos sectores políticos y empresariales esperan que se dé, para llevar aguas a sus molinos, no es lo ideal, pero no renunciaremos a ello con tal de defender nuestros derechos.

Consideramos importante abrir un diálogo nacional serio, transparente, sin intereses partidarios, con los diferentes sectores de la sociedad, para llegar a soluciones que beneficien al país.

AFILIADOS A LA CTRN

Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC)

Sindicato de Trabajadores Petroleros Químicos y Afines (SITRAPEQUIA)

Sindicato Industrial de Trabajadores Eléctricos y de Comunicaciones (SITET)

Sindicato de Trabajadores de la Junta Administrativa Portuaria (SINTRAJAP)

Unión de Trabajadores del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (UNATROPYT)

Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Limón (SITRAMUPL)

Asociación de Trabajadores de FERTICA (ATFE)

Sindicato de los trabajadores de la Palma de Golfito (SDTG)

Sindicato Industrial de Trabajadores Costarricenses del Banano y Afines – (SINTRACOBAL)

Sindicato Industrial de Trabajadores Agrícolas, Transporte Agrícola y Afines de Costa Rica (SINTRASTAFCOR)

Sindicato de Trabajadores de la Chiriquí Land Company, (SITRACHIRI)

Sindicato de Trabajadores División Quepos (SITRADIQUE)

Sindicato de Trabajadores del Fondo de Ahorro de RECOPE (SITRAFAR)

Sindicato de Trabajadores de la Piña y Frutas Tropicales (SINTRAPIFRUT)

Sindicato del Comercio (SINCO)

Sindicato Industrial de Pescadores Artesanales, Criadores Acuícolas y Anexos de Puntarenas (SIPACAAP)

Sindicato Nacional de Conductores Especializados y Afines (SINACOESA)

Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas (SITRAP)

Sindicato de Trabajadores de Comedores Escolares (SITRACOME)

Sindicato de Trabajadores del MINAE (SITRAMINAE)

Unión Musical Costarricense (UMC)

Unión Nacional de Empleados Electorales (UNEC)

Sindicato Unión de Trabajadores Legislativos (UTRALEG)

Sindicato de Profesionales de AyA (SIPAA)

Sindicato Nacional de Periodistas

Unión Nacional Técnicos y Profesionales en Tránsito (UNATEPROT)

Asociación Nacional de Agentes de Seguros (ANDAS)

Asociación de Ingenieros Civiles del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (AIC-MOPT)

Unión de Profesionales del Banco Popular (UNPROBANPO)

Sindicato Nacional de Empleados del Banco Central de Costa Rica (SINEBACCR)

Sindicato Costarricense de Auxiliares de Enfermería (SINAE)

Sindicato Nacional Empleados de Salud Pública y Afines (SINAESPA)

Federación Agraria Nacional (FAN)

UCASARAPIQUI / UNAMI Guatuso / ASCAG Guácimo / ASOOOM

UNACOBRUS / AAHH / UNASACHI / ASOMOVI AMUPROCHIL / APROCHIL / UPACOCH /

SITRAMUDEGRE / SIEMPRHE / SEMG / SEMC / SITRAMUCOB

Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Turrialba (SEMUTU)

Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Pococí (SUTRAM)

Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Palmares (SINTRAMPA)

Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de la Municipalidad de Pérez Zeledón (SITRAMUPZ)

Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Palmares Municipalidad de Curridabat (SITRAMUCU)

Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Nandayure (SITRAMUNA)

Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de La Cruz (SITRAMULAC)

*Imagen con fines ilustrativos tomada de la página de Facebook CTRN

Enviado por SEC CR.

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Pitazo final

Escrito en 09/05/2016. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Arnoldo Mora

Lo acaecido en el recinto parlamentario el lunes 2 de Mayo merece destacarse, no solo por el hecho de que el discurso del Presidente no se haya dado, como era lo habitual, el 1ro de Mayo, sino principalmente en razón de la coyuntura política que vive el país. Ese fue el trasfondo de una ceremonia, por lo demás, estereotipada. Más que una pormenorizada enumeración, que había enviado de previo con abundante información de lo hecho por su gobierno, el Presidente se dedicó a hacer política en el sentido fuerte del término. Insistió ante el Primer Poder de la República en la responsabilidad, que constitucionalmente le compete, de cogobernar aprobando las leyes que la coyuntura requiere, a fin de paliar la crisis fiscal que agobia al Estado. Ante el hecho de que se ha configurado una nueva alianza entre los partidos de oposición que ha asumido la conducción de la Asamblea Legislativa, el Presidente los ha conminado a que aprueben los proyectos que les ha enviado. Junto con una invitación al diálogo, Luis Guillermo los ha enfrentado a su propia responsabilidad reconociendo, sin mencionarlo explícitamente, que posiblemente uno de esos partidos podría asumir su puesto dentro de dos años; de modo que, si no aprueban lo que él propone, tendrán que apechugar con las consecuencias de la crisis fiscal, que se les convertiría en una hipoteca, no por culpa del gobierno actual, sino por la miopía electorera y prejuicios ideológicos de la alianza opositora. En cuanto a su descenso en la popularidad, al menos en apariencia, da la impresión de no serle particularmente sensible, arguyendo que no está en sus planes futuros aspirar a la reelección.

Luis Guillermo tiró la pelota hacia el campo de quienes hoy son sus adversarios políticos. Al iniciar el segundo tiempo de un partido, cuyo pitazo final debe arrojar como resultado positivo la solución de la crisis fiscal que ningún gobierno anterior había logrado, a pesar de reconocer que ésta azota como una peste medieval, al Estado y, con ello, a la nación entera. En esto nadie, ni en la oposición ni en el gobierno, hay dudas. El quid de la cuestión está en quién pagará el costo. Es allí donde el país se muestra más dividido que nunca desde la década de los 40 del siglo pasado. Es en torno al papel que las fuerzas políticas y sociales asuman que se decantará el criterio, a la luz del cual podremos sopesar la posición que adopten los partidos. Esta es la CUESTIÓN nacional por excelencia hoy día. Todo lo demás, como diría Shakespeare, no son más que “palabras, palabras, palabras…”.

Es en función de este desafío, crucial para los destinos de la nación, que se escogerán los candidatos presidenciales y se hará la campaña electoral. Las reglas del juego, las tácticas y estrategias ya se perfilan, las candidaturas ya despuntan. La segunda parte de este partido de la administración Solís tendrá como trasfondo la campaña electoral que se avecina. Nunca como ahora es tan actual aquello de que el futuro deja de serlo desde el momento en que se asume como parte constitutiva del presente. El hoy define el mañana. Los actores de la escena política nacional están imbuidos de este rol. Los ecos de estas voces han retumbado durante los días 1ro y 2 de este mes, tanto en el recinto parlamentario, como en las calles. El pitazo final de este juego, que se acaba de iniciar en su segunda parte, se dará el primer domingo de febrero del 2018. Estamos advertidos.

Enviado a SURCOS Digital por el autor.

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Austeridad fiscal: La receta equivocada

Escrito en 10/11/2014. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Paulino Vargas Solís

Durante las últimas semanas un tema ha dominado el debate político en Costa Rica: el problema del déficit fiscal y, en particular, las diversas propuestas que intentan disminuirlo mediante el recorte del gasto público. En forma muy sintética, este artículo analiza algunas facetas de la cuestión que, en general, son ignoradas o invisibilizadas en ese debate.

Acerca de las consecuencias del déficit fiscal

Estas propuestas de austeridad se justifican a partir de planteamientos que atribuyen al déficit una larga serie de terribles consecuencias dañinas. Muy poco de todo ello encuentra apoyo en los datos de la realidad.

En primer lugar, se aduce que el déficit provoca inflación y elevación de las tasas de interés. Ninguna evidencia disponible respalda tales afirmaciones. Por seis años al hilo la magnitud del déficit ha sido considerable –tendencialmente creciente- cuando, al mismo tiempo, la inflación se ha sostenido en mínimos históricos. Por su parte, las tasas de interés han experimentado ocasionales episodios de alza. Pero igualmente se ha comprobado que es factible bajarlas a sus usuales niveles históricos, tan solo con que se apliquen las políticas apropiadas. El caso es que las condiciones de la economía durante estos años invalidan tales presunciones. Y, sin embargo, se insiste dogmáticamente en repetirlas.

Asimismo se asegura que con el déficit crece también la deuda pública y, con ello, aumenta asimismo la posibilidad de que las “calificadoras internacionales de riesgo” degraden la “nota” que le atribuyen a Costa Rica, en cuyo caso la obtención de financiamiento externo se vuelven más astringente. Esto tiene su dosis de verdad; ya hemos visto como una de esas calificadoras ha querido “castigarnos”. Sin embargo, y como es obvio, ello no tiene a corto plazo consecuencias apreciables, aunque sí podría tenerlas en períodos más largos. En particular, subrayemos que el problema de la deuda tiene una doble faceta: lo importante no es cuánto crezca en términos absolutos, sino, sobre todo, su crecimiento relativamente al crecimiento de la economía nacional (o sea, respecto del ritmo de aumento del PIB). Este segundo aspecto de la cuestión no ha recibido adecuada atención. Todo el interés, en cambio, se concentra en la restricción del gasto público para intentar frenar el alza de la deuda, sin percibir que, en realidad, devolverle dinamismo a la economía es un objetivo mucho más importante. Sobre esto último, volveré luego.

La “mística de la mutilación”

La política de recorte por la que se ha optado, se basa en una serie de supuestos no explícitos. En primera instancia, es clarísimo que se manejan hipótesis fervorosamente anti-estatistas y, en particular, fieramente estigmatizantes respecto de las personas que trabajan en el sector público. Esa es la justifican detrás de las tijeras y el machete: porque presuntamente en el sector público pululan la corrupción y la ineficiencia y porque sus empleados y empleadas gozan de grandes privilegios y son gente vagabunda e inepta.

Desde este discurso maniqueo y satanizante se impulsan políticas restrictivas que tienen el potencial de profundizar los procesos de desmantelamiento e inutilización del sector público. Ello es así puesto que, en primera instancia, las medidas restrictivas han sido promovidas sin otro criterio como no sea los juicios arbitrariamente formulados desde un despacho legislativo. Pero, además, debería ser obvio que para lograr mayor eficiencia y eficacia lo que se necesita prioritariamente es mejorar la organización y fortalecer el funcionamiento de las instituciones públicas, no debilitarlas aún más. Porque lo que se recorta simplemente desaparece, y ello sería justificable solo si se pudiera demostrar que la oferta de servicios públicos excede de las necesidades existentes. Evidentemente ese no es el caso. Lo contrario es lo cierto: ni los servicios públicos ni la inversión pública son –ni en calidad ni en cantidad- lo que debieran ser. Se necesita más y mejor, nunca menos.

La receta equivocada

Anoté más arriba que el crecimiento de la deuda pública que deriva de la persistencia del déficit, deviene un problema que merece atención en la medida en que crezca su dimensión relativa respecto del tamaño del PIB. Ello nos remite al problema del dinamismo de la economía o, mejor dicho, al de la ausencia de ese dinamismo, según se ratifica en la persistencia (por siete años al hilo) de un crecimiento económico muy inferior a los estándares históricos de la economía costarricense, con una situación del empleo sumamente deteriorada. Ello configura lo que propongo considerar una situación de depresión económica: porque el desempeño de la economía se degrada por debajo de sus niveles históricos y porque esa situación se convierte en una tendencia que se prolonga durante un largo período sin que se avizore ninguna pronta mejoría.

En ese contexto, la obsesión fiscalista que enfatiza el recorte y la restricción implica un doble error: en primer lugar, pone el énfasis donde no debiera, distrayéndolo de lo que es realmente prioritario (la dinamización de la economía); y, en segundo lugar, porque la fórmula de la austeridad genera presiones recesivas adicionales en una economía debilitada que, de por sí, anda renqueante.

Al respecto, debe enfatizarse que, con alta probabilidad, uno de los factores que más ha incidido en la persistencia por seis años seguidos de un déficit fiscal significativo, ha sido, precisamente, el estado de crónica debilidad en que la economía ha quedado atrapada. Ello sin duda ha debilitado los ingresos que recibe el gobierno y, por lo tanto, repercute en la persistencia del déficit y en el crecimiento de la deuda. Aparte que una economía que evoluciona en ralentí es una receta segura para que el peso relativo de la deuda se incremente.

Por lo tanto, la fórmula del recorte, en cuanto seguramente agravaría la atonía económica, al cabo podría traer consigo un agravamiento del déficit y, entonces, una agudización del problema de la deuda, tanto en su magnitud absoluta como en su dimensión relativa.

Información tomada del Blog “Soñar con los pies en la tierra” de Luis Paulino Vargas: http://sonarconlospiesenlatierra.blogspot.com/2014/11/austeridad-fiscal-la-receta-equivocada.html

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Crisis fiscal y estancamiento económico: Costa Rica una economía en depresión

Escrito en 28/10/2014. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Paulino Vargas Solís

El 20 de octubre pasado La Nación publicó una nota titulada “Gasto de consumo de las familias pierde potencia”. Varios indicadores son examinados para dejar en evidencia lo que, en todo caso, viene siendo obvio para cualquier analista económico medio informado: que el gasto de consumo de familias y personas ha venido perdiendo fuerza, dentro de un movimiento declinante que empieza a manifestarse en 2010 y el cual, por lo tanto, se ha prolongado por un período extenso sin que, a la fecha, muestre signos de mejoría. Al día siguiente, ese mismo medio publicó una nota que hace referencia al modestísimo ritmo de crecimiento de las exportaciones. Si uno se remite a la página web del Banco Central, podrá confirmar que éste es un fenómeno que empezó a manifestarse desde tiempo atrás. En los años posteriores a 2009 las exportaciones no lograron recuperar su dinamismo previo a ese año, pero, en particular, en los últimos dos años han quedado prácticamente estancadas. Si revisamos la información atinente a inversión de las empresas (según el indicador “formación bruta de capital”), se notará que también esta variable muestra un comportamiento declinante.

Las razones de por qué ocurren tales cosas son diversas. En el caso del consumo de las familias inciden con seguridad dos factores: el agudo deterioro del empleo y el trazo declinante que el poder adquisitivo de los salarios viene dibujando por ya varios años. No sabemos si podría estar incidiendo también el peso de un endeudamiento acumulado que, llegados al momento actual, obliga a un ajuste restrictivo del gasto familiar. Probablemente hay también hay un factor subjetivo: la gente se siente insegura y teme por su futuro, lo cual la lleva a ser más comedida en su gasto. No es, sin embargo, algo antojadizo, ya que, como he indicado, detrás está la realidad de una muy mala situación del empleo y un deterioro tendencial y acumulativo del poder adquisitivo de los ingresos familiares. Imposible entonces no sentirse pesimistas.

El débil comportamiento de las exportaciones es seguramente consecuencia de un par de factores: el estancamiento general que padece la economía mundial, incluyendo los principales mercados de las exportaciones de Costa Rica, y, a la par, el alto grado de sobrevaloración del colón frente al dólar. Lo primero recorta el dinamismo de la demanda proveniente del mundo; lo segundo eleva los costos relativos de las exportaciones y las pone en riesgo de perder mercados.

Aunque siempre hay sectores a los que les va mejor, lo cierto es que todo esto demarca un contexto general poco propicio para muchas empresas, las cuales seguramente perciben que sus ventas no van bien y que, por lo tanto, sus ganancias no se mueven como quisieran, siendo que, además, aquellas que compiten con productos importados, también sufren el castigo de la sobrevaloración del colón frente al dólar. Y aunque no es infrecuente que las empresas traten de resolver el problema mediante una presión laboral más intensa y jornadas más largas (es a eso a lo que en Costa Rica llaman “eficiencia”), y procuran además contener los salarios, al cabo esos mecanismos resultan dañinos. Ello es así puesto que la resistencia física y mental de las personas trabajadoras no es infinita y su motivación y productividad declinan cuando se abusa de su esfuerzo y capacidad. Pero, además, la opción de restringir los salarios actúan como un bumerang: se deteriora el poder adquisitivo de las personas, lo que a su vez incide negativamente en el consumo y, por lo tanto, frena las ventas de muchas empresas.

En vista de todo lo anterior, no es de extrañar que también en las empresas cunda el pesimismo, lo que las hace más cautelosas a la hora de decidir sobre nuevas inversiones. Ello se refleja en los datos no muy halagadores de la “formación bruta de capital”.

O sea, el panorama económico general está dominando por un humor sombrío y, a la vez, está afectado por un cúmulo de factores económicos de signo negativo. Ello da lugar a una suerte de círculo vicioso: produce un crecimiento económico muy bajo con graves problemas de empleo, todo lo cual a su vez incide en que el deterioro de las expectativas continúe y el estancamiento se prolongue.

Es razonable pensar que la economía de Costa Rica atraviesa una fase de depresión económica que ya se prolonga por siete años (empezó en 2008). Habló aquí de depresión en un doble sentido: por el largo período implicado y porque durante todo ese tiempo el desempeño de la economía se mantiene, de forma sostenida, por debajo de sus estándares históricos. Pero con un agravante adicional: en los últimos dos años -2013 y 2014- la debilidad económica da signos de agudización.

Desde 2009 el déficit fiscal se sitúa en niveles considerables y tendencialmente crecientes. Ya son seis años consecutivos y, con mucha seguridad, su persistencia, e incluso su tendencia a agravarse, en buena medida se deben a la debilidad general de la economía, ya que ello incide negativamente sobre los ingresos que el gobierno recauda. Pero incluso en presencia de tal déficit, la política fiscal se ha esforzado por contener al máximo sus gastos de consumo y sus inversiones, lo cual se refleja claramente en las estadísticas de cuentas nacionales. De manera que tampoco la demanda que el gobierno crea tiene un efecto estimulante apreciable sobre la economía, ya que se la mantiene encorsetada tanto como se ha podido.

Si el anterior análisis es correcto, ello debería conducir a tres conclusiones principales:

a) La “austeridad fiscal” tan solo recortaría adicionalmente el muy disminuido empuje de la economía, arriesgando, incluso, aproximarla a los límites de la recesión abierta;

b) Al debilitarse aún más la economía, con ello se debilitarán adicionalmente los ingresos tributarios del gobierno, por lo que, en vez de aminorarse, el problema del déficit fiscal podría agravarse;

c) Es tarea urgente explorar y poner en marcha nuevas alternativas de política pública, orientadas a la dinamización de la economía, para romper el círculo vicioso de la depresión económica, generar empleos abundantes y de calidad y disminuir el déficit fiscal de una forma sostenible.

Tomado de Blog de Luis Paulino Vargas “Soñar con los pies en la tierra”

http://sonarconlospiesenlatierra.blogspot.com/2014/10/crisis-fiscal-y-estancamiento-economico.html

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Ottón Solís y la crisis fiscal: La mística de la mutilación

Escrito en 11/10/2014. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Paulino Vargas Solís

No es infrecuente que se diga que “ahorrar es bueno”. Lo cual tiene su dosis de verdad, pero sujeto a determinadas condiciones. Quiero decir, pues, que ahorrar puede ser bueno, pero no siempre lo es. Pongamos por caso la economía mundial en la actualidad: el panorama que ofrece es el de una máquina decrépita que a duras penas camina. Hay varias razones que inciden en esa situación, pero con seguridad una de las principales tiene que ver con el exceso de ahorro acumulado por algunos países ampliamente superavitarios en su comercio exterior –principalmente China- lo cual se trae abajo la demanda a escala mundial y frena la economía. Y, con toda seguridad, a Europa le habría ido mucho mejor en el último lustro si Alemania hubiese sido algo menos austera y si hubiese estado dispuesta a acompañar el esfuerzo de ajuste de España, Grecia, Portugal e Irlanda con una mayor prodigalidad en su gasto.

O pensemos tan solo en los “ahorros” (ideológicamente motivados) que los gobernantes de Costa Rica de los últimos treinta años decidieron hacer en inversión pública en infraestructura vial. Ese ahorro nos ha salido carísimo y ha provocado desperdicios –en importación de combustibles, horas laborales y sobre todo en calidad de vida- que con seguridad han sobrepasado con largueza los presuntos “ahorros”.

Así pues, hay ahorros que pueden causar daño. Como hay ahorros que son necesarios y potencialmente benéficos. Por ejemplo: ¿qué tal que en Costa Rica, en vez de malgastar tanto dinero en enormes centros comerciales, en condominios extravagantes o especulación inmobiliaria se hubiesen generado ahorros que luego hubiesen sido canalizados hacia la inversión en ciencia y tecnología y el fortalecimiento de un tejido denso de pequeñas empresas dotadas de gran capacidad innovadora y con alto valor agregado y conocimiento incorporado en su producción? De haber tenido éxito en tal cometido, de seguro nos iría mejor hoy pero, también, de seguro les iría mejor a las generaciones venideras, las cuales vivirían en un país cuya economía -asentada en altos niveles de productividad- sería mucho más sólida y sostenible.

Hoy ha calado hondo la idea de que los ahorros en todo lo que sea instituciones y servicios públicos son algo necesariamente bueno. Es evidente que esa presunción se alimenta del convencimiento de que el gobierno y sus diversas instituciones son ineficientes y dispendiosas. Un Estado costarricense obeso que, por lo tanto, debe adelgazar. O, mejor dicho, se le deberecortar, según el lugar común que Ottón Solís ha puesto de moda, para júbilo y celebración del poder económico y de los medios comerciales de comunicación.

Pero ¿seriamente alguien podría aseverar que la institucionalidad pública es excesiva? Porque ello implicaría afirmar que se prestan servicios o se llevan a cabo acciones que son innecesarias. Eso es manifiestamente falso, cuando lo que ocurre es evidentemente lo contrario: los servicios no son suficientes ni de la calidad deseable y, en particular, la inversión pública es mucho menor de lo que debería ser. Lo comprobamos a diario de mil formas distintas. Que las cosas podrían hacerse mejor y más eficientemente es innegable –al menos en la mayoría de los casos- pero ello convoca a la mejoría, no al recorte. Mejoría, sí, incluyendo excesos gremialistas que deben ser reconocidos con honestidad y corregidos en consecuencia. Y mejoría, sobre todo, para que se presten más servicios, más oportunos y con mejor atención. Y para que se realice mucha más inversión pública.

Es la “mística de la mutilación”, una especie de estado de arrobamiento espiritual y enajenación mental que imagina que el hacha, la tijera y el machete son artilugios milagrosos que producen consecuencias virtuosas. Pero solo cuando se las aplica al sector público, puesto que quienes así opinan jamás pensarían que deba hacerse algo para desestimular las múltiples formas de despilfarro que hoy día promueve el sector privado.

Más allá del imaginario político, mediático y empresarial que supone que la mutilación conlleva virtud, para algunos economistas la idea seguramente encuentra justificación en una teoría según la cual los mercados capitalistas, dejados al libre arbitrio de sus automatismos, producen resultados óptimos a través de procesos de equilibrio eficientes y armoniosos. Para quienes así piensan, el empequeñecimiento de lo público, al ampliar el espacio de acción de los mercados, resulta por lo tanto muy deseable.

En general, abunda la evidencia empírica e histórica que desacredita esa hipótesis, cuando, de todas formas, la teoría subyacente, en su intento por lograr rigor y elegancia matemática, termina siendo tan solo una gimnasia mental que nada dice ni nada esclarece sobre el funcionamiento de la economía real.

Bajo el influjo hipnótico de esa teorización se tiende a pensar que al recortar lo público se favorecerá la recuperación de la economía en lo inmediato y su mayor desarrollo a lo largo del tiempo. Tan solo recordemos el ejemplo que mencioné anteriormente acerca del “ahorro” en carreteras. La situación de nuestra educación pública es otro caso dramático, entre tantos otros ejemplos que podrían mencionarse. Así, la experiencia histórica deja claramente sentado que tales recortes afectan muy negativamente el desarrollo a mediano y largo plazo.

Pero es igualmente falso que de esa forma se favorezca la recuperación económica en el corto plazo. Lo cierto es que la economía costarricense acumula siete años dando signos de marcada debilidad. Tras el bajón de 2008 y la caída de 2009, la “recuperación” posterior no merece que se la considere tal: ha sido irregular, frágil y, de tres años para acá, marcadamente declinante. La debilidad se manifiesta simultáneamente en todos los frentes: las exportaciones, el turismo, el consumo de las familias, la inversión empresarial…pero incluso el consumo público. Sin políticas que de forma deliberada promuevan la dinamización de la economía y que, al hacerlo, busquen nuevas opciones y replantee a profundidad la vieja forma de hacer las cosas, no habrá posibilidad de levantar cabeza. Con todas las terribles consecuencias que ello tiene para el empleo y sobre el derecho a una vida digna para una altísima proporción de la población costarricense.

Para promover la recuperación de la economía y el empleo se necesita más política pública, no menos. Y, en particular, tengamos claro que, en el contexto descrito, los recortes al sector público implican llover sobre mojado, o sea, comportan sumar debilidad adicional a una economía de por sí gravemente debilitada.

Tomado del blog Soñar con los pies en la tierra, de Luis Paulino Vargas Solís:

http://sonarconlospiesenlatierra.blogspot.com/2014/10/otton-solis-y-la-crisis-fiscal-la.html

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