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Etiqueta: crisis política

BUSSCO con propuestas para contrarrestar arremetida neoliberal

Escrito en . Publicado en Trabajo.

El pasado miércoles 8 de junio el Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (BUSSCO) se reunió en el marco de su décimo aniversario. Esto, en palabras de la organización se realiza con la finalidad de analizar planteamientos de acción y comunicación para contrarrestar la arremetida neoliberal y precaria situación política y económica que obliga a trabajadores y pueblo costarricense a organizarse y luchar.

Se pueden encontrar tanto más fotografías de la reunión como más información sobre el Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense en la página de Facebook del mismo nombre, o bien en el siguiente enlace: https://www.facebook.com/1766865323545184/posts/3307882489443452/?sfnsn=mo

 

Compartido con Surcos por Rafael López Alfaro.

Por una autocrítica de Europa

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Boaventura de Sousa Santos*

Debido a que Europa no ha sido capaz de hacer frente a las causas de la crisis, está condenada a hacer frente a sus consecuencias.  El polvo de la tragedia está lejos de haberse asentado, pero, aun así, nos vemos obligados a concluir que los líderes europeos no estaban ni están a la altura de la situación que estamos viviendo. Pasarán a la historia como los líderes más mediocres que Europa ha tenido desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Ahora están haciendo todo lo posible en la ayuda humanitaria, y no se puede cuestionar el mérito de dicho esfuerzo. Pero lo hacen para salvar las apariencias ante el mayor escándalo de este tiempo. Gobiernan pueblos que, en los últimos setenta años, más se han organizado y manifestado contra la guerra en cualquier parte del mundo donde sea que esta se haya producido. Y no fueron capaces de defenderlos de la guerra que, al menos desde 2014, se venía gestando en casa. Las democracias europeas acaban de demostrar que gobiernan sin el pueblo. Hay muchas razones que nos llevan a esta conclusión.

Esta guerra estaba siendo preparada hace mucho tiempo tanto por Rusia como por los Estados Unidos. En el caso de Rusia, la acumulación de inmensas reservas de oro en los últimos años y la prioridad otorgada a la asociación estratégica con China, concretamente en el ámbito financiero, con miras a la fusión bancaria y la creación de una nueva moneda internacional, y en el comercio donde hay enormes posibilidades de expansión con la iniciativa Belt and Road en Eurasia. En las relaciones con los socios europeos, Rusia ha demostrado ser un socio creíble, dejando claras sus preocupaciones de seguridad. Preocupaciones legítimas, si por un momento pensamos que en el mundo de las superpotencias no hay buenos ni malos, hay intereses estratégicos que hay que acomodar. Este fue el caso en la crisis de los misiles de 1962 con la línea roja de los Estados Unidos que no quería misiles de mediano alcance instalados a 70 km de su frontera. Que no se piense que fue solo la Unión Soviética la que cedió. Los Estados Unidos también desistieron de los misiles de mediano alcance que tenían en Turquía. Cedieron de manera recíproca, se acomodaron, y tuvieron un acuerdo duradero. ¿Por qué no fue posible lo mismo en el caso de Ucrania?  Veamos la preparación en el lado estadounidense.

Ante el declive del dominio global que ha tenido desde 1945, los EE.UU. buscan consolidar a toda costa zonas de influencia, que garanticen facilidades comerciales para sus empresas y acceso a materias primas. Lo que escribo a continuación se puede leer en documentos oficiales y “think tanks”, por lo que se prescinde de teorías conspirativas. La política del “regime change” no está dirigida a crear democracias, solo gobiernos que sean fieles a los intereses de Estados Unidos. No fueron estados democráticos los que surgieron de las sangrientas intervenciones en Vietnam, Afganistán, Iraq, Siria, y Libia. No fue para promover la democracia que alentaron golpes de Estado que depusieron a presidentes elegidos democráticamente en Honduras (2009), Paraguay (2012), Brasil (2016), Bolivia (2019), sin mencionar el golpe de 2014 en Ucrania. Desde hace algún tiempo, el principal rival es China. En el caso de Europa, la estrategia estadounidense tiene dos pilares: provocar a Rusia y neutralizar a Europa (especialmente a Alemania). La Rand Corporation, una conocida organización de investigación estratégica publicó en 2019 un informe preparado a petición del Pentágono, titulado «Extendiendo Rusia. Competir desde terreno ventajoso». En él se analiza cómo provocar a los países para que la provocación pueda ser explotada por los Estados Unidos. Con respecto a Rusia, dice: «Hemos analizado una serie de medidas no violentas capaces de explotar las vulnerabilidades y ansiedades reales de Rusia como un medio para presionar al ejército y la economía de Rusia y el estatus político del régimen en el país y en el extranjero. Los pasos que hemos examinado no tendrían la defensa ni la disuasión como objetivo principal, aunque podrían contribuir a ambos. Por el contrario, tales pasos se consideran elementos de una campaña diseñada para desestabilizar al adversario, obligando a Rusia a competir en campos o regiones donde Estados Unidos tiene una ventaja competitiva, llevando a Rusia a expandirse militar o económicamente, o haciendo que el régimen pierda prestigio e influencia a nivel nacional y/o internacional”. ¿Necesitamos saber más para entender lo que está sucediendo en Ucrania? Rusia fue provocada a expandirse para luego ser criticada por hacerlo. La expansión de la OTAN hacia el Este, en contra de lo que se había acordado con Gorbachov en 1990, fue la pieza clave inicial de la provocación. La violación de los acuerdos de Minsk fue otra pieza. Cabe señalar que Rusia comenzó por no apoyar el reclamo de independencia de Donetsk y Lugansk después del golpe de 2014.  Prefería una fuerte autonomía dentro de Ucrania, como está establecido en los acuerdos de Minsk. Estos acuerdos fueron rotos por Ucrania con el apoyo de Estados Unidos, no por Rusia.

En cuanto a Europa, el principio es consolidar la condición de socio menor que no se atreva a perturbar la política de las zonas de influencia. Europa debe ser un socio fiable, pero no puede esperar reciprocidad. Por eso la UE, ante la ignorante sorpresa de sus líderes, fue excluida del AUKUS, el tratado de seguridad para la región del Índico y el Pacífico entre EE.UU., Australia e Inglaterra. La estrategia del socio menor requiere que se profundice la dependencia europea, no sólo en el ámbito militar (ya garantizado por la OTAN) sino también en el económico, es decir, en términos energéticos. La política exterior (y la democracia) de EE. UU. está dominada por tres oligarquías (no solo hay oligarcas en Rusia y Ucrania): el complejo militar-industrial; el complejo gasífero, petrolero y minero; y el complejo bancario-inmobiliario. Estos complejos tienen ganancias fabulosas gracias a las llamadas rentas monopólicas, situaciones privilegiadas de mercado que les permiten inflar los precios. El objetivo de estos complejos es mantener al mundo en guerra y crear una mayor dependencia de los suministros de armas estadounidenses. La dependencia energética de Europa en relación con Rusia era inaceptable. Desde el punto de vista de Europa, no se trataba de dependencia, se trataba de racionalidad económica y diversidad de socios. Con la invasión de Ucrania y las sanciones, todo se consumó como estaba previsto, y la apreciación inmediata de los precios de las acciones de los tres complejos tenía champán esperándolos. Una Europa mediocre, ignorante y sin visión estratégica cae impotente en manos de estos complejos, que ahora les dirán los precios a cobrar. Europa está empobrecida y desestabilizada por no haber tenido líderes a la altura del momento. Además de eso, se apresura a armar a los nazis. Tampoco recuerda que, en diciembre de 2021, la Asamblea General de la ONU adoptó, a propuesta de Rusia, una resolución contra la “glorificación del nazismo, el neonazismo y otras prácticas que promuevan el racismo, la xenofobia y la intolerancia”. Dos países votaron en contra, Estados Unidos y Ucrania.

Las negociaciones de paz en curso son una equivocación. No tiene sentido que sean entre Rusia y Ucrania. Deberían ser entre Rusia y los EE.UU./OTAN/Unión Europea. La crisis de los misiles de 1962 se resolvió entre la URSS y los Estados Unidos. ¿Alguien se acordó de llamar a Fidel Castro para las negociaciones? Es una cruel ilusión pensar que habrá una paz duradera en Europa sin compromiso real por parte de occidente. Ucrania, cuya independencia todos queremos, no debería unirse a la OTAN. ¿Finlandia, Suecia, Suiza o Austria han necesitado hasta ahora la OTAN para sentirse seguros y desarrollarse? De hecho, la OTAN debería haber sido desmantelada tan pronto como acabó el Pacto de Varsovia. Sólo entonces la UE podría haber creado una política y una fuerza de defensa militar que respondiera a sus intereses, no a los intereses estadounidenses. ¿Qué amenaza había para la seguridad de Europa que justificara las intervenciones de la OTAN en Serbia (1999), Afganistán (2001), Irak (2004), y Libia (2011)?  Después de todo esto, ¿Es posible seguir considerando a la OTAN como una organización defensiva?

 

*Académico portugués. Doctor en sociología, catedrático de la Facultad de Economía y director del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coímbra (Portugal). Profesor distinguido de la Universidad de Wisconsin-Madison (EE. UU) y de diversos establecimientos académicos del mundo. Es uno de los científicos sociales e investigadores más importantes del mundo en el área de la sociología jurídica y es uno de los principales dinamizadores del Foro Social Mundial.

Traducción de Bryan Vargas Reyes

Patria mía, ¿adónde vas?

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Manuel Delgado

1.-

Los resultados electorales de este domingo muestran la profunda crisis política por la que atraviesa el país. En esta elección hemos cosechado el mayor porcentaje de abstencionismo de la historia reciente. En ese resultado influyó, indudablemente, la epidemia de la Covid y sus secuelas. Pero ese no fue el factor principal. El abstencionismo es el rechazo a la oferta electoral. Demuestra que nuestro pueblo no fue convencido por ninguno de los partidos y candidatos.

Esos partidos y esos candidatos, a su vez, son rechazados por muchos motivos, entre los que destacan la corrupción y la ineficiencia de los últimos gobiernos. Pero sobre todo, son repudiados por la política económica aplicada por ellos y apoyada por sus diputados, y que ha llevado hambre, desocupación, sobreexplotación y desesperanza a los hogares. Es, en resumen, un rechazo a la política neoliberal. Esta ha estado conformada por una estrategia de congelamiento de salarios del sector público y una reducción constante de los salarios del sector público; por una reducción de los derechos laborales a largo plazo, desmejorando la cesantía y las condiciones de las jubilaciones; por una persecución a las organizaciones sociales y la criminalización de la protesta social; el aumento sistemático de los impuestos a los bienes y servicios que consumen los sectores populares; a una práctica de reducción en empeoramiento de los servicios públicos; a la práctica de la represión en las huelgas, manifestaciones, luchas de los indígenas y, en general, a toda manifestación de descontento. Y, además, mucha corrupción.

2.-

La principal muestra del rechazo ha sido la vapuleada obtenida por el partido de gobierno, aun cuando este partido pretendió levantar un programa de corte asistencialista, igual al que siempre en teoría ha defendido.

El Partido Acción Ciudadana no solo no elige ningún diputado, cosa que no había ocurrido nunca con el partido de gobierno, sino que recibe una cantidad marginal de votos: apenas el 0,66%. Es muy posible que como resultado de estas elecciones, desaparezca como fuerza activa.

El PAC es, por su extracción social, un partido de la “clase media” (la denominación no me gusta mucho), lo cual incluye a sectores de servidores universitarios, profesionales, empleados públicos, educadores, estudiantes, artistas y otros. Empujado por la oligarquía, en sus dos administraciones, pero sobre todo en la última, este partido se ha dedicado a perseguir y estrujar a esos sectores. Le impuso un plan fiscal que elevó sustancialmente sus impuestos, les redujo la pensión amparados en la consigna de la derecha de acabar con las “pensiones de lujo”, alargó las edades de pensión y les bajó sus montos, rebajó sus prestaciones de retiro, les aplicó impuestos a la transacción de sus inmuebles, les quitó potestades y derechos a sus organizaciones sindicales, redujo las condiciones de trabajo de las universidades. Pero además, los sometió a una constante campaña de persecución y desprestigio, dirigida en especial contra los empleados públicos. Con estos dos gobiernos, los sectores medios han vivido acosados y atemorizados. Todo esto ha estado acompañado de una política de congelamiento de salarios y la amenaza del descenso de los sueldos de los servidores públicos, especialmente a través de la llamada ley de empleo público. Es lógico pensar, entonces, que estos sectores le hayan vuelto la espalda en estas elecciones.

3.-

Otra muestra contundente del rechazo popular al neoliberalismo lo muestran los resultados obtenidos por las agrupaciones abiertamente liberales. Los partidos Libertario, Unión Liberal y Unidos Podemos obtienen el 1,2% de los votos emitidos (el 0,65% del padrón). Por su parte, el Liberal Progresista de Eliécer Feinzaig solo obtiene el 12,3% de los votos válidos (el 6,3% del padrón).

En su conjunto, ellos cosechan el 13,5% de los votos, muy por debajo de lo obtenido por el Partido Libertario en el 2010 (20,9%) y apenas similares a los del 2014. En relación con el número de votantes inscritos, es decir, el padrón electoral, la diferencia es más clara: esta vez esos cuatro partidos obtuvieron el apoyo del 6,9% de los costarricenses, en contraste con los porcentajes reunidos por el Libertario, que fueron del 11,9% del 2010 o el 11,3% del 2014.

4.-

Similar derrota han obtenido los dos partido fundamentalistas religiosos, que en la mayoría de las ocasiones han acuerpado los proyectos neoliberales del gobierno. Restauración Nacional solo ha cosechado el 0,55% de los votos. Mientras tanto, el partido Nueva República de Fabricio Alvarado ha obtenido el 14,8%, muy por debajo del 24,9% obtenido en primera ronda de la elección del 2018.

La desaparición de esos partidos como fuerza determinante es un hecho muy positivo para la lucha popular y para la democracia costarricense. Llama, sí, la atención de que este último partido siga siendo una fuerte alternativa para los sectores más pobres de la población y que haya obtenido altas votaciones en los litorales, es especial en Limón y Puntarenas. Ese apoyo se explica por el rezago social de esas provincias, por el abandono a que han sido sometidas por todos los gobiernos, y por el debilitamiento de los partidos de los trabajadores y señala una gran tarea y una gran responsabilidad para las organizaciones populares.

5.-

Los resultados de los partidos Liberación Nacional, Unidad Socialcristiana y Progreso Social Democrático son también muestra del deterioro del discurso y la práctica neoliberales.

Tanto Liberación Nacional y como la Unidad Socialcristiana (que incluso formaron parte del gobierno) han acuerpado ese programa antipopular del que hablamos, pero sus acciones no las han podido sostener ante la opinión pública a la hora de pedir el voto porque saben que ese programa es de rechazo popular.

Por el contrario, sabían que debían de cambiar el discurso y recurrieron a la vieja triquiñuela de ofrecer el oro y el moro: casas y becas, ayuda asistencial y empleos, todo en el intento de cazar incautos.

Curiosamente la Unidad Socialcristiana no logra convertir ese apoyo parlamentario en votos para su candidata presidencial, que cae al cuarto lugar de las preferencias electorales, con un 12,3% del padrón, muy por debajo del 15,9% cosechado hace cuatro años. Aunque el padrón, como es lógico, ha crecido, el número absoluto de votos recibidos por el PUSC se redujo en 118.625 votos, es decir, costarricenses concretos que decidieron darle su apoyo a otra candidatura.

Una cosa similar es el caso del PLN. Este partido obtiene la mayoría relativa con un 27,2% de los votos, un aumento en relación con las dos elecciones anteriores (nos referimos a los votos en primera ronda), pero su apoyo representa un sector más pequeño de la población. Apenas un 14% de las personas inscritas le dio su voto.

Los dos brazos del bipartidismo, juntos, apenas reúnen en 40% de los votos emitidos y el 20% de los inscritos en el padrón electoral.

6.-

Contrario a todos los pronósticos, Rodrigo Chaves se medirá con el PLN en la segunda vuelta. Esta enigmática figura ha tenido un paso rapidísimo por nuestro país y nuestra política. Proveniente del Banco Mundial en el que laboró largos años, ha mantenido un discurso comedido en lo económico. Aunque es de presumir que profese las mismas ideas que impulsó desde su posición de funcionario de ese organismo financiero internacional, ha tenido el cuidado de distanciarse de un liberalismo expreso, muy posiblemente solo de palabra. Al revés, se presenta como un impulsor del cambio, como una alternativa novedosa, que no se compromete con ninguna de las políticas del gobierno aunque formó parte de él por un breve plazo.

Chaves es otra muestra del rechazo que siente la población por la política y los políticos tradicionales. En cierta medida, los votantes lo han apoyado como muestra de protesta frente a una política tradicional corrupta e ineficiente. Su imagen de un tecnócrata sin compromisos con la política, aunque también sin compromisos con un programa clase, atrae a muchos sectores

Hay que llamar al pueblo a no dejarse engañar por esos nuevos espejismos. Tanto él, nuevo en nuestra política, como Figueres, viejo dirigente, serán en última instancia instrumentos de la misma política: esa que impulsa el FMI, brazo gemelo del Banco Mundial, y que tiene como norte acabar con nuestro maltrecho estado de bienestar y terminar de liberalizar nuestra economía.

7.-

Con especial cuidado debemos hablar del Frente Amplio. Este partido ha obtenido una nutrida cantidad de votos: 158.991 personas han votado por él, lo que corresponde a un 8,9% de los votos válidos emitidos. Supera así el amargo bache de la elección pasada cuando solo acumuló el 0.78%, pero queda muy lejos del 17,25% obtenido en las elecciones de 2014.

Después de 2014 y durante las dos administraciones consecutivas, el Frente Amplio se mantuvo como aliado y a veces defensor expreso del partido de gobierno y de sus dos presidentes. Esa política colaboracionista lo llevó incluso, como se sabe, a convertirse en parte del gabinete de Carlos Alvarado. Ese apoyo abierto o soterrado fue muy negativo para el movimiento popular y para el electorado costarricense, pues ayudó a consolidar el apoyo de amplios sectores progresistas al gobierno y fortaleció la imagen de “izquierdista” con el que muchos sectores, incluso desde la derecha, pretendieron clasificar al PAC y su gobierno. Esa colaboración le pasó una alta factura al Frente Amplio, que, sobre todo en la elección del 2018, apechugó con buena parte del desprestigio del PAC, lo que lo llevó a obtener una votación de pesadilla.

El buen resultado de este 2022 se debe a dos factores: primero, que logró atraer a una porción importante de los seguidores del Partido Acción Ciudadana, especialmente el sector más de izquierda de este partido, los cuales, hastiados del giro a la derecha del gobierno, pretenden encontrar en el Frente Amplio el tipo de agrupación política que ellos ayudaron a forjar a comienzos del siglo, aquel joven partido que era percibido como de centro-izquierda, inspirado en las luchas populares, en especial la lucha contra el TLC, desligado de los partidos del bloque oligárquico, alzado en la consigna de defender y ampliar el estado de bienestar y el sistema de seguridad social y que decía luchar contra la corrupción y por la protección de los trabajadores asalariados y los pequeños y medianos empresarios.

Todas ellas son consignas que se amoldan como anillo al dedo al discurso actual del Frente Amplio. Pareciera que el Frente Amplio ha logrado la meta que se proponía: colocarse en el sitio que dejó libre el PAC. De hecho, su líder, presionado por la prensa, se definió a sí mismo como político “de centro”. Un exceso, me parece, para un partido que a lo sumo llega a “centro-izquierda”.

“Panta rei”, decían los griegos: “Todo discurre, todo se mueve”. Y el Frente Amplio no es la excepción. Para crecer hasta convertirse en opción de poder, este partido debe moverse, y tiene dos y solo dos cauces posibles. O vuelve los ojos a la calle y al movimiento popular y se pone al frente de su lucha contra la arremetida neoliberal, es decir, o asume un papel de izquierda, o se posiciona ahora sí en el centro, haciendo nuevas concesiones a los de arriba. Yo espero que discurra por el primero, aunque temo que él más bien va a optar por el segundo.

8.-

Y a nosotros, ¿qué nos queda? Una segunda vuelta entre un malo y otro no peor, sino igual. Porque lo peor es votar por el “menos malo”, lo peor es que uno de los dos logre posicionarse en el imaginario del electorado como “el progre” o “el agente del cambio”. Ya Figueres anda buscando lo primero, el apoyo del electorado progresista, para obligarnos a repetir la pesadilla de hace cuatro años, la pesadilla de votar por una de las dos cabezas de la hidra, decisión que nos trajo tan malos resultados.

No hay problema con dobles candidaturas

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

Que haya muchos candidatos a la Presidencia de la República, para mí, no es un grave problema. Es tan solo una expresión de la diversidad actual de la sociedad costarricense que se manifiesta en la necesidad organizativa de ciudadanos preocupados por la forma de cómo se maneja, dirige y gobierna el país.

Puede ser también una respuesta para tratar de despejar el escenario de nubarrones que afecta el cielo patrio en torno a los principales problemas que se perciben por los ciudadanos, y ante los graves problemas que se mencionan en la cotidianidad de la vida política y gubernativa nacional, como en la necesidad de formularles respuestas y soluciones, alternativas a las que se impulsan por el Gobierno, por el Partido Acción Ciudadana y sus aliados parlamentarios.

En un escenario más tétrico podría ser una respuesta desesperada de ciudadanos ante la percepción de una gran crisis económica social y política, y una gran ingobernabilidad, donde cada grupo organizado, en estos partidos, trata de resolver su situación procurando llegar a la Presidencia de la República, puesto que niegan que los partidos existentes y el gobierno puedan seguir gobernando y resolviendo los problemas del país y de los ciudadanos.

Esta respuesta organizativa de ciudadanos en tantos partidos solo puede ser eficazmente válida si estos partidos, y sus candidatos, hacen de su participación electoral, verdaderas propuestas de solución a los distintos problemas que cada uno de ellos, y sus partidos, ven como los principales del país, y los esenciales de los ciudadanos.

Esto adquiere mayor dimensión en estas elecciones porque, por la reforma constitucional de iniciar el gobierno, en mayo próximo, con las sesiones extraordinarias del Poder Legislativo, le da músculo político a los candidatos, en este caso a todos, para que en esa perspectiva digan a los ciudadanos, a los electores, cuáles serán sus principales proyectos de ley y cuáles serán sus primeros decretos ejecutivos, a partir del 8 de mayo, en atención a los temas que han agitado, o agitarán, en la campaña electoral, o que ofrezcan en sus discursos e intervenciones públicas, así como lo que señalen en sus respectivos Programas de Gobierno, que deben poner en copia ante el Tribunal Supremo de Elecciones, aunque sea solo para el archivo histórico de esa Institución.

Esto también corresponde al inicio de la Costa Rica del Bicentenario, a partir de ahora, a esperar que los partidos y sus candidatos nos digan cómo quieren dirigir y cuales proyectos de ley y políticas públicas trazarán para la Costa Rica de los próximos 10 o 20 años por lo menos.

En la historia electoral del país siempre ha habido variedad de partidos con candidatos presidenciales. Solo en una ocasión hubo dos candidatos. Antes de 1948 era frecuente la elección entre dos o tres candidatos.

Desde 1998 ha habido más de ocho partidos presidenciales en cada proceso electoral. En las elecciones del Siglo XXI, desde 1998 hasta el 2018 ha habido bastantes partidos con candidatos presidenciales, llegando a tener en una papeleta hasta 15 candidatos. En esta ocasión se produce un salto porque hay en posibilidad de que en el 2022 participen hasta 27 partidos políticos con candidatos presidenciales.

En los resultados que se produzcan tampoco habrá gran problema, porque los votos presidenciales se dividen entre los partidos y candidatos que participan, quedando ganador el que obtenga más del 40% de los votos válidamente emitidos, o pasando a una segunda ronda electoral los dos que tengan mayor cantidad de votos o mayor porcentaje electoral, inferior al 40%, definiéndose el ganador de la segunda vuelta con el mayor número de votos, sin porcentaje básico. Tampoco tiene importancia porque el Gabinete, el Consejo de ministros, el Consejo de Gobierno, no se integra proporcionalmente entre los partidos que participan luchando por ganar la presidencia. Estos quedan por fuera. El Presidente electo y su partido nombran a mano llena a todos los ministros, sin obligación alguna de considerar a personas de otros partidos. El que gana la presidencia hace, como se dice popularmente, mesa gallega, arrea con todo, saca el provecho total sin que sea abusivamente porque así está establecido el sistema electoral y así ha operado siempre. No evita que un Presidente pueda integrar miembros de otros partidos o de otros gobiernos en su Gabinete.

Desde 1998 existe la reforma electoral que permite que los candidatos presidenciales puedan ser, a la vez, candidatos a diputados. En las elecciones desde 1998 hasta el 2018 poco se ha usado este mecanismo. En las actuales elecciones muchos candidatos presidenciales van a la doble postulación. Esto es lo novedoso y “escandaloso”, como se ha tratado de pintar. Pero, eso no quiere decir que los dobles candidatos tengan asegurada su curul legislativa. Eso no es tan fácil y puede resultar muy difícil para la mayoría de estos postulantes. En ese nivel legislativo juegan otras reglas electorales que afectan a los partidos pequeños, a los nuevos partidos, a los partidos que se organizan ad hoc, para cada elección, para los partidos que en la práctica no son permanentes.

En el nivel legislativo operan normas electorales que favorecen exclusivamente a los partidos mayoritarios y tradicionales, que sacan tantos votos que logran elegir cocientes, los votos suficientes para elegir un diputado y subcocientes, la mitad más uno de esos votos para elegir otro diputado. Es frecuente que esa cifra de subcociente a veces sea menor que la que tiene otro partido que no alcanzó cociente ni tampoco logró el subcociente, pero el diputado se lo asignan al partido que ya tuvo cociente. Sobre esto opera también el llamado residuo mayor de igual forma, lo que en la práctica parlamentaria elimina varios diputados que podrían ser representativos de núcleos poblaciones o electorales.

Si el Parlamento, la Asamblea Legislativa, es una instancia de representación popular, no debería tener un sistema de escogencia de diputados que elimina representantes populares de partidos pequeños, favoreciendo la concentración en los partidos grandes. Debería darse la oportunidad a la mayor cantidad de representantes legislativos, por poca población que representen, porque eso son esos diputados, los representantes de esa poca población. De eso se trata.

Curiosamente ningún partido pequeño, de los que han electo diputados, se han preocupado por impulsar esta reforma legislativa que favorecería a los partidos pequeños, y al mayor número de ciudadanos que tendrían sus representantes.

Se podrá pensar que el sistema existente es para evitar la proliferación de diputaciones unipersonales y facilitar con ello la gobernabilidad. La práctica parlamentaria demuestra que cuando se separan diputados de sus partidos y se declaran “independientes” esa realidad se produce, lo que obliga a mayor capacidad de negociación política parlamentaria, que es lo que debe haber en la Asamblea Legislativa. Obligaría también a que los partidos políticos se desarrollen como grandes organizaciones permanentes, con líderes políticos más reconocidos nacionalmente.

Cuando son los candidatos presidenciales los que se postulan a la doble candidatura, como en esta ocasión, puede hacer que lleguen a la Asamblea líderes políticos de mayor peso, que a la vez faciliten la toma de decisiones y los acuerdos políticos.

Si se quiere evitar esto hay que avanzar hacia un sistema parlamentario, o al menos a uno semi parlamentario, pero se requiere, de igual manera, un gran acuerdo político nacional, que ojalá, en el próximo período legislativo, y de gobierno, se pueda tratar esto con una gran discusión nacional, que ya es necesaria.

El único problema que presenta tantas candidaturas es la presentación pública de los candidatos para debates. A nivel privado no hay problema porque ya está definido por disposiciones legales y jurisprudencia electoral que los sectores privados pueden hacer debates e invitaciones a aquellos candidatos que quieran oír. No están obligados a oír a todos ni a provocar debates con todos. A nivel público, de cualquier institución pública o medios de comunicación públicos, si hay obligación de invitar y de tomar en cuenta a todos los candidatos, en igualdad de condiciones, de tiempo y horarios de preferencia de radioaudición o televisión.

Las Cámaras empresariales ya hicieron una primera escogencia. Unos días después igualmente lo hizo el periódico La Nación. Estos grupos empresariales y económicos probablemente se moverán con un grupo de unos ocho candidatos que irán zarandeando hasta inicios de diciembre, cuando terminen con un pelotón de cabecera electoral de unos seis para llegar a inicios de enero con cuatro máximo, con lo cual refuerzan las encuestas de opinión pública, que miden opiniones de ciudadanos, que se informan con estos medios, orientando, de esa manera, la voluntad final de los votantes hacia unos candidatos sobre los otros. Para estos grupos el número de candidatos no importa. Lo que les importa son los candidatos que escojan como principales para finalmente optar dentro de ellos. Algo parecido, con mayor dificultad, harán los grupos sociales y alternativos a los partidos tradicionales. La fragmentación y división político-ideológica que hay, en toda la oferta electoral, perjudica mucho en estas decisiones, donde hay que “partir” votos en la práctica.

El 22 de octubre se cierra el plazo para que los partidos cumplan con todos los requisitos ante el Tribunal Supremo de Elecciones, para asegurar su participación. Esperemos estos diez días que quedan, para ver cuáles partidos quedan debidamente inscritos.

 

(Artículo publicado en la Columna Pizarrón, del periódico La República, en su edición digital, larepublica.net, el miércoles 13 de octubre del 2021).

La gravedad de la crisis y el deplorable espectáculo en la Asamblea Legislativa

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Fernando Astorga Gatjens

La comparecencia del Presidente Carlos Alvarado Quesada ante la comisión de la Asamblea Legislativa que investiga el caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), no debe ser del agrado de la inmensa mayoría de las y los costarricenses.

No porque se valore negativamente que el Presidente fuera llamado a dar explicaciones, sino por cómo se desarrolló la comparecencia y el espectáculo que muchos legisladores, vienen montando desde que emergió el caso. Es importante que el Parlamento en un sano ejercicio de control político, valore en profundidad si desde la Casa Presidencial, se actuó incorrectamente al crear a la UPAD como una unidad de análisis de datos que fue creada con el propósito “de ayudar a tomar decisiones al Presidente Alvarado”, tal y como se ha indicado oficialmente.

Sin embargo, cómo han venido actuando la mayoría de partidos y diputados, se pone en evidencia la graveded de la crisis política que enfrenta el país en el año de su bicentenario. Lo que debía ser un proceso y un acto de la mayor seriedad (la comparecencia en el recinto legislativo del Presidente de la República), lo convirtieron en espectáculo deplorable que les deja muy mal parados.

En primer lugar, es necesario dimensionar con objetividad el alcance la privacidad de datos en un presente donde las gigantescas empresas tecnológicas, han alcanzado una penetración tan amplia y profunda en los datos de los usuarios, que deja a las y los ciudadanos en estado de indefensión al utilizar las redes sociales.

La anulación de cuentas de usuarios de las redes, a partir de justificadas razones también puede dar paso a abusos y discriminación que anule cuentas por ideas que no sean aceptadas por quienes dirigen esas redes sociales, que aunque sus dueños son empresas privadas su repercusión en el mundo de hoy, alcanzó un amplísimo impacto público. De esta manera, estas redes no sólo pueden acceder –como lo hacen a información privada y datos íntimos de las personas—sino que pueden convertirse en censores que violen el derecho de la libertad de expresión y pensamiento.

De ahí que ya en distintos países, diversas voces estén planteando la necesidad y urgencia de regular a esas mega empresas tecnológicas, para evitar que se pongan por encima de los Estados en acciones que violen los derechos de los ciudadanos.

Empero en ningún momento, los diputados protagonistas de la comparecencia presidencial dedicaron alguna crítica al rol censor que pueden ejercer –y que ya están ejerciendo—esas redes sociales, cuya omnipresencia y amplísimo peso, forman parte de la realidad actual de las sociedades y los países.

Hay sin embargo, otra situación más grave aún en el contexto de esta comparecencia: El país enfrenta –como nunca antes– los efectos de una devastadora pandemia que ha generado una crisis múltiple, en los ámbitos: sanitario, económico, social, cultural y político. Se trata de una crisis que preocupa a millones de costarricenses por el empobrecimiento que ha generado y genera, y porque no ha encontrado ni por parte del Gobierno del Presidente Alvarado, ni casi la totalidad de las diputadas y diputados, respuestas adecuadas y eficaces para enfrentarla.

Cuando el país ha requerido y requiere en forma urgente, visión y políticas de Estado; lo que ha venido ganando la partida son pequeñas políticas, que responden a intereses de grupos económicos y políticos minoritarios. Tristemente –es bueno decirlo con franqueza– muchas de ellas obedecen a ocurrencias e improvisaciones de legisladores, cuya mayor preocupación es alcanzar notoriedad aunque sea efímera y superficial. Cuando el país necesita políticas patrióticas de luz larga, las que están emergiendo no alcanzan ni para la luz de “parking”.

La multi-crisis pandémica demanda madurez, sabiduría y unidad nacional, pero al ser este 2021, un año electoral, lo que emerge con mayor fuerza, es la proliferación de intereses grupales politiqueros y la desunión para encarar las impostergables respuestas de solución, que nos lleven a una reactivación económica, inclusiva y solidaria.

También cabe subrayar que el deplorable espectáculo legislativo montado, tiene un costo económico que se carga al debilitado erario público del país. Pero sobre ese “detalle” tampoco hay consciencia en el recinto legislativo.

La indignación ciudadana ante este deterioro de lo que dicen y hacen los actores políticos que están marcando la distorsionada agenda política del presente, debe ser canalizada no sólo mediante el rechazo comunicacional sino a través de una participación política activa, que contribuya a cambiar el rumbo del país hacia la inclusión social y la solidaridad. El bicentenario nos lo demanda como nación.

(13 de febrero, 2021)

El Estado y los millonarios, ¿a quienes engañan?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Juan Huaylupo Alcázar[1]

La crisis política en la actual coyuntura costarricense es el resultado de décadas de prácticas liberales del poder político y económico. No es una crisis originada por la pandemia, pues la creciente pobreza, el desempleo, el déficit fiscal, la confiscación de salarios y pensiones, el incremento de tarifas de los servicios públicos, endeudamiento, devaluación, evasión y elusión tributaria de empresarios globales, los incentivos a la inversión extranjera, la venta de activos del Estado, el salario único, etc., ya eran tendencias prevalecientes en la política y el quehacer estatal, la pandemia las agudizó, no las creó, pero puso en evidencia la profunda inequidad en la estructura social existente, a la vez que muestra la complicidad y simbiosis estatal con los empresarios globales.

Esta coyuntura es particularmente importante, la crisis política o la ilegitimidad social del Gobierno y el Estado ha sido creada por la conciencia, cuestionamientos, debates y propuestas ciudadanas. La colectividad organizada se ha despertado ante las infames propuestas privadas y estatales que pretenden imponer el peso de la debacle fiscal y el creciente endeudamiento nacional, a los trabajadores y los pobres que sostienen la economía de la explotación de propietarios y los ingresos fiscales, mientras siguen impunes los evasores, los corruptos y las falsificaciones tributarias, así como los empresarios gozan de la autorización expedita para disminuir y suspender trabajos, aumentar los precios de medicamentos y el costo de vida, a la vez que, se mantienen las exoneraciones, incentivos, concesiones y privilegios para los ricos y los empresarios globales.

Ante los reclamos y protestas por posibles nuevos impuestos al pueblo, el Presidente de la República, nos dice que somos “irresponsables”, agregando cínicamente “que es doloroso, pero es la realidad”. Desde esa arbitraria perspectiva, es transparente la intencionalidad gubernamental: los trabajadores deberán pagar por los actos y las consecuencias de los explotadores millonarios, los usurpadores del bienestar social.

La agresividad de los que viven del trabajo ajeno, no ceja de sus intenciones contra los trabajadores, la ciudadanía y la nación. No buscan amparar sus intereses e inversiones en la actual coyuntura, sino enriquecerse más. Ellos están liquidando los resquicios del Estado social, desmantelando la seguridad social y la institucionalidad pública, no sólo restringiendo sus presupuestos y gastos, también impidiendo la restitución de funcionarios que se pensionan y de los que son obligados a dejar sus empleos, no para reducir el gasto, sino para destruir funciones e institucionalidad pública, para luego desaparecerlas por inoperantes, por hacer labores duplicadas o por considerarlas inútiles. Los poderes de estos parásitos han convertido al Estado en un activo protagonista del empobrecimiento de la población trabajadora del sector público, como ellos lo han efectuado con los trabajadores que contratan. Estado y empresarios, acallan a las autoridades de la salud pública y propician la agudización de la infección pandémica, como un destino trágico que mina la resistencia y elimina a los más vulnerables. Esos asesinos, inmunes e impunes, también proponen condenar a los jubilados a la indigencia, por modificaciones en los modos de calcular las pensiones, como también aspiran a imponer impuestos al “salario escolar”, que no es un salario, pues son la acumulación de las retenciones mensuales de las patronales, los cuales son usados gratuitamente por un año que, depreciados se devuelven a sus dueños. Además, que esa devolución es el salario, al cual se le han deducido impuestos, que son usados privada y gratuitamente por un año, así, se busca duplicar la carga impositiva. Estas intenciones no pueden ni buscan paliar la crisis fiscal, su intención es empobrecer cada vez más a los trabajadores.

Pero, la acción regresiva de los empresarios, que se apropian de las riquezas y el trabajo ajeno, con la cínica complicidad estatal, no se queda ahí, no solo son culpables de la creciente brecha y desigualdad social, también buscan empeñar el futuro nacional endeudándonos e intentando privatizar todos los activos del Estado, ante sus fracasos pasados.

La Costa Rica que aún afirma tener un Estado Social de Derecho con una institucionalidad pública democrática e igualitaria, desde hace décadas ha cambiado, hoy es un Estado liberal más, entre otros, que ha privatizado el bienestar y ejerce un poder que favorece a los privilegiados. Este Estado es contradictorio e inhumano, que niega su constitución social originaria, para garantizar la inmensa posesión de riquezas de pocos, en un universo de pobres, como también ocurría en la Grecia antigua, donde se pregonaba democracia e igualdad en un universo de esclavos.

Este gobierno y los otros poderes estatales son ilegítimos, por la toma de conciencia, la voluntad y las protestas ciudadanas que abandonan la indiferencia, pasividad y la desintegración orgánica. La explosión ciudadana es diversa, dispersa y pacífica, pero motivada por el denominador común, del descontento y la acción colectiva. El gobierno al convocar el diálogo multisectorial, busca crear una imagen democrática que no posee, para diluir, diferir y encubrir las decisiones liberales que ya se implementan en la Asamblea Legislativa y en el poder Ejecutivo, sin que los derechos adquiridos puedan ser amparados por el poder Judicial. Esto es, hay una colusión estatal contra la democracia en nombre de la democracia.

¿Por qué se convoca al diálogo multisectorial? ¿por qué el gobierno se presenta como neutral, sin serlo, y afirma que será obediente de los acuerdos? ¿ignora las necesidades y anhelos ciudadanos, entonces para quién gobierna? ¿acaso desconoce que la agresividad y poder de los millonarios impide acuerdos consensuales con los trabajadores y los pobres? ¿qué hará el gobierno sin acuerdos trascendentes, tratarlos privadamente con quienes privilegia? ¿el dominio institucional del poder político y del económico de los millonarios estarán dispuestos en atender las necesidades sociales de las mayorías y promover el desarrollo nacional, sin sacrificar a los trabajadores?

Es aparente la neutralidad y el pretendido democratismo gubernamental, que sirve para enmascarar las anunciadas medidas contra la libertad, el bienestar y el desarrollo que defraudan, una vez más, la fe pública y la ilusión democrática.

Estamos frente a otra traición anunciada. No obstante, la relación entre organizaciones sociales está creando inéditamente propósitos y propuestas unitarias comunes, que anuncian nuevas luchas en la imposición totalitaria.

[1] Catedrático de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica.

Ilustración tomada de La Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (LATINDADD).

El Estado y los millonarios, ¿a quienes engañan?

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

Juan Huaylupo Alcázar[1]

La crisis política en la actual coyuntura costarricense es el resultado de décadas de prácticas liberales del poder político y económico. No es una crisis originada por la pandemia, pues la creciente pobreza, el desempleo, el déficit fiscal, la confiscación de salarios y pensiones, el incremento de tarifas de los servicios públicos, endeudamiento, devaluación, evasión y elusión tributaria de empresarios globales, los incentivos a la inversión extranjera, la venta de activos del Estado, el salario único, etc., ya eran tendencias prevalecientes en la política y el quehacer estatal, la pandemia las agudizó, no las creó, pero puso en evidencia la profunda inequidad en la estructura social existente, a la vez que muestra la complicidad y simbiosis estatal con los empresarios globales.

Esta coyuntura es particularmente importante, la crisis política o la ilegitimidad social del Gobierno y el Estado ha sido creada por la conciencia, cuestionamientos, debates y propuestas ciudadanas. La colectividad organizada se ha despertado ante las infames propuestas privadas y estatales que pretenden imponer el peso de la debacle fiscal y el creciente endeudamiento nacional, a los trabajadores y los pobres que sostienen la economía de la explotación de propietarios y los ingresos fiscales, mientras siguen impunes los evasores, los corruptos y las falsificaciones tributarias, así como los empresarios gozan de la autorización expedita para disminuir y suspender trabajos, aumentar los precios de medicamentos y el costo de vida, a la vez que, se mantienen las exoneraciones, incentivos, concesiones y privilegios para los ricos y los empresarios globales.

Ante los reclamos y protestas por posibles nuevos impuestos al pueblo, el Presidente de la República, nos dice que somos “irresponsables”, agregando cínicamente “que es doloroso, pero es la realidad”. Desde esa arbitraria perspectiva, es transparente la intencionalidad gubernamental: los trabajadores deberán pagar por los actos y las consecuencias de los explotadores millonarios, los usurpadores del bienestar social.

La agresividad de los que viven del trabajo ajeno, no ceja de sus intenciones contra los trabajadores, la ciudadanía y la nación. No buscan amparar sus intereses e inversiones en la actual coyuntura, sino enriquecerse más. Ellos están liquidando los resquicios del Estado social, desmantelando la seguridad social y la institucionalidad pública, no sólo restringiendo sus presupuestos y gastos, también impidiendo la restitución de funcionarios que se pensionan y de los que son obligados a dejar sus empleos, no para reducir el gasto, sino para destruir funciones e institucionalidad pública, para luego desaparecerlas por inoperantes, por hacer labores duplicadas o por considerarlas inútiles. Los poderes de estos parásitos han convertido al Estado en un activo protagonista del empobrecimiento de la población trabajadora del sector público, como ellos lo han efectuado con los trabajadores que contratan. Estado y empresarios, acallan a las autoridades de la salud pública y propician la agudización de la infección pandémica, como un destino trágico que mina la resistencia y elimina a los más vulnerables. Esos asesinos, inmunes e impunes, también proponen condenar a los jubilados a la indigencia, por modificaciones en los modos de calcular las pensiones, como también aspiran a imponer impuestos al “salario escolar”, que no es un salario, pues son la acumulación de las retenciones mensuales de las patronales, los cuales son usados gratuitamente por un año que, depreciados se devuelven a sus dueños. Además, que esa devolución es el salario, al cual se le han deducido impuestos, que son usados privada y gratuitamente por un año, así, se busca duplicar la carga impositiva. Estas intenciones no pueden ni buscan paliar la crisis fiscal, su intención es empobrecer cada vez más a los trabajadores.

Pero, la acción regresiva de los empresarios, que se apropian de las riquezas y el trabajo ajeno, con la cínica complicidad estatal, no se queda ahí, no solo son culpables de la creciente brecha y desigualdad social, también buscan empeñar el futuro nacional endeudándonos e intentando privatizar todos los activos del Estado, ante sus fracasos pasados.

La Costa Rica que aún afirma tener un Estado Social de Derecho con una institucionalidad pública democrática e igualitaria, desde hace décadas ha cambiado, hoy es un Estado liberal más, entre otros, que ha privatizado el bienestar y ejerce un poder que favorece a los privilegiados. Este Estado es contradictorio e inhumano, que niega su constitución social originaria, para garantizar la inmensa posesión de riquezas de pocos, en un universo de pobres, como también ocurría en la Grecia antigua, donde se pregonaba democracia e igualdad en un universo de esclavos.

Este gobierno y los otros poderes estatales son ilegítimos, por la toma de conciencia, la voluntad y las protestas ciudadanas que abandonan la indiferencia, pasividad y la desintegración orgánica. La explosión ciudadana es diversa, dispersa y pacífica, pero motivada por el denominador común, del descontento y la acción colectiva. El gobierno al convocar el diálogo multisectorial, busca crear una imagen democrática que no posee, para diluir, diferir y encubrir las decisiones liberales que ya se implementan en la Asamblea Legislativa y en el poder Ejecutivo, sin que los derechos adquiridos puedan ser amparados por el poder Judicial. Esto es, hay una colusión estatal contra la democracia en nombre de la democracia.

¿Por qué se convoca al diálogo multisectorial? ¿por qué el gobierno se presenta como neutral, sin serlo, y afirma que será obediente de los acuerdos? ¿ignora las necesidades y anhelos ciudadanos, entonces para quién gobierna? ¿acaso desconoce que la agresividad y poder de los millonarios impide acuerdos consensuales con los trabajadores y los pobres? ¿qué hará el gobierno sin acuerdos trascendentes, tratarlos privadamente con quienes privilegia? ¿el dominio institucional del poder político y del económico de los millonarios estarán dispuestos en atender las necesidades sociales de las mayorías y promover el desarrollo nacional, sin sacrificar a los trabajadores?

Es aparente la neutralidad y el pretendido democratismo gubernamental, que sirve para enmascarar las anunciadas medidas contra la libertad, el bienestar y el desarrollo que defraudan, una vez más, la fe pública y la ilusión democrática.

Estamos frente a otra traición anunciada. No obstante, la relación entre organizaciones sociales está creando ineditamente propósitos y propuestas unitarias comunes, que anuncian nuevas luchas en la imposición totalitaria.

[1] Catedrático de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica.

Ilustración tomada de La Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (LATINDADD)

CTRN: Oposición al Dictaminen Proyecto Ley Marco de Empleo Público

Escrito en . Publicado en Trabajo.

CONFEDERACIÓN DE TRABAJADORES RERUM NOVARUM
Martes 03 de noviembre 2020
CTRN- N°300-2020

ASAMBLEA LEGISLATIVA
COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN
SD.

DE NUESTRA MAYOR CONSIDERACIÓN

OPOSICIÓN AL DICTAMINEN PROYECTO LEY MARCO DE EMPLEO PÚBLICO

HONORABLES SEÑORAS (ES) DIPUTADAS (OS):

Con nuestros más respetuosos saludos, nos permitimos por este medio mencionar, que siendo conocedores de que se tramita en esta honorable Comisión Legislativa el Proyecto denominado Ley Marco de Empleo Público, bajo número de expediente legislativo Nº 21336, para su estimable consideración exponemos los siguientes argumentos:

Que dicho proyecto de Ley, a juicio de muchas organizaciones sociales y productivas, hemos indicado que el texto contenido en el proyecto no es un documento idóneo para los momentos y las necesidades que vive nuestro país, por lo que debe tener la oportunidad de perfeccionarse o modificarse, para beneficio de todas las partes.

Desde la Confederación Rerum Novarum, somos conscientes de la dura situación económica, social, de salud y política que atraviesa nuestro país, por lo que apelamos a la grandeza de espíritu de los miembros de esta honorable Comisión y les hacemos un llamado respetuoso a la reflexión.

Desde nuestra posición consideramos que el actual Proyecto de Ley Marco de Empleo Público, a punto de ser dictaminado, ha perdido todo el sentido que alguna vez pudo tener, pues entre muchas cosas, algunos artículos son objeto de análisis jurídicos más profundos, para efectos de no contravenir lo indicado en la Constitución Política en cuanto a régimen de empleo, que son creados por el constituyente como lo son; el Poder Judicial, la Universidad de Costa Rica, la Caja Costarricense de Seguro Social y las Municipalidades.

En ese mismo orden de ideas, en materia de un orden constitucional y el marco legal vigente a la luz de los derechos humanos, se establecen una serie de competencias para el Ministerio de Planificación MIDEPLAN, que son exclusivas del Ministerio de Trabajo y del Servicio Civil y por otra parte, el proyecto pretende de manera tácita, desconocer el ámbito de aplicación de la negociación colectiva en sector público.

La Constitución Política establece con total claridad la competencia del Servicio Civil en materia que trata este proyecto de Ley a punto de ser dictaminado. Este proyecto, debe ser a nuestro criterio, objeto de un exhaustivo análisis, examinado mediante un estudio profundo del espíritu del Constituyente, que estableció y creó con rango constitucional al Servicio Civil, mismo que posee un principio de reserva de ley, sobre la materia de empleo público y de una competencia que no puede ser trasladada o compartida, que en contra posición tal como lo presenta el proyecto en mención, se hace con un procedimiento más complejo a través de MIDEPLAN y además no se atiende el tema de la constitucionalidad, que entre otras cosas, en una eventualidad al momento de su aprobación en el plenario legislativo, debería exigir una votación de dos terceras partes del total de los miembros de la Asamblea Legislativa.

En momentos en que se debate nuestro país en búsqueda de un diálogo efectivo para encontrar soluciones, es que siendo integrantes del Foro Multisectorial de Diálogo Nacional de la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular, nos atrevemos a solicitar a esta Comisión Legislativa que no dictaminen el proyecto Ley Marco de Empleo Público y que nos permitan presentarles propuestas elaboradoras de los sectores que representamos, y que en su lugar se conozcan otros textos, que ya han venido siendo consensuados por diferentes actores sociales, mucho más realistas y apegados al espíritu de la Constitución.

Sin otro particular, agradeciendo la atención brindada a la presente, le saludamos con las más altas muestras de consideración y estima,

Lic. Lenín Hernández Navas
Presidente CTRN

Escenarios, significados y tiempos históricos de una crisis muy profunda – Primera parte

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense.

Hemos llegado a una encrucijada histórica en extremo compleja, en la que incluso el lenguaje que hemos venido usando para denominar a la política, a las ideologías, y a los actores políticos en un país y una sociedad como la nuestra han perdido su validez. Esos vocablos como “socialismo”, “democracia”, “comunismo” o “liberalismo” tan caros a los intelectuales urbanos de los valles centrales de Costa Rica y a ciertas élites políticas no tan ilustradas como pretenden serlo a veces, carecen de hoy de una significación o sentido unívoco, al menos para muchos de los habitantes que conforman un gran segmento de los sectores populares, incluidos algunos pequeños y medianos empresarios y toda una constelación de actores sociales, cada vez más marginados del poder y de la riqueza, especialmente en las zonas rurales más apartadas del país, donde se ha producido un levantamiento popular con una fuerte base entre los agricultores, como algo inédito en la historia reciente del país, contra las políticas económicas y sociales de corte neoliberal, inspiradas por los grupos de pensamiento de la derecha más radical, entre ellos la Academia de Centro América y el Instituto Cato de Washington, en su sucursal costarricense, las que son percibidas y calificadas como “comunistas” o “chavistas” por las víctimas de esas políticas. A la dictadura en democracia del pensamiento único neoliberal se la percibe como una “dictadura comunista”, o una antesala que nos llevaría por los caminos de Venezuela, Nicaragua o Cuba que son unos países que resultan ser la encarnación del mal.

La presencia en el gobierno de una serie de intelectuales y cuadros “progres”, por lo general encaminados hacia una agenda más propia del llamado “marxismo cultural”, que a la del llamado “comunismo” a secas de que hablan algunos de los sectores más empobrecidos del país, ha terminado por provocar una confusión entre estos últimos, quienes perciben las violentas políticas económicas de las élites del poder en su contra y el abandono en se encuentran sus comunidades, como la materialización de algo que sienten y perciben como todo aquello que no debe ser. Ergo, entonces el gobierno y las élites  del poder son “comunistas”, las que ponen en peligro la democracia y las formas de vida propias de los costarricenses, nos dice un empresario agrícola mediano del norte del país que, en medio de su descontento y su frustración por las políticas inhumanas del régimen, dentro de lo que constituye un descontento a veces orientado o alimentado desde las visiones del neopentecostalismo o evangelismo integrista, o aún desde una perspectiva secular sin mayores connotaciones religiosas. Ese empobrecido y abandonado país: esa patria chica de los sancarleños, guanacastecos, limonenses, puntarenenses, generaleños y habitantes del sur costarricense fronterizo con Panamá se siente abandonado y golpeado, en lo más profundo, por las rígidas políticas de ajuste económico y social que ha venido ejecutando, de una manera rígida e implacable, la coalición gobernante del PAC, PLN, PUSC e incluso de partidos “religiosos” neopentecostales (toda una paradoja), los que para efectos prácticos actuaron como si fueran uno solo, dándole la espalda a los sectores sociales más golpeados por la crisis.

El gobernante PAC y la coalición de partidos que incluyen a todo el espectro político que ahora choca de frente con ese otro país del que hemos hablando, había aplastado una gran huelga de los trabajadores del sector público, hace apenas un par de años, motivada por la oposición de ese sector laboral a la aplicación de un paquete o ajuste tributario de naturaleza muy regresiva, el que ha tenido efectos brutales hacia el conjunto de la economía y la sociedad, sobre todo por su naturaleza recesiva, por lo que innumerables negocios además de pequeñas y medianas empresas quebraron, a lo largo del año 2019, mucho antes de que apareciera la pandemia del Covid 19, la que vino a ser el golpe de gracia para muchos sectores de la población que ya se encontraban al borde la ruina.

Las nuevas medidas fiscales, planteadas por el gobierno de Carlos Alvarado, con vistas a un acuerdo para la obtención de un préstamo de 1750 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que castigan todavía más duro al grueso de la población, nos está llevando a la forja en los hechos de una gran coalición del movimiento social adverso al régimen de la dictadura neoliberal en democracia, a pesar de las diferencias ideológicas explicitas entre los actores sociales que se han venido involucrando en la protesta. Esta ha sido la emergencia del Movimiento Rescate Nacional con José Miguel Corrales, Célimo Guido y un importante grupo de dirigentes regionales, un movimiento que ha continuado fortaleciéndose a pesar de la retirada del primero de ellos, en medio de unas circunstancias muy confusas aún.

Los llamados progres del PAC se han lanzado contra el movimiento social descalificándolo en los peores términos, al llamar “vándalos” a los que desde el otro país protestan contra el dictador “comunista” y émulo de Nicolás Maduro, quien no es otro que Carlos Alvarado, no conformes con esto los progres piden una represión sanguinaria contra la población alzada contra el régimen, como si ya nos estuviéramos enrumbando hacia el totalitarismo fascista en la Costa Rica del “pura vida”, la que ha demostrado no serlo tanto y tampoco para todos, como dijo una comentarista de la televisión internacional. No se llamen a engaño tránsfugas del PAC, aunque un sector del movimiento califique en esos términos al actual gobierno, lo que en realidad sucede es que en el fondo repudian las políticas neoliberales que los están asfixiando, la brutal represión de los cuerpos policiales y el violento ajuste estructural que los sectores más poderosos pretenden imponernos, por la vía de un convenio con el FMI, a todos los costarricenses sin importarles, en modo alguno, la destrucción del tejido social y hasta de nuestra precaria institucionalidad democrática.

Manifiesto de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum ante la grave crisis económica, política y social que vive el país

Escrito en . Publicado en Derechos, Trabajo.

  1. Tomando en consideración que la Rerum Novarum es la Confederación más grande del país, que aglutina a más de 50 sindicatos, con una membresía superior a los 50 mil trabajadores, tanto del sector privado, como del público, en su mayoría en la primera línea de lucha contra la pandemia, y otros sectores, los más afectados por la crisis económica, política y social que vive nuestro país.
  2. Que a raíz del anuncio del Gobierno en torno al plan para iniciar las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a efecto de acceder a un préstamo para pagar la deuda interna, han surgido muchos movimientos sociales de oposición que podrían desencadenar un movimiento social, sin precedentes en la historia nacional por el grado de descontento popular existente.
  3. El anuncio del Gobierno de la República representa una serie de ocurrencias muy bien decididas a proteger a los que más tienen y desfavorecer a los que menos tienen, con una serie de impuestos cuyo efecto inmediato empobrece a la clase asalariada tanto el sector público como privado.
  4. Para la Rerum Novarum es urgente, que si se van a promover más impuestos los mismos tienen que aportarlos los que más tienen, es decir los impuestos tiene que pagarlos el gran capital financiero que ha tenido múltiples ganancias en este periodo de la pandemia y antes de la pandemia, pero ha sido condonado por el estado durante mucho tiempo.

La Rerum Novarum no va a repetir la consigna “no más impuestos” de la cual se está valiendo el sector empresarial para aprovecharse de un falso populismo direccionado a que tampoco les cobren impuestos a ellos, quienes acto seguido piden de inmediato reducir el aparato estatal lo que implica el riesgo de cierre de programas sociales, y de instituciones de bien social, como lo es Fondo Asignaciones Familiares (Fodesaf) y por tanto restar la posibilidad de protección a los más necesitados en un país donde crece la pobreza a ritmos acelerados y donde la informalidad pasa hacer un porcentaje sumamente alto de los trabajadores que tiene el país.

Visto lo anterior los empresarios harán desaparecer el bono de vivienda, los comedores escolares, las becas estudiantiles, las ayudas para mujeres agredidas y todos los programas sociales.

  1. Por responsabilidad con el país, con sus sindicatos, y federaciones afiliadas, la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum se reunió el pasado lunes 21 de setiembre con los secretarios generales y presidentes que conforman dichas organizaciones sindicales y después de un debate prolongado se llegó a la conclusión de que Costa Rica requiere una GRAN ALIANZA entre todos aquellos sectores que organizadamente, se plantean en su agenda la defensa de la institucionalidad del país, la defensa del medio ambiente, la defensa de los derechos humanos, la defensa de la protección social.
  2. Luego de este análisis se acordó aprobar la siguiente política de alianzas coyunturales, estratégicas para la defensa de la institucionalidad del país, los derechos sociales, laborales y ambientales y contra políticas anti laborales.
  3. Para la Rerum Novarum es más que necesario que desde el propio seno de la sociedad civil se llegue a acuerdos bajo una misma agenda que nos permita lanzar las bases sólidas de una CONCERTACIÓN NACIONAL con arraigo, popular y nacional.
  4. Ante esto, el Consejo Ejecutivo Nacional acordó una política de alianzas con todos aquellos sectores cuya intención es mantener el Estado Social de derecho, hacer uso de los mecanismos que nos da el derecho a la protesta para poder reivindicar a la sociedad costarricense.
  5. Creemos desde la Rerum Novarum que debemos protestar pero también proponer. Iremos a exigirle al Gobierno, que los impuestos que promueva para cubrir las necesidades del país, tienen que ser dirigidos al gran capital financiero, ese que por años se ha visto protegido y por lo tanto no ha contribuido en lo mínimo con los tributos al estado y por tanto no genera desarrollo, no genera empleo, tampoco beneficio social ni económico al país.
  6. Creemos necesario entonces la urgencia de tener una agenda nacional unificada para resolver los grandes problemas de la salud, del desfinanciamiento del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), así como la falta de atención a la salud que podría darse muy cercanamente. Necesitamos fortalecer la educación, así como que el país dé respuesta a esos niños que se han excluido del sistema escolar por cuanto sus padres y los ingresos familiares no les da ni para tener internet, ni mucho menos una computadora, ni mucho menos un teléfono inteligente donde reciban sus clases. Se considera en más de medio millón de niños, niñas y jóvenes que están quedando excluidos del sistema escolar y quienes no deben quedar rezagados porque estarían condenados a la miseria y la pobreza.
  7. Por ello, la Rerum Novarum deja claro ante la ciudadanía, que el movimiento sindical que representa va a estar a la par de todos aquellos grupos organizados, cuya agenda sea la defensa del país, pero a su vez deja también claro, que no participará con grupos cuyo interés solapado esté con un carácter partidario, porque consideramos que Costa Rica no merece ser engañada nuevamente.
  8. Habrá muchos políticos tradicionales que se rasgan las vestiduras ante esta crisis, pero fueron responsables de esta crisis.

LLAMAMIENTO PÚBLICO

La Rerum Novarum llama a la gran lucha nacional. La Rerum Novarum llama a la ALIANZA COYUNTURAL con todo aquel movimiento auténtico por la defensa de Costa Rica y no participará con ningún grupo cuyo objetivo tenga un carácter partidario, este es un movimiento de la familia costarricense, es un movimiento patriótico, es un movimiento por la salvación del país.

La Rerum Novarum llama a toda la población, a todo el sector organizado de las municipalidades, de las asociaciones de desarrollo, cooperativas, asociaciones solidaristas, para que nos unamos en esta gran causa.

Costa Rica nos necesita, vamos a defenderla y… ¡¡¡a lucha porque sin luchas no hay victorias!!!