Etiqueta: daño ambiental

Asociación ecologista solicita informe con base en fotografías georeferenciadas sobre Terminal de Contenedores de Moín

Escrito en 07/05/2024. Publicado en Madre Tierra.

La Asociación para el Desarrollo de la Ecología solicita información y acciones a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y al Consejo Nacional de Concesiones en relación con el proyecto Terminal de Contenedores Moín. Piden lo siguiente:

Ordenar al Regente Ambiental ampliar su informe del 20 de febrero de 2024 sobre la presunta erosión del material de relleno utilizado en el proyecto, teniendo en cuenta las fotografías aportadas.
Realizar un estudio sedimentológico integral e independiente de la situación, aplicando el principio precautorio.
Exigen saber por qué la empresa APMT no ha realizado los dragados y movimientos de sedimento acumulado en la costa de Moín como estaba comprometida, causando daños ambientales.
Solicitan respuestas claras a sus preguntas y preocupaciones, apelando al derecho a un medio ambiente sano. De no recibir la información, amenazan con acciones legales.

La Asociación, presidida por Marco Levy Virgo, denuncia la presunta erosión de materiales de relleno en el proyecto y acumulación de sedimentos en la playa de Moín, exigiendo mayor información, estudios independientes y acciones concretas por parte de las autoridades y la empresa concesionaria para corregir la situación y sus daños ambientales.

Se adjunta los documentos de referencia con los detalles del proceso.

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AEL-00100-2024 Descarga

Imagen ilustrativa.

Crisis ambiental: revelaciones sobre certificación en zonas protegidas de Talamanca

Escrito en 11/04/2024. Publicado en Madre Tierra.

Marco Levy Virgo, presidente de la Asociación para el Desarrollo de la Ecología, escribe una carta al Ministro de Ambiente y Energía para denunciar irregularidades relacionadas con una certificación emitida por el Ingeniero Edwin Cyrus Cyrus, la cual es responsable de daños de difícil o imposible reparación dentro de los límites del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo y el litoral del cantón de Talamanca. Los puntos principales son:

La certificación SINAC-ACLAC-DR-PNE-C-011-2017, emitida por Edwin Cyrus Cyrus, se utilizó como base para aprobar más de 800 permisos de construcción dentro de la zona protegida Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo y la zona marítima terrestre del cantón de Talamanca. Claramente se contradice un informe oficial que señala irregularidades en la zona.
La certificación no cumple con los requisitos de la Convención Ramsar sobre humedales, ya que esta no viene del Comité Nacional de Humedales (Órgano encargado de implementar dicha convención) por lo que es nula.

Marco Levy Virgo solicita al Ministro que declare nula la certificación de Edwin Cyrus Cyrus, actualice los informes oficiales, evalúe los daños ambientales y realice una auditoría independiente. Pide que se protejan los humedales, bosques y ecosistemas vulnerables de acuerdo con los tratados internacionales firmados por Costa Rica.

Puede consultar el documento adjunto donde se detalla la gestión.

AEL-0075-2024 Descarga

Si hay contaminantes en el agua hay contaminadores – ¿Quiénes son y dónde están?

Escrito en 26/03/2024. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Juan Francisco Campos

Lo más turbulento de la reciente emergencia por contaminación comprobada del agua de consumo humano para poblaciones costarricenses¹, parece que se ha minimizado. Sin embargo y en el mejor de los casos, hay evidencias^2,3para sospechar que la gravedad de la misma se mantiene o hasta tiende a aumentar; si esta dualidad de afectación permanece al menos en un acueducto comunitario del país y en las instituciones públicas, se continúan instalando autoridades sin idoneidad comprobada. Paradójicamente, respecto a este último detalle, se observa que, una vez más el gobierno Chaves Robles aparentemente cae en desaciertos, pues destituyó al jerarca de mayor abolengo y amplio currículum⁴ que había en su equipo gubernamental. Ya que, ante los hechos, genera dudas si en realidad el ciudadano estadounidense-costarricense Luis Alejandro Guillén Guardia, pecó al inicio de la emergencia con haber llamado a la calma y citar públicamente posibles contaminantes por vertido de hidrocarburos⁵. Sin embargo, de su agraviada salida, casi nadie ha dicho algo, ni los afectados directos por las calidades del agua suministrada o el mismo señor Guillén. Cabe especular si se trató de un “desalineado” más, como sucedió por ejemplo con el mismo Rodrigo Chaves y el Ing. Greivin Villegas⁶ ante el innombrable presidente anterior.

Además, siendo que, según organismos mundiales, dos preponderantes variables del abastecimiento de agua potable para consumo humano, corresponden a su calidad y cantidad ininterrumpida; es obvio que, no basta con que el agua sea efectivamente potable si el abastecimiento es insuficiente, o viceversa. ¿Cuántas comunidades hasta nuestros días han denunciado afectaciones reales sobre alguna de estas variables o en ambas? Realmente no tenemos ese dato y menos de aquellas otras que, aun conociendo y afrontando al respecto deficiencias, no lo hacen, ya sea por coerción y represión o inclusive amenazas reales de muy diversa índole. Pero de que son numerosas y constantes, sobran pruebas. Obviamente, nadie desconoce que, las consecuencias por denunciar daños ambientales en Costa Rica pueden costar hasta la vida en forma violenta, y si no es así, también por lentos envenenamientos; seguro destino del consumo de agua contaminada, mientras la esperanza por justicia es eterna^7,8. Por esto, es válido creer que los detractores del Acuerdo de Escazú, pocas veces como hoy acudirán a pagar indulgencias, ya que, el boyante sicariato también es su principal aliado contra los defensores del ambiente; máximo contribuyente de la violencia extrema que, también exhibe Costa Rica y en general América Latina⁹.

En concordancia con lo anterior, se ha divulgado acerca de una aparente censura, o infundio según respuesta oficial¹⁰, respecto a noticias transmitidas por el canal televisivo del Estado, justamente en el contexto de la emergencia que se cita. Lo que dijo o dejó de decir sobre el tema algún periodista de dicho medio, quizás lo rebele mejor alguna investigación próxima, si se hace al más alto nivel desde el primer poder de la República por intermedio de su Comisión de Ambiente; pues que le compete, no existe duda. Y será muy relevante que, se determine con prontitud si el periodista o los que sean, han actuado como deben; y si es así, tener presente que, estarían cumpliendo también como defensores del ambiente, o por el contrario que, faltaron a su deber. También que, según información técnica expuesta públicamente por parte de actores independientes al gobierno central, ésta no es la primera polémica abierta, pues a pesar de las trascendentes contribuciones de la Universidad de Costa Rica para atender la emergencia, también contra dicha Institución, el gobierno lanzó sus acostumbrados dardos. Es decir que, de igual forma, dichas informaciones generaron por parte del gobierno algunas respuestas irritantes y aparente censura¹¹. Tal vez todavía sea prematuro especular en cuanto a otras acciones similares, y si estas se dan en el mismo contexto, pero algo preocupante también se ha dado a conocer contra funcionarios de AyA y SINART como producto de las llamadas reestructuraciones por parte de sus jerarcas.

Por otra parte, en concordancia con la crítica situación socioambiental de este país, y por ende observar que, la mayoría de autoridades ambientales que desde hace años se instalan en las instituciones públicas, las administran según sus propios intereses, por ejemplo, al derogar los más significativos avances normativos de la evaluación de impacto ambiental mediante D.E. No. 43898¹²; hemos procurado ir más allá de las divulgaciones nacionales. Y como ya no se duda de la presencia de hidrocarburos, el principal avance en esta situación, ha sido haber identificado entre estos mismos a los Xilenos como “nuevo” contaminante del agua; el cual, resultó en parte coincidente con lo manifestado por el destituido Ing. Guillen. De esta forma, al analizar la problemática con cierto nivel de escepticismo, se infiere que, de publicaciones hasta hoy conocidas, todavía queda mucho por decir, obviamente también hacer; y talvez en el futuro, un 22 de marzo celebrar entonces el “Día Mundial del Agua¹³”.

Por lo tanto, de lo que acontece con los Xilenos, vale primero acentuar acerca del derecho ciudadano a no permitir o seguir tolerando que, las autoridades a cargo, continúen con la misma atención oficial a otros contaminantes también de comprobada afectación al recurso hídrico; como el arsénico, bromacil, clorotalonil, diurón, paraquat, sulfatos, nitratos, plomo, diclofenaco, mercurio, hidrocarburos, grasas, aceites, otros insumos agrícolas, etc.; al igual que el suministro continuo del agua. Por consiguiente, es y será siempre relevante valorar que, entre diferentes características y referencias sobre de los Xilenos están^14,15,16:

Se trata de hidrocarburos de la familia de los aromáticos, típico compuesto orgánico volátil, el cual, por su poder contaminante, se le describe como sustancia peligrosa, incolora e inflamable.
Es principalmente producido a partir del petróleo, en el cual se encuentra en forma natural al igual que en el alquitrán; además, en los incendios forestales se genera en pequeñas cantidades.
Posee un espectro de uso industrial y comercial muy amplio, pero también, existen referencias de su uso como precursor del mortífero fentanilo para fines del tráfico internacional de drogas.
En pequeñas cantidades se le encuentra en combustible de aviones y en la gasolina.
Puede ser liberado al agua y al suelo a consecuencia del uso, almacenaje y transporte de productos del petróleo.
Así como puede encontrarse en diferentes espacios de trabajo (fábricas y talleres de servicio automotriz, ebanistería y pintura), también en el hogar y en muchos tipos de alimentos a nivel de 1 a 100ppb. Por lo mismo, las personas pueden estar expuestas también a sus efectos acumulativos, al tomar agua e ingerir alimentos contaminados; y/o mediante el contacto con productos como la gasolina, pintura, barniz, lacas, anticorrosivos y hasta humo de cigarrillos.
La mayoría de personas puede empezar a detectar su olor en el aire cuando está en concentraciones de 0.08 a 3.7 partes de xileno por millón de partes de aire (ppm) y 0.53 a 1.1 ppm en el agua.
Las rutas de exposición a personas, las cuales pueden favorecer su potencial tóxico de ingreso al organismo, son por las vías digestiva, respiratoria y cutánea.
Para el territorio estadounidense, la EPA legalmente ha establecido “…un nivel máximo de 10 ppm (10 mg/L) para xileno en agua suministrada a todo usuario de sistemas de agua públicos”. Por su parte, la OSHA, tiene regulado que “…El nivel máximo de xileno en el aire del trabajo no debe exceder 100 ppm (435 mg/m³) durante una jornada de 8 horas diarias, 40 horas semanales”.
Acerca de la carcinogenicidad producto de la inhalación, “Existen algunos datos positivos, pero todavía no son suficientes para la clasificación”; además, según ficha de datos de seguridad, tiene una clasificación H 304, cuya declaración de peligro indica: «Puede ser mortal si se ingiere y entra en las vías respiratorias«.

Así que, como bien lo han divulgado algunos medios, no estamos en presencia de un contaminante del cual basta con referir que es hidrocarburo, como ya acostumbraban las autoridades durante situaciones similares; quizás por ello, la rabieta ministerial cuando se hizo público por vez primera el nombre específico de Xileno. Un contexto donde ha sido muy atinado el reclamo de la Defensoría de los Habitantes¹⁷, así como los llamamientos del Colegio de Químicos¹⁸, la iniciativa de la Fiscalía Ambiental¹⁹ y denuncia de la ANEP²⁰. En mucho, esas gestiones deberán contribuir, y se espera que sea muy pronto; pero sobre todo que concluyan en sentar las responsabilidades correspondientes, sin excluir la reparación de daños especialmente humanos, aunque para muchos ya es demasiado tarde.

Al plantear la necesidad de establecer responsabilidades, se tiene claro que, no bastará con identificar culpables, sino también que, les sea aplicado el peso de la ley empezando por casa o a la vez. Pues si las instituciones ideales se crearon y todavía existen (Ej.: Ministerio de Salud Pública, AyA, Dirección de Agua, SETENA); es para que cumplan a cabalidad las funciones que la ley les dictó y no para que, por acción u omisión las manejen a su arbitrio. Existen otros antecedentes que, no pueden pasar desapercibidos ante emergencias como esta, y las obvias amenazas reales de la creciente cantidad y volumen de sustancias peligrosas que se emplean; sobre las cuales, organismos internacionales y otros gobiernos, toman decisiones en cuanto actualizar y promover nuevas regulaciones integrales de conformidad con los avances científicos y técnicos. Mientras en Costa Rica, al mismo tiempo que cada año se registran mayores volúmenes en la importación de los Xilenos²¹, se actúa al revés. Por ejemplo, empezando con un aparente ocultamiento de la realidad, flexibilización y derogación de requisitos técnicos y legales (“trajes a la medida…”)^22,23, nombramiento de funcionarios no idóneos, desfinanciamiento de órganos técnicos, y hasta insistencia en desacreditar a las Universidades públicas.

Y “para muestra un botón”; acerca del nuevo jerarca de AyA Juan Manuel Quesada Espinoza, está dicho y hecho que, de la noche a la mañana le aplicaron movilidad funcional para que, de estar al frente de los hidrocarburos (potenciales contaminantes), pasara a la rectoría del agua potable y el saneamiento; potabilidad justamente afectada con dichos materiales. Ha dicho que en RECOPE perseguía delincuentes y ahora, en AyA perseguirá corruptos; no menciona cómo los distingue. Como recurriendo a esa experiencia, declara que en la nueva institución la cual valora de inmadura, no le temblará su mano al interior de la misma contra los integrantes de la “red de cuido” quienes la mantienen en su “peor crisis”. También que encuentra una institución con “más de una década de retroceso”, es decir, implícitamente le suma dos años de su gobierno. Muy bien parece que no sabe o no mide lo que dice y se autocalifica como de “mano dura”. Sin duda alguna, ignora el señor Quesada que, “las políticas de mano dura”, dejan de lado todo el espectro de derechos humanos”, pues los perseguidos son considerados enemigos a los que no debe reconocerse derecho alguno²⁴. Lo que ha sucedido en los Hatillos, no es mera casualidad. De seguro que se siente más firme por la detención policial y procesamiento de quienes han reclamado el desabastecimiento de agua en sus hogares, aunque pagan por ella. Que tal vez nos explique la Corte IHD el nivel de gravedad de esta violación de derechos humanos.

Pero algo más, al sumar ya casi dos meses en el cargo por parte del Ing. Quesada, con sus amenazas y promesas retóricas pero sin soluciones efectivas ni a lo más urgente, lo que mejor ha mostrado, es tener cabeza gacha ante los amos empresariales como el presidente de la Cámara Costarricense de la Construcción, quien delante del mismo jerarca, algo así como sustituyendo su función, ha informado al país que “eliminaron obstáculos al desarrollo” (cuellos de botella) para garantizar agua a miles de proyectos inmobiliarios^25,26. El mismo guion también cumplido con la SETENA. De tal manera que, como parafraseando a la ingeniera F. Kikut²⁷: “hay algo muy oscuro en el agua” y en las cabezas de las instituciones de Costa Rica. Esa es la emergencia que le asignaron atender. Ojalá, una vez termine su comparecencia ante la Asamblea Legislativa, se demande su destitución y procesamiento inmediato.

Referencias

Imagen ilustrativa, UCR.

Hace ocho años, Costa Rica puso en su lugar a Daniel Ortega

Escrito en 15/12/2023. Publicado en Análisis.

Freddy Pacheco León

Por medios civilizados, acudiendo a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), Tribunal de la ONU en La Haya, Países Bajos, se ordenó a los invasores comandados por Edén Pastora (+), salir de la limonense isla Calero, y pagar por los daños causados al humedal tico.

– Recordemos:

Sabíamos que las 300 ha de isla Portillo, invadidas por el soldado Pastora y sus hombres, eran costarricenses. Pero Nicaragua decía y defendió lo contrario. Cuando la Corte declaró que isla Portillo (parte de isla Calero) era nuestra, el titular en La Prensa de Nicaragua resaltó que Nicaragua había PERDIDO isla Portillo, y que lamentablemente la laguna «Harbour Head» había quedado enclavada en territorio costarricense, por lo cual, para llegar a sus aguas (como es más factible por mar) las embarcaciones nicas han de pedir autorización a Costa Rica, para navegar por mar territorial costarricense.

Además, aunque Pastora decía lo contrario (no se podía esperar mucho de él) la CIJ condenó a Nicaragua por la apertura de los caños artificiales y POR EL DAÑO AMBIENTAL provocado sobre el humedal Ramsar. Y muy importante, A INDEMNIZAR A COSTA RICA por ese daño ambiental. Pago que hubo de cumplirse dentro de los siguientes 12 meses. No es correcto haber dicho (como Pastora y algunos por aquí lo afirmaron) que no se hubiese condenado a Nicaragua por ese daño al ecosistema costarricense.

– En cuanto a la trocha fronteriza en territorio tico, la Corte reafirmó lo determinado años antes, al rechazar las medidas cautelares solicitadas por los súbditos del sátrapa Ortega, puesto que Nicaragua NO pudo demostrar el alegado daño causado a la navegabilidad del río San Juan, entre otros, porque los jueces dieron por buenos los estudios hechos por profesionales del ICE, principalmente, que cuantificaron un aumento insignificante en los sedimentos, de entre un 1 y un 2%. Sí expresaron los magistrados, correctamente, que existía RIESGO ambiental con la construcción de la carretera y que, por tanto, debió de haberse presentado un estudio de impacto ambiental previo. Sobre esto, el fallo fortaleció la normativa ambiental de ambas naciones, pues Ortega se había negado a entregar estudios sobre el fallido proyecto hidroeléctrico Brito… que hubiera secado el río San Juan en un gran trecho, y el también fallido proyecto de un gigantesco canal interoceánico. Ahora las reglas son otras, para ambas naciones.

Fue interesante el que No se diera la llamada sentencia «salomónica», que algunos dijeron que se daría (otro error de algunos analistas ticos). Lo cierto es que el fallo fue contundente a favor de Costa Rica y demostró que el equipo profesional costarricense era de la mayor calidad, con la incorporación de expertos extranjeros que siempre nos dieron confianza y que, como se demostró, siempre caminaron por buenos caminos. Los especialistas nacionales (encabezados por don Édgar Ugalde, don Arnoldo Brenes, don Sergio Ugalde…) con su trabajo calificado y gran dedicación, nos dieron una gran alegría a la mayoría de los costarricenses, destacándose asimismo en la parte diplomática, el canciller Enrique Castillo. Vencieron, y vencieron bien, frente a un equipo nicaragüense que, algunos dijeron, era altamente calificado, con expertos reconocidos, que incluso habían «humillado a Colombia» (algo que no es cierto) y que seguramente se lucirían frente al equipo costarricense. Bueno, ¡qué bueno!, que por aquí también se equivocaron.

Costa Rica recuperó su integridad y soberanía territorial en un área que mide más de CUATRO VECES lo que mide el parque metropolitano La Sabana, aunque, como es lógico, se ve como un pequeño punto en los mapas a escala 1:50.000 del IGN.

Lo celebramos entonces y lo seguimos celebrando, y más cuando pensamos en cómo nos sentiríamos los compatriotas en el hipotético caso de que la sentencia hubiere sido a favor de Nicaragua, y hubiéramos perdido (nosotros sí) ese rico humedal costarricense, que por un momento estuvo usurpado por la bota militar de soldados al mando del sátrapa Daniel Ortega.

Campaña para no permitir la construcción de una torre de condominios en el bosque de Manuel Antonio

Escrito en 29/08/2023. Publicado en Madre Tierra.

Una campaña de firmas iniciada por la Fundación Corcovado propone “no permitir la construcción de una torre de condominios en el bosque de Manuel Antonio”.

El texto explica:

El bosque en el área de Manuel Antonio es un ecosistema altamente frágil que sustenta una diversa gama de flora y fauna. Es el hogar de varias especies en peligro de extinción, incluido el mono ardilla centroamericano y la lapa roja. Sin embargo, este bosque ahora está amenazado debido a la construcción propuesta de una torre de condominios de 16 pisos y 70 unidades.

Esta torre de condominios destruirá una porción significativa de este hermoso bosque y alterará su equilibrio natural. El tamaño de la construcción perturbará significativamente la belleza escénica de Manuel Antonio. Las vistas panorámicas de Manuel Antonio han hecho de este destino un ícono turístico y uno de los paisajes más hermosos del mundo.

El proceso de construcción por sí solo causará un daño inmenso al ecosistema, incluida la erosión del suelo y la destrucción del hábitat de muchos animales. Además, este desarrollo tendrá graves consecuencias para las comunidades locales que dependen del ecoturismo como su principal fuente de ingresos. La pérdida de un atractivo natural tan importante conducirá al declive económico y la pérdida de puestos de trabajo en la región.

Por eso, instamos a todos los ciudadanos preocupados a que firmen esta petición y exijamos que las autoridades tomen medidas inmediatas para detener este proyecto destructivo. Debemos proteger nuestro medio ambiente para las generaciones futuras y preservar nuestro patrimonio natural.

Puede unirse a la campaña con su firma mediante este enlace.

ANEP y Grupo Ecologista Kañík presentan acción de inconstitucionalidad contra reglamento que elimina controles ambientales

Escrito en 25/08/2023. Publicado en Madre Tierra, Trabajo.

Destrucción de ecosistemas, levantamiento de urbanizaciones sin control, explotación maderera en áreas protegidas, abusos laborales, reducción de penas para desarrolladores y pérdida de autoridad de la SETENA pretende este nuevo reglamento.

La nueva normativa de la Secretaría Técnica Ambiental (SETENA), la 43898, sustituye a la que rige actualmente, la 31489, y entre sus peligrosos enunciados se encuentra el consentimiento para pavimentar áreas ambientalmente frágiles, entre ellas las que albergan afloramientos o cursos de agua, suelos susceptibles de inundación y hundimiento, o de gran importancia ecológica para su conservación y que, por su belleza escénica, son los favoritos para asentar en ellos proyectos urbanísticos.

Además, autoriza la extracción forestal en las áreas silvestres protegidas, libera de permisos el cambio de uso del suelo en materia agrícola, excluye la obligatoriedad de los empresarios de informar a la población sobre sus proyectos en un medio impreso, elimina la obligación de la industria urbanística de presentar estudios de vialidad avalados por el Ministerio de Transportes, traslada gran parte de las responsabilidades de SETENA a las municipalidades sin que estas hayan sido consultadas, reduce las penas para los empresarios que incumplan las disposiciones, pero amenaza a los funcionarios que la pudieran quebrantar.

El reglamento, que empezaría a regir este agosto, retrocede 25 años en materia legal y deja indefensos los cuerpos de agua, el aire, el suelo, a los ciudadanos y demás habitantes de este nuestro territorio común, con el propósito de reducir al mínimo los trámites y obligaciones legales de la industria constructora, el sector que presenta ante la SETENA el 70% de lo que esa institución tramita.

No es casual que el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles y el ministro del ambiente, Franz Tattenbach Capra, se hicieran acompañar de representantes de la Cámara de la Construcción el día en que anunciaron a la prensa, este pasado febrero, la derogación del Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y su Manual de Instrumentos Técnicos. Tampoco es fortuito que días después, en febrero también, escogieran al Colegio de Ingenieros como escenario para anunciar la entrada del Reglamento de Setena número 43898, cargado de vicios, portillos, contradicciones, desregulaciones, regresiones e inconstitucionalidades.

El nuevo articulado carece de los elementos preventivos que sí estuvieron presenten en las normativas anteriores, incluida la que aún está vigente. Ante la ausencia de normas preventivas, se prevén daños ambientales irreversibles y en consecuencia desmejora de la calidad de vida, justo en el momento en que el mundo ha alertado sobre la escasez de agua.

Este reglamento, a punto de empezar a regir, amplía el umbral de los proyectos calificados como “menores” a mil metros cuadrados (en el reglamento aún vigente el umbral es de 500 metros cuadrados) que constituyen el 65% de los proyectos ingresados al SETENA para ser evaluados y controlados.

Ese 65% de proyectos, según el reglamento 43898, pasarían a estar bajo inspección de los gobiernos locales que en un 50% carecen de su principal herramienta para regular asuntos ambientales, los planes reguladores. Y de ese 50% que sí los posee, solo el 6% ha definido, mediante estudio técnico, las áreas de fragilidad ambiental de sus cantones.

Además de lo expuesto en el punto anterior, la nueva normativa permite que en una misma finca se construyan sin permisos, uno tras otro, esos proyectos de hasta mil metros cuadrados considerados de “bajo impacto ambiental” y que al sumarse y acumularse terminan constituyéndose en megaproyectos que no requirieron de permisos, ni controles.

Por otra parte, el tamaño de los desarrollos no determina los impactos en el ambiente y por tanto la calificación de “bajo impacto” no posee sustento técnico.

Otra de las enormes deficiencias del reglamento 43898 es que elimina la obligación de los urbanizadores de presentar ante la SETENA un estudio vial avalado por el Ministerio de Transportes, con lo cual el aumento en el tránsito vehicular que traerán los desarrollos urbanísticos a las zonas rurales y urbanas agravará el congestionamiento que gobierna nuestras calles.

Esta normativa a punto de estrenarse se mete también en lo laboral, acosando psicológicamente al personal de la SETENA, al imponer plazos más cortos en los procesos de las Evaluaciones de Impacto Ambiental, EIA, desconociéndose si esto puede ser posible y amenazando al personal con procesos disciplinarios.

En sentido contrario caminan las cosas para los desarrolladores, a quienes este reglamento favorece notoriamente, no solo porque disminuye en gran medida el papeleo para los permisos y los controles sobre ellos de parte de la SETENA, sino que les baja las penas, les suaviza las sanciones en caso de incumplimiento.

En lo referente a los descuidos, la publicación de este documento en La Gaceta adolece de algunos anexos citados en sus artículos. Según estos, en determinados anexos deben figurar determinados formularios para ser llenados antes del inicio de algún proyecto.

Por si fuera poco, el derecho de los ciudadanos a ser debidamente informados se violenta en el reglamento, al eliminar de sus regulaciones el acceso a un medio impreso donde poder enterarse sobre el desarrollo de proyectos.

El nuevo reglamento de la Setena es un mamotreto eliminador y facilitador de trámites a favor de una minoría, que no contempla, sino más bien excluye, los intereses y derechos de las mayorías, así como deja indefensos los recursos naturales, pasando por encima de leyes, convenios internacionales y principios de la Constitución Política de Costa Rica.

Ante sus enormes deficiencias y parcialidades y ante las graves repercusiones socioambientales a que conllevaría esta normativa, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) ha decidido estrenarse hoy como figura ambientalista y solidaria, apoyando la iniciativa del también nuevo grupo ecológico Káñik.

Seremos sus cómplices en esta acción ante el Poder Judicial, una acción de inconstitucionalidad contra el reglamento 43898 sobre la cual les hablará a continuación su abogado, Msc. Juan Diego Quirós.

Le invitamos a ver el video con la exposición.

Alcalde de la Municipalidad de Naranjo desobedece orden de la Sala Constitucional

Escrito en 07/07/2023. Publicado en Madre Tierra.

Tras fallo de la Sala Constitucional mediante resolución N° 2023012845, que ordenó a la Municipalidad de Naranjo entregar el expediente del Tajo Gavilanes “completo y debidamente foliado”, y ser notificada la Municipalidad de Naranjo desde el 6 de junio del presente año, a la fecha actual se presenta la Gestión de Desobediencia, no ha sido entregado el documento.

Nuevamente el grupo ambiental naranjeño se hace presente y mediante la Gestión de Desobediencia, solicita a la Sala Constitucional que reitere la orden de entregar el documento al Sr. Juan Luis Chaves, alcalde Municipal de Naranjo.

Para consulta del caso:
Expediente: 23-006521-0007-CO
Resolución: N° 2023012845

Información suministrada por: Carlos Manuel Muñoz Jiménez

Sala IV ordena a la Municipalidad de Naranjo entregar expediente del proyecto del Tajo Gavilanes

Escrito en 10/06/2023. Publicado en Madre Tierra.

Tras solicitud hecha desde el 14 de abril del año 2021, la Municipalidad de Naranjo, y a pesar de otras gestiones relacionadas con esta solicitud hechas en ese mismo año, no había entregado la copia del expediente administrativo del proyecto del Tajo Gavilanes “completo y debidamente foliado”, como fue solicitado específicamente.

Un grupo ambiental naranjeño que se organizó para hacer frente a irregularidades ambientales que están ocurriendo en el Tajo Gavilanes y la naciente La Estrella (Rosario de Naranjo), acuerpó la presentación de un recurso de amparo presentado a la Sala IV el 20 de marzo de éste año.

La Municipalidad de Naranjo alegó, entre otras cosas, cuestiones de confidencialidad de lo solicitado, sin embargo, la misma Sala IV tras el proceso judicial llevado a cabo, estimó “que la actuación de la parte recurrida deviene en ilegítima y ha quebrantado flagrantemente el derecho fundamental de acceso a la información en su vertiente, ad extra”.

Ordenó finalmente en un plazo máximo de 10 días entregar el expediente.

Para consulta del caso:

Expediente: 23-006521-0007-CO

Resolución: N° 2023012845

Información suministrada por: Carlos Manuel Muñoz Jiménez

Bloque Verde se pronuncia ante resolución del Tribunal Contencioso Administrativo sobre el agroquímico Fipronil

Escrito en 23/05/2023. Publicado en Madre Tierra.

Ante resolución del Tribunal Contencioso Administrativo:
Ni el gobierno de Rodrigo Chaves ha emitido un decreto para proteger abejas, ni tampoco el Fipronil está (o estaba) prohibido para uso agrícola en Costa Rica

En el Decreto Ejecutivo 43767 “se prohíbe solamente el uso profesional e industrial del plaguicida fipronil. Sin embargo, el uso más difundido de este plaguicida, y el que está causando severas afectaciones ambientales, es el uso agrícola y veterinario” Señaló el Dr. Elidier Vargas, agrónomo ex funcionario – pensionado de DIGECA y consultor del Pnud para el estudio “Uso aparente de plaguicidas en la agricultura de Costa Rica”.

El uso industrial y profesional está relacionado con la aplicación que realizan empresas de este producto en instalaciones físicas, recintos cerrados, edificios o casas, eso es solamente lo que cubre el decreto impugnado en el Tribunal Contencioso por una compañía privada que impugnó el decreto.

El uso agrícola no se ha cambiado, mucho menos prohibido con el decreto en mención, por cuanto el grueso del uso del fipronil siempre ha estado permitido ya que queda en evidencia en el informe DAJ-MINAE-0354-2021 que fue el MAG quien se opuso a sacarlo del mercado y está pendiente de elaborar su propio decreto ejecutivo pues considera que el uso agrícola y veterinario es solamente su competencia.

“Mientras eso no suceda, las abejas y otros insectos polinizadores, incluso otros organismos silvestres seguirán viéndose afectados, según describe el MINAE en los informes que ha entregado a la Sala IV”, aseguró el especialista.

En el informe del MINAE número: DAJ-MINAE-0354-2021, se lee lo siguiente: “En este informe se realizó una evaluación de riesgo para las abejas, debido a la preocupación por los eventos de mortalidad de estos organismos evidenciada durante el año 2020. Esta evaluación consideró la dosis más baja y la más alta autorizada en cultivos agrícolas y se concluyó que el riesgo es inaceptable para estos organismos según los usos autorizados. Así mismo, los datos ecotoxicológicos de fipronil generan preocupación hacia otros organismos del ecosistema por cuanto se considera altamente tóxico para aves, peces, invertebrados acuáticos y muy altamente tóxico para algas. Además, es moderadamente persistente en suelo y en sistemas de agua/sedimento, y cuando se degrada producen otros metabolitos que sí son persistentes.”

Esos son los riesgos del uso del fipronil en las condiciones que actualmente se utiliza en la agricultura de Costa Rica, según indica el MINAE y siguen vigentes ante el uso del fipronil en campos agrícolas.

Por lo tanto, esta medida cautelar solicitada ante el Tribunal Contencioso Administrativo, es de poco impacto para la protección o desprotección ambiental de las abejas. Queda claro que el principal responsable de la muerte masiva de abejas es el Ministerio de Agricultura y Ganadería, hasta tanto el MAG no asuma su responsabilidad sobre ese tema seguirán muriendo polinizadores.

El pasado 20 de mayo se celebraba el Día Mundial de las Abejas, decretado por la Asamblea General de las Naciones Unidas y oficializado en 2020 por la Asamblea Legislativa una ley que declaran la apicultura de ‘interés público’ y crean el Día Nacional de las Abejas. En el marco de ese día Bloqueverde solicito “la prohibición de agrotóxicos fipronil y los neonicotinoides que han causado intoxicaciones masivas y la muerte de millones de abejas, daños irreversibles a la biodiversidad y contaminación de ecosistemas”.

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MINAET de Grecia confirma daños ambientales en Naciente La Estrella

Escrito en 11/05/2023. Publicado en Madre Tierra.

Municipalidad de Naranjo informa que no tiene solicitud de proyecto de vivienda frente Finca La Espiga

Tras las denuncias realizadas por daños causados dentro de la zona de protección de la naciente La Estrella en Rosario de Naranjo, el encargado del caso Cecilio Chacón, del MINAET de Grecia, confirmó daños ambientales como: eliminación de vegetación, depósito de materiales y apertura de camino, todos estos como el señor Chacón lo explicó, vigilados por el artículo 33 de la Ley Forestal. Indicó, además, que la naciente tiene un radio de protección de 100 metros según la Ley Forestal.

Otro posible daño el cuál está pendiente de investigación es el de aprovechamiento ilegal del caudal de la naciente, confirmó que el MINAET – Grecia extenderá un informe detallado en los próximos días, explicó que se está en la etapa del peritaje.

Para quienes deseen llamar al MINAET-Grecia y conocer mejor el caso, pueden comunicarse a través del teléfono 2494-0065 Ext. 107, con el señor Cecilio Chacón.

También relacionado con la Naciente La Estrella, el alcalde de la Municipalidad de Naranjo, el señor Juan Luis Chaves, en respuesta a las consultas realizadas en relación a un proyecto de vivienda que estuviera en gestión en la Municipalidad de Naranjo, frente a Finca La Espiga, en Rosario de Naranjo, indicó que “no se tiene solicitud de un proyecto de vivienda por lo que no existe documentación para facilitar”, además, en relación a las solicitudes realizadas relacionadas de la naciente La Estrella, únicamente indicó que “la misma tiene una concesión compartida y dicha información puede ser consultada al MINAE”. (Ver Oficio MN-ALC-4152-2023, del 3 de Mayo de 2023)

Información suministrada por: Carlos Manuel Muñoz Jiménez.

Etiqueta: daño ambiental

Juan Francisco Campos

Destrucción de ecosistemas, levantamiento de urbanizaciones sin control, explotación maderera en áreas protegidas, abusos laborales, reducción de penas para desarrolladores y pérdida de autoridad de la SETENA pretende este nuevo reglamento.

Ante resolución del Tribunal Contencioso Administrativo:Ni el gobierno de Rodrigo Chaves ha emitido un decreto para proteger abejas, ni tampoco el Fipronil está (o estaba) prohibido para uso agrícola en Costa Rica

Municipalidad de Naranjo informa que no tiene solicitud de proyecto de vivienda frente Finca La Espiga

Ante resolución del Tribunal Contencioso Administrativo:
Ni el gobierno de Rodrigo Chaves ha emitido un decreto para proteger abejas, ni tampoco el Fipronil está (o estaba) prohibido para uso agrícola en Costa Rica