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Etiqueta: democracia participativa

Carta abierta del sector cultura al presidente de Costa Rica

Más de 20 organizaciones de gran relevancia en el país, se unen con el propósito de hacer un llamado al diálogo de urgencia, tanto a Casa Presidencial, como a la Asamblea Legislativa, esto en respuesta a los recortes al sector cultural y artístico del país.

Sr. Rodrigo Chaves

Presidente de la República

San José – Costa Rica

 

Cc.

Natalya Díaz Q

Ministra de la Presidencia /Comisión Nacional para un Estado Abierto.

 

Sra. Paulina Ramírez P

Presidenta Comisión de Hacendarios.

 

Sra. Nayuribe Guadamuz R

Ministra de Cultura y Juventud.

 

Sr. Juan Carlos Chavarría.

Departamento de Participación ciudadana.

 

Señores y Señoras Diputadas

Asamblea Legislativa de Costa Rica.

 

Estimado señor Presidente:

Reciba un cordial saludo de parte de las organizaciones del sector creativo, artístico y cultural de Costa Rica aquí suscritas. Nuestras organizaciones representan a miles de personas trabajadoras a lo largo y ancho del territorio nacional.

Desde nuestras diferentes organizaciones y en distintos momentos, hemos intentado establecer espacios de diálogo y construcción con la señora Ministra de Cultura y Juventud (MCJ), así como con las personas jerarcas de los órganos adscritos. Sin embargo, no hemos encontrado una voluntad de comunicación en la mayoría de las direcciones artísticas, ejecutivas y jerarcas ministeriales, pues las respuestas han sido tardías o han demostrado en muchos casos poco interés en contemplar los aportes del sector, salvaguardando a los colegas de SINEM, CNM y DGB, quienes han tratado de fortalecer este espacio.

Por este medio, le solicitamos respetuosamente contemplar las necesidades del sector en la toma de decisiones y abrir espacios permanentes de diálogo, especialmente en torno a los proyectos presupuestarios del Ministerio de Cultura y Juventud, que serán tramitados ante el Ministerio de Hacienda y la Asamblea Legislativa.

Estimamos relevante recordarle que el sector cultura es uno de los sectores económicos que se vieron más afectados por la pandemia, y ahora, por la inflación y la crisis económica nacional e internacional.

En el análisis hecho a la información facilitada en el oficio DVMA-0692-2022 del 23 de agosto por el despacho del Viceministerio Administrativo del MCJ, a raíz de las solicitud planteada al MCJ el 9 de agosto del 2022 por 15 de nuestras organizaciones, en relación al anteproyecto presupuestario 2023 del MCJ (anexada a este documento), se pudo constatar que existen cambios en los fondos destinados a la Ley de Emergencia y Salvamento Cultural (N° 10041), los cuales no fueron socializados en los medios de comunicación oficiales de la institución, atentando contra el principio de transparencia. Adicionalmente no se aclara en el oficio el detalle de esos ajustes ni los programas impactados.

Tampoco se puede visualizar, en la información facilitada, un plan de inversión a nivel de infraestructura, capacitación, fondos concursables y otros, situación que preocupa a las organizaciones. En el caso específico de la infraestructura, existe una particular preocupación por el notable deterioro que tienen las instalaciones de diferentes espacios que están bajo la administración del MCJ; donde está en juego la integridad física de las personas e, incluso, su vida. Así mismo, no se ve reflejado presupuestariamente el contenido con el que se atenderán las necesidades identificadas el año anterior en el trabajo colectivo de las mesas sectoriales.

No se indica en la comunicación facilitada por el Viceministro Administrativo, una fecha límite para realizar observaciones, ni una garantía de que los aportes brindados por la ciudadanía puedan ser considerados en el anteproyecto presupuestario. Debido a que la respuesta del señor Viceministro se realizó faltando básicamente tres días hábiles a la presentación del anteproyecto presupuestario ante la Asamblea Legislativa, no vemos una voluntad de escuchar las inquietudes del sector cultural y mucho menos de atenderlas.

En todo momento las organizaciones y personas firmantes hemos tenido una intención respetuosa y abierta al diálogo para encontrar puentes de comunicación, pero el hermetismo que se encuentra en el MCJ, como algunos de los órganos desconcentrados, nos han llevado a realizar el presente comunicado de forma abierta y pública, ya que es nuestra obligación como profesionales de la cultura y por los fines propios de nuestras organizaciones, velar por el bien de nuestros agremiados y la cultura en general de este país. Creemos que esta forma de actuar está dañando lo poco -pero importante- que se había logrado en años anteriores, interrumpiendo el inicio de un proceso de recuperación económica para un sector que, como el nuestro, fue tan afectado en los dos últimos años.

Es por estas razones que emitimos el presente comunicado:

Considerando

1- Que en el artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los artículos 13 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se reconocen los derechos culturales como derechos fundamentales para la realización plena e integral de la persona humana.

2- Que la Constitución Política, en su artículo 9, establece que el Gobierno de la República es representativo y, a la vez, popular y participativo, lo cual establece un mandato claro a los Poderes del Estado de incorporar en sus procesos a la ciudadanía mediante mecanismos de acceso a la información y consulta.

3- Que el 26 de abril del 2022 se publicó el decreto N° 43525 enfocado específicamente en el «Fomento del Gobierno Abierto en la Administración Pública y la creación de la Comisión Nacional para un Estado Abierto.»

4- Que la transparencia gubernamental es el resultado de las buenas prácticas para el acceso a la información pública, la rendición de cuentas y la participación ciudadana.

5- Que el derecho de acceso a la información pública es fundamental para el desarrollo y el fortalecimiento de la democracia representativa y participativa, en tanto que permite a la sociedad civil analizar, juzgar y evaluar íntegramente los actos de sus representantes y estimula la transparencia en los actos de la administración pública del Estado.

6- Que los órganos y entes estatales deben fomentar la participación ciudadana y el trabajo colaborativo para acercar la toma de decisiones al ciudadano, permitiéndole la generación de propuestas, el planteamiento de sugerencias y oportunidades de mejora, así como su fiscalización en todas las etapas de la formulación y ejecución de políticas públicas.

7- Que la Política Nacional de Derechos Culturales de Costa Rica 2014-2023, cuenta con una vigencia por 10 años, razón por la cual resulta necesario iniciar -cuanto antes- el proceso de construcción de las políticas públicas culturales para la próxima década. No obstante, su producción y proceso consultivo no está reflejado en ninguna parte del presupuesto presentado en la proyección de anteproyecto presupuestario dado por el MCJ.

8- Que actualmente no se cuenta con una Ley Nacional de Derechos Culturales o de la condición del artista en nuestro país, situación que deja desprotegido a nuestro sector de políticas en materia de seguridad social, marco de cualificaciones laborales, constitución y financiamiento de emprendimientos creativos y culturales, y de ahí la importancia de plasmar el abordaje de estos temas de manera urgente y necesaria en el planteamiento de las políticas culturales que deben regir a partir del 2024.

9- Que la Ley de Salvamento y emergencia cultural No.10.041 en su artículo 5 establece una serie de deberes para el MCJ relacionados con la identificación de fuentes de financiamiento del presupuesto nacional para fortalecer la creación y la circulación de productos culturales con el fin de atender a la población del sector que se encuentre en dificultades económicas producto de la disminución o cese de sus labores producto de la pandemia. Esto implica la generación de presupuestos extraordinarios para alimentar las partidas del presupuesto del MCJ y sus órganos desconcentrados sin que se apliquen limitaciones fiscales o de crecimiento de gasto.

10- Que, en el anteproyecto de presupuesto entregado por MCJ en el oficio DVMA-0692-2022, tanto el MCJ como los órganos desconcentrados no tuvieron crecimiento. De la misma forma, los fondos concursables (partida 6) y las cuentas para la contratación de servicios (partida 1), lejos de crecer vía fondos extraordinarios, se cubren con fondos ordinarios muy limitados (partida 1) y se destinan bajo cumplimiento de la Ley 10.041, siendo que son fondos ordinarios que históricamente se han cubierto sin la existencia de la normativa mencionada. Es decir, se destina presupuesto ordinario para cubrir una ley que supone el ejercicio gubernamental de gestionar excedentes del presupuesto nacional y destinarlos de manera extraordinaria a la sostenibilidad del sector cultural.

11- Que desde el 2021 están en vigencia la Ley No.10.032 de “Impulso a la Economía de la Cultura y la Creatividad y Reforma del artículo 7 de la Ley 8634, Sistema Banca para el Desarrollo de 23 de abril de 2008” y la No.10.044 de “Fomento de la Economía Creativa y Cultural”, mediante las cuales se establece un sistema de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas del sector. Desde esa misma fecha entraron en vigor cuatro mesas sectoriales que debían generar insumos para la capacitación y financiamiento de los emprendimientos creativos y culturales.

Por lo tanto

Las organizaciones abajo firmantes, solicitamos que:

– Para el ejercicio presupuestario del año 2023, no se realicen recortes al sector Cultura.

– Se establezca de forma permanente un espacio bimensual de diálogo constructivo entre las direcciones artísticas, generales y ejecutivas de las adscritas al MCJ, con su respectivo sector de impacto, para darle continuidad al proceso de atención a las necesidades y las propuestas de solución creadas el año anterior, como parte de la ley No. 10.044 y otros procesos consultivos como las mesas sectoriales; así como la apertura de trabajo colaborativo para la mejora de los programas y proyectos existentes, o bien para efectuar aclaraciones sobre temas relevantes, como, por ejemplo, las producciones y acciones de fomento dirigidas al desarrollo del sector que incluye la cantidad y cobertura de los fondos concursables, entre otros temas de relevancia para las partes.

– Se construya un espacio permanente de trabajo colaborativo entre la ciudadanía y el Estado, para la creación -de manera conjunta- de una agenda de proyectos de ley, reglamentos y otras normativas prioritarias para el sector cultural, así como atención de las necesidades inmediatas del sector. Todo ello canalizado por las organizaciones formalmente establecidas en nuestro país como asociaciones, cooperativas, federaciones, sindicatos, entidades de gestión colectiva, fundaciones y otras del sector cultural, como las que suscriben la presente solicitud y que agremian a miles de trabajadores del sector artístico y cultural.

– Se desarrolle un modelo de gestión administrativa que involucre el ambiente laboral, y que permita el uso eficiente y eficaz del presupuesto del MCJ y sus órganos desconcentrados de forma transparente; y que desarrolle espacios de análisis y construcción conjunta entre los funcionarios especializados, la representación del sector independiente y los jerarcas respectivos.

– Se expliquen detalladamente las acciones realizadas a la fecha para la implementación de la “Ley de atracción de inversiones fílmicas en Costa Rica” (N.10.071), indicando qué planes o programas se están coordinando con Procomer y la Comisión Fílmica, así como las acciones para generar un cluster de empresas del sector que estén preparados para la aplicación de esta normativa.

– Se le dé continuidad -en el marco de la Ley No.10.044- a las recomendaciones, capacitaciones, estrategias y planes de acción que surgieron de los procesos consultivos guiados por los especialistas nacionales e internacionales con el apoyo de la UNESCO y el BID el año anterior, basándose en las necesidades del sector y como resultado de un trabajo de muchos meses y a cargo de personas trabajadoras del sector cultura independiente, de la academia y el Estado, en el marco de las mesas sectoriales.

– Se aclare detalladamente cómo se están aplicando actualmente las Leyes N°10.041

-muy especialmente en lo dispuesto en cada uno de los incisos de su numeral 9- y la No.10.032; así como las acciones que se pretenden realizar según el presupuesto proyectado para el 2023, tanto de la administración central como cada órgano desconcentrado del MCJ para el cumplimiento de estas normativas, tanto en materia de fondos como en la habilitación de infraestructura y espacios para el desarrollo cultural.

– Se aclare quién será la persona que representará a Costa Rica en la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible – MONDIACULT 2022, así como la agenda a tratar por CR, ya que normalmente es la máxima autoridad del MCJ quien asiste a este evento tan relevante de la cultura, pero aún no se ha recibido la confirmación por parte de Costa Rica al evento y estamos a muy poco tiempo, siendo este uno de los espacios más importantes a nivel internacional de políticas culturales y trabajo entre países miembros por el cumplimento de acuerdos internacionales.

– Se especifique de cuáles partidas presupuestarias exactamente se está tomando recursos para cubrir el monto de los 75 millones para el pago adicional por aumento de salario de los jerarcas ministeriales, según se indica en el proyecto presupuestario 2023 y cuál es el impacto real en el traslado de estos fondos para cubrir los aumentos salariales. Ya que más bien, se requieren más recursos para proyectos culturales que beneficien directamente a las familias costarricenses.

Se solicita que toda respuesta sea enviada a los siguientes correos destinatarios para una debida contestación de la nota y acuse de recibido.

Sin más por el momento se despiden,

 

Verónica Vado

Presidenta TUCUA

ADE. Turismo Cultural para el Desarrollo Socio Productivo del Sector Creativo, Artístico y Cultural.

adeturismoculturalalajuelense@gmail.com

 

Edín Solís

Presidente ACAM

Asociación de Compositores y Autores Musicales de Costa Rica

edinsolismusic@gmail.com

 

Mari Murakami

Presidenta de AGITEP

Asociación de Grupos Independientes de Teatro Profesional

juntadirectivaagitep@gmail.com

 

Esteban Monge

Presidente AIE

Asociación de Intérpretes y Ejecutantes de Costa Rica

presidencia@aiecostarica.com

 

Sergio Dávila

Presidente UTM

Unión de trabajadores de la Música las Artes y Afines

presidencia.jd@utm.cr

 

Coordinadora General AECR

Artes Escénicas Costa Rica

artesescenicascostarica@gmail.com

 

José G. Pottinger.

Secretario General – Coordinador de Alianzas ACCA

Artistas Alajuelenses Comunidad Creativa

artistasalajuelsenses@gmail.com

 

Hazel Torrez

Presidenta

Asociación de trabajadores de la Danza ANATRADANZA

 

Leda Segura

Presidenta CIOFF Costa Rica

Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales Folclóricos

leda.segura@cioffcostarica.org

 

Queilor Garro

Presidente AGICUP

Asociación de Grupos e intérpretes de las Culturas Populares Costarricenses.

agicupcr@gmail.com

 

Álvaro Brenes Arce

Presidente

Cámara de Empresas Productoras, Entretenimiento, Eventos y Afines

Ventas@cedeeventos.com

 

José Luís Solís H.

Presidente

Cooperativa de Artes R.L

coopeartescr@gmail.com

 

José Fabio Alvarado R.

Presidente

Sindicato de de las Artes

sindicatodeartes@gmail.com

 

Alberto Campos B.

Secretario General

Sindicato de la industria cultural obrera

acumestizzo@gmail.com

 

Antonella Sudasassi Furniss.

Representante

Unión de Directoras de Cine de Costa Rica

directorascinecr@gmail.com

 

Yahaira Arias

Red Nacional de Teatro Comunitario

reddeteatrocomunitario@gmail.com

 

Mauricio Penagos V.

Director General

director@ticodecorazon.com

 

Carlos Soto

Presidente

Asociación Embajadores del Swing y el Bolero Criollos (ASORESC)

direccion@embajadoresdelswing.com

 

Thais Elizondo Fallas

Vicepresidenta

Asociación Cultural Musical Mestizzo.

acumestizzo@gmail.com

 

Anneliss López

Presidenta

Producciones Folcloricas S.A

matambufolclorcr@gmail.com

 

Jorge Castillo

Secretaría General / Director Casa de la Cultura Atenas.

Asociación de Desarrollo Especifica de Cultura Atenas

atenascasacultura@hotmail.com

 

Osca Valverde

Coordinador General

 

Compartido con SURCOS por Arabella Salaverry.

Imagen ilustrativa. UCR.

Un triunfo para avanzar

Luis Ángel Salazar Oses

Que este primer triunfo obtenido por la defensa del presupuesto para la educación, gracias a la reafirmación de la natural unidad Pueblo consciente – universidades estatales, nos anime a fortalecer al máximo esta unidad y, en ella y por ella, convertir a nuestro país en una auténtica Democracia Participativa, donde impere la JUSTICIA INTEGRAL, esto es Económica, Política, Social, Cultural, y Ecológica.

Merecemos por todo lo sufrido, vivir en este nuevo y auténtico paraíso terrenal que unides empezaremos a construir ahora, máxime que la Madre Naturaleza ya nos dotó del Edén que habitamos.

Costa Rica en la encrucijada

Por Arnoldo Mora

Las elecciones presidenciales y del Congreso constituyen uno de los acontecimientos mayores, si no el mayor, de la vida política en nuestro régimen republicano. No hace mucho ese acontecimiento sobrevenía cada cuatro años; ahora, en la práctica, se ha fragmentado en dos eventos, ambos de gran importancia para el normal funcionamiento de la institucionalidad democrática del país, pues bajo este procedimiento se eligen a quienes han de regir los poderes sujetos a la elección directa del Soberano. En el primer domingo de febrero se elige a quienes van a conforma el primer poder de la nación; los ciudadanos escogen entre listas confeccionadas por los partidos políticos; es un ejercicio de democracia representativa; el pueblo no elige directamente a quienes nos representarán en el parlamento sino a quienes proponen los partidos; ni siquiera el pueblo sabe a quién está eligiendo, pues vota no por un individuo sino por una lista escogida dentro de la estructura del partido. Esta vez nuestro pueblo será representado por 6 partidos; llama la atención la desaparición del partido que ha gobernado el país en los dos últimos cuatrienios; la causa de ese insólito cataclismo debe verse como un castigo al gobierno saliente, cuyo presidente es el peor calificado por la opinión pública desde los lejanos días de la dictadura de Tinoco. Dos meses después –¿demasiado tiempo?- de nuevo la ciudadanía es llamada a elegir a quien será la cabeza del Poder Ejecutivo. Como ya se dio en las dos últimas elecciones, el presidente no cuenta con mayoría en la Asamblea Legislativa, aunque esta vez los cinco partidos de derecha se unieron para presidir el Congreso, por lo que excluyeron al Frente Amplio, llamado por ello mismo a convertirse en la única y auténtica oposición; para lograrlo, el Frente Amplio dependerá en mucho de su capacidad para ligarse a un movimiento popular que, sin duda, será muy dinámico, dadas las condiciones de empobrecimiento que la administración saliente ha dejado a la entrante como hipoteca social. Pero Zapote no debe hacerse muchas ilusiones, la situación se le puede complicar porque en Cuestas de Moras nadie quiere aparecer ante la opinión pública, a riesgo de despilfarrar su capital político, como un furgón de cola de un gobierno que, más temprano que tarde, dará signos de un evidente desgaste en el ejercicio del poder.

Capítulo aparte merece el nuevo presidente, Rodrigo Chaves, doctor en economía y, por muchos años, alto funcionario del Banco Mundial en la isla de Indonesia, una potencia emergente situada geográfica y culturalmente en las antípodas de la diminuta Tiquicia; allí se forjó la personalidad del nuevo inquilino de Zapote. Pero no resulta difícil intuir lo que será su estilo de gobierno. Acostumbrado a los hábitos burocráticos y autoritarios de un organismo que acostumbra situarse por encima y más allá de las normas democráticas, Rodrigo Chaves, a pesar de adolecer de una casi total carencia de experiencia personal en el teje y maneje de la política criolla, muy pronto ha mostrado sin ambages en la escogencia de los jerarcas que lo han de acompañar en el complejo ejercicio del poder, lo que pretende hacer; el presidente Chaves no delegará su autoridad, quiere funcionarios-ejecutivos, leales hasta la sumisión, el típico ”mandarín”, que el imperio chino creó desde hace milenios como figura ideal de ser humano, al decir de Max Weber. Es de notar que en la segunda elección o balotaje, en que se elige al presidente de la República, no se trata de optar por un partido, su ideología y su programa, sino de escoger entre dos personalidades. En la campaña recién pasada ambos candidatos hicieron gala de un obsceno abuso de una retórica malsonante, en que la ausencia de una propuesta seria, como se espera que haga alguien que aspira a gobernar un país, fue sustituida por una plétora de insultos mutuos en que procazmente se aludía, incluso, a la vida privada del uno contra el otro; en este abyecto juego incurrieron por igual los dos candidatos; pésimo ejemplo de carencia de civismo, forma corrupta de despilfarrar los millones que, con los impuestos del pueblo, se contribuye a pagar una campaña electoral; cualquier ciudadano que ame su patria podría cuestionarse si valía la pena escoger, para regir los destinos de la Patria, entre dos individuos de tan bajo perfil cívico; esto constituye una de las causas de por qué el abstencionismo creció. Menos de un tercio del electorado eligió a un advenedizo; para explicar esta insólita decisión, hay que verla como un repudio frontal a la clase política, lo cual representa el mayor desafío para el nuevo gobernante; el pueblo espera que con Rodrigo Chaves se respiren nuevos aires en Zapote y que no sea más de lo mismo. De mi parte, mucho me temo que en no mucho tiempo, nuestro sufrido pueblo sea víctima de una nueva decepción.

Esto explica también el inusitado interés mostrado por la opinión pública en la designación de los nuevos jerarcas de los ministerios, instituciones autónomas y demás organismos que por ley, debe nombrar el jefe de Estado. Llama la atención la heterogeneidad de las personas escogidas, que pone de manifiesto que, quienes llevaron al poder al nuevo presidente, no configuran un partido organizado sino un conglomerado heteróclito sin una propuesta clara de país. Algunos de los elegidos poseen poca experiencia en el ejercicio del poder, al menos a un alto nivel, si bien parecen ser profesionalmente competentes; por eso considero que, en cuanto pase “la luna de miel” que el pueblo suele otorgar a todo nuevo gobierno, aunque sospecho que ésta será breve dada la magnitud de desafíos y problemas que debe afrontar, se empiece a desgranar la mazorca. Los mayores desafíos los tiene la Ministra de Educación, pues carece del más elemental conocimiento de ese elefante burocrático que debe jinetear; los responsables de la seguridad deben afrontar el serio desafío de la alarmante presencia del narcotráfico, que amenaza con controlar vastas regiones del país, como los escándalos en la zona Sur lo han demostrado; el equipo económico no debe limitarse a lo fiscal, debe tener muy en cuenta las implicaciones sociales de las medidas que implemente; la desigualdad, el desempleo y la pauperización de amplios sectores de la población, incluida la clase media, son causantes de un descontento generalizado, que podría convertirse en cólera incontrolable. El pacto social y político forjado después de la sangrienta guerra civil de 1948, se ha roto. Hoy vivimos en una Costa Rica fragmentada. La casi mitad del electorado lo ha demostrado mediante la abstención; ese sector que podría convertirse en mayoría, mira con desconfianza pero no con indiferencia este cambio de gobierno, pues sospecha que son arreglos de cúpula. Para solucionar este desafío sólo hay un camino: que esos sectores se organicen en un frente patriótico que rescate el Estado social de derecho. La democracia directa, participativa y popular debe perfeccionar a la democracia formal y representativa actual…Tal es la encrucijada en que hoy se encuentra nuestra querida Costa Rica.

Marcha 8M: “Marchamos para defender todos nuestros derechos”

Comunicado de prensa

En defensa de nuestros derechos, organizaciones de mujeres feministas y activistas independientes, convocamos a una marcha pacífica el 8 de mayo a las 9:30 AM, a partir del costado sur del Parque de la Merced, Avenida 4, por el Boulevard Peatonal.

En ocasión del traspaso de poderes a la nueva administración gubernamental, haremos uso de nuestro derecho a la libertad de asociación, la libertad de expresarnos y de manifestarnos, defendiendo para Costa Rica, el Estado Social de Derecho, comprometido con el bienestar de la población y la sostenibilidad de la vida. Para ello exigimos:

  • Un modelo económico solidario e inclusivo basado en una economía de ciudadanos que fortalezca la institucionalidad pública y procure políticas protectoras e impulsoras de los sectores productivos con mayor vulnerabilidad social.
  • Una política fiscal progresiva, justa y equitativa: sin afectar los programas sociales, aumentando los impuestos a quienes poseen más riqueza e ingresos y derogación del paquete de leyes que el acuerdo con el FMI exige y de la Regla Fiscal (que pone en crisis el funcionamiento de instituciones públicas fundamentales).
  • Una democracia participativa y estado laico: condición democrática básica para garantizar los vínculos sociales y la reconstrucción del tejido social inclusivo, protegiendo los derechos humanos de todas las personas, la libertad, la justicia social, la igualdad, el pluralismo, la participación y la convivencia social basada en el respeto a las diversidades.
  • Una garantía del ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos pues la igualdad y el cuidado de la vida pasa por el cuidado de nuestros cuerpos y por el reconocimiento de nuestra autonomía sexual y reproductiva.
  • Una garantía del derecho a una vida libre de violencia para las mujeres y el fortalecimiento de la institucionalidad creada con ese fin, garantizando los recursos requeridos.
  • Una garantía de que Costa Rica cumplirá con los compromisos internacionales asumidos para lograr la igualdad entre mujeres y los hombres, en todos los ámbitos públicos y privados.
  • Una estrategia para enfrentar el problema de desempleo y del empleo precario que afecta actualmente a la población costarricense: haciendo énfasis en políticas, programas y medidas concretas y realizables para que las mujeres tengan acceso a trabajos de calidad y bien remunerados.
  • Una estrategia para asegurar la calidad de los servicios de salud integral, incluyendo la salud mental; la calidad de la educación pública sin exclusión; y la seguridad alimentaria para toda la población.

Instamos al desafío de mantenernos como una ciudadanía unida y vigilante.

Con el mismo entusiasmo, invitamos a las organizaciones y colectivos de mujeres y mixtos de otros lugares del país, a marchar o a manifestarse por diferentes medios y así sumar actividades vinculadas a esta convocatoria.

Para cualquier contacto: mujeresenaccion.costarica@gmail.com

ORGANIZACIONES FIRMANTES:

¡VIVA EL PACR!

Luis Ángel Salazar Oses.

Luis Ángel Salazar Oses «Panga»

Obviamente no somo una reminiscencia del difunto PAC, ni siquiera un partido político, sino el Pueblo Abstencionista Costarricense, que fue apabullante mayoría en este último proceso electoral costarricense y que, por cierto, no necesita disputar el Poder pues, en auténtica Democracia el Poder reside en el Pueblo que somos (Párrafo primero del artículo nueve de la vigente Carta Magna: «El Gobierno de la República es POPULAR, representativo, PARTICIPATIVO, alternativo y responsable. Lo ejercen el PUEBLO y tres Poderes distintos e independientes entre sí. El Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial). Destacados nuestros.

Como grupo mayoritario que somos debemos informarnos -estudiar la realidad para comprenderla y transformarla-, unirnos, organizarnos, empoderarnos, movilizarnos y convertirnos en Poder Popular, para exigirles, por la razón o por la fuerza («Los derechos no se piden, se exigen, se arrancan, no se mendigan». J. Martí), tanto a quienes fueron electos el pasado 06/02/22, como el domingo 03/04/22, que gobiernen para nosotres como Pueblo que, con nuestro esfuerzo y sacrificio cotidiano, hemos construido, construimos y seguiremos construyendo esta nuestra Costa Rica.

De no hacerlo y, como son simples administradores a nuestro servicio a quienes, por cierto, mantenemos lujosamente, prescindiremos de sus servicios existiendo mil formas de hacerlo, según lo demuestra la Historia Universal. Además, y de ello estamos muy seguros, nuestro grupo crecerá a pasos agigantados muy pronto, a partir del momento en que quienes votaron descubran que lo hicieron en contra de sus propios intereses.

¡Ahora es la hora del Pueblo!

Una victoria para la comunidad de Judas de Chomes y el río Guacimal

  • Detuvimos quebrador aguas arriba del puente sobre el río Guacimal

Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua | Cuando las comunidades nos movemos, podemos alcanzar algo de justicia ambiental para la naturaleza y nuestros intereses comunes. Desde el año 2018, quienes defendemos el agua tomamos la decisión de colaborar para defender el río Guacimal contra dos quebradores que amenazaban la fuente de agua del acueducto de Judas de Chomes.

En las reuniones de la Alianza, la Asociación Administradora del Acueducto (ASADA) de Judas comunicó su preocupación sobre el impacto de los dos proyectos mineros que pretendía explotar la empresa Inversiones Pétreas Ríos Guacimal S.A. a lo largo de 4 kilómetros dentro del cauce de este importante río.

Hay que recordar que el cauce del río Guacimal resguarda las aguas subterráneas que abastecen a los acueductos de Judas, pero también alimenta a los pozos del pueblo de Chomes. La Alianza está conformada por pobladores de distritos de Guacimal, Chomes y Manzanillo de Puntarenas, y actuamos en la defensa de las fuentes de agua de la zona.

Estudios ambientales incompletos

La Consultora Ambiental Guayacán S.A. ya había presentado el Estudio de Impacto Ambiental en el expediente 11279-13 del CDP Río Guacimal Abajo. Nos dimos a la tarea de analizar los estudios y se descubrieron varias inconsistencias, limitaciones en la aplicación de métodos científicos y faltantes de información.

Cuestionamos cuatro temas: los impactos acumulados sobre aguas subterráneas y posible afectación del pozo del acueducto comunal; impacto sobre el caudal por alteración del cauce y sedimentación en suspenso continuo; el impacto biológico no explicado en sus estudios incompletos; y cómo afirmaban que había viabilidad social si los vecinos que entrevistaron estaban en contra de los proyectos.

A partir de nuestra participación en el análisis ambiental, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) le pidió a la empresa presentar más información hidrogeológica y responder a todos nuestros cuestionamientos en un plazo de tres meses. Algo que no hicieron hasta vencido el tiempo, un año después, y de forma incompleta.

Por lo anterior, SETENA procedió a archivar el expediente en la resolución número 010-2022 del 7 de enero, cancelándoles el trámite del proyecto. El desarrollador no tuvo forma de apelar la orden de archivo del expediente, por lo que los primeros dos kilómetros del puente hacia arriba quedarán liberados del trámite de concesión para explotación del cauce.

Sigamos cosechando triunfos comunales

Por ahora celebramos el triunfo sobre el CDP Río Guacimal Abajo. Hemos detenido el trámite de una amenaza directa sobre el agua de la comunidad de Judas. Motivamos para que la comunidad nos apoye en seguir defendiendo el río Guacimal, que es nuestro patrimonio natural: un espacio para el disfrute sano de todas las personas y para el desarrollo de la biodiversidad.

La Alianza de Comunidades continuará defendiendo los ríos de la zona. Creemos en la construcción de una democracia participativa, en donde las organizaciones defendamos el interés común y los derechos ambientales de nuestro territorio. Sólo con participación consciente y activa habrá justicia en el desarrollo de proyectos, para que los intereses particulares no afecten al patrimonio de las comunidades.

Del Poder Ciudadano al Poder Popular

Por Marlin Oscar Ávila
15 de febrero de 2022

Las estructuras del Estado constituidas dentro del sistema capitalista, después de transitar del sistema feudal, lógicamente obedecen a intereses de acumulación de capitales en pocos manos, extraídos mediante procedimientos y mecanismos propios. El neoliberalismo fue la última etapa conocida de lo que algunos analistas llamaron “capitalismo salvaje”, propio de la privatización de todos los servicios y bienes del estado sin importar sus consecuencias para las mayorías. Algunos analistas piensan que estamos pasando de este periodo neoliberal a uno dominado por un gobierno único en el mundo, o gobierno global fortalecido por corporaciones multimillonarias globalistas. Dentro de las discusiones al respecto se incluye el paso de un poder unipolar al multipolar de la geopolítica mundial.

En Centroamérica y en cada uno de sus seis países miembros, se discute más el poder local, soslayando muchas veces las vinculaciones con el exterior y no digamos las grandes riñas por el poder hegemónico mundial. Así que los efectos climatológicos, económicos y políticos generales vinculados con lo global se obvian cuando nos enfrascamos en las discusiones por el poder local.

Desde noviembre del año 2021, en Honduras, las disputas políticas son cotidianas y en algunos momentos muy candentes y emotivas. Aunque por ratos, también lo ha sido en otros países donde ejercieron procesos electorales recientes, como Costa Rica, después de cumplir con el ritual periódico electoral reciente, ahora por ejercer la segunda vuelta. En donde las elecciones políticas también sucedieron como si no hubiese ocurrido nada, fue en Nicaragua, con la tercera confirmación en el poder del mismo gobernante, José Daniel Ortega.

Como sabemos, las elecciones en Honduras tuvieron un impacto muy importante, puesto que la ciudadanía decidió dar un triunfo contundente a la oposición, después de 12 años en que el Partido Nacional se dedicó a desmantelar cualquier indicio de democracia participativa al país.

Ahora, las mayorías empobrecidas están iniciando un proceso de rescate, de reconstrucción y cimentación de una plataforma sobre la cual se levante una democracia socialista y participativa.

Cuando se le dio el golpe de Estado al Expresidente Manuel Zelaya Rosales el 28 de junio de 2009, se había apenas iniciado la construcción del “poder ciudadano”. Se tenían organizadas cuatro regiones en mancomunidades equipadas con presupuestos, equipos profesionales multidisciplinarios, mesas ciudadanas de desarrollo donde se gestionaban los planes de desarrollo regional y se implementaban los proyectos gestionados por la misma ciudadanía de base. Más de la mitad de los 298 municipios del país tenían funcionando las Comisiones Ciudadanas de Transparencia y se impulsaba una gestión municipal con un alto grado de autonomía. Esto no solamente se detuvo por el gobierno golpista, pero se dilapidaron todos los recursos que vivían la experiencia de descentralización nacional del poder ciudadano. El ministro golpista de gobernación que asaltó el mando en junio expresó a los directores de área, que “nada de lo que se tenía planificado hacer tenía valor alguno, sino lo que pudiera hacerse en los próximos tres meses de su gestión”. En esos tres meses se desaparecieron los vehículos, equipos de oficina, presupuestos y todo lo que tenía valor alguno en las oficinas regionales de Talanga, Intibucá, La Entrada y El Paraíso.

Ahora, con el nuevo gobierno encabezado por doña Xiomara Castro, se está impulsando nuevamente esa experiencia con el nombre de Poder Popular. Desde luego, hay doce años de intervalo y destrucción de algo que apenas estaba gestándose y ya tenía vida, pero con la fragilidad de una criatura humana con seis u ocho meses de vida. Quienes estuvimos involucrados directamente hemos dejado los espacios a quienes ahora son personas acabadas de concluir su adolescencia, algunas con un grado de soberbia que no les permite aprender del pasado, pero muchos otros entusiasmados por construir aprendiendo.

Ahora, el Ejecutivo acaba de enviar al Congreso Nacional un proyecto de ley para establecer el Sistema Nacional de Poder Popular. Desde luego que para muchos esto será algo que se tendrá que estudiar, discutir y consensuar, además de ver cuánto se adecúa a los marcos legales vigentes. Pero lo más importante es establecer una estrategia organizativa para evitar los obstáculos y abusos de algo tan importante para el futuro nacional y seguramente enfrentará. Sabemos que el Decreto es clave, pero no asegura la existencia del poder popular o ciudadano si no es comprendiendo, discutiéndolo y organizando con las bases sociales. No solamente con las directivas gremiales actuales y autoridades municipales, las que no dejan de tener dentro de sí los flagelos heredados de la administración nacionalista, pero por el caciquismo, caudillismo, machismo y patriarcado cultural que dejaron las épocas pasadas.

 Recientemente le consultamos a una lideresa regional en el departamento de Colón “¿Qué haremos cuando tengamos algo que está contra los intereses de las mayorías desde este gobierno? Si lo expresamos, los que rinden reverencia a doña Xiomara 24/7 nos acusarán de “traidores a la patria” Su respuesta fue: “…es preocupante, se ha perdido la objetividad, imparcialidad, libertad de pensamiento, …la crítica debe continuar, las disidencias también, es más grande el interés colectivo que el partido, que Mel y Xiomara… Hay que enfrentar sin miedo a defensa de los principios y derechos colectivos. “

Sí existe este grado de conciencia crítica en líderes regionales, seguramente un proyecto del Poder Popular, no tendría mayores riesgos sí el liderazgo social mantiene esa conciencia crítica, tampoco habrá que temer por el poder del Ejecutivo en manos de una mujer fuerte que ha prometido ser democrática y fortalecer la participación ciudadana. Lo peoría que estuviésemos siguiendo modelos de otros países y sociedades sin apropiarse de este sistema participativo que venga a fortalecer nuestra democracia. Un poder popular no puede ser un poder centralizado en una persona ni en una familia, tampoco en un reducido grupo de autócratas. Desde luego, hay que creer que el proyecto enviado por la Presidente Xiomara Castro al CN, busca un verdadero poder democrático de las grandes mayorías ahora empobrecidas.

Esta etapa es esencial desarrollarla con cuidado y eficacia para que no exista posibilidades de otro golpe de Estado, aunque existiendo una embajada de ese país amigo, dicen algunos analistas que el riesgo siempre está latente.

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Plataforma de la ciudadanía y los movimientos sociales ante el proceso electoral – infografía

Comunicado

Presentamos los Aportes para la Plataforma de la Ciudadanía y los Movimientos Sociales Ante el Proceso Electoral 2022.

Este es un esfuerzo que continuará con nuevas propuestas de más personas, movimientos y organizaciones pues se trata de un esfuerzo continuado de educación popular y ciudadana, al cual invitan el Foro Confluencia Solidaria, el TCU666-UCR Dialogando el Presente, y las personas y agrupaciones que aparecen en la página de agradecimientos.

Le invitamos a descargar, leer y compartir el documento:

https://confluenciasolidaria.org/wp-content/uploads/2022/02/Aportes-plataforma-de-la-ciudadania-y-movimientos-sociales1.pdf

El enorme deterioro del Estado Social de Derecho debe estar en el centro de las elecciones de 2022 – Crónica de conversatorio

Crónica del conversatorio político “Por la esperanza de una mejor Costa Rica”

Luis Fernando Astorga Gatjens

El jueves, 21 de enero, se celebró el Conversatorio Político “Por la esperanza de una mejor Costa Rica”, co-organizado por la Diócesis de Alajuela y la Universidad Técnica Nacional (UTN), como un espacio de intercambio reflexivo, fecundo y productivo, de cara a las elecciones del próximo 6 de febrero.

El evento de carácter virtual fue transmitido por Facebook Live, YouTube y trasmitido por radio Fides y otras emisoras católicas regionales. Su amplia promoción hizo que tuviera una amplia e interesada audiencia.

Participaron dos expositores y una expositora, bajo la conducción y moderación de Luis Fernando Astorga Gatjens, activista político y social, especialista en derechos humanos y discapacidad. Nelly López Alfaro, Directora del Instituto de Estudios de Población (IDESPO), de la Universidad Nacional (UNA), fue la panelista y Monseñor Ángel San Casimiro Fernández y el ex catedrático y ex vicerrector de la UNA, Hernán Alvarado Ugarte, fueron los dos ponentes.

La actividad fue introducida por el Obispo de Alajuela, Monseñor Bartolomé Buigues y José Matarrita Sánchez, vicerrector de Docencia de la UTN. Ambos coincidieron en la importancia de este tipo de diálogos, en función de iluminar al electorado para animarlo a acudir a las urnas y, con ello, fortalecer la democracia nacional.

El padre Luis Hernández, organizador de la actividad presentó al moderador y a los tres participantes, y con ello, dio el banderillazo de salida del evento, el cual se dividió en cuatro segmentos.

AUGE Y CAÍDA

La primera ronda de intervenciones se centró en la génesis, declive y momento actual del Estado Social de Derecho (ESD) del país. Ugarte Alvarado hizo un recorrido histórico de los antecedentes de ese Estado de Bienestar, que tuvo su punto de origen en la década de los años cuarenta del siglo anterior. Destacó el papel cimero de Rafael Calderón Guardia, Monseñor Víctor Manuel Sanabria y Manuel Mora Valverde, en echar sus cimientos (garantías sociales, creación de la Caja, Código de Trabajo, UCR) y la consagración de éste en la Constituyente de 1949 y en la Constitución Política vigente. Hizo mención del conjunto de instituciones que le dieron vida en las décadas de los años cincuenta, sesenta y setenta de la anterior centuria, lo que permitió destacados avances en derechos sociales; que posibilitaron que Costa Rica se singularizara en el contexto latinoamericano.

Por su parte, Nelly López fijó la década de los ochenta anterior como el punto de una progresiva erosión de ese ESD, donde la intervención de organismos internacionales (como el FMI y el Banco Mundial), marcaron la agenda económica y social del país, bajo la omnipresente consigna: “Más mercado y menos Estado”. Subrayó la directora del IDESPO como el crecimiento de la desigualdad social (Costa Rica es el octavo en el ámbito mundial, en ese preocupante rubro), la concentración de la riqueza en cada vez menos manos y una pobreza que baja poco en sus indicadores, son reflejo de ese deterioro.

Mientras tanto Monseñor San Casimiro recordó el papel de distintas entidades de la Iglesia Católica en apoyo a los pobres y el rol, activo y consciente, bajo el manto de la Doctrina Social de la Iglesia, en la defensa y promoción del ESD. Asimismo reivindicó el rol político de los sacerdotes al lado del pueblo, en la reivindicación de sus derechos, así como la importancia que se apruebe el carácter laico del Estado costarricense.

ESD Y ELECCIONES

La segunda ronda de los intercambios se centró en cómo se ha estado abordando la situación que vive el ESD en la actual campaña electoral. Los tres panelistas y el conductor del debate coincidieron que es un tema ausente. Se indicó que en los programas de los partidos, en las campañas y en los debates se observan temas de ese grave problema que enfrenta el país, pero se ven en forma aislada; no sistémica e integral.

López Alfaro, con cifras frescas del más reciente estudio de IDESPO, mostró el enorme deterioro del ESD y lo contrastó con la escasa consciencia política y social del fenómeno. “Hay un inconsciente colectivo muy arraigado porque la gran mayoría de medios informativos y partidos políticos, no han identificado la gravedad del estado de cosas”, acotó Astorga Gatjens.

Por su parte, Hernán Alvarado destacó el hecho de que el país está en un precipicio económico, político y social, que aunque algunos sectores se lo atribuyen a la pandemia de la Covid-19, lo real y concreto es que es un problema estructural, que viene de décadas atrás. La pandemia lo que ha hecho es agravar los problemas y desnudarlos, y en vez de más democracia para afrontar la crisis múltiple, se ha dado exactamente lo contrario, expresó Alvarado Ugarte.

EL FUTURO DEL ESTADO DE BIENESTAR

La tercera ronda tuvo como tema central, los desafíos futuros del Estado Social de Derecho en el país. Se inició con la pregunta del moderador dirigida a Monseñor San Casimiro: “El Papa Francisco ha planteado tres T dentro de su compromiso social con las mayorías planetarias, que son Techo, Tierra y Trabajo. ¿Cómo visualiza esas tres T en la Costa Rica hoy y de cara al futuro?”

En primer lugar, el panelista expresó su profunda decepción de cómo se ha abordado el tema de la vivienda en el país. Es tema de cada campaña electoral desde hace mucho tiempo y los precarios, y los tugurios siguen creciendo. Se pronunció sobre la necesidad imperiosa de soluciones inmediatas e impostergables y de la construcción vertical de viviendas, partiendo de que el acceso a un techo digno es fundamental para el desarrollo de las personas y las familias. Con respecto al acceso a la tierra expresó que hace mucho tiempo los campesinos fueron abandonados a su suerte, cuando son un actor clave para asegurar la independencia alimentaria del país, máxime en estos tiempos pandémicos que corren. Sobre el acceso al trabajo indicó que es urgente un verdadero plan de reactivación económica, que asegure la inclusión laboral y la reducción del desempleo.

Hernán Alvarado planteó con respecto al futuro del ESD que era imprescindible darle vida al carácter participativo de la democracia costarricense, establecido en el artículo 9 de la Constitución, desde el año 2003. Un componente consustancial de tal aplicación práctica debe ser la revocatoria del mandato, tanto presidencial como de los diputados. Es seguro –subrayó Alvarado Ugarte— que, si se diera la posibilidad de revocar mandatos, el país estaría mejor porque la presión social impediría la incompetencia política, el incumplimiento impune de obligaciones y la corrupción a la que se enfrenta hoy el país. De la misma manera, López Alfaro se pronunció por el fortalecimiento de la democracia y el ESD a través de la participación social en las comunidades, en los barrios, en las asociaciones.

VOTO CONSCIENTE Y CRÍTICO

En la cuarta y última ronda, los tres panelistas coincidieron en la importancia de cumplir con el deber de emisión del sufragio, el 6 de febrero próximo. Pero debe ser un voto consciente y crítico para asegurar que las futuras autoridades se comprometan con retornar al camino de revitalización del Estado Social de Derecho. “Sólo de esta manera, se puede asegurar el desarrollo de un país justo, inclusivo y solidario”, fue el pronunciamiento unificado.

En la misma dirección, se expresó el conductor del evento al reivindicar la necesidad de dar un paso en el desarrollo de ese ESD, al incorporar el carácter ecológico, tal y como ha venido abogando el Papa Francisco al examinar la enorme crisis social en el mundo y los desafíos que nos impone la crisis climática. Alvarado Ugarte subrayó la necesidad de incorporar un amplio capítulo a la Carta Magna dedicado al tema ambiental.

Se terminó el constructivo conversatorio, invocando las esperanzadoras palabras del poeta, Isaac Felipe Azofeifa: “De veras, hijo, ya todas las estrellas han partido. Pero nunca se pone más oscuro que cuando va a amanecer.”

(21 de enero, 2022)

Costa Rica requiere fortalecer una cultura centrada en el respeto a la dignidad de todas las personas

José María Gutiérrez, profesor emérito, Universidad de Costa Rica

El bicentenario de la independencia de las repúblicas centroamericanas encuentra a Costa Rica en una posición tambaleante. Los primeros dos siglos de vida independiente fueron testigos de procesos complejos en los cuales el país, gracias a pactos sociales visionarios en diversos momentos de nuestra historia, pudo generar políticas públicas y una institucionalidad que ha dado réditos valiosos, en medio de múltiples problemas, conflictos y desafíos. Estos pactos sociales, no obstante, se han debilitado notablemente en las últimas décadas. El tejido social se ha deshilachado y el país ha pasado a engrosar la lista de naciones con mayor desigualdad. Los proyectos políticos y económicos hegemónicos no auguran un futuro promisorio y el país requiere buscar nuevas luces y avenidas que conduzcan a una convivencia donde priven la equidad, el bien común, la dignidad de las personas y la relación armoniosa con el ambiente. ¿Cómo lograrlo?

Debemos generar un escenario colectivo de prácticas democráticas renovadas, en el cual la participación de amplios sectores de la población marque la pauta en procura de alternativas en todos los ámbitos de nuestro quehacer. Vale decir, requerimos edificar una auténtica democracia participativa, donde la energía creadora de muchas personas y colectivos abra las puertas a nuevos horizontes. Estos procesos deben ir aparejados del fortalecimiento de las instituciones públicas como garantes de derechos esenciales, con amplia participación popular y en un marco de equidad. Necesitamos políticas tributarias progresivas, que reduzcan la inaceptable desigualdad en que vivimos. El fortalecimiento de la educación y la salud públicas deberán ser ejes centrales de nuestro futuro, al igual que políticas que aseguren la protección del ambiente. Debemos abocarnos a fortalecer un desarrollo científico-tecnológico endógeno, incluyendo las ciencias naturales y las sociales, que ponga el conocimiento al servicio del bien común, mediante una estrategia de resiliencia ante los embates externos, la cual garantice soberanía alimentaria, energética y tecnológica.

Costa Rica requiere fortalecer una cultura centrada en el respeto a la dignidad de las personas y su diversidad en todos los planos, incluyendo los grupos históricamente excluidos. Debemos dejar atrás las lacras del patriarcado, el racismo y el clasismo, para generar un entorno nacional marcado por la generosidad y la solidaridad, lejos del individualismo y del mercantilismo prevalecientes. Una sociedad donde nadie esté de más y donde todas las personas tengamos garantizada una vida digna. Ojalá que en el transitar hacia el tercer centenario de nuestra independencia tengamos la sabiduría y el coraje para construir ese mundo más pleno.