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Etiqueta: democracia

Milei: el dogmatismo y la borrachera ideológica

Luis Paulino Vargas Solís

El neoliberalismo es una ideología dogmática y, por lo tanto, invulnerable frente a los datos de la realidad. La evidencia se amontona para mostrar que su proyecto es fallido, pero esa evidencia invariablemente quedará invalidada por una respuesta-machote, repetida al infinito: “faltó más”. O sea: faltó liberalizar más, desregular más, que los megaricos sean aún más ricos, que el gobierno sea más pequeño, etc. etc.

Es una ideología que se proyecta al infinito, en el sentido de que su programa político jamás termina de completarse: siempre tiene algo pendiente por ser realizado, y eso permite echarles las culpas a otros: a la socialdemocracia, al socialismo, a las izquierdas, al Estado, a las burocracias públicas, a los sindicatos. Es un blindaje irrompible, que les permite afirmar que la equivocada es siempre la realidad, nunca su teoría.

Creo que esto ayuda a entender que, después de 40 años de hegemonía neoliberal, esta ideología vire hacia la peor versión de sí misma: radicalizada, recalcitrante, profundamente reaccionaria e intransigente. Matriculada con las más alucinadas tesis conspiranoicas, renuncia al legado de la Ilustración, y se declara enemiga de la ciencia y de la racionalidad, enemistada a muerte con el pluralismo de las ideas, los derechos humanos y la democracia.

Es la respuesta a su propia crisis, al fallo de su modelo. Y es, asimismo, una respuesta coherente con su posicionamiento dogmático: puesto que siempre falta algo, lo que sigue pasa por desechar a sus antecesores -no suficientemente furibundos y radicalizados- para forzar a que -ahora sí- su proyecto avance hacia donde esos antecesores no pudieron, o no se atrevieron, a llegar, moviéndose, pues, a lo largo de una asíntota que se aproxima al infinito, pero que jamás lo alcanza.

De ahí los Trump, los Bolsonaro… los Milei. Del neoliberalismo posmoderno al neoliberalismo de las cavernas: barbárico y estridente. Los trajes de diseñador y los modales refinados del primero, ceden su lugar al garrote y la mueca de furia del segundo.

Hoy, en una bacanal orgiástica, las derechas del mundo celebran el gane de Milei. Como si un redentor hubiese bajado del cielo para salvar su fracasado proyecto político-ideológico y levantarlo de las cenizas.

Es una apuesta arriesgadísima: si Milei efectivamente hace lo que dijo que haría, Argentina será empujada al abismo.

Pero, para el neoliberalismo, nada de eso importará: volverá sobre su dogma para repetir la cancioncita: “Milei no hizo todo lo que debía hacerse, todavía falta algo”.

(Publicado originalmente en la página de Facebook del autor: https://www.facebook.com/6defebrero58).

Guatemala: Caso “Toma de la USAC” profundiza judicialización del proceso electoral y la criminalización contra personas opositoras

Las Américas, 17 de noviembre de 2023. Organizaciones internacionales expresamos nuestro profundo rechazo a las recientes acciones de criminalización del Ministerio Público de Guatemala contra la oposición política, académicos, periodistas y personas defensoras de derechos humanos, en el llamado caso “Toma de la USAC: botín político”.

Este nuevo abuso de poder por parte del Ministerio Público se da en un contexto de persistente judicialización del proceso electoral, cuyo objetivo final es impedir que el presidente electo Bernardo Arévalo, la vicepresidenta electa Karin Herrera, y diputados electos tomen efectiva posesión de sus cargos el 14 de enero de 2024. La interferencia del Ministerio Público atenta una vez más contra el Estado de derecho y la democracia en Guatemala, aplicando indebidamente el derecho penal a acciones legítimas de defensa de la autonomía universitaria.

El 16 de noviembre se registraron allanamientos y órdenes de captura contra 27 personas vinculadas a los movimientos sociales, estudiantiles, la sociedad civil y al partido político Movimiento Semilla en un caso relacionado con la resistencia pacífica en la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), ante las anomalías que se dieron en el año 2022 en el proceso de elección de las autoridades universitarias. Todas estas personas hoy están siendo criminalizadas por su rol de denuncia de la corrupción en dicho proceso de elección y por ejercer pacíficamente la defensa de sus derechos de expresión, asociación y manifestación.

Entre las personas con órdenes de captura se encuentran el ex procurador de los derechos humanos Jordán Rodas Andrade, defensores de derechos humanos como Ramón Cadena y Helmer Velásquez, académicos de la USAC como Hada Alvarado y Eduardo Velásquez, líderes estudiantiles y periodistas. Al momento han sido aprehendidas 5 personas: la excandidata a diputada por Semilla Marcela Blanco, Rodolfo Chang Shuma, Eduardo Antonio Velásquez Carrera, Javier De León y Alfredo Enrique Beber.

El Ministerio Público informó que en las próximas horas presentarán solicitudes de antejuicio contra el binomio electo de Arévalo y Herrera, contra los diputados electos por el partido Movimiento Semilla Samuel Pérez, Román Castellanos, Raúl Barrera y contra los diputados Aldo Dávila, Adán Pérez y Carlos Taracena; lo anterior por haber estado en las instalaciones de la USAC haciendo manifestaciones en conferencia de prensa.

El Ministerio Público profundiza así su estrategia de criminalización enfocada hace años contra operadores de justicia, periodistas, y otras personas defensoras de derechos humanos. La actuación abusiva del Ministerio Público ha sido reconocida a nivel internacional en más de cinco ocasiones por el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA). El Consejo Permanente de la OEA aprobó una resolución el 15 de noviembre de 2023 expresando su grave preocupación respecto a la excesiva judicialización del proceso electoral e intimidación contra miembros del partido Movimiento Semilla y sus familias y resolvió “denunciar los intentos del Ministerio Público de desacreditar e impedir una transición pacífica del poder, que atentan contra el proceso democrático y los compromisos de Guatemala en virtud de la Carta Democrática Interamericana”.

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha hecho llamados al Estado de Guatemala “a respetar el resultado de las elecciones generales y a cesar las acciones del Ministerio Público (MP) que ponen en riesgo el orden constitucional y la independencia de los poderes públicos”. En este sentido, hacemos un llamado a la CIDH a valorar de forma urgente las medidas cautelares solicitadas en el marco del proceso pacífico de defensa de la autonomía de la USAC (MC-638-23) para evitar daños irreparables a estas personas.

Guatemala vive momentos críticos donde se requiere de mayor veeduría internacional y pronunciamientos expresos hacia las autoridades de que Guatemala no será aceptada dentro del concierto de naciones si continúa en una lógica autoritaria manipulando las leyes para burlar los resultados de las elecciones.

FIRMAN
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
American Jewish World Service (AJWS)
BeJust
Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
Guatemala Human Rights Commission (GHRC)
Article 19 Oficina para México y Centroamérica
Abogados sin fronteras Canadá (ASFC)
RFK Human Rights
American Friends Service Committee (AFSC)
Luis von Ahn Foundation
International Service for Human Rights (ISHR)
Comisión Internacional de Juristas
Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras)
Latin American Working Group (LAWG)
Protection International (PI)

Una patria que reclama

Por José Luis Callaci

“Hay un tiempo para cada cosa y un momento para hacerla bajo el cielo”
Eclesiastés. Capítulo 3. versículo 1.”

También la Democracia tiene su tiempo. Tiempo para conocer y debatir las distintas ideas. Tiempo para reflexionar. Tiempo para decidir… lo que más le conviene a Argentina.

Es lo que los argentinos tendremos que hacer, bajo nuestro cielo y en nuestra Democracia. Lo que nos permitirá vivir más unidos y en paz. Es tiempo de cerrar puertas para que nunca más penetren en nuestras vidas los monstruos oportunistas y vanidosos con propuestas locas, inconsistentes y apresuradas, aprovechándose de justificados malestares y justos reclamos a los gobernantes. Más cuando vienen con claros propósitos de favorecer intereses extranjeros y las mezquinas ambiciones de unos pocos.

Tendremos los argentinos que abocarnos a una profunda reflexión para tratar de dilucidar qué nos pasa. Es inconcebible que un significativo número del electorado esté apoyando, sin inmutarse, a alguien que piensa destruirlo todo: la moneda y el ente regulador, las instituciones públicas que protegen a los ciudadanos, y lo que no es menos peor, alinear al gobierno a los intereses de otro país en una especie de vasallaje.

Apoyar a un desquiciado que reniega de la historia y que sin sonrojos actúa como un vulgar comediante es algo inaudito. La Democracia es de todos y nadie tiene que arrogarse el derecho a violentarla llevándonos a los argentinos a un pasado al que nadie quiere regresar.

Todo tiene su tiempo. Si la excesiva confianza y la insensatez lleva al poder a ese enajenado diletante se corre el riesgo de una total debacle. Algo que tendría graves consecuencias no solo para el pueblo argentino sino para todos los pueblos hermanos de la región.

¿Apoyo a ese Milei? ¿Así como se presenta? ¡¡¡NO, un rotundo NO!!!

Una muestra clara

Martín Rodríguez Espinoza

Una muestra clara de la «junta directiva» ESPÚRIA que había montado Rodrigo Chaves y Marta Esquivel en la CCSS.

Jorge Porras, disque «representante» del sector solidarista en la ILEGÍTIMA junta directiva de la CCSS montada por Rodrigo Chaves y Marta Esquivel, VIOLANDO la Constitución Política y las Leyes, violando la democracia y la legitima representación de los sectores sociales, ahora es nombrado nuevamente.

Jorge Porras, al igual que María Isabel Camareno, como TODOS LOS DEMÁS de la ilegal y espuria junta directiva de Rodrigo Chaves, era en realidad un representante más del gobierno. Hoy queda demostrado.

Por eso el ataque, la persecución y el «JUICIO POLITICO» contra la representante del Sector Sindical en la Junta Directiva de la CCSS, Martha Elena Rodríguez González, que, junto a otros 3 miembros (Cooperativo, Solidarista y de Gobierno) que la Sala Constitucional OBLIGÓ al gobierno a reinstalar.

Hoy, la persecución se centra contra Martha Rodríguez, por su férrea defensa de la CCSS y los derechos legítimos de la clase trabajadora y el pueblo a servicios públicos de salud, eficientes y de alta calidad.

Sí, el gobierno de Chaves, con la complicidad de Marta Esquivel, lo que busca es tener en la junta directiva de la CCSS a «amigos» que NO se opongan a los intereses para quebrarla, privatizarla, entregarla a manos privadas de los que financiaron la campaña electoral y los intereses financieros internacionales.

UCR: La democracia se ve amenazada por el populismo y las autocracias

¿Qué aspectos de la democracia hace falta que se trabajen y se construyan para tener una una sociedad más igualitaria que responda a intereses de todas las personas que vivimos en ella? En dos publicaciones, personas investigadoras de la Facultad de Ciencias Sociales ofrecen respuestas. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.

Facultad de Ciencias Sociales

Problemas como la pobreza, la inseguridad, la desigualdad y la falta de creación de empleos debilita la democracia en Costa Rica, una de las más antiguas en América Latina.

La Escuela de Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) de la Universidad de Costa Rica (UCR) contribuye a generar cambios en la discusión sobre la democracia, viéndola más allá del ejercicio del sufragio y de elecciones cada cierto tiempo, para integrar en el tema la perspectiva feminista.

Esto se logra por medio de la incorporación y visibilización de las voces de las mujeres como parte de la perspectiva teórica y su inclusión en los cursos, así como con el desarrollo de publicaciones que permiten visiones políticas más globales e igualitarias.

María José Cascante Matamoros, Vicerrectora de Vida Estudiantil y profesora de la Escuela de Ciencias Políticas, es una de las académicas que se ha enfocado en analizar la democracia desde esta nueva perspectiva en áreas como: partidos políticos, estado de derecho, género y la participación política de las mujeres.

Cascante ha participado en dos libros que contribuyen al nuevo conocimiento: Los límites de la democracia costarricense: perspectivas feministas de la Elección 2018; a esto se suma recientemente, un capítulo del libro El Populismo en América Central publicado en conjunto con el investigador Juan Manuel Muñoz.

María José Cascante Matamoros,Vicerrectora de Vida Estudiantil y profesora e investigadora de la Escuela de Ciencias Políticas de la FCS de la UCR. Foto: Marilín Agüero Vargas / Libro: El Populismo en América Central

Populismo en América Central

El libro Populismo en América Central consta de capítulos por país para describir este fenómeno en la región, y cómo ha tenido relevancia en la actualidad, tanto en la academia como en los medios de comunicación. Maria José Cascante y Juan Manuel Muñoz, son los autores del capítulo que reflexiona sobre el populismo en Costa Rica y su posible presencia a través de la historia.

Juan Manuel Muñoz Portillo, docente e investigador de la Escuela de Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Sociales de la UCR, comenta que esta obra se hace las siguientes preguntas: “¿En Centroamérica tenemos fenómenos parecidos a este populismo que estamos viendo en países como Estados Unidos o Europa o el que se veía en América Latina anteriormente? ¿Vemos eso en América Central o estamos viendo un fenómeno distinto?”

Por su parte, Cascante Matamoros explica que este análisis es la pieza que faltaba para entender esta problemática en la actualidad; porque al observar la construcción de los discursos populistas y cómo se plantean desde una perspectiva actual, se empieza a descubrir cómo algunas élites políticas plantean o condicionan el tipo de vínculos que deben darse con grupos como los feministas y la población LGBT.

Para profundizar un poco en los hallazgos, la investigadora indicó que en el caso costarricense hay un semillero fuerte para la construcción de los discursos populistas ya que se ha dado un desarrollo desigualitario entre el Valle Central y las regiones periféricas (costas y las fronteras).

“Esta desigualdad en lugar de asegurarse en buscar derechos y mayores posibilidades para todas las personas, ha construido polarizaciones que nos hacen atacarnos entre nosotros y vernos como enemigos; así florecen los discursos populistas”, señaló la investigadora.

El interés por contribuir con el fortalecimiento de los propios procesos democráticos del país motiva al cuerpo docente a investigar estos temas. Desde la investigación, se dan pasos para entender y reflexionar sobre la propia realidad y la de nuestra región; como una forma de continuar fortaleciéndonos como una sociedad soberana y una de las democracias más estables del continente.

Juan Manuel Muñoz Portillo, docente e investigador de la Escuela de Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Sociales de la UCR. Foto: Karol Ríos Cortés

¿Qué es la democracia?

La palabra democracia proviene etimológicamente del griego “demos” que significa pueblo y “kratos” que se refiere al poder del pueblo. Si se toma en cuenta esta definición básica podemos concluir que democracia significa “participación en los asuntos públicos”.

“Tenemos una visión pluralista de la democracia que usualmente se relaciona con democracia liberal pero es más que eso, y a veces debemos cuestionarnos y reflexionar sobre este concepto”, explicó Juan Manuel Muñoz Portillo, docente e investigador de la Escuela de Ciencias Políticas.

La democracia no se reduce al modelo liberal, sino que algunos autores se refieren a que esta implica conflicto, contrastar diferentes ideas, el diálogo y la deliberación para resolver asuntos públicos. Además de participación, Muñoz define la democracia como control y rendición de cuentas de los procesos de toma de decisión y de las esas personas que toman decisiones.

¿Cuál es el reto de la democracia en la actualidad?

Para Muñoz, uno de los retos de la democracia en la actualidad tiene que ver con el surgimiento de opciones autocráticas (lo contrario a la democracia). Al respecto explica que las autocracias pueden ser dictaduras militares o familias que concentran el poder y de manera dinástica se lo heredan a otras personas, careciendo de control y rendición de cuentas sobre estas personas y los asuntos públicos.

“Uno de los mayores retos que tienen las democracias viene a partir de que estas alternativas se presentan como opciones viables para tomar decisiones importantes que competen a las sociedad y que las democracias se han visto desafiadas e imposibilitadas para tomar decisiones definitivas y efectivas para resolver problemas a la ciudadanía, como pobreza, desigualdad e inseguridad ciudadana”, Juan Manuel Muñoz Portillo, docente e investigador de la Escuela de Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Sociales de la UCR.

Por lo tanto, ante estos problemas surgen liderazgos autoritarios que amenazan la institucionalidad democrática de fondo, hay abusos de poder y corrupción, llevando así a que se debilite el aparato institucional.

Katzy O`neal Coto
Comunicadoras de la Facultad de Ciencias Sociales, UCR

¡Cuidado con la democracia nacional!

Vladimir de la Cruz

Ayer 7 de noviembre celebramos el 74 aniversario de la promulgación de la actual Constitución Política. La anterior Constitución fue la de 1917 que llegó hasta 1919, durante el periodo de la dictadura tinoquista, 1917-1919.

Federico Tinoco con su golpe de Estado suspendió la Constitución de 1871 que era la vigente, con 46 años, hasta ese momento. Con la caída de la dictadura sucedió igual. Cayó su Constitución y se restableció la Constitución de 1871 que llegó hasta 1948, cuando José Figueres y su Junta de Gobierno la suspendieron, gobernando sin Constitución y legislando mediante la fórmula de los Decretos leyes. Así la constitución de 1871 estuvo vigente durante 75 años.

La Constitución de 1871 se le califica de presidencialista, por el importante papel que tiene el Poder Ejecutivo en ella. Además, era una Constitución flexible, fácil de ser reformada, lo que garantizó su longevidad. A la flexibilidad de la Constitución se sumó el desarrollo del régimen municipal, desde la época del General Tomás Guardia.

Ambos elementos, su flexibilidad y el régimen municipal, fueron claves para resolver problemas y contradicciones políticas, por la vía de la reforma constitucional, y los gobiernos municipales para distribuir poder y restar presión en la lucha por el Poder Ejecutivo.

La estabilidad política en materia de gobiernos y su alternabilidad ya se había logrado de hecho desde 1849, cuando se normalizaron los traspasos de gobierno cada cuatro años. Aún bajo la presión de la presencia filibustera en Centroamérica desde 1855, cuando Walker llegó a Nicaragua, hasta 1857, cuando terminó la Guerra Nacional y Centroamericana, con su rendición y salida de la región, y la crisis momentánea del golpe de Estado contra Juan Rafael Mora en 1859 y su fusilamiento, y crimen de Estado en 1860, año en que también se fusiló en Honduras a Walker cuando se proponía de nuevo apropiarse de las cinco repúblicas centroamericanas.

Así, desde 1871 hasta hoy, 2023, en 152 años, hemos tenido tres constituciones, una de ellas por dos años. En el período anterior, desde 1821, con la primera Constitución costarricense, la del Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica o Pacto de Concordia, hasta la de 1869, tuvimos con sus respectivas reformas que se consideraron nuevas constituciones, prácticamente once constituciones, que se acompañaron de una profunda crisis política constitucional y militar, que el historiador Rafael Obregón Loría, recoge en poco más o menos 60 conflictos político-militares, de distinta naturaleza; en nueve gobiernos durante el período de las Juntas de Gobierno, 1821-1823; en diecisiete Jefes de Estado desde 1823 hasta 1847 y en 12 Presidentes de la República entre 1847 y 1870. Algunos de ellos repitieron el cargo. No tomo en cuenta el período que fuimos parte de la República Federal de Centroamérica que tuvo siete presidentes, que también fueron nuestros presidentes, junto a los Jefes de Estado de ese período, 1825-1838. Francisco Morazán tres veces lo fue.

La Constitución Política que ayer cumplió 74 años fue una reacción contra el presidencialismo de la Constitución de 1871. En su lugar se fortaleció el Poder Legislativo y los órganos de control político institucional y ciudadano.

Este período, 1949-2023 ha sido de gran estabilidad política, gobiernos alternos cada cuatro años, cambiando de presidentes cada cuatro años, aunque en ocasiones sus partidos políticos se reelijan, por una sola vez consecutiva.

La Constitución hasta 1997 había sufrido 44 reformas parciales. Desde ese año ha sufrido una veintena de reformas adicionales, y hoy en trámite legislativo hay casi 60 propuestas de proyectos de reformas constitucionales.

¿Con tal cantidad de reformas, y propuestas de reformas, no será mejor convocar a una nueva Asamblea Nacional Constituyente? ¿Por qué tenerle miedo?

Estoy convencido que la actual Constitución es buena. Todavía cumple un papel democrático liberal y progresista en muchos aspectos. Pero, la vida política nacional ha evolucionado rápida y bruscamente, y pareciera que la sociedad ya demanda un nuevo texto constitucional, más adaptado a las necesidades políticas de la época que vivimos.

Hace algunos años por el ambiente político conservador existente no creía que fuera necesario convocar a este expediente de nueva Constitución, por el peligro de que se impusiera una Constitución más conservadora y retrógrada. Luego, la situación del país cambió y abrió horizontes más populares, democráticos y progresistas, y se perdió, en ese ambiente la posibilidad de una convocatoria constituyente. Se había perdido el interés tanto por los sectores conservadores que originalmente la proponían, y dejaron de plantear su necesidad, como por los progresistas, abatidos y descabezados, por los tiempos de aires nuevos que suponían los gobiernos del Partido Acción Ciudadana, 2014-2022.

Reformismo y conservadurismo alrededor de la convocatoria de una Asamblea Constituyente se mueven con temor, avanzan y se repliegan como corrientes subterráneas de la gran laguna política nacional. Como corrientes de agua se mueven, no se agitan en su superficie; tampoco se expresan en remolinos, por lo menos hasta ahora. Hasta el presidente Rodrigo Chaves lo pensó hace unos meses atrás. Convocó a ciudadanos para oír sus opiniones. Pero, no se atrevió. En mi opinión, perdió una oportunidad muy valiosa para haber puesto a la sociedad costarricense en un diapasón que le hubiera permitido afinar mejor la música nacional, y, en su caso, la suya propia.

Sin embargo, no han dejado de plantearse importantes propuestas de reformas constitucionales que hay que impulsar.

La convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente puede realizarse en cualquier momento. La convocatoria misma, resultante de una iniciativa para integrar un grupo coordinador nacional, que provoque la discusión suficiente para la misma, y elabore un primer borrador de un nuevo Proyecto constitucional, no está sujeta a ningún trámite constitucional y legal, que dependa de la aprobación de alguno de los poderes de Estado, de la misma Sala Constitucional o del Tribunal Supremo de Elecciones. Es tan solo la creación de ese grupo que propicie de la manera más democrática esa discusión.

Frente a lo que se ha caminado en esta dirección hay dos proyectos de Nueva Constitución, una del exdiputado y exsecretario general del Partido Liberación Nacional, y excandidato presidencial, Walter Coto Molina, y por iniciativa del grupo de ciudadanos que con este fin se agruparon alrededor del profesor de la Escuela de Derecho, de la Universidad de Costa Rica, Dr. Alex Solís Fallas. Lamentablemente, pareciera que ambos personajes políticos han arreado, han bajado sus banderas constitucionales y de lucha por una nueva Carta Magna, por un nuevo Pacto Social.

Frente al populismo galopante, que recorre el continente, frente a la crisis política partidaria que vive el país; frente al resurgimiento de gobiernos autoritarios en América y su posibilidad en la región centroamericana, creo que es urgente abrir debates como éste, sin temor alguno. Es más importante que esto ocurra en ambientes democráticos como los que hoy hay en el país, a que surjan del resultado electoral de un gobierno autoritario, populista, militarista, reaccionario en todo sentido. O se fortalecen los cauces democráticos o los conservadores se impondrán…Podemos enfrentar esta situación. ¡Cuidado con la democracia nacional!

Compartido con SURCOS por el autor.

La democracia solo se puede fortalecer con más participación ciudadana

José Luis Pacheco Murillo

Este 7 de noviembre celebramos el Día Nacional de la Democracia Costarricense para honrar a los costarricenses que salieron con armas a defender el proceso electoral de 1889. Cada 7 de noviembre se festeja este día por decreto número 18, desde 1942.

Además, el motivo de esta fecha es impulsar la celebración permanente de este día según el propósito del Instituto de Formación y Educación en Democracia (IFED), que es el instituto encargado de la promoción de la democracia.

La democracia es un sistema de gobierno donde la soberanía o la autoridad de poder están en el pueblo, por eso, cuando hablamos sobre democracia pensamos en el régimen político o en una forma de gobierno, pero sobre todo debemos saber que la democracia es un proyecto de vida que hemos construido en sociedad, y que debemos fortalecer continuamente, ya que los cambios que se producen en la sociedad hacen que ese proyecto requiera trabajo constante.

Hay quienes se han aprovechado de la democracia para engañar y defraudar, para servirse y no servir, para por un lado hablar de un proceso democrático y por otro irrumpen contra la voluntad popular e imponen a dedo y a fuerza a quien no representa a los electores.

Esos son los que van debilitando la democracia y poniéndola en peligro por intereses personalistas y mezquinos.

Dios quiera que el pueblo entienda la importancia de fortalecer la democracia y que ese fortalecimiento solo se puede lograr a través de la participación y más participación ciudadana. No hay otra forma más que la ciudadanía ejerza su rol y salga a votar y legitimar una elección. De otra forma el peligro de que el sistema democrático sufra menoscabo está latente y que podamos llegar a lo que otros países han llegado es posible si la indiferencia y la irresponsabilidad siguen presentes.

¡¡¡Viva la democracia, fortalezcámosla con nuestra participación!!!

Juicios por política o lo que significa mancillar la libertad

Mario Rodríguez Bonilla
Central General de Trabajadores, Costa Rica

La población de nuestro país puede tener niveles importantes de desconfianza del Poder Judicial, por razones como la lentitud de los procesos, la influencia de los poderosos en el resultado, poca objetividad de los jueces y fiscales, pero poco o nada saben sobre qué es un juicio político o “lawfare”.

También es conocida como “guerra jurídica”, la combinación de ‘law’ y ‘warfare’ hace referencia al uso de procesos legales como arma política, lo vimos en caso en América del Sur contra figuras políticas como los expresidentes Lugo en Paraguay, Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, Dilma y Lula da Silva en Brasil, en España contra Pablo Iglesias, en nuestro país tenemos uno que está empezando.

La activista pro Palestina Tatiana Gamboa está enfrentándose no solo al poder judicial, sino a las presiones de la embajada de Israel por el desarrollo de su actividad en el marco de la protesta social y la libertad, que se supone garantiza la constitución política a todos sus habitantes, aunque en esta situación parece que “aplican restricciones”.

Tatiana fue detenida por las autoridades policiales en medio de una protesta enfrente a la embajada israelí, pues se atrevió a quemar una bandera de ese país, comete un extraño delito de “irrespetar los símbolos nacionales de Estados extranjeros”, un tema que da para una discusión sobre la libertad de protesta cercenada por las leyes.

En otra protesta en la embajada (afueras del edificio Colon) mancha con pintura de agua roja la pared de Edificio Colón, como simbolismo de la sangre de la masacre en Palestina, la detiene la policía y al ser una contravención la dejaron libre.

Nuevamente protestan los activista en frente a la embajada y manchan otra vez de pintura de agua con rojo la pared y esta vez la policía detiene a Tatiana la “pasea” de manera sospechosa en la “perrera” más tiempo de lo razonable, sin que se conociera su destino por mucho tiempo, la llevan frente a otro fiscal que considera un delito lo realizado en la embajada, sacándose, cuál mago de la manga, que “se dañó la propiedad y que esto siendo un segundo delito (aunque el primer juicio está por empezar de nuevo, con lo que no hay ninguna condena) en opinión del fiscal ameritaba la cárcel preventiva.

Mientras Tatiana está detenida escucha a los policías conversar entre ellos sobre la “majadera vieja de la embajada de Israel que quiere que la encarcelen a como dé lugar”, los agentes planteaban que eso no era ningún delito, pero el fiscal en su vergonzoso papel que parece ser una extraña cruzada no opinó lo mismo.

El fiscal consideró a Tatiana una “peligrosa criminal” que no podía vivir en sociedad, dentro de un pensamiento cavernario despojado de criterios de objetividad de los hechos, imponiendo una restricción de que no podía acercarse a la embajada de Israel, nos da pena el papel sesgado y de defensor del sionismo que pareceré estar jugando.

El jueves antepasado fue el inicio del juicio contra Tatiana procesada por su forma de pensar y de protestar, por ejercer su derecho a la libertad de pensamiento e incomodar con sus acciones, no solo al Poder Judicial sino también al Estado costarricense por su papel de cómplice en la masacre contra civiles palestinos al bombardear escuelas, iglesias hospitales y edificios con habitantes no armados, solo por el crimen de nacer en una tierra ocupada y arrebatada.

Notamos que este proceso montado con una intencionalidad más allá de lo racional parece estar pasando desapercibido por los grandes medios nacionales y gran parte del movimiento popular, que no comprende que si Tatiana es condenada será el inicio de la jurisprudencia para condenar la protesta ante las injusticias.

¡Exigimos el retiro de los cargos de inmediato y respeto a la libertad y a la protesta en lo que debe ser un país en democracia!

Carta política enviada por la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo al presidente de la República

Miércoles 25 de octubre de 2023
San José, Costa Rica

Sr. Rodrigo Chaves Robles
Presidente de la República de Costa Rica

Señor presidente:

De parte de la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo reciba un saludo respetuoso, pero a la vez cargado de una profunda preocupación por la destrucción sistemática de las conquistas, como nuestro sistema democrático, en el que se fundamenta nuestro Estado Social de Derecho y que, por ende, afectan la supervivencia de diversos sectores sociales de nuestra amada Patria.

Desde las organizaciones sociales y productivas que agrupamos, así como desde el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) y cada suscribiente, hacemos de su conocimiento nuestras posiciones con respecto a distintos ámbitos de la vida nacional.

Nuestra Constitución Política, artículo 50, señala que el Estado costarricense debe procurar el mayor bienestar para todos sus habitantes, para lo cual debe organizar y estimular la producción y el más adecuado reparto de la riqueza, así como garantizar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Además, la Carta Magna reconoce el legítimo derecho de las personas para denunciar los actos que lesionen esos mandatos constitucionales.

En ese entendido, nos dirigimos a usted, ante la observancia de que tanto su Gobierno como sus alianzas en la Asamblea Legislativa, insisten en renunciar a esas responsabilidades constitucionales, sociales y democráticas, con la consecuencia inevitable de un creciente malestar social que se manifiesta de distintas formas a lo largo y ancho del territorio nacional. Esto ha suscitado diversas manifestaciones de protesta, entre las que se destacan: Marcha en defensa de la Educación Pública, Marcha en defensa del Sector Agro Alimentario, Marcha en defensa de la Caja Costarricense de Seguro Social, protestas por el acceso a vivienda, desempleo, inseguridad ciudadana, recortes al presupuesto para Arte y Cultura, demandas ambientales y derechos humanos de las mujeres, así como otras acciones colectivas desarrolladas por distintos sectores sociales y documentadas en los medios de comunicación. Estas manifestaciones evidencian los intentos legítimos de una sociedad movilizada en búsqueda de soluciones a estas problemáticas.

Pero los medios de comunicación, tanto nacionales como regionales, no son los únicos en documentar el malestar y la descomposición social palpable. Estudios serios como el Estado de la Nación, el Estado de la Educación y el Estado de la Justicia del Programa Estado de la Nación, así como observatorios de la realidad nacional, foros de análisis y organismos internacionales especializados, también registran retrocesos que amenazan la democracia costarricense.

A manera de temas prioritarios, que requieren políticas de Estado precisas, señalamos doce grandes ámbitos de incumplimiento sobre los cuales la ciudadanía, aquí representada, espera soluciones:

  • Democracia y autonomías institucionales: La “institucionalidad” no es un invento producto del imaginario costarricense, como tampoco la Constitución Política es un librillo sujeto a todo tipo de sátiras, cuestionamientos e incumplimientos, estableciendo por el contrario las bases para la convivencia democrática, entre ellas la división de poderes. Es necesario que su gobierno y sus alianzas respeten la división de poderes, dejen de violentar las autonomías institucionales y abandonen los intentos de vender activos del Estado que generan bienestar a la población. Mostramos nuestro total desacuerdo con la tercerización de servicios públicos básicos para hacer de ellos un negocio privado de unos pocos, por demás funesto para las finanzas públicas y privativos para las grandes mayorías. Exigimos además el cumplimiento por parte del Gobierno con la asignación del presupuesto del 2% del impuesto sobre la renta para las Asociaciones de Desarrollo Comunal. Demandamos una fuerte televisión pública por lo cual somos del criterio de que el SINART debe ser fortalecido, limpiándole de la intromisión politiquera cuatrienal, entre otras demandas; promover convivencia democrática y la libertad de expresión, y un alto a la violación de las autonomías institucionales, no más tercerización de servicios públicos básicos.
  • Derechos humanos: Exigimos un Gobierno comprometido con los derechos humanos, independientemente de las creencias y valores de quienes gobiernen. El Gobierno no solo está obligado a tolerar el disenso, sino a emitir información veraz y garantizar el acceso a todo tipo de información de interés público. Urge fortalecer la protección y el respecto de las libertades de expresión, tránsito y asociación, derechos de las mujeres, personas jóvenes y con discapacidad; defensa de territorios indígenas y comunidades tribales, garantías sociales e individuales, así como lo relacionado al ámbito sexual y reproductivo, derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, de acceso al agua potable; al trabajo digno, decente, al ocio y el descanso, así como a un salario justo, educación de calidad y salud preventiva y curativa universales. Además, es fundamental la ejecución de los mecanismos que habilitan el derecho a la libertad de prensa, asociación y organización para el adecuado desarrollo democrático e institucional. Así como garantizar el derecho a la alimentación para todas las
  • Soberanía y seguridad alimentaria: Urge que Costa Rica oriente su modelo productivo hacia la soberanía alimentaria, a saber, el derecho a definir y controlar su sistema alimentario y de producción de alimentos, tanto a nivel local, en internacional de forma equitativa, soberana y respetuosa con el medio ambiente y con el modelo alimentario de los pueblos indígenas. De esta manera, las instituciones públicas deben garantizar que los instrumentos con que cuentan apoyan una política agraria integral de Estado, entre otros, en: una tenencia de la tierra justa y equitativa para los pequeños y medianos productores y el reconocimiento y respeto de los derechos de los pueblos ancestrales; una revisión de la desarancelización del sector agropecuario (abandonando de inmediato la llamada ruta del arroz y revisando de manera exhaustiva decretos que generan desigualdades competitivas con la producción nacional, como lo son, el sector papero, cebollero, aguacatero y frijolero, entre otros); el desarrollo de infraestructura hídrica para riego y drenaje; registro de nuevas moléculas para el sector agroalimentario; fortalecimiento de agro mercados justos; fomento de prácticas agroecológicas; rescate de semilla criolla y acceso a crédito rural; uso generalizado de seguros agropecuarios; etc. La institucionalidad pública del sector agropecuario debe respetarse. Asimismo, se debe descartar de forma definitiva la incorporación del sector agropecuario costarricense al Bloque Alianza del Pacífico. De manera contundente dejamos establecida nuestra firme posición de que la Fábrica Nacional de Licores (FANAL) debe seguir siendo de propiedad pública. Reiteramos además las consignas de: SÍ a la Comisión Especial Mixta para el sector Agroalimentario, en la Asamblea Legislativa; NO a la Eliminación Selectiva de Aranceles del Agro; SÍ a la Defensa de la Institucionalidad del Sector Agropecuario; NO a la Canasta Básica Importada; Si a la Defensa del PAl, un Mercado Seguro para la Producción Nacional; NO a la monopolización de los mercados agroalimentarios y pesqueros; NO al contrabando de productos agropecuarios Si a la Soberanía y Seguridad Alimentaria.
  • Empleo, creación de oportunidades y reactivación económica: Según la Encuesta Continua de Empleo (junio-agosto 2023) del INEC, 204 mil personas se encuentran desempleadas y 816 mil tienen un empleo informal, con una alta presencia de la población juvenil. Estos datos alarmantes reflejan que los componentes esenciales para el bienestar económico de un país no se concretan con la llegada de unas cuantas empresas transnacionales a suelo costarricense. Tampoco solo quienes cuentan con formación en altas tecnologías y dominan varios idiomas tienen derecho al trabajo. Se requieren estrategias de reactivación económica en los territorios, con perspectivas diferenciadas y en concordancia con las capacidades y oportunidades de las diversas poblaciones, y que se construyan en colectivo, con especial preponderancia de MIPYMES, organizaciones de la economía social solidaria y la llegada de recursos desde Banca para el Desarrollo a todos los territorios del país con facilidades técnicas para la población. La falta de esas estrategias hace que el Producto Interno Bruto (PIB) se concentre en el centro del país. El 77% del PIB se produce en la región Central del territorio nacional, quedando las zonas periféricas sin suficientes oportunidades productivas, a pesar de tener casi el 40% de la población. Además, debe detenerse el congelamiento salarial de los trabajadores públicos. Adicionalmente, deben fomentarse leyes y políticas que fortalezcan la dignificación laboral y garanticen condiciones dignas del trabajo para todas las personas.
  • Justicia económica: Exigimos un alto a la desigualdad, no existe justicia social que se traduzca en dignidad de la persona, solidaridad y valor del trabajo, sin justicia económica. La pobreza en Costa Rica aqueja al 21,8% de los hogares este 2023, y la pobreza extrema, a 6,3%, según la medición por insuficiencia de ingreso o línea de pobreza, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) por medio de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho). Además, la desagregación de ese promedio revela la situación desigual de la pobreza en las diversas regiones del país. Mientras la pobreza es el 18,1% en la región Central del país, en la región Brunca es el 34% y en la región Huetar Caribe es 33%, por ejemplo, se propone garantizar el fortalecimiento de los programas sociales que asignan recursos a grupos vulnerables, salario digno, reconocimiento social y remuneración del trabajo doméstico y de cuidados, así como el replanteamiento de una estructura tributaria que sea Se impone la necesidad de un nuevo cálculo del salario mínimo en Costa Rica, habida cuenta del alto costo de la vida en nuestro país; amén de decretar el retorno del reajuste salarial del mismo por costo de vida de manera semestral. Es urgente revisar las causas por las cuales viene ocurriendo una brutal concentración del ingreso y la riqueza en Costa Rica, así como las causas del alto costo de la vida que enfrentan las familias costarricenses, producto muchas veces del funcionamiento altamente concentrado de los mercados y del sobreendeudamiento de estas familias a tasas de usura y a menudo en condiciones de extorsión (préstamos “gota a gota”). El ROP exige transformaciones jurídicas urgentes para el acceso total a sus fondos por parte de las personas trabajadoras. Adicionalmente, es menester establecer un ingreso mínimo vital que permita sacar de la pobreza extrema a miles de personas que sufren de esta situación y que podrían tener una vida digna con una adecuada canalización de la inversión social.
  • Justicia tributaria: Mientras algunas grandes empresas siguen gozando de exoneraciones fiscales y otras se amparan en tecnicismos legales para no pagar impuestos, el país no tiene una ruta clara para combatir la evasión y la elusión tributaria, esto sucede al tiempo que los servicios públicos se deterioran y la persona ciudadana común, afronta hoy un salario precarizado, congelado en el tiempo, golpeado por políticas como la Ley de Empleo Público; mientras algunas familias ni siquiera tienen acceso a un ingreso estable. El sistema tributario costarricense debe garantizar que quien gana más,
  • Ambiente y energía: Proyectos extractivistas, como la exploración y explotación petrolera o de gas natural, monocultivos en territorios de vida silvestre, así como la reactivación de pesca de arrastre, entre otros; nos alejan del liderazgo mundial en temas de conservación y medio ambiente frente a la crisis climática mundial. Costa Rica debe propender a la soberanía y seguridad energética, producir en armonía con el ambiente, de manera sostenible, fomentando programas de capacitación y emprendimientos colectivos sobre economía verde, economía circular y bioeconomía. Además, deben fortalecerse las instituciones rectoras en materia administración energética y de transición, los compromisos de Costa Rica en materia de adaptación y mitigación a cambio climático. Deshacer el rechazo al Acuerdo de Escazú, e incorporar con vehemencia los esfuerzos en la materia de organizaciones de pueblos ancestrales y tribales, mujeres rurales, activistas ambientales y expertos en la Alertamos sobre el sistemático debilitamiento del papel de la política pública en el adecuado y necesario papel protector de los parques nacionales y áreas de conservación, pues los intentos por privatizarlos ya se están manifestando. Por lo que solicitamos se genere un estado de emergencia para generar la infraestructura de distribución y almacenamiento de agua para comunidades y un proceso de fortalecimiento de ASADAS en todo el país. Así como oposición a planes reguladores en zonas costeras que afecten la flora y fauna de las comunidades y sus actividades productivas.
  • Arte y cultura: La libre expresión de los pueblos es imperativa para garantizar bienestar y mitigar los malestares sociales. La inversión en cultura debe fortalecerse, realizando intervenciones artísticas en los territorios mediante, entre otras, las organizaciones sociales, culturales, artísticas y comunitarias de cada zona, rescatando espacios para estos fines en los centros educativos, en ambientes limpios y seguros para la libre expresión cultural comunitaria. Además, es menester el fortalecimiento del presupuesto institucional en la materia, pues su gobierno ha continuado con acciones recortistas que impiden fomentar y preservar la pluralidad y diversidad cultural, así como facilitar la participación de todos los sectores sociales, en los procesos de desarrollo cultural y artístico, sin distingos de género, grupo étnico y ubicación geográfica.
  • Educación pública: Es clara la evidencia cualitativa y cuantitativa suministrada por distintos análisis, además del malestar ciudadano y gremial, en cuanto a que la educación pública sigue carente de rumbo estratégico y persiste el desfinanciamiento del sector, con lo cual se termina imponiendo una ruta de precarización del derecho humano a la educación, agudizando la discriminación y violencia diferenciada hacia la más de un millón de personas estudiantes, como recortes en becas, infraestructura deficitaria y cuestionados sistemas nacionales de evaluación. A partir del IX Informe del Estado de la Educación, se puede afirmar la continuada ausencia de voluntad política para avanzar hacia el 8% del PIB constitucional. Consideramos de extrema urgencia el establecimiento del Pacto Nacional por la Educación Pública, propuesto a su gobierno y a la Asamblea Legislativa meses atrás. Además, reiteramos las consignas de: No más recortes presupuestarios a la educación pública; Declarar en estado de emergencia a la educación pública; mejorar las condiciones labores de la clase trabajadora del sector educación; Salario Digno para las trabajadoras y trabajadores del Ministerio Educación Pública; reducción de cargas laborales para los docentes del MEP; Fortalecer y robustecer el régimen de pensiones de los trabajadores de la educación pública; construir una educación pública de calidad para toda la comunidad estudiantil; respeto y fortalecimiento de las convenciones colectivas del trabajo del MEP; fortalecer los programas de educación inclusiva de la enseñanza general básica.
  • Salud pública y seguridad social: Eventos como la pandemia por Covid-19 demostraron la eficacia de la integración de toda la sociedad en estrategias nacionales de salud pública y por supuesto, la importancia vital de contar con una CCSS fortalecida y solidaria. Distintos expertos, actores sociales y organizaciones productivas sostienen con evidencia que la CCSS no está quebrada y que la administración actual refleja impericia y oculta información. El Ministerio de Hacienda sigue adeudando billones de colones a la CCSS. Entonces, una vez más, la ruta definida por su Gobierno es la precarización del servicio. Persisten el ataque a la autonomía institucional, grandes e inhumanas listas de espera, deuda del Estado con la CCSS, faltante y fuga de especialistas, déficit de infraestructura, falta de condiciones laborales y tercerización de los servicios, ofrecida esta última como un paliativo ante la falta de soluciones estructurales reales y efectivas. Esta priorización deriva de un encuentro participativo, en el marco de la “Gran Protesta Nacional contra las políticas que destruyen el Estado Social y Democrático de Derecho”, donde diversas organizaciones suscribientes analizamos la realidad nacional, sus problemáticas y sus posibles soluciones. Al respecto, adjuntamos una serie documentos a modo de anexos que profundizan diversos aspectos de los ejes arriba mencionados.

Uno de los objetivos más importantes que tiene este movimiento ciudadano, pacífico pero enérgico, es hacer un llamado vehemente a todos los actores políticos del país, y en especial al Gobierno de la República, reconociendo la importancia del diálogo social para enfrentar los flagelos que nos aquejan como sociedad y que afectan particularmente a los sectores sociales y productivos menos favorecidos.

Pero lastimosamente, y pese a que diversos sectores se han manifestado de múltiples maneras y han comunicado a las instituciones gubernamentales sus demandas, es claro que su gobierno no atiende estas iniciativas legítimas, por lo que proponemos crear mecanismos conjuntos para encontrar soluciones.

Por tanto, solicitamos del Poder Ejecutivo la convocatoria inmediata a un encuentro de alto nivel entre las autoridades del Estado y los sectores suscribientes, así como la sociedad civil organizada que decida sumarse, para hacer real ese diálogo social para la concreción de las soluciones que Costa Rica amerita y el cumplimiento pleno del artículo 50 constitucional:

El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado. El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes.”

Esperamos su disposición y voluntad para con los liderazgos y las organizaciones, quienes han demostrado una importante participación ciudadana a nivel nacional. Además, este movimiento nacional entiende la importancia de que en este espacio de diálogo de alto nivel participen los otros Poderes de la República (Judicial y Legislativo).

Por lo tanto, una vez constituido este espacio entre el Ejecutivo y las organizaciones, proponemos invitar especialmente a la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Legislativa, así como la Defensoría de los Habitantes como garante. Lo anterior, puesto que la solución integral de los desafíos del país es resorte de todos los Poderes de la República, sin olvidar que la misma Carta Magna, artículo 9, establece que el gobierno también lo ejerce el PUEBLO.

Quedamos a la espera de su respuesta para las organizaciones abajo firmantes.

Con copia:

Asamblea Legislativa Corte Suprema de Justicia Defensoría de los Habitantes REPÚBLICA DE COSTA RICA