Ir al contenido principal

Etiqueta: democracia

Rutas de Recuperación Justa. Boletín 5. Participación social en decisiones públicas

Escrito en . Publicado en Derechos.

La participación social en decisiones públicas es uno de los indicadores de democracia participativa que tenemos para medirnos como sociedad. En Costa Rica existen diversos espacios de participación desde el nivel local hasta el institucional, pero en general se perciben problemas sistemáticos en la efectividad y calidad de la participación en este tipo de espacios.

En este boletín se encontrará información sobre la participación social en las decisiones de carácter público, haciendo énfasis en la defensa de la comunidad y el territorio, que son las bases fundamentales para el desarrollo del movimiento ecologista costarricense. La transformación de los moldes que impiden el desarrollo de una participación plena es el gran desafío para las organizaciones sociales.

El contenido se orienta por las reflexiones del Diálogo Virtual realizado en agosto sobre la temática, con las presentaciones de Héctor Ferlini Salazar, representando a Confluencia Solidaria, Dylanna Rodríguez Muñoz por Kioscos Socio-Ambientales y Erlinda Quesada Angulo de AMUDA y FECON.

Se adjunta PDF

PARTICIPACION-SOCIALDescarga

¿Votar en abril? ¡NO! ¿Qué hacer?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Ángel Salazar Oses

Luis Ángel Salazar Oses

Para el Pueblo no hay opción electoral el 3 de abril próximo. Ambos candidatos son defensores a ultranza del Sistema Capitalista Neoliberal que es Homicida -mata a conveniencia a la Humanidad-, de igual manera destruye a la Naturaleza por lo que es Ecocida, es Patriarcal pues, en su soberbia el varón dinero, imperio presidente, padrote se creen dueños de vida y hacienda, por lo que además, es Plutocrático -gobiernan los ricos- y Cleptocrático ya que gobiernan los grandes ladrones que, impunemente, le roban las riquezas al Pueblo trabajador que las produce.
Figueres es ingeniero industrial, estudios que realizó al ingresar como cadete a la Academia Militar de West Point en USA y, Chaves es doctor en economía formado en la Universidad estatal de Ohio, con beca en Harvard y, contrato inmediato por el Banco Mundial donde estuvo 27 años, hasta que lo echaron por acoso sexual (Wikipedia).
Todas estas entidades forman y contratan a los servidores más fieles del nefasto Sistema Capitalista al que reseñamos arriba. De manera tal que si, como Pueblo que somos, votamos por cualquiera de ellos, simplemente estamos afilando el cuchillo para nuestro pescuezo y/o, poniéndonos la soga al cuello y pateando el taburete en el que nos apoyamos. Si alguien quiere hacerlo R. I. P.
¿Qué hacer? ¿Todo está perdido? Todo lo contrario, ahora es la hora de la redención acá en la Tierra de nosotros como Pueblo honesto, solidario, laborioso amante de la Humanidad y de nuestra madre Naturaleza. Dejemos a Figueres con el 10% de la población y a Chaves con el 8.7 que, como dice el compañero Iván Molina Jiménez, «están muy alegres con eso» y, dediquémonos como Pueblo, reiteramos, a despertar, informarnos -estudiar-, unirnos, organizarnos, empoderarnos, movilizarnos, convertirnos en Poder Popular y, como corresponde en auténtica Democracia, que es el «… gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo» (Abraham Lincoln), tomemos las riendas del país que históricamente hemos construido como Pueblo, mantenido y desarrollado y que, con patrañas y crímenes de todo tipo, nos ha robado desde hace más de doscientos años, la Plutocracia ladrona que hoy sufrimos.
Tendremos que liberarlo, sanearlo, reconstruirlo, en fin, parirlo como la Patria que queremos donde reinen la Justicia plena económica, política, social, cultural y ecológica, mediante la cual se le garantice a todos los seres humanos su auténtico bienestar integral.
Todo parto es doloroso y, tanto Figueres como Chaves artificialmente separados hoy pero férreamente unidos a partir del 3 de abril próximo, junto a sus secuaces «consientes» o incautos, nos echarán encima sus aparatos ideológicos -prensa, radio, TV, religión fanática, etc. etc. -, nos recetarán gases, leño, cárcel, y más pero, como evidentemente somos más y más fuertes, triunfaremos como lo han hecho el Pueblo chileno, el boliviano, el hondureño y lo están laborando el brasileño y el colombiano.
Tengamos siempre presente que la utopía se alcanza mañana y lo imposible pasado mañana. Somos el futuro y la vida plena, la minoría encabezada por Figueres y Chaves, el pasado y el exterminio total.

Elecciones 2022: un país en búsqueda de rumbo

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

La ciudadanía costarricense, en la reciente contienda electoral, ha enviado un mensaje a la clase política y a todos los partidos políticos: seguimos desencantados, castigamos al mal gobierno y busquemos un mejor rumbo.

Aunque fue una campaña que prendió el ánimo de los electores con los últimos debates, el elevado porcentaje de abstencionismo, particularmente en las periferias costeras (Limón, Puntarenas y Guanacaste) más deprimidas económicamente del país, muestra la persistencia del desencanto y la desconfianza con una clase política y una partidocracia que no han hecho los mejores esfuerzos para gobernar al servicio del bien común. Se ha vuelto a celebrar la democracia bicentenaria, apelando a la tradicional fiesta electoral. Pero, lo cierto es que no hay muchos motivos para celebrar; el alto porcentaje de indecisos que alcanzó un 50% del electorado, solo bajó en un 10 %, para convertirse en un elevado 40.65% de abstencionistas.

No podemos culpar al Sars Cov2 del abstencionismo. Simplemente, la ciudadanía está agotada de más de lo mismo -o peor-, y en su desesperación apuesta por nuevas alternativas, las que representaron don Rodrigo Chaves y don Eliecer Feinzaig. El primero catapultado a la segunda ronda y el segundo llevado a la Asamblea Legislativa con una fracción significativa.

Al Partido Acción Ciudadana (PAC) lo ha castigado por una gestión de mal gobierno, cuyas alianzas con los sectores económicos y empresariales más poderosos del país lo alejó de las mayorías.  El mensaje es contundente: el partido que gobierna para grupos de poder económico, en una sociedad desigual y empobrecida, será castigado sin concesiones. Y también, bajo esa consigna, castiga al Partido Restauración Nacional (PRN) que, además de nepotista, fue aliado de las políticas más retrogradas impulsadas por el PAC, el PLN y el PUSC.

Al bipartidismo, Partido Liberación Nacional (PLN) y Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), le ha dado un segundo aíre, posiblemente el último.  Sin embargo, los ha puesto entre la espada y la pared. La espada del nuevo Partido Progresista Social democrático (PSD), y la pared de un conjunto variopinto de fracciones legislativas más robustas, con la expectativa de que se conviertan en un contrapeso importante, para bien del régimen democrático.

La ciudadanía costarricense les ha planteado a los partidos políticos, más que una invitación, una exigencia: cambien de rumbo. Y, para ello, convoca a los partidos tradicionales y a los nuevos a dar muestras definitivas y serias de que hay voluntad de conjuntar esfuerzos para impulsar políticas dirigidas a bajar sustantivamente los índices de pobreza y desigualdad, sin continuar precarizando a los sectores medios.

Sí, cambiar de rumbo dejando de gobernar para élites de poder económico, crear verdaderas oportunidades para las mayorías empobrecidas y apostar de nuevo, con seriedad, por fortalecer un Estado Social de Derecho remozado. Es decir, volver sobre nuevos pilares a la política de salarios crecientes, la democratización de la educación y a los regímenes de seguridad social solidarios y universales.

De continuar ensanchando el cerco neoliberal, como lo hizo el pluripartidismo en la gestión de gobierno que está por terminar, la costa empobrecida se extenderá cada vez más al Valle Central, convirtiendo a todo el país en un “gueto” insoportable. Estamos a un paso de convertirnos, en definitiva, en esa otra Costa Rica.

Los movimientos y organizaciones de la sociedad civil han abierto una ventana de oportunidad para un diálogo social constructivo. Recientemente se ha difundido un documento (https://confluenciasolidaria.org/wp-content/uploads/2022/02/Aportes-plataforma-de-la-ciudadania-y-movimientos-sociales1.pdf) que recoge un conjunto de propuestas bien intencionadas, como un insumo a ser tomado en cuenta por toda la ciudadanía costarricense, así como por los partidos y lideres políticos que tendrán en sus manos proyectar la Costa Rica hacia mejores rumbos.

Ojalá, prevalezca la sensatez política, para concertar un nuevo pacto social desde abajo en el espíritu de un verdadero diálogo nacional. Y que no continúe prevaleciendo la arrogancia mesiánica de quienes todavía piensan que tienen la agenda completa, para darle el nuevo rumbo que requiere con urgencia este país. Hagamos patria, y de la buena, entre todas y todos.

Breve radiografía de la Democracia electoral costarricense

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

Los procesos electorales y las elecciones en Costa Rica han sido elemento clave del desarrollo de su vida democrática institucional, de afirmación de la democracia como modo de vida, y de ejercicio de participación ciudadana para la escogencia y nombramiento de las autoridades gubernativas, del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo.

Costa Rica, como país, ha tenido en la práctica una gran estabilidad política. Como grandes períodos históricos desde la Declaración de la Independencia, el 29 de octubre de 1821, hemos tenidos un primer período, inmediato a la Declaración de la Independencia, hasta 1823, que se caracterizó por el establecimiento de Juntas Superiores Gubernativas, como órganos colegiados de gobierno. A partir de 1823 y 1824 formamos parte de las Provincias Unidas de Centroamérica y de la República Federal de Centroamérica, donde nos constituimos como Estado de Costa Rica, situación que formalmente llegó hasta 1848 cuando el 30 y el 31 de agosto el Congreso y el Jefe de Estado y Presidente, Dr. José María Castro Madriz, declararon la ruptura definitiva de la Federación Centroamericana al declarar la Fundación de la República de Costa Rica.

En ese período ya habíamos salido de la República Federal en 1838, integrándonos nuevamente en 1842, cuando Francisco Morazán intentó de nuevo reactivar ese proyecto político regional, y salimos de esa intención con la caída de Morazán en setiembre de 1842.

Desde 1848 se empezó a desarrollar institucionalmente la República. Este proceso llegó hasta 1948, cuando por situaciones políticas y electorales, de la década de 1940-1948, se agudizó una crisis que condujo a un conflicto militar, durante los meses de marzo y abril de 1948, que condujo al establecimiento de una Junta de Gobierno, durante los años de 1948-1948, en manos de quienes se habían sublevado, atrasando por dos años la asunción en el Gobierno de Otilio Ulate Blanco, a quien le habían anulado la elección de 1948, lo que justificó el movimiento armado en defensa de esa elección, que se expresó en esa lucha armada.

La Junta de Gobierno declaró el 8 de mayo de 1948 la fundación de la llamada Segunda República, período histórico que llega hasta nuestros días.

Durante los períodos del Estado, 1824-1848, de la República, 1848-1948 y de la Segunda República, 1948-2022, el proceso electoral se fue perfeccionando y mejorando. De un voto exclusivo en pocas personas se llegó al voto directo, en 1913, al voto secreto, en 1924, y al voto universal en 1949. En 1890 surgieron los partidos políticos haciendo que desde entonces solamente a traves de partidos políticos se pueda aspirar a puestros de representación popular, de elección de gobiernos municipales, de diputados y de Presidente. Un mecanismo desarrollado en 1935 de establecer el 40% de votación para definir al ganador de la Presidencia de la República, contribuyó a darle gran estabilidad al sistema político electoral.

Restricciones electorales se establecieron en 1898 para partidos religiosos, impidiendo la participación de estos y prohibiendo aducir sentimientos religiosos en campañas electorales. Restricciones político-ideológicas se establecieron, en 1903, con motivo de unas huelgas, para la circulación de materiales anarquistas, socialistas y comunistas por el correo. Electoralmente esto se llevó al Gobierno de Cleto González Víquez, 1928-1932, que estableció que con el nombre de Partido Comunista no se podía participar en elecciones, obligando a este partido, que al fundarse en 1931, participara en los procesos electorales con el nombre de Bloque de Obreros y Campesinos, 1932-1942.

Este año, en el contexto de la II Guerra Mundial, cuando el gobierno de Rafael Angel Calderón Guardia, 1940-1944, declarada la guerra al eje nazi fascista en diciembre de 1941, se crearon condiciones para una alianza política extraordinaria, que culminó en 1943, cuando el Partido Comunista cambia de nombre a Vanguardia Popular, se alía al Gobierno y a la Iglesia Católica, impulsando una gran Reforma Social y un Código de Trabajo, junto a otras importantes reformas institucionales que había impulsado el Gobierno de Calderón Guardia. Esta alianza duró hasta 1948 cuando acabó el gobierno de Teodoro Picado Michalski, 1944-1948, a cuyo final se produjo la Guerra Civil.

Al terminar la segunda Guerra Mundial dió origen al período de la Guerra Fría. En este contexto la Junta de Gobierno puso fuera de la ley, al Partido Comunista de Costa Rica, por el Decreto Ley No. 105, de julio de 1948, y en la Constitución Política de 1949, con el segundo párrafo del Artículo 98, se prohibió la participación electoral de los partidos que por sus vinculaciones internacionales amenazaran la democracia, concepto que solo se aplicó al Partido Comunista o Vanguardia Popular, y partidos que se consideraban era su fachada electoral, hasta 1975.

Hasta 1948 la columna vertebral de los partidos políticos era el movimiento liberal clásico que venía desde el siglo XIX. Frente a ellos surgieron las primeras manifestaciones contestarias, partidos obreros, partidos reformistas, socialistas y el comunista. También surgieron las corrientes político-ideológicas social cristianas y socialdemócratas.

La prohibición de participación de los comunistas, y por ampliación, a las fuerzas políticas de izquierda se mantuvo hasta 1975.

Electoralmente, el dominio político nacional hasta 1948 estuvo en manos de las fuerzas político-liberales, en sus términos más generales. Desde 1953 hasta el 2014, 15 gobiernos, el control del gobierno, del Poder Ejecutivo, estuvo en manos de dos partidos políticos, Liberación Nacional, y la oposición política a éste en tres coaliciones, y por el Partido Unidad Social Cristiana, dando origen a lo que se ha llamado el bipartidismo nacional. Los últimos dos gobiernos, 2014-2022, los ha tenido el Partido Acción Ciudadana, con lo cual tres partidos son los que han ejercido el control del Poder Ejecutivo nacional. Así, Liberación Nacional ha gobernado nueve de los 17 gobiernos habidos desde 1953, la Unidad Social Cristiana seis y el partido Acción Ciudadana dos.

A nivel legislativo el bipartidismo nacional se manifestó en que hasta 1998, esos dos partidos, Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana, tenían por sí o juntos la mayoría legislativa. Desde ese año la Asamblea Legislativa no la controla ningún partido político en particular, constituyéndose de hecho una situación en la cual todos los partidos políticos allí representados son “minoritarios”, pero con capacidad de realizar alianzas parlamentarias, que contribuyen a la gobernabilidad nacional.

A nivel de participación electoral desde 1948 ha venido creciendo el número de partidos políticos, con candidatos presidenciales, desde dos partidos hasta 25 partidos como están participando en el actual proceso electoral, que se resuelve el próximo 6 de febrero. A nivel legislativo, aparte de los partidos nacionales también participan partidos regionales, específicos de las siete provincias que tiene el país. El algunas de esas provincias hay hasta 30 partidos políticos luchando por sus diputaciones, 57 en total en el país.

A nivel de participación ciudadana el país goza de un alto nivel de participación. Desde 1953 hasta el 2018 el abstencionismo electoral ronda el 23%, comprendiendo a los que votan en blanco o anulan su voto en urna, y de los que del todo se abstienen de ejercer su derecho al sufragio. Desde 1953 hasta 1998 el promedio de abstencionistas rondaba el 18% y desde 1998 hasta el 2018 era de un 31%.

Los procesos electorales a nivel presidencial se definen por quien saque el 40% de los votos válidamente emitidos. Cuando esto no ha sucedido, elecciones del 2002, 2014 y 2018 se pasa a una segunda ronda con los dos resultados más altos de la primera ronda. De esta manera, de hecho, en términos generales, el 70% de la población votante ejerce su derecho al sufragio, aunque en momentos cercanos al día de las votaciones pueda estar indefinida en torno a su decisión de por quién votar.

En esta misma historia electoral la alternabilidad de partidos políticos en el ejercicio de Gobierno ha sido la huella fundamental. En esto, todo el período desde 1953 hasta el 2018 conoce momentos en que un partido se reelige en el gobierno una vez, pero nunca se ha dado que se reelija dos veces consecutivas, que es el reto que tiene al actual partido Acción Ciudadana, gobernante en este momento. El reto se amplía a retornar a los partidos que han ejercido el gobierno, Liberación Nacional o la Unidad Social Cristiana, antes de elegir nuevas fuerzas políticas o de improvisar partidos sin experiencia en Gobierno o la Asamblea Legislativa, o que amenacen aspectos fundamentales de la convivencia y vida democrática y de Derechos Humanos de la sociedad costarricense.

Finalmente, el número de votantes es de 3.500.000, ligeramente un poco más de mujeres que de hombres. Poco más de la mitad de los votantes son mayores de 40 años. Los que por primera vez votan, mayores de 18 años, rondan los 250.000, y son los que históricamente muestran su mayor abstencionismo.

A nivel social la Población Económicamente Activa, que es también votante, al momento de iniciar la pandemia, giraba alrededor de 2.500.000 de personas. De ellas una tercera parte es de mujeres. De estas mujeres el 52%, 350.000, son cabeza de familias, principales ingresos de sus hogares aún cuando tienen esposo o compañero. En marzo del 2020 había 220.000 desempleados.

Con la pandemia la desocupación llegó a finales del 2020 a 600.000 y otros miles fueron afectados con reducción de jornadas de trabajo, y reducción de sus salario o ingresos. A finales del 2021 los desempleados alcanzaban la cifra de los 450.000 y las cabezas de familia se habían reducido a 250.000.

La situación social actual muestra que 1.500.000 de personas tiene ingresos de ¢120.000 (ciento veinte mil colones ó $200 dólares) mensuales, que son literalmente salarios o ingresos de extrema pobreza, que no garantizan una vida digna, decorosa, decente.

Las clases medias bajo los últimos dos gobiernos de Acción Ciudadana han salido altamente golpeadas, con sus diversas políticas económico-sociales, las han reducido en sus aspiraciones y las conducen hacia los niveles de pobreza nacional.

Frente a esta situación social los 25 partidos políticos, que están participando en las elecciones, no tienen un planteamiento público para sus electores, para ver cómo se recuperan, al menos, los índices del económico sociales del 2019.

Estos son parte de los retos que afrontan las nuevas autoridades gubernamentales que puedan ser electas el próximo domingo 6 de febrero. Este es el nudo fundamental del proceso electoral, sobre el que no se oyen mensajes positivos.

Cinco propuestas para la ciudadanía costarricense

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Foro de Confluencia Solidaria y Red MMT Costa Rica
01 de febrero de 2022
Tiempo de lectura: 13 minutos

Durante las últimas cuatro décadas, Costa Rica -al igual que la mayoría de países del Sur Global- ha perseguido un modelo de desarrollo basado en el crecimiento con base en las exportaciones, liberalización de la inversión extranjera directa y de los mercados financieros, apertura de empresas estatales y promoción del turismo. A pesar de algunas ventajas y periodos de crecimiento, este modelo ha resultado en una de las mayores crisis vividas por la sociedad costarricense desde la segunda mitad del siglo XX. Entre los aspectos más determinantes de esta crisis se pueden señalar:

  • niveles de pobreza y desempleo persistentemente altos, así como una desigualdad social que ha crecido en las últimas décadas, con la correspondiente inseguridad laboral, financiera, física y alimentaria de un importante porcentaje de la población, especialmente de mujeres, trabajadores migrantes, grupos minoritarios, personas vulnerables y fuera de la edad productiva;
  • un deterioro de la capacidad pública para garantizar el acceso universal a la vivienda y el empleo dignos, la salud, la educación, el crédito, la seguridad y otros elementos esenciales para una vida gratificante;
  • una creciente desconfianza en las instituciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras, en los mecanismos garantes de la democracia y en los partidos políticos, así como un aumento en la inseguridad ciudadana y los índices de violencia.

Estas y otras realidades requieren de una observación responsable, de intercambios respetuosos, solidarios y de un cambio profundo en la comprensión del marco institucional y de las herramientas legales, económicas y políticas que están al alcance de la colectividad para la búsqueda del bienestar de todas las personas. Costa Rica tiene la capacidad para ofrecer vivienda, salud y educación de calidad a todos sus habitantes, empleo para todas las personas con deseo de trabajar y seguridad social para quienes por diferentes razones no pueden hacerlo. Para ello, debemos colocar la ley y la economía al servicio de las personas, y no a las personas al servicio de éstas. En este sentido, el eje de economía del Foro de Confluencia Solidaria y la Red MMT Costa Rica hacen un llamado a la ciudadanía, a los partidos políticos y a las candidaturas a puestos de elección popular a reflexionar críticamente y tomar en consideración las siguientes propuestas que consideramos esenciales para construir una sociedad más próspera, justa y resiliente.

1. Garantía pública de empleo

La garantía pública de empleo o política de trabajo garantizado (TG) es una alternativa al desempleo cada vez más discutida en el plano internacional. Actualmente, el desempleo se utiliza como un estabilizador de precios. Es decir, para controlar la inflación se toman medidas que aumentan o mantienen el desempleo para disminuir el consumo de la población y de este modo evitar un aumento en los precios de los servicios y bienes de consumo (a lo que nos referimos comúnmente como inflación). En cambio, la garantía pública de empleo busca cumplir el mismo objetivo de estabilización de precios con una opción de empleo transicional distinta del régimen de empleo público. El programa funciona como estabilizador automático, aumentando el número de personas empleadas en él cuando baja la actividad del sector privado y reduciéndose cuando ésta crece.

Su objetivo es emplear toda la capacidad productiva del país ofreciendo un trabajo temporal con salario digno a todas las personas que así lo requieran. El programa debe ser lo más pequeño posible y ocuparse de actividades no realizadas por el sector público ni privado. Se puede implementar por etapas, con diferentes mecanismos de pago y enfocarse en áreas de trabajo estratégicas de construcción de capacidad productiva, infraestructura, descarbonización, economía de los cuidados, educación y cultura, entre otros. Es un programa financiado por el gobierno central y administrado localmente según las necesidades específicas de cada comunidad. Finalmente, el programa de garantía pública de empleo podría ser complementado con una renta o ingreso básico para aquellas personas que no puedan participar en el programa.

2. Reconcebir las finanzas públicas

Los fundamentos económicos de la austeridad fiscal han sido ampliamente refutados desde hace al menos dos décadas. El análisis convencional de las finanzas públicas parte de la premisa de que un gobierno se debe comportar igual a un hogar o una empresa del sector privado. En otras palabras, se sostiene que el gobierno debe mantener el mismo tipo de equilibrio presupuestario que el resto de los agentes de la economía.

No obstante, si se considera la economía en su conjunto, los balances positivos de un sector (público, privado o externo) deben venir necesariamente de alguno de los otros sectores. Esto quiere decir que para que un gobierno tenga balances positivos (superávit), es necesario que el sector privado nacional o el sector externo (o ambos) tengan balances negativos (déficit). Por lo tanto, si se quiere apelar al “saneamiento” de las finanzas públicas debe tomarse en cuenta que un balance positivo del gobierno significa, entre otras cosas, una disminución de la capacidad financiera de la población como un todo y, en especial, de los sectores más vulnerables.

Por esta razón, la mayor parte de las economías a nivel mundial han operado históricamente y operan en la actualidad con déficits públicos sostenidos (con excepción de períodos breves de algunas potencias exportadoras) sin que esto implique una amenaza para su estabilidad en el futuro. Al contrario, las medidas de austeridad fiscal implementadas alrededor del mundo han tenido consecuencias negativas. El ejemplo más claro ha sido Europa durante la crisis del euro, donde las medidas de austeridad han ralentizado su recuperación económica y su efecto ha sido especialmente devastador en países como Grecia, Italia o España.

Debido a su naturaleza procíclica, las reglas fiscales han tenido un efecto negativo en las economías en que han sido utilizadas. En momentos de depresión económica, han causado una disminución aún mayor en el consumo cuando lo que la economía requiere es lo opuesto, tal y como se ha observado en el contexto de la pandemia.

No existe ninguna base teórica ni respaldo empírico suficiente para establecer una restricción arbitraria de la capacidad financiera de un gobierno. Por el contrario, si queremos una sociedad que asegure el bienestar de su población (incluyendo sus generaciones futuras), es necesario que se invierta en crear las condiciones necesarias en términos de vivienda, salud, educación, empleo, infraestructura y otros.

3. Aumentar la capacidad productiva local en áreas estratégicas

La pandemia ha dejado claro que es vital que los países posean un alto grado de capacidad para producir dentro de su territorio el alimento y la energía que consumen, así como ciertas tecnologías cruciales para el bienestar de la población, en particular medicamentos y vacunas. Para esto se requiere de un plan nacional que contemple inversión en educación, investigación científica y tecnológica endógenas en áreas de importancia estratégica, promoción de sistemas de agricultura sostenibles y ecológicos de alimentos esenciales con una baja huella de carbono y de capacidad de producción farmacéutica a nivel público.

Para disminuir la vulnerabilidad que representa la dependencia energética del país, es imprescindible reducir drásticamente la importación de combustibles fósiles a través de medidas como desincentivar el transporte privado individual, implementar un programa de transporte colectivo urbano eficiente, promover el uso de la bicicleta, la producción local de biocombustibles de forma sostenible y el transporte eléctrico. Solo con un mayor grado de capacidad alimentaria, energética y tecnológica local se logrará fortalecer el estado de bienestar y dotar al país de la resiliencia necesaria para soportar crisis y shocks externos. Algunas de las áreas en las cuales Costa Rica tiene una amplia capacidad de competir son la industria y el turismo médicos, la educación, el desarrollo de energías renovables, la informática y otros.

Además, el gobierno debe mejorar su capacidad de gestión. Parte de la solución debe involucrar una estrategia, preferiblemente aprovechando y expandiendo el ecosistema actual de código abierto, para desarrollar los sistemas informáticos que permitan digitalizar procesos y facilitar la coordinación entre las diferentes entidades públicas. Esto, a su vez, requerirá de una expansión de la infraestructura digital del país, que puede ser también aprovechada por el sector privado. Las pequeñas y medianas empresas se verían especialmente beneficiadas, ya que la infraestructura que tenemos actualmente está orientada a las necesidades de empresas de mayor tamaño.

Todas estas medidas aumentarían la capacidad productiva del país para tener una economía más resistente a eventos fuera del control interno como, por ejemplo, incrementos de precios en los mercados internacionales. La capacidad para ejecutar esta estrategia ya existe en el país, pero hasta el momento no ha existido la voluntad política para dirigir los recursos necesarios.

4. Reducir progresivamente el endeudamiento en monedas extranjeras

Actualmente, el endeudamiento en moneda extranjera se justifica apelando a dos motivos principales. El primero es reducir el gasto público por concepto de pagos de interés sobre la deuda. El segundo es por la necesidad de importación de distintos bienes y servicios. El problema del endeudamiento en moneda extranjera, tanto público como privado, es que tiene un efecto distorsionante de las prioridades colectivas, pues ante la necesidad de invertir en políticas que mejoren la capacidad productiva y la calidad de vida de las personas, se impone un incentivo de protección del tipo de cambio. Proteger el tipo de cambio tiene la utilidad de estabilizar el precio de los bienes y servicios esenciales que son importados, pero también es una herramienta que protege el precio de las importaciones de lujo. Para proteger el tipo de cambio, generalmente se imponen políticas de austeridad que afectan negativamente a las poblaciones más vulnerables y que son susceptibles a la especulación financiera de diferentes entidades nacionales e internacionales.

Además, la deuda pública en moneda extranjera tiende a estar condicionada a la implementación de políticas -generalmente de austeridad- dictadas por entidades internacionales que no están sujetas a procesos democráticos. Todo esto crea un círculo vicioso donde la economía no tiene la capacidad necesaria para aumentar su productividad y se vuelve más dependiente de las importaciones. Dicha dinámica se agrava en períodos de crisis, en los cuales se genera un mayor endeudamiento para continuar importando. Este efecto negativo fue experimentado con fuerza durante la crisis de la deuda externa latinoamericana a principios de la década de 1980, desencadenada por la decisión de la Reserva Federal de los Estados Unidos de aumentar abruptamente las tasas de interés en dólares en el marco de una crisis inflacionaria global. En general, el país no tiene control real sobre las tasas de interés en dólares, por lo cual su aumento desestabiliza directamente la economía local. En contraste, las economías desarrolladas no tienen deuda pública en moneda extranjera a pesar de que también requieren de importaciones.

Por otra parte, el endeudamiento externo no es la única vía para reducir el costo de la deuda y tampoco para importar bienes y servicios. Para cumplir con sus objetivos de estabilidad macroeconómica, el Banco Central de Costa Rica (BCCR) implementa política monetaria que busca aumentar o disminuir las tasas de interés a corto plazo en la economía. Para esto, vende bonos de estabilización monetaria que afectan las reservas del sistema bancario y provocan un aumento en las tasas de interés (una mayor cantidad de reservas presiona a la baja las tasas de interés, mientras que una menor cantidad de reservas las presiona al alza). El gasto público aumenta las reservas del sistema bancario, mientras que el cobro de impuestos y la venta de bonos por parte de Hacienda (un aumento en la deuda pública) contrarresta dicho aumento. El efecto de estos bonos en la economía es el mismo, independientemente de que los emita el Ministerio de Hacienda o el BCCR. Entonces, el BCCR podría coordinar la venta de bonos con Hacienda, lo cual en general bajaría las tasas de interés de los bonos de Hacienda al mismo nivel que la tasa de los bonos de estabilidad monetaria que emite. Si esto no es suficiente, el BCCR podría comprar bonos de Hacienda directamente en el mercado primario (tal como se hace, por ejemplo, en Canadá) y luego venderlos o emitir sus propios bonos de estabilidad monetaria para cumplir con sus objetivos. Finalmente, también se debe considerar el uso de herramientas de política monetaria alternativas a cambios en las tasas de interés como controles directos de crédito u otros.

En cuanto a la necesidad de importaciones, una alternativa al endeudamiento es la compra de las divisas extranjeras necesarias. Evidentemente, esto implica un riesgo de presión al alza en el tipo de cambio (devaluación) que, a su vez, representa un riesgo de estabilidad financiera según el nivel de endeudamiento público y privado en moneda extranjera. Debido a esto y a que el tipo de cambio responde a factores que están fuera de nuestro control, tal como lo hemos visto durante la pandemia, es necesario reducir progresivamente el endeudamiento en moneda extranjera. Paralelamente, el aumento en los costos de las importaciones puede ser manejado con políticas dirigidas específicamente a determinados bienes o servicios.

5. Implementación de medidas para aumentar la progresividad

El fenómeno de la desigualdad es una problemática global que se ha intensificado durante las últimas décadas. Todavía en la década de los ochenta, Costa Rica estaba posicionada como uno de los países más igualitarios de la región. A partir de los noventa, esta condición se fue deteriorando al punto en que hoy el país se encuentra entre los más desiguales del mundo. Esto se relaciona directamente con altos grados de inseguridad, violencia y desconfianza en las instituciones.

La concentración de poder económico ocasiona una concentración de poder político que debilita la democracia y la economía. Esto opera en diferentes niveles, pero puede llegar al extremo de manifestarse en casos de corrupción y colusión como los que recientemente se han denunciado entre poderosas empresas privadas y sectores del aparato estatal. Además, este exceso de poder adquisitivo en pocas manos se traduce en un consumo insostenible y en un deterioro de los recursos naturales del país. Ante esta situación, se hace necesaria la implementación de impuestos progresivos según los cuales los ciudadanos con mayor riqueza paguen más impuestos, mientras que aquellos que tienen una menor capacidad adquisitiva paguen menos. Esto difiere de impuestos regresivos como el IVA, con el cual las poblaciones con menores recursos pagan un monto relativo a sus ingresos mayor que el de otros sectores de la población. Un ejemplo de un impuesto progresivo sería un impuesto escalonado sobre la riqueza.

Otra ventaja de los impuestos progresivos es que tienen un carácter contracíclico: su recaudación disminuye en períodos de menor actividad económica y aumenta en períodos de mayor actividad. Por último, también es importante implementar políticas predistributivas cuyo objetivo sea empoderar y promover el bienestar de nuestras comunidades, así como implementar políticas que regulen el poder y la influencia de los diferentes actores de la sociedad.

El próximo Timonel de la Patria, ¿el número 95, el 83, el 71, el 66 o el 19?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

El próximo Timonel de la Patria se sumará a la lista de Jefes de Estado y Presidentes de la República que ha dirigido la Nación costarricense, como Autoridades Superiores, desde el Estado, cuando así se estructuró la organización político institucional del país, desde 1824 hasta 1848, denominándose Jefe de Estado a su conductor, o desde la República, así establecida desde el 31 de agosto de 1848, denominándose Presidente de la República a quien la dirige.

A estas Autoridades Superiores hay que agregar y considerar a quienes dirigieron Costa Rica desde el momento mismo que se declaró la Independencia, el 29 de octubre de 1821.

La noticia de la Declaración de Independencia hecha en Guatemala el 15 de setiembre nos llegó el 13 de octubre, la que se puso en conocimiento de los pueblos para que nombraran sus delegados que se reunirían en Cartago el 29 de octubre para decidir sobre esta importante noticia, Independencia de Costa Rica que se hizo en este fecha. A cargo de Costa Rica se encontraba el último Gobernador colonial, Juan Manuel de Cañas.

Declarada la Independencia se procedió a comunicar la Decisión de Cartago a los pueblos para su respectiva Jura, quedando hasta el 12 de noviembre el Gobernador con el cargo de Jefe Político Subalterno. En esta fecha, 12 de noviembre por el rechazo de San José y Alajuela a la autoridad de Juan Manuel de Cañas y su desconocimiento como Autoridad a cargo, se dispuso integrar la primera forma de gobierno nacional, Junta de Legados de los Pueblos, del 12 de noviembre al 1 de diciembre de 1821, a la cual le siguieron la Junta Interina, del 1 de diciembre de 1821 al 5 de enero de 1822, la Junta Electoral, del 5 al 12 de enero de 1822, la Junta Superior Gubernativa, del 13 de enero de 1822 al 14 de marzo de 1822. Durante todo el año 1822 hubo cuatro Presidentes de esta Junta. Esa primera Junta fue la que preparó la redacción de la Primera Constitución Política, la del Pacto social Fundamental Interino de Costa Rica o Pacto de Concordia, del 1 de diciembre de 1821.

Del 14 al 29 de marzo de 1823 funcionó la Diputación Provincial a cargo de un Presidente y, del 29 de marzo al 5 de abril a cargo de dos Comandantes Generales de las Armas y hasta el 6 de mayo de 1823 a cargo del Presidente del Congreso Constituyente.

Luego le siguió la Junta Superior Gubernativa hasta el 8 de setiembre de 1824, cuando se estableció el Estado de Costa Rica, desarrollándose la Jefatura de Estado Interina hasta el 7 de abril de 1825 y luego la Jefatura de Estado constitucional.

Durante este período del Estado de Costa Rica ejercieron la Primera Magistratura figuras con el nombre de Jefe de Estado Interino, Jefe de Estado Constitucional, Jefe de Estado Provisorio, Vice Jefe de Estado Constitucional Encargado del Poder Ejecutivo, Jefe Supremo de las Armas, Senador Encargado del Poder y Presidente del Estado, según los distintos momentos de la Historia Nacional y según hubiese un Gobierno Constitucional o un Gobierno provisorio, donde se gobernaba con Constitución Política o sin ella.

A partir del 31 de agosto de 1848 se estableció la República de Costa Rica. Quienes asumieron la representación del Poder Ejecutivo, en sus distintos momentos, se les llamó Presidente de la República, Representante Encargado del Supremo Poder de la República, Vicepresidente en Ejercicio del Poder, Presidente Constitucional, Presidente Provisorio, de acuerdo a los distintos momentos históricos y de conformidad a la existencia o no de una Constitución Política vigente.

La República en su aspecto formal llegó hasta el 8 de mayo del 1948 cuando se declaró la Segunda República, que llega hasta nuestros días.

Siendo así el desarrollo del Poder Ejecutivo, y de quienes lo han dirigido, hemos tenido durante el período 1821 hasta 1824, trece personas, en orden cronológico, independientemente de si se repetían en el cargo, que dirigieron los primeros gobiernos, o Juntas, antes de la constitución del Estado de Costa Rica. Dos de ellas repitieron el cargo una vez.

Durante el período del Estado de Costa Rica, que coincidió también cuando formábamos parte de la República Federal de Centroamérica, hubo 17 personas que asumieron el cargo de dirigir el Poder Ejecutivo durante esta época. De estas, cuatro repitieron el cargo una o dos veces.

No considero para estos datos a los pocos Presidentes de la República Federal de Centroamérica, 1824 -1838, que en sentido formal también fueron Presidentes para los costarricenses en tanto formábamos parte de esa República, como Estado.

El único que ejerció la Presidencia del Estado fue el Dr. José María Castro Madriz.

Durante la República de Costa Rica, la que podría considerarse la Primer República, 1848 – 1948, ejercieron cronológicamente el cargo de Presidente 45 personas, de las cuales once repitieron el cargo.

Durante la Segunda república, desde 1948 hasta el gobierno del 2018-2022 inclusive, 19 personas han ejercido la dirección del Poder Ejecutivo, considerándolo desde la Junta de Gobierno, de las cuales dos han repetido su Magistratura, uno dos veces y otro una.

De esta manera si consideramos la continuidad de gobiernos o administraciones desde 1821 hemos tenido 94 Gobiernos o períodos gubernativos a cargo de un Jefe o Presidente del Poder Ejecutivo, y por ello 94 personas que han dirigido estos gobiernos.

Si consideramos que algunas de estas personas ejercieron el cargo varias veces, una o dos veces, hemos tenido 69 personas que han desempeñado el principal puesto del Poder Ejecutivo. De esta forma, el próximo Presidente de la República puede ser el número 95, por ser el Gobierno número 95 que se ha dado desde 1821, o puede ser el número 71 si consideramos el número de personas que se han desempeñado en el alto cargo de presidir o jefear el Poder Ejecutivo Nacional desde ese año.

Si solo consideramos el período de la Segunda República, a partir de 1949, desde esa época hemos tenido 17 gobiernos constitucionales, partiendo del Gobierno que se eligió en 1953, por lo que el próximo será el 18, y a cargo de ellos hemos tenido 15 personas, por los dos que han repetido la Presidencia, José Figueres y Oscar Arias, por lo que el próximo Presidente será el 16 de la Segunda República.

En cuanto a Presidentes de la República, desde que el Dr. José María Castro Madriz la Presidió como Presidente de Estado y como Presidente de la República, hemos tenido 65 Presidentes, por lo que el próximo será el 66.

Finalmente, solamente durante el período de las Juntas de Gobierno, 1821 –1824 estuvieron en el gobierno Presbíteros o sacerdotes ejerciendo la presidencia del mismo.

Lista de Autoridades Superiores de Costa Rica, que han ejercido la jefatura o Presidencia de los órganos del Poder Ejecutivo de Costa Rica, desde los primeros gobiernos 1821-1824, hasta la Jefatura de Estado y la Presidencia de la República

Timoneles de la Patria – en orden cronológico numerado

Lista de los Presidentes de las Juntas de gobierno (1821-1824), de los Jefes de Estado (1824 – 1848) y de los Presidentes de la República (1848 – 2018)

Presidieron las Juntas de Gobierno 1821 – 1824 las siguientes personas:

01 – Presbítero Nicolás Carrillo Aguirre, Presidente Junta de Legados de los Pueblos, 12 noviembre – 1 diciembre 1821
02 – Presbítero Pedro José Alvarado, Presidente de la Junta Interina, 1 diciembre 1821 – 5 enero 1822
03 –Rafael Barroeta Castilla, Presidente Junta Electoral, 5 –12 enero 1822
04 –Rafael Barroeta Castilla, Presidentes de la Junta, 13 enero –31 diciembre 1822
05 –Santiago Bonilla Laya, Presidentes de la Junta, 13 enero –31 diciembre 1822
06 –José María Peralta, Presidentes de la Junta, 13 enero –31 diciembre 1822
07 –José Rafael Gallegos, Presidentes de la Junta, 13 enero –31 diciembre 1822
08 –José santos Lombardo, Presidente de la Junta Superior Gubernativa, 1 enero –14 marzo 1823
09 –Rafael Francisco Osejo, Presidente de la Diputación Provincial o Triunvirato, 14 marzo –29 marzo 1823
10 –Joaquín de Oreamuno, Comandante General de las Armas, 29 marzo –5 abril 1823
11 – Gregorio José Ramírez, Comandante General de las Armas, 2 – 16 abril 1823
12 –José María Peralta, Presidente Congreso Constituyente, 16 abril – 6 mayo 1823
13 –Presbítero Manuel Alvarado H., Presidente Junta Superior Gubernativa, 16 mayo 1823 –8 setiembre 1824

Jefes de Estado, 1824 –1848

01 – Juan Mora Fernández 1824 – 1833
01 – Juan Mora Fernández 8 setiembre 1824 – 7 abril 1825 Jefe de Estado Interino
02 – Juan Mora Fernández 7 abril 1825 – 8 marzo 1829 Jefe de Estado Constitucional
03 – Juan Mora Fernández 8 marzo 1829 – 8 marzo 1833 Jefe de Estado Constitucional
04 – José Rafael de Gallegos Alvarado 8 marzo 1833 – 4 marzo 1835 Jefe de Estado Constitucional
05 – Juan José Lara Arias 4 – 17 marzo 1835 Jefe de Estado Provisorio
06 – Manuel Fernández 18 marzo – 5 mayo 1835 Vice Jefe de Estado Constitucional Encargado Poder Ejecutivo
07 – Braulio Carrillo Colina 5 mayo 1835 – 28 feb 1837 Jefe de Estado Constitucional
08 – Joaquín Mora Fernández 1 marzo – 17 abril 1837 Jefe de Estado Provisorio
09 – Manuel Aguilar Chacón 17 abril 1837 – 27 mayo 1838 Jefe de Estado Constitucional
10 – Braulio Carrillo Colina 27 mayo 1838 – 12 abril 1842 Jefe de Estado Provisorio
11 – Francisco Morazán Quesada 12 abril – 11 setiembre 1842 Jefe de Estado Provisorio
12 – Antonio Pinto Suárez 11 – 27 setiembre 1842 Jefe Supremo de las Armas
13 – José María Alfaro Zamora 27 setiembre 1842 – 28 noviembre 1844 Jefe de Estado Provisorio
14 – Francisco María Oreamuno Bonilla 29 noviembre 17 diciembre 1844 Jefe de Estado Constitucional renunció
15 – Rafael Moya Murillo 17 diciembre 1844 – 30 abril 1845 Senador encargado PE
16 – José Rafael de Gallegos Alvarado 1 mayo 1845 – 7 junio 1846 Senador encargado Poder Ejecutivo
17 – José María Alfaro Zamora 7 junio 1846 – 8 mayo 1847 Jefe de Estado Provisorio

Presidente de Estado

01 – José María Castro Madriz 8 mayo 1847 – 31 agosto 1848 Presidente de Estado

Presidentes de la República

01 – José María Castro Madriz 31 agosto 1848 – 16 noviembre 1849 Presidente de la Rep.
02 – Miguel Mora Porras 16 – 26 noviembre 1849 Representante Encargado del Poder Ejecutivo
03 – Juan Rafael Mora Porras 1849 – 1959
03 – Juan Rafael Mora Porras 26 noviembre 1849 – 30 diciembre 1849 Vice Presidente en Ejercicio
04 – Juan Rafael Mora Porras 30 noviembre 1849 – 8 mayo 1853 Presidente Constitucional Primer Período
05 – Juan Rafael Mora Porras 8 mayo 1853 8 mayo 1859 Presidente Constitucional Segundo Período
06 – Juan Rafael Mora Porras 9 mayo – 14 agosto 1859 Presidente Constitucional Tercer Período
07 – José María Montealegre Fernández 1859 – 1863 Provisorio
08 – José María Montealegre Fernández 14 agosto 1859 – 29 abril 1860 Presidente Provisorio
09 – José María Montealegre Fernández 29 abril 1860 8 mayo 1863 Presidente Constitucional
10 – Jesús Jiménez Zamora 8 mayo 1863 – 8 mayo 1866 Presidente Constitucional
11 – José María Castro Madriz 8 mayo 1866 – 1 noviembre 1868 Presidente Constitucional
12 – Jesús Jiménez Zamora 1868 – 1870 Presidente Provisorio
13 – Jesús Jiménez Zamora 1 noviembre 1868 – 15 abril 1869 Presidente Provisorio
14 – Jesús Jiménez Zamora 15 abril 1869 – 27 abril 1870 Presidente Constitucional
15 – Bruno Carranza Ramírez 27 abril – 9 agosto 1870 Presidente Provisorio
16 – Tomás Guardia Gutiérrez 1870 – 1876
16 – Tomás Guardia Gutiérrez 9 agosto 1870 – 8 mayo 1872 Presidente Provisorio
17 – Tomás Guardia Gutiérrez 8 mayo 1872 – 8 mayo 1876 Presidente Constitucional
18 – Aniceto Esquivel Sáenz 8 mayo – 30 julio 1876 Presidente Constitucional
39 – Vicente Herrera Zeledón 30 julio 1876 – 11 setiembre 1877 Presidente Provisorio
20 – Tomás Guardia Gutiérrez 11 setiembre 1877 – 6 julio 1882 Presidente Provisorio
21 – Saturnino Lizano Gutiérrez 6 – 20 julio 1882 Presidente Provisorio
22 – Próspero Fernández Oreamuno 1882 – 1885
22 – Próspero Fernández Oreamuno 20 julio – 10 agosto 1882 Presidente Provisorio
23 – Próspero Fernández Oreamuno 10 agosto 1882 – 12 marzo 1885 Presidente Constitucional
24 – Bernardo Soto Alfaro 1885 – 1889
24 – Bernardo Soto Alfaro 12 marzo 1885 – 8 mayo 1886 Presidente Constitucional
25 – Bernardo Soto Alfaro 8 mayo 1886 – 8 mayo 1890 Presidente Constitucional
26 – Carlos Durán Cartín 1889 – 1890
27 – José Joaquín Rodríguez Zeledón 8 mayo 1890 – 1 8 mayo 1894 Presidente Constitucional
28 – Rafael Yglesias Castro 1894 – 1902 Presidente Constitucional
28 – Rafael Yglesias Castro 8 mayo 1894 – 8 mayo 1898 Presidente Constitucional
29 – Rafael Yglesias Castro 8 mayo 1898 – 8 mayo 1902 Presidente Constitucional
30 – Ascensión Esquivel Ibarra 8 mayo 1902 – 8 mayo 1906 Presidente Constitucional
31 – Cleto González Víquez 8 mayo 1906 – 8 mayo 1910 Presidente Constitucional
32 – Ricardo Jiménez Oreamuno 8 mayo 1910 – 8 mayo 1914
33 – Alfredo González Flores 8 mayo 1914 – 27 enero 1917
34 – Federico A. Tinoco Granados 27 enero 1917 – 8 junio 1917 Presidente Provisorio
35 – Federico A. Tinoco Granados 8 junio 1917 – 20 agosto 1919 Presidente Constitucional
36 – Juan Bautista Quirós S. 20 agosto – 2 setiembre 1919 Presidente Constitucional
37 – Francisco Aguilar Barquero 2 setiembre 1919 – 8 mayo 1920 Presidente Provisorio
38 – Julio Acosta García 8 mayo 1920 – 8 mayo 1924 Presidente Constitucional
39 – Ricardo Jiménez Oreamuno 8 mayo 1924 – 8 mayo 1928 Presidente Constitucional
40 – Cleto González Víquez 8 mayo 1928 – 8 mayo 1932 Presidente Constitucional
41 – Ricardo Jiménez Oreamuno 8 mayo 1932 – 8 mayo 1932 Presidente Constitucional
42 – León Cortés Castro 8 mayo 1936 – 8 mayo 1940 Presidente Constitucional
43 – Rafael Ángel Calderón Guardia 8 mayo 1940 – 8 mayo 1944 Presidente Constitucional
44 – Teodoro Picado Michalski 8 mayo 1944 – 20 abril 1948 Presidente Constitucional
45 – Santos León Herrera 20 abril – 8 mayo 1948 Presidente Constitucional

Junta Fundadora de la Segunda República

46 – José Figueres Ferrer 8 mayo 1948 – 8 noviembre 1949 Presidente Junta Fundadora de la Segunda República

Presidentes de la Segunda República

01 – Otilio Ulate Blanco 8 noviembre 1949 – 8 noviembre 1953 Presidente Constitucional
02 – José Figueres Ferrer 8 noviembre 1953 – 8 mayo 1958 Presidente Constitucional
03 – Mario Echandi Jiménez 8 mayo 1958 – 8 mayo 1962 Presidente Constitucional
04 – Francisco José Orlich Bolmarcich 8 mayo 1962 – 8 mayo 1966 Presidente Constitucional
05 – José Joaquín Trejos Fernández 8 mayo 1966 – 8 mayo 1970 Presidente Constitucional
06 – José Figueres Ferrer 8 mayo 1970 – 8 mayo 1974 Presidente Constitucional
07 – Daniel Oduber Quirós 8 mayo 1974 – 8 mayo 1978 Presidente Constitucional
08 – Rodrigo Carazo Odio 8 mayo 1978 – 8 mayo 1982 Presidente Constitucional
09 – Luis Alberto Monge Álvarez 8 mayo 1982 – 8 mayo 1986 Presidente Constitucional
10 – Oscar Arias Sánchez 8 mayo 1986 – 8 mayo 1990 Presidente Constitucional
11 – Rafael Ángel Calderón Fournier 8 mayo 1990 – 8 mayo 1994 Presidente Constitucional
12 – José María Figueres Olsen 8 mayo 1994 – 8 mayo 1998 Presidente Constitucional
13 – Miguel Ángel Rodríguez Echeverría 8 mayo 1998 – 8 mayo 2002 Presidente Constitucional
14 – Abel Pacheco De la Espriella 8 mayo 2002 – 8 mayo 2006 Presidente Constitucional
15 – Oscar Arias Sánchez 8 mayo 2006 – 8 mayo 2010 Presidente Constitucional
16 – Laura Chinchilla Miranda 8 mayo 2010 – 8 mayo 2014 Presidente Constitucional
17 – Luis Guillermo Solís Rivera 8 mayo 2014 – 8 mayo 2018 Presidente Constitucional
18 – Carlos Alvarado Quesada 8 mayo 2018 – 8 mayo 2022 Presidente Constitucional

Si solo lo consideramos a partir de la constitución del Estado de Costa Rica, en 1824, hasta hoy, ha habido 82 gobiernos por lo que el próximo gobernante sería el número 83, considerando la continuidad de gobiernos.

Honduras socialista y democrática

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Fernando Astorga Gatjens

El compromiso, claro y firme, de la presidenta Xiomara Castro de llevar a Honduras, por la senda del socialismo-democrático, debe llenar de esperanzas a un pueblo azotado por la pobreza y la miseria, la desigualdad social y la desesperanza, la corrupción rampante y la violencia, a la que lo empujaron, con mayor profundidad y fuerza, los once años de gobiernos neoliberales y corruptos, que preceden su mandato.

El jueves, 27 de enero le fue colocada la banda presidencial a la primera mujer hondureña en convertirse en la jefa del Ejecutivo, en los 200 años de vida republicana del hermano país centroamericano.

Su primer discurso como presidenta, expresado ante su pueblo y delegaciones representantes de diversos Estados, fue sólido y categórico, en distintos sentidos. No se anduvo por las ramas. Ni edulcoró las cifras duras de la realidad social y económica de su país (tal y como la deja la presidencia de Juan Orlando Hernández), ni dejó de expresar que tomará distancia del neoliberalismo, que ha heredado cifras trágicas para su país, al convertirlo en el más pobre del continente americano.

La pobreza en Honduras alcanza alrededor del 70 % de su población y se incrementó hasta un 75 % como consecuencia de la pandemia, combinada con las graves inundaciones y otras secuelas, provocadas por los huracanes Eta e Iota. Prácticamente, ocho de cada 10 hondureños son pobres. Igualmente, la miseria ha alcanzado a una mayor cantidad de familias, mientras la riqueza se ha concentrado aún más.

La crisis económica y la descomposición social son causas, junto a violencia delictiva, en gran medida provocada por la actividad del narcotráfico, de la migración hacia el norte del continente. Muchas familias y personas al vislumbrar un horizonte tan sombrío para sus vidas se organizan en caravanas para aventurarse a un peligroso viaje en la ruta Guatemala-México para llegar a la hostil frontera estadounidense.

La presidenta Castro Sarmiento fue electa en noviembre anterior, como candidata del Partido Libertad y Refundación (LIBRE). Obtuvo una holgada diferencia en la segunda ronda. Se impuso con el 51,12 % de los votos frente a Nasry Asfura del oficialista Partido Nacional, que logró el 36,93 %. En el año 2009, Manuel Zelaya fue derrocado por desarrollar políticas sociales que favorecieron a los trabajadores y al pueblo de su país, y por proyectar convertir el aeropuerto de la base militar de Estados Unidos en Palma Sola, en un aeropuerto comercial; lo que no fue bien visto por el gobierno de Obama-Biden que –con su actuación y omisiones– mostró que respaldó el golpe contra Zelaya.

En su discurso, la presidenta formuló una apreciación situacional del país tan esclarecedora como sombría. Mostró como en el periodo que calificó de dictadura (2009-2022), el país fue saqueado en distintos campos y se impuso un gobierno corrupto y vinculado con el narcotráfico, que ha ido tan lejos en su complicidad como que un hermano del expresidente saliente ha sido condenado a cadena perpetua en Estados Unidos por narcotráfico. Asimismo, Juan Orlando Hernández para eludir la justicia y asegurarse disfrutar la impunidad en los próximos cuatro años, se hizo elegir diputado en ese refugio inoperante que es el Parlamento Centroamericano.

«El Estado de Honduras ha sido hundido estos últimos 12 años y lo recibo en bancarrota, el país debe de saber qué hicieron con el dinero y dónde están los 20 millones de dólares que sacaron en préstamos, mi gobierno no continuará con la vorágine de saqueo que ha condenado a las generaciones de jóvenes a pagar la deuda que contrajeron a sus espaldas. Debemos arrancar de raíz la corrupción de los 12 años de dictadura; tenemos el derecho de refundarnos sobre valores soberanos, no sobre la usura y el agiotaje», expresó Xiomara Castro con energía y claridad meridiana.

Por su parte, en el ámbito de la política exterior, se pronunció a favor del multilateralismo y la complementariedad entre los Estados y naciones del orbe. Con ello toma una prudente distancia con las políticas de la Casa Blanca, que sigue obsesionada en un unilateralismo hegemonizado por Estados Unidos, cuando este país nunca se ha encontrado en una posición de tanta debilidad como en el presente, tanto en el crepitar de su deteriorada democracia como en un mundo caracterizado por una creciente multilateralidad.

Al final de su esperanzadora alocución, la presidenta de Honduras enumeró 22 medidas económicas, sociales, anticorrupción, por la justicia y la seguridad. Tengo la certeza de que tiene por delante un camino muy empinado y desafiante. Hay poderosas fuerzas externas e internas que buscarán evitar que avance en la ejecución de su programa de Gobierno y que, incluso, lo buscarán descarrilar. De hecho, aún antes de jurar como mandataria, ha debido enfrentar la traición de 18 diputados de su partido, que se aliaron con los partidos del desastre reciente, a la hora de definir al presidente del Poder Legislativo. Así las cosas, se ha elegido dos directorios para el Congreso Nacional; situación que está en las sedes judiciales y que tendrá que quedar definida pronto.

«Nuestra visión del mundo antepone al ser humano por sobre las reglas del mercado…», expresó Castro Sarmiento, con lo que busca orientar un cambio del modelo que ha prevalecido en los últimos tiempos. Se trata de transitar del individualista modelo neoliberal (terrible para las mayorías, exitoso para una minoría plutocrática) a uno centrado en la inclusión social y en la defensa de los derechos humanos, para todos.

Con un profundamente sentido: «¡Hasta la victoria siempre!», la presidenta Xiomara Castro selló un discurso que traza un camino hacia un Socialismo Democrático hondureño, que aviva las esperanzas del pueblo catracho por mejores tiempos y que debe ser motivo de aliento de los pueblos latinoamericanos, que han venido eligiendo en los años recientes, gobiernos de corte progresista que rompen con un neoliberalismo, que es responsable de desastres sociales por doquier.

Ojalá que este flujo de corrientes progresistas de la región se exprese en estas elecciones del 6 de febrero en nuestro país, para que la democracia costarricense sea fortalecida y retornemos por la senda abandonada por los Gobiernos del PLN, PUSC y PAC, de un Estado Social de Derecho, como el que singularizó al país a finales del siglo anterior.

(1 de febrero, 2022)

Chapucerismo ilustrado

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Fernando Astorga Gatjens

Tengo la certeza de que la Administración Alvarado Quesada pasará a los anales de la historia patria, como la más chapucera, improvisada y errática. Para merecer tal distinción, sin duda, contará con sobrados méritos, los que se reflejan en el copioso número de errores a su haber. Errores y gazapos que se han manifestado a través de distinto tipo de productos y procesos; los que han tenido a jerarcas y funcionarios de diversas instituciones gubernamentales como protagonistas.

Según el Diccionario de la Real Academia Española, el vocablo chapucero significa (para quien se hace acreedor de tal calificativo) que “trabaja o hace las cosas con poco cuidado, sin técnica o con un acabado deficiente.”

Los errores de diversa naturaleza y alcance, que han salpicado a este gobierno, se han convertido en noticias tercamente perennes como si formarán parte de promesas de campaña que se cumplen con esmerado rigor. Una vez que saltan a la luz pública aparecen las excusas, explicaciones y solicitudes de perdón (muchas con poca convicción, por cierto), pero ya el mal está hecho; los males han sido consumados. Podemos definir entonces a este gobierno como tristemente ilustre o tristemente chapucero.

Debo aclarar que lo de “ilustre” no está, en modo alguno, relacionado con el movimiento cultural del siglo XVIII, que surgió en Francia y se extendió por Europa y que ha sido conocido como Ilustración. La razón y la lógica fueron motores propulsores de ese proceso histórico. Cosa que no siempre ha estado presente en los avatares de la presente administración.

La posibilidad de cometer errores es una condición humana inevitable. Eso nos sucede en la cotidianidad de nuestras vidas por distintas causas, con nuestros familiares, amigos y también con personas que no conocemos. La humilde solicitud de perdón cuando erramos nos enaltece y nos puede y debe proyectar como mejores personas. Sin embargo, cuando estos errores se cometen, de manera sistemática, dentro del ejercicio de cargos públicos, su impacto se magnifica por el daño social y económico que pueden generar.

En el largo rosario de pifias y chapucerías institucionales acumuladas desde mayo de 2018 hasta el presente, se pueden identificar las chapuzas en escenarios públicos tan diversos como el Ministerio de Educación Pública (MEP), el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), el Ministerio de la Presidencia, el Instituto Nacional de Ferrocarriles (INCOFER), el Instituto Nacional de Turismo (ICT) y podríamos seguir citando entidades.

Pongamos como ejemplos algunas perlas ilustrativas, sin orden ni concierto cronológico:

  • Errores en las pruebas educativas FARO.
  • Graves fallas en el control del CONAVI/ MOPT que posibilitó que una cochinilla bicéfala (MECO y HSolís) engordara sus astronómicas finanzas, construyendo vías deficientes con obsolescencia programada.
  • Regla fiscal que pone en dudas el funcionamiento del 911.
  • El ruidoso caso UPAD.
  • Errores en las guías turísticas del ICT.
  • Cambios en el discurso sobre el cultivo del cáñamo y la mariguana medicinal.
  • No ratificación del Acuerdo de Escazú aun cuando el país fue su impulsor original.
  • Fiasco en el sitio Web del MOPT para las pruebas de licencia.
  • Dudas hamletianas entre la obligatoriedad o no de la vacunación contra la Covid-19.
  • Vicepresidencias erráticas y opacas, con escasa incidencia en el quehacer gubernamental.
  • Errores garrafales del MEP en la búsqueda de imponer a la Fundación Omar Dengo para la creación y desarrollo de la Red Educativa del Bicentenario.
  • Falta de vigilancia del movimiento vehicular en los peajes de la ruta 32 (Globalvía) por errores en la contratación de la entidad supervisora.
  • Etcétera.

Pero la «chapuza» mayor de este gobierno ha sido renunciar a la tradición progresista del país y de defensa de su singular Estado Social de Derecho, que construimos el siglo anterior.

En vez de buscar recorrer caminos distintos antes que entregarse a los designios de los grupos plutocráticos y a las órdenes del Fondo Monetario Internacional (FMI), desde los inicios de este periodo gubernamental, Carlos Alvarado, un tecnócrata imberbe y con un pálido liderazgo, abrazó las doctrinas y las prácticas neoliberales como un mono tití, indefenso y frágil, agarrado a una palmera azotada por un huracán inclemente. Desde luego, no lo hizo solo. Contó con la aquiescencia complaciente y cómplice de una alianza legislativa neoliberal hasta la médula, de la que han formado parte el partido oficialista (PAC), el PLN, el PUSC, Restauración, Nueva República y otras fracciones denominadas independientes.

Con ello, ha hecho retroceder al país en múltiples campos. Para recobrar esta Patria mustia y su democracia, real y efectiva, quienes luchamos y lucharemos por un país justo, inclusivo y solidario, tendremos que dar lo mejor de nosotros y nosotras para revertir esta impronta que debe marcarse con el olvido. Claro está, en mi caso, daré esta hermosa pelea con mucho gusto y convicción porque este hermoso país, su pueblo y su futuro, lo merecen con creces.

(26 de enero, 2022)

Manifestación contra la violencia y la impunidad

Escrito en . Publicado en Derechos.

Concentración frente al Poder Judicial miércoles 26 de enero 12:00 mediodía

Más de 100 personas miembros de más de 50 organizaciones indígenas, ecologistas, feministas, culturales, académicas, agroecológicas, campesinas, estudiantiles, laborales, artistas, ecuménicas, etc., se pronunciaron contra la impunidad y la violencia a indígenas, ecologistas y mujeres mediante un manifiesto denominado: ¡Sin Justicia no hay Democracia! y se concentrarán mañana miércoles 26 de enero al mediodía frente al Poder Judicial en San José.

El documento señala que “el sistema judicial de Costa Rica además de ser inoperante: es racista, es machista, y es una vergüenza viciada de burocracia que ha abandonado a los grupos más desprotegidas y a las mujeres del país. La pandemia no nos detendrá para exigir justicia: con tapabocas y buena distancia social nos vamos para la calle a exigir la justicia que nos han negado”. 
Las personas manifestantes enlistan casos de impunidad en los asesinatos de los lideres indígenas Sergio Rojas, Jerhy Rivera, así como el reciente intento de asesinato a machetazos a Leonel García, indígena cabécar de Bajo Chirripó, además de una lista de al menos cinco lideres indígenas y catorce amenazados de muerte en los últimos años. Recuentan el caso emblemático de Alcides Parajeles, campesino ecologistas que lo han vuelto a amenazar, y su vida peligra por defender la naturaleza de Osa.

Les preocupa, además, la inseguridad para las mujeres y el repudiable aumento de los casos de violaciones y feminicidios, principalmente en el Caribe Sur y el Pacífico Norte, sin que la justicia resuelva de forma pronta y cumplida ninguno de los casos.

Exigen a la Corte Suprema de Justicia: “No más impunidad a los asesinos, agresores y violadores. Porque la impunidad propicia la repetición crónica de la violación a los Derechos Humanos. Solicitan que se esclarezcan los asesinatos de Jerhy Rivera y Sergio Rojas y se dicten sentencias que hagan justicia pronta y cumplida sobre los asesinos. Se considera necesario investigar estos asesinatos y el conjunto de agresiones sufridas por las comunidades indígenas como crimen organizado, pues hay elementos suficientes que muestran la relación entre distintos delitos en la forma y el fondo de la violencia”.

Además, piden cárcel para el agresor de Leonel García y que se resuelva de forma expedita el expediente número 21000036-0465-AG-4, ya que la demora en este caso ha permitido mantener la ocupación ilegal del agresor de Leonel García dentro del territorio indígena cabécar.

Solicitan que se “esclarezca las violaciones que han sucedido en Nosara y Puerto Viejo en el 2021-2022 y se facilite de parte del Estado el apoyo a las víctimas para que puedan obtener justicia pronta y cumplida. Se considera investigar el conjunto de agresiones en cada una de estas comunidades como crimen organizado, pues hay elementos suficientes que muestran la relación entre los distintos delitos en la forma y el fondo de la violencia”.

Finalmente, solicitan que se “brinde protección y apoyo para la interposición de denuncias a las víctimas de violaciones, amenazas de muerte y agresiones sin que la víctima tenga que desplazarse. Que sea la Justicia quien llegue a la víctima de manera pronta en seguimiento de protocolos claros y oficiales”.

Organizaciones y personas firmantes

Asociación para la Defensa de los Usuarios de los Servicios Públicos (ADUSP), Asociación Voces Nuestras, Bloque Verde, Buen Vivir Costa Rica, Buen Vivir, El Rodeo de Mora, Costa Rica, Coecoceiba-Amigos de la tierra CR, Movimiento de Agricultura Orgánica Costarricense, Colectiva hijes de la mar Zulay Mora, Colectivo Comunicacional La Voz, Colectivo Radio Machete, Colectivo Vamos a Sembrar Comida de Campo verde Conte Burica, Comunidad Hierba Buena, Concejo Ditsö Iriria Ajkonuk Wakpa, Confederación Unitaria de trabajadores CUT, Coordinadora de Lucha Sur Sur, Corredor Biológico COBRISURA, Corredores Biológicos de Cartago, CR Solidaria, Departamento ecuménico de investigaciones, El Garaje de Tiquicia, Frente Ecologista de Cipreses, Frente Ecologista del Tecnológico de Costa Rica, Grupo artístico Prisma ,Guanared Costa Rica, Handmaids Costa Rica, Huerta de Berta O Istmo Articulación Centroamericanista /GT CLACSO, Junta de Salud Tibás, Justicia Paz e Integridad de la Creación, Justicia Pronta y cumplida, Movimiento Ríos Vivos, Mujeres en Acción, Nuestra América Unida, AUNA, Programa de Gestión Local UNED, RALLT, Red Agroecología, Red de Coordinación en Biodiversidad, Representante de la ciudadanía civil, Garabito, Puntarenas,

Alexis Rodríguez Brenes, Allen Mora, Angélica Alvarado Barrantes, Antonio Arriaga Madrigal, Carlos Coto Rodríguez, Carmen Eugenia Quesada Vargas, Carmen Luisa Madrigal Jirón, Carolina Mora Chinchilla, Clara Gabriela Meyra Segura, Daniel Reyes Pérez, David Solís Aguilar, Denia Román Solano, Edison Valverde Araya, Efraín Sebastián Rojas Artavia, Elizabeth Bravo, Fabián Figueroa Sánchez, Fabián Pacheco Rodríguez, Fabián Soto Marín, Fanny Reyes Ortiz, Flor Morales Segura, Flora Fernández Amón, Francisco Rodríguez Bejarano, Gabriela Chacón Madrigal, Gina Morales Garro, Guadalupe Urbina Juárez, Guido Barrientos Matamoros, Gustavo Oreamuno Vignet, Héctor Ferlini-Salazar, Henry Picado Cerdas, Hugo Soto Tapia, Isabel Méndez Garita, Israel Azofeifa Retana, Ivo Cussianovich Echeverria, Jaime E. García González, Javiera Aravena Bergen, Jeffrey Peytrequín Gómez, Joaquín Tapia Arenas, Johanna Solano Segura, Jordan Andrés Vargas Serrano, Jorge Osvaldo Calvo Rodríguez, José Andrés Zúñiga Chavarría, Jose Antonio Ramirez Aguilar, Juan Antonio Gutiérrez Slon, Juan Diego Caamaño Bedoya, Julio Madriz Núñez, Karol Montero Rony, Lucia Jara Garreta, Luis Monge Arrieta, Macarena Barahona Riera, Mauricio Alvarez Mora, Manuel Zumbado Arrieta, Marcela Dumani Echandi, María Estela Aguilar Corella, María Eugenia Román Mora, María Hernández, María Isela Arroyo Fuentes, María Nieves Barahona Riera, Mariano Sáenz Vega, Marta Chacón Mora, Melissa Chinchilla, Melvin Andrade Velásquez, Miguel Céspedes Araya, Miguel Cespedes Araya, Mónica Alvarado Barzuna, Natalia Chaves Vargas, Natalia Sandi Peña, Natalia Serrano Álvarez, Osvaldo Durán castro, Pamela Campos Chavarría, Paolo José Nájera Rivera, Pedro Salguero Aguilar, Rafael Barrantes Bonilla, Rebeca Arguedas, Renier Canales Medina, Ronulfo Morera Vargas, Selene Jiménez Valverde, Silvia Rodríguez Cervantes, Verónica Sheehan, Virginia Acuña Montero, Wilson Arroyo, Wilson Méndez Mora, Ximena Paz Cedeño de la Cruz, Xiomara Esquivel Vargas, Yasy Morales Chacón, Yuliana Reyes, Zeidy Rodríguez Guerra

Manifiesto completo: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemkCaTVER17WZLGvMNuN3ZVzYkStAItxweDKPV1z41rmYt6w/viewform

Video convocatoria: https://www.facebook.com/bloqueverdecr/videos/355685266483698