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Etiqueta: democracia

Cuba sin restricciones para su vacuna, afirma embajador cubano

Rafael Ángel Ugalde Quirós*

  • Los verdaderos violadores de los Derechos Humanos son los Estados Unidos
  • Solidaridad de los pueblos del mundo desafían el bloqueo a Cuba; ello desespera a USA
  • Nuestro desarrollo y resultados científicos siempre estarán a disposición de nuestros pueblos
  • La pandemia ha dificultado el relacionamiento y los intercambios científicos, tecnológicos y culturales con los costarricenses

“Cuba no pone condición alguna para la adquisición de sus vacunas. Todos los países que las necesiten y deseen adquirirlas, podrán hacerlo”, destacó el embajador de Cuba en nuestro país, Jorge Rodríguez, al ser preguntado sí había condiciones para que los costarricenses contaran con Soberana 2, el primer inyectable vacunal desarrollado en el continente por científicos del hemisferio.

Persona locuaz, carismática y precisa en cada una de sus palabras, Jorge Rodríguez, el embajador cubano en Costa Rica es un martiano de pura cepa. Preocupado por Nuestra América, de un conocimiento amplísimo en todos los temas que aborda con profundidad, reduce su ser como diplomático y persona al “deber cumplido sencilla y naturalmente”, como diría el apóstol y poeta.

En una entrevista exclusiva para la revista SURCOS recordó que la mayoría de los países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe (CELAC) ven con muy buenas perspectivas que uno de ellos, este caso Cuba, haya logrado desarrollar cinco candidatos vacunales, uno de ellos, Abdala, que ya es vacuna y Soberana 02 que está en la fase final del registro, certificación y autorización para su uso de emergencia.

Nuestra región, agregó, conoce de la vocación solidaria de nuestro país. Conocen perfectamente que nuestro desarrollo y resultados científicos, siempre estarán a disposición de nuestros pueblos hermanos, destacó. El objetivo principal de nuestra producción de vacunas – sentenció- es el de salvar vidas, no es comercial. El adversario lo conoce y por eso también ha obstaculizado la adquisición de reactivos e insumos para la producción. Una vez más no podrán lograr su objetivo.

El diplomático abordó con el licenciado Rafael Angel Ugalde Quirós los más diversos tópicos de forma abierta, tal como el avance de la democracia en la región, sin que falten esfuerzos por legitimar el injerencismo, contra la soberanía de nuestros pueblos.

Dijo que la llamada ley “global Magnitsky” debería aplicársele a los mismos Estados Unidos, por violaciones de los derechos de sus minorías. Calificó de total “desfachatez”, “cinismo” y la utilización de la mentira abiertamente para tratar de buscar condenas a Cuba.

Como se recuerda recientemente se trató de desestabilizar la Revolución cubana desde las redes sociales utilizadas al mejor estilo de las famosas “revoluciones de colores” promovidas por Estados Unidos en otras regiones del orbe.

Consideró que Estados Unidos no tiene fuerza moral alguna para lograr sus propósitos contra Cuba en la arena internacional, precisó el entrevistado al abordar el tema de búsquedas de condena a su país en organismos como la desprestigiada OEA. “La verdad se abre paso y la política agresiva de Estados Unidos queda al descubierto”, puntualizó.

¿Qué pronostico diplomático hace usted respecto al anuncio de la administración Biden de llevar el tema de los detenidos por actos violentos en Cuba a las Naciones Unidas y la OEA?

R/ El Gobierno de los Estados Unidos actúa con total desfachatez, cinismo y utilizando la mentira abiertamente. Está urgido de una condena a Cuba para justificar su bloqueo genocida y las nuevas medidas y sanciones contra nuestro país. Sin embargo, solo ha podido reunir a un minúsculo grupo de países ejerciendo groseras presiones y chantajes, lo cual considero un soberano ridículo. Ni en la OEA, organización que tradicionalmente le ha servido de pantalla para encubrir sus fechorías, ha podido lograrlo. Hubo una rebelión de la mayoría de los países miembros de esa desprestigiada organización. Más bien ha logrado un efecto contrario y reavivado con fuerza la idea sobre la necesidad de nuestra región de contar con un organismo genuinamente latinoamericano y caribeño que no se someta al vasallaje, ni sirva de instrumento a la política de Estados Unidos. Considero que Estados Unidos no tiene fuerza moral alguna para lograr sus propósitos contra Cuba en la arena internacional. La verdad se abre paso y la política agresiva de Estados Unidos queda al descubierto.

Dentro de la llamada ley global Magnitsky, el “establishment” norteamericano, acaba de imponer sanciones al jefe del Ministerio de las Fuerzas Armada Revolucionarias de Cuba, Álvaro López Miera, entre otros, ¿qué nuevas medidas cabrían sí se ha experimentado con el embargo de las formas más inhumanas?

Los pueblos dicen no al bloqueo (Foto Google Imágenes).

R/ Estados Unidos lo ha ensayado todo desde hace más de 60 años, desde el sabotaje; la invasión mercenaria; la guerra sucia a través de bandas armadas financiadas y organizadas por la Agencia Central de Inteligencia; la guerra bacteriológica; el terrorismo con su secuela de 3478 muertos y 2099 incapacitados; el bloqueo económico, comercial y financiero más integral y prolongado en la historia de la humanidad y la industria del embuste, la mentira, las tergiversaciones y redes (anti)sociales. Las nuevas sanciones son una réplica de las que ha usado contra otras naciones y no le han funcionado. Tampoco tendrán efecto práctico alguno en nuestro país. Desde el 1ero. de enero de 1959, Estados Unidos dejó de gobernar en Cuba. Esas sanciones contra funcionarios cubanos solo tienen un efecto propagandístico para complacer a los sectores más reaccionarios de la mafia de origen cubano radicada en ese país.

Esta ley global Magnitsky tiene carácter global para los estadounidenses; ¿por qué cree usted no se pueda aplicar a Estados Unidos por la violación de los derechos humanos de sus minorías y el asesinato con dolo a representantes de descendencia afrocaribeña?

Tiene Usted toda razón. Los primeros en aplicársela deberían ser ellos mismos que son los verdaderos violadores flagrantes y sistemáticos de los Derechos Humanos. Sólo en este año han muerto más de mil personas a manos de la policía en ese país. Ahí están los ejemplos de George Floyd y otros afronorteamericanos asesinados por la policía. Hay también miles de menores de edad condenados a cadenas perpetuas e incluso a la pena de muerte. Cómo le expresé, Estados Unidos carece de autoridad moral alguna para juzgar y sancionar a ningún país.

¿Considera usted que los cambios políticos en América Latina y el Caribe a favor de la independencia y la no injerencia en los asuntos internos de los Estados arreciará en la región la diplomacia del “garrote” y la “zanahoria”?

R/ Los cambios que están ocurriendo en nuestra región van en la dirección contraria a lo que persigue Estados Unidos. El modelo neoliberal ha fracasado rotundamente y los intentos de revivirlo también. Hoy las naciones de Nuestra América son más libres, lo demostró la rebelión que hubo en la OEA recientemente cuando una mayoría de países se negaron a participar de una reunión del Consejo Permanente convocada para condenar a Cuba, que no pertenece a esa desprestigiada organización. El Presidente del Consejo se vio obligado a posponer la reunión y hasta ahora no ha logrado contar con el quórum necesario para convocarla nuevamente. Es difícil que lo logre. No estamos en los tiempos de la Reunión de Consulta de San José en 1960 ni en la de Punta del Este de 1962 cuando se expulsó a Cuba de la Organización. Los mecanismos ad hoc impuestos por Estados Unidos al margen de la OEA, también han sido un rotundo fracaso. Ya ve lo que ocurre con el llamado Grupo de Lima. Estados Unidos está cada vez más aislado en su política agresiva contra Cuba y contra los gobiernos progresistas en nuestra región. Los pueblos de Nuestra América dijeron basta y han echado a andar.

Cuba inmuniza a su población, pese a bloqueo norteamericano. (Foto AFP en BBC News).

¿Cómo han recibido los países de la CELAC la vacuna Soberana 2?

R/ La mayoría de los miembros de la CELAC ven con muy buenas perspectivas que uno de ellos, este caso Cuba, haya logrado desarrollas cinco candidatos vacunales, uno de ellos, Abdala, que ya es vacuna y Soberana 02 que está en la fase final del registro, certificación y autorización para su uso de emergencia. Nuestra región conoce de la vocación solidaria de nuestro país. Conocen perfectamente que nuestra desarrollo y resultados científicos, siempre estarán a disposición de nuestros pueblos hermanos. Ya hay colaboración con algunos de ellos y seguramente será mayor tan pronto podamos alcanzar los máximos niveles de inmunidad en nuestro país. En eso estamos trabajando con la mayor celeridad posible. El objetivo principal de nuestra producción de vacunas, es el de salvar vidas, no es comercial. El adversario lo conoce y por eso también ha obstaculizado la adquisición de reactivos e insumos para la producción. Una vez más no podrán lograr su objetivo.

En vista que esta dosis vacunal tiene permiso para ser administrada en la presente pandemia, ¿cuáles son las condiciones de Cuba para colaborar con Costa Rica en este campo?

R/ Cuba no pone condición alguna para la adquisición de sus vacunas. Todos los países que las necesiten y deseen adquirirlas, podrán hacerlo.

¿Cómo valora Cuba la ayuda internacional proveniente ordenada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y Vladimir Putin, de la Federación Rusa?

R/ Hemos estado recibiendo la ayuda solidaria no solo de México y Rusia. También han llegado de Bolivia, Jamaica, Nicaragua, la República Popular China, Vietnam y de otros países. Los cubanos residentes en el exterior y el movimiento de solidaridad con Cuba han estado jugando un papel importante también en reunir la contribución solidaria de los amigos de Cuba que también quieren hacer su aporte. Aquí en Costa Rica también hay cubanos y costarricenses que están enfrascados en reunir ciertos artículos, insumos y medicamentos para nuestros hospitales. Nuestro país que siempre ha ofrecido su solidaridad, hoy la recibe. Eso también demuestra el aislamiento de Estados Unidos.

¿En qué rubros podría contribuir el pueblo costarricense con el cubano y cómo se canalizaría?

R/ En el acto de solidaridad que tuvo lugar el pasado 19 de julio, las organizaciones de solidaridad con Cuba lanzaron la idea de reunir un grupo de artículos y medicamentos necesarios para enviar a nuestro país. Se acordó que la Asociación Cultural de Cubanos Residentes en Costa Rica “Antonio Maceo”, funja como coordinara de ese esfuerzo. En este momento lo que más urge es un grupo de medicamentos tales como antibióticos, analgésicos, anticoagulantes. De igual forma son necesarias jeringas, mascarillas, caretas, guantes de látex y artículos de higiene y limpieza.

El deporte cubano se baña en oro en Japón. La pandemia interrumpió los lazos de amistad entre ticos y caribeños, dice embajador. (Foto tomada de BBC News).

¿Cuáles son los avances de los vínculos con los costarricenses que ha imprimido como embajador en campos específicos como el científico, tecnológico y cultural?

R/ Lamentablemente la pandemia ha dificultado el relacionamiento y los intercambios en esas esferas. Nuestro trabajo también se ha visto seriamente limitado pues no todo puede hacerse vía virtual y como se conoce se ha privilegiado el teletrabajo. Nosotros mismos tenemos instrucciones precisas al respecto para evitar el contagio entre nuestros funcionarios. Esperemos que cuando se logre el control de la pandemia, se puedan reanudar los intercambios.

 

*Periodista, abogado y notario por la Universidad de Costa Rica

Reconstruyendo el Estado Social de Derecho

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

Al parecer, la resolución de la Sala IV respecto del “Proyecto Ley Marco de Empleo Público” tuvo algo de “salomónica”. Por un lado, reafirmó el precepto constitucional y democrático de división de poderes, por lo tanto, salió en defensa del Estado de Derecho y la democracia como régimen jurídico. Y, por otro, legitimó la propuesta de un salario único sin pluses y limitó la negociación, vía convenciones colectivas, en esta materia, lo que implica en cierta forma apoyo a una política de salarios decrecientes en el sector público y, por consiguiente, un golpe al Estado Social.

Avance en materia de gestión democrática, un freno a los aires oligárquico-autoritarios del pluripartidismo neoliberal en alzada. Y retroceso en materia socio-laboral en un sector estratégico para el desarrollo del país, a pesar de que ha sido intensamente vilipendiado por parte de quienes solo ven virtudes en el sector privado y vicios y privilegios en el público, atendiendo a esa trillada lógica maniquea con la que la prensa y los “publicistas” del neoliberalismo han venido atizando el fuego de los odios entre ambos sectores.

Celebramos la decisión de la Sala IV porque significa ponerle límites a una clase política que, como bien señala Marcos Roitman, al igual que “los hacedores del capitalismo transnacional rechazan los valores democráticos. Pero como creadores de la nueva derecha y seguidores del fascismo societal se manifiestan en fervientes defensores de la idea de progreso a favor de la economía de mercado, de la propiedad privada y del beneficio personal […] Sus ideas no se encuentran en la cruz gamada o en las camisas negras, las defienden los representantes de los organismos internacionales del FMI. El Banco Mundial, La OMC y de los gobiernos conservadores, neoliberales o defensores de la economía de mercado en sus versiones progresistas y socialdemócratas” (Roitman, Marcos (2007) Democracia sin demócratas y otras invenciones. Madrid, Ediciones sequitur, p.94).

Efectivamente, lleva razón el autor citado al calificar de “fascismo societal” a este conjunto de ideas y acciones políticas que vienen impulsando las nuevas fuerzas políticas, que se visten de progresistas y socialdemócratas, pero que en lo esencial son portadoras de un proyecto conservador cuya meta es desmantelar el Estado Social de Derecho, para favorecer a los grandes intereses empresariales y financieros nacionales y extranjeros.

Con gran acierto, el movimiento sindical ha convocado a un “Encuentro Nacional por la defensa del Estado Social de Derecho”. El país se encuentra en la encrucijada entre retroceder a la Constitución Liberal de 1871 o defender el Estado Social de Derecho de la Constitución vigente de 1949. Definitivamente, llegó la hora de demandar a los poderes del Estado actuar en consecuencia con los preceptos constitucionales que abogan por una repartición equitativa de la riqueza, la defensa y el respeto de los derechos humanos, así como la salvaguarda de la división e independencia de los poderes de la república.

NO al Estado Asocial sin Derecho de las fuerzas políticas del autoritarismo antidemocrático y SÍ al Estado Social de Derecho de las fuerzas sociales de la dignidad y la solidaridad.

Nota de redacción: En la foto de cabecera se aprecia una vista parcial del Encuentro Nacional por la Defensa del Estado Social de Derecho realizado este martes 3 de agosto, en el Centro Internacional de Convenciones de la ANDE. Asistieron más de cien personas de organizaciones sociales y sindicales.

Contra la Constitución, el Estado de Derecho y la democracia

Por Luis Paulino Vargas Solís

La resolución de la Sala Constitucional -al menos el “por tanto” que se dio a conocer- tiene claros y oscuros, no obstante lo cual, hay en un punto en el cual fue absolutamente contundente: de parte del presidente Carlos Alvarado, de su subalterna la ministra Pilar Garrido, y de una amplia mayoría de diputados y diputadas, ha habido una actitud de abierto e indisimulado irrespeto a la Constitución de la República, como al mismo tiempo se puso en evidencia que estos señores y señoras, desconocen flagrantemente, o en todo caso no les importa un rábano, algunos de los principios más fundamentales en que se asienta la democracia y el Estado de derecho.

Muchas veces, muchas personas se los advertimos, en todos los tonos y de todas las formas posibles. Inútilmente, como es evidente.

De forma deliberada, y con absoluta alevosía y mala intención, se ha intentado pisotear la Constitución, borrar de un plumazo algunos de los principios filosóficos y doctrinarios más importantes que inspiraron a la Asamblea Constituyente de 1949, y, con ello, no solo socavar el Estado de derecho, sino torpedear principios tan básicos como el de la división de poderes, sin el cual la democracia no tiene sentido.

Carlos Alvarado como los diputados y diputadas, violentan así su juramento de respetar y hacer respetar la Constitución y las leyes, y violentan también el mandato que, en ese mismo sentido, recibieron del pueblo costarricense.

Todo esto es extremadamente grave, quizá mucho más grave que el peor escándalo de corrupción que hemos visto en los últimos tiempos.

Publicado en https://www.facebook.com/1472773056278453/posts/2775957075960038/ y compartido con SURCOS por el autor.

Sin libertad sindical no hay trabajo decente

La CIDH y su opinión ante la libertad sindical, la negociación colectiva y la huelga

Una democracia bicentenaria ha retrocedido un siglo en materia de derechos humanos. Es evidente que Costa Rica estará bajo la mira de los organismos internacionales por la paulatina destrucción de su democracia.

Frank Ulloa

¿Qué dirán el presidente de la República y la ministra de Trabajo de la siguiente opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)?: “La libertad sindical y la libertad de asociación son derechos humanos fundamentales que, junto con el derecho de negociación colectiva, reunión y huelga, forman el núcleo básico para proteger y promover el derecho al trabajo y a sus condiciones justas y satisfactorias (…)”.

“El desarrollo del contenido del derecho al trabajo es clave para fortalecer los sistemas económicos y sociales desde un enfoque de derechos, en particular tienen importancia vital para la garantía y el disfrute de otros derechos humanos y el desarrollo autónomo de la persona”.

“Esto incluye la existencia de un sistema que garantice a cada trabajador o trabajadora el acceso a un empleo digno y a no ser privado injustamente de él. La Corte (…) se ha referido al contenido del derecho al trabajo como un derecho protegido por el artículo 26 de la Convención Americana respecto del cual los Estados tienen obligaciones específicas”.

Efectivamente, sin libertad sindical y sus correlativos derechos no será posible consolidar empleos dignos con trabajo decente.

Un empleo requiere estabilidad laboral, ejercer la denuncia de las irregularidades y la existencia de sindicatos. En las empresas costarricenses el sindicalismo no se permite, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social no toma en serio sus denuncias y, más grave aún, el sistema judicial es costoso, inaccesible y lento.

Sin duda, el país requiere profundos cambios. En este año electoral debemos posicionar a la libertad sindical como un tema de debate, porque la destrucción de las garantías sociales ha sido la tónica de este gobierno y de las leyes que ha enviado a la Asamblea Legislativa.

Si bien la teoría dice que los derechos humanos son irreversibles y progresivos, en el laboratorio antisindical costarricense han logrado retroceder en un siglo la historia de los derechos humanos en el agro, de manera especial mientras miles de trabajadores migrantes e indígenas se someten a condiciones de trabajo forzoso porque no existe la libertad de asociación.

¡Sin duda, la democracia costarricense está en cuidados intensivos!

 

Foto: Gerardo Iglesias

Fuente: http://www.rel-uita.org/costa-rica/sin-libertad-sindical-no-trabajo-decente/

De mal en peor

José Manuel Arroyo Gutiérrez. Exmagistrado y profesor catedrático UCR

            Cada proceso de nombramientos en la Asamblea Legislativa, pone al desnudo un sistema colmado de vicios y falencias. Al país le urge un rediseño integral que asegure un mínimo de objetividad y credibilidad en la escogencia de magistraturas y otras jerarquías, competencia del parlamento. Hay que emitir un reglamento único y estable que fije con alguna seguridad las reglas del juego; encontrar un mecanismo de pre-selección para que la Asamblea tenga por obligación que escoger entre los mejores aspirantes, calificados con estricto criterio técnico por parte de expertos en la materia; hay que hacer públicos los procesos para saber con toda transparencia las razones por las cuales se escoge a una persona y no a otra; exigir la fundamentación de las decisiones; potenciar los criterios objetivos y reducir a su mínima expresión, ojalá eliminar por completo, las variables arbitrarias. Los diputados (as) no tienen, en la mayoría de los casos, la formación especializada para saber quién puede ser un buen juez. Es imprescindible erradicar la “información informal” –por no llamarla incultura del chisme- acerca de las eventuales ventajas o desventajas de un candidato o candidata. No podemos seguir sometiendo a las personas a procesos complejísimos plagados de requisitos, para al final nombrar al último de la nómina o sacarse un conejo del sombrero que ni siquiera ha participado en el certamen. Tampoco es admisible la burla de reservarse un alto porcentaje para una entrevista, con calificación totalmente subjetiva, que sólo ha servido para promover a los mediocres y castigar a los mejores que, sin embargo, no gozan de la “confianza” o el “ambiente” políticos.

            El último capítulo de este desdichado tema ha sido la confesión del diputado Fonseca del PLN afirmando que no nombran en la magistratura a la Dra. Patricia Vargas González porque es conocida o tiene cercanía con el autor de estas líneas. El daño que se le hace a la persona mejor calificada, y con ello al sistema de nombramientos, al Poder Judicial y al país, es de tales dimensiones, que no puedo menos que intentar analizar esta injusticia apartando, en lo posible, todo ingrediente personal.

            La candidata Vargas González no sólo ha obtenido un 96 en la calificación general del concurso. Es también una mujer sobresaliente por su inteligencia, preparación académica –con doctorado en España y con el sacrificio que eso significa, en esta sociedad, para una mujer con familia- y exhibe, además, un desempeño profesional excepcional. Como si todo eso no fuera suficiente, Patricia es una persona de gran calidad humana. Puede que todas esas virtudes les resulten a algunos, imposibles de soportar. De manera que atar su carrera a la relación laboral que tuviera conmigo cuando me correspondió ser magistrado integrante y Presidente de la Sala Tercera es no sólo una repugnante injusticia sino un acto de machismo incalificable. Resulta también inaudito que la trayectoria impecable, los atestados, méritos y logros de una profesional, se tiren al caño frente a un hecho más bien anecdótico y circunstancial, como la cercanía con otra persona.

            Por lo demás, en lo que a mí respecta, – y si ese es otro pretexto implícito en este despropósito-, decidí integrar el Grupo de Garantes de la gestión del Presidente Alvarado, –ad honorem y sin ningún interés personal-, después de analizar, como ciudadano fuera ya de la función pública, el riesgo inminente que existió en el 2018, de que figuras autoritarias o fanáticas religiosas, llegaran a conducir los destinos de esta maltrecha democracia. Esta decisión personalísima no tiene tampoco por qué alcanzar a personas que trabajaron conmigo.

            Por eso creo que la (sin) razón que están alegando la mayoría de parlamentarios es un mero pretexto. A lo que le tienen fobia es a la excelencia y a la independencia de criterio. Peor si se trata de la excelencia y autonomía de una mujer.

            La comunidad nacional tiene que saber que estos “inexplicables” asuntos son réplicas de la crisis que sufrió la Corte a mediados de 2017, cuando tráficos indebidos entre diputados y magistrados nos estallaron en la cara. Quienes tuvieron que salir por la puerta trasera con sanciones disciplinarias, o se quedaron con obstinación digna de mejor causa, siguen manejando los hilos del destino de este Poder Judicial. Dejaron colocados en las listas de elegibles a actuales propietarios y suplentes, y siguen manejando por debajo, entre González Lahman y Cuesta de Moras, quién si y quién no accede a las magistraturas.

            Todo este turbio fenómeno no es nada nuevo. Ya van generaciones enteras de juristas destacados a los que se les cierra la puerta con todo tipo de artimañas y con justa razón renuncian a someterse a estos procedimientos espurios. Una democracia no puede soportar por mucho tiempo esta sangría de talento, sólo porque no existe una clase política que sepa valorar responsablemente el poder que se le ha concedido.

            En medio de tantísima ignorancia, los políticos en ejercicio creen asegurarse eventuales tropiezos en sus intereses y trayectorias poniendo a jueces de su confianza y coincidencia ideológica. Se equivocan estrepitosamente. Primero, porque los siervos de hoy pueden convertirse, con facilidad, en los verdugos de mañana, cuando las mayorías partidarias cambien; y segundo, porque la mediocridad y la falta de preparación resultan una amenaza y un peligro para todos los habitantes de la República, incluidos los políticos, cuando tengan que buscar el amparo del debido proceso, la tutela de las garantías y derechos fundamentales y la sabiduría profunda de jueces y juezas que además, no le deban el puesto a nadie.

Sigue manipulación política de altos tribunales – Renuncia candidata mejor calificada

SURCOS comparte la carta de renuncia a su candidatura a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia de la doctora en derecho Patricia Vargas González, la mejor calificada en el concurso. Ante la confesión de que hay razones políticas para no elegirla por encima de los merecimientos, la jurista deja el concurso. Varios organismos como el Foro de Justicia y otros sectores han venido denunciando las imposiciones políticas a la hora de elegir magistraturas.

Esta es la carta de la doctora Vargas González:

“19 de julio de 2021

Señora Silvia Hernández Sánchez
Presidenta de la Asamblea Legislativa
Estimada señora:

Reciba un cordial saludo. Con estupor el día de hoy, a través del diario La Nación, en noticia titulada “Diputados bloquean a candidatos mejor calificados para máximo tribunal penal” me he enterado que la mayoría de diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa, en palabras del señor diputado Jorge Luis Fonseca, tiene reservas en cuanto a mi persona porque soy “conocida” de don José Manuel Arroyo Gutiérrez.

Según la noticia, con pesar el señor Fonseca indicó que pese a mis calificaciones (la más alta de este concurso) ha prevalecido el criterio político pues la mayor parte de sus compañeros y compañeras diputadas me “cobran” la cercanía con el señor Arroyo Gutiérrez.

Además de agradecer al diputado Fonseca el haber transparentado la situación, de mi parte solo puedo indicar lo siguiente:

Durante alrededor de ocho años fui letrada de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia y en tal condición conocí a don José Manuel Arroyo Gutiérrez, quien fue presidente de ese tribunal y vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia. Trabajé con él como letrada, como también lo hice con muchos otros magistrados y magistradas, incluso antes de la llegada del señor Arroyo Gutiérrez a ese despacho, por ejemplo, con don Daniel González Álvarez, don Mario Houed Vega, o don Alfonso Chaves Ramírez (q.D.g.). Me parece simplemente atroz que no sean mis atestados, mi formación académica o profesional, mi honradez o mi trabajo lo que determine si soy apta o no para el puesto que he concursado, sino el hecho de haber trabajado con alguien que no es del agrado de los y las diputadas por razones que no me atañen de ninguna manera.

Esta es la quinta vez que en esta legislatura someto mi nombre a consideración del congreso para el cargo de magistrada: una vez para ocupar una plaza como propietaria de la Sala Constitucional; tres para hacerlo como propietaria de la Sala Tercera y ahora para ocupar el cargo de magistrada suplente del órgano de casación, siempre obteniendo en la evaluación de atestados la calificación más alta. Entiendo perfectamente que la selección de magistraturas tiene un componente político pues son los diputados quienes eligen y está bien que sea de esa manera. Sin embargo, es lamentable que, dada la opacidad del proceso, se permita la entrada de especulaciones que no tienen nada que ver con las condiciones de las personas candidatas para desempeñar el cargo y sobre las cuales estas ni son interrogadas, ni se les permite dar explicaciones, bastando lo anterior para ser descalificadas.

Respeto profundamente a las personas que han concursado también y han sido seleccionadas. No obstante, luego de estas cinco experiencias y de lo expuesto tanto por el diputado Fonseca como por el diputado Pablo Heriberto Abarca (quien en la nota periodística en cuestión afirmó, sin dar razones, que yo “no tengo ambiente”) concluyo que en mi caso han sido aspectos ajenos a mí los que han sido tomados en cuenta. De nuevo, no tener la confianza del parlamento por “la cercanía” a un exmagistrado —como si yo no fuese una persona que se ha formado durante décadas para desempeñar un cargo; que ha dado muestras de independencia en lo personal y en lo laboral y que ha tenido (para aquellos diputados y diputadas a quienes les preocupa esto solamente) cercanía, como letrada, con otros magistrados y magistradas además del señor Arroyo Gutiérrez— es inaceptable desde todo punto de vista.

Así las cosas, una vez alcanzada la certeza de que mantener mi nombre para las próximas designaciones de magistrados y magistradas suplentes de la Sala Tercera que tiene pendiente de realizar esta Asamblea Legislativa carece de todo sentido y supone legitimar un trámite que es imperativo corregir, con todo respeto le pido ser excluida del concurso que está en marcha.

Mantengo la esperanza, eso sí, de que en un futuro próximo la Asamblea Legislativa y sus miembros puedan avanzar hacia un proceso de selección del gobierno judicial que esté sometido a los más altos estándares de objetividad, transparencia y escrutinio público.

Cordialmente,
Dra. Patricia Vargas González”

Caso Cochinilla y su repercusión a la vida institucional y democrática de Costa Rica

La Confederación de Trabajadores Rerum Novarum, CTRN, realizará un Webinar (Charla Virtual) el próximo jueves 29 de julio a partir de las 3:00 p.m. denominado «Caso Cochinilla y su repercusión a la vida institucional y democrática de Costa Rica”.

Para esta charla se contará con la participación del Licenciado José Miguel Villalobos Umaña como expositor. Después de su participación se contará con un periodo de preguntas y respuestas.

 

Compartido con SURCOS por Tyronne Esna Montero y el Sindicato Nacional de Periodistas de C.R.

Dos maneras opuestas de gobernanza de la seguridad social

“Me gustas democracia, porque estas como ausente.”

Manuel Hernández

Hace pocos meses, se nos sorprendió con la impresentable propuesta de reforma del sistema de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), que ya tenían en el asador, pero que fue advertida y denunciada públicamente por la compañera Martha E. González Rodríguez; que por suerte, justo en el momento oportuno, asumió la representación de las personas trabajadoras en la Junta Directiva de la CCSS.

Los poderes fácticos, esos poderes por los que no se ha votado, y no obstante, tienen agarrada la democracia del cogote, pretendían en la sombra, y pretenden establecer una reforma estructural de IVM, de corte regresivo, aumentando la edad de retiro, reduciendo la tasa de reemplazo y otras medidas lesivas que están en el tablero; que además, le causan una sustancial afectación a las mujeres trabajadoras, sin duda, las más perjudicadas.

Muy por contrario a este estilo autocrático de gobernanza al que nos quieren disciplinar y acostumbrar, existen otras formas civilizadas de abordar esta cuestión.

El ejemplo democrático nos los está dando el recientísimo pacto social de la reforma de las pensiones, celebrado entre el Gobierno, los principales sindicatos (CCOO Y UGT) y las asociaciones empresariales de España, firmado este 1° de julio, el día de ayer.

Son varios los aspectos que contiene el Acuerdo Social, pero dentro de los más importantes, sobresale la eliminación del congelamiento de las pensiones, la revalorización automática de las pensiones, de acuerdo con el costo de vida, la remoción del “factor de sostenibilidad”, que disminuye el importe de la pensión, en función de la esperanza de vida del colectivo del pensionista.

Asimismo, el compromiso del Estado de transferir anualmente, una suma equivalente al 2% de PIB, al sistema de seguridad social, y garantizar hacia futuro las transferencias necesarias para lograr su equilibrio financiero.

El pacto constituye un acuerdo abierto, que deja el espacio para que los interlocutores continúen negociando otros asuntos, en los próximos meses: la sustitución del denominado “factor de sostenibilidad”, por un mecanismo de equidad intergeneracional, mejorar las pensiones mínimas, equiparar los derechos de las trabajadoras del hogar, entre tantos.

Pero más allá del contenido sustancial de este Acuerdo Social, me interesa resaltar aquí dos cosas, como contrapunto a la reforma reglamentaria que se urde contra nuestro sistema de seguridad social:

En primer lugar, la orientación progresista de la reforma pactada por aquellos actores sociales y agentes políticos, que marca el principio, encaminada a fortalecer el sistema público de la seguridad social española.

Por contrario, en nuestro país, la reforma que está en el candelero, en clave regresiva, va en sentido inverso, como el cangrejo, tendiente a desmantelar el régimen público de IVM.

En segundo lugar, sobresale la participación de los actores sociales y el Gobierno, que, como tiene que ser en una sociedad democrática, llegaron en la mesa de negociación a pactar ese importe acuerdo social, que remueve la rémora de una década neoliberal, y además, apuntala la interlocución política de los sindicatos de trabajadores y organizaciones de pensionistas, en esta materia tan importante, que no es para menos, para la clase obrera.

Por contrario, en nuestro país, la reforma neoliberal de pensiones, que se agita a golpe de tambor, contra viento y marea, se aspira imponer de forma autoritaria, dejando en interdicción todo proceso de diálogo social, resintiendo el sistema democrático, que lo tienen al borde del precipicio.

La reforma de las pensiones no puede quedar a merced de un consistorio de 9 personas, que integran la Junta Directiva de la Caja, sino que tiene que ser resultado de un amplio proceso de participación democrática, cuya finalidad no puede ser otra que no sea el fortalecimiento de nuestro sistema público de seguridad social y garantizar pensiones justas y dignas.

Una reforma de ese calado, como la que ha venido fraguando la derecha feroz, carece de toda legitimidad democrática.

02/07/2021

Derechos Humanos y gobernanza para el fortalecimiento de la democracia

La Cátedra Constitución, Sufragio y Fortalecimiento Institucional tiene el gusto de invitarles a la sexta actividad del 2021, el miércoles 7 de julio a las 6:00 p.m. Esta será transmitida en vivo por el Facebook Live de Surcos o puede acompañarnos por la plataforma Zoom, solamente debe ingresar al siguiente enlace: https://udecr.zoom.us/j/88509694632?pwd=QkphN3RocDJxWFpLQWZzZWVJQ1hrUT09

ID de reunión: 885 0969 4632

Código de acceso: 578218

 

Compartido con SURCOS por Ana Mariela Castro Ávila.

Ruta urgente para la democratización del espectro radioeléctrico en Costa Rica

Se invita a participar a todas las personas, organizaciones y voluntades interesadas en apoyar una ruta urgente para la democratización del espectro radioeléctrico en Costa Rica.

Aprovechando el proceso que lleva el MICITT en la construcción de un Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones (PNDT).

En el siguiente enlace podrá conocer en resumen los elementos que se llevaran en una reunión propuesta por el MICIT para atender a sectores que históricamente NO han sido considerados en la gestión del espectro radioeléctrico.

Para más información se puede visitar: https://www.vocesnuestras.org/apoyo-ruta-urgente

 

Compartido con SURCOS por Dayana Ureña.