Etiqueta: democracia

La instrumentalización política de la justicia

Escrito en 08/12/2021. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Óscar Madrigal

En las últimas décadas, especialmente en América Latina, algunos regímenes conservadores o no, incorporaron como una de las armas contra el movimiento popular y los movimientos políticos, el uso de la justicia. Se alejaron un tanto de los escandalosos golpes de estado propiciados por los militares contra los regímenes que no les eran obsecuentes u obedientes; por el uso de la justicia, procesos judiciales amañados, procuraron alejar del poder a presidentes o cerrar el camino a potenciales candidatos que les disputaran el gobierno. La justicia se prestó para juicios políticos, se puso al servicio de los gobernantes de turno para impedir cambios de poder o silenciar a los líderes populares.

Costa Rica no ha sido la excepción. La conducta del Estado representado por el Ministerio Público y la Procuraduría General, no se diferencia mucho de lo hecho en otras latitudes. El juicio penal que se sigue en los Tribunales contra el dirigentes sindical Albino Vargas así lo comprueba. Albino está acusado por incitar a bloquear calles y llamar a la movilización social. Estas conductas fueron convertidas en delitos con el fin de impedir la protesta, pero sobre todo con el propósito de acallar a los dirigentes sociales; ahora llamar a bloquear una calle por un problema de agua en una comunidad o de un camino en un pueblo campesino o rural, podría llevar a la cárcel, sea a penar varios años de prisión a los líderes comunales o de grupos que participen en acciones de protesta como esas.

Es claro que el sistema político actual pretende acallar la protesta social, pretende acallar a un dirigente popular como Albino Vargas. Ya él, siendo muy joven, junto con Gloria Valerín y muchos otros, fueron enjuiciados penalmente por la Huelga de Adaptación Social de 1982; en ese tiempo existía el artículo 333 y 334 del Código Penal que tipificaba como delito el participar en una huelga, o sea que las huelgas eran delito. Esos artículos fueron derogados en los primeros años de 1990 porque se consideraba que atentaban contra las libertades democráticas. Hoy las huelgas están casi en la misma situación de antes del 90, o sea de ser un delito.

Albino Vargas es un dirigente controversial que puede no gustar a muchas personas, aunque nadie pueda decir que es un dirigente corrupto. Hoy se enfrenta a una nueva normativa anti-trabajadora, a un poder claramente al servicio de un sector muy reducido de la población, a una normativa jurídica más antidemocrática y autoritaria.

Esperemos que hoy como en 1982 Albino salga absuelto y libre, lo deseamos no solo por él sino por la democracia y las libertades públicas del país.

Urrú

Escrito en 19/11/2021. Publicado en Análisis, Coyuntura.

Luis Fernando Astorga Gatjens

En el diccionario de costarriqueñismos de Carlos Gagini aparece el vocablo «urrú» con las acepciones de podrido, carcomido y apolillado. Se utiliza este calificativo para definir la condición de un árbol, que ya sea por la edad o por que le atacó una plaga, está podrido. Así aunque en muchas ocasiones el tronco todavía luce bien y conserva su corteza, su parte interna está descompuesta mientras bacterias, hongos e insectos hacen de las suyas.

Valga este símil para caracterizar al Estado y algunos estamentos de la sociedad costarricense, en este lóbrego bicentenario, por su profundo deterioro ético y moral, que se manifiesta en los múltiples actos de corrupción que involucran tanto a actores públicos como privados.

Lo que se ha estado dando a conocer a través de las declaraciones del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), forma parte de un cadena de actos y procesos, que con certeza no muestra toda la dimensión de la corrupción en el país. Cochinilla, Azteca y Diamante son manifestaciones de una grave enfermedad –económica, política y social– que expresan el alcance de un fenómeno estructural.

Es seguro que emergerán más escándalos de corrupción ya sea en las municipalidades como otras entidades públicas, donde funcionarios corruptos se ponen de acuerdo con agentes privados, para obtener pingües ganancias. Se trata de perniciosas sociedades donde el corrupto y el corruptor le roban al erario público, de manera inescrupulosa.

El daño que ocasionan las acciones de corrupción son enormes tanto en el campo económico como en la lógica desconfianza que generan en el pueblo y que lo hacen concluir que no existe honradez ni probidad en las acciones y responsabilidades de los funcionarios públicos.

La podredumbre del Estado en materia de corrupción nos viene de lejos: Caja-Fischel, Alcatel, la Trocha, el Cementazo… Pero también es corrupción –como muy bien lo manifestó recientemente el Presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador en la ONU– el esconder las riquezas en paraísos fiscales (como lo muestran los Papeles de Panamá y los de Pandora), para evitar las responsabilidades fiscales, éticas y sociales, del pago de impuestos.

Mediante las distintas formas de corrupción, los funcionarios públicos corruptos y los corruptores privados han venido saqueando las finanzas del Estado en cifras que ya suman muchos ceros. Se trata de millones de colones y dólares que han encarecido obras públicas, las han atrasado, han afectado su calidad y el tiempo razonable de utilidad, han afectado programas sociales; entre otros perjuicios ocasionados. O dicho de otro modo: Han venido atrasando el desarrollo nacional y erosionado la democracia como un cáncer que hace metástasis tanto en el tronco como en distintas ramas del Estado costarricense.

La corrupción es una manifestación del egoísmo humano que se orienta por la premisa de primero yo, después yo y por último yo. La corrupción posibilita obtener dinero y riquezas, con facilidad y sin que lo que se obtiene sea fruto del esfuerzo y el trabajo productivo. Son acciones ilícitas que son contrarias a la solidaridad y a la responsabilidad social inspirada en el bien común.

En el presente, la corrupción en sus múltiples manifestaciones que tocan la estructura medular del Estado y la sociedad, son la expresión de la prevalencia de una doctrina económica y social, en la que se ha exacerbado el individualismo como nunca antes. El “sálvese quien pueda» que orienta el neo-liberalismo ha creado las condiciones idóneas para que se multipliquen los actos de corrupción, pequeños, medianos, grandes y gigantes.

Este aserto no significa que en el pasado no se hubieran dado actos de corrupción. Ahí donde se junta poder político, ambición individualista y posibilidades de dinero fácil, puede aparecer el acto de corrupción. Pero se manifestaban como acciones aisladas. Mientras tanto en el presente neo-liberal son tan numerosas y sistémicas, que el urrú es la condición dominante del árbol estatal del país.

La pregunta que surge es cómo combatir esta grave enfermedad que daña al Estado de Derecho y la democracia costarricense.

En primera instancia, es encomiar la labor de la Fiscalía Anti-Corrupción y el OIJ es sus labores escarmenadoras. Es seguro que tendrán mucho trabajo por delante.

Lo otro es el escarnio público y el repudio social a los corruptos. Obviamente que debe existir respeto ante el debido proceso; sin embargo, cuando el cinismo y el engaño salen de la boca de los corruptos y sus defensores de oficio, el rechazo social por el daño ocasionado debe emerger de inmediato.

La lucha contra la corrupción debe asimismo contar como antídoto con el fortalecimiento de las responsabilidades y labores de fiscalización en la administración de los recursos públicos y en la rendición de cuentas de las distintas instituciones, sean del gobierno central, entidades autónomas, Asamblea Legislativa y Poder Judicial. Del mismo modo es necesario generar normas que permitan la confiscación de bienes de actores privados que se han enriquecido, de manera ilícita, con recursos públicos.

Esta lucha debe contar con un frente estratégico que es hacer efectiva la democracia participativa –como lo establece el artículo 9 de la Constitución– para que el pueblo costarricense, se convierta en el mejor vigilante del mejor manejo de los recursos públicos.

Los recientes escándalos de corrupción y los que le precedieron obligan a situar este tema en el debate electoral. Muchos candidatos han sido salpicados de muchas maneras y quieren quitarse el lodo con frases efectistas y prefabricadas. Es necesario dar un seguimiento riguroso y atento a sus respuestas. Es un deber cívico aplicar el voto-castigo a los candidatos corruptos así como el voto-premio a quienes tienen techo de acero y una trayectoria limpia.

Cabe aquí recordar y hacer efectiva esta frase lapidaria, en nuestra lucha permanente contra la corrupción, del prócer José Martí: «Quien presencia un crimen en silencio, lo comete».

(18 de noviembre, 2021)

Foro virtual: Auditoría Ciudadana de la Deuda con Participación Popular

Escrito en 07/11/2021. Publicado en Derechos.

SIPROCIMECA y el Grupo Transparencia Nacional, invitan al Foro Virtual Internacional, Auditoría Ciudadana Integral de la Deuda Pública: “Profundizando la democracia participativa y la rendición de cuentas, frente al sistema de la deuda”.

Las organizaciones invitan a organizaciones de la sociedad civil, estudiantes y en general a todas las y los costarricenses y foráneos interesados, a inscribirse de manera gratuita.

Los organizadores consideran que la auditoría Ciudadana de la Deuda con participación popular debe convertirse en un instrumento viviente de lucha contra la corrupción en todos los países del mundo; y como garantía de cumplimiento de los derechos humanos, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, para combatir las desigualdades y garantizar una vida digna para todos los seres humanos.

En el caso de Costa Rica, toma relevancia de cara a los comicios presidenciales del primer domingo de febrero del 2022.

El evento tendrá la participación de expositores de Brasil, Argentina, Ecuador, Uruguay y Costa Rica.

Fecha: jueves 21 de octubre de 2021.

Horario: 8:00 a.m. a 3:30 p.m.

Modalidad: 100% virtual.

Inscríbase en el siguiente enlace: https://www.siprocimeca.com/matricula/

Mujeres por Costa Rica invita a marcha contra la farsa democrática en Nicaragua

Escrito en 06/11/2021. Publicado en Derechos.

Mujeres por Costa Rica:

Invitamos a participar en esta marcha del domingo 07 de noviembre contra la farsa democrática y la liberación de quienes han sido apresados injustamente. No es tiempo de ser indiferentes. La defensa de la democracia y la paz social es vital para eliminar las condiciones que generan las desigualdades y la pobreza.

Tomado de https://www.facebook.com/190805514859896/posts/956538044953302/?sfnsn=mo

UNA FISCALÍA PARA LA DEMOCRACIA

Escrito en 04/11/2021. Publicado en Análisis, Equidad y derechos de la mujer.

José Manuel Arroyo Gutiérrez. Exmagistrado CSJ. Profesor catedrático UCR.

Hay que insistir en la importancia que tiene, en una democracia, la cabeza del Ministerio Público. Es vital en la medida de los poderes discrecionales que por ley se le asignan, tanto por lo que debe hacer, como por lo que no debe hacer. Dirigir el monopolio de la acción penal pública no es poca cosa, cuestión relativamente compleja y llevadera en la delincuencia convencional (robos, estafas, violaciones, homicidios); pero tremendamente compleja en cuanto a la delincuencia no convencional (corrupción público/privada, narcotráfico, sicariato, tráfico de personas o de armas). Los principios de independencia y objetividad rigen para toda su actividad. Tan dañino puede ser un fiscal con mentalidad de acusador a ultranza, como aquél que, por negligente o corrupto, fomenta la impunidad.

Quien ocupe la fiscalía general tiene que demostrar que ha estudiado la teoría fundamental de los derechos humanos y sabe aplicarla; tiene que demostrar que conoce la Constitución Política, el derecho penal y de manera especial el derecho procesal penal. Debe además demostrar que maneja los requerimientos mínimos de una denuncia, el tratamiento que debe llevar una investigación preliminar en coordinación con la policía judicial, y tener entrenamiento en la formulación de un dictamen acusatorio, o cualquiera de las otras salidas procesales. Quien ocupe este cargo estratégico para la sobrevivencia de la democracia, tiene que demostrar que sabe escuchar y trabajar en equipo, y que ha manejado, con pericia, un alto número de subalternos.

Este país no puede darse el lujo de designar para los más altos cargos judiciales, por mucho apoyo político que tengan, a personas que en su vida han tratado casos y expedientes, los requerimientos y las resoluciones para desempeñarse con solvencia. No podemos poner a pilotar el avión a quien cuenta apenas con licencia para motocicleta. Importa saber de qué universidad es graduado, si de las de verdad o las de garaje. Para esto hay que ver los índices de promoción en las pruebas del Colegio de Abogados.

Pero la fiscalía general no es sólo cuestión de conocimientos jurídicos. Es también de rasgos de personalidad, psicológicos y de carácter. Tiene que cultivar la sabiduría para tomar decisiones y hacerlo de manera oportuna; tiene que ser valiente para resistir presiones internas y externas, de grupos de poder legítimos e ilegítimos; además debe tener la destreza de ponerse en el lugar del otro, y de manera especial en nuestros tiempos, en el lugar de la otra. La prudencia y la serenidad son indispensables, un rasgo de personalidad sin el cual, toda pericia se pone en riesgo.

Guárdenos la Providencia de un fiscal o fiscala débil, influenciable, manipulable, presto a recibir instrucciones de los de arriba, agradecido por el nombramiento, displicente, venal, servil. La valentía es la base de la integridad. Cumplirá con su delicada función si no se doblega ante nada ni ante nadie.

Por eso la Fiscalía General debería tener el indispensable rango Constitucional; debería ser la culminación de toda una carrera y tener las condiciones profesionales, salariales y demás ventajas de un miembro de Corte Suprema. La tentación de pasar de la Fiscalía a la Corte debería evitarse, no sólo por decisiones personales, sino por impedimentos legales.

He visto una precalificación que ha hecho la Comisión de Nombramientos de la Corte Suprema de Justicia en el certamen abierto para nombrar Fiscal General. Considero que en ella hay nombres con los mínimos de experiencia, conocimientos y personalidad adecuada para el cargo. Pero hay otros nombres que paran el pelo. Al menos, si no se tiene el perfil ideal, la Corte debería designar a alguien que no haya manifestado públicamente sus miedos y fobias a determinadas minorías de la población, alguien que al menos sepa la diferencia entre delito y pecado. Lo graves es que una vez nombrado, todas y todos estaremos en manos del nuevo fiscal o fiscala. Y sólo hago este último señalamiento porque he constatado la existencia de algún candidato impresentable con nota superior a 90. La resurrección en pleno siglo XXI de los Torquemadas medievales que en el mundo han sido. Una involución inaudita. Una auténtica catástrofe.

¡27 candidaturas presidenciales! ANEP propone…

Escrito en 04/11/2021. Publicado en Derechos.

De cara a las próximas elecciones presidenciales, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), propone que todos los estudiantes mayores de 15 años que posean cédula de identificación de menores, puedan participar de las elecciones como miembros activos de la sociedad; vinculándolo con los procesos de educación cívica, para empezar a trabajar en su formación democrática, con miras a que en un futuro sean partícipes de los procesos de elección.

Anti-vacunas: Una brújula política extraviada y peligrosa

Escrito en 30/10/2021. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Fernando Astorga Gatjens

En semanas recientes, un pequeño grupo de personas que se manifiestan contra las vacunas se ha estado movilizando para expresarse. En una democracia como la nuestra (declinante en muchos aspectos), están en su derecho aun cuando la inmensa mayoría de las y los costarricenses no compartamos sus posturas y los motivos que los hacen movilizarse.

Las personas anti-vacunas para sostener sus ideas y posiciones utilizan argumentos que van desde irracionales teorías de conspiración hasta razonamientos más serios, centrados en el hecho de que las vacunas anti-covid-19, generan dudas con respecto al verdadero alcance de su eficacia inmunológica y las secuelas que podrían producir en las personas inoculadas.

En el fondo, muchas de estas personas cuestionan los avances científicos y técnicos sin fundamentos sólidos y asumen una conducta que puede ser perjudicial para ellos mismos y, peor aún, para sus entornos sociales y para la comunidad nacional ante la posibilidad de la extensión del contagio del coronavirus. Asimismo, su posición es contraria al deseable avance en la meta de la inmunización de rebaño, que nos protegería a todos y sería una condición clave para la reactivación económica y social, que le urge a un país en profunda crisis multidimensional.

Las redes sociales son como una daga para la democracia en virtud de que pueden fortalecerla porque aseguran una comunicación horizontal muy rápida pero también pueden ser medios muy eficaces para la difusión de noticias falsas y de peligrosas teorías “conspiranoicas”. Sirven al mismo tiempo para construir, pero también pueden ser útiles para destruir personas, procesos e iniciativas de beneficio social.

Precisamente, han sido esas redes sociales las principales difusoras de las posturas anti-vacunas en el mundo y, desde luego, en Costa Rica. En su momento fue Donald Trump el difusor de ideas que han afectado la atención de la pandemia en su país; incluso afirmando que una forma de combatir el coronavirus era consumiendo dosis de desinfectante. El otro promotor de estas bizarras ideas ha sido y lo es todavía, Jair Bolsonaro en Brasil, que hoy es acusado por crímenes contra la humanidad por su terrible manejo de la pandemia y por la muerte de alrededor de 120.000 personas, cuyos fallecimientos habrían sido evitables. Igualmente han brotado movimientos desde posiciones de extrema derecha en España (Vox), Francia (el partido de Le Pen) y en otros países europeos. Se trata de movimientos que se manifiestan contra las vacunas e igualmente, lo hacen contra los inmigrantes, los derechos de la mujer y otros avances en materia de derechos humanos.

En una encuesta realizada en Costa Rica por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), entre el 4 de agosto y 6 de setiembre del año en curso, un 94 % de la población “considera de importancia la vacunación contra la covid-19 para detener y evitar contagios y lograr una mayor inmunidad.” Mientras tanto según el mismo estudio de la OPS, el 68 % de las personas consultadas opinó que la vacuna debe ser obligatoria. Esto nos muestra que la mayoría de quienes habitamos este país compartimos una posición razonable y sensata, y no hemos sido presa de esa peligrosa influencia anti-vacunal.

En el proceso de vacunación he sido muy crítico con el gobierno y las autoridades sanitarias, por otras razones, más centradas en la celeridad del proceso y, especialmente, por la opacidad y secretividad del contrato suscrito con la farmacéutica Pfizer. Es oportuno indicar aquí que un organismo estadounidense de defensa del consumidor (Public Citizen) publicó recientemente un informe en el que reveló cómo la Pfizer utiliza su enorme poder en medio de la pandemia. Este grupo analizó los acuerdos que Pfizer alcanzó con Brasil, Chile y Colombia. «Los contratos ofrecen un vistazo poco común al poder que una corporación farmacéutica ha obtenido para silenciar a los gobiernos, acelerar el suministro, traspasar el riesgo y maximizar las ganancias durante la peor crisis de salud pública en un siglo», expresa la publicación. Y si eso lo hizo con países de economías más grandes que habrá hecho con países como el nuestro, de un peso económico y político menor. Ni más ni menos que tigre suelto (la Pfizer) contra burro amarrado (un gobierno débil de un país pequeño).

Un tema de la importancia de éste, así como el manejo calculadamente político de muchos aspectos relacionados con las medidas y acciones de bio-seguridad, emprendidos por el gobierno, no han estado en la mira de estos grupos anti-vacunas. Tienen la brújula extraviada y se tornan peligrosos porque propagan ideas contrarias al bien y a una necesidad común: El avanzar pronto y rápido para alcanzar la meta de inmunización de rebaño y, con ello, protegernos todos contra el coronavirus y sus amenazadoras variantes.

Es un hecho indiscutible que la obtención de vacunas anti-covid en tan poco tiempo es un logro de la ciencia y la medicina, aunque es seguro que con el tiempo las vacunas mejorarán y posiblemente, se conviertan en inmunizantes de aplicación anual como el de la influenza. Es también indiscutible que sus efectos positivos se reflejan en estadísticas desarrolladas por organismos serios, que muestran reducción en las tasas de contagios, mejora en los síntomas severos, disminución de las cifras de muerte, reducción en hospitalizaciones; en fin, distintos avances en la lucha contra la pandemia. Es un triunfo científico, pero –eso si– una derrota a la cooperación y la solidaridad internacionales, ya que la avaricia de las grandes empresas farmacéuticas se ha impuesto hasta ahora frente a una distribución más uniforme de las vacunas en todo el orbe, particularmente en los países pobres. Y eso en un mundo tan interconectado como el del presente, representa un peligroso lastre para el avance global contra la pandemia.

Es preocupante que algunos partidos y candidatos presidenciales hayan estado coqueteando –directa o indirectamente– con estas posturas anti-vacunas, calculando que les pueden traer algún rédito político a sus propósitos electorales. Es sin lugar a duda posiciones tan oportunistas como irresponsables. En este momento, hay argumentos contundentes que nos hacen concluir que el mejor camino para combatir la covid-19 es la vacunación. No vacunarse y, peor aún, propagar ideas anti-vacunación es estar jugando a la ruleta rusa con respecto a contraer o no la enfermedad y a contagiar o no a otras personas.

La pelea de los anti-vacunas está destinada a fracasar porque es contundente la inmensa mayoría de quienes apoyamos la vacunación. Sin embargo, se convierte en un distractor que al final les es útil al gobierno y a algunos sectores políticos y económicos, a los que no les interesa que ciertos temas que deben ser prioritarios, se conviertan en la agenda y el debate de la todavía gélida campaña electoral.

El principal tema en esta campaña que debería emerger es el del enorme deterioro del Estado Social de Derecho, expresado en cifras dramáticas en recaudación fiscal (elusión, evasión, contrabando), deuda pública en sangría cotidiana para las arcas del Estado, salud pública en amenazante deterioro (crisis creciente de la CCSS), educación en perspectivas devastadoras, desempleo en números alarmantes, informalidad laboral rompiendo récord, derechos laborales en declive, abandono estatal de agricultores, productores pecuarios y pescadores, pobreza, desigualdad social, concentración de la riqueza, entre otros rubros y cifras en rojo.

Empero los partidos piromaniacos que han sido gobierno en los últimos lustros (PLN, PUSC y PAC) y los diputados cómplices en la actual Asamblea Legislativa, no van a querer aceptar que son corresponsables de este incendio que puede reducir a cenizas lo que nos queda del Estado Social de Derecho. Prefieren contribuir al reduccionismo de un debate entre vacunación y no vacunación, y no encarar el más grave tema que amenaza al país singular que construimos en dos siglos y que avanza inexorablemente a convertirse en un humeante recuerdo.

(29 de octubre, 2021)

Nicaragua el camino doloroso por la justicia y la democracia

Escrito en 28/10/2021. Publicado en Derechos.

El pasado 25 de octubre del 2021, se transmitió el documental “Nicaragua: El camino doloroso por la justicia y la democracia”. Este retrata la lucha de Nicaragua en su búsqueda de la democracia, además del cierre de los espacios democráticos y el grave deterioro de los derechos humanos en Nicaragua, sigue una ruta larga y dolorosa, cuyas raíces se remontan más atrás del estallido de abril de 2018.

La Revista Expediente Público y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, relatan en este documental la lucha de Nicaragua en busca de la democracia.

En enlace adjunto podrán encontrarán más información sobre ese tema:

Compartido con SURCOS por Juan Carlos Cruz Barrientos.

Costa Rica se dirige a unas elecciones con 27 candidatos a la presidencia

Escrito en 12/10/2021. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

El número sin precedentes de postulantes pone en evidencia la falta de liderazgos y de capacidad de diálogo político en el país tras la ruptura del bipartidismo.

Fernando Francia

A cuatro meses de las elecciones, son 27 las candidaturas a ocupar la silla presidencial que deberá dejar Carlos Alvarado, el presidente de Costa Rica, en 2022. Nunca habían sido tantos los candidatos confirmados por sus respectivas agrupaciones políticas en asambleas partidarias. Durante este mes tendrán que inscribirse ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), el ente regulador del proceso.

El miércoles comenzó de manera oficial la campaña electoral, que terminará el domingo 6 de febrero, cuando los costarricenses elijan una de las opciones o pospongan la decisión para una segunda vuelta, dos meses después.

Para el TSE la amplia lista de candidaturas es un símbolo de fortaleza democrática, aunque ya está generando trabajo adicional de fiscalización de actividades partidarias y de confección de una papeleta electoral más grande que la habitual para que quepan todas.

El banderazo inicial de la campaña lo señala el tradicional acto simbólico de la transferencia del mando de la Fuerza Pública del Poder Ejecutivo al TSE, con el que se busca garantizar la no injerencia del gobierno actual sobre el proceso electoral. En ese acto oficial, el 6 de octubre, el presidente del tribunal, Luis Antonio Sobrado, señaló que la libertad de elegir y la democracia son “nuestro acuerdo en medio de nuestros desacuerdos”. Pero esta elección no será sencilla para las más de tres millones y medio de personas que estarán convocadas a las urnas, porque la amplitud de la oferta electoral implica la consecuente dificultad de acceso a la información sobre todos los partidos en pugna.

Según Gustavo Román, asesor político y vocero del TSE, la sobreoferta electoral es un síntoma de la fortaleza de la democracia y al mismo tiempo de debilidad del sistema de partidos políticos. Lo primero, porque “evidencia que la participación político-electoral sigue siendo vista como una opción por personas con distintas sensibilidades políticas en el país”, dijo a la diaria.

Asimismo, la debilidad consiste en que la facilidad de inscripción de partidos políticos hace que muchos de estos sean un vehículo para aspiraciones personales. “Es evidente que detrás de muchos de estos nuevos partidos lo que hay son liderazgos de partidos políticos anteriores, liderazgos que, al no prosperar sus ambiciones o propósitos dentro de estructuras políticas más establecidas o antiguas, simplemente, sin ninguna dificultad, han inscrito sus proyectos dentro de esas otras estructuras político-partidarias”, dijo el vocero del TSE.

Desde finales del siglo pasado hasta la actualidad, la cantidad de partidos que compiten en procesos electorales ha aumentado enormemente en Costa Rica. De siete candidaturas en 1994 se pasó a 13 en 1998, 2002, 2014 y 2018. Hubo nueve en 2010 y en 2006 se marcó un récord de 14 postulantes. Este 2022 podrán ser hasta 27 los rostros y las banderas impresos en una misma hoja que la ciudadanía deberá marcar con su preferencia.

En opinión del politólogo Rotsay Rosales, eso es reflejo de la “sociedad compleja y plural que somos”. Opinó que “la participación de más actores y de más ciudadanías en el proceso favorece la legitimidad de quienes son representantes”. Sin embargo, para el politólogo, que ha estudiado a fondo el sistema de partidos políticos costarricense, la proliferación de partidos es también producto de “la relación problemática que desde hace varios años vivimos en el país entre ciudadanías y representación formal”. Señaló que “en la actualidad hay una depreciación en la ciudadanía de lo que ofrecen los partidos políticos, y estos no dejan de crecer en cantidad, pensando que con mayor oferta ganarán más simpatía”.

Todo esto, según Rosales, ocurrió tras la disolución del bipartidismo, proceso que comenzó en los años 90 y se consolidó con la llegada al poder en 2018 de un tercer partido, fuera de los llamados tradicionales. “Parafraseando a Gramsci, lo viejo pareciera que no termina de irse y lo nuevo no termina de consolidarse”, concluyó.

El politólogo Rubén Rojas señala la inconformidad de los votantes con los partidos políticos. “La mayoría de la ciudadanía siente que los partidos no han podido llevar su sentir a la Asamblea Legislativa o al gobierno y no han solventado sus demandas o necesidades con su actividad, y entonces se vuelca a la búsqueda de partidos políticos nuevos”.

Sin embargo, pese a esa proliferación, las soluciones no llegan. En general, porque los partidos están cooptados o dominados por fuerzas de poder económicas o políticas de élite y los partidos cambian liderazgos, pero mantienen su elitismo, explicó Rojas. “Ya no tenemos la cohesión que giraba en torno a dos partidos tradicionales en el bipartidismo, sino que, más bien, las personas comenzaron a determinar sus preferencias políticas a partir de elementos coyunturales o de representación de sus propios intereses, cambiando la tradición familiar partidaria anterior”, agregó.

Rojas cree que la existencia en sí de muchos partidos políticos no necesariamente es un síntoma de una democracia estable o madura.

A eso se refiere también la uruguaya radicada en Costa Rica Juliana Martínez, experta en políticas públicas. “El problema no es tanto el número como el tipo de partidos políticos. Las democracias necesitan de más partidos políticos programáticos –sean de centro, de derecha o de izquierda–, partidos consistentes y predecibles en su postura sobre los principales asuntos”, señaló en Twitter ante la discusión pública sobre el número de candidaturas.

Martínez dijo luego a la diaria que “la fragmentación del sistema de partidos no da calidad en la representación política, que es, a su vez, un ingrediente de la calidad de la democracia”. Como ejemplo de una situación de ese tipo en Centroamérica mencionó el de Guatemala, “donde una misma persona [el presidente actual, Alejandro Giammattei] compitió cuatro veces por la presidencia, todas a nombre de partidos políticos distintos”.

La experta en políticas públicas señaló que “una democracia fuerte necesita de partidos políticos que tengan programas claros, consistentes, que sean luego orientaciones efectivas en su ejercicio político”, y dijo que “eso sólo pasa en partidos programáticos, y difícilmente un país tenga 27 de esos”.

Los especialistas también coincidieron en que la falta de diálogo y de liderazgos hace mella en la integración de los partidos políticos, ya que dirigentes que no alcanzan sus aspiraciones personales prefieren crear una nueva estructura partidaria y buscar una oportunidad de candidatearse. De los actuales 27 aspirantes, 11 han cambiado de divisa partidaria.

El sistema electoral permite a los aspirantes a la presidencia postularse también a una diputación, lo cual es aprovechado por los partidos para que la visibilidad que puedan alcanzar en una campaña presidencial redunde en la obtención, al menos, de uno de los 57 escaños en la unicameral Asamblea Legislativa de Costa Rica.

A todas esas consideraciones políticas y organizativas se unen las dificultades de acceso a la información sobre los partidos por parte de la ciudadanía y al acceso a la financiación de las agrupaciones partidarias para enfrentar una nueva elección.

El Estado costarricense reconoce los gastos de campaña de los partidos que alcancen 4% de votos en la elección presidencial o que obtengan, al menos, un diputado. Este umbral lo han conseguido menos de diez agrupaciones en los procesos recientes.

El gran desafío para los partidos minoritarios es hacerse ver entre tantos rostros y tantas banderas que aparecerán en los medios, las redes sociales y en la propia papeleta electoral el 6 de febrero de 2022.

Publicado en https://ladiaria.com.uy/ y compartido son SURCOS por el autor.

Foto: UCR.

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Luis Fernando Astorga Gatjens

El número sin precedentes de postulantes pone en evidencia la falta de liderazgos y de capacidad de diálogo político en el país tras la ruptura del bipartidismo.

Fernando Francia

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