Invitamos a participar en esta marcha del domingo 07 de noviembre contra la farsa democrática y la liberación de quienes han sido apresados injustamente. No es tiempo de ser indiferentes. La defensa de la democracia y la paz social es vital para eliminar las condiciones que generan las desigualdades y la pobreza.
Tomado de https://www.facebook.com/190805514859896/posts/956538044953302/?sfnsn=mo
José Manuel Arroyo Gutiérrez. Exmagistrado CSJ. Profesor catedrático UCR.
Hay que insistir en la importancia que tiene, en una democracia, la cabeza del Ministerio Público. Es vital en la medida de los poderes discrecionales que por ley se le asignan, tanto por lo que debe hacer, como por lo que no debe hacer. Dirigir el monopolio de la acción penal pública no es poca cosa, cuestión relativamente compleja y llevadera en la delincuencia convencional (robos, estafas, violaciones, homicidios); pero tremendamente compleja en cuanto a la delincuencia no convencional (corrupción público/privada, narcotráfico, sicariato, tráfico de personas o de armas). Los principios de independencia y objetividad rigen para toda su actividad. Tan dañino puede ser un fiscal con mentalidad de acusador a ultranza, como aquél que, por negligente o corrupto, fomenta la impunidad.
Quien ocupe la fiscalía general tiene que demostrar que ha estudiado la teoría fundamental de los derechos humanos y sabe aplicarla; tiene que demostrar que conoce la Constitución Política, el derecho penal y de manera especial el derecho procesal penal. Debe además demostrar que maneja los requerimientos mínimos de una denuncia, el tratamiento que debe llevar una investigación preliminar en coordinación con la policía judicial, y tener entrenamiento en la formulación de un dictamen acusatorio, o cualquiera de las otras salidas procesales. Quien ocupe este cargo estratégico para la sobrevivencia de la democracia, tiene que demostrar que sabe escuchar y trabajar en equipo, y que ha manejado, con pericia, un alto número de subalternos.
Este país no puede darse el lujo de designar para los más altos cargos judiciales, por mucho apoyo político que tengan, a personas que en su vida han tratado casos y expedientes, los requerimientos y las resoluciones para desempeñarse con solvencia. No podemos poner a pilotar el avión a quien cuenta apenas con licencia para motocicleta. Importa saber de qué universidad es graduado, si de las de verdad o las de garaje. Para esto hay que ver los índices de promoción en las pruebas del Colegio de Abogados.
Pero la fiscalía general no es sólo cuestión de conocimientos jurídicos. Es también de rasgos de personalidad, psicológicos y de carácter. Tiene que cultivar la sabiduría para tomar decisiones y hacerlo de manera oportuna; tiene que ser valiente para resistir presiones internas y externas, de grupos de poder legítimos e ilegítimos; además debe tener la destreza de ponerse en el lugar del otro, y de manera especial en nuestros tiempos, en el lugar de la otra. La prudencia y la serenidad son indispensables, un rasgo de personalidad sin el cual, toda pericia se pone en riesgo.
Guárdenos la Providencia de un fiscal o fiscala débil, influenciable, manipulable, presto a recibir instrucciones de los de arriba, agradecido por el nombramiento, displicente, venal, servil. La valentía es la base de la integridad. Cumplirá con su delicada función si no se doblega ante nada ni ante nadie.
Por eso la Fiscalía General debería tener el indispensable rango Constitucional; debería ser la culminación de toda una carrera y tener las condiciones profesionales, salariales y demás ventajas de un miembro de Corte Suprema. La tentación de pasar de la Fiscalía a la Corte debería evitarse, no sólo por decisiones personales, sino por impedimentos legales.
He visto una precalificación que ha hecho la Comisión de Nombramientos de la Corte Suprema de Justicia en el certamen abierto para nombrar Fiscal General. Considero que en ella hay nombres con los mínimos de experiencia, conocimientos y personalidad adecuada para el cargo. Pero hay otros nombres que paran el pelo. Al menos, si no se tiene el perfil ideal, la Corte debería designar a alguien que no haya manifestado públicamente sus miedos y fobias a determinadas minorías de la población, alguien que al menos sepa la diferencia entre delito y pecado. Lo graves es que una vez nombrado, todas y todos estaremos en manos del nuevo fiscal o fiscala. Y sólo hago este último señalamiento porque he constatado la existencia de algún candidato impresentable con nota superior a 90. La resurrección en pleno siglo XXI de los Torquemadas medievales que en el mundo han sido. Una involución inaudita. Una auténtica catástrofe.
De cara a las próximas elecciones presidenciales, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), propone que todos los estudiantes mayores de 15 años que posean cédula de identificación de menores, puedan participar de las elecciones como miembros activos de la sociedad; vinculándolo con los procesos de educación cívica, para empezar a trabajar en su formación democrática, con miras a que en un futuro sean partícipes de los procesos de elección.
En semanas recientes, un pequeño grupo de personas que se manifiestan contra las vacunas se ha estado movilizando para expresarse. En una democracia como la nuestra (declinante en muchos aspectos), están en su derecho aun cuando la inmensa mayoría de las y los costarricenses no compartamos sus posturas y los motivos que los hacen movilizarse.
Las personas anti-vacunas para sostener sus ideas y posiciones utilizan argumentos que van desde irracionales teorías de conspiración hasta razonamientos más serios, centrados en el hecho de que las vacunas anti-covid-19, generan dudas con respecto al verdadero alcance de su eficacia inmunológica y las secuelas que podrían producir en las personas inoculadas.
En el fondo, muchas de estas personas cuestionan los avances científicos y técnicos sin fundamentos sólidos y asumen una conducta que puede ser perjudicial para ellos mismos y, peor aún, para sus entornos sociales y para la comunidad nacional ante la posibilidad de la extensión del contagio del coronavirus. Asimismo, su posición es contraria al deseable avance en la meta de la inmunización de rebaño, que nos protegería a todos y sería una condición clave para la reactivación económica y social, que le urge a un país en profunda crisis multidimensional.
Las redes sociales son como una daga para la democracia en virtud de que pueden fortalecerla porque aseguran una comunicación horizontal muy rápida pero también pueden ser medios muy eficaces para la difusión de noticias falsas y de peligrosas teorías “conspiranoicas”. Sirven al mismo tiempo para construir, pero también pueden ser útiles para destruir personas, procesos e iniciativas de beneficio social.
Precisamente, han sido esas redes sociales las principales difusoras de las posturas anti-vacunas en el mundo y, desde luego, en Costa Rica. En su momento fue Donald Trump el difusor de ideas que han afectado la atención de la pandemia en su país; incluso afirmando que una forma de combatir el coronavirus era consumiendo dosis de desinfectante. El otro promotor de estas bizarras ideas ha sido y lo es todavía, Jair Bolsonaro en Brasil, que hoy es acusado por crímenes contra la humanidad por su terrible manejo de la pandemia y por la muerte de alrededor de 120.000 personas, cuyos fallecimientos habrían sido evitables. Igualmente han brotado movimientos desde posiciones de extrema derecha en España (Vox), Francia (el partido de Le Pen) y en otros países europeos. Se trata de movimientos que se manifiestan contra las vacunas e igualmente, lo hacen contra los inmigrantes, los derechos de la mujer y otros avances en materia de derechos humanos.
En una encuesta realizada en Costa Rica por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), entre el 4 de agosto y 6 de setiembre del año en curso, un 94 % de la población “considera de importancia la vacunación contra la covid-19 para detener y evitar contagios y lograr una mayor inmunidad.” Mientras tanto según el mismo estudio de la OPS, el 68 % de las personas consultadas opinó que la vacuna debe ser obligatoria. Esto nos muestra que la mayoría de quienes habitamos este país compartimos una posición razonable y sensata, y no hemos sido presa de esa peligrosa influencia anti-vacunal.
En el proceso de vacunación he sido muy crítico con el gobierno y las autoridades sanitarias, por otras razones, más centradas en la celeridad del proceso y, especialmente, por la opacidad y secretividad del contrato suscrito con la farmacéutica Pfizer. Es oportuno indicar aquí que un organismo estadounidense de defensa del consumidor (Public Citizen) publicó recientemente un informe en el que reveló cómo la Pfizer utiliza su enorme poder en medio de la pandemia. Este grupo analizó los acuerdos que Pfizer alcanzó con Brasil, Chile y Colombia. «Los contratos ofrecen un vistazo poco común al poder que una corporación farmacéutica ha obtenido para silenciar a los gobiernos, acelerar el suministro, traspasar el riesgo y maximizar las ganancias durante la peor crisis de salud pública en un siglo», expresa la publicación. Y si eso lo hizo con países de economías más grandes que habrá hecho con países como el nuestro, de un peso económico y político menor. Ni más ni menos que tigre suelto (la Pfizer) contra burro amarrado (un gobierno débil de un país pequeño).
Un tema de la importancia de éste, así como el manejo calculadamente político de muchos aspectos relacionados con las medidas y acciones de bio-seguridad, emprendidos por el gobierno, no han estado en la mira de estos grupos anti-vacunas. Tienen la brújula extraviada y se tornan peligrosos porque propagan ideas contrarias al bien y a una necesidad común: El avanzar pronto y rápido para alcanzar la meta de inmunización de rebaño y, con ello, protegernos todos contra el coronavirus y sus amenazadoras variantes.
Es un hecho indiscutible que la obtención de vacunas anti-covid en tan poco tiempo es un logro de la ciencia y la medicina, aunque es seguro que con el tiempo las vacunas mejorarán y posiblemente, se conviertan en inmunizantes de aplicación anual como el de la influenza. Es también indiscutible que sus efectos positivos se reflejan en estadísticas desarrolladas por organismos serios, que muestran reducción en las tasas de contagios, mejora en los síntomas severos, disminución de las cifras de muerte, reducción en hospitalizaciones; en fin, distintos avances en la lucha contra la pandemia. Es un triunfo científico, pero –eso si– una derrota a la cooperación y la solidaridad internacionales, ya que la avaricia de las grandes empresas farmacéuticas se ha impuesto hasta ahora frente a una distribución más uniforme de las vacunas en todo el orbe, particularmente en los países pobres. Y eso en un mundo tan interconectado como el del presente, representa un peligroso lastre para el avance global contra la pandemia.
Es preocupante que algunos partidos y candidatos presidenciales hayan estado coqueteando –directa o indirectamente– con estas posturas anti-vacunas, calculando que les pueden traer algún rédito político a sus propósitos electorales. Es sin lugar a duda posiciones tan oportunistas como irresponsables. En este momento, hay argumentos contundentes que nos hacen concluir que el mejor camino para combatir la covid-19 es la vacunación. No vacunarse y, peor aún, propagar ideas anti-vacunación es estar jugando a la ruleta rusa con respecto a contraer o no la enfermedad y a contagiar o no a otras personas.
La pelea de los anti-vacunas está destinada a fracasar porque es contundente la inmensa mayoría de quienes apoyamos la vacunación. Sin embargo, se convierte en un distractor que al final les es útil al gobierno y a algunos sectores políticos y económicos, a los que no les interesa que ciertos temas que deben ser prioritarios, se conviertan en la agenda y el debate de la todavía gélida campaña electoral.
El principal tema en esta campaña que debería emerger es el del enorme deterioro del Estado Social de Derecho, expresado en cifras dramáticas en recaudación fiscal (elusión, evasión, contrabando), deuda pública en sangría cotidiana para las arcas del Estado, salud pública en amenazante deterioro (crisis creciente de la CCSS), educación en perspectivas devastadoras, desempleo en números alarmantes, informalidad laboral rompiendo récord, derechos laborales en declive, abandono estatal de agricultores, productores pecuarios y pescadores, pobreza, desigualdad social, concentración de la riqueza, entre otros rubros y cifras en rojo.
Empero los partidos piromaniacos que han sido gobierno en los últimos lustros (PLN, PUSC y PAC) y los diputados cómplices en la actual Asamblea Legislativa, no van a querer aceptar que son corresponsables de este incendio que puede reducir a cenizas lo que nos queda del Estado Social de Derecho. Prefieren contribuir al reduccionismo de un debate entre vacunación y no vacunación, y no encarar el más grave tema que amenaza al país singular que construimos en dos siglos y que avanza inexorablemente a convertirse en un humeante recuerdo.
(29 de octubre, 2021)
El pasado 25 de octubre del 2021, se transmitió el documental “Nicaragua: El camino doloroso por la justicia y la democracia”. Este retrata la lucha de Nicaragua en su búsqueda de la democracia, además del cierre de los espacios democráticos y el grave deterioro de los derechos humanos en Nicaragua, sigue una ruta larga y dolorosa, cuyas raíces se remontan más atrás del estallido de abril de 2018.
La Revista Expediente Público y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, relatan en este documental la lucha de Nicaragua en busca de la democracia.
En enlace adjunto podrán encontrarán más información sobre ese tema:
Compartido con SURCOS por Juan Carlos Cruz Barrientos.
Manuel Hernández
¿Cuál democracia?
Todavía algunos siguen creyendo que disfrutamos de un sistema robusto de libertades públicas.
La democracia hace rato que la derrumbaron.
Recuerdan la metáfora del cuento de Olivier Clerc.
Una ranita que la metieron en una olla con agua tibia, que estaba muy cómoda en su charca, cuya temperatura empezó a aumentar hasta que ya no pudo saltar y quedó totalmente rostizada.
Pues, por contrario a esta fabula, aquí, desde 2018, nos ensartaron, como decimos, de una, en la olla hirviendo, que cada vez le metieron más fuerza al fuego, y no reaccionamos o saltamos cuando teníamos que hacerlo resueltamente.
¿Nos falló el instinto de conservación o salvación?
Nos disciplinaron fácilmente, desde el puro principio de la orgía en la olla caliente y se trajeron, de un solo tajo, al suelo la democracia
Así, rostizaron, sin despeinarse, las libertades democráticas.
La pregunta que corresponde hacernos, como dicen Levitsky y Ziblatt, es la siguiente:
“Realmente es tan fácil borrar del mapa las instituciones democráticas?” (Cómo mueren las democracias, pág. 116).
Por cierto, el menú de la foto está exquisito para la cena de hoy.
Por si alguno tiene interés:
El restaurante principal está en Alto de Cuesta de Moras, con una Sucursal en Zapote y otra en Calle Morenos, muy cerca de la Iglesia del Perpetuo Martirio de la Constitución.
Los chef son carniceros certificados.
Delikatessen!
A cuatro meses de las elecciones, son 27 las candidaturas a ocupar la silla presidencial que deberá dejar Carlos Alvarado, el presidente de Costa Rica, en 2022. Nunca habían sido tantos los candidatos confirmados por sus respectivas agrupaciones políticas en asambleas partidarias. Durante este mes tendrán que inscribirse ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), el ente regulador del proceso.
El miércoles comenzó de manera oficial la campaña electoral, que terminará el domingo 6 de febrero, cuando los costarricenses elijan una de las opciones o pospongan la decisión para una segunda vuelta, dos meses después.
Para el TSE la amplia lista de candidaturas es un símbolo de fortaleza democrática, aunque ya está generando trabajo adicional de fiscalización de actividades partidarias y de confección de una papeleta electoral más grande que la habitual para que quepan todas.
El banderazo inicial de la campaña lo señala el tradicional acto simbólico de la transferencia del mando de la Fuerza Pública del Poder Ejecutivo al TSE, con el que se busca garantizar la no injerencia del gobierno actual sobre el proceso electoral. En ese acto oficial, el 6 de octubre, el presidente del tribunal, Luis Antonio Sobrado, señaló que la libertad de elegir y la democracia son “nuestro acuerdo en medio de nuestros desacuerdos”. Pero esta elección no será sencilla para las más de tres millones y medio de personas que estarán convocadas a las urnas, porque la amplitud de la oferta electoral implica la consecuente dificultad de acceso a la información sobre todos los partidos en pugna.
Según Gustavo Román, asesor político y vocero del TSE, la sobreoferta electoral es un síntoma de la fortaleza de la democracia y al mismo tiempo de debilidad del sistema de partidos políticos. Lo primero, porque “evidencia que la participación político-electoral sigue siendo vista como una opción por personas con distintas sensibilidades políticas en el país”, dijo a la diaria.
Asimismo, la debilidad consiste en que la facilidad de inscripción de partidos políticos hace que muchos de estos sean un vehículo para aspiraciones personales. “Es evidente que detrás de muchos de estos nuevos partidos lo que hay son liderazgos de partidos políticos anteriores, liderazgos que, al no prosperar sus ambiciones o propósitos dentro de estructuras políticas más establecidas o antiguas, simplemente, sin ninguna dificultad, han inscrito sus proyectos dentro de esas otras estructuras político-partidarias”, dijo el vocero del TSE.
Desde finales del siglo pasado hasta la actualidad, la cantidad de partidos que compiten en procesos electorales ha aumentado enormemente en Costa Rica. De siete candidaturas en 1994 se pasó a 13 en 1998, 2002, 2014 y 2018. Hubo nueve en 2010 y en 2006 se marcó un récord de 14 postulantes. Este 2022 podrán ser hasta 27 los rostros y las banderas impresos en una misma hoja que la ciudadanía deberá marcar con su preferencia.
En opinión del politólogo Rotsay Rosales, eso es reflejo de la “sociedad compleja y plural que somos”. Opinó que “la participación de más actores y de más ciudadanías en el proceso favorece la legitimidad de quienes son representantes”. Sin embargo, para el politólogo, que ha estudiado a fondo el sistema de partidos políticos costarricense, la proliferación de partidos es también producto de “la relación problemática que desde hace varios años vivimos en el país entre ciudadanías y representación formal”. Señaló que “en la actualidad hay una depreciación en la ciudadanía de lo que ofrecen los partidos políticos, y estos no dejan de crecer en cantidad, pensando que con mayor oferta ganarán más simpatía”.
Todo esto, según Rosales, ocurrió tras la disolución del bipartidismo, proceso que comenzó en los años 90 y se consolidó con la llegada al poder en 2018 de un tercer partido, fuera de los llamados tradicionales. “Parafraseando a Gramsci, lo viejo pareciera que no termina de irse y lo nuevo no termina de consolidarse”, concluyó.
El politólogo Rubén Rojas señala la inconformidad de los votantes con los partidos políticos. “La mayoría de la ciudadanía siente que los partidos no han podido llevar su sentir a la Asamblea Legislativa o al gobierno y no han solventado sus demandas o necesidades con su actividad, y entonces se vuelca a la búsqueda de partidos políticos nuevos”.
Sin embargo, pese a esa proliferación, las soluciones no llegan. En general, porque los partidos están cooptados o dominados por fuerzas de poder económicas o políticas de élite y los partidos cambian liderazgos, pero mantienen su elitismo, explicó Rojas. “Ya no tenemos la cohesión que giraba en torno a dos partidos tradicionales en el bipartidismo, sino que, más bien, las personas comenzaron a determinar sus preferencias políticas a partir de elementos coyunturales o de representación de sus propios intereses, cambiando la tradición familiar partidaria anterior”, agregó.
Rojas cree que la existencia en sí de muchos partidos políticos no necesariamente es un síntoma de una democracia estable o madura.
A eso se refiere también la uruguaya radicada en Costa Rica Juliana Martínez, experta en políticas públicas. “El problema no es tanto el número como el tipo de partidos políticos. Las democracias necesitan de más partidos políticos programáticos –sean de centro, de derecha o de izquierda–, partidos consistentes y predecibles en su postura sobre los principales asuntos”, señaló en Twitter ante la discusión pública sobre el número de candidaturas.
Martínez dijo luego a la diaria que “la fragmentación del sistema de partidos no da calidad en la representación política, que es, a su vez, un ingrediente de la calidad de la democracia”. Como ejemplo de una situación de ese tipo en Centroamérica mencionó el de Guatemala, “donde una misma persona [el presidente actual, Alejandro Giammattei] compitió cuatro veces por la presidencia, todas a nombre de partidos políticos distintos”.
La experta en políticas públicas señaló que “una democracia fuerte necesita de partidos políticos que tengan programas claros, consistentes, que sean luego orientaciones efectivas en su ejercicio político”, y dijo que “eso sólo pasa en partidos programáticos, y difícilmente un país tenga 27 de esos”.
Los especialistas también coincidieron en que la falta de diálogo y de liderazgos hace mella en la integración de los partidos políticos, ya que dirigentes que no alcanzan sus aspiraciones personales prefieren crear una nueva estructura partidaria y buscar una oportunidad de candidatearse. De los actuales 27 aspirantes, 11 han cambiado de divisa partidaria.
El sistema electoral permite a los aspirantes a la presidencia postularse también a una diputación, lo cual es aprovechado por los partidos para que la visibilidad que puedan alcanzar en una campaña presidencial redunde en la obtención, al menos, de uno de los 57 escaños en la unicameral Asamblea Legislativa de Costa Rica.
A todas esas consideraciones políticas y organizativas se unen las dificultades de acceso a la información sobre los partidos por parte de la ciudadanía y al acceso a la financiación de las agrupaciones partidarias para enfrentar una nueva elección.
El Estado costarricense reconoce los gastos de campaña de los partidos que alcancen 4% de votos en la elección presidencial o que obtengan, al menos, un diputado. Este umbral lo han conseguido menos de diez agrupaciones en los procesos recientes.
El gran desafío para los partidos minoritarios es hacerse ver entre tantos rostros y tantas banderas que aparecerán en los medios, las redes sociales y en la propia papeleta electoral el 6 de febrero de 2022.
Publicado en https://ladiaria.com.uy/ y compartido son SURCOS por el autor.
Foto: UCR.
El hecho de haberse presentado tantos candidatos de distintos partidos para estas próximas elecciones, de los cuales muchos dicen pensar igual, ha suscitado sorpresas no exentas de críticas.
Algunas de ellas muy ásperas o subidas de tono. Por tal razón creemos que estamos en tiempos, superando desidias, temores o sentimientos de impotencia, de abocarnos a una profunda reflexión que nos conduzca como ciudadanos a actuar, arremetiendo con coraje y justeza, para rescatar a Costa Rica de tantos males que le aquejan.
Decía el gran escritor portugués, José Saramago, que no se podía discutir a Dios o a la Patria pero que una sociedad y una democracia si tienen que discutirse a sí mismas. La sociedad costarricense que durante años logró construir algo diferente, que la convirtió en emblemática y adornada de laureles, atraviesa hace ya tiempo graves problemas.
Ya no se discute, y eso la viene conduciendo a una crisis de tal magnitud que hasta hace poco era inimaginable para la gran mayoría de los costarricenses. La ausencia de esa práctica democrática, en las diferencias, convertida en atributo individual y colectivo, que facilitaba el diálogo y los acuerdos en torno a principios, convicciones y valores, hoy son reemplazadas por agendas personales.
Algunos le llaman a esas conductas “ilusiones individuales de poder” sin embargo creemos que hay que buscarles otras definiciones más aterrizadas o concretas ya que encajan más con egoísmos y mezquindades. ¿O con mediocridades, sin rumbo y cobardías? Porque una cosa es referirse en solitario a los problemas con promesas de resolverlos, que ya sabemos en qué terminan, y otra muy diferente es asumir responsabilidades y compromisos entre partes mediante diálogos y negociaciones abiertas, de cara al resto de la sociedad, evitando así que los ciudadanos y ciudadanas sigamos pensando que en el fondo lo que prevalece, en los que conforman parte de esta clase política, son los tapujos y las complicidades.
Lo cierto es que con estas conductas y actitudes el país se encuentra a la deriva, botando por la borda los pocos laureles o las grandes obras sociales que aún le quedan por proteger. Es imperioso discutir esta sociedad y esta democracia para que ese “volver a creer” sea realidad y nos devuelva la fuerza que ha permitido esa cierta cohesión nacional, en la solidaridad y en el respeto a un proyecto social exitoso y perfectible. Antes que estalle esa bomba social, que la irresponsabilidad de la clase gobernante de los últimos años ha activado.
Las palabras son la manifestación del pensamiento, cultura, ideología, historia e identidad de las personas. En este sentido, las palabras son ricas y poseen complejas significaciones presentes en toda comunicación, las cuales trascienden la interrelación entre individuos para ser también expresiones de grupos y sociedades en tiempos-espacios particulares.
Esto es, la comunicación requiere de algunas condiciones para establecer la interacción, sin embargo, en determinados contextos la situación, condición y pensamiento distinto entre los interlocutores la inhibe porque las palabras y su articulación, no son comprendidas por no poseer significaciones ni intereses comunes. La incomunicación en el presente, es el resultado de la fragmentación y separación social, no necesariamente física, en una sociedad paradójicamente articulada e interdependiente, plagada de medios técnicos para la comunicación.
La pluralidad social en el presente globalizado requiere de la comunicación porque es un requisito necesario para la convivencia, para la vida en comunidad y para nuestra socialización como seres humanos en un mundo integrado e interdependiente. Sin embargo, a pesar de su necesidad social e histórica, la incomunicación está presente y nutre muchas de nuestras relaciones sociales y políticas con el poder prevaleciente.
Se podría afirmar que, la incomunicación es una condición patológica de la sociedad contemporánea, que impide el conocimiento entre unos y otros, a pesar de una extensa e intensa relación en la diversidad de nuestra cotidianidad.
La incomunicación no solo es una separación con quienes tenemos que convivir, es una ruptura con los otros, a los cuales les niegan absurdamente tener comunidad de intereses y anhelos compartidos. La incomunicación es antagónica a todo proceso democrático, no representa el interés de todos ni el respeto al pensamiento, actuación e ideologías distintas a la propia. Es parte consustancial de un proceso político totalitario que crea enemigos, que separa lo que está unido, que desprecia y pretende desaparecer a los otros, y que en pulsión suicida asesina a quienes sustentan su existencia.
La actuación y pensamiento idéntico entre las personas, no existe, todos somos distintos, nunca máquinas estandarizadas, como tampoco contendientes ni enemigos. Creer que las diferencias son separaciones absolutas, es asumir absurdas posiciones totalitarias que auguran confrontaciones y guerras infinitas de destrucción contra la humanidad.
Gran parte de los medios de comunicación en Costa Rica, son ejemplos de la incomunicación, porque con la mercantilización de las noticias pueden decir cuanta falsedad quieren sus contratantes, privados o gubernamentales, además de mentir, calumniar y difamar, crean miedos y desconfianza informando sobre asesinatos, asaltos, fraudes y accidentes. Así, promueven ilusiones, frustraciones y disputas entre los seguidores del futbol, mientras se enriquecen los negociantes que usurpan y corrompen el deporte popular.
Esos medios no son públicos, son privados, se imponen con palabras parciales y parcializadas que ofenden la inteligencia e impiden el pensamiento complejo, así como simplifican la complejidad de los acontecimientos y realidades. La veracidad y la pluralidad del pensamiento, así como el debate serio, plural, comprometido, sobre los derechos ciudadanos, la democracia, la planificación o el desarrollo nacional, están ausentes en dichos medios, no obstante, están protegidos y mantenidos por el poder. Los propietarios de los medios encubren su funesta actuación con la honestidad, honradez y sacrificio de muchos otros periodistas, que en honor a su compromiso social denuncian a gobernantes ilegítimos, a los corruptos, así como defienden la institucionalidad pública y los derechos ciudadanos.
Las palabras del discurso del poder en Costa Rica están dirigidas a las mayorías trabajadoras para ocultarles que son ellas quienes sustentan los ingresos fiscales y que son los generadores de las ganancias y riquezas privadas. También para imponerles decisiones y acciones, como verdades absolutas, de las cuales supuestamente depende el bienestar y la existencia de los trabajadores, a pesar de que los perjudica y empobrecen. Asimismo, el discurso del poder se dirige a las mayorías para buscar apoyo y legitimar su poder con mentiras y demagogia. Esas intencionalidades del discurso del poder dictatorial, hacia los trabajadores, es para mantenerlos pasivos, obedientes, engañados, confundidos, enfrentados, enfermos e incomunicados para posesionarse en el poder dictatorial.
Las tiranías requieren de esas palabras y discursos, no para dialogar ni concertar, sino para imponer las decisiones y acciones contra quienes les han negado la palabra y no son escuchados. El discurso del poder no solo son palabras del mandatario, también hablan y actúan las leyes, los medios, la educación formal, la administración pública, la religión o “las fuerzas del orden”, que contribuyen con la difusión de sus palabras y miedos a la consecución de los propósitos del poder.
La incomunicación social es una condición privativa del poder, pero ninguna tiranía es eterna, como tampoco lo es la incomunicación. El fracaso del discurso del poder, es la imposibilidad de seguir dominando y explotando, es la absurda pretensión de eternizar un poder irracional, sin horizonte histórico. El pensamiento y conciencia crítica y disidente, son la esperanza para reconstruir una sociedad plural y un mundo mejor.
¿Cómo explicar que los empresarios se les exima pagar las deudas al seguro social, cómo se permite la elusión y evasión tributaria y el no pago de intereses moratorios, a pesar que fueron cobrados en las mercancías y servicios que venden?, ¿cómo es posible que un mandatario afirme que fue electo para emitir criterio?, ¿qué podemos esperar de un Estado que pregona democracia y libertad, cuando impone acciones contra el pueblo que dice representar?, ¿cómo confiar en alguien que defraudó y traicionó la decisión electoral del pueblo?
Al parecer las palabras y acciones de los autócratas, de los intelectuales del sistema, de los propietarios de los medios y del capital, revelan transparentemente el cinismo de su poder. Es lamentable que aún no podamos democráticamente destituir al mandatario, dado que no tiene la solvencia moral de renunciar ni reconocer su traición al pueblo costarricense. Nuestra población será callada y disciplinada, pero no es ignorante ni tonta, son tales, quienes creen engañar y defraudar eternamente al pueblo.
Imagen: https://steemkr.com/spanish/@luzmar/el-poder-del-discurso
Cuando la oferta es mayor que la demanda, según las leyes del mercado, los precios bajan. Aunque con los oligopolios transnacionales ese principio no se sostiene, en el caso de la actual sobreoferta partidaria sí hay evidencias que estamos ante el abaratamiento de los partidos.
En este sentido, se trata de un fenómeno que, aunque no es nuevo, viene en ascenso, y no es, precisamente, un indicador de un fortalecimiento del régimen democrático, todo lo contrario: con el abaratamiento partidario estaríamos asistiendo a una mayor devaluación de nuestra democracia.
Y esto obedece, como argumentan algunos politólogos, a que la política viene cada vez más cediendo espacio a los poderes fácticos empresariales y financieros, o sea, la economía domina a la política. Tal es el caso, del comportamiento de las nuevas propuestas partidarias, entre otras, el Partido Acción Ciudadana (PAC) y los partidos de corte confesional “evangélico” (PRN y PNR), que se convirtieron en más -mucho más- de lo mismo, haciendo causa común con el bipartidismo neoliberal, vía los consensos legislativos dirigidos a desmantelar el Estado Social de Derecho. Y secundados, por una campaña inquisitorial, impulsada por los medios de comunicación dominantes contra el sector público. Es decir, la agenda política ha estado en manos de esos poderes fácticos.
Por otra parte, el fenómeno del pluripartidismo en ascenso se ha convertido en una vía para acceder a la Asamblea Legislativa, ante un sistema que ha supeditado las candidaturas a diputados a la vía partidaria. Solo en este aspecto, es que podría estar contribuyendo a la democratización en la elección de diputados. Una muestra de que el país requiere nuevas alternativas para la elección de diputados, así como la apuesta por un régimen más parlamentario. Para ello, es fundamental que accedan a este primer poder de la república personas con trayectoria en el movimiento social, verdadero liderazgo comunitario, así como quienes han probado, desde diversos frentes, tener vocación y capacidad para servir al bien común. Evitar, así, el abaratamiento también de ese primer poder de la república, cada vez más decadente.
Las ofertas partidarias de hoy no muestran evidencias contundentes de estar marcando la diferencia. No se avizora una propuesta coherente y consistente para encarar los álgidos problemas que vive el país. Podría aducirse que la campaña todavía no arranca. Sin embargo, quienes lideran las múltiples ofertas partidarias ya se han lanzado al ruedo y resultan más ruidosos que propositivos. A estas alturas, y debido a la crítica situación que vive el país, es de que ya se hubiesen levantado las voces de la denuncia de tanta injusticia que colma el vaso y de la propuesta seria y visionaria que haga renacer la esperanza para reconstruir esta maltrecha “finquita”.
Para tiempos críticos como los actuales, se requieren liderazgos valientes, atrevidos y disruptivos, decididos a propiciar cambios estructurales, mostrando independencia frente a los poderes fácticos y los intereses particulares. Liderazgo político que genere confianza, trascendiendo el gremialismo partidista, y mostrando voluntad para conjuntar a las mejores personas, que se conviertan en garantes de una propuesta con visión de un país inclusivo, equitativo y solidario. Un liderazgo decidido a relanzar el país por los caminos de la paz y la justicia social requiere entereza, para poner a toda la ciudadanía a contribuir con generosidad -sin exclusiones, como se hace ahora con los que más tienen-, y a aportar lo mejor de sus recursos y capacidades, para proyectar la Costa Rica digna, justa y soberana en que habrán de vivir las próximas generaciones.
Quizá todavía estemos a tiempo para cambiar de rumbo, y no continuar abaratando la política, pilar esencial para una convivencia humana con justicia y paz social.