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Etiqueta: democracia

Respuestas a Preguntas que no se Creen sobre Venezuela, ¿Por qué? (I)

Lic. José A. Amesty R.

17-4-2021

Nosotros/as nos fastidiamos hasta el cansancio, tratando que la gente crea y tome conciencia sobre la verdad de Venezuela, y los medios opositores no, además que dicen una mentira y la creen, que increíble.

Sin embargo, no debemos ni cansarnos ni fastidiarnos, hay que seguir con la batalla de las ideas y no desistir, sino como sabemos hacerlo seguir resistiendo. Veamos las preguntas y re – respondamos nuevamente hasta el cansancio:

¿Hay Democracia en Venezuela? ¿Las Elecciones son Arregladas? ¿Hay Dictadura en Venezuela? ¿Nicolás Maduro es un Dictador? ¿Hay Crisis Económica en Venezuela? ¿Hay Migración y Exiliados Políticos? ¿Hay Denuncias de otros Países contra Venezuela? ¿Hay Populismo, Fascismo, Mesianismo en Venezuela? ¿Hay Estado de Derecho en Venezuela? ¿Hay Libertad de Prensa en Venezuela? ¿Hay Respeto a los Derechos Humanos? ¿Se han Cercenado las Libertades e Irrespetado las Instituciones del Estado venezolano? ¿Por qué Rusia y China intervienen a favor de Venezuela? Y tantas otras… Veamos…

*¿Hay Democracia en Venezuela?

Para los que la democracia es sinónimo de Elecciones, les informamos que en Venezuela, se han realizado, al menos, 23 elecciones desde 1998, año en que Hugo Chávez fue electo Presidente e inició un proceso de democratización de los poderes del Estado con altos niveles de participación del pueblo en las decisiones que hacen a su vida política, económica, cultural y organizativa. A esto se le llama Democracia Participativa y Protagónica.

Además en Venezuela el voto no es obligatorio, y aun así el porcentaje de participación de las últimas dos décadas está por arriba del 70 por ciento, mayor que lo que sucede en los Estados Unidos, España, Colombia, Perú o Chile. Desde hace, al menos 11 años, Venezuela emplea el voto electrónico o automatizado, que permite agilizar el proceso de sufragio y blindar los resultados.

Además, adelantamos desde ya, que el Presidente Nicolás Maduro, ha sido reiterado como tal, por medio de los votos del pueblo, en elecciones libres, soberanas y democráticas, y avalado por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Aprovechamos para resaltar algunos aspectos positivos de la Revolución Bolivariana con su Democracia Participativa y Protagónica de todo el pueblo, y no con populismo ni fascismo, ha tenido logros extraordinarios para esa misma población: erradicación del analfabetismo, inclusión en todas las etapas del sistema educativo, estamos en el 5° lugar del mundo en matrícula universitaria, sistema de salud universal y gratuito, reducción de la pobreza en más del 50%, reducción de la mortalidad infantil y de la desnutrición infantil, entre muchos otros.

Hay que precisar en torno a los aspectos básicos de alimentación, medicinas, ataque a la moneda nacional, transporte-gasolina, y muchos otros, que se han visto disminuidos, por el bloqueo feroz de USA y sus aliados internos y externos. Esto ha servido como propaganda de la oposición, para vender la idea que el Gobierno Revolucionario no atiende estos aspectos de la vida diaria de los venezolanos. Es ya conocido, que la Revolución Bolivariana, tiene en cuenta a la población y de alguna manera, una de las medidas son: las cajas CLAP, (cajas con alimentos básicos) los bonos en dinero en efectivo, y el apoyo a la salud y educación al ser totalmente gratuitas.

Hemos logrado buena parte de las metas del Milenio, como la cobertura de agua potable y saneamiento, la reducción de la pobreza, el acceso a una alimentación balanceada, la inclusión en la educación y en el trabajo sin discriminación por género, entre otras.

En conclusión, el triunfo de la Revolución Bolivariana, con su Democracia Participativa y Protagónica, es el triunfo de las mayorías, de los excluidos y las excluidas, de los invisibilizados y las invisibilizadas, de los obreros, de las obreras, los campesinos y las campesinas, sobre la alianza de los partidos de la burguesía y las oligarquías existentes sumisas, durante décadas, al imperialismo. Y contra esto, no hay Populismo ni Fascismo que valga!

*¿Las Elecciones en Venezuela son Arregladas?

El Poder Público Nacional venezolano, se divide en Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral, es decir que, a diferencia de Argentina (solo hay tres poderes) en donde los procesos electorales son organizados por el Ministerio del Interior (poder que depende del Presidente), en Venezuela existe un poder diferenciado del ejecutivo que asume los procesos electivos. El sistema electoral venezolano ha sido reconocido por observadores internacionales, como la Unión de Naciones Suramericanas y el Centro Carter (del ex presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter), en distintos procesos comiciales como uno de los más confiables y modernos del mundo.

Deseamos recordar y poner como ejemplo, las supuestas “irregularidades” de las elecciones del 20 de mayo 2018, aduciendo que solo dos partidos participaron y toda una suerte de señalamientos de fraude.

Deseamos señalar que estas elecciones tienen una historia larga, con muchos acontecimientos y circunstancias coyunturales. Invito a buscar en Internet, todo lo referente a estas elecciones, donde hay abundante información. No obstante, tratare de ser lo más preciso posible.

¿Quiénes participaron en estas elecciones?

El grupo de los partidos políticos que participaron formalmente en las elecciones del 20MAY2018, fueron: Avanzada Progresista (AP), Copei, Movimiento al Socialismo (MAS) que apoyaron al candidato Henri Falcón.

A su vez, los partidos políticos, Esperanza por el Cambio de Javier Bertucci, y UPP89 de Reinaldo Quijada. Y por supuesto el partido político PSUV cuyo candidato fue Nicolás Maduro Moros.

¿Quiénes no participaron en estas elecciones?

El grupo de la llamada MUD, Mesa de la Unidad Democrática, cuyo bastión importante lo agrupan organizaciones como Acción Democrática (AD), Primero Justicia (PJ), Voluntad Popular Activistas (VPA), Un Nuevo Tiempo (UNT), Alianza Bravo Pueblo (ABP), Vente Venezuela (VV), Proyecto Venezuela (PRVZLA), Convergencia, Causa R, Bandera Roja (BR), entre otras.

Quienes, como en otra ocasión, apostaron a la no participación electoral, a fin de generar las condiciones para reactivar una agenda violenta, como desenlace a la actual coyuntura política en el país.

Dicha agenda violenta pudiera constituirse en una desobediencia civil, un Golpe Militar tradicional, Guerra Civil, una intervención militar internacional o la combinación de todos los escenarios anteriores.

*¿Hay Dictadura en Venezuela? ¿Nicolás Maduro es un Dictador?

No es cierto que el gobierno del presidente constitucional Nicolás Maduro, sea una dictadura. Precisemos que un dictador no respeta o irrespeta su propia Constitución, este no es el caso de Nicolás Maduro, quien en todos sus actos, siempre actúa velando por la constitucionalidad de sus políticas. En 18 y más años, de gobierno revolucionario, nunca SE HA ROTO EL HILO CONSTITUCIONAL. Las protestas de la oposición, han sido contenidas, utilizando solo agua y gases, nunca reprimidas, como se hace en otros países.

Hay toda una campaña mediática de la oposición venezolana, hacia el exterior e interior de Venezuela, enfatizando que en el país hay un dictador, una dictadura ejercida por el Presidente Constitucional Nicolás Maduro Moros, Y MAS AUN, A PARTIR QUE EL MANDATARIO VENEZOLANO HAYA ACTIVADO EL PODER ORIGINARIO DEL PUEBLO, AL PROPONER UNA Asamblea Nacional Constituyente, deseamos precisar algunas ideas en torno a las Dictaduras, sin hacer juicios de valor, solo precisarlas, para que se vean sus postulados principales.

La dictadura es un sistema de gobierno o régimen gubernamental donde todos los poderes del Estado se concentran en un individuo, un grupo o un partido. El dictador no permite la oposición a sus acciones y a sus ideas, tiene poder y autoridad absolutos. Se trata de un régimen no democrático, antidemocrático y autocrático, donde no existe la participación del pueblo.

Existen varios tipos de Dictaduras, a saber:

Dictadura Fascista: El concepto de régimen fascista puede aplicarse a algunos regímenes políticos dictatoriales, ya fueran totalitarios o autoritarios de la Europa de entreguerras y a prácticamente todos los que se impusieron por las potencias, durante su ocupación del continente durante la Segunda Guerra Mundial.

De un modo destacado, y en primer lugar, a la Italia de Benito Mussolini (1922) que inaugura el modelo y acuña el término; seguida por la Alemania de Adolf Hitler (1933) que lo lleva a sus últimas consecuencias; y la España de Francisco Franco que se prolonga mucho más tiempo y evoluciona fuera del periodo (desde 1939 hasta 1975). Las diferencias de planteamientos ideológicos y trayectorias históricas entre cada uno de estos regímenes son notables.

Dictaduras Autoritarias: El término autoritarismo, no tiene una ideología tan elaborada, el ensalzamiento del líder se hace de forma meramente propagandística. No busca el apoyo de las masas, sólo someterlas. Su meta última no es realizar grandes cambios en la sociedad sino únicamente imponer su poder sobre la misma. El autoritarismo busca acallar a los disidentes y evitar sus expresiones en público.

En Las Dictaduras Totalitarias, la concentración de poder está en una sola persona o grupo muy reducido, usualmente un partido político o movimiento, que puede incluso conducir al culto a la personalidad del líder. Se justifica la actuación política mediante una doctrina global que se manifiesta en todas las esferas de la actuación humana: economía, cultura, familia, religión. Se emplea sistemáticamente el terror, por medio de policías y ejércitos para eliminar a la disidencia u oposición. Se utilizan los campos de concentración para aislar a la oposición y enemigos del régimen. Busca no solo acallar sino también extirpar las formas de pensamiento opuestas, mediante el adoctrinamiento y la remodelación de las mentalidades.

Se han desarrollado también una especie de Dictaduras llamadas Modernas, en las cuales, los dictadores también pueden llegar al poder siendo elegidos en votaciones populares, designados por un partido único o jerarquía dominante de cualquier signo, o heredar el poder tras el fallecimiento del pariente que lo ostentaba. Guarda conexión con los totalitarismos a través de la implantación de un sistema de legitimación del poder público mediante un sistema político de fuerza y jerarquía; y mediante la ideología del movimiento o partido.

A su vez, La Dictadura Constitucional es la forma de gobierno en la que, aunque aparentemente se respeta la Constitución, en realidad el poder se concentra de manera absoluta en las manos de un dictador (y en ocasiones, en las manos de sus cómplices), controlando éste, directa o indirectamente, los Poderes. El mecanismo mediante el cual se mantiene el aparente respeto a la Constitución se denomina fraude constitucional: un ejemplo es el fraude electoral.

Todos estos tipos de dictaduras tienen un componente militar que las caracteriza. Que en algunos casos se implementan a través de los llamados Golpe de Estado, y que es una forma de gobierno donde el poder está completamente controlado por los militares.

Veamos algunas características de las Dictaduras:

Poder sin límites. En las dictaduras no existen control ni límites a las determinaciones que tome el dictador. De este modo a lo largo de la historia estos dictadores autoritarios han cruzado barreras morales y jurídicas sin presentar siquiera argumentos lógicos que sustenten sus acciones. De este modo se han cometido asesinatos masivos, privación de la libertad, encarcelamientos injustificados, otras.

No hay Leyes Constitucionales. Dado que no existe la división de poderes en las dictaduras, las leyes que se sancionan son directamente propuestas por la figura monárquica de quien está al mando. Los ciudadanos no poseen leyes que los amparen ya que, en el mejor de los casos, la constitución es adaptada a las necesidades del dictador y del grupo al que pertenece y representa.

Intromisión en la vida privada de las personas. Generalmente, en las dictaduras, las fuerzas armadas tienen la capacidad de privar de su libertad a cualquier ciudadano si así lo consideran necesario. También pueden solicitar datos, objetos personales e incluso irrumpir en propiedades privadas.

Desvanecimiento de la figura del Presidente. Dado que este término describe a la figura máxima dentro de un gobierno democrático (opuesto a los gobiernos de facto) existe un desvanecimiento de la figura del Presidente como tal. Aunque también en ciertas dictaduras el dictador al mando se ha dado en llamar Presidente, sólo conserva su nombre dada la ausencia del aparato democrático que lo sustenta detrás.

Control de los medios de comunicación masivos. Todas las dictaduras supervisan el contenido de los medios de comunicación así como también a sus periodistas y trabajadores. De esta forma tienen bajo su control y dominio los medios y persuaden a la población. Generalmente se utilizan estos medios interviniéndolos e inculcándole a la población características positivas del líder dictador al mando. Esto, a menudo, coloca al dictador en una figura de padre protector y benefactor del pueblo.

Violación de los Derechos Humanos. Durante los gobiernos de facto, existe una ausencia total de los derechos del pueblo y los derechos humanos no son una excepción. Durante este tipo de gobiernos se pueden llegar a hacer uso de guerras o batallas (internas o externas) para justificar actos de violación de los derechos humanos ya sea hacia su pueblo o hacia otros países.

Control a través del miedo. Todas las dictaduras han dominado y controlado a sus ciudadanos a través del miedo. Ellos generan y fomentan en el pueblo el terror a ser perseguidos, torturados y asesinados sino se acatan las órdenes estrictas de la dictadura.

La Iglesia como medio de dominación. Comúnmente las dictaduras necesitaron tener el aval espiritual. De esta forma se les otorgó un poder desmedido a la iglesia (mayoritariamente este poder se le dio al a iglesia católica) quienes eran los encargados de «encauzar» las almas de aquellos que se habían desviado del camino espiritual. De este modo, las dictaduras podían justificar moralmente su repudio hacia los homosexuales, negros o personas que no compartían esta religión.

Errores comunes de las dictaduras. Dado que infunden miedo no solo en el pueblo si no en todos los que rodean al dictador, los ayudantes de éste evitan expresar críticas u opiniones diferentes a las que propone dicho dictador. Por esta razón se genera un ambiente donde los errores son frecuentes y, en ciertos casos, pueden llegar a terminar con el régimen.

Diferencia entre Democracia y Dictadura: Son de hecho dos extremos opuestos, y también de las formas de gobierno más comunes hoy en día. La democracia es, según traducción literal de su voluntad, el gobierno del pueblo por el pueblo. Es decir, que son los ciudadanos quienes deciden las leyes, quiénes son los representantes para gobernar.

Estas decisiones en democracia pueden realizarse de forma directa mediante elecciones de diverso tipo (nacionales, autonómicas, u otras) o bien de forma indirecta, cediendo el poder a representantes con el fin de agilizar la aprobación de leyes, por ejemplo.

La democracia es el sistema de gobierno más extendido, sobre todo en la sociedad occidental, a pesar de que ha sido duramente criticada por ciertas debilidades, así como en ocasiones por esconder en la práctica una dictadura no reconocida.

Democracia: El gobierno es de todos. Existen elecciones, libres y periódicas. El mandato de los líderes es por consenso de los gobernados. Los líderes políticos son responsables de las acciones del pueblo. El poder se halla concentrado en la Constitución. La parte oponente, la oposición, tiene acceso a los medios de comunicación. Se permite la crítica. Se protege las libertades civiles. Se respeta el derecho de las minorías. Se considera como oponentes a quien están en contra del grupo político que se encuentra en el poder.

Dictadura: El gobierno es de uno solo. No existe la libre elección. El dictador manda sin el consenso de los gobernados. Los líderes responsabilizan al pueblo por sus acciones. No hay constitución vigente. Los medios de comunicación son controlados. Se prohíbe la crítica. Se prohíbe las libertades civiles. Se ignora por completo el derecho de las minorías. Se considera como enemigos a quienes están en contra del que se encuentra en el poder.

Continuará…

Occidente lucha por construir patria justa

Diferentes movimientos sociales de la zona de Occidente se reunieron el pasado 1 de mayo de 2021 en su derecho de ejercer el Poder Popular que otorga el artículo 9 de la Constitución Política de Costa Rica.

El espacio busca la participación ciudadana y la democracia para construir la Patria desde todos los sectores económicos, políticos, sociales, culturales y ecológicos. Se busca promover un pueblo informado, unido, organizado y movilizado que toma acción, señala el texto que envió Luis Ángel Salazar Oses.

En el espacio se reflexionó sobre la actual discusión de la Ley Marco de Empelo Público, su afectación al Estado Social de Derecho y la importancia de conservar las capacidades de la institucionalidad pública para aportar a la calidad de vida comunitaria.

El movimiento invita a replicar este ejemplo todos los sábados a las diez de la mañana por todo el territorio nacional.

Le invitamos a ver el video de la actividad:

 

Información compartida a SURCOS por Luis Ángel Salazar Oses.

La marcha de una Democracia bicentenaria

Vladimir de la Cruz

La democracia costarricense es una forma de vida desarrollada desde los albores de la Independencia, el 29 de octubre de 1821, la fecha costarricense de su Declaración, que se originó con el detonante en Centroamérica con la Declaratoria de Independencia de Guatemala, el 15 de setiembre de 1821, la sede de la Capitanía General y del Reino de Guatemala, que hizo que El Salvador se pronunciara por la Independencia el 21 de setiembre y, Nicaragua y Honduras el 28 de setiembre.

Desde 1821 hasta 1823 el inicio de la Independencia condujo, en Costa Rica, al establecimiento de Gobiernos provisionales, transitorios, Junta de Legados y Juntas Superiores Gubernativas, hasta que de nuevo, en un afán de reconstruir la unidad política que se tenía de la región antes de la Independencia, se encaminaron estas comunidades, en 1823, y luego en 1824, a fundar las Provincias Unidas de Centroamérica, y la República Federal de Centroamérica, que bajo un modelo federal las agrupó, gestando al interior de cada una de ellas el nacimiento de Estados, con sus particulares órganos de Poder y Constituciones Políticas.

En Costa Rica la Junta de Legados, de mediados de noviembre de 1821, estableció una Comisión redactora de una Constitución, que se aprobó el 1 de diciembre de 1821, “Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica o Pacto de Concordia”, la primera de la región en época independiente, siguiendo los lineamientos clásicos de los contractualistas y de la propia Constitución de Cádiz de 1812.

Al mismo tiempo se evidenció desde el origen mismo de la Independencia la autonomía y separación real que vivían estos Estados, desde finales de la colonia, por múltiples razones, que hicieron que a partir de 1837 el modelo de la República Federal de Centroamérica se desintegrara, a pesar de los esfuerzos que hiciera en 1842, Francisco Morazán, desde su llegada al Poder en Costa Rica, por pocos meses.

Los mecanismos inmediatos que siguieron a la Independencia para el desarrollo del Estado y la vida independiente, además de declarar abolida la esclavitud en Centroamérica en 1824, pasó, en el caso costarricense, por la llegada al Gobierno, desde 1824 hasta 1833, del Primer Jefe de Estado, educador de formación, que impulsó la educación tempranamente de niños y de niñas, encomendándole esta tarea a las municipalidades en gestación. Desde entonces Costa Rica, a diferencia de los restantes países, o estados centroamericanos, apostó a la educación popular, fortaleciéndola de distintas maneras con el correr de los años, hasta hoy, lo que sigue siendo una distinción en la región.

La ausencia de una lucha militar por la Independencia no impulsó, en Costa Rica, estructuras militares ni caudillos surgidos de estas luchas que se impusieran en el Poder. Tampoco la lucha militar fue necesaria porque no había una fuerza militar colonia que derrotar.

El Ejército como institución se desarrolló especialmente a partir de 1835, y alcanzó su mayor esplendidez en la lucha nacional libertadora contra la presencia de los filibusteros norteamericanos, encabezados por William Walker, que se había establecido en Nicaragua en 1855, donde aprovechando contradicciones políticas en ese país, se impuso y hasta estableció la esclavitud, que quería expandir a toda la región, motivo por el cual el Gobierno de Costa Rica, jefeado por Juan Rafael Mora Porras decidió avanzar sobre Nicaragua para acabar con esa usurpación del poder por Walker y para evitar su llegada a Costa Rica, como para asegurar la Independencia existente, que lo hizo a finales de marzo de 1856, cuando invadió el territorio nacional y fue derrotado el 20 de marzo. A partir de ese momento dos nuevas derrotas, el 10 de abril, en Sardinal, territorio costarricense y el 11 de abril, en la ciudad de Rivas, en Nicaragua, produjeron la derrota de los filibusteros, interrumpida, en toda la línea, en ese momento, por la peste del cólera que se desató, lo que obligó a suspender las acciones militares hasta que de nuevo, en el segundo semestre de 1856, continuaron los combates, con mayor presencia de los ejércitos centroamericanos que se sumaron al costarricense, hasta que en 1857, el 1 de mayo, William Walker se rindió y fue expulsado de Centroamérica. En 1860 intentó de nuevo invadir Centroamérica, y apoyándose en los intereses británicos en la región llegó a Honduras donde fue capturado y fusilado.

Las contradicciones internas por el Poder en Costa Rica produjeron la caída del gobierno del Presidente Mora Porras y, en 1860, ante un intento de recuperarlo fue detenido y ejecutado, con otro de los héroes de la lucha contra los filibusteros, el General José María Cañas, de origen salvadoreño y cuñado suyo.

Los siguientes diez años se impusieron dos militares, Máximo Blanco y Lorenzo Salazar, detrás de los mandatarios civiles, anulando el recuerdo de la Campaña Nacional contra los filibusteros y la imagen de los conductores de la Guerra, los Mora, Juan Rafael y su hermano, el General Joaquín Mora, y el propio General Cañas.

En 1869 el Presidente Jesús Jiménez limitó el poder de estos militares, impuso la educación primaria obligatoria, gratuita y costeada por el Estado, afirmando una vez más esta vocación democrática apoyada en la educación.

En 1871, bajo el gobierno del General Tomás Guardia Gutiérrez, cuyo gabinete era de civiles, se aprobó el Código Militar estableció controles civiles y políticos sobre el Ejército y el aparato militar. Desde entonces se impulsaron políticas para ir debilitando al Ejército, sus militares y reforzando el aparato educativo, con nuevas reformas de educación pública a partir de 1885.

En 1877 el General Guardia desaplicó la pena de muerte, y en 1882, la abolió proclamando del Derecho a vida con rango constitucional, elemento que también distinguió a Costa Rica en la Región y desde entonces en el mundo, entre los pocos países que entonces la había eliminado como castigo supremo.

Respecto al Ejército a principios del siglo XX se hizo una modificación al Escudo Nacional eliminándole dos cañones que estaban en su base, afirmando de esa manera este “civilismo” en marcha que había de la institucionalidad costarricense.

Con el breve golpe de estado, de 1917 a 1919, el Ejército se volvió a fortalecer, pero caída la dictadura, por acción popular, de nuevo el Ejército se debilitó hasta, que, en la década de 1940, resultado de la guerra civil de marzo y abril de 1948, se impuso un gobierno de facto, jefeado por José Figueres, quien gobernó hasta 1949, y tomó la decisión en diciembre de 1948 de abolir el Ejército como una institución permanente del Estado costarricense.

Desde entonces ningún costarricense sabe lo que es el Ejército como institución, ni sus militares, ni son convocados a ejercicios militares o a incorporarse al ejército, por circunscripción, conscripción, alistamiento o servicio militar obligatorio militar, como parte de su formación ciudadana.

Desde la abolición constitucional del Ejército, Costa Rica no puede participar en eventos militares, ni campañas militares, ni guerras ajenas. Esto ha sido confirmado por la Corte Suprema de Justicia, cuya Sala Constitucional estableció que tampoco puede dar apoyos a actos de guerra de otras naciones o Estados.

Las contradicciones generadas del mismo proceso productivo y del desarrollo económico del siglo XIX, hicieron surgir grupos económicos y clases sociales en formación, que de distinta manera se enfrentaron por la lucha del control político nacional, originando 10 Constituciones Políticas hasta 1871.

A partir de esta Constitución que desarrolló un régimen presidencialista fuerte, y por los vínculos con el mercado europeo e internacional, a partir de 1849, con las exportaciones de café, se logró mayor estabilidad política y gobiernos estables de duración cuatrienal.

Los procesos electorales fueron la principal fuente de poder. Con limitaciones en el ejercicio del sufragio se fue formando la democracia electoral costarricense. Desde 1890 con el surgimiento de partidos políticos se impuso la llegada a órganos de elección popular solo a través de partidos políticos. La elección directa se impuso sobre la de segundo grado en 1913, la elección secreta sobre la pública se impuso en 1924 y la elección universal, con el reconocimiento de voto a la mujer, se logró en 1949. En 1974 se bajó la ciudadanía de los 21 años a los 18.

Un elemento distintivo de la sociedad costarricense, respecto a la centroamericana, fue el desarrollo de libertades ciudadanas y políticas, y de derechos ciudadanos y Derechos Humanos, junto con Garantías Sociales, de rango constitucional desde el inicio constitucional en el siglo XIX hasta hoy.

Del mismo modo un aparato electoral, el Tribunal Supremo de Elecciones, con rango de Poder Estatal, independiente, alejado del control de los gobernantes, desde 1949, afirman la democracia nacional, le generan confianza institucional y popular a los resultados electorales, y al acatamiento popular de esos resultados.

Educación, elecciones por medio de partidos políticos, ejercicio político electoral como práctica de la vida ciudadana marcaron la diferencia también con el resto de los países centroamericanos, donde predominaron dictadores, tiranos y militares autoritarios en ejercicio del Poder.

A finales del siglo XIX el Presidente Barrios de Guatemala intentó sin éxito formar de nuevo la República Federal. Intentos unionistas vinieron después desde la sociedad civil sin éxito también.

El desarrollo de gobiernos autoritarios, despóticos, militaristas en la región alejaron esta posibilidad de reunión política. Costa Rica se alejó más de ese proyecto. Los intentos integracionistas vinieron de fuera, de la presencia económica extranjera en la época del imperialismo. Sin embargo, continuaron y a inicios de la década de 1950 se impulsó la Organización de Estados Centroamericanos, que políticamente no condujo a nada, pero estimuló la creación de la Secretaría de Integración Centroamericana, SICA, que si funciona, y bien, en el ámbito de las actividades económicas y comerciales.

Los sucesos ocurridos en Centroamérica, con motivo de las revoluciones y movimientos insurgentes, especialmente en Nicaragua, El Salvador y Guatemala condujeron a salidas políticas para restaurar la democracia política y sociedades democráticas que descansaran en la práctica de libertades y Derecho Humanos, que poco se ha logrado en esa dirección, pero que ha sido importante. Los Acuerdos de Esquipulas no fueron un acuerdo político para establecer el unionismo centroamericano. Tan solo fueron, importantes en ese sentido, para alcanzar la paz en la región, y estabilizarla.

Ante el bicentenario de la Independencia en Centroamérica estos 200 años transcurridos solo han afirmado la separación política de los países de la región, a los que se han integrado en el SICA Panamá y República Dominicana. Los organismos Regionales de tipo político que surgieron de los acuerdos de Esquipulas, la Corte de Justicia y el Parlamento, Costa Rica los ha rechazado, y no hay manera de que pueda integrarse a ellos mientras no se produzcan cambios sustantivos en su integración.

Por ahora los festejos del Bicentenario de la Independencia a nivel Centroamericano tan solo serán una fiesta especial en la región, que cada país también celebrará en su especificidad.

La primavera de la ultraderecha

Manuel Hernández

Pues miren que no andamos tan largo de ese horror fascista en la suiza centroamericana.

Hay que prestar mucha atención y reflexionar también de lo que ha ocurrido aquí, en Costa Rica, en tan solo los últimos 3 años.

La cuestión realmente es seria y no se puede ver con frivolidad.

Podríamos sostener que estamos viviendo una “explosión neo fascista” (Cornel West).

Yo llamaría a esta etapa: la primavera de la ultraderecha.

Esta versión fascista del neoliberalismo se expresa en el encierro en que están metiendo a los sindicatos, en la configuración de un Estado autoritario, en la represión de los espacios del conflicto social y la criminalización de la protesta social.

Todo un violento giro antidemocrático en tan poco tiempo, que tiene prácticamente derrumbada la Constitución.

Una derecha feroz que se fue de golpe contra la democracia.

Una bestia que creíamos desterrada, que hay que confrontar, como lo hacen los demócratas en Madrid, para evitar la barbarie en nuestro país.

 

Ilustración aportada por el autor.

Chile, ¿Hacia una Verdadera Asamblea Constituyente?

Lic. José A. Amesty R.

El año pasado 2020, escribimos un artículo sobre Chile llamado: “Chile se Encamina Hacia un Nuevo y Profundo Ciclo Político”, donde luego de hacer una breve historia y consecuencias del modelo neoliberal en Chile, nos preguntamos: ¿Hacia dónde va Chile?

En el mencionado artículo recordamos, y ahora lo hacemos igualmente, sobre la Consulta Popular, hacia la redacción de una nueva Constitución para Chile, donde el 78,27% de los ciudadanos que votaron en el Plebiscito, aprobaron iniciar este proceso. Decíamos que sería un proceso largo y tedioso, aunque monumental, desmontar la vieja Constitución de Augusto Pinochet.

La nueva Constitución chilena, será redactada por una Convención Constituyente, compuesta por 155 miembros electos por votación popular, el 11 de abril del 2021.

Estos constituyentes tendrán 9 meses, para presentar un nuevo texto constitucional, pudiendo ser ampliado por 3 meses más, en una sola oportunidad. De esta manera, a mediados de 2022, el país vivirá un nuevo Plebiscito de salida para aprobar o rechazar la nueva Constitución.

Veamos las etapas del Proceso Constituyente, que tiene a Chile en este Momento Histórico:

15 de noviembre de 2019: Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución.

24 de diciembre de 2019: Reforma constitucional que modifica la Constitución vigente para incorporar el itinerario y reglas del proceso constituyente.

29 de marzo de 2020: Presidente convoca, vía decreto, al plebiscito de entrada del 25 de octubre de 2020.

25 de octubre de 2020: Plebiscito en el que se decide si se aprueba o rechaza la idea de una Nueva Constitución; y cuál sería el órgano que la redacte.

11 de abril de 2021: Elección de Convencionales Constituyentes.

Mayo o junio de 2021: Instalación de la Convención Constituyente.

Hasta 9 o 12 meses después: Convención aprueba un nuevo Texto Constitucional.

Aproximadamente 60 días después (agosto de 2022 aproximadamente): Plebiscito para aprobar o rechazar nueva Constitución.

Ya estamos a pocos días de celebrarse este paso histórico en la vida política de Chile. Aunque al momento de estar redactando este artículo, surge la eventualidad, que ante la ola de contagios de la Covid-19, que llega a niveles inéditos en toda la pandemia en Chile, el presidente Sebastián Piñera, presentará una reforma constitucional para que se lleven a cabo el 15 y 16 de mayo, la que necesita de los votos de dos tercios del Parlamento. La oposición, sin embargo, anunció que exigirá al Ejecutivo nuevas medidas sanitarias y de ayuda económica, a cambio de respaldar la medida en el Congreso. Veremos que sucede…

No obstante, la anterior eventualidad, deseamos compartir algunos elementos de tan importante hecho político para la institucionalidad y para la nacionalidad chilena.

  1. Lo cierto es que desde que se propuso la fecha del 11 de abril 2021, para la Elección de los Constituyentistas redactores del nuevo texto Constitucional, no ha habido mucha atención periodística y/o comunicacional de tal evento, por lo menos en América Latina, no sabemos si al interior del país. Dejamos esta inquietud-pregunta para su reflexión…
  2. Algunos sectores del país, señalan que en verdad en Chile no se está en un Proceso Constituyente, que no hay una Asamblea Constituyente, ya que lo “acordado” por los partidos políticos de derecha e izquierda, es celebrar una Convención Constitucional. Agregándose además, que la dicha Convención Constitucional, aprobará la nueva Constitucional con el quorum de dos tercios, que deja en entredicho la verdadera soberanía popular de la Convención.

Parece ser una traición al pueblo chileno, quien demanda una Asamblea Constituyente, con todas las potestades para redactar y someter a votación popular (apoyo masivo de un pueblo), un asunto de especial importancia para la Nación, como lo es una Constitución nueva.

Ojalá, este 11 de abril, preferentemente, le toque al pueblo chileno, iniciar y decidir su destino al escribir con su mano, con verdaderos redactores del pueblo, la primera Constitución democrática de la historia de Chile.

  1. Otro acuerdo entre las partes fue que el texto Constitucional, será escrito sin amarras a la actual Constitución; es decir que, en ausencia de acuerdos sobre algún punto, no se mantendrá el articulado del texto actual. Sin embargo, la condicionante de la derecha, para ceder dicho punto fue establecer como límites el respeto a la definición de Chile, como una República democrática, el respeto a los DDHH, a todos los tratados internacionales suscritos y a las sentencias judiciales ya ejecutoriadas.

Cosa que ha significado un punto de conflicto, toda vez que pone en cuestión el alcance soberano del proceso.

  1. Otros cambios u “acuerdos” han sido: dada la presión del feminismo, se incorporó la paridad de las y los constituyentes; se encuentran en debate los escaños reservados para los pueblos originarios y se flexibilizaron los requisitos para la participación de independientes en el proceso, pues el modelo de elección replica la elección de congresistas, que favorece la electibilidad de los partidos políticos.

¿Qué está en Juego en el Proceso Constituyente?

Primero, no se trata del cambio de un texto constitucional por otro, sino de la construcción de una Constitución con implicaciones materiales, tanto en relación a la sociedad actual de Chile, como en relación a los alcances de los cambios: la posibilidad de cambiar la orientación neoliberal del modelo actual, de superar ese orden político, social y económico nefasto.

Segundo, debe ser la oportunidad para abrir un proceso de transformaciones, que exceda al propio debate del texto. Las expectativas sociales son altas y, para no acumular frustración social, las fuerzas de cambio enfrentan el desafío de compatibilizar medidas de corto plazo, que tengan implicaciones materiales inmediatas, con cambios estructurales que excedan el propio debate constitucional.

Temas y/o Cambios de la Constitución Actual

  1. ¿Qué país se desea diseñar?
  2. ¿Que significa un nuevo Pacto Social?
  3. Discutir nuevamente la Regla Fiscal.
  4. Lo exclusivo del Ejecutivo en temas como el Presupuesto.
  5. La Independencia del Banco Central.
  6. Soluciones para 30 años de desigualdad económica-social.
  7. Una de las grandes demandas es la necesidad de redefinir la noción patriarcal, colonial y hetero normativa de familia, heredada históricamente de las constituciones autoritarias, que se han impuesto al país desde 1833 en adelante, y que ha sido una fuente de discriminación, exclusión y persecución a importantes sectores de la sociedad.

En definitiva, la discusión constituyente en Chile está abierta, por lo que la manera cómo se definirán a las familias democráticamente, es quizás unos de los puntos más importantes que se tienen que dar, ya que muestra cómo nos vemos a nosotros/as mismos realmente, y no como la elite conservadora ha querido que nos veamos por siglos.

Entonces, para que pueda significar la apertura de un proceso de transformaciones sociales profundas, el debate, y la acción, deberán exceder el plano institucional y reconducirlo hacia los diversos sectores populares.

Desde la calle, Chile debe comenzar a reescribir su historia, dejando en el basurero de su historia a los Pinochet, los Lagos, los Bachelet, los Piñera y otros tantos.

 

Imagen: Diario Jurídico.

Sin democracia económica no hay democracia política

Santiago de Chile Roberto Pizarro

El régimen de abusos y desigualdades tiene su origen en la Constitución, la que reduce el rol del Estado a un mero agente subsidiario de la iniciativa económica. Subsidiario para los más débiles, pero activo en favor de los ricos.

El discurso del crecimiento como paradigma del progreso de Chile perdió toda credibilidad. La rebelión del 18-0 y el apruebo de una nueva Constitución lo enviaron al tacho de la basura, poniendo al desnudo los abusos, desigualdades y engaños de ese crecimiento.

El pueblo se dio cuenta que la Constitución y todas las instituciones derivadas (Código Laboral, AFP, ISAPRES, educación mercantilizada y agua privatizada), permitieron que una minoría se apropiara de los frutos del crecimiento.

La Constitución chilena ha constitucionalizado una economía de mercado neoliberal al servicio de unos pocos. Así las cosas, el 1% más rico se apropia del 30% de la riqueza, mientras el 50% más pobre sólo se lleva el 2%.

La base de ese enriquecimiento ha sido, por una parte, la producción y exportación de recursos naturales, con concesiones generosas del Estado; y, por otra parte, la expoliación inmisericorde que sufre la ciudanía en manos del gran empresariado, que monopoliza los servicios, el comercio y las finanzas y que gracias a la colusión roba a consumidores, clientes y estudiantes.

La acumulación de riqueza de los grupos económicos les ha otorgado un inmenso poder fáctico en el país gracias a la propiedad de los principales medios de comunicación, al control ideológico de las universidades y sobre todo a su determinante influencia en la vida política. Ello ha afectado el despliegue de una democracia política plena en el país.

Por cierto, lo más grave ha sido la utilización de ese poder para comprar políticos y economistas para favorecer sus negocios. Así las cosas, el Estado y la clase política no cumplen con su tarea: no controlan al gran empresariado, no lo regulan, no le cobran royalties por la explotación rentista de nuestros recursos naturales, le facilitan la colusión y la elusión impositiva y, además, le han abierto el camino para que operen, sin control, en paraísos fiscales.

Es preciso reconocer entonces que el gran capital es el que manda en Chile. Aquí radica el problema central del país: en la inexistencia de democracia económica lo que debilitado la democracia política.

El régimen de abusos y desigualdades tiene su origen en la Constitución, la que reduce el rol del Estado a un mero agente subsidiario de la iniciativa económica. Subsidiario para los más débiles, pero activo en favor de los ricos.

Fundado en la subsidiaridad, el Estado entregó sin costo al gran capital la concesión de nuestra tierra, ríos y mares; y, también, permitió un sistema comercial y financiero oligopólico que extrae inmensos excedentes gracias a la colusión y a la desregulación; y, finalmente, inventó una política social (que la llaman focalización), que entregó al gran capital la educación, salud y previsión para la ganancia empresarial directa.

Por su parte, la política macroeconómica (de equilibrio y estabilidad) ha sido generosa con los impuestos al gran capital y de alto costo para el funcionamiento de las pymes. Desde luego el Banco Estado dejo de ser un organismo promotor de las pymes y no se inhibe en financiar a la gran empresa, mientras las instituciones regulatorias como el SERNAC, la FNE e incluso Impuestos Internos han sido complacientes con las grandes empresas.

Por las razones expuestas Chile necesita democratizar la economía. Y, todo comienza con una nueva Constitución, porque un nuevo texto constitucional debe frenar el poder del 1% y de sus grupos económicos.

Es preciso colocar en su sitio al gran capital, subordinándolo a los intereses de la mayoría nacional. Se le debe empujar hacia la industrialización, asegurar un régimen regulatorio que impida la colusión, que cierre las puertas a los paraísos fiscales e independice a los medios de comunicación del poder económico. Y, por cierto, no puede continuar el empresariado haciendo negocios con la educación, salud y previsión. No es tarea fácil, pero ahora es el momento.

Para alcanzar esos objetivos se precisa:

. Un Estado vigoroso, protagonista de la economía y promotor del desarrollo. Subsidiario para las grandes empresas y activo para el resto de la sociedad.
. Un nuevo modelo productivo, fundado en la industria de transformación y no en la exportación de materias primas.
. Una macroeconomía para el desarrollo, con una política fiscal, monetaria y tributaria favorable a la industria, a las Pymes y defensora de la mayoría nacional.
. Garantizar la sindicalización y negociación colectiva.
. Una política social fundada en derechos universales
. La separación de los negocios de los medios comunicación.
. Sanciones implacables contra la colusión y la corrupción.
. El cuidado de la naturaleza, el medio ambiente, de los territorios y las comunidades que los habitan.
. El derecho de los pueblos originarios a construir su destino económico y político
. Los mismos derechos políticos, económicos y sociales de hombres y mujeres.
. Condiciones y límites de la propiedad privada, en el entendido que su función social es ineludible.
. Convertir la educación, la ciencia, tecnología e innovación en instrumentos fundamentales para hacer realidad un nuevo proyecto de desarrollo, con equilibrios económicos, sociales y medioambientales.

Una propuesta de democracia económica exige una mayoría nacional, desafiante y activa, que reúna a hombres y mujeres, trabajadores, pueblos originarios, estudiantes, pequeños y medianos empresarios, organizaciones ciudadanas. Y, requiere también una patriótica articulación de todas aquellas organizaciones políticas (hoy dispersas), comprometidas con una nueva Constitución y con el cambio del modelo económico de injusticias constituyente.

 

Imagen de: lavozdelosquesobran.cl

Fuente: https://www.pressenza.com/

Compartido con SURCOS por José Rafael Quesada.

Patrimonialismo latinoamericano como forma de gobierno excluyente

Miguel Sobrado

El concepto de patrimonialismo como gobierno de un grupo tiene muchas debilidades ya que todo Estado expresa los intereses de la clase dominante. En este sentido no es la empresa de todos, como debería ser, pero existen diferencias importantes dependiendo de la organización de los grupos de interés y a la existencia de pesos y contrapesos en la sociedad. Como se verá en el caso de los estados latinoamericanos, por la historia y composición interna, el patrimonialismo tiene un apellido propio de Latinoamérica, por ser excluyente de las amplias mayorías. Reconocer el carácter de este sistema es el primer paso para actuar en su transformación

Fukuyama destacas tres instituciones para una buena gestión política:

  • Un Estado (con proyecto nacional no excluyente)
  • Principio de legalidad
  • Gobierno responsable

Sin embargo, estas tres instituciones están correlacionadas entre sí. No se pueden ver como componentes separados que se pueden sumar por decretos formales en la práctica. Están arraigadas en un sistema que les da forma y las relaciona entre sí produciendo resultados diferenciados según el contexto. El caso latinoamericano, donde los estados son republicanos y tienen formalmente estas instituciones, pero cuyos resultados, en la mayoría de los casos son deplorables, amerita un análisis particular.

Las herencias coloniales

América Latina heredó de las monarquías de Europa del sur, carentes de contrapesos políticos, una forma de gobierno patrimonial, que, si bien ha tenido su propia evolución, mantiene la esencia de gobierno al servicio de la élite. Esto es donde el Estado, opera sobre la base de estructuras de poder que reparten beneficios a las clientelas políticas, marginando o excluyendo amplias mayorías.

Esta estructura contrasta con la que heredó América del Norte de la monarquía constitucional inglesa, bastante disminuida en su poder, gracias a la revolución de Cromwell, por el peso de la burguesía en el parlamento y un sistema legal, donde se impusieron nuevos pesos y contrapesos que hicieron valer los intereses de los pequeños empresarios y capitalistas a través de la división efectiva de poderes.

Las “repúblicas” independientes

El patrimonialismo latinoamericano ha tomado, bajo el nombre de repúblicas, diversas formas en el continente, dependiendo del peso socioeconómico de los diversos sectores sociales en la composición de cada país. Pero ha procurado mantener su esencia de clase privilegiada con los golpes militares o a través de su peso e incidencia en la legislación y las estructuras institucionales. Resultando en gobiernos no incluyentes de oportunidades para amplias mayorías, donde se afianza la desigualdad de oportunidades y se resquebraja cada vez más el tejido social.

La independencia, si bien se realizó bajo las banderas republicanas, fue realizada por los hijos de los colonizadores, que habían acaparado las principales tierras y riquezas, de hecho, no cambió las relaciones de propiedad y de poder económico, consolidando un poder político oligárquico.

Los indígenas y los africanos, si bien formalmente se transformaron en ciudadanos con las nuevas constituciones, siguieron viviendo en la servidumbre e incluso en no pocos casos en la esclavitud. La educación elemento clave para el ascenso social, no fue un servicio público de fácil acceso para estos grupos sociales de los cuales solo se esperaba trabajo físico.

Los estados se formaron en un proceso de confrontaciones de intereses personalistas y de grupos de poder locales y nacionales, que después de un período de confrontaciones violentas y de golpes de estado configuraron un cuerpo legal y un sistema de gobierno.

Como se puede apreciar el origen del patrimonialismo excluyente tiene sus raíces en la cultura colonial y en las estructuras económicas y sociales desiguales con los pueblos originarios y los esclavos por las relaciones poder y la concentración de la tierra. De tal manera, que, al llegar la independencia de los nuevos estados, en la legislación y la configuración institucional, tuvieron un papel protagónico los hijos de los conquistadores sin un contrapeso político y económico, más allá de las relaciones formales de “igualdad”. En Ecuador, refiriéndose a la forma en que se aplicaba la legalidad, un dirigente indígena, que no les tenía mucha confianza, decía que “Las leyes se hicieron para los de poncho”, esto es para garantizar los derechos de los oligarcas.

Este cuerpo legal y el sistema de gobierno, a diferencia de los países anglosajones donde desde el principio han pesado los intereses de la naciente burguesía, se ha subordinado a los intereses e influencia de la oligarquía y los grupos asociados para ejercer el poder. De tal forma, resguardaban los intereses y derechos de la oligarquía, dejando por fuera los derechos de propiedad y organización de las comunidades indígenas y subordinando, durante mucho tiempo, a los asalariados a las relaciones tradicionales de servidumbre.

No todos los países ni territorios han sido iguales

El peso de la estructura sociopolítica, ha sido un factor condicionante del sistema y el funcionamiento de las relaciones políticas en cada país. En países donde la clase media de propietarios y posteriormente de asalariados ha jugado un papel importante en la configuración del aparato institucional y político, como en Uruguay y Costa Rica la operación democrática del sistema ha tenido menos interferencias patrimonialistas.

Proyecto país y gestión pública

Una visión de futuro que integre progresivamente el haz de voluntades es un componente esencial para el buen funcionamiento del Estado, de su sistema legal y articulación institucional. La visión de futuro debe estimular las acciones e inversiones en su construcción. Debe llegar a marcar los senderos por donde transite el interés personal, construyendo el edificio colectivo. Esto depende también de la capacidad de un liderazgo sabio, tal como lo señala Fukuyama “La esencia de la política pasa por la capacidad de los líderes de abrir paso a paso, a través de una mezcla de autoridad, legalidad, legitimidad, negociación, carisma, ideas y organización.

La capacidad de organización y la vida democrática

Como se ha podido apreciar la vida política tiene, no solo estructuras formales, sino muchas dimensiones socioeconómicas, políticas y organizativas que son las que le dan forma.

El peso numérico de los sectores sociales es apenas un factor, que depende de su capacidad económica, pero sobre todo de su capacidad organizativa parda incidir en la vida política. Por eso podemos afirmar que la organización es una vitamina clave (vitamina O) en los procesos de representación e incidencia en las transformaciones políticas. No basta con que exista el derecho a elegir, si los grupos sociales no tienen derechos reales y están organizados para garantizar que sus intereses están representados en los partidos políticos y que pueden exigir su cumplimiento. En estas condiciones su participación es decorativa y fácilmente manipulable por los patronos políticos. Como decía muy atinadamente el ex presidente José Figueres Ferrer, “Los hombres sin organización no tienen ningún poder” De ahí la importancia que tiene la política social, configurando poder ciudadano capaz de transformar las estructuras, por el contrario, generando dependencia y pasividad que abonan las relaciones clientelares.

De ahí que tanto que la configuración del Estado, como la legalidad que lo sustenta, así como el aparato institucional de gobierno, dependan de la composición social del país, así como de la capacidad de incidir que tengan las organizaciones e individuos sobre el Estado. Esto último es de particular importancia en el análisis de los estados latinoamericanos.

AMERICA LATINA FRENTE AL CAMBIO

La cortina de humo moralista

Las personas, sus cualidades y valores morales, así como la cultura local son vistas como factores determinantes en la práctica política del buen o mal gobierno. El patrimonialismo excluyente no se percibe como un sistema, que por su esencia genera corrupción, y que debe reformarse con transformaciones institucionales sistémicas que generen y estimulen la acción organizada, con descentralización y la rendición de cuentas, se atribuye la corrupción a los gobernantes y a la cultura prevaleciente.

De tal forma la predicación de los autoproclamados puros moralmente consiste en calificar de corruptos a todos los que no sean ellos y establecer denuncias, no siempre fundamentadas, contra la “corrupción”.

Así se evaden las causas sistémicas y se reducen las soluciones al cambio de personas, que vuelven, dentro del sistema a repetir los mismos pasos.

La revolución científico técnica y el narcotráfico

Los acelerados cambios promovidos por la revolución científico técnica, provocan la desaparición del trabajo físico y mecánico, donde se ha empotrado laboralmente la población con bajo nivel educativo. La desocupación y el desempleo crónico genera un clima de tensión, resquebrajamiento y desestabilización en el tejido social, que es aprovechado por nuevo poder de gran envergadura emergente en el continente: el narcotráfico.

Esta nueva realidad, ha empezado a desplazar muchos gobiernos estatales y municipales en México. Brasil y Colombia y a transformar países completos como los del Triángulo del norte de Centro América, en estados fallidos.

Importancia de la política social en la organización y apoderamiento ciudadano

La política social tiene como función principal contribuir a redistribuir el ingreso formando capacidades organizativas empresariales y ciudadanas y facilitando la asistencia social a quienes la necesitan por no estar en condiciones de valerse por sí mismos. Pero la forma en que se aplica la política social no es neutral, dependiendo del enfoque ideológico que se le dé y la organización institucional que se adopte para ejecutarlo.

Una dicotomía clave

La población pobre o limitada de recursos, en condiciones de valerse por sí mismos, puede verse en términos de formulación de los proyectos

  1. a) como “perdedores” que deben ser asistidos y guiados por profesionales o
  2. b) la visión prometeica esto es como personas que necesitan apoderarse del “fuego” de la organización y recibir los servicios básicos para salir adelante.

Ad a) Cuando predomina la visión de perdedores los programas y proyectos facilitan asistencia y servicios, pero no generan capacidades de organización autónoma. Por el contrario, tiende a generarse dependencia y pasividad que es aprovechada por los políticos para fortalecer sus clientelas electorales. En otras palabras, dentro de este esquema se mantienen y fortalecen las relaciones de poder político y de dependencia institucional. Es por esa razón que este enfoque se mantiene en la práctica institucional, independientemente de las declaraciones formales que los documentos de política social realicen contra el asistencialismo y en favor de una supuesta participación, que como bien lo señala el profesor Raff Carmen, especialista en educación de adultos de la Universidad de Manchester, no pasa de ser una participación manipulada o “participulación” como acertadamente la denomina.

Ad b) Cuando predomina la visión prometeica y la gente se capacita en organización personal y colectiva, las personas se apoderan de un instrumento que les permite desempeñarse en la vida ciudadana y empresarial.

La experiencia del Hospital sin Paredes, en Costa Rica, de la década de los setenta donde la comunidad de cinco cantones de Costa Rica, conjuntamente con el equipo médico del Hospital de San Ramón, se apoderó de la salud en un sentido integral, reduciendo no solo las tasas de mortalidad materno infantil y la morbilidad en general, sino que impulsó el desarrollo comunal y económico de la región.

El libro “Un futuro para los excluidos” London, UK: Zed Books. ISBN 9781856497022. de1999, describe los resultados de la capacitación masiva en organización de Clodomir Santos de Morais aplicada en tres continentes durante 30 años, con resultados destacados, entre otros, en procesos de reforma agraria.

A pesar de estas evidencias fácticas y de los sustentos en la teoría de la actividad objetivada y en la educación de adultos, las políticas sociales presionadas por las relaciones de poder se han ajustado a la visión de “perdedores”, descartando en la práctica el método prometeico.

El dilema latinoamericano

América Latina atraviesa un período crítico de su historia, enfrentada a la revolución científico técnica, con un bajo nivel educativo en su población, en un momento que el trabajo físico y repetitivo desaparece cada vez más rápidamente. Con niveles de desigualdad, pobreza creciente y desempleo que son aprovechados por el narcotráfico para reclutar sus gatilleros mientras muchos estados se debilitan o sucumben como fallidos. En este panorama nada alentador, sus políticos se aferran al patrimonialismo mientras aumentan lo éxodos de refugiados y crece la violencia interna.

¿Puede seguir en América Latina con el modelo patrimonialista de estado en el siglo XXI?

Por lo visto anteriormente, el modelo patrimonial de estado, fundado en relaciones clientelistas, donde los patrones políticos reparten diarios y servicios tiene sus días contados ante los desequilibrios sociales y políticos que la falta de oportunidades educativas y la desigualdad están provocando sobre el tejido social. Por otra parte, el poder de un nuevo sector económico y político encuentra eco en los excluidos y desesperados

Por primera vez en quinientos años los estados latinoamericanos han encontrado un reto que no depende, como en el pasado, de un acomodo en las “cortes” de las tradicionales clases patrimoniales, sino que confrontan al Estado tradicional y toman cada vez más posiciones en los gobiernos e instituciones locales. Para este reto disponen de recursos económicos e incluso de terror militar cada vez más numerosos y sofisticados.

El cambio y la transformación institucional son inevitables y la realizarán los dueños del terror, o pasaremos por un nuevo período de dictaduras populistas, a menos que optemos por una transformación en democracia. Formando la ciudadanía organizada necesaria, desde abajo, en un proceso de construcción de nuevos círculos virtuosos que organicen a la sociedad al mismo tiempo que legitimen la autoridad.

¿Cuál es la alternativa al caos y la violencia?

La situación no es fácil, los mecanismos de reparto de recursos públicos utilizados por el clientelismo, se ven cada vez más restringidos, tanto por la magnitud de los problemas sociales y de violencia, como por el agotamiento de los recursos públicos en estados cada vez más endeudados. El terror y la violencia asoman la cara en forma de narco gobiernos o dictaduras duras.

Para evitar el caos que ha empezado a expulsar a millones de latinoamericanos, hacia el exterior, y pensar en soluciones democráticas hay que aplicar soluciones sistémicas que actúen sobre las causas y no solo sobre los efectos inmediatos.

Soluciones que contribuyan, progresivamente, a romper los círculos viciosos y estimular la emergencia de nuevos círculos virtuosos que tengan fundamento en las mejores prácticas.

¿Misión imposible hacer el cambio en democracia?

Cambiar una inercia de 500 años, sólidamente fundamentada en el peso de las estructuras sociales y las relaciones de poder vigentes, en condicione democráticas, puede parecer una utopía irrealizable a primera vista y no es una tarea fácil a corto plazo, pero no es imposible se actúa con visión de sistema. Esto es reconocer, por una parte, que lo existente es producto de una práctica, que no se transforma con cursos y buenos consejos, sino con una nueva práctica. Por otra parte, que el cambio de los sistemas parte de accionar sobre los círculos viciosos construyendo progresivamente círculos virtuosos. Esto es un proceso acumulativo donde los resultados generan confianza y acumulan autoridad y respaldo sobre las comunidades y actores de la transformación

Se trata de una combinación de educación y capacitación organizacional cívica y empresarial acompañada de una política de descentralización, que abra senderos y genere autoridad por sus resultados.

Un pilar central de centrarse en la educación que es la llave de las oportunidades. Más allá del esquema tradicional de la educación estándar masificada que prepara oficios de toda la vida. adaptada a la nueva época, se requiere d una educación cosmopolita, pero enraizada en nuestros países, que propicie el respeto de las culturas ancestrales y la integración de saberes en la búsqueda de soluciones. Que enseñe a respetar las culturas locales y conocer las nuevas experiencias de desarrollo impulsadas por las comunidades indígenas, como las impulsadas en Bolivia.

La organización de las personas y de las comunidades, es la vitamina “O” del desarrollo, es la que apodera a las comunidades y personas para participar en la vida cívica y política. Sin organización cívica la descentralización es un “canto a la bandera” que termina cediendo los espacios al clientelismo y al narco. Por eso es fundamental una descentralización de la educación y la capacitación, así como los servicios de apoyo al financiamiento de proyectos locales que el impulsen el ascenso social al mismo tiempo que el encadenamiento y generación de empleo, ocupaciones y riqueza en las comunidades.

La democracia de los dados cargados

Sin organización y capacitación no podrá integrarse a la vida económica, comunal y cívica a los excluidos que seguirán participando del juego de una “democracia” con los dados cargados por el un capitalismo de amiguetes, que tejen las leyes y las normativas para su beneficio patrimonial.

El Estado debe favorecer el desarrollo nacional y local, dictando normas que estimulen a los emprendedores nacionales, mientras crecen y se posicionan.

En todos los países hoy desarrollados han existido momentos de protección de lo local para consolidar sus industrias, así fue en Japón donde se les dio 10 años, de ventaja a los industriales, con la condición de que en ese lapso de tiempo pudieran exportar sus productos. En Israel el Estado le otorga ventajas de diverso tipo a los inversionistas con la condición que en cinco años encadenen la mitad de su producción y servicios con la economía local. Aquí lamentablemente no hemos aprendido de esas experiencias y pretendemos hacer clavos de oro con un proteccionismo chato, que parte del supuesto que los recursos públicos son infinitos.

Revertir el proceso patrimonialista de 500 años, requiere empezar por reconocerlo en “su salsa” y emprender, a través de nuevas políticas, el aprendizaje y estimulo de las mejores prácticas locales e internacionales. Se trata de construir liderazgo y autoridad a través de los resultados de una práctica acumulativa

Es una tarea ardua, pero viable y necesaria, como la que han emprendido con éxito en Uruguay y Bolivia.

Santa María de Dota 05 febrero de 2021

Los diputados por su naturaleza son beligerantes políticos

Vladimir de la Cruz

Recientemente el Tribunal Supremo de Elecciones advirtió a los diputados, y a sus asesores de no caer en la figura de la beligerancia política, lo que pareciera una intromisión sin precedentes en la figura del Diputado, y sus asesores, los que él escoge, generalmente de su propio partido político, indicándoles que no podían hacer actividades, en su tiempo laboral, de carácter político electoral, o que estuvieran relacionadas con la próxima campaña electoral.

Fue en forma directa un jalón de orejas, especialmente, a los diputados que aspiran ser candidatos presidenciales, o que ya han anunciado sus intenciones en esa dirección. Fue ponerles un bozal político, un tapabocas, además del bozal de la pandemia que deben usar.

La Constitución Política, ni la legislación electoral, ni ninguna ley en particular establece prohibición alguna para los diputados, ni los consideran “empleados públicos”, ni se les puede considerar “servidores del Estado en el ejercicio de sus cargos”, los que sí tienen esa expresa prohibición, siempre y cuando estén en la categoría constitucional de “funcionarios a quienes les esté prohibido ejercerlas”, que en ninguna parte ni ley alguna se señala a los diputados.

De los altos funcionarios que sí tienen prohibición son, entre otros, el Presidente de la República, los Ministros de Gobierno, los Ministros Diplomáticos, el Contralor y Subcontralor Generales de la República, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia

Y, es la Asamblea Legislativa, el conjunto de los diputados que la constituyen e integran, los que conocerán el resultado de la investigación que realice el Tribunal Supremo de Elecciones contra esos específicos altos funcionarios, si realizaran actos considerados de beligerancia política, si son investigados a ese efecto.

¿De dónde se saca el Tribunal Supremo de Elecciones que los diputados no pueden ser beligerantes políticos las 24 horas del día, dentro y fuera de la Asamblea Legislativa, en sus oficinas como en sus curules, Plenaria y de Comisiones, o en los actos que realice en comunidades, visitas, reuniones, actividades a las que es invitado o él mismo organiza para rendir cuentas, o para pasar facturas políticas ciudadanas, más allá del propio control político que puede realizar en el propio recinto parlamentario, que es quizá el acto de beligerancia más extremo que puede hacer contra los representantes y funcionarios de los Supremos Poderes y de las Instituciones del Estado y del Gobierno.

Los diputados aunque electos por Provincias tienen el carácter de “nacionales”, de ser la representación de la voluntad popular expresada por el sufragio, en la figura de cada diputado, y de cada grupo de diputados pertenecientes a los partidos políticos que eligen diputados. En la propia Asamblea Legislativa se organizan por partidos políticos, así se sientan, con curules que “pertenecen” a esas fracciones legislativas, en el orden en que se colocan, porque nombran un Jefe de Fracción partidaria, porque tienen reuniones de jefes de fracción para coordinar aspectos del debate parlamentario y de la agenda parlamentaria. Así, los diputados electos por la Nación actúan en nombre de sus partidos políticos. Es lo lógico, es lo natural, es lo usual, es lo inherente a cada diputado. En las notas de prensa, radiales, escritas o televisivas se les reconoce como diputados de tal o cual partido.

Toda la labor parlamentaria de los diputados es política, es partidaria, es calculadoramente electoral, porque de su buen o mal desempeño así les puede ir en la siguiente campaña electoral.

La Campaña Electoral no termina con la integración de la Asamblea Legislativa el 1 de mayo siguiente a la elección nacional. Allí continúa en el escenario legislativo. Esto es lo real, es lo que funciona.

Todos los diputados en sus intervenciones, en las Comisiones o en el Plenario, pueden hablar a nombre de sus partidos políticos, identificarse como miembros de esos partidos, hacer alarde de la Historia parlamentaria o nacional de sus partidos. Los que casi no hacen alarde de nada, casi siempre ha sido así, son los diputados oficiales, los del partido de gobierno en ejercicio. Les cuesta mucho defender al Gobierno, y porque muchas veces por las acciones y compromisos de los Gobiernos los diputados toman distancia silenciosa de su partido gobernante.

La jornada laboral de los diputados es 24 horas en el cargo. A los efectos de las reuniones que tienen, por asistir a las Comisiones o al Plenario, reciben un pago. Si faltan no se les paga lo correspondiente. Pero esto es un problema tan solo de responsabilidad laboral.

Toda la labor de un diputado, desde su presencia en la Asamblea Legislativa, hasta por sus actos y discursos es para beneficiar a su partido político, y a su propia figura política como dirigente parlamentario de su organización partidaria. Todo lo que tiene en la Asamblea Legislativa, desde su Oficina hasta los dineros que le dan de gasolina mensual, son para justificar su trabajo parlamentario que es político partidista. No se puede entender de otra manera.

Insisto. En la Constitución ni en ley alguna hay una solo sanción para los diputados, que pueda caer en la figura de la beligerancia política.

En mi opinión los asesores parlamentarios, nombrados por los propios diputados para su trabajo diputadil, con salario de la Asamblea Legislativa, están igualmente amparados por la misma protección que tienen los diputados para realizar su trabajo político y parlamentario, y aunque pagados por la Asamblea no caen en la categoría de “empleados públicos”, de “servidores del Estado en el ejercicio de sus cargos”. Son funcionarios que la sociedad paga para el mejor desempeño de los diputados como expresión de la soberanía popular que ellos representan.

Los que sí son “empleados públicos”, “servidores del Estado en el ejercicio de sus cargos”, son todos los Asesores de Servicios Técnicos parlamentarios que le sirven a todos los diputados, como un alto equipo o grupo especializado para esos trabajos. Igualmente aquellos funcionarios del Poder Legislativo que por su naturaleza le sirven a todos los diputados sin distinción de su pertenencia partidaria.

Está bien que se regule la ausencia de los diputados del Plenario y de las Comisiones, lo que se les sanciona con el no pago respectivo si no tienen autorización para ausentarse para atender asuntos personales, o funciones o labores propias de su cargo, que eso no se paga de esa manera.

Por este mismo motivo no se obliga a que un diputado que quiere ser candidato a la Presidencia tenga que renunciar a su cargo de diputado. Implícitamente se reconoce su papel de ser un representante de un partido político, que no tiene impedimento constitucional ni legal para ser candidato siendo también diputado.

Lo inmoral es lo que hacen algunos diputados que ausentándose cobren sus respectivas dietas por los mecanismos que les permite hacerlo.

Bastaría que cualquiera de los diputados candidatos empezara sus discursos parlamentarios o legislativos diciendo: “En mi condición de diputado del Partido XXXX, y de mi condición de aspirante a la Presidencia por mi partido XXXX, o si ya fuera candidato oficial, dijera que, en esa condición, se dirige al resto de los diputados y al público, a los ciudadanos, a los electores, que oyen o ven las sesiones parlamentarias, sobre ZZZZ, proyecto de ley que está en discusión, o haga referencia en el control político que en un gobierno, bajo su mandato, eso que está criticando no va a ocurrir. ¿Se le podría acusar de beligerancia política por esa forma de dirigirse en el Plenario o en el Trabajo de Comisiones?

Hay que dejarse de hipocresías políticas. Eso es lo que le hace daño al país, a la imagen de la Política, de los Partidos Políticos, de los dirigentes políticos, y a la misma Democracia política que vivimos como sistema.

La pertenencia a un partido político no le quita la credencial a ningún diputado. Lo único que se la puede quitar es que pueda ser empleado o tener cargo en otros poderes del Estado o de elección popular. Ni siquiera pierde su credencial de diputado cuando transitoriamente es llamado a ejercer un puesto de Ministro.

Tampoco pueden “celebrar, ni directa ni indirectamente, o por representación, contrato alguno con el Estado, ni obtener concesión de bienes públicos que implique privilegio, ni intervenir como directores, administradores o gerentes en empresas que contraten con el Estado, obras, suministros o explotación de servicios públicos”, lo que se considera incompatible con el cargo de diputado lo que sí les hace perder su condición de Legislador.

Para los asesores contratados por los diputados, para que los acompañen sus cuatro años en Congreso, por ley se les fija “la asignación y las ayudas técnicas y administrativas que se acordaren para los diputados”.

La única restricción que puede tener un diputado, es la que tiene el Presidente de la Asamblea Legislativa, cuando en ejercicio de su cargo por disposición constitucional, sustituye transitoriamente al Presidente de la República, como sucedió en la Legislatura 2009-2010, cuando el Presidente del Congreso, el diputado Francisco Antonio Pacheco varias veces sustituyó al Presidente Oscar Arias, siendo también el diputado Presidente de su partido Liberación Nacional, a lo que no tuvo que renunciar. En ejercicio del cargo de Presidente de la República si se sometió a las prohibiciones que para ese cargo existen, pero sin dejar ni renunciar a su condición de diputado, ni de su partido, ni de la Presidencia de su partido.

Es hora de dejarse de hipocresías políticas que solo dañan la imagen de los Poderes Públicos, de la Política, de los dirigentes políticos, de los mismos partidos políticos, de la Política como quehacer humano, y de la Democracia política que vivimos.

El diputado por su naturaleza es un beligerante político. Que actúe como tal. Eso es lo que necesitamos para ver si también mejoramos el debate y el análisis político.

Peligrosa llamada de atención hace el Tribunal Supremo de Elecciones a los diputados, de intromisión en el Poder Legislativo, de intentar ponerles a los diputados un bozal, o un tapabocas, en el ejercicio de su palabra, de su Parlamento, de su crítica general y de su crítica política, que es la que sería sujeto de “beligerancia política”, una manera sutil de decirles a los diputados cómo deben realizar su control político.

Camino peligroso para la democracia política y electoral el que abre el Tribunal Supremo de Elecciones.

Derecho a la verdad y democracia

Arnoldo Mora

Entre 1642 y 1672, es decir, en los inicios mismos de la edad moderna, tuvo verificativo en Holanda la primera gran revolución democrático-liberal; esa revolución es conocida en la historia como “La República de los Hermanos De Witt” por haber sido Jan De WITT su máximo líder; su asesinato en las calles de La Haya significó el término de esa especie de “primavera” de las luchas por la democracia dentro del marco de una ideología liberal. Su ideólogo más connotado fue Baruc Spinoza, filósofo holandés de origen sefardita; en su última e inconclusa obra, TRATADO POLÍTICO, Spinoza intentó darnos una definición de lo que hoy entendemos por democracia; allí afirmó que la defensa de las libertades públicas constituye la esencia misma de lo que se debe entender por “democracia”. Esas libertades públicas son para Spinoza tres: la libertad de conciencia (fundamental en una época como la suya, que ya llevaba un siglo de guerras de religión posteriores a las Reforma Protestante, que dividió la cristiandad occidental), la libertad de expresión (muy novedosa para una época en que en se acababan de crear los periódicos) y la libertad de organización como expresión social y política de las otras dos. Hoy solemos hablar más ampliamente de “derechos humanos”, cuya carta plasma la razón de ser de las Naciones Unidas, por lo que ésta constituye el fundamento ético y jurídico del derecho internacional, pues no pueden darse relaciones civilizadas entre naciones si no se inspiran en esos principios doctrinales.

Es dentro de esa concepción filosófica que debemos entender la libertad de prensa como un derecho humano. La libertad de prensa es legítima jurídica y éticamente tan sólo si expresa la soberanía del pueblo, entendiendo por “soberanía” el ejercicio de las libertades colectivas como condición indispensable para que un pueblo sea dueño de su destino y pueda escribir la historia con su puño y letra. La libertad de prensa es legítima tan sólo si expresa la soberanía del pueblo y el derecho del pueblo a saber la verdad. Quienes convierten ese derecho sagrado en un poder fáctico, lo tergiversan al reducirlo a un instrumento de manipulación de conciencias y en un monopolio de facto que da origen a una dictadura mediática. Su más brutal expresión es el manejo descarado de las llamadas “redes sociales”, que han sustituido en la práctica a los partidos políticos como expresión del pluralismo ideológico y la confrontación de ideas. Ab(usando) de esos poderosísimos recursos tecnológicos, han llegado al poder figuras espernibles, como Trump en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil y, más cerca de nosotros, Bukele en El Salvador. Todo lo cual es consecuencia en el ámbito político de la revolución tecnológica actual, pues las comunicaciones han sido monopolizadas por las grandes empresas de la comunicación, quienes las financian. Al autocalificarse como “paladines de la libertad”, no hacen sino defender los intereses de esos monopolios mediáticos, convirtiendo así el derecho constitucional a la información en una mercancía. Quienes están a su servicio, subordinan los valores democráticos a los intereses de sus patronos; los periodistas a su servicio no son más que empleados.

Lo que sucede en el ámbito nacional no es más que un reflejo de lo que acaece en la esfera internacional. La campaña de difamación y de medias verdades en contra de las universidades públicas, emprendida por los empleados de la familia Jiménez Borbón, acostumbrada a tratar a la Patria de Juanito Mora y García Monge como si fuera un feudo azucarero, constituye un ejemplo de lo dicho. Se les cobra a nuestras beneméritas instituciones el estar formando ciudadanos con conciencia patriótica, como nos enseñaron a hacerlo nuestros grandes maestros humanistas, como Omar Dengo y Rodrigo Facio, a fin de inspirarse en el ejercicio del poder en la práctica de los derechos humanos, entendiendo “derechos” en el sentido kantiano de la palabra, a saber, como condición de posibilidad de la libertad como ejercicio de la razón práctica. Esos valores son tres, porque señalan la finalidad de las tres facultades superiores o dimensiones que definen al ser humano como “espíritu absoluto” (Hegel). La razón teórica (“pura” para Kant) aspira a la verdad, la voluntad (“razón práctica” para Kant) procura el bien ético, y la sensibilidad busca la belleza. Las libertades públicas deben ubicarse en la segunda dimensión, dado que son, insisto, la expresión social de la libertad como ejercicio de la racionalidad.

En filosofía política y derecho constitucional se habla del “pueblo” con el calificativo de “soberano”; este calificativo es altamente honroso, pues en los regímenes regidos por democracias absolutistas era un atributo tan sólo del rey , debido a que la monarquía era concebida como investida de atributos divinos (Bossuet). Debemos al más influyente ideólogo de la Revolución Francesa (1789), Juan Jacobo Rousseau, el haber conferido dicho atributo al pueblo llano que, desde entonces, se convierte en un principio fundamental de lo que entendemos por “democracia”. Es el pueblo-soberano la única matriz o fuente de las libertades públicas. Éstas se desarrollarán en consonancia con la conciencia que de sus derechos adquieren los pueblos, al calor de las luchas libertarias que despliegan; lo cual hace que debamos concebir los derechos humanos no como una especie de entelequia metafísica, sino como un proceso dialéctico, es decir, dentro de un marco de dimensiones históricas, movido por la dinámica de las fuerzas sociales.

La campaña en contra de las universidades públicas, como muy bien lo señala el actual Rector de la UCR, Doctor Gustavo Gutiérrez Espeleta, constituye un atentado en contra de los valores y principios democráticos, cimientos de nuestro sistema de vida republicana. Las universidades públicas, al luchar por sus derechos constitucionales, lo hacen igualmente por la soberanía de nuestro pueblo, por la dignidad de nuestra república. De esta manera honran con hechos y no con altisonantes y demagógicas declaraciones, el Bicentenario de Nuestra Independencia.

El abstencionismo electoral. ¿Cómo considerar esta expresión?

Vladimir de la Cruz

Las sociedades democráticas, en sus diversas modalidades institucionales, han establecido mecanismos o sistemas electorales para elegir sus autoridades políticas, desde las más altas esferas del Poder hasta los organismos más básicos de la convivencia ciudadana, de sus propios municipios.

La sociedad latinoamericana, en términos generales, estableció elecciones desde la escogencia de los Diputados a las Cortes de Cádiz, en 1812, aun cuando la mayoría de los ahora Estados o Repúblicas, eran parte del sistema colonial, cuando procedieron a elegir sus representantes ante las Cortes, con las reglas que para ese efecto se dictaron. Desde allí se podrían considerar los procesos electorales en el continente hasta hoy.

Independientes los países latinoamericanos procedieron a desarrollar sus formas de gobierno y sus estructuras institucionales, y establecieron a esos efectos, mecanismos de elección de sus gobernantes, cuando no procedía ese poder de la propia lucha independentista, que mantuvo por años en el Poder a sus principales caudillos y líderes militares, no alejados de las intrigas políticas y de cambios de gobernantes no por procesos electorales.

En el caso costarricense, no muy alejado del entorno centroamericano, se establecieron formas de elección, mecanismos y sistemas, que garantizaban el acceso al Poder de una minoría, políticamente definida, y de una mayoría excluida de la toma de decisiones políticas y de la participación electoral directa. Así se restringió el voto, por exclusión, a los analfabetos, a las mujeres, a ciertas minorías étnicas, se impuso un voto por nivel económico, se ejerció el voto público y de segundo grado escogiendo en una primera ronda electores que eran los que decidían en la segunda vuelta. Obviamente se impuso una edad mínima para adquirir el derecho de ciudadanía y poder tener la capacidad de elegir y ser electos.

En el caso costarricense, de nuevo, hasta 1912 se mantuvo el voto indirecto de electores, estableciéndose para las elecciones de 1913 el voto directo, hasta 1924 se estableció el voto secreto y con la Constitución Política de 1949 se reconoció el voto de la mujer, haciéndose universal. En las elecciones de 1974 los jóvenes de 18 años pudieron votar al haberse cambiado las leyes de la ciudadanía que establecían la mayoridad a los 21 años, con facultad para participar en procesos electorales. Aun cuando estos sistemas electorales nos parezcan abominables, poco democráticos, eran los que funcionaban, y los que marcaban el carácter democrático de las sociedades, entonces existentes, bastante bien, y definían las relaciones en el campo político para nuestras sociedades.

En Costa Rica, por ejemplo, para las elecciones de 1889 había 912 electores sobre una población de 340.000 habitantes, el 0.3% de la población era la que tenía la capacidad de votar. ¿Era eso democrático? Con los ojos de hoy no, pero era la forma democrática que venía operando y que hacía funcionar el sistema político. En ese año se estableció el régimen de partidos políticos, mediante y solo a través de ellos se podía participar en política, con ánimos de aspirar a ser electos en cargos públicos. Esta fórmula, que sigue existiendo, fue en cierta forma también restrictiva, porque los ciudadanos que deseaban aspirar a algún cargo tenían que ser miembros de un partido político y este partido escogerlo para el cargo al que aspiraba, convirtiéndose así en una forma sutilmente restrictiva de participación. Esto sigue funcionando. Hoy incluso, para aspirar a algún puesto de elección algunos partidos exigen un pago de inscripción para participar en la escogencia, pago por lo demás bien alto, que se justifica para los partidos políticos en los costos de las campañas electorales internas que tienen los partidos y para contribuir de esa manera, también, en los gastos generales de la campaña electoral a enfrentar.

La mayoría de los países han alcanzado estos niveles de participación electoral, voto universal, secreto, y algunos países, muy pocos, con la ciudadanía reconocida a los 16 años para ejercer el voto. Todos tienen el sistema de partidos políticos, aún en gobiernos monárquico-constitucionales tienen sistemas de partidos políticos, bajo la forma de regímenes presidencialistas o parlamentarios. Los partidos políticos de hecho se han impuesto en casi todo el mundo.

Las restricciones de participación se establecieron también con el desarrollo de gobiernos autoritarios, dictaduras, tiranías, satrapías, y con los gobiernos militares que restringieron la participación electoral de partidos y de ciudadanos en algunos casos, con la represión y la liquidación física de opositores, con la nulidad de cartas de ciudadanía y de inscripción electoral, con la expulsión o salida obligada de ciudadanos de sus países, con la inhabilitación de ciudadanos y de partidos políticos, como se acostumbra hoy en algunos países, para garantizar la estancia en el Poder, o evitar fuerzas políticas opositoras reales y vigorosas que puedan desplazar del Poder a quienes lo ostentan por la fuerza, o mediante mecanismos de control electoral que les facilita o permite su permanencia.

La exclusión histórica de masas de ciudadanos de las elecciones, condujo en la realidad a que muchos de esos ciudadanos se mantuvieran en la exclusión, en la marginación de la participación electoral, aun cuando se les habían reconocido sus derechos de participación. Sicológicamente se había predispuesto esa población para entender que el sistema electoral, sin su participación, era válido, y que de su resultado se podían esperar más cosas buenas que malas de quienes asumieran las riendas del gobierno en sus instancias legislativas y ejecutiva. En el caso costarricense a los comunistas se les impidió participar, como partido político, bajo cualquier forma de nominación que adquiriera desde 1948 hasta 1974. Los comunistas como personas podían votar por cualquier otra alternativa política pero no por ellos mismos. Esto explica, en cierta forma, el desarrollo del bipartidismo histórico que se desarrolló en el país, hasta 1998, cuando se ha empezado a cuestionar la vigencia de este control bipartidista de la sociedad y del Estado.

Bastaba echar una mirada al proceso histórico para entender las líneas de evolución de la sociedad y de su progreso. De hecho ninguna época actual parecía peor que la anterior, aun cuando existieran limitaciones.

La lucha por el Poder Político en general hoy se materializa en los procesos electorales, con participación de partidos políticos y con los ciudadanos que son los que emiten sus votos, el pueblo electoral.

La Política es el escenario donde se dilucidan las controversias de las relaciones de los distintos grupos de ciudadanos, organizados en partidos políticos, sindicatos, asociaciones de distintas naturalezas, económicas, empresariales, culturales, sociales, para tener acceso al Poder y, desde allí, influir en beneficio de las grandes mayorías o de los grupos que realmente se mueven, con poder de decisión, alrededor de los Poderes públicos. De allí que la Política sea importante, inevitable, y de obligada atención y participación ciudadana.

En todos los procesos electorales ha habido abstencionismo electoral, gente o ciudadanos que de una u otra forma no participan directamente, no llegan a emitir su voto. Unos porque históricamente fueron violentamente omitidos, impedidos de ejercer su voto, otros por desilusión de sus partidos, de sus candidatos y de sus líderes, otros, asqueados de las malas formas de gobernar y de la corrupción institucional que establecen algunos funcionarios para hacer de ella su modo de vida. Esto conduce a un rechazo de esos partidos, y sus dirigentes, caudillos y líderes.

Hoy peligrosamente en este rechazo se mete a la Democracia, como modo o sistema de vida, a todos los partidos políticos, a todos los dirigentes políticos, a todas las estructuras de gobierno y por ello a todos los gobernantes y funcionarios públicos. Más aún, se mete a la Política como tal, la que hay que rechazar, y se induce a la búsqueda de líderes mesiánicos, autoritarios, fuertes, dictadores institucionales que resuelvan problemas sensibles para las gentes o la población. Peligrosamente este rechazo conduce a alimentar los populismos de cualquier signo político que puedan surgir. Se induce inclusive a mecanismos de acceso al Poder que nieguen los mecanismos democráticos de participación ciudadana. El abstencionismo es la máxima expresión que se evidencia de este posible rechazo, o que al menos tiende a justificarlo. ¿Es válido esto? Es discutible.

Para mí el abstencionismo tiene dos expresiones importantes. El que se manifiesta del todo con no ir a las urnas electorales, y el que en urnas electorales se manifiesta no votando por ninguna de las alternativas existentes ofrecidas, o anulando el voto.

El que del todo no asiste a las urnas bien podría deducirse que no es que está en contra de todos los partidos y de todos los candidatos, sino que le es indiferente cuál de ellos pueda ganar el proceso electoral, porque siente que ninguno de ellos le altera, al elector abstencionista, su modo de vida, su estilo de vida, o no lo ve como una amenaza para su relativa comodidad o existencia, sea cual sea, y porque piensa, o deduce instintivamente, que cualquiera de los candidatos y partido que gane le puede producir más beneficio que perjuicio. Esa masa de abstencionistas, al término de las elecciones, contados los votos, se suma de manera pasiva a los votos del partido y candidato ganador, dándole fortaleza a su triunfo y mayor estabilidad al gobierno que se asumirá, y confianza al mismo proceso electoral. Así este abstencionista es un votante pasivo.

Está el votante que se presenta a las urnas y vota en blanco, devuelve la papeleta electoral en blanco o la anula de alguna manera, votando por todos, haciendo inválido su voto al no poderse deducir una voluntad clara a favor de alguno de los partidos o candidatos. Este es el abstencionista activo, que rechaza a todos los partidos y candidatos porque no le parece ninguno, por la razón que sea.

A los efectos prácticos de los resultados electorales, los sistemas electorales han establecido no reconocer, a sus efectos contables los votos de esta forma emitidos. Solo valen aquellos que están expresamente dados a una casilla electoral, de un partido o de un candidato, los que se consideran votos válidamente emitidos. Sin embargo, el que asiste a la urna y expresa su voluntad negándole el voto a cualquiera de las alternativas, de hecho y de derecho está expresando su voluntad de voto, está emitiendo válidamente su voluntad expresada en ese voto abstencionista, que a los efectos del resultado electoral no lo toman en cuenta, y que sí debe ser tomado en cuenta, al menos eso es lo que creo.

El voto abstencionista en urna debe tomarse como un voto válidamente emitido, no a favor de un candidato, lo que es obvio, sino a favor del mismo proceso electoral y democrático que debe reconocer de esa manera el voto en blanco, nulo o disidente, con el mismo valor porcentual que se le asigna al resto de los votos válidamente emitidos.

Los procesos electorales han establecido segundas rondas, o vueltas electorales cuando en la primera ronda no se saca el número de votos o porcentaje necesario para ser electo, 40%, como en Costa Rica, o 50% como en otros países, segunda vuelta que se resuelve con los dos que hayan sacado el mayor número de votos o mayor porcentaje, siempre inferior al necesario para elegir. La segunda vuelta, en todos los casos se resuelve con el mayor número de votos, sin porcentaje, lo que es absolutamente lógico para provocar un resultado electoral válido. Pues bien, si los votos en blanco se contabilizaran provocaría que el resultado electoral, sea por número de votos o por porcentaje se vuelva más difícil. Posiblemente facilitaría más el desarrollo de segundas vueltas electorales, pero a la vez los partidos políticos tendrían que preocuparse por mejorar sus imágenes públicas, las de sus líderes, caudillos o dirigentes, tendrían que ser más responsables en la gestión pública en que participan, tendrían que estar obligados a procesos de rendición de cuentas ante sus afiliados, seguidores y ciudadanos.

El reconocimiento real y efectivo de los votantes abstencionistas enriquecería más la democracia política y los procesos electorales. La situación más extrema en este dilema sería cuando el abstencionismo en urnas sea mayor que la suma de los votantes de los partidos inscritos, lo que inevitablemente obligaría a nuevas postulaciones para la segunda ronda, sin lugar a dudas, o a un proceso reconstituyente nacional, de manera automática se convoque a un Nuevo Pacto Nacional, a una Nueva Asamblea Nacional Constituyente, que redefina la nueva situación política nacional.