“Los trabajadores hacen huelga el lunes, porque suben el pan; el martes se manifiestan porque ganan poco, el miércoles protestan porque faltan libertades, pero el domingo, votan por las derechas” (F. Mitterrand)
Manuel Hernández Venegas
Volverán cientos de empleados públicos, a votar por uno y otro partido, que han destruido las libertades colectivas de los trabajadores y derrumbado el Estado Social y Democrático.
En las urnas electorales quedarán enterradas, para el olvido, la política extrema de devaluación salarial, el congelamiento y el estancamiento a largo plazo de los salarios, la prohibición de la huelga y la negociación colectiva.
La democracia quedará redimida.
Un pueblo anestesiado, que perdió la memoria y que sufre enajenación de rebaño.
Un pueblo sin memoria está condenado a repetir el pasado.
La Revista Tlatelolco. Democracia democratizante y cambio social presenta: Quince tesis sobre el partido-movimiento, recopiladas por **Boaventura de Sousa Santos.
1. No hay ciudadanos despolitizados; hay ciudadanos que no se dejan politizar por las formas dominantes de politización, sean partidos o movimientos de la sociedad civil organizada.
2. No hay democracia sin partidos, pero hay partidos sin democracia.
3. Estar a la izquierda es un punto de llegada y no un punto de partida y, por lo tanto, se demuestra en los hechos.
4.No hay democracia, hay democratización.
5. El partido-movimiento es el partido que contiene en sí a su contrario.
6. Ser miembro de la clase política es siempre transitorio.
7. El partido- movimiento es una contracorriente contra dos fundamentalismos.
8. El partido- movimiento combina la acción inconstitucional con la acción extrainstitucional.
9. La revolución de la información electrónica y las redes sociales no son, en sí mismas, un instrumento incondicionalmente favorable al desarrollo de la democracia participativa.
10. El movimiento de partidos se basa en la pluralidad no polarizada y el reconocimiento de competencias concretas.
11. El partido-movimiento prospera en una lucha constante contra la inercia.
12. La educación política popular es la clave para sostener el partido- movimiento.
13. El partido-movimiento va más allá de la articulación entre partido y movimiento social.
14. Vivimos en un período de luchas defensivas. Corresponde al partido-movimiento ser freno sin perder de vista las luchas ofensivas.
15. Solo el partido-movimiento puede defender la democracia liberal como punto de partida y no como punto final.
**Boaventura de Sousa Santos es catedrático emérito de Sociología en la Facultad de Economía de la Universidad de Coimbra y Distinguished Legal Scholar en la Facultad de Derecho de la Universidad de Wisconsin-Madison. Además, es director emérito del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra y coordinador del Observatorio Permanente de la Justicia Portuguesa, en la misma universidad.
Información compartida con SURCOS por Henry Mora Jiménez.
Sin transparencia no hay democracia y el deber ineludible del Pueblo digno y empoderado como debe ser, es exigirla siempre, tanto en las instituciones públicas como en las privadas pues a ambas las mantiene y soporta constantemente con sus esfuerzos y recursos. «La verdad os hará libres» decía sabiamente Jesús de Nazaret, fuente fundamental de valores éticos y morales. En cambio, los dictadores, los corruptos, los cobardes los enemigos de la Humanidad y de la Madre Naturaleza, temen y aborrecen la verdad y a sus defensoras y defensores como el diablo a la cruz, como los vampiros a la luz, como los genocidas mercaderes de la guerra y la muerte a la paz, como los maleantes a la justicia.
La demagógica exigencia de «lealtad hacia la institución», no es más que un sucio subterfugio de las argollas mafiosas hegemónicas que dirigen esas instituciones, para obligar a sus subalternas y subalternos a callar a fin de seguir realizando impunemente todo tipo de chorizos para su único y personal beneficio.
Un honesto jerarca al servicio del Pueblo debe más bien exigirle a las y los empleados denunciar incluso cualquier sospecha de malversación de los recursos públicos que allí se manejan. Deben premiar a las y los trabajadores que honestamente defienden y practican la transparencia y la excelencia laboral pues, repetimos, su deber fundamental es servir al Pueblo como soberano que es de toda auténtica Democracia.
Quienes defienden la verdad y la transparencia, la honestidad y la decencia, es decir la vida, son las y los imprescindibles, las y los indispensables, las y los ejemplares e inmortales. En cambio, quienes defienden la mentira y la opacidad, la deshonestidad y la matráfula, es decir, la muerte, son las y los efímeros, las y los breves que van raudos, como ejemplos de odiosos antivalores, al basurero de la vergüenza de la Historia.
Hoy el Pueblo que a fuerza de golpes por dicha ha despertado, se informa -estudia-, se une, se organiza, se empodera, se moviliza y rápido se va convirtiendo en Poder Popular (artículo 9 constitucional), pues es el real dueño de nuestro país, debe proteger, ensalzar e imitar a quienes defienden la verdad y la transparencia en todos los campos, en especial en nuestras instituciones públicas.
Dejémonos de pendejadas, de «nadaditos de perro», es el momento de definirnos, comprometernos y sobre todo actuar en pro de la verdad, la transparencia, la auténtica justicia, la real democracia, la Humanidad y la. Naturaleza.
De pie valientes y libres ya o, de rodillas, cobardes y esclavos siempre. Usted escoge.
La democracia que se reconoce oficialmente es el resultado de un proceso electoral, a través de la emisión del voto individual de las personas con derecho. El acto de votar o el tomar en cuenta la voluntad de cada persona, fue una conquista de las colectividades y pueblos del mundo, en distintas épocas de la historia, ante las tiranías que se arrogaban la capacidad para imponer sus intereses a las personas y pueblos bajo su dominio.
Indudablemente las elecciones fue un logro de cada sociedad y tiempo particular, fue una ruptura significativa, no obstante, sabemos que no existen verdades eternas, lo bueno del pasado, no lo son necesariamente para el presente, por el cambio de las condiciones que rodean e implican los conocimientos que se validaron en otros tiempos.
Así, en la actualidad hay una necesidad urgente de reflexionar sobre las elecciones y la democracia, que nacían contra las tiranías, pero se han convertido, en casos, en legitimadoras de dictaduras autocráticas, lo que relativiza la significación política de las elecciones, que descalifican y caricaturizan la significación de la democracia. Es antagónico a la democracia hacen de los procesos electorales, actos para designar a quien supuestamente decidirá por todos, mientras se les niega la facultad de decidir y participar directamente por un destino común.
El voto individual ciudadano plasmado en las elecciones, no representa el interés común de una sociedad heterogénea y desigual como la costarricense, menos aún, cuando solo se funda en el conocimiento, criterio o creencia individual, la cual puede estar influida por la publicidad parcializada de los medios mercantilizados y las ideologías, así como por tradiciones, incluso por influencias corruptas o fraudes. No obstante, la democracia no es un asunto individualizado ni está relacionado con la sumatoria de votos de la heterogénea preferencia de las personas, por el contrario, la democracia no es una magnitud, es la voluntad, decisión y acción colectiva de la sociedad civil sobre el devenir de asuntos que son públicos o común a todos.
Las elecciones solo son actos administrativos y técnicos, que no son neutrales, que condicionan el proceso electoral, aun cuando la democracia trasciende dicho proceso. En nuestra realidad las elecciones no son actos democráticos, se les valida por intereses generalmente relacionados con una gestión oficial comprometida, con disposiciones administrativas y legales, sin participación ciudadana. Los resultados electorales inesperados ante los compromisos sociales y políticos con las poblaciones pobres, han resultado verdaderas conmociones políticas y mediáticas de los poderes prevalecientes en algunas sociedades latinoamericanas, como ocurrió en Bolivia y recientemente en el Perú, porque son cuestionamientos al orden elitista y racista de los dueños de negocios y gobernantes que se imaginan pertenecer a una casta política o monarquía.
En Costa Rica elegimos a un Presidente de la República de un partido, que designó ministros y autoridades liberales de otros partidos políticos; un elegido que incumple las promesas de campaña; que traiciona los principios, derechos y reivindicaciones de los trabajadores; que gobierna para los empresarios, que miente con aparentes prácticas participativas que cínica e inmoralmente irrespeta; que expresa la ignorancia de su función e ignora lo que es democracia.
El gobierno de todos para todos, solo representa a pocos empresarios para despreciar a muchos trabajadores y pobres. Hoy, los mismos de siempre, conservan privilegios, que sobreexplotan y despiden trabajadores con el amparo estatal y ahora incluso son quienes deciden las medidas genocidas de sanidad pública y de las teatrales y risibles restricciones preventivas con la absurda e inexplicable anuencia de las autoridades sanitarias.
El Presidente electo liquidó las políticas públicas, lo que no lograron los liberales con los programas de ajustes estructurales ni el tratado de libre comercio, una traición a las conquistas logradas en nuestro pasado que inauguró en Estado Social, para instaurar ahora un Estado privativo de empresarios y financistas. El uso político de la pandemia es evidente, porque con el miedo a la enfermedad y muerte, se ha eliminado las protestas ciudadanas ante las diversas transgresiones contra la población vulnerable, además de haberla usado como medio para desmantelar la institucionalidad pública y hacer de la atención sanitaria pública un negocio privado para los mercaderes de la salud.
El Fondo Monetario Internacional, una vez más, el ente representante internacional del liberalismo, acompaña al gobierno financiando y chantajeando por la privatización de la función pública y la destrucción de los resquicios del Estado Social.
Este gobierno ha empobrecido a los pobres y sectores medios del país, con medidas económicas directas de hambre y muerte contra la población trabajadora. Las elecciones eligieron a una persona que engañó, corrompió y traicionó a la ciudadanía, con una institucionalidad estatal cómplice en razón de intereses privativos propios y ajenos, inmunes e impunes, pero nunca públicos ni democráticos.
Una de las funciones fundamentales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) es su función consultiva, en virtud de la cual interpreta la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos interamericanos en la materia, con el fin de contribuir al cumplimiento de las obligaciones internacionales de los Estados americanos en lo que concierne a la protección de los derechos humanos.
Estas interpretaciones las publica en forma de opiniones consultivas, las cuales puede ser solicitadas por cualquier Estado miembro de la Organización de Estados Americanos (OEA) y por los órganos enumerados en el capítulo X de la Carta de la OEA, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, entre los que se encuentran la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Asamblea General, el Consejo Permanente y la Comisión Interamericana de Mujeres.
Las opiniones consultivas no tienen el carácter de una sentencia, pero representan una guía ineludible para la aplicación de la Convención Americana por parte de los Estados y como lo señala la propia Corte IDH en su Opinión Consultiva OC-22/16 de 26 de febrero de 2016, “cumplen, en alguna medida, la función propia de un control de convencionalidad preventivo”. En otras palabras, le advierten a los Estados qué actos no deben realizar para evitar su responsabilidad internacional.
Una esperada opinión consultiva sobre la reelección presidencial
La Corte IDH acaba de publicar su Opinión Consultiva OC-28/21 sobre la reelección presidencial indefinida, con la cual se pone punto y final a uno de los argumentos que han utilizado varios presidentes de la región -particularmente, Daniel Ortega, Juan Orlando Hernández y Evo Morales- con el fin de imponer sus intereses reeleccionistas en detrimento de los procesos democráticos.
Estos presidentes han utilizado a los máximos órganos judiciales de interpretación constitucional para obtener sentencias fuertemente cuestionadas por amplios sectores sociales. Así, el 19 de octubre de 2009, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua benefició a Daniel Ortega al resolver un recurso de Amparo que declaró inaplicable el artículo constitucional que le prohibía reelegirse.
La Sala de lo Constitucional concluyó que “frente a las restricciones a la reelección presidencial indefinida, los derechos fundamentales están por encima”, ya que esta constituye un valor y principio fundamental, cuya prohibición conlleva un menoscabo a los derechos políticos, que no pueden ser restringidos en el régimen electoral que adopte un país.
El 22 de abril de 2015, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Honduras benefició a Juan Orlando Hernández al emitir una sentencia en la que declaró inaplicable el artículo constitucional que le impedía reelegirse, a pesar de que el Poder Judicial no estaba facultado para tomar esa decisión sobre dicho artículo por ser de naturaleza pétrea, es decir, irreformable.
La Sala de lo Constitucional expresó que existe una contradicción entre los derechos políticos y la prohibición de la reelección, lo cual constituye una “[…] colisión entre derechos fundamentales inherentes a la persona humana también contenidos en la propia Constitución, y en la infracción de principios y normas internacionales de Derechos Humanos […]”, de manera que atribuye el carácter de derecho fundamental a la reelección presidencial.
Y, el 28 de noviembre de 2017, la Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia benefició a Evo Morales al declarar la “aplicación preferente” del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos sobre los artículos constitucionales que limitaban su reelección “por una sola vez de manera continua”.
El Tribunal Constitucional Plurinacional concluyó que la Constitución nacional prescribe que los tratados internacionales que representan la norma más favorable para los derechos humanos tienen que aplicarse y prevalecer incluso por encima de la norma suprema; por tanto, debe aplicarse la Convención Americana de forma preferente que los artículos constitucionales ya que protege de forma más amplia los derechos políticos.
Sentencias basadas en una premisa falsa
Estas tres sentencias se basaron en la premisa falsa de que la reelección es un derecho humano y que forma parte de los derechos políticos. En este orden de ideas, los órganos constitucionales argumentaron correctamente que los derechos reconocidos en los tratados internacionales forman parte de las constituciones nacionales y, en consecuencia, tienen el mismo rango o jerarquía de las normas constitucionales en sentido estricto.
Pero establecieron erróneamente que, al existir dos normas de igual jerarquía, pero contradictorias, es decir, la norma constitucional que restringe un derecho humano, al prohibir la reelección presidencial, y la norma internacional que lo protege porque lo permite, debía imponerse la norma que más protege el derecho humano a la reelección. En otras palabras, declararon inaplicable la norma constitucional y aplicaron de forma preferente la norma internacional.
El problema fundamental de estas sentencias es que están basadas en una premisa absolutamente falsa: que la reelección es un derecho humano. La Opinión Consultiva OC-28/21 en la que la Corte IDH nos brinda 10 ideas claves para desmontar las mentiras que sostienen las sentencias reeleccionistas de Ortega, Hernández y Morales:
Los artículos 3 y 4 de la Carta Democrática Interamericana resaltan que en las democracias el poder se debe acceder y ejercer con sujeción al Estado de Derecho y bajo el imperio de la ley.
El juego democrático solamente es posible si todas las partes respetan los límites impuestos por la ley que permiten la propia existencia de la democracia, como lo son los límites temporales de los mandatos presidenciales.
El derecho que se desprende de la Convención Americana y del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de forma expresa es el derecho a votar y ser elegido.
No se desprende de los tratados internacionales de derechos humanos que se haya reconocido la existencia de un derecho autónomo a ser reelecto al cargo de la Presidencia.
Respecto al derecho de la persona que ocupa el cargo de la presidencia a ser reelecta, no existe un derecho autónomo a la reelección.
Respecto a los derechos de los demás ciudadanos, el derecho a votar no implica el derecho a tener opciones ilimitadas de candidatos a la Presidencia.
La permanencia en funciones de un mismo gobernante en la presidencia de la República por un largo período de tiempo tiene efectos nocivos en el régimen plural de partidos y organizaciones políticas porque favorece la hegemonía en el poder de ciertos sectores o ideologías.
Los presidentes que buscan la reelección tienen una amplia ventaja de exposición mediática y de familiaridad para los electores.
La ausencia de limitación razonable a la reelección presidencial o la implementación de mecanismos que materialmente permitan el irrespeto de las limitaciones formales existentes y la perpetuación directa o indirecta de una misma persona en el ejercicio de la presidencia es contraria a la Convención Americana.
Los Estados pueden regular la reelección presidencial de acuerdo a sus necesidades históricas, políticas, sociales y culturales.
Una breve conclusión
La Opinión Consultiva OC-28/21 ratifica lo que la Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho (Comisión de Venecia) había concluido: “no existe un derecho humano específico y diferenciado a la reelección. La posibilidad de postularse para un cargo para otro período previsto en la constitución es una modalidad o una restricción del derecho a la participación política y, específicamente, a contender por un cargo”.
En este sentido, los límites a la reelección impiden el ejercicio ilimitado del poder en manos del presidente y protegen otros principios constitucionales como los controles y equilibrios y la separación de poderes. Quien ocupa el cargo de la presidencia de la República tienen la obligación de proteger los derechos humanos y la Constitución, y, en consecuencia, no puede exigir sus derechos políticos en contra de la constitución.
Por tanto, si la Corte IDH ha concluido que la reelección no es un derecho humano, se demuestra la falsedad de la premisa en la que se basaron las tres sentencias citadas y se desmantela la columna principal que sostiene las cuestionadas reelecciones de Daniel Ortega en Nicaragua, de Juan Orlando Hernández en Honduras y de Evo Morales en Bolivia.
En consecuencia, si las reelecciones de estos tres políticos están basadas en una mentira, no cabe ninguna duda que sus gobiernos son de facto y que, si existieran Ministerios Públicos competentes, imparciales e independientes, deberían iniciar inmediatamente acciones penales contra los magistrados y magistradas constitucionales que dictaron estas sentencias manipuladas para favorecer a quienes hoy se han convertido en dictadores, particularmente Daniel Ortega y Juan Orlando Hernández.
Cuánta razón tenía la Comisión de Venecia cuando señaló que las restricciones a la reelección presidencial contribuyen a la preservación del sistema de controles y equilibrios constitucionales, y que las sentencias que han eliminado la prohibición, conducen al peligro de tener “monarcas republicanos”.
Los pueblos de Nicaragua y Honduras están sufriendo las consecuencias de decisiones judiciales que han convertido abiertamente nuestros sistemas políticos en autocracias, es decir, regímenes en los que los presidentes de facto controlan todas las instituciones del Estado.Nota: Para un análisis más profundo sobre la reelección en la región centroamericana, consúltese el libro “La reelección presidencial en Centroamérica: ¿Un derecho absoluto?”
Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense
En el Perú de la segunda década del nuevo siglo no hay periodistas cumpliendo su labor informativa, lo que hay son agresivos operadores políticos (de la derecha) nos dice el veterano político, periodista, escritor y analista político Ricardo Belmont. Don Ricardo quien fuera Alcalde de Lima, en tiempos del dictador Alberto Fujimori, en los turbulentos años de la década del noventa, hace estas afirmaciones frente a la agresiva actitud de una prensa que no acepta el resultado de la segunda vuelta electoral del 6 de junio anterior.
La izquierda democrática y el Partido Perú Libre ganaron las elecciones, mientras los medios al servicio de la oligarquía racista y totalitaria que lo atacaron sin piedad durante toda la campaña electoral, procuran ahora separar al presidente Pedro Castillo Terrones de su base política y social. Eso sería un error suicida para el nuevo gobierno peruano.
Como, a diferencia de los otros presidentes de los últimos treinta años, Castillo no se ha sometido hasta ahora, a la hoja de ruta de los poderes fácticos neoliberales, han decidido hacerle la vida imposible hasta vacarlo o derrocarlo, a pocos días de haber asumido su mandato.
Es por eso que los fujimoristas estuvieron durante mes y medio haciendo falsas denuncias de “fraude electoral” sin aportar una sola prueba, y pidiendo la anulación de numerosas actas electorales del Perú Profundo, en la Sierra Central y Sur, donde el Partido Perú Libre arrasó a los seguidores de Keiko Fujimori, para retrasar e impedir la proclamación del nuevo presidente, cosa que no lograron.
De previo, al igual que hicieron con Alan García, Alejandro Toledo, Ollanta Humala, y el mismo Alberto Fujimori, en 1990, la oligarquía llamará al profesor Pedro Castillo para imponerle su hoja de ruta, diciéndole lo que tendrá que hacer en su mandato de cinco años. Ya hemos visto como terminaron esos presidentes peruanos tan obedientes al establishment, todos ellos con cuentas pendientes con la justicia. Por fortuna el nuevo presidente ya nombró un gabinete de su confianza.
A semejanza del nazifascismo y el estalinismo de los años treinta, sendas expresiones totalitarias de entonces, los medios satanizan y tergiversan, todos los días, unas declaraciones del primer ministro Guido Bellido, un político de la izquierda cuzqueña, nombrado por el presidente Pedro Castillo, a quien quieren sacar del juego político. Si no dices lo que ellos quieren y empleas los mismos calificativos para referirte a determinados actores políticos, entonces eres un terrorista o un apologista de ellos.
En Costa Rica, por lo contrario, ni Jacques Sagot ni otras personas que han escrito sobre el caso de Viviana Gallardo, como son el historiador Iván Molina Jiménez y la escritora Ximena Cedeño de la Cruz, quien escribió una obra de teatro sobre ese tema, serían censurados como «apologistas del terrorismo» por el solo hecho de intentar algún revisionismo histórico, acerca de un período muy doloroso de la historia centroamericana.
La sociedad peruana está enferma de odio y violencia, alimentados por una prensa mentirosa y oficiosa como la del diario El Comercio, La República y los principales canales de la TV peruana erigidos en los catones de las virtudes republicanas, creando un espejismo acerca de lo que de verdad está ocurriendo en ese país.
Lo anterior, por cuanto la derecha, y la troglodita ultraderecha, bruta y achorada del Perú como la llaman en aquel país, se encuentran desesperadas, dada su visión autista, unidimensional y totalitaria del mundo, de su país y de la región, la que les impide aceptar el triunfo electoral del Partido Perú Libre y de su candidato presidencial: el profesor Pedro Castillo Terrones. Además de que perdieron las elecciones frente a un partido político, surgido en provincias, el que llevó a palacio a un presidente de la Sierra, el primero en doscientos años de historia republicana, todo eso es demasiado para las elites limeñas, por eso están preparando un golpe de estado, eso sí a la manera de la vieja capital virreinal.
Se invita al Coloquio Virtual “Aspiraciones democráticas y descontento popular: fuerza de la protesta social” el día 19 de agosto del 2021 de 6:00 pm a 8:00 pm, se contará con la participación de:
Juan Antonio Gutiérrez Slon.
Nora Garita Bonilla.
Sindy Mora Solano.
Modera: Norman José Solórzano Alfaro
La transmisión será por medio de la plataforma Zoom por medio del siguiente enlace: https://una-cr.-zoom.us/-j/898164644886, y por Facebook Live de la Vicerrectoría de extensión, UNA.
Definición de democracia de la segunda mitad del siglo XX
Por Comunicación SITRAINA
A partir de la década de 1970, en Occidente una democracia es entendida como una forma de gobierno que garantiza: a. ciertos derechos naturales; b. ciertos derechos civiles; c. derecho del pueblo a la resistencia legítima; d. un sistema electoral legítimo; d. independencia de los tres poderes de la república (ejecutivo, legislativo y judicial).
Al respecto de los derechos naturales, encontramos el derecho a la vida, a la alimentación, a la libertad, entre otros. Entre los derechos civiles encontramos la ciudadanía, el derecho a la educación, libertad de tránsito, libertad de prensa, etc.
El sistema electoral legítimo deriva de la concepción de un contrato social, de acuerdo con el cual, las y los seres humanos nos encontrábamos viviendo en un estado natural, donde no había más ley que la ley natural y gozábamos de total libertad de hacer y disponer para sobrevivir, pero como esto era peligroso para todos, entonces, haciendo ejercicio pleno de su libertad, decidieron formar contrato social que estipula las reglas de convivencia, cediendo la libertad natural, para obtener una libertad civil, resguardada por una autoridad, reconocida por todas y todos como tal, la cual tiene como límite y función, velar por el bien común de la población. Por lo tanto, los estados modernos, de acuerdo con esta concepción, son el resultado de un pacto social y en las elecciones, las y los seres humanos de cada presente, renuevan el pacto social y eligen a los magistrados que ostentarán la autoridad, por un lapso limitado de tiempo. Esto constituye lo que se conoce como “democracia representativa”, porque yo, en tanto que individuo, cedo mi poder político a otro para que me represente en el estado.
De esta mista teoría deriva el derecho a la resistencia legítima, el cual no es otra cosa que la “democracia participativa” o el mecanismo mediante el cual el pueblo asume su poder político para manifestarse de distintas maneras en contra de decisiones que tome la autoridad o el gobierno, las cuales afecten los intereses del pueblo mismo. De ahí que el derecho a huelga y a otros tipos de manifestación son un índice claro de una democracia.
Finalmente, la división de poderes es algo que fue planteado desde la Ilustración que motivó la Revolución Francesa del siglo XVIII. Más específicamente fue propuesta por Montesquieu y garantiza el equilibrio del poder en el seno del gobierno de una nación.
Dos concepciones sobre los derechos naturales y civiles
Como lo hemos explicado en entregas anteriores, existen contradicciones ideológicas muy grandes entre el neoliberalismo y la social-democracia. Estas contradicciones también se reflejan en el modo mediante el cual se contemplan los derechos naturales y civiles.
Desde la social-democracia, la libertad del individuo tiene como límite la justicia social, donde la justicia social es entendida en términos de igualdad. Por tanto, la social-democracia considera que los derechos naturales y civiles deben encaminarse a garantizar acceso a condiciones mínimas de calidad de vida para todas las personas, como acceso al agua, la alimentación, el trabajo, la salud, la educación, las telecomunicaciones, etc.
Contrariamente, el neoliberalismo considera que la libertad del individuo no puede ser limitada por el Estado y si el Estado la limita, comete una injusticia que atenta en contra de los derechos naturales de las personas. Por lo tanto, el Estado no puede imponerles impuestos a los grandes capitales, porque es una injusticia en contra de los individuos y es la libertad de mercado la única capaz de garantizar la libertad y determinar quién tiene acceso al agua, al alimento, a la salud, la educación, las telecomunicaciones, etc. Es por este motivo que el neoliberalismo es una ideología político-económica que favorece a las y los ricos y cuando las personas de las clases medias y bajas apoyamos estas políticas, actuamos en contra de nuestros propios intereses.
Contexto de la política nacional
En Costa Rica, la visión neoliberal de los derechos naturales y civiles, que podemos llamar en conjunto “derechos humanos”, ha impregnado las altas esferas del gobierno, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo y el Judicial. Esto va de la mano con el hecho de que Costa Rica sea uno de los países donde aumenta más la riqueza y paralelamente también aumenta más la desigualdad. Esto se debe a que los principales grupos de poder le apuestan al neoliberalismo como una política económica que les permite actuar en contra del bien común.
Con esto, la teoría del pacto social y del contrato social se ven seriamente debilitadas. En 2019, con la aprobación de la Ley Anti-Huelgas, en Costa Rica se culminó con un proceso de ideologización neoliberal que llevaba años: la criminalización de la protesta social, promovida por la telebasura y sus noticieros neoliberales. No obstante, con la criminalización de la protesta social se le da un duro golpe a la constitución de una democracia costarricense, ya que se imposibilita el derecho legítimo a la resistencia del pueblo, el cual es uno de los cinco aspectos básicos de una democracia occidental. Uno de los principales argumentos mediáticos en contra de este derecho ha sido “la obstrucción de la libertad de tránsito”. O sea, una visión neoliberal que se impone a una visión social-democrática, donde la democracia participativa es ilegal, ya que atenta en contra de la liberta del individuo y la libertad de mercado.
Además, con el actual Proyecto de Ley Marco de Empleo Público, el cual posee 35 inconstitucionalidades, se violenta otro de los aspectos fundamentales de una democracia: la división de poderes, ya que es el MIDEPLAN, una entidad dependiente del Poder Ejecutivo, la que determina el régimen de empleo no solamente del Poder Ejecutivo, sino también del Legislativo y del Judicial, por no mencionar las corporaciones municipales y las instituciones autónomas.
En síntesis, el neoliberalismo ha venido promoviendo una violación constante de los derechos humanos que garantizas en bien común, mediante la corrupción, el debilitamiento institucional, la tercerización de servicios, el entrabamiento administrativo y la privatización de instituciones públicas que buscan satisfacer las necesidades básicas de la población costarricense. Sin embargo, los grupos de poder, no contentos con esto, han arremetido durante este gobierno contra dos aspectos fundamentales de lo que es una democracia, como lo son: la democracia participativa y la división y el equilibrio de los poderes de la república.
Los verdaderos violadores de los Derechos Humanos son los Estados Unidos
Solidaridad de los pueblos del mundo desafían el bloqueo a Cuba; ello desespera a USA
Nuestro desarrollo y resultados científicos siempre estarán a disposición de nuestros pueblos
La pandemia ha dificultado el relacionamiento y los intercambios científicos, tecnológicos y culturales con los costarricenses
“Cuba no pone condición alguna para la adquisición de sus vacunas. Todos los países que las necesiten y deseen adquirirlas, podrán hacerlo”, destacó el embajador de Cuba en nuestro país, Jorge Rodríguez, al ser preguntado sí había condiciones para que los costarricenses contaran con Soberana 2, el primer inyectable vacunal desarrollado en el continente por científicos del hemisferio.
Persona locuaz, carismática y precisa en cada una de sus palabras, Jorge Rodríguez, el embajador cubano en Costa Rica es un martiano de pura cepa. Preocupado por Nuestra América, de un conocimiento amplísimo en todos los temas que aborda con profundidad, reduce su ser como diplomático y persona al “deber cumplido sencilla y naturalmente”, como diría el apóstol y poeta.
En una entrevista exclusiva para la revistaSURCOS recordó que la mayoría de los países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe (CELAC) ven con muy buenas perspectivas que uno de ellos, este caso Cuba, haya logrado desarrollar cinco candidatos vacunales, uno de ellos, Abdala, que ya es vacuna y Soberana 02 que está en la fase final del registro, certificación y autorización para su uso de emergencia.
Nuestra región, agregó, conoce de la vocación solidaria de nuestro país. Conocen perfectamente que nuestro desarrollo y resultados científicos, siempre estarán a disposición de nuestros pueblos hermanos, destacó. El objetivo principal de nuestra producción de vacunas – sentenció- es el de salvar vidas, no es comercial. El adversario lo conoce y por eso también ha obstaculizado la adquisición de reactivos e insumos para la producción. Una vez más no podrán lograr su objetivo.
El diplomático abordó con el licenciado Rafael Angel Ugalde Quirós los más diversos tópicos de forma abierta, tal como el avance de la democracia en la región, sin que falten esfuerzos por legitimar el injerencismo, contra la soberanía de nuestros pueblos.
Dijo que la llamada ley “global Magnitsky” debería aplicársele a los mismos Estados Unidos, por violaciones de los derechos de sus minorías. Calificó de total “desfachatez”, “cinismo” y la utilización de la mentira abiertamente para tratar de buscar condenas a Cuba.
Como se recuerda recientemente se trató de desestabilizar la Revolución cubana desde las redes sociales utilizadas al mejor estilo de las famosas “revoluciones de colores” promovidas por Estados Unidos en otras regiones del orbe.
Consideró que Estados Unidos no tiene fuerza moral alguna para lograr sus propósitos contra Cuba en la arena internacional, precisó el entrevistado al abordar el tema de búsquedas de condena a su país en organismos como la desprestigiada OEA. “La verdad se abre paso y la política agresiva de Estados Unidos queda al descubierto”, puntualizó.
¿Qué pronostico diplomático hace usted respecto al anuncio de la administración Biden de llevar el tema de los detenidos por actos violentos en Cuba a las Naciones Unidas y la OEA?
R/ El Gobierno de los Estados Unidos actúa con total desfachatez, cinismo y utilizando la mentira abiertamente. Está urgido de una condena a Cuba para justificar su bloqueo genocida y las nuevas medidas y sanciones contra nuestro país. Sin embargo, solo ha podido reunir a un minúsculo grupo de países ejerciendo groseras presiones y chantajes, lo cual considero un soberano ridículo. Ni en la OEA, organización que tradicionalmente le ha servido de pantalla para encubrir sus fechorías, ha podido lograrlo. Hubo una rebelión de la mayoría de los países miembros de esa desprestigiada organización. Más bien ha logrado un efecto contrario y reavivado con fuerza la idea sobre la necesidad de nuestra región de contar con un organismo genuinamente latinoamericano y caribeño que no se someta al vasallaje, ni sirva de instrumento a la política de Estados Unidos. Considero que Estados Unidos no tiene fuerza moral alguna para lograr sus propósitos contra Cuba en la arena internacional. La verdad se abre paso y la política agresiva de Estados Unidos queda al descubierto.
Dentro de la llamada ley global Magnitsky, el “establishment” norteamericano, acaba de imponer sanciones al jefe del Ministerio de las Fuerzas Armada Revolucionarias de Cuba, Álvaro López Miera, entre otros, ¿qué nuevas medidas cabrían sí se ha experimentado con el embargo de las formas más inhumanas?
Los pueblos dicen no al bloqueo (Foto Google Imágenes).
R/ Estados Unidos lo ha ensayado todo desde hace más de 60 años, desde el sabotaje; la invasión mercenaria; la guerra sucia a través de bandas armadas financiadas y organizadas por la Agencia Central de Inteligencia; la guerra bacteriológica; el terrorismo con su secuela de 3478 muertos y 2099 incapacitados; el bloqueo económico, comercial y financiero más integral y prolongado en la historia de la humanidad y la industria del embuste, la mentira, las tergiversaciones y redes (anti)sociales. Las nuevas sanciones son una réplica de las que ha usado contra otras naciones y no le han funcionado. Tampoco tendrán efecto práctico alguno en nuestro país. Desde el 1ero. de enero de 1959, Estados Unidos dejó de gobernar en Cuba. Esas sanciones contra funcionarios cubanos solo tienen un efecto propagandístico para complacer a los sectores más reaccionarios de la mafia de origen cubano radicada en ese país.
Esta ley global Magnitsky tiene carácter global para los estadounidenses; ¿por qué cree usted no se pueda aplicar a Estados Unidos por la violación de los derechos humanos de sus minorías y el asesinato con dolo a representantes de descendencia afrocaribeña?
Tiene Usted toda razón. Los primeros en aplicársela deberían ser ellos mismos que son los verdaderos violadores flagrantes y sistemáticos de los Derechos Humanos. Sólo en este año han muerto más de mil personas a manos de la policía en ese país. Ahí están los ejemplos de George Floyd y otros afronorteamericanos asesinados por la policía. Hay también miles de menores de edad condenados a cadenas perpetuas e incluso a la pena de muerte. Cómo le expresé, Estados Unidos carece de autoridad moral alguna para juzgar y sancionar a ningún país.
¿Considera usted que los cambios políticos en América Latina y el Caribe a favor de la independencia y la no injerencia en los asuntos internos de los Estados arreciará en la región la diplomacia del “garrote” y la “zanahoria”?
R/ Los cambios que están ocurriendo en nuestra región van en la dirección contraria a lo que persigue Estados Unidos. El modelo neoliberal ha fracasado rotundamente y los intentos de revivirlo también. Hoy las naciones de Nuestra América son más libres, lo demostró la rebelión que hubo en la OEA recientemente cuando una mayoría de países se negaron a participar de una reunión del Consejo Permanente convocada para condenar a Cuba, que no pertenece a esa desprestigiada organización. El Presidente del Consejo se vio obligado a posponer la reunión y hasta ahora no ha logrado contar con el quórum necesario para convocarla nuevamente. Es difícil que lo logre. No estamos en los tiempos de la Reunión de Consulta de San José en 1960 ni en la de Punta del Este de 1962 cuando se expulsó a Cuba de la Organización. Los mecanismos ad hoc impuestos por Estados Unidos al margen de la OEA, también han sido un rotundo fracaso. Ya ve lo que ocurre con el llamado Grupo de Lima. Estados Unidos está cada vez más aislado en su política agresiva contra Cuba y contra los gobiernos progresistas en nuestra región. Los pueblos de Nuestra América dijeron basta y han echado a andar.
Cuba inmuniza a su población, pese a bloqueo norteamericano. (Foto AFP en BBC News).
¿Cómo han recibido los países de la CELAC la vacuna Soberana 2?
R/ La mayoría de los miembros de la CELAC ven con muy buenas perspectivas que uno de ellos, este caso Cuba, haya logrado desarrollas cinco candidatos vacunales, uno de ellos, Abdala, que ya es vacuna y Soberana 02 que está en la fase final del registro, certificación y autorización para su uso de emergencia. Nuestra región conoce de la vocación solidaria de nuestro país. Conocen perfectamente que nuestra desarrollo y resultados científicos, siempre estarán a disposición de nuestros pueblos hermanos. Ya hay colaboración con algunos de ellos y seguramente será mayor tan pronto podamos alcanzar los máximos niveles de inmunidad en nuestro país. En eso estamos trabajando con la mayor celeridad posible. El objetivo principal de nuestra producción de vacunas, es el de salvar vidas, no es comercial. El adversario lo conoce y por eso también ha obstaculizado la adquisición de reactivos e insumos para la producción. Una vez más no podrán lograr su objetivo.
En vista que esta dosis vacunal tiene permiso para ser administrada en la presente pandemia, ¿cuáles son las condiciones de Cuba para colaborar con Costa Rica en este campo?
R/ Cuba no pone condición alguna para la adquisición de sus vacunas. Todos los países que las necesiten y deseen adquirirlas, podrán hacerlo.
¿Cómo valora Cuba la ayuda internacional proveniente ordenada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y Vladimir Putin, de la Federación Rusa?
R/ Hemos estado recibiendo la ayuda solidaria no solo de México y Rusia. También han llegado de Bolivia, Jamaica, Nicaragua, la República Popular China, Vietnam y de otros países. Los cubanos residentes en el exterior y el movimiento de solidaridad con Cuba han estado jugando un papel importante también en reunir la contribución solidaria de los amigos de Cuba que también quieren hacer su aporte. Aquí en Costa Rica también hay cubanos y costarricenses que están enfrascados en reunir ciertos artículos, insumos y medicamentos para nuestros hospitales. Nuestro país que siempre ha ofrecido su solidaridad, hoy la recibe. Eso también demuestra el aislamiento de Estados Unidos.
¿En qué rubros podría contribuir el pueblo costarricense con el cubano y cómo se canalizaría?
R/ En el acto de solidaridad que tuvo lugar el pasado 19 de julio, las organizaciones de solidaridad con Cuba lanzaron la idea de reunir un grupo de artículos y medicamentos necesarios para enviar a nuestro país. Se acordó que la Asociación Cultural de Cubanos Residentes en Costa Rica “Antonio Maceo”, funja como coordinara de ese esfuerzo. En este momento lo que más urge es un grupo de medicamentos tales como antibióticos, analgésicos, anticoagulantes. De igual forma son necesarias jeringas, mascarillas, caretas, guantes de látex y artículos de higiene y limpieza.
El deporte cubano se baña en oro en Japón. La pandemia interrumpió los lazos de amistad entre ticos y caribeños, dice embajador. (Foto tomada de BBC News).
¿Cuáles son los avances de los vínculos con los costarricenses que ha imprimido como embajador en campos específicos como el científico, tecnológico y cultural?
R/ Lamentablemente la pandemia ha dificultado el relacionamiento y los intercambios en esas esferas. Nuestro trabajo también se ha visto seriamente limitado pues no todo puede hacerse vía virtual y como se conoce se ha privilegiado el teletrabajo. Nosotros mismos tenemos instrucciones precisas al respecto para evitar el contagio entre nuestros funcionarios. Esperemos que cuando se logre el control de la pandemia, se puedan reanudar los intercambios.
*Periodista, abogado y notario por la Universidad de Costa Rica
Al parecer, la resolución de la Sala IV respecto del “Proyecto Ley Marco de Empleo Público” tuvo algo de “salomónica”. Por un lado, reafirmó el precepto constitucional y democrático de división de poderes, por lo tanto, salió en defensa del Estado de Derecho y la democracia como régimen jurídico. Y, por otro, legitimó la propuesta de un salario único sin pluses y limitó la negociación, vía convenciones colectivas, en esta materia, lo que implica en cierta forma apoyo a una política de salarios decrecientes en el sector público y, por consiguiente, un golpe al Estado Social.
Avance en materia de gestión democrática, un freno a los aires oligárquico-autoritarios del pluripartidismo neoliberal en alzada. Y retroceso en materia socio-laboral en un sector estratégico para el desarrollo del país, a pesar de que ha sido intensamente vilipendiado por parte de quienes solo ven virtudes en el sector privado y vicios y privilegios en el público, atendiendo a esa trillada lógica maniquea con la que la prensa y los “publicistas” del neoliberalismo han venido atizando el fuego de los odios entre ambos sectores.
Celebramos la decisión de la Sala IV porque significa ponerle límites a una clase política que, como bien señala Marcos Roitman, al igual que “los hacedores del capitalismo transnacional rechazan los valores democráticos. Pero como creadores de la nueva derecha y seguidores del fascismo societal se manifiestan en fervientes defensores de la idea de progreso a favor de la economía de mercado, de la propiedad privada y del beneficio personal […] Sus ideas no se encuentran en la cruz gamada o en las camisas negras, las defienden los representantes de los organismos internacionales del FMI. El Banco Mundial, La OMC y de los gobiernos conservadores, neoliberales o defensores de la economía de mercado en sus versiones progresistas y socialdemócratas” (Roitman, Marcos (2007) Democracia sin demócratas y otras invenciones. Madrid, Ediciones sequitur, p.94).
Efectivamente, lleva razón el autor citado al calificar de “fascismo societal” a este conjunto de ideas y acciones políticas que vienen impulsando las nuevas fuerzas políticas, que se visten de progresistas y socialdemócratas, pero que en lo esencial son portadoras de un proyecto conservador cuya meta es desmantelar el Estado Social de Derecho, para favorecer a los grandes intereses empresariales y financieros nacionales y extranjeros.
Con gran acierto, el movimiento sindical ha convocado a un “Encuentro Nacional por la defensa del Estado Social de Derecho”. El país se encuentra en la encrucijada entre retroceder a la Constitución Liberal de 1871 o defender el Estado Social de Derecho de la Constitución vigente de 1949. Definitivamente, llegó la hora de demandar a los poderes del Estado actuar en consecuencia con los preceptos constitucionales que abogan por una repartición equitativa de la riqueza, la defensa y el respeto de los derechos humanos, así como la salvaguarda de la división e independencia de los poderes de la república.
NO al Estado Asocial sin Derecho de las fuerzas políticas del autoritarismo antidemocrático y SÍ al Estado Social de Derecho de las fuerzas sociales de la dignidad y la solidaridad.
Nota de redacción: En la foto de cabecera se aprecia una vista parcial del Encuentro Nacional por la Defensa del Estado Social de Derecho realizado este martes 3 de agosto, en el Centro Internacional de Convenciones de la ANDE. Asistieron más de cien personas de organizaciones sociales y sindicales.
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