“Me gustas democracia, porque estas como ausente.”
Manuel Hernández
Hace pocos meses, se nos sorprendió con la impresentable propuesta de reforma del sistema de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), que ya tenían en el asador, pero que fue advertida y denunciada públicamente por la compañera Martha E. González Rodríguez; que por suerte, justo en el momento oportuno, asumió la representación de las personas trabajadoras en la Junta Directiva de la CCSS.
Los poderes fácticos, esos poderes por los que no se ha votado, y no obstante, tienen agarrada la democracia del cogote, pretendían en la sombra, y pretenden establecer una reforma estructural de IVM, de corte regresivo, aumentando la edad de retiro, reduciendo la tasa de reemplazo y otras medidas lesivas que están en el tablero; que además, le causan una sustancial afectación a las mujeres trabajadoras, sin duda, las más perjudicadas.
Muy por contrario a este estilo autocrático de gobernanza al que nos quieren disciplinar y acostumbrar, existen otras formas civilizadas de abordar esta cuestión.
El ejemplo democrático nos los está dando el recientísimo pacto social de la reforma de las pensiones, celebrado entre el Gobierno, los principales sindicatos (CCOO Y UGT) y las asociaciones empresariales de España, firmado este 1° de julio, el día de ayer.
Son varios los aspectos que contiene el Acuerdo Social, pero dentro de los más importantes, sobresale la eliminación del congelamiento de las pensiones, la revalorización automática de las pensiones, de acuerdo con el costo de vida, la remoción del “factor de sostenibilidad”, que disminuye el importe de la pensión, en función de la esperanza de vida del colectivo del pensionista.
Asimismo, el compromiso del Estado de transferir anualmente, una suma equivalente al 2% de PIB, al sistema de seguridad social, y garantizar hacia futuro las transferencias necesarias para lograr su equilibrio financiero.
El pacto constituye un acuerdo abierto, que deja el espacio para que los interlocutores continúen negociando otros asuntos, en los próximos meses: la sustitución del denominado “factor de sostenibilidad”, por un mecanismo de equidad intergeneracional, mejorar las pensiones mínimas, equiparar los derechos de las trabajadoras del hogar, entre tantos.
Pero más allá del contenido sustancial de este Acuerdo Social, me interesa resaltar aquí dos cosas, como contrapunto a la reforma reglamentaria que se urde contra nuestro sistema de seguridad social:
En primer lugar, la orientación progresista de la reforma pactada por aquellos actores sociales y agentes políticos, que marca el principio, encaminada a fortalecer el sistema público de la seguridad social española.
Por contrario, en nuestro país, la reforma que está en el candelero, en clave regresiva, va en sentido inverso, como el cangrejo, tendiente a desmantelar el régimen público de IVM.
En segundo lugar, sobresale la participación de los actores sociales y el Gobierno, que, como tiene que ser en una sociedad democrática, llegaron en la mesa de negociación a pactar ese importe acuerdo social, que remueve la rémora de una década neoliberal, y además, apuntala la interlocución política de los sindicatos de trabajadores y organizaciones de pensionistas, en esta materia tan importante, que no es para menos, para la clase obrera.
Por contrario, en nuestro país, la reforma neoliberal de pensiones, que se agita a golpe de tambor, contra viento y marea, se aspira imponer de forma autoritaria, dejando en interdicción todo proceso de diálogo social, resintiendo el sistema democrático, que lo tienen al borde del precipicio.
La reforma de las pensiones no puede quedar a merced de un consistorio de 9 personas, que integran la Junta Directiva de la Caja, sino que tiene que ser resultado de un amplio proceso de participación democrática, cuya finalidad no puede ser otra que no sea el fortalecimiento de nuestro sistema público de seguridad social y garantizar pensiones justas y dignas.
Una reforma de ese calado, como la que ha venido fraguando la derecha feroz, carece de toda legitimidad democrática.
La Cátedra Constitución, Sufragio y Fortalecimiento Institucional tiene el gusto de invitarles a la sexta actividad del 2021, el miércoles 7 de julio a las 6:00 p.m. Esta será transmitida en vivo por el Facebook Live de Surcos o puede acompañarnos por la plataforma Zoom, solamente debe ingresar al siguiente enlace: https://udecr.zoom.us/j/88509694632?pwd=QkphN3RocDJxWFpLQWZzZWVJQ1hrUT09
ID de reunión: 885 0969 4632
Código de acceso: 578218
Compartido con SURCOS por Ana Mariela Castro Ávila.
Se invita a participar a todas las personas, organizaciones y voluntades interesadas en apoyar una ruta urgente para la democratización del espectro radioeléctrico en Costa Rica.
Aprovechando el proceso que lleva el MICITT en la construcción de un Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones (PNDT).
En el siguiente enlace podrá conocer en resumen los elementos que se llevaran en una reunión propuesta por el MICIT para atender a sectores que históricamente NO han sido considerados en la gestión del espectro radioeléctrico.
Fiel a sus principios y políticas institucionales, la Universidad de Costa Rica (UCR) condenó las acciones del Gobierno de Nicaragua que atentan contra la libertad de pensamiento, de expresión y de tránsito del pueblo nicaragüense, así como la afectación al ejercicio de derechos políticos, que ponen en peligro el régimen democrático y la promoción de la paz
La posición de esta casa de estudios superiores fue emitida por medio de un pronunciamiento del Consejo Universitario, este martes 15 de junio, en el que demandó al gobierno de Daniel Ortega la liberación, no solo de las cuatro personas candidatas a la presidencia, sino, también, de las otras que han sido detenidas arbitrariamente, en clara violación a sus derechos fundamentales.
Además, le pidió que realice elecciones presidenciales libres bajo observación internacional.
Al mismo tiempo, la UCR instó al Gobierno de la República a pronunciarse sobre los actos atroces que ocurren en el país vecino, tomando en cuenta que Costa Rica es respetuosa de los derechos y libertades de todas las personas.
El Consejo Universitario fue enfático al manifestar que la Universidad de Costa Rica promueve el respeto y la garantía en el cumplimiento de los derechos humanos, por lo cual no puede guardar silencio ante actos que violentan los derechos más intrínsecos de la persona, independientemente del país en el que se encuentre.
En las últimas semanas, en Nicaragua se han presentado constantes actos de violencia en contra de su ciudadanía, especialmente, de quienes no comparten el pensamiento de la actual administración. Estas personas han visto violentadas sus libertades fundamentales, así como el ejercicio de sus derechos políticos, ante la posibilidad de que presenten sus candidaturas presidenciales a las elecciones nacionales, por realizarse en noviembre de este año.
De acuerdo con el pronunciamiento, el correcto ejercicio y vigencia plena en un proceso democrático requieren de la participación de partidos políticos que cuenten con garantías de competencia electoral y que representen a diferentes segmentos de la sociedad.
El Consejo Universitario manifestó que se debe asegurar el respeto a la multiplicidad de criterios y de opiniones críticas que emanan de la expresión de la libertad de pensamiento sin que las personas sean castigadas con represiones ni persecuciones.
“Los derechos humanos son universales e intrínsecos a cada persona y deben ser respetados, protegidos y garantizados en todo momento”, destacó el Órgano Colegiado.
El pronunciamiento fue aprobado a partir de una propuesta presentada por el rector, Dr. Gustavo Gutiérrez; la directora del Consejo Universitario, M.Sc. Patricia Quesada y el Dr. Germán Vidaurre, miembro de dicho Órgano.
La libertad de pensamiento y expresión es consagrada como un derecho humano y fundamental en una sociedad democrática, destacó la UCR.
Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)
Terminaba un año atípico en la historia de la humanidad y en Centroamérica se dimensionaba la tragedia de haber experimentado uno de los embates de la naturaleza más impactantes que se recuerde.
Con una o dos semanas de diferencia y como contando, los huracanes Eta e Iota provocaron una devastación sin precedentes en las ya de por sí frágiles pieles de países como Honduras y Guatemala, donde la cifra de personas fallecidas alcanzó casi las doscientas y cerca de nueve millones de personas damnificadas, muchas de ellas desarraigadas de sus contextos familiares y comunitarios.
En un reportaje en caliente sobre la tragedia, la filial de la BBC para América Latina mostraba una imagen de cientos de personas hondureñas pernoctando debajo de un puente. No tenían adónde ir. O en el peor de los casos, consideraban la migración como recurso, como estrategia de salvación para ellos mismos y sus familias.
De forma casi coincidente, simultánea, en Estados Unidos se celebraba quizá una de las más importantes elecciones presidenciales de la era moderna, al enfrentar supuestamente dos visiones contrapuestas sobre varios temas, entre ellos la migración. Al ya consabido estilete dicharachero y confrontativo, racista y discriminador del expresidente Trump, se le oponía un enfoque más laxo, aparentemente progresista y conciliador en esta materia representado en la dupla Biden-Harris.
De hecho, una de las principales premisas del candidato demócrata en campaña había sido “adecentar” las restricciones fronterizas entre Estados Unidos y México, casi que con un tono humanitario. Pero claro, eso fue en campaña.
Iniciando junio de 2021 la región recibió dos visitas emisarias por parte de dicha administración.
A Costa Rica llegó el Secretario de Estado Antony Blinken en su primera salida a América Latina y días más tarde le tocó a Guatemala recibir a la Vicepresidenta Kamala Harris. En ambos casos, el discurso sobre la gestión migratoria adoptó tonos quizás menos optimistas que los expuestos alegremente por Biden antes de ser electo.
Blinken lanzó la retórica diplomática acerca de los derechos humanos, la cooperación y la necesidad de fortalecer las democracias, el buen gobierno, la seguridad y el medio ambiente en la región. Una agenda «lugar común» en todo caso, a la que sumó la necesidad de colaboración con Costa Rica para que continúe su labor de recepción migratoria para países como Nicaragua y Venezuela. Esto, como una transacción a cambio de donaciones de vacunas anunciadas por Washington en aquellos días. El 50% del trato aún no ha sido confirmado.
Valga recordar que, en efecto, el territorio costarricense es destino y tránsito y presenta enormes desafíos para atender la nuevas dinámicas migratorias, entre los cuales el remozamiento de la institucionalidad que atiende estos temas debe impulsarse con prontitud.
En medio de la visita del secretario de Estado, la bisoña democracia costarricense fue salpicada por un escándalo de intromisión del narcotráfico en uno de los poderes de la República. Desde luego ese tema no apareció en agenda, como tampoco el aumento de la desigualdad, la exclusión y el despojo desde la élites económicas coludidas con la administración central del país. Nada de eso se dijo y la agenda de la vista emisaria del secretario de Estado entonces fue algo más que un orden del día común y corriente.
En Guatemala Harris fue más puntual y certera. En su primer viaje al exterior como Vicepresidenta de Estados Unidos, emitió ese “no vengan” como premisa disuasiva que, valga decirlo, no dista mucho al “no queremos aquí a peligrosos y delincuentes potenciales” emitida por su predecesor en su diplomacia del tweet.
Otra vez un represente de Casa Blanca repitió un guión discursivo altamente conocido: Harris habló de cambiar las condiciones estructurales, mejorar el desarrollo económico y fortalecer la lucha anticorrupción como factores para detener el flujo de personas migrantes hacia su país.
Otra vez la retórica de lo estructural tocada, rozada superficialmente con un anuncio de dotación de 4.000 millones de dólares para invertir en la región. Entre la cartera de inversionistas, Microsoft y Mastercard se “comprometieron con el desarrollo económico de la región”.
En una reciente conversación televisada con dos queridos colegas polítologos costarricenses hablábamos de esa epidermis de la región expuesta y la presencia del elefante en la sala, metáfora con la que se suele reconocer el peso de Estados Unidos en las determinaciones de política centroamericana. Una vez más el elefante ya llegó y se sentó entre nosotros.
La temporada de huracanes 2021 ha sido anunciada y sus efectos probablemente serán de vuelta sentidos en una territorialidad frágil, despojada y aniquilada por la barbarie del mercado y el extractivismo rampante.
En consecuencia, muchas personas seguirán saliendo y entonces esas premisas de disuasión y esa frase de cajón repetida en palacio y en organismos internacionales que demandan “una migración regular, segura y ordenada” serán sólo cosmética ante una avasallante realidad histórica que no solo roza la epidermis regional, sino que profundiza su alergia convertida en desigualdad, expulsión y miseria.
Parafraseando al maestro guatemalteco Edelberto Torres Rivas, Centroamérica no tiene hoy en día piel que la cubra. Debemos reinventarla de una nueva forma de convivencia y distribución equitativa de los recursos. Para que entonces regenere en otra cosa. En una cosa nueva. sin tanto elefante en la sala. No en esto en que la hemos convertido.
En defensa de la independencia judicial, la división de poderes y la democracia representativa. El Sindicato del Poder Judicial ANDEJUD, y el Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense BUSSCO invitan a “Grandes manifestaciones en defensa de la democracia” el día lunes 14 y martes 15 de junio del 2021 a las 2:30 pm., frente a la Asamblea Legislativa.
1) Los circos son por definición hermosos, brillantes, graciosos, vertiginosos, entretenidos, artísticos incluso, profundamente humanos.
Estos circos políticos, no.
No voy a hablar de momento, ni de Colombia, ni de Honduras, ni de Guatemala, ni de El Salvador, ni siquiera mucho de Costa Rica.
Quiero volver a hablar del hermano pueblo de Nicaragua, con la prudencia del caso.
2) Las noticias de la arbitraria detención de Candidatos Opositores pululan, y se nota un manejo mediático evidente. Y no es para menos. Éste último calculado tal vez, por otros intereses, para invisibilizar las atrocidades en Colombia de Duque y Uribe contra las movilizaciones populares.
Igual tampoco se trata de que una situación justifique a la otra.
3) La histeria de Almagro, de la OEA, de nuestra Cancillería, de nuestro Presidente CAQ, del Grupo de Lima ahora sin Lima, de la Vicepresidenta Harris y del mismo Presidente Biden, están desatadas.
Centroamérica otra vez está en el tapete Geopolítico. Más allá de la campaña mediática, hay un interés Geopolítico genuino en la región mesoamericana y el Caribe. Su «Mare Nostrum» imperial complicado por Cuba y Venezuela, y su pérdida parcial del Canal de Panamá por los Acuerdos Torrijos-Carter (1977-1979), que prácticamente le costaron la vida al primero.
4) Visitas oficiales van y vienen.
Vino la Vicepresidente Kamala Harris a golpear la mesa, regaña en público a Bukele (que responde con el Bitcoin) y en privado a Giammattei de Guatemala (que cambia la composición cuestionada de la Suprema Corte). Silencio con el delincuente JOH (le queda poco tiempo).
Quieren poner orden, su «orden», orden imperial, sobre todo en el Triángulo del Norte de Centroamérica.
5) Y ahora recién, vino el Secretario de Estado, el Sr. Tony Blinken, a Costa Rica. Nada de eso es casualidad. Claro, no se trata de Mike Pompeo, el apologeta público de la tortura de la CIA (fue su ex Director), y quien antes fungía como cancerbero de Trump y quién también nos visitó recientemente, el 21 de Enero del 2020. Las formas se guardan. Eso podría ser implicar el deseo de un ligero avance potencial.
Harris, la nueva estrella Demócrata, usará obvio, otro tono diplomático con el Hermano Mayor, con México, que vuelve a ser un país Soberano con AMLO.
6) México es tomado muy en serio, y su Presidente democrático AMLO, lo deja muy claro. El Mundo lo sabe, a pesar de la campaña mediática de desprestigio.
El caos migratorio y el narco están desbordados en toda la región, sin embargo. Y la disfunción social teratológica centroamericana, – heredada de la violencia política y militar de las Oligarquías-, es tan grande que llega a los EEUU.
Y si tienen dudas pregúntele al hermano y funcionario de confianza del fraudulento y autoritario Presidente de Honduras JOH, detenido por Narco, en Estados Unidos.
7) Aclaro públicamente que estoy, -como muchas personas progresistas y de izquierda democrática-, absolutamente en contra, de la descarada detención de los Candidatos de la Oposición en Nicaragua, por parte de jueces controlados por el Gobierno de Daniel Ortega. Eso debe quedar muy claro. Y más aún, estoy en contra del régimen de Daniel Ortega, que dista mucho de los ideales Sandinistas originales y de la heroica Revolución Popular que derrocó al tirano Somoza.
8) Por otra parte, también estoy y estaré siempre, en contra de la histórica injerencia Norteamericana en la política de Oposición nicaragüense, porque finalmente la pervierte y la instrumentaliza; convirtiendo sus justos reclamos democráticos, en parte de su política intervencionista en la región. Y ésta no se puede negar que exista, aunque no se puede tampoco jamás generalizar para toda la Oposición nicaragüense.
9) Ahora llama la atención, tanto descaro y torpeza, en la nueva política represiva de Daniel y Rosario.
¿Cuatro Candidatos Opositores presos? Tres acusados presuntamente, de delitos relacionados con el financiamiento ilegal por parte de Estados Unidos, y otra Candidata acusada de presunto lavado de dinero. Varios otros cargos a dirigentes por supuestamente incitar a la violencia y perturbar el orden público. ¿No es muy evidente tanta torpeza política? ¿O hay algo más?
10) Sobra decir que las acusaciones presentadas, son bastante particulares, y que dan la imagen de un Poder Judicial totalmente secuestrado por el Poder Ejecutivo de Ortega y Murillo.
Se trataría de una provocación internacional, sin duda. Y no de una necesidad fáctica de su régimen. Su poder al interno, era incuestionable.
¿Entonces?
11) La Legitimidad Democrática le tenía y le tiene, totalmente sin cuidado, a Daniel Ortega. Ya no es necesario ningún manto de juego democrático.
¿Entonces por qué esta nueva virulencia en la represión de Ortega? Era incluso muy posible, que Ortega ganara las próximas Elecciones. ¿Entonces cómo justificar dentro su propia lógica esas acciones represivas preventivas? No le eran necesarias.
12) Puede sonar bizarro, pero me parece que se trata de una franca intención de provocación al Hegemón Norteamericano.
Y a ‘contrario sensu’, de llamar la atención obviamente de otras potencias emergentes.
¿Se acuerdan de las BRICS? Bueno es algo más sencillo.
13) EEUU insiste en el despliegue nuclear en Europa. Amenaza militarme a Rusia, apoya a Ucrania, y sanciona a China, no reconoce a Crimea como Rusa, etc., y hasta pone sanciones económicas hasta a los países terceros que comercian con Cuba o Rusia.
¿Cómo afecta toda esta situación global sistémica a Centroamérica, y en particular a Costa Rica?
A juzgar por la política oficial implícita de prohibir la compra de vacunas Sputnik V a Rusia, pues nada bien.
14) O sea, estábamos hablando de Rusia y tal vez de China Popular. (Aunque Ortega debería primero romper totalmente con Taiwán).
Rusia y China, son potencias que legítimamente tienen intereses Geopolíticos, y que tomarán ventajas de los graves errores y de la arrogancia de la presencia o ausencia norteamericana. Se trata del Multilateralismo. Y llegó para quedarse.
15) ¿O sino como explicar todo este circo organizado de ‘signos fornicantes’ geopolíticos?
Esperemos que las autoridades costarricenses, sepan leer mejor esta compleja coyuntura mesoamericana y caribeña.
No es hora de caer en provocaciones, y tampoco de ser tan cipayos. Hay matices y razones.
Los Derechos Humanos, -una justa política estratégica y de principios de nuestra acción diplomática-, no se defiende entregando la Soberanía o sacrificando otro valor institucional, la Paz, y menos, en esta tensa era global de Pandemias.
Después de los años noventa del siglo pasado, en el Perú persisten las luchas por la democratización del Estado, con resultados esquivos. En el 2021, en un contexto electoral, nuevamente el Perú se encuentra con esas tensiones, asociadas con el factor racial, curiosamente en el año del bicentenario de la independencia.
Esas luchas provienen desde los sectores marginalizados de la actual estructura de poder que se reconfiguró e impuso con el Fujimorismo. Después de los noventa, el giro fue contundente y duramente impuesto en el Perú. El Fujimorismo surgió como una coalición de poder[1], que se mantiene hasta ahora con nuevas manifestaciones, ramificaciones y rostros, esperando cualquier oportunidad o manipulándola para recuperar el control absoluto del Estado.
Estos sectores en permanente lucha por una sociedad y Estado más democrático se encuentran en todo el país, incluso en zonas de actividad minera moderna que no se han visto favorecidos por la redistribución de la riqueza. Tanto así, que una de las candidatas en el proceso electoral de 2021, enarboló la promesa de distribución del canon en las áreas de influencia de estos proyectos.
Las luchas se aglutinan sin plataformas sostenidas en el tiempo, con posibilidades de ser capitalizadas por personajes coyunturales sin identificación genuina con aquellas. En la Amazonía peruana, las luchas han logrado mayores niveles de articulación y generación de discursos de democratización social; sin embargo, con escasos vasos comunicantes para enarbolar una ruta de acción de alcance nacional, con menores niveles de éxito como los ocurridos en los vecinos países de Ecuador y Bolivia.
Después de los años 90s, esas luchas se ha desarrollado en varios momentos, principalmente asociados a los procesos electorales nacionales, ante el vacío de opciones sociales y políticas alternativas sostenibles. En el 2020, diversas organizaciones sociales también se han manifestado, pero de manera atomizada en varias partes del país ampliando sus demandas locales por demandas democratizadoras del Estado, que se han atenuado y debilitado en un contexto de pandemia.
La lucha contra la sociedad y Estado oligárquico tomó varios años. Posiblemente la lucha contra el Fujimorismo también tome mucho tiempo, porque esta se “reinventa” constantemente. La oligarquía y el Fujimorismo tienen elementos comunes, hasta parece ser esta última su continuidad en algunos aspectos. La lucha contra la oligarquía dejó resquicios que aparentemente el Fujimorismo retomó y reconfiguró en un escenario neoliberal. “El antiguo régimen ya estaba en crisis desde los años 60. Es esa antigua crisis políticamente no resuelta la que produce a Fujimori” (Quijano Obregón, 1995, p. 27).
Además, como señala Quijano, “Antes de la Segunda Guerra Mundial, era el Estado de los “patrones”. Ahora, es el Estado de los capitalistas, no siquiera del capital” (Quijano Obregón, 1995, p. 8).
En esas luchas, asociadas algunas a procesos electorales, están la “marcha de los cuatro suyos” en el 2000, que evidenció y desbordó las demandas contenidas por la democratización del Estado, capitalizada por Alejandro Toledo, con resultados esquivos para avanzar con la democratización del Estado durante su gestión. Nuevamente, en el año 2011, el voto popular volvió a insinuar esta demanda democratizadora a través de Ollanta Humala, también con resultados esquivos durante su gestión. La más reciente fue la movilización contra el efímero gobierno del Manuel Merino de Lama con resultados favorables en el corto plazo que permitieron su dimisión inmediata en noviembre de 2021. Todos estos intentos, con resultados adversos o favorables, pero efímeros en el tiempo, están vigentes y lo seguirán estando, como placas tectónicas en desnivel.
Las luchas son recurrentes en el país y son mostradas como situaciones aisladas sin mayor trascendencia, cuando no es así. Los grupos de poder encuentran su plataforma más lograda en el Fujimorismo, para maximizar la consecución de sus intereses. El Fujimorismo impulsó no solamente el modelo económico neoliberal en el Perú sino también se impregnó en la intersubjetividad de sectores que no se beneficiaron ni se benefician, ni se beneficiarán directamente de ella. Esa impregnación se sustenta en programas sociales, conservadurismo religioso, miedo, entre otros factores vueltos al escenario después de la colonia.
Las demandas democratizadoras del Estado fueron bloqueadas o reconfiguradas permanentemente por los grupos de poder después de los 90s, con o sin el Fujimorismo. Incluso el expresidente Martín Vizcarra fue un estorbo en su camino. Ese bloqueo encontró eco en algunos sectores de la población que han asumido un discurso que no les pertenece. Es la paradoja que permite la continuidad del Fujimorismo a pesar de sus crisis. Se ha revitalizado muchas veces. En la intersubjetividad de algunos sectores marginalizados se ha impregnado el miedo proyectado de los grupos de poder ante cualquier resquicio de cambios profundos en el país que alteren la estabilidad. Como señala Quijano, al referirse al Fujimorismo de mediados de los noventas, que “la estabilidad es un miedo, no una expectativa” (Quijano Obregón, 1995, p. 22). Son miedos que no han logrado el efecto esperado por el Fujimorismo, dado el desborde de otros miedos expuestos durante la pandemia.
Esas demandas democratizadoras vuelven en el escenario de las elecciones de 2021, esta vez canalizadas por un candidato rondero, sindicalista y campesino. En este escenario vuelven nuevamente los temores de los grupos de poder, y el Fujimorismo sale a defenderlos. Sus temores son proyectados a los sectores populares y clases medias principalmente urbanas y limeñas durante el proceso electoral con estigmatizaciones y relatos sin mayor sustento, con trasfondos raciales. Ese facto racial que está subyacente unas veces y otras claramente manifiestas; vuelve a expresarse como una amenaza, con estigmatizaciones asociadas a la formación académica, modo de hablar, lugar de nacimiento, pensamiento y otros “rasgos” del candidato. Es el temor a ser gobernados por algún representante excluido, porque se considera en esa subjetividad que es incapaz de gobernar, porque podría desencadenar furias y resentimientos guardados por siglos, porque podrían resquebrajarse las bases de su poder actual. Cuando las percepciones de amenaza a la estabilidad del patrón de poder se juntan con los factores raciales, los miedos de los grupos de poder se convierten en pánico y pueden habilitarse en represión, como ya pasó en varios países como Haití, que hasta hoy vive sus consecuencias.
Los grandes retos de estas luchas en el Perú son imaginar, pensar, sentir y construir una sociedad y Estado más democrático, no solamente en períodos electorales; por cierto muy complejos. Ese análisis que se desarrolló en varios momentos del siglo pasado requiere retomarse en un escenario de crisis climática y pandémica. Como señalaba Quijano, “La nacionalización de la sociedad quiere decir aquí literalmente la descolonización del poder, la democratización de la sociedad y de su vida cotidiana, que van a expresarse en formas nuevas de autoridad y de representación” (Quijano Obregón, 1995, p. 25).
Son algunas reflexiones recordando el tercer año de la partida de Aníbal Quijano.
Bibliografía
Quijano Obregón, A. (1995). El Fujimorismo y el Perú. Lima: SEDES. Este texto reúne varios artículos, entrevistas y reflexiones, cuya edición estuvieron a cargo de Marco Mallqui y Ramón Pajuelo.
Rosell Laberiano A.
31.05.2021
[1] Quijano señala que el Fujimorismo es una “coalición de poder integrada por la facción dominante del ejército, una reducida tecnocracia política –encabezada por Fujimori- junto con algunos técnicos y empresarios, sobre todo de origen japonés, y el Servicio e Inteligencia Nacional”. Además, Fujimori es solo “un peón de oscuros intereses” (Quijano Obregón, 1995, p. 23-24).
Sí bien es cierto durante más de dos meses faltaron manos para vacunar contra la COVID19 a casi cinco millones de costarricenses, también debe reconocerse que la pandemia en este pequeño país afloró importantes paradojas sociales, económicas y morales, excelentemente blindadas hasta entonces por las “castas” gobernantes.
Una reciente protesta de médicos que buscaban campos clínicos en los hospitales de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), no solo puso en entredicho las bondades oficiales de la sanidad costarricense, sino el bien resguardado embudo con que los galenos locales cuidan la profesión de Hipócrates, en todo el sistema asistencial. Durante la breve transmisión por la televisión se vieron a decenas de jóvenes vistiendo “gabachas blancas” en plena calle y pidiendo un lugar en los hospitales, en tanto con pancartas improvisadas expresaban su deseo de ayudar a combatir la crisis sanitaria, traducida ya en más de tres mil muertos, hasta mediados del mes de mayo.
El modelo actual, tendiente a convertir todo en negocio, mientras no se demuestre su ilegalidad, o se cometa un error grueso ostentando una “american life”, en el mercado todo es válido. El norte es crear empleo a como haya lugar por una especie de “Estado” privado, enemigo jurado del otro Estado; el que usted y yo conocíamos y nos dio obras de infraestructuras que aún se mantienen, eliminó de nuestras casas las “canfineras”, nos brindó educación gratuita, salud con dignidad, justicia pronta y cumplida, etc. Aunque, a decir verdad, nadie sigue sin explicar cómo se crea empleo sin consumo.
Sin embargo, un Estado Social cada vez más debilitado y chueco, es más fácil de controlar y, consecuentemente, las actividades más importantes, reducidas ahora a negocio privado, resultan absolutamente necesarias para el cerrado grupo de cámaras, federaciones o foros profesionales. Aunque, sea, por tanto falso, el paradigma aquel del “rebalse de la riqueza” para “Edmundo y todo el mundo”.
De esta manera, aunque quiera negarse o produzca escozor entre quienes defienden a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), se dieron los primeros pasos hacia la medicina privada, ganando terreno las clínicas y los hospitales privados, deteriorándose a la vez la atención de la población en el Seguro Social. Muere aquel o éste; solo uno de los dos modelos sobrevivirá. Citando a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la periodista Angela Ávalos (La Nación 1/12/ 2017) reveló que el 80% del gasto para servicios de salud particulares se destina a citas médicas y compra de medicinas. Dicha investigación señala que entre el 2000 y el 2014 hubo un incremento en el gasto de los costarricenses en centros médicos particulares. Este pasó de representar el 18,7% de los ingresos totales del sistema general de salud del país (incluye servicios públicos y privados) a un 24,9%. Se evidencia en el estudio que un 30% de la población usó servicios privados al menos una vez al año, un 60% de encuestados en 2009 reconoció preferir proveedores particulares a la Caja, el 50% de la población pensaba, para esa fecha, que se debería permitir dejar de contribuir a la Caja para hacerlo a un seguro privado, un 80% del gasto de bolsillo se destina a consultas médicas y compra de fármacos.
La paradoja es que, en pleno pico de la pandemia, con hospitales repletos de enfermos de Covid 19, limitaciones de camas para atender infectados y personal sanitario agotado por extenuantes jornadas laborales, el pequeño grupo de galenos “especializados” rechazó la posibilidad de pedir ayuda internacional para que doctores, que no sean ellos, auxilien a los costarricenses. Alegó que a ellos también los golpea el desempleo en el sector. Así lo dio a conocer el Sindicato Nacional de Médicos Especialistas (Siname) ante la propuesta de un grupo de exdiputados, quienes pidieron al presidente de la República, Carlos Alvarado, activar un convenio internacional con Cuba, para solicitar la llegada de sus especialistas. Entre los países que recibieron ayuda humanitaria cubana por la pandemia están Italia, Andorra, Francia (para sus territorios de ultramar en el Caribe), Jamaica, Barbados, Venezuela, Nicaragua, Antigua y Barbuda, Belice, Dominica, Granada, Haití, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, Surinam, Catar y Angola, entre otros. La ínsula figura además como el primer país del continente americano con una vacuna contra la pandemia desarrollada de forma independiente a la gran metrópoli controladora de la mayor parte de la ciencia y la tecnología. Se trata del inmunizante “Soberana 02” aplicada masivamente a la población, sin reacciones adversas, según las autoridades médicas de la isla.
Un reporte de la cadena estadounidense CNN en español (Patrick Oppmann; 07:52 GMT 1/4/ 2021), dio cuenta que el país caribeño tiene cinco candidatos vacunales. Se trata de la Mambisa, suministrada por vía nasal, y Abdala, que esperan producirla en forma industrial y desarrolladas ambas por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB); en tanto Soberana 01, Soberana 02 y Soberana PLUS son generadas por el Instituto Finlay de vacunas.
El reportaje de la cadena estadounidense reflejó las difíciles condiciones en que la ciencia médica cubana combate la plaga de Covid. El noticiero Rusia Today (RT), por su parte, citando a altas autoridades de la isla, acaba de informar que la educación y la salud están entre los más golpeados por el bloqueo estadounidense, que ya dura más de medio siglo.
Desde el anuncio en Washington que el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Antony Blinken, haría su primer viaje a Latinoamérica, se conoció que entre los temas en portafolio traía lo que los norteamericanos consideran “la construcción de un hemisferio más democrático, próspero y seguro para todos”, tuiteó. Por lo tanto, de seguro -aunque no necesariamente trascienda- atajar la influencia rusa y china en la región en un mundo cada vez más multipolar estará a la orden del día cuando visite nuestro país; así como cerrar fila obligatoriamente con la Casa Blanca en los asuntos sensibles para la administración Biden en la ONU y en los intentos de independencia de los pueblos en Bolivia, Nicaragua, Venezuela o Cuba.
En este sentido, la Red en Defensa de la Humanidad (REDH), que aglutina alrededor del mundo a destacadas personalidades preocupadas por los derechos humanos y las injusticias sociales, pidió a la Asamblea General de la ONU condene nuevamente el bloqueo contra el pueblo cubano. En un documento en poder de “Surcos”, firmado por personalidades de 46 naciones, se califica de “criminal” la política estadounidense contra Cuba. Entre los firmantes están el influyente investigador norteamericano, Noam Chomsky, el vicepresidente boliviano, David Choquehuanca, los expresidentes Luiz Inácio Lula da Silva, Evo Morales, José Mujica y Fernando Lugo, el excanciller ecuatoriano Ricardo Patiño, los líderes políticos venezolanos Adán Chávez Frías y Ernesto Villegas Poljak, el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, el profesor y fundador de la REDH Pablo González Casanova, los escritores e investigadores mexicanos Elena Poniatowska y Héctor Díaz Polanco, el historiador indio Vijay Prashad, los intelectuales brasileños Leonardo Boff y Frei Betto, los académicos e investigadores argentinos Atilio Borón y Stella Calloni, entre otros.
El “arte” de hacer dinero
La otra paradoja innegable de la democracia tica es la capacidad de controlar las contradicciones flotantes, a raíz de la actual pandemia, así como la inteligencia con que actúa para que los privilegios de sus élites queden inmunes o sufran mínimos daños colaterales. Aunque la Constitución Política es clara, en cuanto garantizaba a los trabajadores un “salario mínimo” inembargable, los bancos lograron por la vía del tribunal constitucional, quedar autorizados para dejar a cualquier asalariado sin sustento, así como a su familia, en caso de retenciones por deudas. Unos 30 mil costarricenses, cuyo salario es insuficiente y recurren a endeudarse para atender las necesidades básicas, quedan excluidos de la “salvaguarda” del salario mínimo ideada por el legislador constituyente. Ahora bajo un argumento jurídico de “avanzada” no deben negárseles créditos, aunque queden sin un centavo el fin de mes.
El nombramiento de los magistrados y la posible influencia en ello de los bancos y otros consorcios, aunque se quisiese disimular, sigue siendo un tema que “se las trae”, cuando abordamos el asunto de la “independencia” real del Poder Judicial, cuyas magistraturas son nombradas por los legisladores que siguen línea de partido. Formalmente, el poder judicial es independiente; sin embargo, el público “lobby” que hacen los candidatos a jueces para que se les nombre en un alto puesto judicial, hace dudar a miles de ticos sobre esta metodología. Es notorio, además – no hay medio de comunicación que no se haya ocupado del tema- que quienes controlan el negocio de los partidos políticos exigen altas sumas de dinero a quien aspire a un alto puesto político. Es decir, la “inversión” a largo plazo de esta “industria” de las agrupaciones electorales (con el perdón de los industriales sanitos), resta credibilidad a estos elegidos, pues difícilmente alguien saca de su patrimonio 20 o 29 millones de colones, si no tiene certeza de recuperarlos.
Por eso, el tema del nombramiento de magistraturas no pierde relevancia en el país, estese en campaña electoral o en pleno cobro de la deuda política, ante el Tribunal Supremo de Elecciones. El asunto quedó en evidencia hace pocos días cuando la Corte Plena no recibió al relator de la Naciones Unidas, el peruano Diego García Sayan, para conocer un informe, precisamente, sobre la elección de magistrados. Los juristas, por amplia mayoría, calificaron de “injerencia” este informe especializado. Este calificado juez suramericano ha presentado dos informes muy críticos sobre el proceso de elección de magistraturas en Costa Rica.
Esta especie de “verónica” – como dicen en la “fiesta brava”- con que la “bicentenaria” democracia “sortea” las profundas contradicciones sociales, así como el marcado proceso de desmoralización en casi todos los poderes de la república, bien merece un reconocimiento con caro champagne, a nombre de todos estos abnegados defensores de las poderosas élites. Por menos, en Colombia, una reforma tributaria – los cambios en cada nación son pocos, sí se comparan con la uniformidad dada por los banqueros a los gobiernos satélites- se perdió ya la cuenta de “desaparecidos” y dejó más de medio centenar de muertos, cuando el presidente Iván Duque dio trato “de guerra” a la protesta. En Chile, un alza en los pasajes del transporte del Metro desembocará, quieran o no dichas élites gobernantes, en una nueva Constitución, luego que el gobierno del conservador Sebastián Piñera también dio trato de guerra a las protestas del pueblo y los carabineros dejaran ciegos a un montón de chilenos, que siguen apareciendo con disparos en los ojos. En Bolivia, ahora se conoce, que el poder detrás del trono durante el golpe de estado instalado en la nación andina con el beneplácito de la OEA, el exministro Arturo Murillo, no solo dio también trato de guerra a las protestas en nombre de la “democracia”, como si estuviéramos nuevamente ante una nueva doctrina de seguridad nacional como fue el “Plan Cóndor” para la región, sino que se embuchacó $800 mil por sobreprecio a pertrechos para reprimir gente comprados a Brasil
En nuestro país el desempleo alcanzó 18,5%, equivalente a 452 mil personas sin trabajo, según la Encuesta Continua de Empleo, elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), entre diciembre del 2020 – enero y febrero 2021; el hambre atormentó a 220 mil ticos – el 4,4% de la población- en el trienio de 2015-2017, según dio a conocer en noviembre pasado el periódico digital “ El Mundo” (https://www.elmundo.cr/costa-rica/220-mil-costarricenses-padecen-de-hambre-mientras-que-la-obesidad-y-el-sobrepeso-aumentan/). Sin embargo, sí algo siguen sin “driblar” – no se pueden ocultar los contraste sociales, aunque culpen de todo a la pandemia- son los altos niveles de corrupción salidos a flote en las altas esferas. Sobre precios de mascarillas en la CCSS, obras de infraestructura que alcanzan dos y tres veces el valor original, infiltración del narcotráfico, evasión de impuestos, contrabandos, etc.
Según la prensa, para citar el caso más reciente, una banda de supuestos traficantes de droga “importaban” directamente cocaína desde Colombia para luego “exportarla” en contenedores hacia Europa. Lo singular del caso es que dos de los investigados entraban al congreso como “Pedro por su casa” para sostener reuniones y conversaciones con los “padres” de la patria sobre futuras inversiones en el campo turístico e inmobiliario. Durante la estadía de los legisladores en el viejo edificio de la Asamblea Legislativa restringieron la presencia de público a las barras diputadiles, pues el ruido de las protestas los desconcentraba en su noble servicio a la patria; cuando tuvieron edificio nuevo los diputados por largo tiempo estuvieron largo del pueblo, gracias a unas láminas de zinc que impedían el acceso al lujoso edificio.
Con antelación a estos inversionistas que ahora son investigados por problemas con droga, un alcalde y otro joven diputado de la zona sur fueron vinculados con otra banda de presuntos narcos. Se supo además que uno de los investigados por tráfico de drogas hasta fue fiscal electoral en Limón.
“Vosotros tenéis el poder (…) En nombre de la democracia utilicemos ese poder actuando todos unidos” (Chaplin)
Está frase de Chaplin, que la pueden encontrar en su extraordinaria obra, el Gran Dictador, es muy potente, y en estos momentos de tantos desconciertos, de implosión “neofascista” (Corwell), no puede pasar inadvertida.
Y mucho menos la podemos dejar pasar, como si fuera solo una expresión lírica, porque nuestra Constitución Política la recoge (artículo 9).
Sin duda, una de las reformas más importantes, de corte democrático, es la que, en este siglo de rúbrica neoliberal, tuvo este artículo de la Constitución (2003).
La reforma constitucional estableció que el Gobierno de la República lo ejerce el Pueblo.
Son pocas las Constituciones de América Latina que tienen una norma con tanta proyección y potencia democrática como la nuestra.
El gobierno lo ejerce el pueblo, titular del poder soberano.
Recordemos el discurso de Gettysburg, de Lincoln: “La democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.” (1863)
Lamentablemente esta norma constitucional ha sido secuestrada, por quienes ilegítimamente usurparon el poder soberano.
El Poder Ejecutivo, el Legislativo y Judicial, simples depositarios y administradores de un poder que originariamente no les pertenece, usurparon el poder soberano que radica en el pueblo.
Es necesario rescatar el artículo 9 de la Constitución, para refundar la democracia.
Por último, no olvidemos que la misma Declaración de los Derechos y deberes del ciudadano (1789), estableció que uno de los derechos naturales del ciudadano es la resistencia a la opresión.
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