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Etiqueta: denuncia

FRENAPI: «Denunciamos las actuaciones racistas del Obispo y sacerdote católicos y funcionarios municipales contra indígenas cabécares de China Kichá, en Pérez Zeledón»

Escrito en . Publicado en Derechos.

Ante las declaraciones del obispo Gabriel Enrique Montero Obispo de Pérez Zeledón, y del sacerdote Luis Alberto Mena de la Parroquia de Pejibaye en audiencia pública ante el Concejo Municipal de Pérez Zeledón el día 4 de mayo del 2021, expresamos que:

Coincidimos en que existe una situación de racismo, discriminación y violación de los derechos humanos en el territorio indígena de China Kichá. Sin embargo, esas declaraciones cuando se analizan en detalle resultan ser imprecisas, parcializadas y faltan a la verdad en la descripción de los hechos y la identificación de los protagonistas del conflicto por eso desinforman y crean confusión.

Las razones en que nos apoyamos son las siguientes:

1) Se identifica a los responsables del conflicto como a “pequeños grupos de personas indígenas sin estar legitimados por su mismo pueblo”. Además se indica: “personas indígenas están siendo invadidas por indígenas”. Esa afirmación desconoce la historia reciente del territorio cabécar de China Kichá que se describe de forma breve así: La declaración del territorio indígena se dio por Decreto Ejecutivo número 34, del 15 de noviembre de 1956, con un área de 4330 hectáreas; en 1982 se emitió un Decreto Ejecutivo que tiene por título “Deroga Reserva Indígena de China Kichá”. Después de 19 años de protesta y de lucha por reestablecer el territorio, el pueblo cabécar logró en el año 2001 la emisión de un decreto en el que se reestableció el territorio de China Kichá, sin embargo se redefinieron los límites, y se les disminuyó el área a 3300 hectáreas. Durante ese periodo los no indígenas, (colonos, finqueros y campesinos) se apropiaron del territorio y lo ocuparon en un 97%. Por lo tanto, el centro del conflicto es la invasión de no indígenas al territorio ancestral cabécar; NO se trata de un conflicto entre indígenas.

2) La palabra del Obispo Católico Gabriel Enrique Montero Umaña y el Presb. Mena, no son creíbles, ya que la invasión de tierras históricamente la han sufrido los pueblos indígenas, quiénes no sólo soportan el arrebato desde la conquista y colonia sino que además les han pisoteado sus creencias, tradiciones espirituales y negado su cultura. En pleno siglo 21, cuando la humanidad ha reconocido el genocidio racista y abominable de la conquista en América, África y Asia, ES LAMENTABLE encontrar jerarcas de iglesias, instituciones y grupos de poder, organizando actos de violencia y discriminación, contra los pueblos indígenas.

3) Denunciamos que el Obispo Montero y el Presb. Mena, como co-responsables y promotores de actos que ya lesionan la humanidad y dignidad de los indígenas recuperantes de Tierra/Territorio en China Kichá, actos cargados de mentiras y racismo, que agitan a los usurpadores y vecinos incitándoles a la acción agresiva y violenta contra la integridad física y la vida de este pueblo que hoy lucha por sobrevivir y sólo pide que les devuelvan las tierras usurpadas ilegalmente, y que están establecidas en el Decreto Ejecutivo N» 29447-G publicado en la Gaceta G» 93 de Miércoles 16 de mayo del 2001 se estableció China Kichá como territorio indígena.

4) Solicitamos la intervención de la Conferencia Episcopal de Costa Rica e intercesión del Papa Francisco, a efecto que revise la conducta del Obispo Montero Umaña, quién en medio de la pandemia y del Conflicto de Tierras/Territorio en la Zona Sur, ubicado dentro de la Diócesis, en lugar de trabajar por la reconciliación y buscar paz, en vez de cumplir la Doctrina Social de la Iglesia y las Cartas Pastorales sobre Pueblos Indígenas, se ha puesto a incentivar la confrontación, ubicándose al lado de los finqueros, ganaderos y usurpadores, agitando con falsedades y racismo en contra de un pueblo Cabécar de China Kichá, empobrecido y golpeado por la historia y la realidad actual. Exhortamos a la Iglesia Católica a hacer valer las palabras del P francisco en su Carta Encíclica Laudato Si, N.º 146: Para ellos, (PUEBLOS Indígenas) la tierra no es un bien económico, sino don de Dios y de los antepasados que descansan en ella, un espacio sagrado con el cual necesitan interactuar para sostener su identidad y sus valores. Cuando permanecen en sus territorios son precisamente ellos quienes mejor los cuidan. Sin embargo en diversas partes del mundo, son objeto de presiones para que abandonen sus tierras a fin de dejarlas libres para proyectos extractivos y agropecuarios que no prestan atención a la degradación de la naturaleza y la cultura¨

5) Deben saber tanto obispos y clérigos, como poseedores no indígenas, funcionarios y representantes municipales, vecinos y comunidad nacional, que la Ley Indígena 6172, desde 1977, dice: “que los territorios Indígenas son exclusivos de los pueblos que ahí habitan; que las personas NO indígenas NO pueden comprar, alquilar, arrendar, o de cualquier otro modo poseer tierras dentro de un territorio indígena; que los No Indígenas NO pueden construir viviendas, ni utilizar los recursos naturales ni servicios dentro de un territorio Indígena; que los /as poseedores NO Indígenas pueden reclamar indemnización, si comprueban que adquirieron las tierras de Buena Fe, que esa buena fe está ya definida por los Tribunales de Justicia y que su posesión sólo es indemnizatoria, por lo que no pueden traspasarla a otras personas, ni por herencia.”

La mayoría de los poseedores actuales en China Kichá, (y de otros territorios indígenas de la Zona Sur) no reúnen las condiciones de Buena Fe según los estudios administrativos, por lo que deben salir de esas tierras o serán desalojados, ya que EN LOS TERRITORIOS INDÍGENAS NO SE APLICA LA POSESIÓN POR TIEMPO (PRESCRIPCION DECENAL), porque la misma Ley Indígena 6172 de 1977, dice que nuestros Territorios son imprescriptibles, intransferibles e inalienables (intocables). El camino del Obispo de PZ, Enrique Montero (franciscano), de acompañar a su pueblo, especialmente a los más pequeños y débiles, se desvió, por lo que le solicitamos rectificar, informarse, consultar a las Comunidades, acercarse y preguntarnos, para ayudarle a salir de su equivocación, que daña no sólo a los pueblos indígenas, sino que también daña la sociedad diocesana y costarricense, y, a su misma iglesia, por su condición de obispo; mejor es que se aparte de su ministerio, renuncie o pida traslado.

6) Denunciamos que la convocatoria a movilizarse en una “Caminata / Proclama y Caravana” para el día Lunes 17 de mayo, desde San Antonio de Pérez Zeledón, hasta el territorio de China Kichá y de igual forma en el parque central de Buenos Aires, responden a la campaña de odio racista, contra los pueblos indígenas, que se viene promocionando por diversos medios y desde autoridades municipales, eclesiales, empresariales apoyada por finqueros (as), ganaderos (as), usurpadores y autoridades locales, que faltando a la verdad, promueven violencia, ahora acompañados/as por líderes eclesiales.

Responsabilizamos a estas Autoridades citadas y al Estado / Gobierno, en los tres Poderes de la República, que estando ya avisados, permitan estas “caravanas de violencia racista”, que pueden terminar en hechos fatales, que tengamos que lamentar como sociedad costarricense; pudiéndose evitar, máxime que nuestros reclamos son Derechos Humanos garantizados por las Leyes nacionales y los Tratados Internacionales; además nuestro reclamo es justo y ya no podemos soportar más.

¡NO MAS IMPUNIDAD!
#SergioRojasVIVE
#JeryRiveraVIVE
¡LA LUCHA SIGUE Y SE EXTIENDE!
FRENTE NACIONAL DE PUEBLOS INDÍGENAS (FRENAPI)
Acompaña: COMITÉ NACIONAL DE APOYO A LA AUTONOMÍA INDÍGENA
14 DE MAYO, 2021.

Denuncian daño ambiental a Río Tibás

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

SURCOS comparte la siguiente información:

Desde el colectivo ciudadano Conceverde, vecinos/as de la comunidad de San Isidro de Heredia interponen una denuncia en las oficinas del SINAC Heredia, en la cual se expone el daño ambiental producido al cauce del rio Tibás, ante dicha denuncia la Oficina Subregional del SINAC presentan un informe (SINAC-ACC-OH- 1364-2020) al Tribunal Administrativo de Ambiente (TAA), en respuesta a este el pasado 15 de abril del 2021 el TAA emite una resolución (No. 388-202), por medio de la cual se les notifica a los/as denunciantes que el Tribunal acuerda desestimar la denuncia interpuesta, pues en el informe presentado no se evidencia ningún daño ambiental significativo, además de que no existe ninguna contravención a las leyes establecidas en la materia específica y competencia del Tribunal.

De acuerdo a lo señalado por las y los denunciantes en el informe que Oficina Subregional del SINAC envía al TAA se omite información importante sobre el daño ambiental causado, asimismo señalan como esta oficina no les proporciono el documento completo del informe que esta oficina presento, señalan como solamente se le envió el apartado correspondiente a conclusiones y recomendaciones. En el apartado de “recomendaciones y conclusiones” estos señalan que

La recava del cauce se realizó debido a la acumulación de sedimentos, apilamiento de troncos y basura en un tramo del cauce, los cuales estaba generando desbordamientos y deslaves con pérdida de terrenos en la margen derecha del Cauce. De acuerdo a lo observado para este caso no procede realizar ninguna propuesta de valoración económica de daño ambiental (…)

El colectivo CONCEVERDE cuestionan el actuar de Oficina Subregional del SINAC Heredia, pues estos pormenorizan la situación, contribuyendo a que el responsable de haber generado las afectaciones haya salido impune en el proceso del TAA.

Es necesario que se logren esclarecer los hechos, y se responsabilice a las personas culpables por los hechos cometidos, pues según expuesto por las y los vecinos de la comunidad lo que se dio en el sitio, no fue sólo una “recava”, primeramente por que se violentó el área de protección del Río Tibás, según pruebas presentadas en este lugar se dieron movimientos de tierra, talas de árboles, se llevaron a cabo dentro del lecho la remoción de piedras y el amontonamiento de las piedras con tierra sobre el lecho para que esta sirviera de paso a vehículos u otra maquinaria, impidiendo el libre fluido del agua del río, dejando sin este líquido parte del mismo, además se hicieron muros de piedra (gaviones) en la orilla del río y dentro de este, afectando el cauce natural del mismo.

En las siguientes fotografías se evidencia la veracidad de lo antes mencionado, además permiten observar cómo lo expuesto en el informe del SINAC no concuerda con los hechos que han sucedido.

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Apresamientos con piedras dentro del cauce del río Tibás.

UNDECA: sobre atrasos de pago por nombramientos interinos en el hospital Calderón Guardia y otros centros médicos de la CCSS

Escrito en . Publicado en Trabajo.

SURCOS comparte el siguiente comunicado de prensa:

Es inconcebible que a trabajadores de la Institución que atienden áreas de COVID-19, se les esté ocasionando un perjuicio laboral en la cancelación oportuna de sus salarios.

Y es que desde al año 2020, UNDECA denunció formalmente ante la Gerencia General y Gerencia Médica de la CCSS, atrasos salariales de hasta 5 meses, a trabajadores que laboran en la modalidad de gemeleo de plazas por sustitución.

Lo anterior, trayendo como consecuencia, además del injustificado retraso, el cobro desmedido e ilegal de impuesto al salario, que, si bien debe por ley aplicarse en los casos que así corresponda, es evidente que no es lo mismo su rebajo de manera mensual que de un solo golpe, al acumularse tantos meses sin pago.

Es absolutamente reprochable a las autoridades hospitalarias y gerenciales de la Caja, que los trabajadores vivan con tal incertidumbre y que cada fecha de pago reciba ₡300, a ₡1.000 o en el mejor de los casos ₡15.000 mil colones de pago, por el desorden interno y negligencia para resolver. Sin duda, nadie puede vivir en esa deplorable condición.

Denunciamos también la poca o nula atención de estas autoridades en cuando a la escases de personal, obsolescencia de equipos y sistemas de cómputo en las oficinas de recursos humanos, y la injustificada tardanza de las jefaturas de servicios para enviar las acciones de personal para la respectiva gestión de pago.

UNDECA, nuevamente denuncia ante la opinión pública y trabajadores de la Caja estas lamentables inconsistencias gerenciales y administrativas. Creemos que la CCSS como patrono está obligado a retribuir a los trabajadores los rebajos irregulares de impuestos, por no corresponder según la ley, pues en muchos casos el pago mensual a estos funcionarios no supera los topes establecidos para el cobro de impuesto al salario…

Esperamos que las autoridades no sigan «pasándose la bola» y de una vez por todas resuelvan este fiasco administrativo y lamentable afectación laboral.

San José, 7 de mayo del 2021.

Más información con Martha E. Rodríguez G. al 8398 3527

Inventario a favor de la alegría – Giulia Tamayo

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

INVENTARIO A FAVOR DE LA ALEGRÍA– Giulia Tamayo, abogada y educadora popular peruana, comprometida con las más profundas causas de las mujeres más pobres y maltratadas, quien denunció internacionalmente al gobierno de Fujimori por la política de esterilizaciones forzadas y apoyó múltiples causas en defensa de los derechos humanos en todo el mundo, falleció el 9 de abril del 2014. Siete años después, retomamos su legado, su memoria, su imagen y su empuje apasionado en defensa de la justicia, la equidad y la vida. Oscar Jara Holliday

Giulia Tamayo

Cada persona somos lo que hemos amado durante nuestra residencia en la tierra, lo único que nadie podrá arrebatarnos. Amar, construir nuestra felicidad y apoyar a la de las otras personas, ésa es nuestra tarea en la vida que, demasiadas veces, se olvida o se posterga.

Yo habitaba un país con desfiles militares e himno nacional, con domingos de misal y planes de verano. En la casa familiar conocí la puerta de salida. Y a cambio conocí la palabra bienvenida. Mi noción de patria tiene julios, octubres y algún agosto que me espera. Sin desfiles militares, ni misal y una casa familiar con solo puertas de entrada. Vivir es ampliar la noción de patria.

Pasando de contiendas electorales, siglas partidarias, aritméticas políticas y sumas cero. No hay balance de pérdidas y ganancias que nos distraiga. Los corazones atentos a la vida ocupan sus horas y los espacios en acunar abrazos y osadías. Así, contra el ritual de los políticos de la bolsa, cada día es una oportunidad para la poesía.

Mantente en pie luna llena para que las olas den su testimonio. Que salga de las profundidades la estrellita de mar más pequeña con su relato. La salinidad humana de las lágrimas reclama las fraternidades de las gotas. Que hasta las rocas más arrogantes se vean horadadas en su codicia y violencia para que nadie llore en vano.

¿De dónde sacamos la garra para vivir? ¿De dónde brotan las fuerzas para desafiar lo injusto? ¿De dónde la alegría, la risa y el ingenio? De caminar con otras y también con otros, de sabernos pares que es cuando se saben ciertos los abrazos, de recorrer la memoria de la piel y de los sueños, de experimentarnos en conexión contra todo mandato y pronóstico de abismos.

En Kisangani, a las libélulas las llaman las guardianas del agua, son consideradas símbolo de la vida. Cuentan que la breve vida de una libélula es tan intensa que la prodigan sin reservas entre el río y el cielo. Al caer la noche las relevan las luciérnagas sobre el río Congo, presumiendo de estrellas. La danza de la vida no repara en otra cosa que en la vida misma. Spinoza decía que las personas libres de lo que menos se ocupan es de la muerte.

Lo que venga que me halle amando, con un inventario a favor de la alegría.

 

Imagen tomada de: https://www.marca.com/

El ocaso de la segunda república bajo el lente artístico

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo, Derechos.

Rosaura Chinchilla-Calderón
Abogada y profesora universitaria
Rosaura.chinchilla@gmail.com

El arte ha permitido que los pueblos expresen lo que, de otra forma, se acallaría o reprimiría. No obstante, el que se use un lenguaje estético no le quita sordidez a la realidad ni impide que el relato genere angustia o desesperanza en quien degusta la obra. El despertar emociones es parte del reto artístico, aunque se trate de sentimientos que, por ser reflejo del entorno, no son los que se quieran cultivar. Además, cuando el medio que se describe ha fermentado niveles descomunales de putrefacción y cinismo, la belleza de los recursos comunicativos que se usen para trasmitir las ideas no impide que el mensajero pueda estar en riesgo por expresar su visión de mundo.

Externar ideas, máxime cuando estas implican la crítica a un sistema político decadente y opresor, puede implicar el pago de altos precios. Leo en la prensa internacional que un rapero catalán fue detenido, tras refugiarse en un campus universitario, e ingresó a prisión para descontar nueve meses por el delito de injurias cometido contra la monarquía española a través de la letra de sus canciones. La nota es de febrero de 2021 y —dejando al margen la valoración que pueda hacerse de los diferentes géneros musicales o de la crítica de otros trabajos del ahora detenido— si esto sucede en un contexto de democracia formal en donde la globalización ha permitido el acceso a algunos mecanismos de protección para la libertad de expresión, ni qué pensar sobre los efectos que críticas similares han tenido (o pueden tener) en otros contextos o momentos históricos, en donde pensar, expresar y disentir se puede pagar con la vida misma.

No por casualidad, en América Latina —tan susceptible a los colonialismos y a sufrir las dictaduras de diferente signo de ellos derivadas— el boom de la literatura se manifestó, entre otras corrientes, a través de la novela histórica y la “novela del dictador”, subgéneros a través de los cuales se fue consolidando la descripción de un contexto específico del quehacer de nuestros pueblos que posibilita la crítica hacia el abuso del poder político y articula formas de oposición o disidencia contra regímenes despóticos.

Si la nómina es larga (en obras, autores y en narraciones) y extiende sus raíces abrazando varios siglos, es porque también el abuso del poder ha carcomido a nuestra adolorida Latinoamérica como un cáncer terminal: desde las obras precursoras de dicho movimiento —como Facundo (1845) de Domingo Faustino Sarmiento y Amalia (1850) de José Mármol con referencias a la dictadura de Juan Manuel de Rosas en Argentina— hasta textos cumbres como Tirano Banderas (1926) del español Valle Inclán que describe al tirano ficticio de una isla sudamericana Santos Banderas; El señor presidente (1933;1946) de Miguel Ángel Asturias sobre el régimen de Manuel Estrada Cabrera en Guatemala; Conversación en la catedral (1969) de Mario Vargas Llosa alusiva a la represión ejercida en Perú por Manuel Odría; Otoño del patriarca (1970) de García Márquez donde se describe a un dictador ficticio que reúne características de Franco en España, Juan Vicente Gómez de Venezuela y Gustavo Rojas Pinilla de Colombia; Yo el Supremo (1974), de Augusto Roa Bastos, sobre la vida del paraguayo José Gaspar Rodríguez de Francia; El recurso del método (1974) de Alejo Carpentier, nuevamente con una simbiosis ficticia de los diferentes políticos autoritarios históricos de la región; De amor y de sombra (1984) de Isabel Allende referente a las fosas comunes y los desaparecidos en el régimen de Pinochet de Chile, sin dejar de lado aportes recientes como En el tiempo de las mariposas (1994) de la escritora Julia Álvarez referente a la dictadura de Trujillo y el asesinato de las hermanas Mirabal; Margarita está linda la mar (1998) de Sergio Ramírez referente a la llegada de Darío a Nicaragua y la vida y asesinato de Somoza en Nicaragua, La fiesta del chivo (2000) y Tiempos recios (2019) ambos de Mario Vargas Llosa, el primero relativo al régimen de Rafael Leonidas Trujillo en la República Dominicana y el último alusivo al derrocamiento de Jacobo Arbenz en Guatemala.

Es de prever que si las dictaduras han variado en la forma en que acceden al poder (ahora a través de golpes de estado blandos, por ejemplo), también la clasificación del género literario deba expandirse y abrirse para adoptar la crítica a figuras que mueven los hilos de un país, aunque no sean formalmente dictadores.

Advierto que no soy experta en el campo, pero me atrevería a decir que —salvo contadas excepciones dentro de las que destaca El crimen de Alberto Lobo (Gonzalo Chacón, 1928) referida a la dictadura de Los Tinoco— en Costa Rica no existe una tradición importante en este tipo de textos (ni en obras culturales de otra naturaleza que aborden temáticas semejantes). Con ello lejos estoy de insinuar que el arte tico no se ha ocupado del fenómeno porque no hayamos tenido golpes de estado, dictadores o caudillos, ni pretendo adscribirme al mito de la “Suiza centroamericana” sino, más bien, reforzar la crítica, excepcionalmente planteada por Yolanda Oreamuno, respecto al “carácter tico”, más dado a evadir las situaciones grotescas que a enfrentarlas, de allí que se prefiera “esperar a que se despejen los nublados del día” o “serruchar el piso antes que cortar cabezas”. No en vano el “pura vida” es nuestro lema-nación y alimentamos el imaginario nacional con lo de ser “el país más feliz del mundo”. Será por eso por lo que vivimos en el eterno presente, donde los escándalos no duran más de tres días y estamos privados de una memoria histórica y de un patrimonio cultural vigoroso que nos permita hundir las raíces en los aportes de otras generaciones y curtirnos frente a los eternos retornos de las demagogias políticas. Eso podría explicar el por qué el arte con clave de denuncia respecto al abuso de poder nacional también es escaso en nuestro medio.

En los últimos años, sin embargo, el arte, a través de diversos géneros, ha empezado a hurgar en la desmemoria, en el pasado que oculta autoritarismos y desigualdades, en los conflictos políticos contemporáneos, en las tramas de poder y corrupción que nos han marcado y en la denuncia de la realidad en la que convivimos. Me refiero, por ejemplo y obviamente sin ninguna pretensión de exhaustividad, a trabajos como el recogido en el documental El Codo del Diablo (hermanos Jara Vargas, 2014) que rescata, para la memoria histórica, el abuso del poder que termina en homicidios impunes durante el conflicto de 1948 y a novelas (mezcla de tramas históricas, policiacas y con algo de novela negra y del dictador) Cruz de Olvido, El año de la ira (Carlos Cortés, 1999 y 2019), y Más allá del río (Emilia Macaya, 2020) que pasan revista por los temas de corrupción y ejercicio del poder político-autoritario.

Y esa producción no es casualidad. Se trata no solo de la lucha contra la amnesia sino la premonición de que nuevas tempestades se avecinan. Las anuncian los datos o indicadores de la Costa Rica del bicentenario que, en su última década, se ha caracterizado por:

a) presentar una tasa de homicidios por 100 mil habitantes que supera las 10 muertes violentas, lo que permite calificar la violencia social como “epidemia”, según los criterios usados por la OMS. Así dicha tasa en 2015 fue de 11.5 muertes; en 2016 de 11.8; en 2017 de 12.2; en 2018 de 11.7; en 2019 de 11.2 y 2020 de 11.1. Estas muertes violentas han involucrado un crecimiento de los femicidios (entendiendo por este término la muerte de mujeres por su condición de tales que, en Costa Rica, se maneja como “femicidio ampliado” dado el carácter restrictivo de la normativa sobre el tema circunscrita a relaciones de pareja);

b) ver crecer anualmente el índice de Gini, que marca la distribución de la riqueza. Recuérdese que el punto cero implicaría la “equidad perfecta” por lo que, a cifras mayores, la desigualdad social es superior. Así, al llegar a los años 2000 se alcanzó los puntos más altos: 51.60 en el 2001 y 90 en 2002 y si bien descendió en los siguientes años, tuvo un repunte en 2009 (50.6) y, a partir de entonces, con ligeras oscilaciones, se ha mantenido en 48 y algo, por lo menos hasta 2018 (Estado de la Nación);

c) ingresar el país al grupo de las 10 naciones más desiguales del mundo (Banco Mundial; Taking on inequality, 2016);

d) exhibir un desempleo creciente: 2010 (9.2%), 2014 (9.8%), 2018 (12%), 2019 (12.4) y 2020 (21.9 de agosto a octubre de 2020) lo que representa más de medio millón de personas, entre los cuales un buen número son jóvenes;

e) ostentar niveles crecientes tanto de encarcelamiento (en 2000 de 193 por 100.000 habitantes y en 2016 de 370 por 100.000 habitantes según International Centre for Prision Studies, 2017) incluyendo a la población juvenil (Costa Rica tiene una de las edades de encarcelamiento más bajas en América Latina: 12 años) como de hacinamiento penitenciario: 2017 (30%), 2018 (30.4%) y 2019 (30.8%) aunque en años anteriores superó, por mucho, el 40%. Téngase en cuenta que para las Naciones Unidas el límite de hacinamiento aceptable es del 20%;

f) medir cómo la lentitud del sistema penal crece por reformas fallidas, aparejando niveles de impunidad asociados a delitos de cuello blanco;

g) descender en el índice de percepción de la corrupción hasta ocupar, en 2020, un puntaje de 57 sobre 100, luego de haber caído en 2018 de 59 a 56 puntos, en donde a mayor cercanía a 100 mayor es el control sobre la corrupción y a más bajo número, menor la lucha contra tal flagelo (Transparency international);

h) ver crecer las formas de autoritarismo en lo político-social, añorando al gobernante de mano dura que, ungido con los “poderes divinos” (a lo Trump, Bolsonaro, Bukele, Maduro u Ortega), imponga orden, visión transmitida aún por medios de comunicación. En un estudio de IDESPO para medir el autoritarismo en la población costarricense usando la escala RSW de Altemeyern, se pudo verificar que para 2011 el promedio era de 72 puntos y para 2016 la media era de 68 puntos, es decir, casi sin variación considerando los márgenes de error. Si se tiene en cuenta que más de 50 puntos implican una aceptación de criterios autoritarios y que esos puntajes abarcaban respuestas afirmativas a las proposiciones de que había personas “muy diferentes” que nunca deberían ser parte de la sociedad, que el castigo para infractores debía ser muy drástico, que la obediencia a la norma (sin importar su contenido) era un valor deseable y que debía defenderse el status quo, se tiene claro que el ambiente está dado para un giro totalitario que, como suele ser común, proteja los grandes negocios.

Esa desgarradora situación, afortunadamente (para quienes creemos que el arte, además de una misión estética y lúdica cumple una función social y ética) ha empezado a mostrarse en las obras culturales nacionales y es un paso correcto en la denuncia del estado de cosas que las originó. En lo que va del año pude degustar dos trabajos, de distinta naturaleza, que convergen en esos puntos. Me refiero a la novela Los papeles de Chantall (2021) del sociólogo de profesión y poeta por vocación Paul Benavides Vílchez, quien ahora incursiona en este género literario, y la película que se exhibe en cines nacionales Pájaro de fuego dirigida por César Caro (coproducción C.R.-E.U.A y Chile) y respecto de la cual Gabriel González Vega hiciera una reseña formal profunda y muy acertada, que invito a leer.

Ambas desnudan nuestra realidad grotesca y cruda con la majestuosidad que solo el arte puede lograr, coadyuvando a expresar, de forma menos dolorosa, aquello indecible. Ambas exponen las secuelas sociales (en barrios marginales, en la juventud, en los procesos judiciales, en la trata de personas, en la vida carcelaria, en la angustia de quienes migran) de la política demagógica y corrupta que se ensaña contra el pueblo oprimido y se manifiesta en diversas formas de violencia, mientras, por otros lados, se viven obscenos niveles de ostentación. Ambas logran transmutar aquellas estadísticas, números e índices en figuras literarias, impecables fotografías, diálogos, imágenes, sonidos…para que la reflexión político-filosófica también tenga goce estético.

Dos géneros distintos que son un claro reflejo de esta Costa Rica que se resquebraja ante nuestras miradas mostrando el ocaso de la segunda república: una democracia de caricatura (o, mejor dicho, una memetocracia) y la decadencia de la mitología que hemos alimentado. En Pájaro de fuego se exhiben los efectos sociales de las tramas políticas que se abordan en Los papeles de Chantall. En este texto, el autor retrata descarnadamente a los partidos políticos como lo que son: simples maquinarias de acceso al poder, que han traicionado los ideales históricos que los vieron nacer. Los líderes políticos (incluyendo el viejo y enfermo patriarca, que maneja los hilos del poder y de los negocios y respecto del cual es imposible no hacer semejanzas) adquieren los rasgos de cínicos y perversos personajes que buscan el acceso a puestos para consolidar sus negocios privados en una maraña de corruptelas que todo lo abarca, incluyendo el otrora prestigioso Poder Judicial y su tristemente célebre Sala Tercera, protagonistas de primer orden aunque solo sean mencionados en un par de páginas. Concluí la novela justo el día en que varios medios anunciaban que la lista de precandidatos para el próximo proceso electoral superaba la decena (y casi todas las caras eran de viejos conocidos) y pocos días antes en que se mencionara la reunión de varios dirigentes políticos anunciando la necesidad de coalición o acuerdos para designar candidatos de consenso. En ese marco, es imposible dejar de hacer asociaciones con lo que, de modo magistral, “anticipó” el escritor. Sin embargo, en la realidad, a diferencia de la novela en donde la naturaleza se compadece y hace su obra, la pesadilla está lejos de concluir.

Los papeles de Chantall pone, en clave literaria, lo que su autor conoce por la profesión y el oficio que desempeña: un cuadro de descomposición tan grande que lleva a la náusea. Ojalá que, sin embargo, la fuerte denuncia que aquí se hace solo le depare a su creador consecuencias positivas. Las merece, porque el suyo no es un oficio de ciegos, sino de grandes videntes que pretenden trasmitir, a quienes leemos, aquello que quizá nosotros sí dejamos de percibir.

Hay que seguir prestando mucha atención a las diferentes manifestaciones artísticas nacionales de estos tiempos. No hay casualidades, solo causalidades y lo que nos gritan las obras contemporáneas rompe el silencio de la aldea.

Presentada ampliación de denuncia en contra del Estado de Costa Rica, Presidente de la República y ministro de Seguridad Pública

Escrito en . Publicado en Derechos.

Carlos Vega envió a SURCOS un documento que contiene una ampliación de denuncia en contra del Estado de Costa Rica, el Presidente de la República y el ministro de Seguridad Pública. La gestión se realiza ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por «las graves violaciones a la Convención Americana de Derechos Humanos».

Este es el documento remitido por el dirigente sindical y social Carlos Vega:

U-061-2020-AMPLIACION-DE-DENUNCIA-EN-CONTRA-DEL-ESTADO-DE-COSTA-RICA-CIDH-POR-REPRESIÓN-A-AGOTAMIENTO-RECURSOS-INTERNOS-1-1Descarga

Recurso de Amparo en contra de presidente Alvarado y otros entró a estudio

Escrito en . Publicado en Derechos.

El Recurso de Amparo en contra del presidente Alvarado y otros funcionarios, expediente 20-019530-0007-CO entró a estudio el viernes 23 de octubre 2020.

Compartimos una parte introductoria del texto del Recurso de Amparo presentado y el archivo para su lectura completa.

«

Quien suscribe, CARLOS MANUEL VEGA BOLAÑOS, cédula 2-287-015, en mi condición de Secretario General del Sindicato de Profesionales, Técnicos y Similares del Banco Popular (UNPROBANPO), me apersono ante sus estimables personas con el objetivo de interponer formal recurso de amparo en contra del señor CARLOS ALVARADO QUESADA, PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, por la violación a derechos fundamentales como lo son entre otros, el Derecho Ciudadano a que las demandas urgentes sean atendidas no mediante respuestas positivas pero por lo menos con el debido respeto abordadas y respondidas cada una de ellas, dado que el irrespeto que una parte de la sociedad reclama al Recurrido señor CARLOS ALVARADO QUESADA, PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, se debe entre otras cosas a que, un grupo de ciudadanos que bajo el nombre del Movimiento RESCATE NACIONAL y representan a sectores sociales que durante décadas han sido excluidos de los llamados “diálogos”, el día 05/08/2020 entregaron en Casa Presidencial un pliego de peticiones para resolver la grave crisis fiscal que afecta al país, PETICIONES puntuales que a la fecha se encuentran IGNORADAS, hecho que a la vez ha provocado una convulsión social de incalculables consecuencias, lo que afecta a todos nosotros, ciudadanos en general y cuyo responsable es el Recurrido.

El recurrente estuvo presente en Casa Presidencial el pasado lunes 12 de octubre, día en que los Dirigentes de RESCATE NACIONAL convocaron a una marcha hacia este lugar para ser atendidos por el señor CARLOS ALVARADO QUESADA, PRESIDENTE DE LA REPUBLICA aquí recurrido, fui testigo presencial de que actores de la sociedad civil-video adjunto-presentes al igual que el suscrito, suplicaron hasta la saciedad ser atendidos por el Recurrido, o por el Ministro de la Presidencia, y la respuesta irrespetuosa fue el ser IGNORADOS Y BURLADOS COMO CIUDADANOS». 

U-057-2020-RECURSO-DE-AMPARO-CONTRA-PRESIDENTE-DE-LA-REPUBLICA-23-10-2020-N°20-019530-0007-CODescarga

La persona que quiera unirse a este Recurso de Amparo con el objetivo de poder entre todos/as detener la forma en que están actuando las fuerzas policiales, el documento está disponible en un Word modificable.

Puede solicitar el documento al correo ingcvega@yahoo.com

Denuncia contra el Estado – sin luchas no hay victorias

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El pasado 13 de octubre SURCOS publicó la nota “Denuncia en contra del Estado de Costa Rica”, en la cual el ingeniero Carlos Manuel Vega Bolaños, secretario general del sindicato UNPROBANPO y dirigente comunal del Cantón de Grecia compartió la siguiente denuncia presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:

“Denuncia en contra del Estado de Costa Rica, presidente de la república y ministro de Seguridad Pública por graves violaciones a la Convención Americana de Derechos Humanos y la gravísima violación a la Convención de los Derechos del Niño ratificada por el Estado denunciado”. (Puede leer la nota completa ingresando en el enlace del titular de dicha nota).

A días de interpuesta la denuncia el Ing. Carlos Vega, luchador social hace la siguiente reflexión:

“Gracias a patriotas que hicieron invaluables aportes para enriquecer este recurso de amparo en contra del presidente de la República y la cúpula de la Fuerza Pública y estar en trámite a partir de las 16:00 horas.

Este recurso de amparo tiene dos salidas: 1-si es rechazado la Sala deberá de fundamentar las razones de su decisión. Esto permitirá agotar la vía interna y continuar en la vía internacional hasta escalar las Instancias de DDHH y llegar hasta el Tribunal Penal Internacional. 2-En caso de que sea acogido, podría convertirse en un Recurso de Amparo para la historia de Costa Rica.

Valió la pena las madrugadas destinadas a la Defensa de los Sin Voz de los EXCLUIDOS de los llamados «diálogos». Gracias Patriotas por sus aportes profesionales. ¡Nos han cerrado las puertas con grandes candados, pero les abriremos las ventanas para que salga la Justicia aprisionada! ¡Sin luchas no hay

victorias!”.

Denuncia contra Luis Almagro y la misión de la OEA por provocar violaciones a los Derechos Humanos en Bolivia en elecciones de 2019

Escrito en . Publicado en Derechos.

La Asociación de Madres de Plaza de Mayo, la Liga Argentina por los Derechos Humanos y el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, presentaron una denuncia ante Michelle Bachelet, en su calidad de Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

La denuncia fue formulada en contra del Secretario General de la OEA, Luis Almagro Lemes, la Misión de Observadores Electorales de la OEA, encabezada por Manuel González, y los auditores y responsables de la suscripción de los Informes preliminares e Informe final de dicho organismo sobre las elecciones generales de 2019 en Bolivia por haber cometido acciones de intervencionismo contra la soberanía de Bolivia que aluden a un supuesto fraude electoral el cual no han podido probar.

La denuncia sintetiza ocho informes técnicos internacionales de varios centros estadísticos de universidades y periódicos de prestigio mundial entre los cuales resaltan los elaborados para el New York Times, el Washington Post, el MIT (Universidad de Massachussets) y el Centro de Investigación Económica y Política (CEPR) a lo que se suma la petición de congresistas estadounidenses para que se investiguen las acciones de la Secretaría General de la OEA. Los estudios desmienten contundentemente las acusaciones de fraude de la OEA en las elecciones del 2019 que llevaron al derrocamiento de un Gobierno Constitucional, la desestabilización de la democracia que concluyó en un Golpe de Estado, la muerte de 37 personas, más de 860 heridos, más de un millar de detenidos ilegalmente, la persecución policial y judicial con fines políticos y el exilio de cientos de dirigentes políticos y sociales.

Los denunciantes señalan: “La Secretaría General de la OEA, encabezada por Luis Almagro, ha vulnerado abiertamente la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana y resoluciones generales de la OEA, transgrediendo el Derecho Internacional y la Soberanía nacional del Estado Plurinacional de Bolivia.

Los actos de intervencionismo cometidos por la Secretaría General de la OEA, encabezada por Luis Almagro, han tenido consecuencias nefastas en Bolivia provocando un quebrantamiento del Estado; la desestabilización de la democracia, el flagelo a la población, uso irracional del poder y el desmantelamiento de la Constitución Política del Estado, llevando a un Golpe de Estado y a la instauración de un gobierno transitorio que comete sistemáticamente delitos contra la población.”

A tiempo de presentar la denuncia, los firmantes del documento solicitan al Alto Comisionado de Naciones Unidas que acoja estas graves denuncias contra la Secretaría General de la OEA por los delitos contra los derechos civiles, políticos y sociales al acusar de un presunto fraude, sin pruebas y con un sesgo marcadamente político. Exigen que la OEA, como un organismo intergubernamental, respete a las organizaciones políticas populares, a las instituciones nacionales, a la democracia y a la soberanía de los pueblos de uno de sus Estados Miembros, y de su gobierno constitucional.

Asimismo, piden al Alto Comisionado de Naciones Unidas que se forme un grupo de expertos para lleve a cabo una investigación independiente y transparente sobre los informes de la Secretaría General de la OEA y los graves hechos que han causado muerte, persecución, cárcel y exilio en el Estado Plurinacional de Bolivia.

Buenos Aires, 15 de octubre de 2020

 

Imagen tomada de: https://www.voanoticias.com/

Denuncia en contra del Estado de Costa Rica

Escrito en . Publicado en Derechos.

El ingeniero Carlos Manuel Vega Bolaños, secretario general del sindicato UNPROBANPO y dirigente comunal del Cantón de Grecia compartió con SURCOS la siguiente denuncia presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:

Denuncia en contra del Estado de Costa Rica, presidente de la república y ministro de Seguridad Pública por graves violaciones a la Convención Americana de Derechos Humanos y la gravísima violación a la Convención de los Derechos del Niño ratificada por el Estado denunciado.

¨Petitoria de medidas cautelares urgentísimas: -con envío de misión de la CIDH para recabar in situ las pruebas de las violaciones, -ordenar de inmediato el cese de la brutal represión contra la población y del periodismo en las localidades reprimidas, -detener la criminalización de los luchadores sociales José Miguel Corrales Bolaños y Célimo Guido Cruz. -Así como exigirle a los aquí denunciados, la protección inmediata de la población infanto juvenil, víctima de las represiones dentro de los hogares en sus comunidades, tomando en cuenta que el Estado denunciado es suscritor de la Convención de los Derechos del Niño ratificada por éste y los aquí denunciados la han violentado gravemente.

09 de octubre de 2020

U-050-2020

Señores

COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

S.O.

Estimados Señores:

Quien suscribe, CARLOS MANUEL VEGA BOLAÑOS, cédula 2-287-015, ciudadano de la República de Costa Rica, en mi condición de Secretario General del Sindicato de Unión de Profesionales, Técnicos y Similares del Banco Popular, en adelante UNPROBANPO, Dirigente Comunal en el Cantón de Grecia, preocupado por la salvaje represión de las fuerzas policiales de la República de Costa Rica, situación que afecta muchas comunidades a nivel nacional, y en razón de que el material probatorio recabado en los últimos días y durante estas estas horas de la noche de hoy jueves 08 de octubre de 2020, es prueba suficiente y abundante para fundamentar esta Denuncia en contra del PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y MINISTRO DE SEGURIDAD PÚBLICAPOR GRAVES VIOLACIONES A LA CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS ratificada por el Estado de Costa Rica y de acatamiento obligatorio, Artículos 1, 5, 13. De la misma manera, la grosera violación a la Convención de los Derechos del Niño ratificada por Costa Rica

En mi condición de ciudadano del Estado de Costa Rica, promotor de la Cultura de Paz aprendida como Egresado de la Universidad Para la Paz, estoy alarmado por las PERTURBADORAS IMÁGENES que demuestran una BRUTALIDAD POLICIAL en contra de poblaciones enteras y periodistas locales, algo nunca vista en el Estado Denunciado, ordenada por el PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y MINISTRO DE SEGURIDAD PÚBLICA, conductas que violentan el Artículos 1, 5, 13 de esta Convención Americana y la CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO RATIFICADA POR EL ESTADO DENUNCIADO.

Ante estos graves hechos, y el reclamo de diversos sectores de la sociedad costarricense que rechazan un dialogo excluyente convocado para imponer políticas públicas que a la vez han sido RECHAZADAS por amplios sectores de la sociedad civil costarricense, quienes han hecho llegar propuestas para solucionar la grave crisis económica que padece Costa Rica sin haber sido escuchadas, situación que es el detonante de esta convulsión social por los aquí denunciados, respetuosamente peticiono para que de conformidad con esta Convención Americana y su Estatuto, de PREVIO a que se resuelva por el fondo la presente DENUNCIA, se resuelva de inmediato por parte de esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos:

1-) Dictar MEDIDAS CAUTELARES URGENTISIMAS que protejan a las poblaciones reprimidas

2-) Enviar Costa Rica con urgencia una misión de la CIDH con el objetivo de recabar las pruebas de las violaciones en todas las poblaciones a nivel del territorio nacional que han sufrido una BRUTAL REPRESION por parte de los agentes de seguridad del Estado aquí denunciado represión ordenada por el PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y MINISTRO DE SEGURIDAD PÚBLICA.

3-) ORDENAR DE INMEDIATO TANTO a)-EL CESE DE LA BRUTALIDAD POLICIAL EN CONTRA DE LA POBLACIÓN COSTARRICENSE COMO b-)EL CESE DE LA REPRESIÓN EN CONTRA DEL PERIODISMO EN LAS LOCALIDADES REPRIMIDAS POR CUANTO ESTA CONDUCTA REPRESORA DE LOS AQUÍ DENUNCIADOS, IMPIDE EL DEREHO HUMANO FUNDAMENTAL CONTENIDO EN EL ARTICULO 13 DE ESTA CONVENCIÓN A SER INFORMADO SIN CENSURA ALGUNA Y MENOS QUE LOS AGENTES DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO CONFISQUEN LA HERRAMIENTA DE COMUNICACIÓN UTILIZADA PARA EJERCER EL PERIODISMO COMO OCURRIÓ EN LA LOCALIDAD DE CAÑAS, GUANACASTE.

4-) Investigar posibles hechos ocurridos en poblaciones reprimidas por los agentes de seguridad del Estado denunciado, en las cuales se indica que los cuerpos policiales han ingresado a las viviendas de pobladores sin previa orden judicial a detener y llevarse en patrullas a personas que han participado en las protestas violentando gravemente Derechos Humanos Fundamentales protegidos por esta Convención Americana.

5-) Investigar de la misma manera, las BRUTALES REPRESIONES en contra de poblaciones indefensas con ataques desmedidos y el empleo indiscriminado del lanzamiento de gases lacrimógenos hacia las viviendas en que habitan personas adultas mayores, niños y niñas entre ellas Cañas Guanacaste, en momentos en que Costa Rica vive en su mayor pico la pandemia del COVID-19 atentando contra el Derecho a la Vida de los pobladores.

6-) Dictar Medidas Cautelares URGENTISIMAS a favor de los Luchadores Sociales José Miguel Corrales Bolaños y Célimo Guido Cruz, contra quienes pesa una denuncia penal por encabezar este movimiento de protesta social, situación que la Fundación para la Defensa de los Derechos Humanos en Costa Rica, consideró públicamente como una CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL Y SUS LUCHADORES SOCIALES.

7-) Dictar Medidas Cautelares URGENTISIMAS a favor de la población infanto juvenil que está siendo reprimida en las poblaciones REPRIMIDAS dentro de sus hogares, con lo cual los aquí DENUNCIADOS VIOLENTARON GRAVEMENTE LOS DERECHOS PROTEGIDOS EN LA CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO RATIFICADA POR EL ESTADO DE COSTA RICA ÉSTE.

ASI COMO EXIGIRLE A LOS AQUÍ DENUNCIADOS, LA PROTECCION INMEDIATA DE LA POBLACIÓN INFANTO JUVENIL, VICTIMA DE LAS REPRESIONES EN SUS COMUNIDADES TOMANDO EN CUENTA QUE EL ESTADO DENUNCIADO ES SUSCRITOR DE LA CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO RATIFICADA POR ÉSTE.

PRIMERO:

HECHOS RELEVANTES Y PRUEBAS RELEVANTES:

1-El día 05/08/2020 se adjunta, un grupo importante de organizaciones de la sociedad civil costarricense le entregaron a Presidente de la República de Costa Rica un pliego de peticiones y propuestas con el objetivo de resolver la grave crisis fiscal que vive el país.

2-El día 30 de setiembre de 2020, ante el SILENCIO TOTAL del señor Presidente de la República de Costa Rica Carlos Alvarado Quesada, dio inicio una protesta social apoyada en muchas comunidades del país.

3-A partir del 01 de octubre de 2020 y hasta fecha, Costa Rica vive una convulsión social nunca vista en décadas lo que ha provocado que muchos sectores se pronuncien condenando la falta de dialogo INCLUYENTE y la represión por parte del gobierno encabezado por el señor Presidente de la República de Costa Rica Carlos Alvarado Quesada y el Ministro de Seguridad Publica Michael Soto, dio inicio una protesta social apoyada en muchas comunidades del país.

4-Los aquí denunciados ordenaron una BRUTAL REPRESIÓN en contra de las comunidades, además los agentes de la seguridad del Estado denunciado, han reprimido al periodismo local para evitar que la población de Costa Rica conozca de primera mano las provocaciones del aparato policial para justificar estas CONDUCTAS REPRESIVAS.

5-Las evidencias es la BRUTAL REPRESION por parte del Estado denunciado por órdenes de los aquí denunciados son irrefutables:

ü  Represión y brutalidad policial en contra del periodismo en las comunidades reprimidas de poblaciones indefensas con un ataque desmedido con lanzamiento de gases lacrimógenos hacia las viviendas en que habitan personas adultas mayores, niños y niñas, en momentos en que Costa Rica vive en su mayor pico la pandemia del COVID-19 atentando contra el Derecho a la Vida de los pobladores. Alcalde de la ciudad de Cañas denuncia brutalidad policial en contra de pobladores https://youtu.be/0lqKdpK-rT8 https://www.facebook.com/allanjaranoticias/videos/1463355563868541

SEGUNDO:

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

La Convención Americana y la Convención de los Derechos del Niño, instrumentos de Derechos Humanos Internacionales ratificados por Costa Rica, VIOLADOS por el Estado de Costa Rica suscritor de la misma, así como por el PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y MINISTRO DE SEGURIDAD PÚBLICA.

TERCERO:

PETITORIA:

Con fundamento en lo anteriormente expuesto, respetuosamente peticiono para que de conformidad con esta Convención Americana y su Estatuto, de PREVIO a que se resuelva por el fondo la presente DENUNCIA, se resuelva de inmediato por parte de esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos:

  • 1-)Dictar MEDIDAS CAUTELARES URGENTISIMAS que protejan a las poblaciones reprimidas
  • 2-)Enviar a Costa Rica con urgencia una misión de la CIDH con el objetivo de recabar las pruebas de las violaciones en todas las poblaciones a nivel del territorio nacional que han sufrido una BRUTAL REPRESION por parte de los agentes de seguridad del Estado aquí denunciado represión ordenada por el PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y MINISTRO DE SEGURIDAD PÚBLICA.
  • 3-) ORDENAR DE INMEDIATO TANTO a)-EL CESE DE LA BRUTALIDAD POLICIAL EN CONTRA DE LA POBLACIÓN COSTARRICENSE COMO b-)EL CESE DE LA REPRESIÓN EN CONTRA DEL PERIODISMO EN LAS LOCALIDADES REPRIMIDAS POR CUANTO ESTA CONDUCTA REPRESORA DE LOS AQUÍ DENUNCIADOS, IMPIDE EL DEREHO HUMANO FUNDAMENTAL CONTENIDO EN EL ARTICULO 13 DE ESTA CONVENCIÓN A SER INFORMADO SIN CENSURA ALGUNA DADO QUE LOS AGENTES DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO CONFISCAN LA HERRAMIENTA DE COMUNICACIÓN UTILIZADA POR EL COMUNICADOR LOCAL PARA EJERCER EL PERIODISMO COMO OCURRIÓ EN LA LOCALIDAD DE CAÑAS, GUANACASTE.
  • 4-)Investigar posibles hechos ocurridos en poblaciones reprimidas por los agentes de seguridad del Estado denunciado como en la Paquita de Quepos, en las cuales se indica que los cuerpos policiales han ingresado a las viviendas de pobladores sin previa orden judicial a detener y llevarse en patrullas a personas que han participado en las protestas violentando gravemente Derechos Humanos Fundamentales protegidos por esta Convención Americana.
  • 5-)Investigar in situ las BRUTALES REPRESIONES en contra de poblaciones indefensas por ejemplo Cañas Guanacaste, incurriendo en un GRAVE ABUSO DE AUTORIDAD dado el ataque desmedido con lanzamiento de gases lacrimógenos hacia las viviendas en que habitan personas adultas mayores, niños y niñas, en momentos en que Costa Rica vive en su mayor pico la pandemia del COVID-19 atentando contra el Derecho a la Vida de los pobladores, para lo cual se aporta el material grabado.
  • 6-) Garantizar que cualquier detenido en esta convulsión social que vive Costa Rica a partir de 30 de setiembre de 2020, las garantías estipuladas en los artículos 8 y 25 de esta Convención Americana.
  • 7-) Dictar Medidas Cautelares urgentes a favor de los Luchadores Sociales José Miguel Corrales Bolaños y Célimo Guido Cruz contra quienes se estableció una denuncia penal por encabezar este movimiento de protesta social, con lo cual se CRIMINALIZÓ LA PROTESTA SOCIAL en el Estado de Costa Rica en opinión de la Fundación de Derechos Humanos de Costa Rica FUNDEPRODE.
  • 😎 Dictar Medidas Cautelares urgentes a favor de los periodistas locales a quienes se les decomisan sus equipos de transmision sean teléfonos celulares ect, como lo es el hecho documentado en la población de Cañas Guanacaste dado que esta conducta REPRESORA constituye un probado AMEDRANTAMIENTO a la prensa alternativa independiente, cuyo objetivo es que el resto de la sociedad costarricense no tenga conocimiento de las provocaciones que llevan a cabo los cuerpos policiales para justificar esta BRUTALIDAD POLICIAL y con ello CRIMINALIZAR LA PROTESTA SOCIAL en el Estado de Costa Rica. MEDIDA CAUTELAR extensiva para todos aquellos que ejercen los Derechos Humanos protegidos por el artículo 13 de esta Convención Americana.
  • 9-) Dictar Medidas Cautelares URGENTISINAS a favor de población infanto juvenil en las zonas en las cuales se lleva a cabo una BRUTAL REPRESIÓN y a quienes los aquí denunciados, han VIOLADO GRAVEMENTE los DERECHOS PROTEGIDOS EN LA CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO RATIFICADA POR COSTA RICA EL 26 DE ENERO DE 1990.
  • 10-) Condenar al Estado de Costa Rica y los aquí denunciados al pago de costas, daños y perjuicios producto de las conductas violatorias de Derechos Humanos.

Para notificaciones:

1-A los denunciantes: Ing Carlos Manuel Vega Bolaños Costa Rica, Ciudad de Grecia, Barrio Latino costado noroeste Plaza de Futbol, Barrio Latino. Correo electrónico: ingcvega@yahoo.com

2-A los denunciados: Costa Rica, Casa Presidencia de Costa Rica, Zapote.

Agradeciendo de antemano la atención que le brindarán a la presente denuncia con Medidas Cautelares Urgentisimas, en espera de su amable respuesta, se despide de ustedes cordialmente;

Ing Carlos Manuel. Vega Bolaños         
SECRETARIO GENERAL
UNPROBANPO
Dirigente Comunal Cantón de Grecia
Egresado Universidad Para la Paz

El ingeniero Vega Bolaños solicitó a SURCOS dejar disponible el archivo para quien lo quiera descargar para apoyar su gestión:

U-050-2020-DENUNCIA-EN-CONTRA-DEL-ESTADO-DE-COSTA-RICA-CIDH-POR-REPRESIÓNDescarga