Se ADMITE en el plan de copago por servicios de salud que impulsa el gobierno que «no todo el mundo tendrá un dinero extra para ir a la atención privada, y que eso será decisión de cada quien». En otras palabras, se LEGALIZA el GENOCIDIO NACIONAL, tal y como ha ocurrido en palabras del estudioso Luchador Social Luis Alberto Jaén.
O despertamos del sueño de vivir en el país más feliz del mundo y Luchamos para que el Derecho a la SALUD como sinónimo del Derecho a la VIDA deje de ser un simple enunciado Constitucional, o no habrá campo en los cementerios.
Los Únicos Derrotados son los que dejan de Luchar.
SAN JOSÉ (31 de julio de 2023) – Los desafíos que enfrenta Costa Rica no son insuperables y el país podría lograr una atención de salud verdaderamente universal, dijo hoy la Relatora Especial de la ONU sobre el derecho a la salud, Tlaleng Mofokeng.
«Tanto los ciudadanos como los funcionarios públicos tienen un sentido de orgullo y nostalgia por un servicio de salud pública que funciona, y ahora es un momento oportuno para garantizar que la cobertura universal de salud sea verdaderamente universal», dijo Mofokeng en un comunicado al final de una visita de 10 días al país.
La experta de la ONU señaló que la formulación del derecho a la salud debe entenderse y expresarse como un derecho integral en la Constitución Política. El derecho a la salud se relaciona no solo con el acceso a los centros de salud, sino también con los determinantes subyacentes de la salud, dijo Mofokeng.
Lamentando que el aborto estuviera penalizado en Costa Rica, la Relatora Especial dijo que estas restricciones legales no estaban en línea con las normas internacionales de derechos humanos y los protocolos clínicos. «Deben ser enmendadas para despenalizar el aborto», dijo Mofokeng.
La experta felicitó el liderazgo de muchos funcionarios públicos en su deber de cuidado y en los relacionados con la respuesta al COVID-19 y señaló varias buenas prácticas relacionadas con los programas y los planes estratégicos nacionales. La Relatora Especial recomendó la participación de los titulares de derechos en todos los procesos.
Relatos profundamente personales sobre el racismo y la xenofobia de las poblaciones migrantes, los Pueblos Indígenas y las Personas de Afrodescendientes que viven en Costa Rica también fueron compartidos con la experta de la ONU durante su visita.
«La falta de datos desglosados impide la capacidad de analizar completamente la situación de grupos específicos y, por lo tanto, adoptar políticas y asignar recursos específicos desde una perspectiva de equidad», dijo Mofokeng.
Durante su visita, la experta se reunió con funcionarios del Gobierno y representantes de la Defensoría de los Habitantes, organizaciones internacionales, sociedad civil, profesionales de la salud y comunidades indígenas, en las provincias de San José y Limón.
La Relatora Especial presentará su informe final, incluidas las recomendaciones claves, al Consejo de Derechos Humanos en junio de 2024.
La emergencia en escuelas fumigadas en Costa Rica no es nueva en días recientes la Escuela de Villanueva de Upala, sufrió la semana pasada el impacto directo del abuso de agrotóxicos (Bloqueverde 2-5-23). La expansión piñera ha invadido los alrededores de Escuelas, Iglesias, Ebais y centros de población.
Costa Rica no cuenta con reglamentaciones sobre las fumigaciones sobre centros de población, centros educativos o de salud. Las autoridades se niegan a generar normativa al respecto.
Recientemente la fracción legislativa del Partido Frente Amplio presentó el proyecto de ley “para Regular la Fumigación Aérea, con el objetivo de salvaguardar a las poblaciones de los efectos nocivos de los agroquímicos que se utilizan en los cultivos en muchas zonas del país”. El proyecto ya está en corriente legislativa bajo el expediente N. 23.697.
Desde el Bloqueverde propuso que ese proyecto incluya además las fumigaciones realizadas por otros sistemas de aspersión terrestre como los tractores tipo “boom” y los equipos de fumigación menores como bombas de fumigar. Es decir, el país debe de alejar todas las fumigaciones de agrovenenos de núcleos de población, escuelas y centros de salud.
Por su parte el Frente Nacional de Sectores Afectados por las Plantaciones Piñeras solicitó a los diputados de la Asamblea Legislativa crear medidas para que las comunidades no sigan siendo fumigadas con plaguicidas y las piñeras. El FRENASAPP reitera la importancia de que se retiren al menos 200 metros (1).
Se reportan números casos en los que las comunidades se han quejado de fumigaciones que afectan centro de población. En el Congo de Guácimo, provincia de Limón, están expuestas todos los días a la aplicación de agroquímicos a pocos metros de sus casas. Cuando hay aplicaciones todas las familias deben de salir de sus propias casas para no ahogarse con el veneno.
Otro caso conocido fue la Escuela del Jobo de los Chiles en 2011, donde estudiantes estaban expuestos a los agrotóxicos diariamente debido a que la institución estaba rodeada por una plantación piñera (2).
Tras la cancha de fútbol se puede apreciar la escuela La Ceiba y la abrumadora proximidad de la finca piñera. (Foto: Christian Matamoros).
1. Tomasoni, M.; Actis, R. 2013 Introducción de las actividades agrícolas en base a la utilización de plaguicidas al procedimiento de evaluación de Impacto ambiental. Justicia Ambiental. El trabajo interdisciplinario en agro tóxico y transgénicos. Córdoba Argentina. https://es.scribd.com/document/177733196/Justicia-Ambiental
Tras la cancha de fútbol se puede apreciar la escuela La Ceiba y la abrumadora proximidad de la finca piñera. (Foto: Cristian Matamoros).
Urge la desintoxicación de la niñez costarricense
Bloqueverde. Una pequeña escuela de Upala, muy cerca de la frontera norte sufrió la semana pasada el impacto directo del abuso de agrotóxicos. En la Escuela de Villanueva de San José, 27 personas entre personal docente y escolares tuvieron que ser trasladadas de emergencia al Hospital de Upala por sufrir una grave intoxicación producto de una fumigación en plantaciones vecinas. Otro caso similar fue en agosto de 2019 en Platanar de Florencia de San Carlos en donde 21 estudiantes, maestros e incluso el director la Escuela La Ceiba fueron trasladados a centro medico local y al Hospital de San Carlos por culpa de una piñera irresponsable. Parecieran dos sucesos aislados, pero en realidad, son daños colaterales de los agro-venenos es el pan de cada día para cientos de comunidades costarricenses, incontables violaciones directas al derecho a la salud de miles de personas, especialmente niños, niñas y mujeres.
La Escuela de Salud Pública de la Universidad de Costa Rica, estudió la presencia de plaguicidas en las escuelas de Matina, Limón. El principal hallazgo fue demoledor: hay clorpirifós en las aulas, un insecticida que la Unión Europea ha decidido prohibir por causar daños cerebrales, problemas de aprendizaje y en el sistema nervioso de niños y niñas. La investigación de la UCR se desarrolló en 12 escuelas aledañas a plantaciones de banano y demostró presencia en le aire y el polvo de restos de clorpirifós y 17 agrovenenos rociados por las avionetas.
Por otro lado, se sabe desde 2014 el Instituto Regional en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional ha reportado que las mujeres embarazadas que viven cerca de plantaciones de banano del cantón de Matina en Limón, tienen elevadas cantidades de etilentiourea (ETU) en su orina. ETU es un derivado del plaguicida mancozeb, el cual se aplica mediante fumigación aérea en plantaciones de banano. El estudio se realizó con 445 mujeres en estado de embarazo que residen en la zona, a las cuales se les efectuaron exámenes de orina. Las investigadoras de la UNA visitaron esta población entre 2010 y 2011. El IRET lleva un récord a largo plazo sobre los efectos de la fumigación en la salud de esta población.
El Programa Infantes y Salud Ambiental, también de la Universidad Nacional, realiza una investigación desde hace seis años con niños menores de 9 años en el cantón de Talamanca. Ahí ha encontrado significativas concentraciones de sustancias tóxicas como Mancozeb en la orina. En este caso se ha podido establecer que los niños con mayor concentración de esta sustancia tienen más problemas de aprendizaje y de conducta. Lo que veremos por décadas y por varias generaciones, son las secuelas de la contaminación por agrotóxicos. Ya se han encontrado muestras de polvo con plaguicidas en: casas habitaciones, iglesias, escuela y hasta en colchones de las casas, en Cartagena de Guácimo.
El Frente Nacional de Sectores Afectados por la Expansión Piñera ha reportado que comunidades como el Congo de Guácimo, en Limón, también está expuesta todos los días a la aplicación de agroquímicos por parte de empresas piñeras a pocos metros de los casas de habitación y la escuela.
Los datos señalan que sólo un 25% de la aspersión de cualquier plaguicida da en el objetivo, el resto afecta directamente a otros organismos vivos hacia los cuales la aplicación no iba dirigida. También se tiene estimado que tan sólo el 32% de los plaguicidas asperjados fueron retenidos por las plantas objetivo de la aplicación; un 49% se depositó en el suelo y un 19% viajó por el aire a otras áreas vecinas.
En la actualidad no existe ninguna restricción o retiro que evite que se fumigue con estas sustancias peligrosas a pie de centros de salud, escuelas o zonas habitacionales. La Federación Costarricense para la Conservación de la Naturaleza (FECON) en enero de 2019 le propuso al Ministerio de Agricultura y Ganadería incluir dentro del Manual de “Buenas Prácticas Agrícolas” alejar las fumigaciones en un radios de al menos 200 metros de cualquier centro de estudios, EBAIS o centro de población.
En otros países latinoamericanos se han adoptado medidas para proteger a las poblaciones de las intoxicaciones. Por ejemplo la legislación provincial de Córdoba en Argentina, en la Ley N° 9164 “Productos Químicos O Biológicos De Uso Agropecuario” explícitamente en su Articulo 59 prohíbe la aplicación de estos productos dentro de un radio menor a 500 metros de asentamientos habitacionales.
Recientemente la fracción legislativa del Partido Frente Amplio presentó el proyecto de ley “para Regular la Fumigación Aérea, con el objetivo de salvaguardar a las poblaciones de los efectos nocivos de los agroquímicos que se utilizan en los cultivos en muchas zonas del país”. El proyecto ya está en corriente legislativa bajo el expediente N. 23.697.
Desde el ecologismo pensamos que este proyecto de ley va en la dirección correcta, pero debe de incluir además las fumigaciones realizadas por otros sistemas de aspersión terrestre como los tractores tipo “boom” y los equipos de fumigación menores como bombas de fumigar. Es decir, el país debe de alejar todas las fumigaciones de agrovenenos de núcleos de población, escuelas y centros de salud.
Tomasoni, M.; Actis, R. 2013 Introducción de las actividades agrícolas en base a la utilización de plaguicidas al procedimiento de evaluación de Impacto ambiental. Justicia Ambiental. El trabajo interdisciplinario en agro tóxico y transgénicos. Córdoba Argentina. https://es.scribd.com/document/177733196/Justicia-Ambiental
Piñeras deberían retirarse al menos 100 metros de escuelas, EBAIS y casas de habitación.
Córdoba G., Leonel. “Evaluación De La Contaminación Ambiental En Aire Y Polvo Por Plaguicidas, En 12 Centros Educativos Del Cantón De Matina, Limón.” Universidad De Costa Rica Sistema De Estudios De Posgrado. 2016.https://www.repositorio.una.ac.cr/handle/11056/13014
Menor del clan cabécar Kebeglowa e integrante de una de las familias recuperadoras de Kono Jú y Yuwi Senaglö, recibió atención de salud tardía por negligencia de la Cruz Roja.
Martes 20 de septiembre 2022. El pasado martes 12 de septiembre, el menor Alfred Zúñiga Fernández, del clan cabécar Kebeglowa e integrante de una de las familias recuperadoras de Kono Jú y Yuwi Senaglö -en el Territorio Cabécar de China Kichá-, presentó un deterioro en su salud. Los síntomas, ese día, fueron: vómito, diarrea, dolor de cabeza, fiebre y un dolor fuerte en las piernas y rodillas que le dificultaba caminar. Ese día su familia decidió atenderlo con plantas medicinales y otros remedios ancestrales.
Para el viernes 16 de septiembre la familia del menor decidió contactar a la Cruz Roja para que lo trasladara al Hospital Escalante Padilla en Pérez Zeledón. El EBAIS más cercano al Territorio Cabécar de China Kichá se encuentra desde la plaza del Territorio a 30 kilómetros, en la comunidad de San Pablo. Sin embargo, por la gravedad de los síntomas de Alfred, -quién ya no podía caminar, llevaba 3 días sin poder comer y estaba deshidratado-, su familia decidió que debía recibir una atención de salud mayor a la que se brinda en los EBAIS.
Desde las 9:00 AM a 12:00 MD la familia de Alfred contactó a la Cruz Roja. En la primera, segunda y tercera llamada la Cruz Roja se negó a trasladar al menor por falta de ambulancias. En la cuarta llamada, la Cruz Roja pidió que el menor fuera trasladado a la comunidad de San Antonio para que aprovechara el traslado de otra unidad a ese lugar, a lo que la familia alegó su imposibilidad de hacerlo por falta de recursos económicos para el traslado del menor hasta el punto de que solicitaba la Cruz Roja; siendo la misma razón por la que se pidió el apoyo de esa institución.
La Cruz Roja también dijo expresamente a la familia de Alfred que necesitaba escolta de la Fuerza Pública. Sin embargo, la familia de Alfred decidió no contactar a la policía porque en todas las ocasiones anteriores que se ha solicitado apoyo de la Fuerza Pública para escoltar a la Cruz Roja, u otras instancias, ésta se ha negado y se desconoce si la Cruz Roja coordinó con la Fuerza Pública.
Pese a ello, la familia de Alfred siguió presionando a la Cruz Roja argumentando que era una situación de emergencia y que la vida del menor estaba en peligro. A ello, la Cruz Roja dijo a la madre del menor de que su servicio no era de taxi.
Tras presiones junto a personas solidarias de la comunidad de Pérez Zeledón y el diputado del Frente Amplio, Ariel Robles, la Cruz Roja accedió a trasladar al menor siempre y cuando éste se encontrara en el centro del Territorio Cabécar de China Kichá. Al no encontrar otra solución, con enorme dificultad, el menor y su familia caminaron 1 kilómetro cuesta arriba hasta la plaza del Territorio. La ambulancia llegó sin ninguna escolta policial.
Ese día, Alfred fue diagnosticado con anemia y una infección a la altura de su caja torácica. Recibió suero, además de otros medicamentos y fue dado de alta ese mismo día. Para el día de hoy, la salud de Alfred sigue complicada pues sus síntomas no han disminuido significativamente. A esa preocupación, se suma la angustia de su familia al no contar con recursos económicos para movilizarse fuera del Territorio. Movilización que, además, exige una serie de condiciones de seguridad por el conflicto existente en China Kichá y en el que la madre, padre, hermanas y hermanos de Alfred han resultado afectados y agredidos por el accionar de la Fuerza Pública y personas no indígenas con intereses sobre los terrenos recuperados.
Este hecho es percibido por la familia de Alfred y otras personas de la comunidad cabécar como un acto de violencia y racismo institucional. No es la primera vez que esto sucede y tampoco es una situación que suceda únicamente en el Territorio Cabécar de China Kichá.
El argumento de seguridad de parte de la Cruz Roja no es responsabilidad alguna de los Pueblos Originarios, como tampoco lo es la ineficiencia de la Fuerza Pública que debería garantizar el bienestar e integridad de todas las personas dentro y fuera de los Territorios Indígenas. Como personas recuperadoras, reconocemos la existencia del conflicto y el riesgo que implica el mismo, sin embargo, no somos los responsables de la situación de inseguridad existente en nuestras comunidades y tampoco hemos realizado amenazas en contra de instituciones públicas como sí lo ha hecho la Asociación Multiétnica y Pluricultural de Buenos Aires (AMPBA) el pasado 21 de agosto, en palabras de Gonzalo Peraza Agüero, presidente de AMPBA.
Pese a ello, somos los Pueblos Originarios quienes cargamos con la violencia y racismo institucional que no sólo evita la entrada de una ambulancia a nuestros Territorios, sino que atenta contra nuestra integridad física y vida al no poder acceder a nuestro derecho a la salud.
Denunciamos:
A la Cruz Roja por la falta de ética e integridad a su trabajo y mandato. En situaciones de conflicto y tensión, su labor es todavía más importante. Además, es éste el sentido de su trabajo y mandato internacional.
A la Fuerza Pública por su ya reconocida falta de apoyo y su constante negación para escoltar tanto a organizaciones aliadas a nuestra causa como a otras instancias como la Cruz Roja.
Al Ejecutivo en pleno, por su falta de acciones en la mejora del acceso y disfrute de los Derechos Humanos de los Pueblos Originarios. Insistimos en que este tipo de violencia institucional no se limita al Territorio Cabécar de China Kichá.
Solicitamos a la Cruz Roja y a la Fuerza Pública un informe sobre lo sucedido en este caso; información que puede ser enviada al correo electrónico: coordinadoraluchass@gmail.com
Además, solicitamos a organizaciones, colectivos (as) y personas amigas a que estén atentas a nuestras próximas comunicaciones sobre la violencia institucional que sufrimos en el Territorio Cabécar de China Kichá y en otros Territorios de la zona sur. En numerosas ocasiones, esta situación nos genera la necesidad de solicitar apoyo económico para garantizar la movilidad de distintas personas recuperadoras y sus familias. Que la solidaridad siga presente en nuestros Pueblos, Territorios y país.
¡Justicia para Sergio, Jerhy y los Pueblos Originarios!
Recuperadoras y recuperadoras cabécares de Kono Jú.
Recuperadoras y recuperadoras cabécares de Yuwi Senaglö.
La Sala Constitucional dio trámite a Recurso de Amparo contra la ministra de Salud por no informar sobre acciones del Ministerio para atender a los afectados por ingesta de aguas contaminadas por arsénico desde hace más de 10 años.
El documento adjunto es la resolución dónde se consta algunas de las preguntas que debe responder la señora ministra.
El señor Daniel Salas fue condenado dos veces por los Magistrados por no responder a las mismas preguntas que se le formularon a la ahora ministra.
Las preguntas que nos hacemos es ¿Qué ocultan? ¿Por qué no quieren responder?
Cientos de vecinos sufren de enfermedades graves e incapacitantes, hay decenas de muertos, vecinos que sufren de ERN crónica y otras patologías asociadas al consumo de dicho elemento tóxico.
Solicitamos seguir la sugerencia del doctor Wong de la CCSS y realizar análisis de pelo, orina y sangre para detectar la presencia de arsénico en los vecinos, lo que ayudaría a prevenir los problemas. ¿Por qué se niegan a hacerlo en un número reducido de vecinos de Montenegro y Agua Caliente de Bagaces como plan piloto?
El derecho a la atención de la salud constituye un derecho fundamental, cuya prestación, por mandato constitucional, le compete a la Caja Costarricense de Seguro Social. Las personas merecen servicios de salud con calidad y oportunidad.
Lamentablemente, la problemática de las filas y las listas de espera es multifactorial, pero mayoritariamente obedecen, en primer lugar, a las exorbitantes deudas que los gobiernos de turno han acumulado por años, y que alcanzan los ₡3.000 millones de millones (₡3 billones) y por otra, un problema de gestión de recursos institucionales.
El tiempo de utilización de sala de operaciones, TUSH, indicador de rendimiento utilizado por la institución, por ejemplo, en varios centros de salud es bajo o ni siquiera se registra; y una buena parte de las salas de operaciones de los hospitales nacionales están desocupadas en horario vespertino, pero estos aspectos no fueron mencionados a la Sala Constitucional durante la comparecencia, en seguimiento de la sentencia estructural N20190005560 dictada por la Sala Constitucional, el 29 de marzo de 2019.
La “mágica” solución del Presidente Ejecutivo, Álvaro Ramos Chaves, para paliar la demanda insatisfecha es privatizar servicios, para favorecer los intereses de grandes consorcios privados de salud.
La CCSS cuenta con infraestructura (hospitales y salas de operaciones modernas), insumos y recurso humano sanitario especializado de altísima calidad para la atención de la salud costarricense, pero mientras los pacientes esperan impacientes; se subutiliza la infraestructura en diversos centros de salud, porque se obstaculiza el nombramiento del personal necesario para brindar la atención oportuna y el tiempo extraordinario ha sido satanizado, por el sector político-empresarial neoliberal y sus medios de prensa, hasta calificarlo casi de delito, lanzando campañas de odio y de desprestigio contra el abnegado personal de la Institución.
UNDECA exige que el gobierno le pague a la Caja, para poder construir nuevos hospitales y Áreas de Salud, dotar de equipos e insumos y resolver el enorme rezago de recursos humanos para brindar la atención primaria, especializada, diagnóstica y terapéutica, que demanda la población.
UNDECA rechaza las excusas, acciones y omisiones que promueven la privatización y demanda a las autoridades institucionales transparentar las listas de espera, rendir cuentas de la gestión y soluciones concretas e inmediatas que respondan a las necesidades de la población.
La privatización de servicios de salud en otros países ha tenido consecuencias desastrosas e inhumanas, profundizado durante la pandemia. El interés público debe prevalecer sobre los intereses que mercantilizan el derecho a la salud.
Este martes 09 de agosto, a las 11:00 horas tendrá un acto que responde a la lucha de la señora Elena Téllez Blanco en su búsqueda de justicia: el Estado costarricense ofrecerá una disculpa pública y reconocerá su responsabilidad por la violación del derecho a la igualdad y el principio de no discriminación al emplear estereotipos de género para justificar una jornada laboral incompatible con estándares internacionales; el derecho a la integridad personal, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, así como el derecho a la protección judicial.
Este caso representa una oportunidad para que el Estado costarricense adecue la legislación interna para asegurar que el régimen laboral de las personas auxiliares de servicios infantiles sea compatible con los estándares internacionales. El tema cobra especial relevancia en momentos en que el país discute las implicaciones de jornadas laborales superiores a las 8 horas, poniendo en evidencia las implicaciones que puedan tener para la salud integral y desarrollo pleno de las personas trabajadoras.
Cándido Amador Espinoza tiene años trabajando en chapia en Agroindustrial Piñas del Bosque S.A. – Finca Muelle, subsidiaria de Standard Fruit Company | Dole. El pasado fin de semana fue internado en el hospital, después de que la empresa se rehusara a aplicar las medidas médicas señaladas por el seguro social para preservar su salud.
Giorgio Trucchi / Con Obeth Morales
“Don Cándido viene padeciendo de problemas del corazón y solicitamos a la empresa su traslado a otra área de trabajo. Lamentablemente el procedimiento es muy largo y engorroso y la empresa no hace nada para agilizarlo, más si eres del sindicato”, dijo Obeth Morales, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Agroindustria y Afines (Sinatraa).
Agroindustrial Piñas del Bosque (Dole) acostumbra solicitar una certificación médica del especialista que está atendiendo al trabajador en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), donde se indique cuáles son las restricciones médicas, por cuanto tiempo y qué tipo de labores puede desempeñar.
“Obviamente el especialista sólo puede indicar los padecimientos del trabajador y pide que sea el doctor de la empresa a decidir qué labores puede hacer. De hecho lo que ocurre es que todo se vuelve muy engorroso y pasan meses antes de la reubicación”, manifestó Morales.
En el caso de Cándido Amador, su padecimiento cardíaco está relacionado con una intoxicación con agrotóxicos sufrida en los piñales de Dole.
Tuvo que ser internado en varias oportunidades, sin embargo la empresa nunca hizo efectiva su reubicación, y Cándido sigue expuesto a los efectos de las fumigaciones y a recaídas.
Además, chapear (desmalezar) es una labor muy pesada y esto empeora su condición.
El directivo sindical explicó a La Rel que hay varios compañeros que sufren situaciones muy similares.
“Javier Zúniga, con graves problemas de la columna, tiene dos meses esperando que lo reubiquen. También tenemos a Oscar, Hilda y muchos más que sufren de desgaste en las articulaciones y la empresa no actúa
Mientras tanto los tienen haciendo cualquier tipo de labor, desatendiendo las restricciones médicas. Esto es vergonzoso”, dijo Morales.
Hostigamiento, acoso y represión laboral
Una situación que por un lado evidencia la persistente insensibilidad de Dole y la crueldad de su sistema de relaciones laborales y, por el otro, demuestra la absoluta ineficiencia y complicidad de las autoridades costarricenses.
“El año pasado realizamos una reunión tripartita a la que también participó la Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria y Afines (Fentrag) y la Rel-UITA.
Presentamos una lista de los padecimientos y enfermedades que sufren trabajadores y trabajadoras, pero al final la empresa no quiso establecer un procedimiento expedito para atender los asuntos de salud.
Las autoridades se quedaron calladas y lo poco que acordamos no sirvió para nada. Los problemas siguieron iguales o hasta peores”, aseveró el secretario general del Sinatraa.
Para él, tanto el caso de Cándido Amador como el de muchos otros compañeros enfermos tienen también profundos rasgos antisindicales.
“Todos son afiliados al sindicato y les ‘cobran’ las luchas que han emprendido en estos años en defensa de los derechos laborales y sindicales.
Recientemente, por haber exigido que se les brindara el transporte para llegar a los lugares de trabajo, la empresa ha desencadenado una fuerte represalia.
Hostigamiento, acoso y represión laboral sólo son algunas de las formas sistematizadas de persecución antisindical “, concluyó Morales.
Un logro gracias a la lucha de las personas con discapacidad, familiares y funcionarios y exfuncionarios del CENARE
Por Lic. Luis Fernando Astorga Gatjens / Dr. Federico Montero Mejía
Como se podrá recordar, hace más un año, la CCSS convirtió el Centro Nacional de Rehabilitación (CENARE), en el CEACO (un hospital especializado para atender pacientes contagiados por el coronavirus).
Esta decisión afectó a centenares de personas con discapacidad, ya que aunque la Caja se comprometió a ofrecer alternativas de inmediato, no lo hizo. Tampoco las autoridades del CENARE exigieron el cumplimiento de tal compromiso y fueron condescendientes y pasivos ante una decisión que refleja la subvaloración, tanto de las personas con discapacidad como de los servicios de rehabilitación.
Las personas afectadas y sus familiares fuimos muy comprensivos y pacientes, ante la emergencia nacional generada por la pandemia. Sin embargo, las autoridades correspondientes no fueron respetuosas, ni se comprometieron seriamente con el derecho a la salud de las personas con discapacidad.
Ante esta situación, a inicios del mes de febrero enviamos una carta a la Junta Directiva de la Caja, suscrita por 172 personas. El ruido mediático que logró esa carta y otras acciones del personal del CENARE, hizo que la Caja asumiera el compromiso de que iba a reabrir el CENARE.
Así las cosas, aunque la reapertura de una sección del CENARE el día, 12 de abril representa un primer paso por el camino correcto de rectificación, el video producido por la CCSS para publicitar tal acción (que compartimos), pareciera indicar que la decisión ha sido solamente el resultado de una buena disposición de las autoridades, y no el resultado de las acciones y presiones ejercidas por funcionarios del CENARE, pacientes y padres de familia, y exfuncionarios de esa institución.
Las autoridades deberían de tener una conducta autocrítica y reconocer que no actuaron bien, al afectar a tantas personas que en los últimos meses requerían los servicios del CENARE y no los recibieron.
Ahora, estaremos vigilantes para que se reanuden todos los servicios. Ya lo advertimos: Si eso no se da en un tiempo razonable, nos movilizaremos y nos haremos presentes frente al edificio principal de la Caja hasta que la rectificación completa, sea una realidad.
¡Un paso de avance, pero la lucha sigue! ¡Vigilancia activa en el derecho a la salud ¡Sin acción, no hay derechos!
