La falta de personal, la sobrecarga laboral, la deuda del gobierno y la deficiente infraestructura no se resuelven culpando a quienes atienden a las personas pacientes.
Comunicado de UNDECA
La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Socialrechaza las declaraciones de la presidenta ejecutiva de la Caja, Mónica Taylor Hernández, quien, ante la grave saturación de los servicios de emergencias, manifestó al diario La Nación: “Lamentablemente, el personal es el que no está colaborando”.
Estas declaraciones resultan preocupantes porque trasladan a las personas trabajadoras la responsabilidad de una crisis que tiene causas estructurales que el anterior gobierno no resolvió: falta de personal de enfermería, tecnólogos, especialistas, insuficiencia de camas e infraestructura hospitalaria, limitaciones de equipamiento, problemas de gestión y una deuda acumulada del Estado con la CCSS que debe ser atendida.
La misma Auditoría señaló las deficiencias y advierte sobre retrasos en procedimientos críticos y riesgos de complicaciones y mortalidad potencialmente evitable.
La saturación en los servicios de emergencias en varios hospitales, con pacientes esperando durante días una cama o un procedimiento, compromete gravemente sus derechos fundamentales a la salud, la vida, la dignidad humana y la atención oportuna, segura y de calidad.
Los trabajadores no pueden convertirse en el blanco de la frustración ciudadana por decisiones y problemas institucionales que no está en sus manos resolver.
La responsabilidad de una jerarquía no consiste solamente en dirigir: también debe proteger la dignidad, la integridad y la seguridad de las personas trabajadoras.
La crisis hospitalaria no se resuelve mediante declaraciones que desacreditan al personal. Se requiere que el gobierno cumpla sus obligaciones financieras con la CCSS, resolver la falta de personal, fortalecer los equipos de salud, ampliar la disponibilidad de camas, construir nueva infraestructura y garantizar el equipamiento necesario.
Exigimos respuestas inmediatas, decisiones institucionales responsables y rendición de cuentas de las autoridades competentes.
La defensa de los trabajadores y el derecho de la población a recibir atención digna, oportuna y de calidad son parte de una misma lucha.
La Red Nacional de Sectores Sociales (RENASES) envió una carta a la presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, para pedirle que interceda y ordene el inicio de la construcción del nuevo hospital de Cartago. La carta está firmada por José Oviedo Chaves, coordinador de la Red, y fechada el 1 de noviembre en Cartago, en el marco de la celebración del 85.º aniversario de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Según relata la misiva, ese domingo hubo una celebración en la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles para agradecer por los 85 años de la fundación de la CCSS. Luego, entre cimarrona y mascaradas, las personas asistentes recorrieron las calles de Cartago hasta la Plaza Mayor, donde las esperaban grupos folclóricos de personas adultas mayores, comparsas y bandas estudiantiles.
Después de los mensajes de representantes de personas trabajadoras de la CCSS, del sector agrícola, del movimiento sindical y de otras organizaciones civiles, se realizó una marcha pacífica hacia el Hospital Max Peralta. El objetivo era recordar la urgencia de que la población usuaria del sistema de salud pública cuente con un nuevo hospital, «con miras a asegurar el derecho humano a la salud».
RENASES se dirige a la mandataria como una compatriota que reside en la provincia y que «sabe de nuestras penurias cuando salimos a la asistencia hospitalaria». Expresa la esperanza de que ejerza las facultades de su investidura para ordenar el inicio de la obra, «más, cuando el banderazo inicial de la obra depende de la voluntad política». Según la organización, todos los componentes están en orden: el terreno, el financiamiento, los planos constructivos, la empresa constructora contratada y la consulta de legalidad de los actos requeridos.
La carta va acompañada de las firmas de personas que participaron en la celebración del aniversario de «la institución de todos los costarricenses, la Caja».
La Red se pone a disposición para recibir a una delegación o dialogar con la presidenta sobre el tema, por medio del correo-e renases.cr@gmail.com
El colectivo Mujeres por Costa Rica convoca a la marcha «Por la defensa de la CCSS», que se realizará el domingo 8 de noviembre. La salida será a las 9:00 a. m. desde el parque La Merced, en San José, y la marcha se dirigirá a las oficinas centrales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
«La Caja nos cuida en los momentos más difíciles. Hoy nos toca unirnos para defenderla y exigir que se fortalezca, para que todas las personas reciban la atención que necesitan», señala la organización en su convocatoria, e invita a marchar «por nuestra salud, nuestras familias y nuestro futuro».
La actividad se convoca bajo las consignas «¡Esta dama no se toca!» y «¡La Caja se defiende y se fortalece!».
SURCOS ya publicó la convocatoria a esta movilización, que forma parte de las acciones de distintas organizaciones sociales en defensa de la seguridad social y del fortalecimiento de la CCSS. Puede consultarla en este enlace.
Datos de la actividad
Qué: marcha por la defensa de la CCSS
Cuándo: domingo 8 de noviembre, salida a las 9:00 a. m.
Dónde: del parque La Merced, San José, hacia las oficinas centrales de la CCSS
La decisión del Consejo de Gobierno pone en riesgo el normal funcionamiento de la CCSS y el derecho a la salud de la población
El Movimiento Sindical de Costa Rica manifiesta su más enérgico rechazo al acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno, mediante el cual se rechazó el nombramiento de la señora Rocío Alfaro Molina como representante titular y de la señora Martha Elena Rodríguez González como representante suplente ante la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), poniendo en riesgo el funcionamiento de su Junta Directiva.
Esta decisión constituye un grave precedente para la democracia, la libertad sindical y la autonomía de las organizaciones de trabajadores, al desconocer la voluntad soberana expresada por el Movimiento Sindical mediante el procedimiento democrático previsto en el artículo 6 de la Ley Constitutiva de la CCSS.
El Consejo de Gobierno ha sustituido, mediante valoraciones subjetivas y discrecionales, la decisión adoptada por las organizaciones sindicales, arrogándose una facultad que la ley no le confiere. La potestad de verificar el cumplimiento de requisitos legales no autoriza a descalificar a la persona democráticamente electa mediante interpretaciones restrictivas ni a imponer requisitos que el legislador nunca estableció.
El Movimiento Sindical reafirma que la representación de las personas trabajadoras ante la Junta Directiva de la CCSS pertenece a las organizaciones sindicales y debe respetar la decisión adoptada democráticamente por estas, conforme al mandato de la Ley Constitutiva de la institución.
Por ello, anunciamos que agotaremos todas las vías de presión social, administrativas y judiciales nacionales e internacionales que el ordenamiento jurídico reconoce para la defensa de la autonomía sindical, la legalidad y el respeto al Estado Social de Derecho.
Finalmente, hacemos un llamado a todas las organizaciones sociales, sindicales y a la ciudadanía a mantenerse vigilantes en defensa de su derecho a la salud, a las pensiones, a la vida y de la institucionalidad democrática que garantiza la CCSS.
La defensa de la Caja Costarricense de Seguro Social también exige defender el respeto a la ley, la democracia y la representación legítima de las personas trabajadoras.
La Federación de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Superior (FESITRAES) realizará el conversatorio “La CCSS en disputa: derechos, pensiones y defensa del sistema de seguridad social”, un espacio de análisis y diálogo sobre los desafíos que enfrenta la seguridad social costarricense y las propuestas para fortalecer la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
La actividad se llevará a cabo el 10 de junio de 2026 a las 2:00 p.m., con transmisión a través del canal de YouTube de SIUNED, y reunirá a especialistas y personas activistas vinculadas a la defensa de la salud pública y la seguridad social.
El conversatorio contará con la participación del Dr. Leiner Vargas, economista y catedrático del Centro Internacional en Política Económica (CINPE) de la Universidad Nacional (UNA), quien aportará elementos de análisis sobre la situación económica y financiera de la seguridad social costarricense.
También participará la Dra. Natalia Solís Rojas, especialista en medicina interna e infectología de la CCSS, activista social e integrante de las coordinaciones de Unidos por la CCSS y del Frente Nacional de Lucha (FNL).
El panel se complementa con la participación de Deivis Ovares Morales, auxiliar de enfermería de la CCSS, activista social y sindical, quien forma parte de las coordinaciones del Frente Nacional por la Seguridad Social (FRENASS) y del Frente Nacional de Lucha.
Según las organizaciones convocantes, el encuentro busca generar una reflexión colectiva sobre el presente y el futuro de la seguridad social en Costa Rica, abordando temas relacionados con el derecho a la salud, el régimen de pensiones, el financiamiento de la CCSS y los desafíos que enfrenta una de las instituciones más emblemáticas del Estado Social de Derecho costarricense.
La actividad se realiza en articulación con diversas organizaciones sindicales comprometidas con la defensa de la CCSS, entre ellas SINDEU, SITUN, AFITEC, UTRAUTN y SIUNED.
Las personas organizadoras destacan que el conversatorio forma parte de los esfuerzos para promover el debate público y la participación ciudadana en torno a la protección de la seguridad social, en un contexto de discusión nacional sobre el financiamiento, la gestión y el futuro de la Caja Costarricense de Seguro Social.
Fecha: 10 de junio de 2026 Hora: 2:00 p.m. (hora de Costa Rica) Transmisión: YouTube SIUNED Enlace:https://youtu.be/KlJY_5mwUfk
La convocatoria se realiza bajo la consigna: “En defensa de la CCSS, por el derecho a la salud y la seguridad social”.
Un estudio dirigido a la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social sostiene que el problema de las listas de espera en consulta médica especializada puede reducirse significativamente mediante medidas administrativas y de gestión, sin necesidad de aumentar los costos en servicios personales.
El documento, elaborado por el médico Carlos Zamora Zamora, analiza el comportamiento de la contratación de médicos y la producción de consultas especializadas en hospitales de la Caja entre 2004 y 2025. A partir de ese análisis concluye que existe una “contracción continuada” y “paradójica” de la oferta de servicios especializados, pese al aumento sostenido de personal médico contratado.
La investigación parte de la preocupación por la existencia de centenares de miles de personas en listas de espera para obtener atención especializada, situación que —según el autor— afecta el derecho a la salud y genera incertidumbre y angustia en la población.
El estudio señala que frecuentemente se atribuye el problema a limitaciones de recursos, cambios demográficos o factores epidemiológicos, pero afirma que rara vez se examinan de forma rigurosa aspectos relacionados con la administración de servicios y la gestión institucional.
Entre los principales hallazgos, el documento destaca que la cantidad de médicos contratados en hospitales de la Caja pasó de 1.825 en 2004 a 4.251 en 2025, mientras que la producción de consultas especializadas prácticamente permaneció estancada.
El análisis señala que en 2014 se alcanzó el punto más alto de producción con 2.587.000 consultas y 2.984 médicos. Sin embargo, en 2025, con 4.251 médicos contratados, se realizaron 2.278.000 consultas, es decir, aproximadamente 300.000 menos que en el año de mayor producción.
Según el estudio, esta discrepancia evidencia un deterioro progresivo en el rendimiento de los servicios de consulta externa especializada y una reducción real de la oferta, especialmente si se considera el crecimiento demográfico del país.
El documento estructura el análisis en varios apartados:
una carta pública dirigida a la Junta Directiva de la Caja;
un adendum técnico sobre listas de espera y tendencias de los servicios entre 2004 y 2025;
cuadros comparativos sobre contratación de médicos y producción de consultas en hospitales nacionales, regionales y periféricos;
y un análisis de tendencias institucionales y de rendimiento.
El estudio incluye comparaciones entre distintos tipos de hospitales y muestra que, en numerosos centros médicos, la contratación de especialistas creció mucho más rápido que la cantidad de consultas efectivamente realizadas.
Entre los argumentos centrales del autor se encuentra la idea de que la magnitud de la diferencia entre recursos contratados y servicios producidos no puede explicarse únicamente por factores externos como la pandemia. Aunque reconoce el impacto del COVID-19, sostiene que la tendencia decreciente venía manifestándose desde años anteriores y continuó después de la emergencia sanitaria.
El autor plantea que la situación podría estar asociada con cambios en la forma de administrar los recursos, medidas institucionales que habrían favorecido ineficiencias, incumplimiento de normas reglamentarias y debilidades en los mecanismos de control de labores.
Asimismo, afirma que el comportamiento observado sería inaceptable en cualquier organización pública o privada:
“Ante una divergencia como esta entre el desempeño de los recursos contratados y la producción, cualquier empresa, desde la panadería del barrio hasta la transnacional más poderosa, procedería a revisar con urgencia su administración y su gerencia”.
El documento sostiene además que las listas de espera no solo pueden intervenirse, sino también reducirse y equilibrarse en un plazo relativamente corto mediante acciones administrativas sencillas.
En el cierre del estudio, Zamora concluye:
“Con base en los resultados mostrados puede afirmarse que es posible resolver el problema de listas de espera en consulta especializada”.
El autor indicó que está dispuesto a ampliar los resultados del análisis y presentar propuestas concretas para atender las listas de espera en la institución.
La Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social remitió una carta dirigida a la Unión Médica Nacional (UMN), en la que expresa su respaldo al Sindicato del Frente Hospitalario Nacional y Afines (SIFREHN) ante lo que considera una amenaza de suspensión del servicio de teleconsulta brindado por médicos vinculados a ese sindicato. El documento plantea la necesidad de que el movimiento sindical del sector salud valore esta situación y adopte una posición frente a las posibles sanciones. La misma nota alude a otras organizaciones sindicales del sector con el mismo ánimo.
En la comunicación, la Auditoría Ciudadana advierte que la teleconsulta cuenta con respaldo legal en el país y ha sido una herramienta relevante para enfrentar las limitaciones de acceso a citas médicas, especialmente en el primer nivel de atención. Asimismo, señala que restringir este servicio podría afectar tanto el ejercicio profesional de los médicos como el derecho de las personas usuarias a recibir atención oportuna, en un contexto marcado por extensas listas de espera en la seguridad social.
A continuación, publicamos la carta íntegra enviada por la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social a la Unión Médica Nacional:
AUDITORÍA CIUDADANA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
24 de marzo de 2026 ACSS-013-2026
Doctor: Edwin Solano Alfaro, Secretario General UNIÓN MEDICA NACIONAL (UMN) Sindicato Médico, Costa Rica Presente
Asunto: Apoyo y respaldo a la oposición del Sindicato Frente Hospitalario Nacional y Afines (SIFREHN) ante la amenaza ilegal de suspender la prestación del servicio de salud de Teleconsulta a médicos que laboran en Consultorios Médicos subvencionados por el SIFREHN.
Estimado señor:
El Decreto Ejecutivo y del Ministerio de Salud N° 44363-S del 20 de mayo del 2024 “REGLAMENTO PARA EL CONTROL Y REGULACIÓN DE LA TELE-CONSULTA SANITARIA EN COSTA RICA” establece claramente en el artículo 2 del Capítulo 1 y en el artículo 7 de su Capítulo 2, el amplio e incuestionable respaldo legal y su correspondiente regulación, para que los médicos en Costa Rica puedan efectuar, según sus criterios, consulta virtual o “TELECONSULTA” a sus pacientes.
Obviamente como decreto ejecutivo del ente rector de la salud pública del país, al igual que la Ley General de Salud, están jurídicamente por encima de cualquier reglamentación institucional en dicho campo, de acuerdo con la pirámide de Kelsen.
Es reconocida la gran dificultad existente para conseguir una cita médica en el primer nivel de atención de los EBAIS y basta recordar la frase de la propia Defensoría de los Habitantes de que “sacar cita en un EBAIS resulta casi imposible”, con lo que se violenta el derecho fundamental consagrado en el artículo 21 de la Constitución Política: “…el derecho a la vida, a la salud y atención médica oportuna”. Ante tal situación y la premura en algunos casos, el paciente que tiene la posibilidad económica y de ubicación geográfica, podría recurrir a la atención médica privada o en su defecto acudir al servicio de teleconsulta de servicios de salud, el resto se quedaría sin la atención en salud.
Sin embargo y pese a lo indicado en los párrafos anteriores, unos abogados de la Fiscalía del Colegio de Médicos, en contubernio con un ¡“criminólogo”! supuestamente contratado como agente encubierto por dicha fiscalía, informan que “comprobaron”, mediante atención médica por teleconsulta fingida de dicho impostor, que éste fue atendido y no en forma presencial en dos ocasiones, por los médicos que laboran en los dos consultorios establecidos, hace más de cuatro años, por el Sindicato del Frente Hospitalario Nacional y Afines -SIFREHN- para servicio de trabajadores asegurados y pacientes en general, muchos de ellos en delicado estado de salud (por las causas comentadas y de todos conocidas de las listas de espera) de forma gratuita los afiliados y los particulares con un costo mínimo. Así, con la prueba espuria, presuntamente obtenida con dicha farsa, se recomienda imponer, ahora ante el propio Colegio de Médicos “una medida cautelar para no poder volver a ejercer el pleno derecho a la teleconsulta”, intentando además que se les suspenda profesionalmente a cada uno, durante uno, dos o incluso más años, violentando el derecho al trabajo como lo establecen los artículos 39, 41 y 56 de nuestra Carta Magna ya que la subjetiva declaración del criminólogo contratado por la Fiscalía y el obtuso criterio del Licenciado y de una médica asesora, “fue de gran magnitud y amerita tal sanción, al haber cometido con él y su descarada mentira, una criminal teleconsulta” en dos ocasiones diferentes ya que los médicos que atienden los consultorios del SIFREHN, aceptaron sus sentidas e insistentes peticiones telefónicas de ayuda.
El servicio de Teleconsulta que presta desde hace cuatro años el sindicato SIFREHN es público, legal y de muchos interesados conocido, y para información de los afiliados al Sindicato, familiares y otros pacientes, se exhibe una gran manta informativa al público, donde se consigna abierta y claramente el servicio médico gratuito de atención tanto presencial como por teleconsulta, subvencionado por el Sindicato. De tal manera, pareciera que las autoridades de la Caja y del propio Colegio de Médicos, castigan las buenas obras en el tema de salud, obviando el juramento hipocrático que establece las bases morales de la medicina, entre ellas actuar en beneficio del paciente.
Además resulta que también los mandos medios de la CCSS, conjuntamente con los mandos gerenciales, en buena medida responsables de la ineficiente prestación de los servicios médico-asistenciales del Seguro de Salud (SEM) a la población y por lo tanto, de las “listas de espera”, y también de la debacle del IVM, ni siquiera esperan a que “haya un fallo en contra de los galenos en cuestión y arremeten arbitrariamente, sin debido proceso alguno, nuevamente contra uno de los médicos del SIFREHN, emitiendo un comunicado con fecha 23 de enero del 2026, en que se indica a las Comisiones Regionales de Evaluación de Licencias e Incapacidades de las Sedes Regionales del País, “no homologar ningún certificado emitido por él”, violentando su actuación médica legítima, su derecho al trabajo y el derecho de sus pacientes, e irrespetando el Fuero Sindical del sindicato SIFREHN.
La Teleconsulta en Costa Rica se ha consolidado como una herramienta clave para enfrentar las listas de espera y mejorar el acceso en zonas rurales, especialmente bajo la gestión de la Caja Costarricense de Seguro Social. En febrero de 2025, se actualizaron los lineamientos para fortalecer la Telemedicina y Teleservicios en Salud, en parte migrando del concepto de “atención presencial” a la modalidad de Atención Telepresencial (MATP). El seguimiento de datos en la aplicación EDUS permite al médico la atención a distancia, bajar los costos por consulta y acortar grandes distancias que podrían separar al paciente del médico y, entre otros beneficios de la Teleconsulta, la Institución se comprometió a realizar más de 730.000 atenciones para reducir tiempos de espera, mediante diversas modalidades, incluyendo la Telemedicina. Como ejemplo de la prestación virtual de servicios, que no ha resuelto el problema de la justicia pronta y cumplida pero ha paliado un poco la situación, en la Corte Suprema de Justicia se realizan gran cantidad de juicios virtuales diariamente, ya que en muchas ocasiones el testigo se ubica en una provincia determinada y el juicio es en otra provincia lejana, de tal forma que no podemos rechazar una herramienta que está a las puertas del futuro, de una modalidad importante de prestación de servicios de salud, en beneficio de los habitantes de Costa Rica y de la propia Institución de Seguridad Social.
Ante una situación tan delicada, nos solidarizamos con el Sindicato SIFREHN e instamos a las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social: Presidencia Ejecutiva de la CCSS, la Junta Directiva en pleno, a la Dra. Paula Cristina Villalobos Solano, de la Comisión Central Evaluadora de Licencias e Incapacidades, al Colegio de Médicos y Cirujanos y su Tribunal de Ética y Moral; y a las organizaciones sindicales UNDECA, SINAE y ANEP, CEN SIPROCIMECA y UNIÓN MÉDICA NACIONAL; las primeras a reconsiderar los posibles castigos hacia los médicos tergiversados, pues han actuado con gran sentido humanístico en la totalidad de casos actualmente realizados, luego en la prestación de servicios de salud por voluntariado y como colaboradores del SIFREHN e históricamente de la misma manera como funcionarios insignes de la propia Institución C.C.S.S. por más de 40 años de servicios ininterrumpidos y a las citadas organizaciones sociales a pronunciarse al respecto, ya que la pérdida del gran beneficio de la Teleconsulta como derecho del paciente, amenazaría con agravar aún más la existencia de más de un millón doscientos mil pacientes en la zozobra de formar parte de esas desesperantes listas de espera.
Dr. Alfredo Ramírez Montero MBA. Juan Carlos Aguilar Zamora M.Sc. Rodrigo Arias López Lic. Jorge García Araya Lic. Carlos Eduardo González Arroyo Sr. Edgar Mesén Sánchez
El Sindicato del Frente Hospitalario Nacional y Afines (SIFREHN) y la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social emitieron un pronunciamiento en el que expresan preocupación por acciones que, a su juicio, amenazan el ejercicio de la teleconsulta médica y afectan tanto a profesionales en ciencias médicas como a personas pacientes.
Según el documento, el Decreto Ejecutivo N.° 44363-S del 20 de mayo de 2024, denominado Reglamento para el control y regulación de la teleconsulta sanitaria en Costa Rica, establece respaldo normativo para que los médicos puedan realizar consulta virtual de acuerdo con su criterio profesional. El texto cita, en particular, el artículo 2 del capítulo I y el artículo 7 del capítulo II como fundamento de esa posibilidad.
El pronunciamiento subraya que la teleconsulta representa una herramienta relevante en el contexto de las dificultades de acceso a citas presenciales en el primer nivel de atención, especialmente en los EBAIS. Desde esa perspectiva, plantea que la atención médica virtual constituye una alternativa importante para resguardar el derecho a la salud de la población.
Cuestionamientos a actuaciones del Colegio de Médicos y de la CCSS
El documento denuncia que la Fiscalía del Colegio de Médicos impulsó actuaciones contra médicos vinculados a dos consultorios establecidos por SIFREHN, a partir de una investigación relacionada con atenciones brindadas por teleconsulta. Según el texto, a raíz de ese proceso se pretende imponer medidas cautelares para impedir que continúe la atención por esta vía, así como eventuales sanciones profesionales.
Además, el pronunciamiento cuestiona un comunicado fechado el 23 de enero de 2026, atribuido a instancias de la CCSS, mediante el cual se habría indicado a las comisiones regionales de evaluación de licencias e incapacidades no homologar certificados emitidos por uno de los médicos del sindicato. El documento sostiene que esa decisión afecta el ejercicio profesional, el derecho al trabajo y la atención de los pacientes.
Teleconsulta y acceso a servicios de salud
SIFREHN y la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social vinculan esta situación con el contexto más amplio de dificultades en la prestación de servicios del seguro de salud, incluyendo los problemas de acceso y las listas de espera. En ese marco, argumentan que limitar la teleconsulta podría agravar las barreras que ya enfrentan muchas personas para recibir atención médica oportuna.
El documento hace un llamado a sindicatos, asociaciones de trabajadores y organizaciones del sector salud para que se pronuncien sobre esta situación y defiendan la teleconsulta como una modalidad legítima de atención médica, en el entendido de que su uso puede contribuir a ampliar el acceso a servicios sanitarios.
El pronunciamiento aparece suscrito:
Dr. Alfredo Ramírez M. Por Sindicato SIFREHN Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social
El Concejo Municipal del Cantón Central de San José aprobó la creación de una Comisión Especial por el derecho a la salud en el distrito de San Sebastián, con el objetivo de investigar, evaluar y formular recomendaciones sobre la prestación de los servicios de salud en esa comunidad.
La decisión fue adoptada mediante el Acuerdo 8, Artículo V de la Sesión Ordinaria N.º 096, celebrada el 3 de marzo de 2026, tras una moción presentada por la regidora Zúñiga Pérez y suscrita por el regidor Guadamuz Villalobos, la cual fue aprobada por unanimidad.
Evaluación de la tercerización de servicios de salud
Según el acuerdo municipal, la comisión tendrá como objetivo principal analizar los procesos de tercerización de los servicios del área de salud del distrito de San Sebastián, tomando en cuenta denuncias ciudadanas y estudios presentados por asociaciones civiles y organizaciones comunitarias.
La instancia también buscará generar propuestas y recomendaciones orientadas al mejoramiento de la prestación de servicios de salud, acompañando a las comunidades en la canalización de sus inquietudes y solicitudes ante las instituciones competentes.
Fundamentos legales y derechos ciudadanos
La creación de la comisión se fundamenta en diversos principios legales y constitucionales vinculados con el derecho a la salud y el bienestar de la población.
Entre ellos se citan el Artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que reconoce el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado que garantice su salud y bienestar, así como el Artículo 50 de la Constitución Política de Costa Rica, que establece el deber del Estado de procurar el mayor bienestar para todas las personas habitantes del país.
Asimismo, se hace referencia a la Ley General de Salud (N.º 5395), que define la salud de la población como un bien de interés público tutelado por el Estado.
Participación institucional y comunitaria
La comisión estará integrada por cinco personas: cuatro regidurías y la persona síndica del Concejo de Distrito de San Sebastián. Además, se prevé la participación de tres representantes de sectores comunales, quienes podrán intervenir con voz en el proceso de análisis y deliberación.
El Concejo Municipal estableció un plazo de 90 días para que la comisión cumpla sus objetivos y presente los resultados de su trabajo.
Salud y desarrollo local
En el acuerdo también se señala que el Plan de Desarrollo Municipal 2024-2028 del cantón de San José incluye como uno de sus ejes el fortalecimiento del bienestar de la población mediante la mejora en la calidad y acceso a los servicios de salud.
Las prestaciones de los centros de salud del cantón son consideradas un elemento fundamental para garantizar los derechos humanos de la población y responder a las necesidades reales de las comunidades.
Muchas gracias por acompañarme. Permítanme decir unas palabras sobre algunas de las mentiras y distorsiones que el presidente Trump hizo anoche en su discurso sobre el Estado de la Unión. Y no se preocupen, a diferencia de Trump, no voy a extenderme durante una hora y 47 minutos. Será bastante más corto que eso.
Anoche, como recordarán, el presidente Trump afirmó, cito: “Miembros del Congreso y compatriotas estadounidenses, nuestra nación ha vuelto. Más grande, mejor, más rica y más fuerte que nunca”. Fin de la cita. Bueno, debo admitir que Trump acertó a medias. Él y sus amigos multimillonarios son, en efecto, más ricos que nunca. Desde que es presidente, como resultado de un nivel sin precedentes de cleptocracia, la familia de Trump es ahora 4.000 millones de dólares más rica que antes de que fuera elegido. Sin mencionar el avión de 400 millones de dólares que recibió como regalo de la familia real de Qatar. Además, la clase multimillonaria en su conjunto está obteniendo resultados increíblemente favorables bajo Trump.
Desde su elección, los multimillonarios han visto un aumento de 1,5 billones de dólares en su riqueza. Eso es realmente extraordinario.
El resultado es que ahora tenemos más desigualdad de ingresos y de riqueza que en cualquier otro momento de la historia de nuestra nación. Pero mientras las personas más ricas están prosperando de manera extraordinaria, sorpresa, sorpresa, esto es lo que Trump no mencionó.
Hoy en Estados Unidos, más del 60% de nuestra población vive al día, con millones de estadounidenses luchando por poner comida en la mesa, pagar la vivienda, la atención médica, el cuidado infantil, la educación y otras necesidades básicas de la vida. 60% de nuestra gente viviendo al día. Trump simplemente se olvidó de hablar de eso. Hoy en Estados Unidos, más de 20 millones de hogares están destinando más de la mitad de sus ingresos limitados a la vivienda y casi 800.000 personas no tienen hogar.
Hoy en Estados Unidos, el 21% de nuestros adultos mayores intenta sobrevivir con menos de 15.000 dólares al año. Intenten hacerlo. Intenten sobrevivir con 15.000 dólares al año. Y casi la mitad de los trabajadores mayores no tiene ningún ahorro para la jubilación. Hoy en Estados Unidos, cientos de miles de jóvenes brillantes no pueden costear la universidad y más de 40 millones están lidiando con niveles escandalosos de deuda estudiantil. Hoy en Estados Unidos tenemos una de las tasas más altas de pobreza infantil entre los países principales del mundo. Ahora bien, si esa es la economía en auge, la mejor economía en la historia de la humanidad, si eso es de lo que Trump está hablando, que Dios nos ayude.
Además, sobre otro tema, Trump dijo anoche que quiere, cito: “Detener a los extranjeros ilegales y a otras personas no autorizadas de votar en nuestras sagradas elecciones estadounidenses, donde el fraude es desenfrenado”. Fin de la cita, según Donald Trump.
Para empezar, me parece interesante que Trump hable de nuestras elecciones sagradas. Este es el mismo hombre que, después de las elecciones de 2020, fue grabado presionando por teléfono al secretario de Estado de Georgia para, cito, “encontrar 11.780 votos”, fin de la cita, para poder revertir el resultado. Supongo que esa elección en Georgia no era tan sagrada. Este es el mismo hombre que provocó una insurrección violenta el 6 de enero de 2021 para intentar revertir una elección que perdió y permanecer en el poder. Y a pesar de más de 60 casos judiciales que dictaminaron lo contrario, sigue afirmando que ganó las elecciones de 2020 y que le fueron robadas.
Este hombre que dice que nuestras elecciones son sagradas todavía no ha afirmado que no buscará un tercer mandato, a pesar de que eso es claramente inconstitucional. La Constitución limita a las personas a dos mandatos.
Pero aquí está la verdad sobre nuestras elecciones.
A pesar de que 154 millones de estadounidenses en los 50 estados votaron en la última elección, el fraude electoral en nuestro país es extremadamente raro. Incluso la base de datos de delitos electorales de la conservadora Fundación Heritage, partidaria de Trump, registró solo 24 casos de no ciudadanos votando en elecciones estadounidenses entre 2003 y 2023.
Cientos de millones de votantes en un período de 21 años, 24 casos de no ciudadanos votando. Eso no es precisamente una crisis. Pero esa gran mentira de que millones y millones de personas indocumentadas están votando es la base del SAVE Act, una legislación que efectivamente obligaría a cada estadounidense a presentar un pasaporte o un certificado de nacimiento para registrarse para votar. Así que detengámonos un momento. ¿Tiene usted pasaporte? Algunos sí. Muchos no. ¿Tiene su certificado de nacimiento? Francamente, yo no. ¿Cómo va a conseguir ese certificado? Pues bien, si no tiene pasaporte ni certificado de nacimiento, no podrá registrarse para votar. Eso despojaría de sus derechos a millones y millones de personas. Despojaría del derecho al voto a millones de mujeres que cambiaron su apellido después de casarse y cuyos documentos ya no coinciden, así como a millones de otros estadounidenses que simplemente no tienen pasaporte ni certificado de nacimiento.
Y luego está el tema de la inmigración del que Trump habló anoche, donde se jactó y cito: “Estamos deportando a criminales extranjeros ilegales de nuestro país en números récord y los estamos sacando de aquí rapidísimo”. Fin de la cita. Bueno, no exactamente la verdad. La realidad es que menos del 14% de las personas arrestadas por ICE en el primer año de Trump de regreso en el cargo tenían antecedentes de delitos violentos. El 86% no los tenía.
Pero la verdad es, como hemos visto en nuestras pantallas de televisión, que ICE está ocupando y aterrorizando ciudades estadounidenses, deteniendo a ciudadanos estadounidenses y solicitantes de asilo, derribando puertas sin el debido proceso, enviando a niños de cinco años a centros de detención y deportando ilegalmente a personas a países en los que nunca han estado, de manera horrífica.
También vimos los videos de agentes de ICE y de la Patrulla Fronteriza asesinando a Renee Good y Alexander Petty a sangre fría.
Anoche, el presidente Trump dijo que está trabajando para reducir drásticamente los costos de la atención médica. Bueno, podría haberme engañado. El llamado “gran y hermoso proyecto de ley” de Trump está dejando a 15 millones de estadounidenses, personas de bajos ingresos y de clase trabajadora, sin la cobertura de salud que tienen, mediante un recorte de un billón de dólares a Medicaid y a la Ley de Cuidado de Salud Asequible. Por cierto, el propósito de ese recorte es otorgar un billón de dólares en exenciones fiscales al 1% más rico.
Este año, como resultado de las acciones de Trump, las primas de los seguros de salud se han duplicado en promedio para 20 millones de estadounidenses bajo la Ley de Cuidado de Salud Asequible. Esa es una manera bastante extraña de reducir los precios de la atención médica y mejorar el sistema.
Anoche, Trump también afirmó que está poniendo fin al costo desorbitado de los medicamentos recetados como nunca antes había sucedido. Fin de la cita. Bueno, no exactamente. Este año, la industria farmacéutica anunció que aumentará los precios de más de 850 medicamentos recetados en Estados Unidos. Y, a pesar de lo que dice Trump, seguimos pagando, por mucho, los precios más altos del mundo por medicamentos recetados.
Permítanme concluir diciendo esto. El pueblo estadounidense entiende cada vez más que Donald Trump es un mentiroso patológico que representa los intereses de la clase multimillonaria y que está moviendo rápidamente a nuestro país hacia el autoritarismo.
El pueblo estadounidense también entiende que cuando permanecemos unidos y no dejamos que Trump y sus amigos nos dividan —y lo vimos en Minnesota, y lo estamos viendo en estados de todo el país— cuando hacemos eso, podemos y vamos a crear la nación que sabemos que podemos ser: un país basado en los principios de libertad, justicia y democracia.
Sigamos adelante juntos. Muchas gracias.
* Transcripción y traducción del discurso que puede verse en el enlace colocado al final.
Estos son los “datos duros” de la crítica de Sanders al informe de Donald Trump:
Primero, sobre concentración de riqueza y beneficios para multimillonarios:
– La familia Trump sería 4.000 millones de dólares más rica desde que él asumió la presidencia. – Trump habría recibido un avión valorado en 400 millones de dólares como regalo de la familia real de Qatar. – Desde la elección de Trump, los multimillonarios habrían incrementado su riqueza en 1,5 billones (trillón) de dólares. – Afirma que la desigualdad de ingresos y riqueza es la mayor en la historia del país.
Segundo, sobre condiciones socioeconómicas en Estados Unidos:
– Más del 60% de la población vive “paycheck to paycheck” (al día, dependiendo del salario mensual). – Más de 20 millones de hogares destinan más de la mitad de sus ingresos a la vivienda. – Cerca de 800.000 personas están en situación de calle. – 21% de las personas mayores sobreviven con menos de 15.000 dólares al año. – Casi la mitad de los trabajadores mayores no tiene ahorros para la jubilación. – Más de 40 millones de personas cargan con deuda estudiantil. – Estados Unidos tendría una de las tasas más altas de pobreza infantil entre los países desarrollados.
Tercero, sobre fraude electoral:
– 154 millones de personas votaron en la última elección. – Entre 2003 y 2023, la base de datos de delitos electorales de la Heritage Foundation registró 24 casos de no ciudadanos votando. – El período considerado fue de 21 años.
Cuarto, sobre inmigración y aplicación de la ley:
– Menos del 14% de las personas arrestadas por ICE en el primer año de Trump tenían antecedentes por delitos violentos. – 86% no los tenía.
Quinto, sobre salud y política fiscal:
– El “gran proyecto de ley” de Trump implicaría un recorte de 1 billón de dólares a Medicaid y a la Ley de Cuidado de Salud Asequible. – Ese recorte dejaría sin cobertura a 15 millones de personas. – El objetivo sería financiar 1 billón de dólares en recortes fiscales para el 1% más rico. – Las primas de seguros bajo la Ley de Cuidado de Salud Asequible se habrían duplicado para 20 millones de personas. – La industria farmacéutica habría anunciado aumentos de precios en más de 850 medicamentos.
