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Etiqueta: derecho a la salud

Paren de fumigar escuelas

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud.

Tras la cancha de fútbol se puede apreciar la escuela La Ceiba y la abrumadora proximidad de la finca piñera. (Foto: Cristian Matamoros).

Urge la desintoxicación de la niñez costarricense

Bloqueverde. Una pequeña escuela de Upala, muy cerca de la frontera norte sufrió la semana pasada el impacto directo del abuso de agrotóxicos. En la Escuela de Villanueva de San José, 27 personas entre personal docente y escolares tuvieron que ser trasladadas de emergencia al Hospital de Upala por sufrir una grave intoxicación producto de una fumigación en plantaciones vecinas. Otro caso similar fue en agosto de 2019 en Platanar de Florencia de San Carlos en donde 21 estudiantes, maestros e incluso el director la Escuela La Ceiba fueron trasladados a centro medico local y al Hospital de San Carlos por culpa de una piñera irresponsable. Parecieran dos sucesos aislados, pero en realidad, son daños colaterales de los agro-venenos es el pan de cada día para cientos de comunidades costarricenses, incontables violaciones directas al derecho a la salud de miles de personas, especialmente niños, niñas y mujeres.

La Escuela de Salud Pública de la Universidad de Costa Rica, estudió la presencia de plaguicidas en las escuelas de Matina, Limón. El principal hallazgo fue demoledor: hay clorpirifós en las aulas, un insecticida que la Unión Europea ha decidido prohibir por causar daños cerebrales, problemas de aprendizaje y en el sistema nervioso de niños y niñas.  La investigación de la UCR se desarrolló en 12 escuelas aledañas a plantaciones de banano y demostró presencia en le aire y el polvo de restos de clorpirifós y 17 agrovenenos rociados por las avionetas.

Por otro lado, se sabe desde 2014 el Instituto Regional en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional ha reportado que las mujeres embarazadas que viven cerca de plantaciones de banano del cantón de Matina en Limón, tienen elevadas cantidades de etilentiourea (ETU) en su orina. ETU es un derivado del plaguicida mancozeb, el cual se aplica mediante fumigación aérea en plantaciones de banano. El estudio se realizó con 445 mujeres en estado de embarazo que residen en la zona, a las cuales se les efectuaron exámenes de orina. Las investigadoras de la UNA visitaron esta población entre 2010 y 2011. El IRET lleva un récord a largo plazo sobre los efectos de la fumigación en la salud de esta población.

El Programa Infantes y Salud Ambiental, también de la Universidad Nacional, realiza una investigación desde hace seis años con niños menores de 9 años en el cantón de Talamanca. Ahí ha encontrado significativas concentraciones de sustancias tóxicas como Mancozeb en la orina. En este caso se ha podido establecer que los niños con mayor concentración de esta sustancia tienen más problemas de aprendizaje y de conducta. Lo que veremos por décadas y por varias generaciones, son las secuelas de la contaminación por agrotóxicos. Ya se han encontrado muestras de polvo con plaguicidas en: casas habitaciones, iglesias, escuela y hasta en colchones de las casas, en Cartagena de Guácimo.

El Frente Nacional de Sectores Afectados por la Expansión Piñera ha reportado que comunidades como el Congo de Guácimo, en Limón, también está expuesta todos los días a la aplicación de agroquímicos por parte de empresas piñeras a pocos metros de los casas de habitación y la escuela.

Los datos señalan que sólo un 25% de la aspersión de cualquier plaguicida da en el objetivo, el resto afecta directamente a otros organismos vivos hacia los cuales la aplicación no iba dirigida. También se tiene estimado que tan sólo el 32% de los plaguicidas asperjados fueron retenidos por las plantas objetivo de la aplicación; un 49% se depositó en el suelo y un 19% viajó por el aire a otras áreas vecinas.

En la actualidad no existe ninguna restricción o retiro que evite que se fumigue con estas sustancias peligrosas a pie de centros de salud, escuelas o  zonas habitacionales. La Federación Costarricense para la Conservación de la Naturaleza (FECON) en enero de 2019 le propuso al Ministerio de Agricultura y Ganadería incluir dentro del Manual de “Buenas Prácticas Agrícolas” alejar  las fumigaciones en un radios de al menos 200 metros de cualquier centro de estudios, EBAIS o centro de población.

En otros países latinoamericanos se han adoptado medidas para proteger a las poblaciones de las intoxicaciones. Por ejemplo la legislación provincial de Córdoba en Argentina, en la Ley N° 9164 “Productos Químicos O Biológicos De Uso Agropecuario” explícitamente en su Articulo 59 prohíbe la aplicación de estos productos dentro de un radio menor a 500 metros de asentamientos habitacionales.

Recientemente la fracción legislativa del Partido Frente Amplio presentó el proyecto de ley “para Regular la Fumigación Aérea, con el objetivo de salvaguardar a las poblaciones de los efectos nocivos de los agroquímicos que se utilizan en los cultivos en muchas zonas del país”. El proyecto ya está en corriente legislativa bajo el expediente N. 23.697.

Desde el ecologismo pensamos que este proyecto de ley va en la dirección correcta, pero debe de incluir además las fumigaciones realizadas por otros sistemas de aspersión terrestre como los tractores tipo “boom” y los equipos de fumigación menores como bombas de fumigar. Es decir, el país debe de alejar todas las fumigaciones de agrovenenos de núcleos de población, escuelas y centros de salud.

Notas:

Semanario Universidad. En finca piñera: Comunidad denuncia intoxicación de niños por fumigación https://semanariouniversidad.com/pais/comunidad-denuncia-intoxicacion-de-ninos-por-fumigacion/

Tomasoni, M.; Actis, R. 2013 Introducción de las actividades agrícolas en base a la utilización de plaguicidas al procedimiento de evaluación de Impacto ambiental. Justicia Ambiental. El trabajo interdisciplinario en agro tóxico y transgénicos. Córdoba Argentina. https://es.scribd.com/document/177733196/Justicia-Ambiental

Piñeras deberían retirarse al menos 100 metros de escuelas, EBAIS y casas de habitación.

https://feconcr.com/agronegocios/pineras-deberian-retirarse-al-menos-100-metros-de-escuelas-ebais-y-casas-de-habitacion/

Fumigaciones aéreas podrían afectar a embarazadas. Universidad Nacional  http://www.campus.una.ac.cr/ediciones/2014/octubre/2014octubre_pag05.html

Fumigación aérea tendrá regulaciones más estrictas para proteger a las personas y al medio natural.

https://www.frenteamplio.org/fumigacion-aerea-tendra-regulaciones-mas-estrictas-para-proteger-a-las-personas-y-al-medio-natural/

Córdoba G., Leonel. “Evaluación De La Contaminación Ambiental En Aire Y Polvo Por Plaguicidas, En 12 Centros Educativos Del Cantón De Matina, Limón.” Universidad De Costa Rica Sistema De Estudios De Posgrado. 2016. https://www.repositorio.una.ac.cr/handle/11056/13014

Kioscos SocioAmbientales. Vicerectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica ¿Qué es una moratoria a la expansión piñera? http://kioscosambientales.ucr.ac.cr/docs/publicaciones/moratoriageneral.pdf

Nación. Agosto 2012. Ananá Republic. https://www.nacion.com/archivo/anana-republic/O5P3KNGW2NCBPMCHJWUMBHR2MQ/story/

Violencia institucional: Cruz Roja se niega a ingresar a Territorio Cabécar de China Kichá por conflicto sobre la tierra

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud.

  • Menor del clan cabécar Kebeglowa e integrante de una de las familias recuperadoras de Kono Jú y Yuwi Senaglö, recibió atención de salud tardía por negligencia de la Cruz Roja.

Martes 20 de septiembre 2022. El pasado martes 12 de septiembre, el menor Alfred Zúñiga Fernández, del clan cabécar Kebeglowa e integrante de una de las familias recuperadoras de Kono Jú y Yuwi Senaglö -en el Territorio Cabécar de China Kichá-, presentó un deterioro en su salud. Los síntomas, ese día, fueron: vómito, diarrea, dolor de cabeza, fiebre y un dolor fuerte en las piernas y rodillas que le dificultaba caminar. Ese día su familia decidió atenderlo con plantas medicinales y otros remedios ancestrales. 

Para el viernes 16 de septiembre la familia del menor decidió contactar a la Cruz Roja para que lo trasladara al Hospital Escalante Padilla en Pérez Zeledón. El EBAIS más cercano al Territorio Cabécar de China Kichá se encuentra desde la plaza del Territorio a 30 kilómetros, en la comunidad de San Pablo. Sin embargo, por la gravedad de los síntomas de Alfred, -quién ya no podía caminar, llevaba 3 días sin poder comer y estaba deshidratado-, su familia decidió que debía recibir una atención de salud mayor a la que se brinda en los EBAIS. 

Desde las 9:00 AM a 12:00 MD la familia de Alfred contactó a la Cruz Roja. En la primera, segunda y tercera llamada la Cruz Roja se negó a trasladar al menor por falta de ambulancias. En la cuarta llamada, la Cruz Roja pidió que el menor fuera trasladado a la comunidad de San Antonio para que aprovechara el traslado de otra unidad a ese lugar, a lo que la familia alegó su imposibilidad de hacerlo por falta de recursos económicos para el traslado del menor hasta el punto de que solicitaba la Cruz Roja; siendo la misma razón por la que se pidió el apoyo de esa institución.

La Cruz Roja también dijo expresamente a la familia de Alfred que necesitaba escolta de la Fuerza Pública. Sin embargo, la familia de Alfred decidió no contactar a la policía porque en todas las ocasiones anteriores que se ha solicitado apoyo de la Fuerza Pública para escoltar a la Cruz Roja, u otras instancias, ésta se ha negado y se desconoce si la Cruz Roja coordinó con la Fuerza Pública.

Pese a ello, la familia de Alfred siguió presionando a la Cruz Roja argumentando que era una situación de emergencia y que la vida del menor estaba en peligro. A ello, la Cruz Roja dijo a la madre del menor de que su servicio no era de taxi. 

Tras presiones junto a personas solidarias de la comunidad de Pérez Zeledón y el diputado del Frente Amplio, Ariel Robles, la Cruz Roja accedió a trasladar al menor siempre y cuando éste se encontrara en el centro del Territorio Cabécar de China Kichá. Al no encontrar otra solución, con enorme dificultad, el menor y su familia caminaron 1 kilómetro cuesta arriba hasta la plaza del Territorio. La ambulancia llegó sin ninguna escolta policial.

Ese día, Alfred fue diagnosticado con anemia y una infección a la altura de su caja torácica. Recibió suero, además de otros medicamentos y fue dado de alta ese mismo día. Para el día de hoy, la salud de Alfred sigue complicada pues sus síntomas no han disminuido significativamente. A esa preocupación, se suma la angustia de su familia al no contar con recursos económicos para movilizarse fuera del Territorio. Movilización que, además, exige una serie de condiciones de seguridad por el conflicto existente en China Kichá y en el que la madre, padre, hermanas y hermanos de Alfred han resultado afectados y agredidos por el accionar de la Fuerza Pública y personas no indígenas con intereses sobre los terrenos recuperados. 

Este hecho es percibido por la familia de Alfred y otras personas de la comunidad cabécar como un acto de violencia y racismo institucional. No es la primera vez que esto sucede y tampoco es una situación que suceda únicamente en el Territorio Cabécar de China Kichá. 

El argumento de seguridad de parte de la Cruz Roja no es responsabilidad alguna de los Pueblos Originarios, como tampoco lo es la ineficiencia de la Fuerza Pública que debería garantizar el bienestar e integridad de todas las personas dentro y fuera de los Territorios Indígenas. Como personas recuperadoras, reconocemos la existencia del conflicto y el riesgo que implica el mismo, sin embargo, no somos los responsables de la situación de inseguridad existente en nuestras comunidades y tampoco hemos realizado amenazas en contra de instituciones públicas como sí lo ha hecho la Asociación Multiétnica y Pluricultural de Buenos Aires (AMPBA) el pasado 21 de agosto, en palabras de Gonzalo Peraza Agüero, presidente de AMPBA.

Pese a ello, somos los Pueblos Originarios quienes cargamos con la violencia y racismo institucional que no sólo evita la entrada de una ambulancia a nuestros Territorios, sino que atenta contra nuestra integridad física y vida al no poder acceder a nuestro derecho a la salud.

Denunciamos: 

  • A la Cruz Roja por la falta de ética e integridad a su trabajo y mandato. En situaciones de conflicto y tensión, su labor es todavía más importante. Además, es éste el sentido de su trabajo y mandato internacional.
  • A la Fuerza Pública por su ya reconocida falta de apoyo y su constante negación para escoltar tanto a organizaciones aliadas a nuestra causa como a otras instancias como la Cruz Roja.
  • Al Ejecutivo en pleno, por su falta de acciones en la mejora del acceso y disfrute de los Derechos Humanos de los Pueblos Originarios. Insistimos en que este tipo de violencia institucional no se limita al Territorio Cabécar de China Kichá.
  • Solicitamos a la Cruz Roja y a la Fuerza Pública un informe sobre lo sucedido en este caso; información que puede ser enviada al correo electrónico: coordinadoraluchass@gmail.com
  • Además, solicitamos a organizaciones, colectivos (as) y personas amigas a que estén atentas a nuestras próximas comunicaciones sobre la violencia institucional que sufrimos en el Territorio Cabécar de China Kichá y en otros Territorios de la zona sur. En numerosas ocasiones, esta situación nos genera la necesidad de solicitar apoyo económico para garantizar la movilidad de distintas personas recuperadoras y sus familias. Que la solidaridad siga presente en nuestros Pueblos, Territorios y país.

¡Justicia para Sergio, Jerhy y los Pueblos Originarios!

Recuperadoras y recuperadoras cabécares de Kono Jú. 

Recuperadoras y recuperadoras cabécares de Yuwi Senaglö. 

Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS).

 

Imagen de portada ilustrativa.

Recurso de Amparo en defensa de salud de afectados con arsénico

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud.

La Sala Constitucional dio trámite a Recurso de Amparo contra la ministra de Salud por no informar sobre acciones del Ministerio para atender a los afectados por ingesta de aguas contaminadas por arsénico desde hace más de 10 años.

El documento adjunto es la resolución dónde se consta algunas de las preguntas que debe responder la señora ministra.

El señor Daniel Salas fue condenado dos veces por los Magistrados por no responder a las mismas preguntas que se le formularon a la ahora ministra.

Las preguntas que nos hacemos es ¿Qué ocultan? ¿Por qué no quieren responder? 

Cientos de vecinos sufren de enfermedades graves e incapacitantes, hay decenas de muertos, vecinos que sufren de ERN crónica y otras patologías asociadas al consumo de dicho elemento tóxico.

Solicitamos seguir la sugerencia del doctor Wong de la CCSS  y realizar análisis de pelo, orina y sangre para detectar la presencia de arsénico en los vecinos, lo que ayudaría a prevenir los problemas. ¿Por qué se niegan a hacerlo en un número reducido de vecinos de Montenegro y Agua Caliente de Bagaces como plan piloto?

Exigimos respuestas.

La señora ministra de Salud tiene la palabra.

ARSENICO-2022-NUEVODescarga

 

Compartido con SURCOS por la Asociación Confraternidad Guanacasteca.

Imagen: Semanario Universidad.

UNDECA repudia propuestas privatizadoras de la CCSS

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud.

El derecho a la atención de la salud constituye un derecho fundamental, cuya prestación, por mandato constitucional, le compete a la Caja Costarricense de Seguro Social. Las personas merecen servicios de salud con calidad y oportunidad.

Lamentablemente, la problemática de las filas y las listas de espera es multifactorial, pero mayoritariamente obedecen, en primer lugar, a las exorbitantes deudas que los gobiernos de turno han acumulado por años, y que alcanzan los ₡3.000 millones de millones (₡3 billones) y por otra, un problema de gestión de recursos institucionales.

El tiempo de utilización de sala de operaciones, TUSH, indicador de rendimiento utilizado por la institución, por ejemplo, en varios centros de salud es bajo o ni siquiera se registra; y una buena parte de las salas de operaciones de los hospitales nacionales están desocupadas en horario vespertino, pero estos aspectos no fueron mencionados a la Sala Constitucional durante la comparecencia, en seguimiento de la sentencia estructural N20190005560 dictada por la Sala Constitucional, el 29 de marzo de 2019.

La “mágica” solución del Presidente Ejecutivo, Álvaro Ramos Chaves, para paliar la demanda insatisfecha es privatizar servicios, para favorecer los intereses de grandes consorcios privados de salud.

La CCSS cuenta con infraestructura (hospitales y salas de operaciones modernas), insumos y recurso humano sanitario especializado de altísima calidad para la atención de la salud costarricense, pero mientras los pacientes esperan impacientes; se subutiliza la infraestructura en diversos centros de salud, porque se obstaculiza el nombramiento del personal necesario para brindar la atención oportuna y el tiempo extraordinario ha sido  satanizado, por el sector político-empresarial neoliberal y sus medios de prensa, hasta calificarlo casi de delito, lanzando campañas de odio y de desprestigio contra el abnegado personal de la Institución.

UNDECA exige que el gobierno le pague a la Caja, para poder construir nuevos hospitales y Áreas de Salud, dotar de equipos e insumos y resolver el enorme rezago de recursos humanos para brindar la atención primaria, especializada, diagnóstica y terapéutica, que demanda la población.

UNDECA rechaza las excusas, acciones y omisiones que promueven la privatización y demanda a las autoridades institucionales transparentar las listas de espera, rendir cuentas de la gestión y soluciones concretas e inmediatas que respondan a las necesidades de la población.

La privatización de servicios de salud en otros países ha tenido consecuencias desastrosas e inhumanas, profundizado durante la pandemia. El interés público debe prevalecer sobre los intereses que mercantilizan el derecho a la salud.

San José, agosto de 2022.

Estado costarricense ofrecerá disculpa pública en caso Elena Téllez

Escrito en . Publicado en Derechos.

Este martes 09 de agosto, a las 11:00 horas tendrá un acto que responde a la lucha de la señora Elena Téllez Blanco en su búsqueda de justicia: el Estado costarricense ofrecerá una disculpa pública y reconocerá su responsabilidad por la violación del derecho a la igualdad y el principio de no discriminación al emplear estereotipos de género para justificar una jornada laboral incompatible con estándares internacionales; el derecho a la integridad personal, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, así como el derecho a la protección judicial.

Este caso representa una oportunidad para que el Estado costarricense adecue la legislación interna para asegurar que el régimen laboral de las personas auxiliares de servicios infantiles sea compatible con los estándares internacionales. El tema cobra especial relevancia en momentos en que el país discute las implicaciones de jornadas laborales superiores a las 8 horas, poniendo en evidencia las implicaciones que puedan tener para la salud integral y desarrollo pleno de las personas trabajadoras.

El acto tendrá lugar en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y contará con la presencia de la señora Téllez Blanco, su familia, sus representantes legales y autoridades del Estado costarricense. Se podrá seguir en vivo en las redes del Ministerio de Relaciones Exteriores en el siguiente enlace: https://www.facebook.com/CancilleriaCostaRica?eType=EmailBlastContent&eId=f3868587-d69c-4f20-b54e-c630fb199590&_rdc=2&_rdr 

 

Compartido con Surcos por Seidy Salas, Oficial de Comunicación de CEJIL.

La persistente insensibilidad de Dole

Escrito en . Publicado en Derechos, Trabajo.

Cándido Amador Espinoza tiene años trabajando en chapia en Agroindustrial Piñas del Bosque S.A. – Finca Muelle, subsidiaria de Standard Fruit Company | Dole. El pasado fin de semana fue internado en el hospital, después de que la empresa se rehusara a aplicar las medidas médicas señaladas por el seguro social para preservar su salud.

Giorgio Trucchi / Con Obeth Morales

“Don Cándido viene padeciendo de problemas del corazón y solicitamos a la empresa su traslado a otra área de trabajo. Lamentablemente el procedimiento es muy largo y engorroso y la empresa no hace nada para agilizarlo, más si eres del sindicato”, dijo Obeth Morales, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Agroindustria y Afines (Sinatraa).

Agroindustrial Piñas del Bosque (Dole) acostumbra solicitar una certificación médica del especialista que está atendiendo al trabajador en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), donde se indique cuáles son las restricciones médicas, por cuanto tiempo y qué tipo de labores puede desempeñar.

“Obviamente el especialista sólo puede indicar los padecimientos del trabajador y pide que sea el doctor de la empresa a decidir qué labores puede hacer. De hecho lo que ocurre es que todo se vuelve muy engorroso y pasan meses antes de la reubicación”, manifestó Morales.

En el caso de Cándido Amador, su padecimiento cardíaco está relacionado con una intoxicación con agrotóxicos sufrida en los piñales de Dole.

Tuvo que ser internado en varias oportunidades, sin embargo la empresa nunca hizo efectiva su reubicación, y Cándido sigue expuesto a los efectos de las fumigaciones y a recaídas.

Además, chapear (desmalezar) es una labor muy pesada y esto empeora su condición.

El directivo sindical explicó a La Rel que hay varios compañeros que sufren situaciones muy similares.

“Javier Zúniga, con graves problemas de la columna, tiene dos meses esperando que lo reubiquen. También tenemos a Oscar, Hilda y muchos más que sufren de desgaste en las articulaciones y la empresa no actúa

Mientras tanto los tienen haciendo cualquier tipo de labor, desatendiendo las restricciones médicas. Esto es vergonzoso”, dijo Morales.

Hostigamiento, acoso y represión laboral

Una situación que por un lado evidencia la persistente insensibilidad de Dole y la crueldad de su sistema de relaciones laborales y, por el otro, demuestra la absoluta ineficiencia y complicidad de las autoridades costarricenses.

“El año pasado realizamos una reunión tripartita a la que también participó la Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria y Afines (Fentrag) y la Rel-UITA.

Presentamos una lista de los padecimientos y enfermedades que sufren trabajadores y trabajadoras, pero al final la empresa no quiso establecer un procedimiento expedito para atender los asuntos de salud.

Las autoridades se quedaron calladas y lo poco que acordamos no sirvió para nada. Los problemas siguieron iguales o hasta peores”, aseveró el secretario general del Sinatraa.

Para él, tanto el caso de Cándido Amador como el de muchos otros compañeros enfermos tienen también profundos rasgos antisindicales.

“Todos son afiliados al sindicato y les ‘cobran’ las luchas que han emprendido en estos años en defensa de los derechos laborales y sindicales.

Recientemente, por haber exigido que se les brindara el transporte para llegar a los lugares de trabajo, la empresa ha desencadenado una fuerte represalia.

Hostigamiento, acoso y represión laboral sólo son algunas de las formas sistematizadas de persecución antisindical “, concluyó Morales.

 

Foto: Cándido Amador (archivo personal).

Fuente: http://www.rel-uita.org/costa-rica/la-persistente-insensibilidad-dole/

Producto de la presión la Caja empezó a reabrir los servicios del CENARE

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

  • Un logro gracias a la lucha de las personas con discapacidad, familiares y funcionarios y exfuncionarios del CENARE

Por Lic. Luis Fernando Astorga Gatjens / Dr. Federico Montero Mejía

Como se podrá recordar, hace más un año, la CCSS convirtió el Centro Nacional de Rehabilitación (CENARE), en el CEACO (un hospital especializado para atender pacientes contagiados por el coronavirus).

Esta decisión afectó a centenares de personas con discapacidad, ya que aunque la Caja se comprometió a ofrecer alternativas de inmediato, no lo hizo. Tampoco las autoridades del CENARE exigieron el cumplimiento de tal compromiso y fueron condescendientes y pasivos ante una decisión que refleja la subvaloración, tanto de las personas con discapacidad como de los servicios de rehabilitación.

Las personas afectadas y sus familiares fuimos muy comprensivos y pacientes, ante la emergencia nacional generada por la pandemia. Sin embargo, las autoridades correspondientes no fueron respetuosas, ni se comprometieron seriamente con el derecho a la salud de las personas con discapacidad.

Ante esta situación, a inicios del mes de febrero enviamos una carta a la Junta Directiva de la Caja, suscrita por 172 personas. El ruido mediático que logró esa carta y otras acciones del personal del CENARE, hizo que la Caja asumiera el compromiso de que iba a reabrir el CENARE.

Así las cosas, aunque la reapertura de una sección del CENARE el día, 12 de abril representa un primer paso por el camino correcto de rectificación, el video producido por la CCSS para publicitar tal acción (que compartimos), pareciera indicar que la decisión ha sido solamente el resultado de una buena disposición de las autoridades, y no el resultado de las acciones y presiones ejercidas por funcionarios del CENARE, pacientes y padres de familia, y exfuncionarios de esa institución.

Las autoridades deberían de tener una conducta autocrítica y reconocer que no actuaron bien, al afectar a tantas personas que en los últimos meses requerían los servicios del CENARE y no los recibieron.

Ahora, estaremos vigilantes para que se reanuden todos los servicios. Ya lo advertimos: Si eso no se da en un tiempo razonable, nos movilizaremos y nos haremos presentes frente al edificio principal de la Caja hasta que la rectificación completa, sea una realidad.

¡Un paso de avance, pero la lucha sigue!
¡Vigilancia activa en el derecho a la salud
¡Sin acción, no hay derechos!

Solicitan plan específico de vacunación que atienda a personas con discapacidad

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

CARTA ABIERTA AL PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA CAJA: Es urgente un plan específico de vacunación que atienda a las personas con discapacidad

Luis Fernando Astorga Gatjens

Señor Román Macaya Hayes: Ya hemos completado como país, más de un año y un mes desde que apareció el primer caso de Covid-19 en Costa Rica. Han sido y son tiempos muy difíciles, para la gran mayoría de las y los habitantes de Costa Rica, especialmente para los miles de personas que se han contagiado y, más grave y lamentablemente aún, desde luego, para las más de tres mil personas que han fallecido como consecuencia del coronavirus.

La pandemia ha agravado y desnudado la situación económica, social y política del país. La esperanza de una pronta salida a esta crisis la trajo el primer cargamento de vacunas que ingresaron al país, el 23 de diciembre del año 2021. Pero esa esperanza se ha desvanecido producto del lentísimo ingreso de las vacunas y de la manera cómo el Gobierno y la CCSS, han organizado y desarrollado el plan de inmunización.

Cada vez se suman más voces que reclaman al Gobierno y a la Caja, por la manera que han gestionado y siguen gestionando el proceso de vacunación, tanto en la compra de las vacunas como la forma de organizar la inmunización.

Un sector que ha venido reclamando respuestas claras y contundentes, es el de las personas con discapacidad y sus familias. Aunque el CONAPDIS, ente rector en la materia, ha planteado el tema de que hay personas con discapacidad que requieren ser priorizadas en el plan de inmunización, las autoridades de salud, simplemente, han ignorado su petición.

En tal contexto y tratándose de un tema de vida o muerte para habitantes de este cada vez más alicaído país, es que personas con discapacidad y familiares, así como personas y organizaciones aliadas, queremos levantar la voz para presentar nuestras necesarias preguntas y reivindicaciones al Gobierno y la Caja, en espera de respuestas tan urgentes como razonables.

De no obtener tales respuestas en un plazo razonable, ya muchas organizaciones y personas con discapacidad, han planteado la idea de movilizarnos frente al edificio principal de la CCSS hasta obtener las impostergables respuestas. Las preguntas que le formulo, sitetizando los reclamos del sector, son las siguientes:

1) ¿Por qué el Gobierno y la Caja solamente han contratado compras de vacunas con las empresas farmacéuticas Pfizer y Astrazeneca, cuando existen otras vacunas en el mercado?

La información de que disponemos indica que la vacuna de la Pfizer resulta más cara, debe mantenerse a temperaturas bajo 70 grados centígrados (lo que exige equipo de refrigeración adecuado), esta farmacéutica fija condiciones al país (que se han mantenido en secreto) y, para colmo, las está entregando a cuentagotas.

Por su parte, la vacuna de Astrazeneca plantea dudas razonables por el problema de generación de coágulos sanguíneos en personas a las que se le ha administrado e, incluso, a algunas les ha provocado la muerte.

2) ¿Por qué no diversificar las compras para agilizar el proceso de vacunación cuando el disponer, en forma urgente, de tales vacunas es crucial para hacer efectivo el derecho a la salud y para la pronta reactivación económica y social?

Un ejemplo cercano y reciente de una compra muy grande, la ofrece El Salvador que contrató un millón de vacunas en un laboratorio de China. Mientras tanto Guatemala ha contratado la compra de la vacuna rusa Sputnik V y Panamá, además de contratar compras con Pfizer, Astrazeneca y Johnsson y Johnnson, ha contratado compras de la vacuna china Sinovac, la mencionada rusa y también mediante el mecanismo Covax de Naciones Unidas.

3) ¿Por qué las autoridades sanitarias y Caja no han sido completamente transparentes en el plan de vacunación, y no han respondido en forma oportuna sobre situaciones de «desorden», que han beneficiado a personas que se han brincado la fila, sin estar en los grupos de riesgo o en razón de su edad?

Se ha informado de que el Gobierno ha destinado más 47 mil millones de colones para las vacunas. Se tratan de dineros públicos; por lo que las autoridades no tienen más remedio que rendir cuentas claras y urgentes.

4) ¿Por qué la CCSS no ha diseñado un mecanismo adecuado de vacunación de personas con discapacidad, en las que existen razones muy claras de factores de riesgo?

Hasta ahora, las autoridades sanitarias no han ofrecido razones para no emprender una política específica que proteja personas con discapacidad, que tienen mayor riesgo de contagio.

5) Hay personas con discapacidad física, que por su condición de inmovilidad permanente, tienen mayor riesgo de formación de coágulos sanguíneos. ¿A personas con tal riesgo potencial, se les administraría la vacuna del laboratorio Astrazeneca sin tomar en cuenta este grave factor de riesgo antes especificado?

Para un sector mayoritario de las personas con discapacidad de Costa Rica, la pandemia ha significado mayor empobrecimiento, que profundiza el círculo vicioso entre discapacidad y pobreza preexistente. Igualmente, ha significado un agravamiento de su aislamiento social y comunicacional debido al limitado acceso a Internet; un profundo retroceso en el campo educativo y el incremento del desempleo y de las –de por si– limitadas oportunidades laborales. Y como lo estamos demostrando al presentar el panorama de acceso a la vacunas anti-covid, un amplio incumplimiento al derecho a la salud.

Ante tan justos y bien razonados planteamientos, Señor Presidente Ejecutivo de la CCSS, Dr. Román Macaya Hayes demandamos una respuesta inmediata a nuestras preguntas y reivindicaciones, que nos evite a las personas con discapacidad, a los familiares y a personas y organizaciones aliadas, llegar a tocar las puertas de su despacho en los próximos días.

Atentamente,
Luis Fernando Astorga Gatjens,
Cédula: 302050706

Experto realiza observaciones a proyectos de reglamento para afiliación a la CCSS de independientes, migrantes y seguro voluntario

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

El matemático y máster en matemática actuarial Rodrigo Arias López envió a la junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, sus observaciones y solicitud de información adicional en relación con dos proyectos de reglamento.

Se trata del proyecto de Reglamento para la Afiliación de los Trabajadores Independientes y del proyecto de Reglamento de Aseguramiento Voluntario y Aseguramiento de Migrantes. Ambos fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta N° 53 del miércoles 17 de marzo de 2021.

El especialista Arias López compartió ambos documentos con SURCOS. Puede descargarlos en formato PDF para su lectura completa.

Entre los elementos que el actuario indica a la junta directiva de la CCSS se encuentran los siguientes:

“… me apersono ante esa Junta Directiva para hacerle ver las inconstitucionalidades, ilegalidades, vicios y errores técnicos que contiene el proyecto…”.

En cuanto al Reglamento para la Afiliación de los Trabajadores Independientes el especialista en matemática actuarial precisa:

“Lo pretendido por esa Junta Directiva en el Artículo 1 del citado proyecto es inconstitucional, discriminatorio, abusivo y espurio, desigual, además violenta los principios de razonabilidad proporcionalidad que son también de rango constitucional.

La definición de “ingreso por base presunta” y de “ingreso neto” para el caso de los trabajadores independientes son asuntos de reserva de ley y ninguna ley a la fecha define o establece su definición o significado.

El “ingreso por base presunta” queda EN indefinido, no se sabe lo que es y además, queda al antojo y arbitrio de lo que los jefes o unidades de la CCSS (Caja Costarricense de Seguro Social) quieran que signifique. ¿Qué es ese “ingreso determinado” ?, ¿qué incluye? ¿cuál es el significado de “aquella derivada de las revisiones que realice la Caja”? ¿Qué revisa la Caja?; cuando se trata de actos administrativos para que sean validos eficientes y eficaces deben estar bien claros y precisos, puntuales, y el reglamento carece de todos esos principios.

Lo mismo sucede en el caso del “ingreso neto”, está indeterminado, no define lo que son “gastos propios para la operación de la actividad económica o trabajo”; tampoco define lo que es “actividad económica”; no se sabe que es “razonable” ni “necesario”; en fin, lo que resulta es un círculo vicioso e indeterminado que depende de sí mismo. No indica, si, por ejemplo, las cuotas que el trabajador independiente le paga a la CCSS forman parte o no de esos gastos propios, entre otros. Tampoco queda claro si, por ejemplo, los ingresos en caso de alquileres, venta de propiedades, ingresos por trabajos realizados fuera de Costa Rica, etc., forman parte del “ingreso bruto” que se indica”.

En relación con el Reglamento de Aseguramiento Voluntario y Aseguramiento de Migrantes Rodrigo Arias López indica:

“Si bien no soy asegurado voluntario, me presento ante esa Junta Directiva como interesado dado que el Estado aporta recursos que son fondos públicos para el financiamiento de los beneficios que se indican en el proyecto de reglamento, y yo contribuyo por obligación constitucional con el financiamiento de los gastos públicos. Véase el artículo 7 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito de la Función Pública”.

Rodrigo Arias López detalla:

“En el caso del aseguramiento voluntario el problema surge además porque no está definido el ingreso de referencia que se menciona en el artículo 8 del mismo proyecto; así como tampoco se regula, ni define “La persona que asume el pago de las cuotas respectivas a favor del solicitante debe encontrarse al día en el pago de las obligaciones con la Caja”.

Nótese que no es que todos los que soliciten el seguro voluntario es porque no tengan ingresos propios; en particular los rentistas y pensionados. 

En tales artículos es probable que existan personas o familias que se encuentran en condición de pobreza que calificaría para estar aseguradas por cuenta del Estado conforme al artículo 2 de la Ley y que ahora pretendan obligarlas o engañarlas para que se aseguren por esta modalidad, porque en el mismo proyecto NO SE ACLARA QUE LAS FAMILIAS QUE ESTÁN EN CONDICIÓN DE POBREZA NO REQUIEREN ASEGURARSE COMO ASEGURADOS VOLUNTARIOS”.

El actuario y experto en temas de la CCSS señala en otra parte de su escrito, que lo pretendido en el proyecto de reglamento “podría violentar los derechos humanos de las personas migrantes”.

Le invitamos a descargar los documentos y compartir esta información para propiciar la reflexión y la participación ciudadana en estos temas.

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Propuesta de líneas políticas en Salud Nacional

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Marlin Óscar Ávila Henríquez

«Este trabajo ha sido elaborado con la esperanza que un nuevo poder político lo trate de utilizar en un Estado de Derecho, con un gobierno elegido en las próximas elecciones que se efectuarían en noviembre del presente año en Honduras. Si no, cuando llegue a existir.

Sin lugar a dudas, su aplicación enfrentaría obstáculos fuertes, aun en un Estado de Derecho. Irónicamente el sector que puede obstaculizarlo bastante será el mismo gremio de los galenos integrados en el Colegio Médico de Honduras (CMH). Sabemos bien que el sistema del libre mercado o neocapitalismo, ha tenido existo en conquistar a los médicos a su favor. Las significativas prebendas que reciben de las grandes farmacéuticas; las ventajas y privilegios en ingresos al ser contratados por centros privados, hospitales, y demás servicios privatizados en el sistema de salud, les ha hecho olvidar su ética médica y su juramento Hipocrático e inclinarse más por privilegiar sus ingresos económicos y mercantiles frente a lo humano y el salvar vidas. Así como ocurre ahora en Bolivia, donde el gobierno declaró en emergencia sanitaria y, muchos médicos se han opuesto porque les afecta sus bolsillos, declarando paro general, el gremio de médicos favorecido con la privatización, allí, como en otros países, sin excluir a Honduras, son capaces de incumplir con sus juramentos, de dejar morir pacientes en significativas cantidades, si se les presenta la opción de elegir entre mantener sus privilegios o servir al pueblo.

Marlin Óscar Ávila».

SURCOS comparte el documento para su lectura completa:

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