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Etiqueta: derecho al agua

Tomaron una franja del río Lagarto y la cercaron

Los vecinos de Santa Juana, en Las Parcelas de Orocú, Chomes, Puntarenas despertaron con la sorpresa de que un ganadero tomó una franja del río Lagarto y le metió alambre para pastar ahí sus caballos. El río Lagarto es un recurso hídrico del que dependen los vecinos de Las Parcelas De Orocú y de Santa Juana para abastecer a todas las familias de agua, ya que en él está la fuente de dónde se abastece el pozo y el tanque del acueducto. No es posible que una persona tome la decisión de impedir el libre paso por un lugar que le pertenece a todos.

La problemática de la zona, viene con la irresponsabilidad de algunos ganaderos que sueltan sus reses y las dejan andar al garete sin importarles el daño tanto a la propiedad privada, como al medio ambiente.

 

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Reforma a la Ley de Aguas propuesta por el gobierno no significa avance

  • Hay ambigüedades y amenazas directas al ejercicio del dominio público del agua

  • No se reconoce la gestión de las ASADAS ni el principio precautorio en materia ambiental

  • Se enfatizó en crear un órgano de participación equilibrado y vinculante sobre las decisiones del Estado

(FECON, 27-02-2020). La Federación Ecologista (FECON) presentó ayer, miércoles 26 de febrero, en audiencia ante la Comisión de Ambiente en la Asamblea Legislativa 21 observaciones sobre el texto sustitutivo 20.212 denominado Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico. Se hizo énfasis en el contexto de conflictividad creciente por temas de protección y acceso al agua, y la incapacidad actual de las instituciones de responder y resolver adecuadamente estas situaciones.

FECON planteó un análisis del texto basado en cuatro principios. El primero, eliminar cualquier ambigüedad que amenace el ejercicio del dominio público sobre el agua. En segundo lugar, la necesidad de avances sustantivos en la protección de fuentes y cuerpos de agua que erradiquen las acciones de sobreexplotación, acaparamiento, contaminación y cualquier otro daño que actualmente no esté siendo alcanzado por la legislación. En tercer lugar, crear herramientas de participación social en la fiscalización del dominio público y la reglamentación que derivaría de este proyecto de Ley. Y finalmente, que los planteamientos no contengan potenciales regresiones en términos ambientales.

En el texto se observaron vacíos y se plantearon cambios de redacción para garantizar el dominio público e interés social en el manejo del recurso hídrico como objetivo de la Ley. Se enfatizó reiteradamente en la incluir de la variable social en la planificación, considerando la conflictividad como causa de modificaciones, para superar el reduccionismo de la gestión hídrica a los tecnicismos que plantea el texto. Se pide un límite al periodo del Director de Aguas para evitar la perpetuación de gestiones inoperantes como sucede actualmente, según consideran las organizaciones ecologistas.

Como avance en participación, se planteó crear un órgano denominado Foros Hídricos Permanentes a escala de las Unidades Hidrológicas, para revisar la política y planes hídricos que se plantean en el texto, además de los reglamentos que se pretendan desarrollar a partir de esta normativa. Estos Foros se compondrían por representaciones equitativas de:

1) el Sistema de Áreas de Conservación, por su relación directa con humedales y áreas de protección; 2) las Universidades Públicas que se ubiquen en la cada zona; 3) las Federaciones Estudiantiles regionales; 4) las Organizaciones Ecológicas de la sociedad civil; 5) las ASADAS, que gestionan el consumo humano para comunidades y 6) el sector productivo que puede aportar experiencias de manejo sostenible.

Se expuso la necesidad del reconocimiento jurídico de las ASADAS en esta propuesta de Ley, donde están totalmente ausentes dejándolas con inseguridad jurídica. Además, se urgió incluir el Principio Precautorio en las definiciones y artículos clave para su aplicación oportuna por parte de la administración pública. Además, en el tema de contaminación, reconocer la contaminación difusa para el desarrollo de mecanismos de sanción apropiada ante daños, por la complejidad de las dinámicas ambientales y la necesidad de proteger el interés común.

En el campo de la evaluación del impacto ambiental, se señaló la limitación del texto en mantener el sistema actual, donde el agua representa apenas un insignificante 8% dentro del análisis del impacto los proyectos, impidiéndose proteger efectivamente las fuentes, por lo que se plantea análisis directo del impacto extractivo con base en el criterio de caudal ambiental.

Finalmente, se solicitó a la comisión eliminar elementos ambiguos o riesgosos para la gestión ambiental sostenible del agua y el dominio público efectivo, como lo son la inclusión de las fincas ganaderas dentro del uso doméstico, los injustificados “usos especiales del agua” que evaden el pago de canon, los reconocimientos por inversiones que traspasan funciones públicas a actores privados y desfinancian la gestión pública, además de la polémica figura de autoabastecimiento en condominios que sobrepone intereses particulares sobre el interés común.

Contacto: Dany Villalobos, teléfonos: 8914 7887 / 8781 4512

 

Tomado de https://feconcr.com/

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Protección al agua en Heredia recibe apoyo de diputada

José Francisco Alfaro C, de CONCEVERDE, nos comparte la siguiente información:

“Una nota fue enviada al Ministro de Ambiente, en apoyo a la lucha que libramos en el colectivo CONCEVERDE y otros grupos de Heredia para que se respete la Ley 65 de 1888, ley creada para proteger el agua de cerca del 70% de habitantes del Valle Central.

Recuperar la zona inalienable, es fundamental no sólo para preservar el recurso hídrico del Valle Central, sino la flora nativa y el hábitat de muchas especies de animales, algunas en vía de extinción. La zona inalienable de la ley 65 del 30 de julio de 1888, comprende miles de hectáreas, que van desde el Cerro Guararí, hasta el Cerro Zurquí, hoy muchas en posesión de particulares, por lo que la Sala IV ordenó su recuperación desde el año 2008”.

José Fco. Alfaro C

P/CONCEVERDE

Además, José Francisco nos comparte la nota que fue enviada al ministro por la diputada Catalina Montero. Puede ver la carta en este enlace:

 

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Cartas de viabilidad ilegales otorgadas por AyA

El problema de SARDINAL tiene unos 10 años.

Es un proyecto de llevar agua para abastecer a proyectos de empresas privadas, en ese entonces liderado por el grupo Mapache y que entonces se llamó acueducto de COCOWATER.

Hoy el FIDEICOMISO de empresas privadas lo encabeza Garnier & Garnier y lo administra y le presta su personería jurídica el BANCO DE COSTA RICA.

Se demostró entonces que ese proyecto era totalmente ilegal, por Resolución Judicial de Sala Constitucional (Voto-262-2008) que ordenó archivo expediente en SETENA, obligación de hacer Estudio de Impacto Ambiental, participación comunitaria en toma de decisiones, entre otras.

Además la Contraloría General de la Republica en pronunciamientos (DFOE-ED-22-2008 y DFOE-ED-16-2009) ordenó anular las Cartas de Viabilidad de Agua otorgadas al amparo del agua de Sardinal, sin haberse concluido las obras para disponer de las mismas.

La Contraloría le ordenó a la Municipalidad de Carrillo no usar los documentos en cuestión, para tramitar permisos de construcción.

AyA no anuló las cartas, según lo ordenado y estas se usaron para construir. Básicamente se permitió construcciones ilegales – sin disponibilidad de agua- para 3 grandes grupos empresariales (Mapache en varios proyectos- Pacific Development y Ocotal Pio del grupo Garnier & Garnier.

En la lista entregada por AyA se observa el nombre de muchos proyectos sin medidores instalados, pero que están construidos, sin tener servicio de agua legalmente. Para estos quiere el agua AyA y para muchos más de estos “honestos inversionistas”.

Nadie denuncia las obras ilegales, a pesar de que es obligación de todo funcionario público hacerlo.

Mientras tanto barrios de población costarricense local, del Distrito de Sardinal (Obandito, Nancital, Carpintero 2, Los Canales, y otros, carecen de servicio público de agua, a pesar de la obligación y responsabilidad de AyA, las promesas reiteradamente incumplidas, campañas de publicidad y las excusas del AyA.

Los que son prioritarios, los pobladores, recibirán agua de últimos, si les queda. Tal vez en el año próximo, el gobierno próximo o… cuando se termine con la corrupción.

 

Confraternidad Guanacasteca

Defendiendo los Derechos Humanos, Ambientales y Sociales por un Guanacaste más Justo, Solidario y Equitativo.

 

*Imagen tomada de la nota de SURCOS titulada Guanacaste, el gran asalto dinero o agua

Enviado por Confraternidad Guanacasteca.

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Comité Pro Defensa y Conservación del Agua de Sardinal exige a Gobierno y AyA que cumplan con los acuerdos

El pasado mes de diciembre el Comité Pro Defensa y Conservación del Agua de Sardinal sostuvo una reunión con Yamileth Astorga, Presidenta Ejecutiva del AyA y Mauricio Herrera, Ministro de Comunicación, en la cual se acordó que el 11 de enero del 2018 se reunirían de nuevo para abrir una mesa de diálogo y tomar acuerdos sobre el Proyecto de Ampliación del Acueducto Coco-Ocotal. El Comité les exigiría agua potable para los vecinos de los barrios y caseríos que pertenecen al distrito, estudios técnicos actualizados y permisos para empezar a negociar sobre los avances de las obras, ya que según esta comunidad, sin estos sería temerario tomar decisiones sobre los mantos acuíferos.

Asimismo, si el AYA y el Gobierno incumplen los acuerdos tomados el día 11 de enero, “nos queda claro que algo muy grave esconden y entonces tomaremos las calles para manifestarnos pacíficamente hasta que venga alguien de las autoridades competentes involucradas en el Proyecto de Ampliación del Acueducto Coco-Ocotal.

Acaba de terminar un buen invierno en el que llovió mucho y ya los ríos se han secado considerablemente; estos son signos de que algo anda mal”, manifestó Eunice Contreras, Presidenta del Comité Pro Defensa y Conservación del Agua de Sardinal.

 

*Imagen con fines ilustrativos.

Información facilitada por Eunice Contreras, Presidenta del Comité Pro Defensa y Conservación del Agua de Sardinal.

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Allan Astorga señala ausencia de estudios científicos para tomar decisiones en Sardinal

En una producción de Radio Machete, espacio que se transmite mediante Radio U, el consultor ambiental Allan Astorga señaló la necesidad de estudios científicos para fundamentar las obras que realiza el AyA en Sardinal de Guanacaste. Dudas en torno al caudal en la época no lluviosa así como en relación con el diámetro de la tubería utilizada y la cantidad de líquido que puede transportar generan cuestionamientos de parte del experto.

En un audio compartido por Giovanny Brenes, productor del espacio radiofónico, Astorga expone acerca de desarrollos inmobiliarios autorizados en administraciones anteriores y que hoy forman parte de la «herencia» que está presente en este conflicto. Le invitamos a escuchar el audio con la entrevista.

 

*Imagen de portada con fines ilustrativos.

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«Vecinos de Sardinal quieren compartir el agua»

  • El Gobierno no responde a Sardinal

 

Vecinos de Sardinal “quieren compartir” el agua con el pueblo de Playas del Coco, pero exigen que cambien esa tubería que parece alcantarilla, pues es la misma que los empresarios compraron hace 10 años para llevarse el agua.

Si no se cambia ni el pueblo del Coco no Sardinal pueden asegurar su futuro a 50 años.

Vecinos de Sardinal quieren compartir el agua2
Foto compartida por Wilmar Matarrita.

Enviado por Alejandro García Valerio. 

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El Antropocentrismo de la Ley del Recurso Hídrico

Por Rolando Portilla Pastor, Ingeniero Civil, MSc en Manejo de Cuencas Hidrográficas

 

Se han evidenciado aspectos muy negativos sobre el proyecto de ley para la gestión integrada del recurso hídrico, expediente 17742. Entre ellos, el irrespeto a los principios de la propuesta original en cuanto a participación social, así como la apertura de los parques nacionales a la construcción de grandes proyectos de acueductos, aspectos que no deberían pasar desapercibidos.

Hoy, sin embargo, nos referiremos a la visión y enfoque antropocéntrico (privilegio del ser humano), plasmado en los artículos 95 y 96 de este proyecto de ley, que tratan el tema del caudal ambiental. Como se recordará, este caudal es establecido con la finalidad de mantener en los cauces, un flujo mínimo de agua que garantice la continuidad de los procesos ecológicos y socio-productivos ligados al recurso hídrico. En ese sentido, este caudal ambiental debería ser una restricción absoluta, no sujeta a reducciones de ningún tipo, porque hacerlo implicaría afectar irremediablemente el ecosistema y trasgredir el principio básico sobre el que se fundamenta el mismo, es decir, no sobrepasar la capacidad de soporte del ecosistema fluvial.

No obstante, aunque parezca increíble, el proyecto de ley en mención permite precisamente esto. El artículo 95 señala: “El caudal ambiental deberá considerarse como una restricción con carácter general que se impone al aprovechamiento del recurso hídrico. Sin embargo, en caso de conflicto con el aprovechamiento para consumo humano siempre prevalecerá este último”. “No se concederán ni prorrogarán concesiones de aprovechamiento del recurso hídrico que afecten el caudal ambiental determinado para un cuerpo de agua en particular, excepto el uso para consumo humano” (los subrayados no son del original).

Es decir, según el proyecto de ley, una vez que se establezca el caudal ambiental en un río y de acuerdo a este se hayan asignado todos los usos normales en el mismo: consumo humano, hidroelectricidad, consumo del ecosistema, uso agropecuario, entre otros, sería posible disminuir aún más ese caudal, si por razones de consumo humano fuese necesario, aunque para ello se afectase irremediablemente a los ecosistemas.

Esto es muy grave y representa sin duda, antropocentrismo en grado extremo. No se discute la prioridad que, en condiciones normales pueda tener el consumo humano en la asignación de prioridades de uso, pero nunca debe de permitirse la reducción de los niveles por debajo de los caudales ambientales. Hacer esto, podría llevar incluso a situaciones de secamiento en nuestros ríos y quebradas, algo totalmente inadmisible. No puede ser aceptable, en aras de un antropocentrismo extremista y radical, llegar a secar ríos o quebradas en nuestras cuencas hidrográficas, ni siguiera para satisfacer necesidades humanas. Esto no es ni por asomo, desarrollo sostenible.

¿Cuáles serían algunas opciones para no afectar los caudales ambientales? Perforación de pozos, trasvases entre micro-cuencas o subcuencas, sistemas de re-bombeo, desalinización de agua marina, entre otros; más caros probablemente, pero la sostenibilidad sin duda tiene un costo.

Una gestión integrada y sostenible del recurso hídrico implica, sobre todo, valorar y respetar el agua, los ríos, que son, ni más ni menos, las venas de nuestra tierra, y nunca, bajo ninguna circunstancia, permitir el secamiento de ríos y quebradas. Las aperturas y precedentes que establece este proyecto de ley son muy graves y como sociedad deben motivarnos a reaccionar. El agua es vida y no queremos, de ninguna manera, un futuro con ríos secos en Costa Rica, aunque sea para beneficio humano. Detengamos la aprobación de este destructivo proyecto de ley.

 

*Imagen con fines ilustrativos.

Artículo enviado por Maria Elena Fournier / Fuente: www.elmundo.cr.