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Etiqueta: derechos

Defensoría urge medidas a CONAPDIS y CONAPAM tras investigación del caso Manos Abiertas

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Tras una investigación realizada por la Defensoría de los Habitantes sobre el caso de la Fundación Hogar Manos Abiertas se ha determinado que tanto el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS) como el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM) deben implementar una serie de mejoras en su sistema de atención y supervisión para garantizar de manera efectiva los derechos de las personas con discapacidad y de la población adulta mayor. Es fundamental un actuar preventivo.

El análisis reveló limitaciones por parte del CONAPDIS en poder efectuar una adecuada fiscalización interdisciplinaria continua y oportuna de las alternativas residenciales para personas con discapacidad en condición de abandono, tal como ocurrió con la Fundación Manos Abiertas. El allanamiento realizado el 5 de marzo de 2024 evidenció fallas en el modelo actual de supervisión, lo que llevó a decisiones de emergencia para reubicar a los residentes de la fundación, ante la necesidad de proteger su integridad y derechos.

Este modelo implementado no ha permitido verificar en forma previa y adecuada la operatividad y funcionamiento de las alternativas residenciales. Ante esto, se hace necesario implementar protocolos de acción para prevenir situaciones similares en el futuro. Aunque CONAPDIS fue notificado por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción del allanamiento, la institución no estaba preparada, no contaba con los debidos protocolos para en un tiempo limitado, poder ejecutar un plan de acción adecuado.

A partir de los hechos, la Defensoría recomienda revisar y actualizar el modelo de servicios de convivencia familiar, así como establecer criterios claros y efectivos para la supervisión y fiscalización de alternativas residenciales. Adicionalmente, CONAPDIS deberá desarrollar un plan de capacitaciones para los encargados de estos centros, además de contar con instrumentos que permitan una atención adecuada en casos de emergencias judiciales.

Asimismo, no se logró identificar el mecanismo utilizado por CONAPDIS para determinar el consentimiento informado a ser trasladado a diferentes alternativas residenciales, tratándose de las personas mayores de edad que se encontraban albergadas en dicho hogar, en resguardo de los derechos de autonomía y capacidad de jurídica de las personas con discapacidad.

Por otra parte, la Defensoría calificó de “ausente” la participación del CONAPAM tratándose del caso de la Fundación Manos Abiertas. Como ente rector en materia de vejez, el CONAPAM tiene la responsabilidad de velar por las condiciones de vida de la población adulta mayor con discapacidad, independientemente de la fuente de financiamiento de los centros.

Ante estos hechos, la Defensoría recomendó que el CONAPAM establezca un proceso de coordinación con el CONAPDIS para garantizar una intervención conjunta en casos similares y garantizar la fiscalización de todos los centros que brinden atención a personas adultas mayores.

Recomendaciones a CONAPDIS

  1. Concluir el análisis y elaboración del nuevo modelo de servicios de convivencia familiar y establecer criterios claros para la supervisión y fiscalización.
  2. Calendarizar capacitaciones para el equipo de supervisión interdisciplinario.
  3. Elaborar un instrumento para la atención de futuras intervenciones administrativas y judiciales en alternativas residenciales, en resguardo de las personas con discapacidad, incluyendo acciones preventivas, correctivas, intervención de emergencia y su seguimiento.
  4. Garantizar que los traslados de los residentes se realicen respetando su autonomía y capacidad jurídica.
  5. Verificar que las personas trasladas de la Fundación Manos Abiertas a otra alternativa residencial cuenten con su debida afiliación y adscripción al centro médico que le corresponde.

Recomendaciones a CONAPAM

  1. Convocar una mesa de trabajo para elaborar un instrumento mediante el cual se identifiquen las medidas y mecanismos necesarios para ampliar la fiscalización de todos los centros de atención a personas adultas mayores.
  2. Recordar a las instituciones públicas o privadas que brinden servicios de cuidado y atención a las personas adultas mayores en el país, su obligación de remitir los informes de las evaluaciones anuales sobre la atención brindada a esta población.
  3. Coordinar con CONAPDIS lo relativo a las ubicaciones de la población adulta mayor (las que no se encuentran en el hogar Carlos María Ulloa) y verificar las condiciones en las que se encuentra cada usuario así como las condiciones de la residencia.

La Defensoría de los Habitantes reafirma su compromiso de proteger los derechos de las personas con discapacidad y de la población adulta mayor, instando a ambas instituciones a tomar medidas concretas para evitar que situaciones como la de la Fundación Hogar Manos Abiertas vuelvan a ocurrir.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense alerta sobre ataques del presidente Chaves hacia la educación pública

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación, Trabajo.

En un video publicado el 30 de septiembre de 2024 , Gilberth Díaz, presidente del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC), hizo un llamado urgente a la ciudadanía y al Magisterio Nacional a estar atentos a los discursos del presidente Chaves. Díaz señaló que dichos mensajes han atacado directamente al sector educativo, poniendo en peligro su estabilidad y dejando de lado los principios establecidos en la Constitución Política, que consagra la educación como un derecho fundamental para todos los costarricenses.

Se resalta como hace unos días, en una entrevista realizada por Radio Columbia, el presidente Chaves abordó de manera desinformada y atacante un tema que preocupa a los estudiantes del país: el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), en el cual por primera vez no se alcanzó un acuerdo en la negociación de este fondo, lo que llevará el tema a ser discutido en la Asamblea Legislativa. Durante la entrevista, Chaves afirmó que la reforma constitucional de 2011, que estableció el financiamiento de la educación pública en un 8% del PIB, fue una concesión gratuita de la expresidenta Laura Chinchilla, destinada a beneficiar a grupos de interés y privilegio, como los sindicatos de la educación y las universidades públicas.

El SEC, por su parte, ha respondido afirmando que la educación es un derecho humano que avanza y se encuentra consagrado en la Constitución desde 1949 y que su financiamiento es clave para el desarrollo social y económico del país. Las críticas señalan que el presidente ignora la importancia de la educación como motor de igualdad social y herramienta para el progreso nacional. Además, se advierte que su postura pone en riesgo el futuro de la educación pública y, por ende, el acceso equitativo a oportunidades de desarrollo para los niños y jóvenes costarricenses.

Díaz concluyó haciendo un enfático llamado a unir fuerzas para detener la mala gestión del presidente, advirtiendo que sus acciones están abriendo las puertas para que los jóvenes caigan con mayor facilidad en la marginalidad, donde prevalece la delincuencia. Es imprescindible promover un financiamiento adecuado del FEES, que garantice un futuro y una educación digna para el país.

Le invitamos a ver el video.

Rector de la UCR: «No vamos a claudicar en nuestro compromiso de defender la libertad de expresión”

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

El rector de la Universidad de Costa Rica, Gustavo Gutiérrez Espeleta señala en un video: «No vamos a claudicar en nuestro compromiso de defender la libertad de expresión, la educación y el pensamiento crítico, por más incómodo que esto resulte para los enemigos de la educación, la democracia y la paz».

Este lunes 1 de octubre de 2024, el rector de la Universidad de Costa Rica (UCR) se pronunció ante la grave situación ocurrida el pasado 30 de septiembre, cuando la institución fue blanco de una amenaza directa de bomba. Gustavo Gutiérrez destacó que este tipo de eventos debería preocupar profundamente a todos los costarricenses que valoran y desean vivir en un país tradicionalmente pacífico, porque aunque la amenaza resultó ser falsa, es preocupante el mensaje que podría transmitir y que no debe permitirse que se repita o se normalice.

Se considera que este acto fue, en parte, el resultado de los discursos cada vez más frecuentes que provienen de los altos mandos del Poder Ejecutivo en el país. La estructura y el enfoque de la amenaza reflejan un patrón similar a esos mensajes que intentan desprestigiar la credibilidad de las instituciones y perjudicar a la educación pública universitaria, fomentando un clima de desconfianza y odio.

Esta situación es especialmente preocupante a su vez, ya que revela cómo para algunos actores la formación en humanidades, el pensamiento crítico y la libertad de pensamiento se han convertido en una amenaza tanto para ellos como para el país, cuando no es así. Por ello, es inaceptable que los miles de estudiantes que buscan un mejor futuro y más oportunidades sientan que su lugar de aprendizaje ya no es seguro. A pesar de esto, la universidad continuará fortaleciendo estos espacios día a día, reafirmando su compromiso con la educación, la seguridad y el desarrollo integral de sus estudiantes.

Le invitamos a ver el video con la exposición del rector de la UCR:

Lenin Hernández critica a Esquivel y al gobierno por no atender las prioridades en la CCSS

Escrito en . Publicado en Trabajo.

Lenin Hernández Navas, secretario general del sindicato SINAE AFINES, ha lanzado duras críticas contra Marta Esquivel, quien había presentado una iniciativa relacionada con la política de género institucional en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Esquivel anunció la implementación de ropa hospitalaria específica para mujeres, compuesta por pantalones y blusas, lo cual fue calificado por Hernández Navas como una “distracción de los problemas realmente importantes que enfrentan los costarricenses”.

En su respuesta, Hernández Navas instó a Esquivel a enfocarse en lo urgente y relevante, señalando que los problemas de salud pública, como el cáncer y las listas de espera para procedimientos quirúrgicos, son cuestiones que exigen atención inmediata. El líder sindical subrayó la gravedad de la situación del cáncer en Costa Rica, destacando que anualmente se detectan 13,000 casos nuevos de diferentes tipos de cáncer y que 5,700 personas mueren a causa de esta enfermedad. Además, criticó la cantidad insuficiente de mamografías realizadas en la CCSS, mencionando que por cada 76 mamografías, una mujer fallece, lo que muestra un claro déficit en la prevención y el tratamiento de enfermedades graves.

Hernández Navas también abordó el alarmante aumento en las listas de espera desde que Esquivel asumió su cargo. El dirigente señala que la lista de espera para procedimientos quirúrgicos ha crecido en 19,000 personas, sumando un total de 188,600 personas que esperan atención médica. En los últimos cuatro meses, más de 2,000 personas adicionales se han sumado a estas listas, lo que ha generado una crisis en la atención de salud, que Hernández Navas califica como una situación de “listas de muerte” debido a la irresponsabilidad de Esquivel.

Además de responsabilizar a Esquivel, Hernández Navas acusó al presidente de la República de protegerla y no tomar medidas efectivas para resolver los problemas dentro de la CCSS. En su opinión, el presidente no solo es parte del problema, sino que también ha permitido que la corrupción dentro de la Caja siga proliferando. Para Hernández Navas, tanto Esquivel como el presidente son responsables de una situación que pone en riesgo la vida y la salud de miles de costarricenses.

Violencia digital se asienta entre adolescentes

Escrito en . Publicado en Derechos.

  • Compartir material íntimo como fotos y videos aparece en primer lugar de estudio que aplicó cuestionario a 146 personas adolescentes.

  • 76% dijo que la tecnología es importante en las relaciones de pareja.

UNA Comunica. 19 de setiembre de 2024. Tres estudiantes de un colegio en Heredia fueron suspendidos el mes anterior por alterar imágenes de compañeras utilizando Inteligencia Artificial (IA). Este, es un caso de violencia digital.

Es también el retrato de la forma en que ahora, hombres y mujeres en edad adolescente, interactúan con el uso de las nuevas tecnologías, trasgrediendo derechos de otras personas. Pero no es la única forma.

Un proyecto de investigación del Instituto de Estudios de la Mujer (IEM) de la Universidad Nacional (UNA), aplicó un cuestionario de 24 preguntas, utilizando como modelo a un colegio de zona urbana y otro de colegio rural. En total, se entrevistó a 146 personas que cursan décimo o undécimo año y con edades entre los 16 y 18 años.

Uno de los resultados más esclarecedores, indica que, de la población total consultada, un 90% de la zona rural afirmó que conoce al menos de una situación de violencia empleando la tecnología. En el caso del colegio urbano, el porcentaje es del 85%.

“En este sentido, es posible afirmar que las situaciones de violencia mediadas por la tecnología resultan bastante habituales en la cotidianeidad de las personas adolescentes y que el estudiantado está en la capacidad de reconocerlas como situaciones que son efectivamente violentas”, se indica en la investigación.

El estudio hizo una aproximación sobre las principales situaciones de violencia que dijeron reconocer las y los encuestados. En primer lugar, aparece la acción de compartir material íntimo como fotos o videos (68,7%), seguido de actitudes de celos por publicaciones que se comparten desde las redes sociales (64,6%).

Luego, destacan la divulgación de memes como gesto de burla o acoso contra otra persona y, en cuarto lugar, el envío de mensajes o llamadas de manera repetida para vigilar a su pareja adolescente.

“También logramos identificar otras situaciones en donde tanto hombres como mujeres ejercen violencia por medio de la tecnología. En el caso de ellas, pudimos constatar que lo ejercen más por el tema de controlar y ver qué hace mi pareja. En cuanto a ellos, la utilizan más para lo que llaman ‘quemar’ a alguien, compartiendo imágenes de contenido sexual sin el consentimiento de la otra persona”, manifestó Sileny Mena, una de las investigadoras.

Estos resultados se destacan en el estudio Tecnologías y violencia de género en las relaciones de pareja de adolescentes a cargo de las académicas Mena, Fanella Giusti y Silvia Jiménez del IEM.

De acuerdo con Jiménez, para el desarrollo de este trabajo fue fundamental el apoyo del Ministerio de Educación Pública (MEP), por medio de un convenio para acceder a los centros educativos y al consentimiento informado de los padres o encargados legales de los adolescentes.

“Esta temática es de mucha relevancia en la actualidad porque sabemos que la tecnología es algo del día a día, de su cotidianidad, más aún entre la población adolescente que creció en plena era digital y que la utiliza para socializar y relacionarse afectivamente”, indicó Silvia Jiménez.

Además de estos resultados, el proyecto contempla la divulgación de una campaña por redes sociales con posteos para ayudar a identificar conductas o acciones que representen violencia de género digital. El nombre de la campaña es Alto a la violencia digital.

Otros resultados

Comentarios digitales que afectan la reputación de la persona, uso de perfiles falsos para establecer una relación, acceso a contraseñas y cuentas personales, revisión del teléfono celular sin consentimiento, grabación de encuentros sexuales y publicación de imágenes alteradas (como el caso de los estudiantes de Heredia), son otros ejemplos de casos que las y los adolescentes dijeron reconocer.

El cuestionario reportó que en la mayoría de situaciones, son los hombres quienes realizan la acción y las mujeres quienes lo reciben. Sin embargo, en algunas de ellas las diferencias no son significativas. Por ejemplo, en el caso de compartir imágenes o mensaje íntimos el porcentaje indicado de que son ellos quienes lo hacen contra ellas es de un 46,3%, mientras que viceversa, es de un 43,5%.

A pesar de ello, para un 76% de las personas consultadas las tecnologías tienen un papel trascendental en sus relaciones de pareja, frente a un 24% que dijo que este factor tiene poca o ninguna importancia.

Del total de personas consultadas, 106 manifestaron que el principal uso que le da a la tecnología en sus relaciones es para “conversar”, 77 mencionaron que “para compartir fotos y/o videos”, mientras que 43 para “tener encuentros sexuales”.

El estudio también consultó acerca de cuáles consideran que son los efectos más relevantes en la salud física o emocional de situaciones de violencia vividas. Este ítem lo respondieron 48 adolescentes, y destaca en primer lugar la “inseguridad” como principal consecuencia. Le siguen sentimientos de “enojo”, “ansiedad” y “vergüenza”.

Al respecto, la investigación concluye que “es importante vislumbrar las posibles ramificaciones que podría acarrear tales efectos, dentro de los cuales conviene destacar el suicidio. Si bien es cierto que en los datos de la presente investigación la ideación suicida es reportada en menor medida por el estudiantado, el malestar emocional a raíz de situaciones de violencia en las redes sociales es una de las principales causas de este fenómeno entre la población adolescente. En este sentido, los datos recopilados merecen una aguzada atención, pues pueden conllevar consecuencias psíquicas perdurables y hasta irreversibles”.

En términos generales, se identificó que el teléfono celular es el dispositivo electrónico que más poseen los estudiantes, y mientras en la zona urbana un 67% dijo utilizar aplicaciones, ese porcentaje se reduce a un 51% en la zona rural. La edad de inicio en el uso de aplicaciones es de 12,94 años y las principales apps que utilizan son WhatsApp, Facebook, Instagram, Tik Tok y videojuegos en línea.

El estudio determinó, además, que algunos estudiantes manifestaron que han utilizado aplicaciones para citas (su uso se reporta a los 13 años en el caso de zona urbana y de 16 años en zona rural).

Finalmente, se estableció que, para la población de ambas regiones, el promedio de edad en que inician las relaciones de pareja es a los 14 años.

Se adjunta el estudio.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

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Taller de arpilleras: bordando derechos y justicia

Escrito en . Publicado en Derechos, Equidad y derechos de la mujer.

Fecha: 3 de octubre
Hora: 10:00 a.m.
Lugar: UCR, edificio de Educación Continua, Ciudad de la Investigación

El taller se enmarca dentro del proyecto «Lazos culturales: Costa Rica-Chile», organizado por la Unidad de Equidad y Género de la UCR, la Embajada de Chile en Costa Rica y el colectivo «Chileniticxs». En este taller, titulado «MemorArte: Arpilleras Urbanas de Chile», se aprenderá a crear arpilleras, una forma de expresión artística que no solo narra historias, sino que también sirve como herramienta de incidencia política. A través del bordado, se dará voz a experiencias y demandas, promoviendo los derechos humanos desde una perspectiva de género y feminista.

Organizan:

  • Unidad de Equidad y Género UCR
  • Embajada de Chile en Costa Rica
  • Colectivo Chileniticxs

En el marco del taller, también se llevará a cabo la conferencia «El arte de las arpilleras: Incidencia política y derechos humanos», que abordará la relevancia del arte de las arpilleras en la promoción de la justicia y la equidad social.

Reunión en la Asamblea Legislativa traza los próximos pasos para el Pacto Nacional por la Educación Pública

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

El viernes 12 de septiembre, en el Salón de Expresidentes de la Asamblea Legislativa, se llevó a cabo una importante reunión para discutir los próximos pasos en relación con el Pacto Nacional por la Educación Pública, tras la reciente movilización nacional. La actividad contó con la participación de integrantes de la Comisión de Asuntos Hacendarios, de la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo, así como representantes de organizaciones y movimientos que forman parte del Pacto. Durante la reunión se abordaron temas clave relacionados con el futuro de la educación pública y las estrategias para su fortalecimiento en el ámbito nacional.

María Ortega, presidenta de la Federación de Estudiantes de la UNED, resaltó la importancia de la actividad como un espacio para compartir los avances logrados desde la movilización y enfatizó que la lucha por la educación sigue vigente. Ortega destacó que, aunque la marcha ya pasó, el compromiso de las organizaciones sigue firme en la defensa de la educación pública.

Por su parte, Juliana Navarro, vicepresidenta de la FEUNED, subrayó la relevancia de continuar fortaleciendo los enlaces entre las distintas organizaciones y sectores. Señaló que la lucha por la educación pública es un esfuerzo colectivo, que requiere la participación y el trabajo conjunto de todos y todas.

Se habló sobre la importancia esencial de la educación como mecanismo de cohesión social y construcción de identidad ciudadana. Esta participante mencionó que durante la reunión se tuvo la oportunidad de intercambiar ideas con diputados y diputadas de la Comisión de Asuntos Hacendarios, y que el enfoque principal fue la necesidad de seguir destacando la educación como un tema prioritario en la agenda pública. Asimismo, se consideró positivo no solo el nivel de convocatoria, sino también la apertura hacia el fortalecimiento del presupuesto destinado a la educación.

Vivian Rodríguez Araya, presidenta del Directorio Nacional de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y Desarrollo Comunal, comentó que la actividad realizada en la Asamblea Legislativa permitió un foro de discusión y análisis sobre los desafíos que enfrenta la educación en el país. Señaló que diversos sectores sociales y productivos se unieron para reflexionar sobre cómo avanzar y definir el Pacto Nacional por la Educación Pública, considerando este pacto como un vehículo para trazar una verdadera ruta hacia la solución de los problemas que enfrenta la educación en Costa Rica.

Allison Quintanilla Hernández, coordinadora técnica de la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo y asesora del proceso del Pacto Nacional por la Educación Pública explicó que ese día comenzó formalmente el proceso de consulta ciudadana, un espacio para la participación de diversos sectores sociales y productivos en diálogo y coordinación con la Asamblea Legislativa. Este proceso tiene como objetivo determinar, en un plazo de 45 días, el presupuesto nacional que incluirá el financiamiento destinado a la educación pública.

Allison Quintanilla Hernández subrayó que Costa Rica enfrenta una de las crisis más graves de las últimas cuatro décadas, y que por ello las organizaciones sociales y productivas han trabajado en alianza y coordinación por más de un año para fortalecer no solo el presupuesto, sino también el modelo de desarrollo y educación que el país necesita. Este modelo debe enfocarse en la universalidad, calidad y respeto a los derechos humanos. Además, expresó que las expectativas de las organizaciones son elevadas, y que no se prevé un escenario en el que la Asamblea Legislativa se desentienda del proceso o niegue la aprobación de un presupuesto mínimo para la educación pública, lo cual sería desastroso para el país.

Finalmente, Allison Quintanilla Hernández hizo un llamado a la sociedad costarricense, incluidos padres y madres de familia, sindicatos, movimientos sociales, sectores productivos y religiosos, a unirse en una conversación nacional por el bien común. Subrayó que esta lucha trasciende ideologías partidarias o intereses gremiales, ya que lo que está en juego es el futuro de la educación pública en Costa Rica.

Presentación en la UCR: Cinco trabajos sobre el impacto laboral y socioambiental de los monocultivos

Escrito en . Publicado en Comunidad, Derechos, Trabajo.

El lunes 16 de septiembre de 2024, a las 4:00 p.m., en el miniauditorio del sexto piso de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR), el Dr. Mauricio Castro Méndez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, coordinará la presentación de los resultados del proyecto “Impacto laboral y socioambiental de los monocultivos en comunidades bananeras y piñeras de la Zona Norte y Caribe, en el marco de la Red Iberoamericana de Cadenas de Valor (REDIC)». 

Durante el evento, se presentarán cinco trabajos excepcionales que abordan temáticas clave sobre los derechos laborales en Costa Rica. Las licenciadas Naomy Vega y María José Naranjo Aragonés tratarán sobre la indemnización plena por riesgos laborales y las implicaciones jurídicas de la compensación parcial a trabajadores afectados. Natalia Oviedo y Claudia Campos analizarán la Ley 9808, conocida como ley antihuelga, y su relación con el principio de no regresividad de los derechos humanos. David Bermúdez Corrales expondrá sobre los condicionantes socioculturales en el Valle de la Estrella y cómo afectan la percepción de derechos laborales entre el personal administrativo en las plantaciones de banano. Mónica R. Víquez presentará un estudio sobre la sindicalización de personas privadas de libertad y las complejidades legales y sociales relacionadas con sus derechos laborales. Karla Fernández Ávila y Jouseth Cháves Rodríguez cerrarán la jornada con un análisis de las categorías de trabajo pesado, peligroso e insalubre en Costa Rica, especialmente en las plantaciones de piña, y su relevancia para los operadores del derecho en diversos sectores. 

Este evento ofrece una oportunidad única para discutir temas cruciales para el bienestar laboral en el país. En la imagen se informa los medios por los cuales estará la transmisión.

Pacto Nacional por la Educación Pública realizó análisis: ¿Qué sigue después de la movilización?

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

El viernes 12 de septiembre se realizó una reunión en el Salón de Expresidentes de la Asamblea Legislativa para discutir los siguientes pasos en relación con el Pacto Nacional por la Educación Pública, tras la reciente movilización nacional.

En esta reunión participaron integrantes de la Comisión de Asuntos Hacendarios, de la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo y organizaciones y movimientos integrantes del Pacto Nacional por la Educación Pública.

Se abordaron temas clave sobre el futuro de la educación pública y las estrategias para su fortalecimiento a nivel nacional.

Denuncia de ANEP por presunto conflicto de interés en la CCSS involucrando a funcionarios de CENDEISSS

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La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) presenta una denuncia ante la Presidenta Ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, señalando un posible conflicto de interés de los funcionarios Gerick Jiménez Pastor, Dominique Guillén Femenias y Erick Méndez Monge, quienes forman parte de la sociedad responsabilidad limitada denominada Innovation and Strategy Health Consultors Novel y han sido nombrados interventores del CENDEISSS. ANEP solicita su remoción, la anulación de sus actos y una investigación exhaustiva.

A continuación, presentamos el documento de denuncia formal enviado por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) a la Presidenta Ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS):

LA VERDADERA DEMOCRACIA ES LA DEL PLENO RESPETO A TODOS LOS DERECHOS HUMANOS

San José, 11 de septiembre de 2024.

S.G. 21-25-3176-24

Licenciada

Marta Eugenia Esquivel Rodríguez

Presidenta Ejecutiva

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS)

ASUNTO: Denuncia.

Estimada señora:

Reciban un cordial saludo de parte de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

Como es de conocimiento público, la organización que representamos ha venido generando una serie de gestiones en defensa de la Caja Costarricense de Seguro Social, ante la Fiscalía, Contraloría General, auditoría interna, Defensoría, entre otras instituciones.

Así las cosas y siendo público y notorio que los funcionarios Gerick Jiménez Pastor, Dominique Guillén Femenias y el señor Erick Méndez Monge, forman parte de la sociedad de responsabilidad limitada denominada Innovation and Strategy Health Consultors Novel, y que estos, a su vez, han sido nombrados por su autoridad como interventores del CENDEISSS, lo cual podría conformar un cuadro fáctico de un posible, pero inminente, conflicto de interés que impone a todas luces ser puesto a derecho, considerando que:

  1. Los funcionarios Gerick Jiménez Pastor, Dominique Guillén Femenias y el señor Erick Méndez Monge (este último por extensión); forman parte de la sociedad de responsabilidad limitada denominada Innovation and Strategy Health consultors novel, según consta en el Registro de la Propiedad.
  2. Los funcionarios Dominique Guillén Femenias, Gerick Jiménez Pastor y Erick Méndez Monge, hasta donde entendemos, han sido nombrados como interventores del CENDEISSS, lo cual podría conformar un cuadro fáctico de un posible, pero inminente conflicto de interés.

Ese presumible cuadro fáctico que en principio podría conducir a la consolidación de un escenario de conflicto de interés, encuentra asidero en la siguiente prueba documental:

  • Sesión No. 9335 del 18 de mayo del 2023.
  • Oficio SJD-CJD-0002-2023 del 10 de mayo de 2023.
  • Oficio GG-CENDEISSS-0325-2023, con fecha del 15 de mayo del 2023,
  • Oficio INTERVENCIÓN-CENDEISSS-0014-2023, del 5 de junio y
  • Sesión No. 9347 del 19 de junio del 2023, en la cual la Junta Directiva de la CCSS, ratifica como interventores a Doctora Dominique Guillén Femenias y al Doctor Gerick Jiménez Pastor.
  1. Los hechos supra evidencian un posible conflicto de interés de orden administrativo y ético, ya que al constituirse en interventores del CENDEISSS, sus funciones rozan con las funciones que tiene el área de bioética de esa unidad, pues ahí, entre otras cosas, se tramitan asuntos relativos a la aprobación de proyectos de investigación biomédica.
  2. El Doctor Gerick Jiménez Pastor, es funcionario de la Dirección de Farmacoepidemiología, dependencia donde se tramitan aprobaciones de medicamentos.
  3. Ambos casos al parecer presentan una relación con el quehacer institucional y a su vez no es descartable que formen parte de las presuntas actividades de la sociedad de responsabilidad limitada, cuyo nombre, es ahora de manejo público.

Ante tales circunstancias y siendo que existe documentación probatoria sobre el presunto conflicto de interés, estamos formalizando ante su autoridad la presente denuncia relacionada con los tres funcionarios supra, solicitándole en el marco de la ética, transparencia, la asertividad y la rendición de cuentas, que caracteriza a la ANEP, lo siguiente:

  1. La remoción de los funcionarios Guillén, Jiménez y Méndez, de todo tipo de funciones relacionadas con las actividades registradas por la empresa constituida por ellos.
  2. Anular todos los actos realizados por estos en su condición de interventores del CENDEISSS, y,
  3. Ordenar las investigaciones pertinentes que determinen las sanciones correspondientes para estos funcionarios de tan alto nivel, por este presunto grado de conflicto de interés según las leyes aplicables.

Sin otro particular, se suscribe,

Albino Vargas Barrantes

Secretario General ANEP

cc.: Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

cc.: Licda. Vilma Campos Gómez, Gerente General, CCSS.

cc.: Dr. Wilburg Díaz Cruz, Gerente Médico, CCSS.

cc.: Lic. Olger Sánchez Carrillo, Auditor Interno, CCSS.

cc.: Lic. Gilberth Alfaro Morales, Director Jurídico, CCSS.

cc.: Honorables jefaturas de fracción parlamentaria, Asamblea Legislativa de Costa Rica.

cc.: Fiscalía General de la República.

cc.: Junta Directiva Nacional (JDN), ANEP.

cc.: Archivo.

S.G. 21-25-3176-24-CCSS-Denuncia por conflicto de interesesDescarga