El Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, CICDE, organiza el documental que refleja la investigación «Mujeres en movimientos socioculturales del siglo XXI: un acercamiento a sus realidades en espacios politizados y artísticos» elaborada por las compañeras Roxanna Morales B. (Coordinadora), Patricia Oliva Barboza, María Alexandra Medina H, Backtori Golen Zúñiga.
Lugar: Paraninfo Daniel Oduber, UNED, Sabanilla, Montes de Oca.
Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Más cinco mil campesinos procesados, de ellos 700 son mujeres campesinas en su mayoría por el delito de usurpación de tierra y daños a la propiedad privada, denunciaron las organizaciones campesinas hondureñas.
Las organizaciones campesinas, federaciones, confederaciones de mujeres y jóvenes miembros de la articulación campesina de honduras, (ARCAH-LVC), y representantes de la Plataforma Agraria Regional del Valle de Sula desarrollaron una conferencia de prensa en el marco del día del Campesino Nacional, para denunciar la ola de desalojos violentos que han realizado el ejército y la policía en los últimos meses en el municipio Choloma Cortes y el departamento de la Paz.
Según el informe 11 trabajadores del campo guardan prisión y enfrentan condenas entre los 6 y 18 años de cárcel.
Los detenidos son: son Omar Mejía Gálea, Benancio Palomo Chavarría, Edgardo Hernández detenidos el 10 de Enero 2014 y miembro del Grupo Buena Vista, la brea Comayagua, Héctor David Gáleas López, Nery Antonio Gonzales, Ángel Arnaldo Martínez Márquez, Manuel Nicolás Domínguez, José David Aguilar Gáleas, Jacinto Bardales detenidos el 11 de Octubre 2013, son miembros del Grupo 18 de Abril la Pollera, Quilaperque, La Paz, Osmar Lara miembro del Grupo Campesino Unidos para un Futuro Mejor, Márcala, La Paz y José Isabel Morales (chabelo) detenido 4 de Agosto 2008 Movimiento CREM, Trujillo, Colon.
Desalojos violentos
El movimiento campesino a nivel nacional ha sido objeto en los últimos meses de represión, desalojos violentos y detenciones ilegales por miembros de la policía y el ejército, jueces y fiscales que se prestan para ejecutar desalojos violentos en contra de las familias campesinas que se encuentran en la tierra y favorecer a los terratenientes.
“Condenamos el desalojo que sufrieron esta madrugada los compañeros del grupo campesino Juan Almendares Bonilla, del sector de Planes, Santa María, La Paz, donde se destruyó sus casas y los cultivos de maíz, frijoles y café. Teniendo como resultado compañeros heridos y 15 detenidos entre ellos 9 varones 3 mujeres y 3 niños”, indicaron en un comunicado público.
“Este mismo día a las 3:00 de la mañana unos 200 miembros del ejército de la policía llegaron a la comunidad de Santa María en el departamento de Paz, y desalojaron violetamente a 30 familias miembros de la Empresa Asociativa Campesina Juan Almendares que estaban posicionados en la tierra desde hace más de cuatro años”, añadieron.
En el desalojo destruyeron cultivos, casa en las que habitaban las familias y 15 personas detenidas quienes fueron trasladas a la jefatura de policía de la Paz.
Entre los detenidos se encontraban: a Máximo Carrios, Luis Beltrán Aguilar, José Antonio Vásquez, Edi Benjamín Vásquez, Oscar Martínez, Esteban López, Héctor Emilio López Chicas, Arnold Cruz López Rodríguez. Y de inmediato salieron cinco compañeros con medidas sustitutivas; María Emérita López, Martha Dalila Vásquez, Elvin López (14 años), Jairo Joel López Chicas (15 años) y Jennifer Areli Gáleas.
Finalmente las organizaciones campesinas a nivel nacional demandaron al gobierno de Juan Orlando Hernández el cese a los desalojos violentos, persecución y asesinato en contra de líderes y lideresas campesinas, la aprobación de Ley de Reforma Agraria Integral con Equidad de Género para la Soberanía Alimentaria y el Desarrollo Rural, la libertad inmediata para los 16 compañeros campesinos presos en los centros penales de Tamara, Márcala y La Ceiba, Crédito agrícola para las/os pequeños y medianos productores entre otros.
Crisis alimentaria en Honduras
Honduras atraviesa una fuerte crisis agraria y alimentaria debido a que el campo dejo de ser un sector importante para los Gobiernos, pues el sistema Neoliberal definió un plan de desarrollo encaminado a fortalecer la industria de agro exportación, el sistema financiero, la minería, el turismo, la maquila entre otras la agricultura queda en el absoluto abandono.
La falta de voluntad política de los diferentes gobiernos ha provocado graves consecuencias que afectan la soberanía alimentaria de forma severa, al grado que se está importando frijoles etíopes, verduras, arroz y maíz los cuales años atrás eran cultivados por las y los pequeños productores del país, lamentaron diferentes líderes campesinos.
Otro factor que agrava la crisis en el país es el Cambio Climático en el año 2014 los impactos fueron sufridos en la zona sur y otras regiones del país por más de 180 mil familias, que aún se encuentran en situación de inseguridad alimentaria, porque fueron insuficientes las iniciativas del gobierno para fortalecer la resiliencia de la agricultura familiar ante la sequía, que incluyó bolsas solidarias, importación de frijoles Etíopes y capacitaciones para retención, almacenamiento y limpieza de agua para consumo humano.
En la actualidad el agro hondureño enfrenta una verdadera tragedia humana, la situación en el campo se ha venido agravando cada día por la ausencia de un verdadero marco jurídico el pasado 9 de abril fue presentada al Congreso Nacional un proyecto de Ley de Reforma Agraria Integral con Equidad de Género para la Soberanía Alimentaria y el Desarrollo Rural, pero este continua durmiendo en el sueño de los justos.
Mientras el Gobierno importa frijoles etíopes, el ejército y la policía destruyen grandes extensiones de milpa, frijoles, plátano, asimismo la quema y destrucción de las casas donde habitan las familias campesinas dejándolas a la intemperie, condenaron.
(Harare 8 de Marzo de 2015) Hoy en el Día Internacional de las Mujeres – 8 de marzo – La Via Campesina llama a articular acciones que permitan visibilizar el rol fundamental que tienen las mujeres campesinas para garantizar la Soberanía Alimentaria no solo para enfrentar la crisis alimentaria, sino como un principio ético de vida que tiene como base la justicia social y la igualdad. En esta jornada de lucha denunciamos la violencia ejercida, específicamente en las mujeres, pues el modelo del agronegocio y el capital en el campo han agudizado las desigualdades sociales y de género. Es así que las mujeres luchamos contra el patriarcado que se manifiesta en todas las esferas de la vida, la familia, organizaciones, comunidades, de género y sexualidad, condenamos también el feminicidio que causa millones de asesinatos de niñas y mujeres en todo el mundo y nos solidarizamos con todas las personas que sufren discriminación y violencia por causa de su identidad de género y/o sexual.
El papel de la mujer en La Vía Campesina forma parte de lo que hace que este movimiento sea único tanto en la historia de los movimientos campesinos como entre otros movimientos sociales y organizaciones internacionales.
Para Nettie Wiebe, de la Vía Campesina Norteamérica “el trabajo, las perspectivas, el análisis, la energía, el liderazgo y la presencia de las mujeres en La Vía Campesina han transformado y reforzado nuestro movimiento”. El modelo de la agricultura campesina asumido por La Vía Campesina Internacional no solo incluye a las mujeres, sino que reivindica sus derechos y les permite ser campesinas en igualdad.
En el actual contexto el acaparamiento, el despojo y la explotación por parte de las transnacionales aumenta con el modelo extensionista del agronegocio, así como se incrementa la vulnerabilidad de las mujeres campesinas e indígenas expulsadas a diariamente de sus tierras.
En ese sentido, La Vía Campesina afirma la necesidad de una Convención Internacional sobre los Derechos de Campesinas y Campesinos, pues los mecanismos y convenciones internacionales han resultado limitados, en lo que respecta a la protección de los derechos de las campesinas y de las consecuencias de las políticas neoliberales.
En esta jornada de 8 de Marzo las mujeres y hombres de La Vía Campesina defendemos una reforma agraria integral, los bienes naturales como la tierra, el agua, los territorios que en su conjunto garantizan la soberanía alimentaria mediante una producción agroecológica, que revalora la agricultura campesina, por cual denunciamos ampliamente la destrucción y depredación por la aplicación del monocultivo, el uso indiscriminado de agrotóxicos y por los daños que causan las transnacionales en nuestros territorios. Mayor rentabilidad y productividad en el campo significa menos condiciones dignas de vida para millones de campesinas y campesinos, el mercado no puede seguir dictando las políticas agrícolas y atentando contra la salud del pueblo y de la naturaleza.
Este 8 de marzo seguiremos Globalizando la lucha y la esperanza por un mundo más justo e igualitario para todas y todos, nos solidarizamos con Máxima Acuña, la campesina e indígena peruana que lucha y resiste a una transnacional minera, nos inspiramos en su fortaleza y dignidad para decir: Basta al sistema capitalista y patriarcal.
En fecha 27 de enero del 2015 nuestra Fundación manifestó: “Con vista en los reportes sobre Derechos Humanos y Ambiente que ha presentado al mundo el Comisionado Especial de las Naciones Unidas en esta materia; con vista de la urgencia de garantizar la seguridad de aquellos que día con día trabajan por la conservación de nuestros ecosistemas y conscientes de la necesidad que tiene nuestro país de sustentar su reputación verde y seguridad jurídica expresamos nuestra mayor preocupación y repudio por las acciones aparentemente negligentes de parte del personal técnico del Sistema Judicial Costarricense que ha llevado al desenlace en primer instancia del juicio penal sobre la muerte del ambientalista Jairo Mora Sandoval con una sentencia absolutoria. Llamamos a las autoridades del país a ejercer las acciones y recursos pertinentes con el fin de garantizar que se cumplan con la justicia y el debido proceso.” Esta manifestación se basa en la más profunda creencia de parte de nuestra institución de la necesidad de que el Poder Judicial sea el garante por excelencia de que la seguridad jurídica es un bastión de la democracia costarricense.
En este sentido la desacreditación en sede jurisdiccional de la competencia técnica y eficiencia de las instituciones encargadas de indagar pruebas, establecer y encausar la acción pública penal en representación el pueblo de Costa Rica es uno de los elementos de más crítica importancia.
Para el jueves 29 de enero diversas organizaciones ambientalistas llamaron a una protesta en diversos lugares del país frente a los edificios de los tribunales de justicia con el fin de protestar el fallo absolutorio en cuestión. Esta protesta tuvo una respuesta tan amplia como su convocatoria. A la misma asistieron representantes de diversos grupos con diversas preocupaciones y agendas específicas. Como se pudo corroborar de la cobertura de medios, algunos grupos expresaron en sus pancartas posiciones de corte político con tintes muy enérgicos. Otros fueron más moderados en esta línea. Muchos mostraron preocupación con la potencial negligencia o falta de pericia del Ministerio Público y su efecto sobre la credibilidad de este órgano. Otros grupos e individuos llegaron para expresar su solidaridad con el impacto que le causó el fallo de primera instancia a la familia Mora Sandoval.
La Presidenta de la Corte Suprema de Justicia expresó mediante misiva del 2 de febrero al Presidente de la República su posición respecto a la participación del Sr. Ministro del Ambiente en estas actividades indicándole su preocupación pues interpretó la presencia del Ministro como una búsqueda de un resultado determinado en un caso en discusión y, por tanto, una violación de la división de poderes.
Conforme lo corroboran diversos asistentes a la actividad, al intervenir en el micrófono de la actividad, el Ministro Gutiérrez se manifestó en solidaridad con los familiares de Jairo Mora y abogó por que el poder judicial garantizara que los funcionarios del Ministerio Público obraran con eficiencia y calidad técnica de manera que no se dieran situaciones que atentasen contra el debido proceso y la justicia, resultando en impunidad. En similar sentido se manifestó el Presidente Solís ante los medios informativos.
El Ministro Gutiérrez fue tan solo uno de los diversos funcionarios públicos que asistieron a la actividad como se colige de la misma cobertura de medios. Entre ellos varios diputados de la Asamblea Legislativa se hicieron presentes al evento con el fin de expresar diversas perspectivas. Asimismo, somos testigos presenciales de la participación de los Ministros del Ambiente de administraciones pasadas en actos de similar convocatoria amplia.
Por ello, no encuentra nuestra Fundación de la recopilación fáctica del evento que ninguna de las acciones del Ministro Gutiérrez se ajuste a la conducta que describe el artículo 149 inciso 5 de nuestra Constitución Política que establece la responsabilidad para los miembros del Poder Ejecutivo “Cuando impidan o estorben las funciones propias del Poder Judicial, o coarten a los Tribunales la libertad con que deben juzgar las causas sometidas a su decisión.”
De hecho nos parece que su preocupación responde a la defensa de la imagen del país la cual según el reporte del 2013 del Experto Independiente de la ONU, John Knox, resultó positiva sin embargo apuntando que “No es la tarea de las organizaciones sociales ni de las personas comunes poner su vida en riesgo para proteger el ambiente. Esas funciones de policía son tareas que deben estar en manos de los gobiernos”. Asimismo, como parte del contenido de la puesta en práctica de los derechos consagrados en el artículo 50 de nuestra constitución reiteró la importancia y el derecho de la sociedad civil de participar en tareas que son fundamentales como en los procesos de toma de decisiones, concientización pública, acciones de educación, activismo y hasta en ciertos casos la protesta social.
Asimismo, consideramos que con la debida propiedad estas acciones son plenamente consecuentes con el artículo 9 de nuestra constitución que hoy día reza que “El Gobierno de la República es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable. Lo ejercen el pueblo y tres Poderes distintos e independientes entre sí: El Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial” (el subrayado es nuestro).
En la Sede del Pacífico “Arnoldo Ferreto Segura” (Universidad de Costa Rica, Ciudad de Puntarenas), una joven estudiante se preguntaba un día, un poco desconcertada (pero con tanta luz en sus manos), que cómo iba a ser posible que en un mismo día secuestraran a 43 personas y las desaparecieran a todas. En efecto, la joven estudiante tiene razón. Inverosímil. Ese es un hecho de tal magnitud, que cualquier persona lógicamente puede tener dificultades para encajarlo en su capacidad mental de asimilación y comprensión.
Una periodista de la Radio 870 de la UCR, me preguntaba que por qué Ayotzinapa. No tengo un conocimiento adecuado de la historia y menos de las múltiples complejidades de la realidad mexicana. Sin embargo, le respondí a la periodista, diciéndole que así como fue en esta ocasión el ataque a los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, pudo haber sido en cualquier otro lugar donde existiera una Escuela Normal Rural. La razón de que haya sido Ayotzinapa, tiene que ver fundamentalmente con el hecho de que, en esta ocasión, las familias (padres y madres), decidieron romper y superar el miedo. Como decía una de las madres de los jóvenes maestros secuestrados y, posiblemente, asesinados: “nos han quitado tanto que ya nos quitaron el miedo”.
“Tanto nos han quitado, que ya nos quitaron el miedo”. Las desapariciones y asesinato de jóvenes estudiantes de las Escuelas Normales Rurales de México, no es una manifestación reciente ni aislada de extrema brutalidad. Ya tiene toda una larga historia, que es además una historia en la que es posible percibir la existencia de un entramado de persecución y de represión sistémica contra las comunidades estudiantiles de esas instituciones formadoras de maestros.
Y si en esta oportunidad, la horrorosa monstruosidad de la barbarie que representa la desaparición de los 43 maestros de Ayotzinapa logró trascender, eso se debe, como dijo la madre de uno de ellos, “a que nos han quitado tanto, que ya nos quitaron el miedo”. Se sabe que previamente a lo ocurrido en Ayotzinapa, otro grupo considerable de estudiantes normalistas también había sido ejecutado en otra localidad, sin que las familias se hubieran atrevido ni siquiera a ir en búsqueda de sus muertos. El miedo les impedía incluso hasta nombrarlos.
Las autoridades de los poderes formales mexicanos, federales y del Estado de Guerrero, políticas, policiales, judiciales, castrenses, han intentado vertebrar una y otra vez explicaciones en las que se busca focalizar los hechos, aislarlos y atribuirlos a situaciones de corrupción y de colusión de políticos y fuerzas policíacas locales con bandas del crimen organizado. También han deplorado que las movilizaciones en reclamo de la aparición de los 43 maestros hayan afectado, por ejemplo, el turismo en Acapulco. El jerarca del Poder Ejecutivo mexicano ha hecho suya la expresión emblemática “Todos somos Ayotzinapa”, al mismo tiempo que ha hecho llamados a “pasar la página” y a volver a la normalidad; a regresar a la paz, al trabajo y a recuperar la armonía de la convivencia social y ciudadana quebrantada por un acontecimiento insólito. Es decir: olvidémonos ya de esta lamentable eventualidad.
Inverosímil. La joven estudiante de la Sede del Pacífico “Arnoldo Ferreto Segura” de la Universidad de Costa Rica (con tanta luz en sus manos), sigue teniendo razón.
Resultados del Simposio internacional realizado en la UCR
Sobre protección integral de la niñez en América Latina ante las políticas públicas
La memoria digital del Simposio Internacional ¿Cómo garantizar la protección integral ante las transformaciones de la política pública en América Latina y el Caribe? se puede encontrar en la página.
El Programa Interdisciplinario de Estudios de Acción Social de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia de la UCR (Pridena) presentó la memoria digitaldel Cuarto Simposio Internacional ¿Cómo garantizar la protección integral ante las transformaciones de la política pública en América Latina y el Caribe?, y la puso a disposición de los diferentes entes y personas que trabajan en esta temática en Costa Rica y en el exterior.
Según detalló Ariel Brenes Rodríguez, funcionario de Pridena, la memoria debe verse en perspectiva, no simplemente como un producto, sino como el resultado de un proceso que ofrece la UCR, en el que actores sociales trabajan el tema de niñez y adolescencia; son muchas voces que intentan encaminar esfuerzos.
“En la memoria las personas encontrarán discusiones desde una órbita nacional hasta un plano internacional, estructurados, enfocadas en garantizar la protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia ante las transformaciones de la política pública en América Latina y el Caribe”, señaló.
Pridena busca con esta memoria de su cuarto simposio internacional compartir con organizaciones y especialistas de la sociedad civil los avances y retos analizados sobre la protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia en el Caribe y América Latina (foto con fines ilustrativos).
Con la presentación de este documento, que reúne las diferentes ponencias, contenidos y novedades sobre el tema, Pridena busca aumentar el nivel de impacto y la producción de conocimiento acerca de este tópico, que incentiva la Universidad al posibilitar este tipo de citas internacionales, afirmó Brenes.
“Esta memoria permitirá ampliar conocimientos sobre cómo actuar ante las transformaciones respecto de las políticas públicas en el Caribe y América Latina,a la hora de intervenir desde el enfoque de derechos de la niñez y adolescencia, y cómo sostener esa protección integral ante dichas transformaciones”, agregó.
Los diferentes contenidos de la memoria se desarrollan según tres premisas: reflexión de las características que asume la política pública en cuanto a garantía, cumplimiento, promoción y exigibilidad de los derechos de la niñez y adolescencia; reflexiones teórico metodológicas y técnico operativas desde ambas regiones; así como la divulgación por medio de un resumen de los proyectos exitosos que se plantearon durante el simposio.
Pridena en sus doce años de existencia, ha logrado con la realización de cuatro simposios internacionales, acumular un capital importante vinculado al nivel de convocatoria y proyección internacional. En la actividad del 2014 participaron 14 representaciones de diferentes países de la región; se presentaron 52 ponencias y se contó con la asistencia de 200 personas.
La Red de Mujeres Rurales, especialmente las compañeras de Almendros de Siquirres, reconoce las muestras de solidaridad y apoyo que recibimos ante el inminente desalojo de 127 familias de la comunidad. Todas las manifestaciones y reacciones generaron presión a Casa Presidencial y contribuyeron a suspender el desalojo.
Esta presión a Casa Presidencial condujo a la solución momentánea de la situación que viven las familias de Almendros. En lo inmediato, el día lunes 1 de diciembre al finalizar la tarde, parecía que se había logrado detener el desalojo.
Queremos informar a la opinión pública, a las organizaciones solidarias, a las personas interesadas en la justicia y los derechos humanos lo sucedido en los días 1 y 2 de diciembre.
El lunes 1, a las 8 de la mañana, se presenta un grupo de compañeras a Casa Presidencial para conocer si efectivamente la Vicepresidenta había firmado la orden de desalojo y porqué.
Nos enteramos que efectivamente la Vicepresidenta Ana Helena Chacón había firmado la orden de desalojo.
En Casa Presidencial se muestra disposición a detener el desalojo y se nos comunica que cuando se firmó la orden no se tenía idea de que el desalojo tenía consecuencias sociales.
Los actos de celebración de la abolición de ejército impedían que durante la mañana se avanzara en detener el desalojo, mientras la Alcaldía de Siquirres envía un perito a la finca y la abogada Berny Argentina Delgado, abogada del difunto que fuera dueño de la finca años atrás, llega también a la finca.
El perito de la municipalidad llega a medir los terrenos que habitan las familias en Almendros para determinar el área a desalojar más tarde con la policía y tractores, produciendo aún más angustia en las familias humildes que viven ahí.
En las conversaciones en Casa presidencial a lo largo del día y en comunicaciones con otras personas colaboradoras surge la vía de presentar un recurso de revisión ante el Ministerio de Seguridad.
En horas de la tarde del lunes un grupo de compañeras presentan un recurso de revisión de la orden de desalojo ante el Ministerio de Seguridad, y el Ministerio emite una “Solicitud de suspensión de desalojo administrativo”, firmada por Lic. Ovidio Paniagua, de Desalojos Administrativos, en el que se dirige a la Policía de Limón, para “suspender provisionalmente” el desalojo contra Julio Gómez Rojas y otros. La orden de desalojo que se había firmado en Casa Presidencial era contra las compañeras Yancy Castellón y otros. Es necesario también destacar que en el proceso de emisión de la orden de desalojo en el Ministerio de Seguridad se le cambió el número al expediente.
Las compañeras se percatan del aparente error cometido en el Ministerio de Seguridad al suspender la orden de desalojo contra otros, (habitantes de una finca colindante contra quienes no hay orden de desalojo) y estrictamente no se estaba suspendiendo la orden de desalojo contra las familias que realmente estaban en riesgo de ser desalojadas. Para entonces ya había finalizado la tarde y no era posible volver al Ministerio de Seguridad. Vuelven a sus casas a tres horas de San José y sienten, a pesar de las palabras en Casa Presidencial de que no habrá desalojo, que en esa confusión en los nombres hay gato encerrado.
El martes una delegación de compañeras regresa al Ministerio de Seguridad para que el Lic. Ovidio Paniagua corrija la suspensión de la orden de desalojo y hay resistencia absoluta para hacerlo. Las compañeras piden el expediente para sacarle fotocopia y vaya sorpresa: El Ministerio de Seguridad ha enviado vía fax la orden de desalojo contra Yancy Castellón y otros, porque tal y como lo pensaban las compañeras, con el cambio de nombre, la orden de desalojo contra las familias seguía vigente.
Llevaron casi dos horas de forcejeo, llamadas de Casa Presidencial y presiones para que el Lic. Ovidio Paniagua Ortiz de Desalojos Administrativos del Ministerio de Seguridad corrigiera la orden de suspensión del desalojo contra 127 familias.
Ante estos hechos cabe formularse una serie de preguntas:
¿Por qué la alcaldía tenía la orden de desalojo antes de que fueran notificadas las familias?
¿Por qué se pretendía proceder con el desalojo sin haber seguido el procedimiento y los plazos de notificación a las familias afectadas?
¿Por qué la abogada del difunto ya había sido informada de la orden de desalojo cuando las familias afectadas no han sido notificadas que serían desalojadas?
¿Por qué el Ministerio de Seguridad al elaborar la orden de desalojo argumenta que las personas a desalojarse no son conocidas en la comunidad si basta con entrar y preguntar a cualquiera para encontrarlas ya que es una comunidad con casitas humildes bastante cercanas unas de otras?
¿Por qué se le cambió el número al expediente?
¿Será que quienes están interesados en apropiarse de la finca creen que pueden atropellar los derechos de las familias humildes?
¿Por qué en el Ministerio de Seguridad no querían hacer la corrección de la suspensión de la orden de desalojo?
¿Será que en el Ministerio de Seguridad hay quienes están involucrados y junto con los demandantes tiene intereses y también quieren la finca?
Llamamos a las organizaciones, a todas las personas interesadas en la justicia y los derechos humanos a estar pendientes, porque esto es solo una suspensión provisional del desalojo.
La situación es confusa, las familias, mayoritariamente mujeres, tienen más de dos años de habitar y sembrar la finca. Ésta fue ocupada después de que murió el dueño, no hay herederos conocidos y demostrados, surgen interesados en la finca que no han probado su posesión sobre la finca o relación con el difunto, rondan rumores de intereses sobre la tierra de una transnacional piñera, de proyectos inmobiliarios y de otros.
Es preciso velar para que las familias habitantes de Almendros de Siquirres no sean desalojadas, tiradas a la calle y violentados sus derechos.
Clausura del III Congreso Latinoamericano y del Caribe de Salud Global
El presidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera, acompañó a las y los congresistas el viernes 21 de noviembre durante el acto de clausura del III Congreso Latinoamericano y del Caribe de Salud Global (foto Laura Rodríguez).
La salud es la variable número uno cuando se habla de mejorar las condiciones de vida de las personas, pues de nada nos sirve contar con vivienda o trabajo dignos, por eso todos los países latinos y caribeños deben trabajar individualmente y en conjunto para que la cobertura universal de la atención en salud se mejora y crezca.
Este es uno de los pilares en los que está cimentado el Congreso Latinoamericano y del Caribe de Salud Global, que en este 2014 vivió su tercera edición en la Universidad de Costa Rica (UCR), bajo la coordinación de la Escuela de Salud Pública y con el apoyo de la Alianza Latinoamericana de Salud Global (ALASAG).
El Auditorio de la Ciudad de la Investigación albergó tanto el acto de inauguración como la clausura del Congreso, así como las múltiples sesiones simultáneas de presentación y discusión de temas relacionados con la salud, durante el 19, 20 y 21 de noviembre.
Precisamente, a la clausura se hizo presente Luis Guillermo Solís Rivera, presidente de la República, quien señaló que la salud es algo que va más allá del bienestar individual, ya que está intrínsecamente ligado al derecho humano de acceso a la salud y por ende su definición es más integral.
“Estamos hablando de uno de los pilares en los que se sustenta el estado costarricense, la salud es fundamental en el desarrollo de los pueblos y tenemos que sumar necesariamente a esta ecuación la variable de la solidaridad. La salud produce bienestar y alegría, lo constaté en la reciente apertura de un centro de atención en salud en Siquirres, allí estuve presente y el fenómeno de felicidad que produjo en la comunidad fue evidente”, reveló Solís Rivera.
La Dra. María del Rocío Sáenz Madrigal declaró que gracias al trabajo en conjunto de las universidades e instituciones ligadas al tema es que se podrá obtener un modelo de salud global distinto, más inclusivo (foto Laura Rodríguez).
Por su parte, la Dra. María del Rocío Sáenz Madrigal, presidenta del Congreso y presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), manifestó que se trató de un espacio idóneo para el intercambio de conocimientos y experiencias entre todas y todos los participantes, además de crear redes de contacto para promover la cooperación, las relaciones académicas y la divulgación de resultados de investigación.
“La cobertura universal en salud, el acceso a la atención médica, la disminución de la desigualdad e inequidad en la región, y la seguridad alimentaria y nutricional son determinantes cuando hablamos de salud global. Las realidades en América Latina son diferentes en cada país, pero la mayoría de las necesidades y problemas en torno al tema de la salud son parecidos, de ahí que el trabajo en conjunto de sectores claves de la sociedad como lo son las universidades ofrece un gran impulso para el establecimiento de un modelo de salud distinto”, contó Sáenz Madrigal.
La Presidenta del Congreso expresó su preocupación ya que en algunos países de la región tienen sus sistemas de salud mermados, lo que se refleja en altos índices de mortalidad al nacer o baja natalidad, por ejemplo; añadió que “la salud requiere un nuevo compromiso para administrar los recursos de forma más eficaz, pues hay naciones con pronósticos de vida para su población de 51 años, mientras en Costa Rica es de 78 para hombres y 81 para mujeres, tenemos que equipararnos y manejar este tema con responsabilidad”.
Ética en la salud
El Dr. Jorge Prosperi Ramírez, representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), describió las tres características que constituyen a la salud global: “la primera es una agenda de prioridades inconclusa que tiene a América Latina con el dudoso honor de ser la región menos equitativa del planeta, con un crecimiento económico que no es dirigido a mejorar la salud de la población. La segunda es la necesidad de proteger los logros alcanzados, no podemos dormirnos en los laureles, hay que invertir en programas de salid adecuados y eficaces. Por último, enfrentar los desafíos, proteger y aumentar la cobertura universal de la salud”.
ALASAG decidió en una de sus últimas reuniones celebradas en el Auditorio de la Ciudad de la Investigación de la UCR que la cuarta edición del Congreso se celebrará en Argentina (foto Anel Kenjekeeva).
ALASAG convoca, mediante actividades como esta, a los países del área para que se movilicen más allá de sus propios intereses y buscar el bienestar de todas y todos, de esta forma se aborda la temática de la salud global desde el punto de vista social, como un bien público mundial y como un derecho universal.
Al respecto, el vicerrector de Administración Dr. Carlos Araya Leandro, quien asistió a la inauguración en representación del rector Dr. Henning Jensen Pennington, declaró que existen aún pendientes importantes como la formulación de políticas públicas que garanticen el ingreso a programas sociales, una atención digna y adecuada, y considerar en forma más activa los derechos humanos en el acceso a la salud.
“Latinoamérica tiene un gran potencial, no solo por sus recursos, sino que también por su capital humano. Es imperativo identificar puntos de encuentro en el área de salud aprovechando nuestras similitudes, sinergias, necesidades e intereses compartidos. Los espacios para el intercambio de conocimientos y experiencias siempre serán una prioridad para la UCR”, expuso Araya Leandro.
Al III Congreso Latinoamericano y del Caribe de Salud Global asistieron representantes de centros de estudios superiores como la Universidad de Chile, la Universidad de Sao Paulo, la Universidad Peruana Cayetano Heredia y la Universidad Isalud de Argentina, entre otras.
Para conocer más a fondo todas las aristas que encierra este Congreso se puede visitar el sitio Web elaborado para albergar la información relacionada.
Información enviada a SURCOS Digital por Lic. Otto E. Salas Murillo, Periodista, Oficina de Divulgación e Información, Universidad de Costa Rica.
La Red de Mujeres Rurales, se solidariza con el pueblo Bribrí que lucha por sus tierras, y exige que el gobierno respete las mujeres indígenas del Territorio Indígena de Salitre y al pueblo en general, que ha sido violentado por hacer valer su derecho a la tierra.
Imagen con fines ilustrativos.
En solidaridad con nuestras compañeras indígenas de Salitre y con ocasión del Día Internacional de la No Violencia Contra las Mujeres, una delegación de la Red de Mujeres Rurales de otras comunidades y territorios hemos visitado el territorio indígena de Salitre, hemos escuchado a las compañeras, compartido la hostilidad y las agresiones que viven, la usurpación de sus tierras y hemos visto y conocido los daños causados por los usurpadores.
Los días 26 y 27 de noviembre nosotras mujeres bribris de Salitre y junto con otras mujeres de la Red de Mujeres Rurales, indígenas de otros territorios indígenas y campesinas de comunidades vecinas, nos hemos informado y queremos informar a todas las personas respetuosas de los derechos humanos.
Por eso denunciamos los siguientes hechos:
-Que el 5 y 6 de julio, alrededor de 200 personas no indígenas, usurpadores de territorios indígenas llegaron a Salitre y en estado de ebriedad bloquearon la entrada principal del territorio y a las 8 pm quemaron la vivienda de María Otilia Figueroa Calderón del clan Tuariwak, luego quemaron el rancho de las hermanas Heylin y Roxana Figueroa, ubicado en la finca Pinto (usurpada por la transnacional piñera PINDECO), a las 4 am quemaron el rancho de Yoelis Villanueva y a las 8 am del 6 de julio quemaron el rancho de Ademar otro compañero indígena.
-Que el 7 de julio se procedió a hacer las denuncias por los actos de violencia y la agresión sufrida y la respuesta de la fiscalía y el OIJ fue que por no tener culpables directos no recogerían la denuncia aunque nos asesoramos que podíamos denunciar por sospechas directamente a alguien, no nos tomaron la declaración.
-Que en esa semana se hicieron acuerdos con la viceministra de la Presidencia Ana Gabriel Zuñiga, entre los que se consideró que la parte no indígena detendrían sus agresiones y usurpaciones, y que los indígenas no haríamos recuperaciones mientras se iniciara el proceso de desalojar a los finqueros que ocupan tierras en el territorio y acordamos que se respetaran los acuerdos por las tres partes: gobierno, finqueros e indígenas. Entre los acuerdos a los que el gobierno se comprometió fue de sacar a Tais Vidal Navarro, así como otros usurpadores del territorio, también a hacer un censo sobre la tierra y sus ocupantes, para definir sus derechos sobre la tierra si había ocupantes desde antes de la Ley de 1977. Otro acuerdo fue que habría un reten policial a la entrada de Cebror, para asegurar que los agresores no entraran con armas o productos quemantes para salvaguardar la integridad de los indígenas.
-Que estos acuerdos no fueron cumplidos por el Gobierno, ni por los no indígenas.
-Que el miércoles 19 de noviembre, los sikuas finqueros armados invadieron la finca recuperada por Camelia Morales Ortiz, quemándole el rancho y sus pertenencias, disparando y además de aterrorizarla a ella y a sus niños.
-Que el sábado 22 de noviembre estos individuos violentaron nuevamente a Camelia quemándole el rancho de su hermana, donde se resguardaba con su familia.
-Que el domingo 23 de noviembre, los no indígenas ingresaron a la finca recuperada por Santos Morales armados y lo despojaron de la finca quemándole su rancho y pertenencias.
-Que el reporte que da la policía ante los hechos es que no hay dichas agresiones y quemas, y cuando las indígenas tratan de denunciar estos actos de violencia no les toman la declaración, haciendo que esto quede impune junto con las agresiones anteriores.
-Que responsabilizamos al Estado por estos hechos de violencia por no actuar y no hacer que se cumplan los acuerdos, la Ley Indígena y el Convenio 169 de la OIT, además de no velar por los Derechos Humanos del pueblo indígena de Salitre.
-Que Carlos Gómez, Oldemar Rojas Ortiz, Wilbert Díaz López han amenazado con armas de fuego y han atacado con perros a Camelia Morales Ortiz. También el 29 de junio Carlos Gómez amenazada con cortarle la cabeza por estar defendiendo su derecho a la tierra.
-Que las mujeres de Salitre y sus familias han sufrido agresiones físicas y también agresiones verbales y amenazas, además de que los sikuas las están atemorizando disparando en las noches y si andamos por la calle nos echan el vehículo, por eso no nos sentimos tranquilas en el territorio, y nos preguntamos ¿Por qué tenemos que vivir con miedo en nuestro propio territorio?
-Que el OIJ no quiere reconocer los documentos que tenemos de nuestra posesión de la tierra, otorgados por la Asociación de Desarrollo del Territorio, y nos intimidan sobre nuestro derecho a estar en nuestro territorio.
-Que La fiscalía de asuntos indígenas de Buenos Aires no ha sido consecuente (ha actuado mal), no toman las denuncias presentadas en varias ocasiones, argumentan que los sikuas (no indígenas que han usurpado) tienen el derecho. Esto pasa porque quienes trabajan en la fiscalía también son sikuas y además son familiares de los usurpadores agresores.
-Que Camelia fue a denunciar la violencia de la que fue víctima y más bien se le acusó de haberse robado un ganado y no le tomaron la denuncia.
-Que nosotras como mujeres indígenas consideramos que son violaciones a nuestros derechos humanos. Los blancos no tienen derecho al territorio como lo dice la Ley Indígena de 1977.
-Que la violencia a las familias y los traumas que quedan en los niños, niñas y adolescentes, porque después de los ataques quedan temerosos, cuando queman ranchos no les importa que hayan niños y niñas. ¿cómo se logra la protección a las familias si en la fiscalía no atienden las denuncias?
-Que en las instituciones como OIJ y Fiscalía tratan a las y los indígenas de mentirosos (as), los policías dicen que no les creen lo que denuncian, cuando ese no es su trabajo, entonces los indígenas quedamos sin derechos.
-Que los gobiernos anteriores y el actual no hacen nada y son responsables de lo que sucede por su indiferencia, hablan de hacer un diálogo, pero al tiempo de ellos y ya como pueblos indígenas estamos cansados de que hablen tanto y no hagan nada. De que no respeten ni sigan la Ley solo está en el papel.
-Que PINDECO en el territorio de Salitre y en otros territorios indígenas contaminan la tierra, los ríos, el aire y decimos que el dinero no es lo único necesario, si no que es necesario conocer y tener donde sembrar. Los indígenas de por vida hemos amado la semilla criolla y no queremos que se pierda, ni que se siga perdiendo, los proyectos de los gobiernos tienen las mismas metas de contratos con las transnacionales agrícolas que ponen en riesgo nuestra soberanía alimentaria.
-Que el gobierno es cómplice de la situación de violencia que el pueblo bribri de Salitre está viviendo porque no ha hecho que se cumpla la ley indígena no. 6172 de 1977 , porque por ley los documentos que la ADI nos ha dado sobre la posesión de las tierras de nuestro territorio y de nuestros ancestros son legítimos pero la fuerza pública los pone en duda y si le dan valor a los documentos de los sikuas sobre la compra de los terrenos de nuestro territorio que son ilegales porque la Ley indígena dice que los terrenos de los territorios indígenas no se pueden vender, ni cambiar, ni arrendar, ni hipotecar.
-Que el gobierno está negando las formas de organización de los pueblos indígenas y exigimos que nos las respeten. Por eso es que los sikuas hicieron que Sergio Rojas esté en la cárcel y con eso creen que pueden hacer lo que quieran, además él le ha dado frente al gobierno y al proceso de recuperación de tierras y por eso “no cae bien ni al gobierno ni a los finqueros” . Por lo tanto se declaramos que el caso de Sergio Rojas es persecución política porque quieren obstaculizar nuestro proceso de reivindicación de nuestros derechos, las recuperaciones de tierra.
-Que el gobierno no ha hecho los estudios a los no indígenas para expropiarlos, ya que no son poseedores de antes de 1977.
-Que aunque los territorios demostraron buena fe con la mesa de diálogo, el gobierno no ha llevado a cabo acciones concretas.
-Que hay otras acciones de invasión a nuestros territorios como el proyecto Diquís y el programa REED +. Solo quieren quitar nuestros recursos y nuestros territorios.
Exigimos:
-Que nos escuchen y que se respeten los derechos de los indígenas dentro y fuera de los territorios.
-Que no hayan mas amenazas, atropellos contra nuestros hermanos indígenas y que todas las instancias poderosas intervengan para que no sigan sucediendo estas cosas.
-Que la Fiscalía de Asuntos Indígenas tome las demandas por parte de los indígenas de Salitre.
-Que las denuncias sean recibidas y se entiendan las necesidades de las personas de los territorios indígenas.
-Que se respeten los territorios indígenas y que el gobierno no ponga más trabas para la Ley de Autonomía Indígena, que ya tiene màs de 20 años de haberse presentado. Que se denuncie quién está detrás de estos intereses.
-Que se haga justicia con todas las pruebas, cuando hay mujeres con niños y niñas en la montaña, con hambre y frío. Escapando al monte por las amenazas de los finqueros y con todo lo que ha venido ocurriendo en Salitre se demuestra un accionar pacífico por parte de los indígenas bribrí de Salitre y llegará el momento en el que ya no se va a aguantar y se defenderán de una u otra manera. Se le exige al gobierno de Luis Guillermo Solís que actúe al respecto.
-Que se cumpla la ley indígena no. 6172, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de los Derechos Humanos.
-Que el gobierno respete los acuerdos tomados sobre Salitre, se cumplan y se avance para sacar a los no indígenas del territorio.
-Que las comunidades sean consultadas sobre proyectos en sus territorios porque es un derecho. Como en el caso del proyecto Diquís, para que no siga adelante, ni dentro del territorio indígena de Térraba ni fuera del territorio, queremos el río libre.
-Que REDD + no se implemente en los territorios indígenas, porque esto también es agresión y violencia contra nuestros derechos.
-Que se respeten los procesos de organización de los habitantes originarios, como el Consejo de Mayores de Cabagra Iriria Jetchö Wakpa
-Que se libere al presidente de la ADI de Salitre Sergio Rojas.
-Que el gobierno asegure la integridad física de los indígenas recuperantes del territorio.
Firman:
Rogelia Rojas Ortiz, delegada del Territorio Indígena de Cabagra
Everilda Flores Beita, delegada del Territorio Indígena de Abrojo Montezuma
Heylin Morales Mayorga, delegada del Territorio Indígena de Cabagra
Zaida Ortiz Granda, delegada del Territorio Indígena de Cabagra
Luisa Bejarano M., delegada del Territorio Indígena de Conte Burica
Sary Rojas Leiva, delegada del Territorio Indígena de Curre
Fanny Reyes Ortiz, delegada del Territorio Indígena de Térraba
Floribeth Arguedas H., delegada de El Águila de Pérez Zeledón.
Berta Díaz M., delegada de Potrero Grande
Bellanira Navarro Jiménez, delegada de Mollejones de Pérez Zeledón
Carmen Gamboa Chinchilla, delegada de San Juan Bosco de Pérez Zeledón
Grace Lucía Navarro Pérez, delegada de Mollejones de Pérez Zeledón
Roxana Figueroa Calderón, Salitre
Camelia Morales Ortiz, Salitre
Paola Figueroa Calderón, Salitre
Yamileth Morales Figueroa, Salitre
Janoly Morales Rojas, Salitre
Alejandra Bonilla Leiva, Tinamaste
Sandra Monge Vásquez, Asociación de Estudiantes del IEM- UNA (ASEIEM)
Mariel Quesada Chacón, Asociación de Estudiantes de Ciencias Biológicas-UNA (ASECB)
Herminia M. C., Salitre
Jairo Figueroa Calderón, Salitre
Jairo A. Sanchez P., bribri de Talamanca
Ma. Otilia Figueroa C., Salitre
Ilustración tomada del Facebook del Red de Mujeres Rurales:
En el marco del 25 de noviembre, fecha símbolo de la lucha de las mujeres por la defensa de sus derechos, como el de vivir sin violencia machista, sin acoso sexual en el trabajo y por el derecho a decidir sobre el propio cuerpo; sabemos que hay muchas razones para luchar y organizarnos y nos damos a la tarea de contribuir en la construcción de un movimiento de mujeres y feminista que luche de manera independiente y solidaria para exigir a los gobiernos los avances reales en derechos de las mujeres (nos deben aún el Estado Laico, la ITE y la FIV), un movimiento que se movilice como estrategia.
Es por esto que Las Rojas y el Proyecto de horas beca: Café con Cine organizan la proyección del documental «Las Libres, la historia después de…» en la Sede de Occidente de la UCR a la 1 pm, en el aula 202, este martes 25 de noviembre.
Extendemos la invitación a las mujeres, a toda la comunidad universitaria, asociaciones de estudiantes, organizaciones políticas o sociales.
