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Etiqueta: derechos

Panel de Unidos por la Caja llama a defender la institución

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud.

El martes 12 de marzo de 2024 se realizó la conferencia de prensa Unidos por la Caja (CCSS), la cual abordó los desafíos que enfrenta esta institución. Fue guiada por la diputada Gloria Navas, quien destacó la importancia de proteger y fortalecer la CCSS: “Lo que queremos hacer hoy es una llamada de atención muy seria en la necesidad y con un clamor que diga: ayudemos a la Caja Costarricense del Seguro Social”.

Entre los profesionales de la salud que expusieron está la doctora Natalia Solís, quien destacó la creciente sobresaturación de los servicios de salud en la CCSS, la cual está en tres niveles: servicios de emergencias, hospitalización y consulta externa, elementos que  si no se tratan, no se va a poder resolver la saturación.

La doctora mencionó la necesidad de contar con personal capacitado en los servicios de emergencia para manejar correctamente los casos que van llegando. Además también abordó su preocupación por el tiempo limitado cuando atienden a los pacientes, principalmente aquellos que tienen problemas complejos que necesitan más tiempo para su evaluación y tratamiento.

También abordó la falta de personal especializado, como cirujanos, anestesiólogos o radiólogos, donde la carencia de estos va a afectar la realización de los servicios de la forma correcta,  y se va a contribuir aún más a la saturación de estos servicios.

La Dra. Solís también abordó la autonomía de la CCSS, al destacar que la institución se creó con el fin de tener una autonomía en la administración de los seguros sociales, pero que puede ser limitada en la práctica, dificultando la capacidad de la Caja para tomar decisiones, como la contratación de personal y la mejora de las condiciones laborales.

Criticó la propuesta de tercerización y copago en los servicios de salud porque estas medidas podrían socavar los principios de universalidad, solidaridad y equidad en la atención médica, profundizando que esta institución pública no debería ser tratada como una empresa, sino como una institución dedicada al bienestar y la salud de los costarricenses.

En dicha conferencia también participó la doctora Natalia Avea, hablando del faltante de camas y sillas de ruedas que los hacen tener que escoger cuáles entre pacientes para ver quienes usan esos artículos, cuando no solo unos cuantos los necesitan, y también del faltante de medicamentos.

La doctora Natalia Avea destacó que hablar de las vivencias y datos concretos es sumamente importante, pero desde la perspectiva de los trabajadores de la Caja, donde al igual que la mayoría de la población, ellos son personas que cotizan, tienen un jefe al que responder y dependen de su salario.

Destacó las diferentes crisis que se han enfrentado junto con las y los asegurados, desde la crisis del COVID-19 hasta la escasez de medicamentos crónicos. Describiendo cómo estas crisis han afectado el control de enfermedades como la hipertensión y la diabetes, y cuáles han incrementado la demanda de servicios de emergencia.

Avea abordó que el hacinamiento en los hospitales aumenta la posibilidad de cometer errores y destacó que los funcionarios de la institución no están tomando decisiones sobre la asignación de recursos y criticó medidas como el copago y la tercerización.

Finalmente, instó a mejorar la atención preventiva y a no responsabilizar únicamente a los funcionarios por las crisis de la institución, señalando que los problemas están en las personas que dirigen hacia la privatización.

La tercera intervención fue de Deivis Ovares Morales, dirigente Nacional de UNDECA, quien utilizó su tiempo para profundizar la falta de recursos humanos en la Caja, situación que se ha intensificado con el tiempo y ha llegado a ser insostenible. Señalando que esta escasez de personal afecta la calidad de los servicios de salud, y que las decisiones administrativas y técnicas no se están abordando correctamente para lograr abastecer de personal a las unidades de atención.

Mencionó que desde el 2015 se han realizado estudios técnicos que han demostrado la necesidad de más personal, pero no se ha dado la contratación de más trabajadores, llevando a causar una carga extrema para las y los trabajadores, de forma que afectan su salud física y emocional.

Además, criticó la suspensión de proyectos en infraestructura por parte de la junta directiva de la Caja, lo cual ha hecho que se empeoren las condiciones laborales de las y los trabajadores, además de la calidad de los servicios de salud. También tomó el tiempo para denunciar la falta de atención que las autoridades de la CCSS están dándole a estas problemáticas y con ello, la falta de espacios para que los trabajadores puedan ofrecer soluciones.

En esta línea Deivis Ovares propuso buscar el fortalecimiento del primer nivel de atención y ejecutar los proyectos de inversión en infraestructura para mejorar las condiciones de trabajo y la calidad de los servicios de salud, enfatizó la importancia de la prevención en la salud y mencionó ejemplos exitosos de modelos de atención comunitaria en Costa Rica, y solicitó el apoyo de los medios de comunicación para visibilizar estas problemáticas y buscar soluciones.

 

Imagen ilustrativa. Semanario Universidad.

Presidente recibe consulta sobre derechos que asisten al Pueblo Tribal Afrocostarricense

Escrito en . Publicado en Derechos.

Por José Daniel Gamboa Araya

En una solicitud dirigida al Presidente Rodrigo Chaves Robles y al Comisionado de Inclusión Social, Ricardo Sossa, Marco Levy Virgo, ciudadano afro costarricense, ha requerido clarificaciones sobre el reconocimiento y protección de los derechos de la población afrodescendiente en el Caribe costarricense.

El pedido se fundamenta en decretos ejecutivos que reconocen la presencia de la población afrodescendiente en la región y establecen disposiciones específicas para su protección. Sin embargo, Levy Virgo busca respuestas a diversas interrogantes, entre las que destacan:

  1. Dado que el Estado reconoce que la población afrodescendiente se encuentra asentada en el Caribe, indicar cuál es el territorio material que ocupa y ha ocupado de manera ancestral la comunidad tribal afrodescendiente del Caribe Costarricense, cuáles son sus límites, dimensiones, ubicación, extensión, pues históricamente los afrodescendientes ocuparon toda la costa del Mar Caribe, cuya extensión es de 212 kilómetros de largo y se extiende de noreste a sureste. 
  2. Debido a que el Estado costarricense en el DECRETO EJECUTIVO N° 43532-MP-MINAE-MCJ-MEP, reconoce a la población afrodescendiente como Población Tribal, y que dicha población está protegida por el Convenio Núm. 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, aclarar, por qué razón la actual Ley Indígena no incluye ninguna norma que proteja también a los derechos de los ciudadanos miembros de los pueblos tribales afrodescendientes, sobre su territorio, derecho de propiedad, costumbres, etc. pues en atención al derecho humano de esa población, el Estado ha asumido internacionalmente la obligación de generar la normativa interna necesaria para tutelar ese derecho a la propiedad de los afrodescendientes, y por ello en atención al principio de seguridad jurídica de los afrodescendientes sobre sus tierras ancestrales, debe delimitar, demarcar y titular los territorios de los pueblos afrodescendientes tribales.
  3. Indicar cuáles normas emitidas por el Poder Ejecutivo o mediante alguna Ley, garantizan a la población afrodescendiente, su derecho de participación efectiva, desde las primeras etapas, en los procesos de diseño, ejecución y evaluación de los proyectos de desarrollo que se llevan a cabo en sus tierras y territorios ancestrales de buena fe y de una manera apropiada. Y en caso de existir alguna norma en este sentido, solicito aclarar cómo fue impuesta dicha norma sin antes haber delimitado su ámbito de aplicación al no haberse delimitado cuáles son los límites de los territorios afrodescendientes.
  4.  Indicar cuales son las medidas tomadas por el Estado Costarricense para impedir la violencia y el desplazamiento forzoso de la población afrodescendiente en la comunidad de Cocles, Puerto Viejo, Limón y sectores vecinos, los cuales han sido demandados penalmente, en vía ordinaria agraria y contenciosa, para ser desplazados y sacados de sus tierras ancestrales, a solicitud de otro pueblo tribal como lo es la Asociación de Desarrollo Indígena Kekoldi, cuyos miembros reconocen nunca haber ocupado esos terrenos, pero alegan que el Estado les entregó dichas tierras mediante un decreto y por ende son de ellos.
  5. Informar cuales son las medidas tomadas por el Estado Costarricense y focalizadas en la comunidad de Puerto Viejo y Cocles, para hacer respetar y reconocer el derecho humano de los afrodescendientes sobre sus tierras y para evitar la violencia, despojos y desalojos judiciales y administrativos de los afrodescendientes que son demandados para sacarlos de sus tierras ancestrales.
  6. Establecer de acuerdo con el principio de igualdad y no discriminación, cuales son las medidas tomadas por el Estado costarricense para garantizar, al igual que lo ha hecho con los pueblos indígenas, que la población tribal afrodescendiente, también protegida por el convenio 169 de la OIT, cuente con una Ley que establezca sus derechos, deberes y obligaciones como población tribal, y así publicitar las regulaciones sobre sus derechos de propiedad, territorio, límites, costumbres, cultura, organización, etc. Tome nota que, en materia de derechos humanos, existe la prohibición de diferencia de trato arbitraria – entendiendo por diferencia de trato, distinción, exclusión, restricción o preferencia – y otra es la relacionada con la obligación de crear condiciones de igualdad real frente a grupos que han sido históricamente excluidos y se encuentran en mayor riesgo de ser discriminados.
  7. Indicar cuales son las medidas tomadas por el Estado Costarricense para asegurar el derecho de la población afrodescendiente a la consulta y consentimiento previo, pues dicha población cuenta con el derecho humano como pueblo Tribal de ser consultado de previo y de obtener el consentimiento del pueblo respectivo, para adoptar cualquier decisión del Estado que pueda jurídicamente afectar, modificar, reducir o extinguir los derechos sobre su territorio, ya sean por los efectos que pueda implicar en temas ambientales, de paisaje, salud, educación, o de derecho de propiedad sobre sus terrenos ancestrales.
  8. Indicar cuales son las medidas especiales y acciones afirmativas tomadas por el Estado Costarricense, para asegurar la protección y avance de la igualdad, que son necesarias para garantizar el ejercicio de los derechos de la población afrodescendiente que sufre desigualdades estructurales que han llevado a esa población a ser víctimas de procesos históricos de exclusión, como por ejemplo al no contar con una ley que le tutele sus derechos como pueblo tribal, a diferencia de los indígenas que son también una población tribal y a la cual el Estado la ha protegido con gran cantidad de leyes y decretos.
  9. Indicar cuales son las medidas especiales y acciones afirmativas tomadas por el Estado Costarricense para asegurar a los afrodescendientes el derecho de propiedad y posesión sobre sus tierras ancestrales.

Queda ahora en manos de las autoridades gubernamentales dar respuesta a estas interrogantes, contribuyendo así al fortalecimiento de los derechos humanos y la igualdad en el país.

AEL-0054-2024Descarga

 

Imagen ilustrativa: UCR.

Un día de indignación entre las personas con discapacidad de Costa Rica y específicamente para las mujeres y niñas con discapacidad

Escrito en . Publicado en Derechos, Equidad y derechos de la mujer.

Comunicado ALAMUD

Un día de indignación entre las personas con discapacidad de Costa Rica y específicamente para las mujeres y niñas con discapacidad

El día 14 de marzo era un día importante, la administración Chaves Robles tuvo el encuentro para establecer un diálogo con el Comité de la Organización de Naciones Unidas, para abordar el cumplimiento de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, el encuentro se desarrolló en Ginebra Suiza, mismo donde las organizaciones de personas con discapacidad de Costa Rica presentaron sus informes y el encuentro fue una completa decepción. Según las palabras del señor F. Morris, integrante experto de dicho Comité “estamos decepcionados en cuanto a las respuestas que nos han dado (en referencia a las respuestas enviadas por el Estado) y ustedes excelencias han secundado esta decepción”.

Las respuestas de los representantes del Estado en la audiencia fueron evasivas, incorrectas y sin contenido, reflejando la indiferencia con la que el Estado asumió esta participación.

En sus palabras de cierre el embajador de Costa Rica, MR Christian Guillermet Fernández, -a quien le correspondió asumir la representación ante la ausencia de una delegación del Gobierno-, mencionó “…. Esta es una experiencia les voy a ser totalmente franco y sincero, que espero que me llegue la pensión antes de que tenga que repetirla, porque ha sido muy difícil para mí sentarme aquí delante de ustedes y oír la molestia por parte de los miembros del Comité por la falta de respuestas de nuestra parte o según el entendido de que ellas, no han sido lo suficientemente claras”.

Desde ALAMUD denunciamos públicamente la falta de seriedad de las autoridades gubernamentales y la ausencia de interés del Gobierno de turno por el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad, al punto de no enviar a este encuentro a ninguna persona técnica, ni a ninguna autoridad.

La Alianza Latinoamericana de Mujeres con Discapacidad y mujeres de 6 organizaciones más y activistas independientes presentaron un informe alternativo al del Estado e hicieron enormes esfuerzos para redactar el informe recogiendo la realidad de mujeres con discapacidad de las 7 provincias del país. Lo hicieron sin recursos y para poder presentarlo en la sede de Naciones Unidas debieron buscar los apoyos de otras organizaciones para que se financiara la participación, sin contar con recursos públicos.

Es importante, indicar que las mujeres y niñas con discapacidad de Costa Rica enfrentamos una muy difícil situación en nuestras cotidianidades, caracterizadas por una diversidad étnica, geográfica, etaria, cultural, lingüística, y también vivimos con mayor riesgo de violencia y discriminación en razón de factores como la dependencia económica, el nivel educativo y la negación de la capacidad jurídica, entre otros.

Situación de las Mujeres con Discapacidad en Costa Rica

Somos el 61% de la población con discapacidad y el 17,6% del total de mujeres del país estamos en situación de discapacidad. Un 65,3% de las mujeres con discapacidad ha experimentado al menos una forma de violencia, el 31.1% han sufrido maltrato físico y el 20% han sufrido violencia sexual. Somos el 82.8% de las personas que tienen “mayores dificultades” para el desempeño de actividades de la vida diaria. Por otro lado, el 62.3% de las mujeres con discapacidad señalan que sus condiciones de salud son de regulares a malas.

En materia laboral el desempleo afecta a más del 70% de mujeres con discapacidad y si ya el salario de una persona con discapacidad es un 11% más bajo, disminuye a un 23% más bajo cuando se trata de mujeres en situación de discapacidad.

Ante esta realidad el Gobierno, es indiferente, guarda silencio y desatiende sus obligaciones, debilitando el Estado Social de Derecho y la democracia costarricense.

Compartimos el Informe Alternativo sobre el Cumplimiento de las Disposiciones de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad por parte del Estado Costarricense, en relación con los Derechos de las Mujeres y las Niñas.

Informe-Alternativo-de-Mujeres-con-Discapacidad-Costa-RicaDescarga

Presentan amparo contra junta directiva del Banco Popular ante negativa de entregar informe de idoneidad

Escrito en . Publicado en Derechos.

La Junta Directiva del Banco Popular y Desarrollo Comunal ha generado controversia al negarse a entregar el informe de idoneidad elaborado por la consultora KPMG, y solicitado por el Directorio de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores del Banco Popular y Desarrollo Comunal (ATTBPDC). Esto ha llevado al presidente del directorio, Lenin Hernández Navas, a presentar un recurso de amparo contra la junta directiva del Banco.

El informe filtrado revela que el presidente del banco, José Eduardo Sánchez, y 21 directivos de las subsidiarias del Banco Popular no cumplen con los requisitos de experiencia y formación académica en el manejo de entidades financieras establecidos por la regulación del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero Nacional. Esto crea preocupaciones sobre la idoneidad y del riesgo asociado a la dirección del banco.

La falta de transparencia en este asunto ha sido preocupante para el presidente del directorio de la ATTBPDC, quien señala que el Banco Popular podría enfrentar un nivel de riesgo 1 si no se resuelven las deficiencias identificadas en el informe de idoneidad. Este nivel de riesgo podría llevar a una intervención por parte de la Superintendencia de Entidades Financieras (SUGEF), haciendo que potencialmente tengan graves implicaciones para la estabilidad financiera y reputación del banco.

Además, Hernández Navas ha criticado la designación de la actual junta directiva por parte del ejecutivo, considerando la omisión de los requisitos de idoneidad, a pesar de la experiencia previa del presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles en el Banco Mundial. Esta discrepancia entre los estándares de idoneidad requeridos y la práctica actual de nombramientos ha levantado interrogantes sobre la integridad y la independencia de la Junta Directiva.

La Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores del Banco Popular y Desarrollo Comunal, como máximo órgano del conglomerado financiero, ha expresado su profunda preocupación por la falta de transparencia y la posible afectación de la toma de decisiones y la estabilidad financiera del banco. 

Mientras tanto, el Directorio Nacional de la ATTBPDC está movilizando recursos para canalizar el apoyo administrativo y logístico del banco hacia el funcionamiento efectivo de la Asamblea y para garantizar el cumplimiento de sus mandatos y responsabilidades.

Vivian Rodríguez Araya, secretaria del Directorio Nacional de la ATTBPDC aborda la preocupación que se tiene con respecto a la negativa de la junta directiva de entregar el informe de idoneidad para los puestos que la requieren.

Rodríguez menciona que luego de conocer el informe KPMG que tiene que ver con la idoneidad de los puestos directivos del Banco Popular les surgen muchas preocupaciones y relacionadas con la obligación de velar por el cumplimiento de los objetivos y principios del Banco Popular.

Señala Vivian Rodríguez Araya que dicho banco no es un banco como los demás, es un banco de interés nacional de todos los sectores sociales y productivos. Entonces la falta de que los directivos no cuenten con la idoneidad requerida pone en riesgo la dirección y el fundamento del banco.

Compartimos los videos de Lenin Hernández Navas y de Vivian Rodríguez Araya así como el comunicado oficial.

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Proyecto de ley para declarar benemérita de la patria a Emilia Rivas Bustos, primera enfermera

Escrito en . Publicado en Derechos.

El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la diputada Vanessa Castro presentó el proyecto de ley número 24209 ante la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, para declarar benemérita de la patria a Emilia Rivas Bustos V., quien es reconocida como la primera enfermera costarricense y de América Latina. 

Emilia Rivas nació el 24 de junio de 1861 en Liberia y falleció el 24 de febrero de 1931. Y su legado perdura en la historia de Costa Rica, destacándose por su dedicación y contribuciones a la enfermería en la región.

El expediente resalta la trayectoria de Emilia Rivas, quien inició su carrera como maestra en Palmira, Comarca de Puntarenas, en 1888, antes de emprender estudios de enfermería en Estados Unidos. En 1897 recibió una beca para estudiar y practicar enfermería en el Hospital Johns Hopkins de Baltimore, lo que le permitió viajar a Estados Unidos y recibir formación especializada de manera gratuita.

Emilia Rivas firmó un contrato para dirigir el Hospital San Rafael de Puntarenas en 1904, convirtiéndose en la primera mujer costarricense graduada de una prestigiosa escuela estadounidense en liderar una institución de salud en el país. Durante sus 25 años de gestión, se destacó por su dedicación para obtener recursos económicos destinados a la atención médica y de enfermería, así como por su servicio abnegado a los pacientes.

El proyecto de ley destaca la importancia de reconocer a Emilia Rivas como pionera en la enfermería costarricense y latinoamericana, y resalta su labor en diferentes hospitales en Estados Unidos, Cuba y Costa Rica. 

Para acceder al proyecto de ley completo, diríjase al documento adjunto.

Proyecto-Declaratoria-Emilia-Rivas-Benemerita-FINALDescarga

Víctimas del Caso Aldesa claman por justicia ante el fiscal general de Costa Rica

Escrito en . Publicado en Derechos.

La carta dirigida a Carlo I. Díaz Sánchez, Fiscal General de la República de Costa Rica, el 8 de marzo de 2024, por parte de víctimas del caso Aldesa, recalca que son cinco años desde que Aldesa anunció que dejaría de pagar los intereses a los ahorros y prometió reanudar los pagos en tres años, lo cual no ocurrió. 

En la carta, los firmantes expresan su descontento ante la falta de acción en el caso, y comentan que se manifiestan el 8 de marzo ante el Ministerio Público, en representación de muchas víctimas del Caso Aldesa, entre ellas muchas que por su estado de salud y edad no pueden unirse y también por quienes fallecieron esperando justicia.

Se presentan con dos mantas que resumen el reclamo y señalan que este caso específico ha sido tratado con inacción, lo cual genera una sensación de impunidad, que ha propiciado sucesivos fraudes similares en especial después del caso Aldesa.

A finales del pasado mes de octubre del año anterior, el señor Presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, recibió a los representantes y escuchó sus inquietudes, expresando su deseo de que el caso no prescriba. Sin embargo, dejó claro que, al estar judicializado, tenía limitaciones en cuanto a las acciones que podía emprender. A pesar de esto, permitió a los representantes hacer divulgación a nivel nacional sobre la preocupación por la prescripción y la falta de justicia.

En esa misma ocasión, los firmantes sostienen que don Carlo Díaz, aseguró tener un cronograma y transmitió la tranquilidad de que no debían temer que algo así sucediera. Sin embargo, el Fiscal Christopher Moreno Chaves tardó un mes adicional en presentar la acusación, y han transcurrido más de tres meses desde entonces sin que se observe un progreso significativo en el caso.

Desde la indagatoria de Javier Chaves Bolaños el 7 de junio de 2019, principal responsable del caso, han transcurrido cinco años, marcando el inicio del conteo hacia la prescripción del caso. La preocupación por esta prescripción es palpable hoy, dado el lento progreso del caso y la cercanía de la fecha límite, con tan solo 60 días hábiles restantes (excluyendo feriados, Semana Santa y fines de semana).

La convocatoria de audiencia preliminar por parte del juez con un plazo prolongado genera aún más inquietud, ya que muchos de los afectados son adultos mayores, algunos cercanos a los 90 años, y existe el temor de que fallezcan sin ver justicia.

La situación económica de los afectados es desesperada. Desde que fueron despojados de sus ahorros, hace ya cinco años, muchos adultos mayores han fallecido en una situación económicamente vulnerable tras años de trabajo y sacrificio.

Muchos de los afectados han perdido las necesidades que antes disfrutaban, como el acceso a medicina privada y terapeutas para prevenir úlceras por presión debido a la postración prolongada en camas mientras. Muchos se han visto obligados a vivir con familiares y vender sus posesiones, como vehículos y muebles, para comprar medicamentos o simplemente para comer. La situación es tan grave que algunos, siendo adultos mayores, se han visto obligados a trabajar nuevamente, ya sea dando clases en sus hogares, haciendo teletrabajo o realizando trabajos ocasionales a cambio de un pequeño ingreso.

Ante la falta de respuesta por parte del Poder Judicial, los afectados se preguntan qué les queda. Temen resignarse a que la justicia no sea cumplida, pues consideran que si no se cumple, no es justicia, y creen que eso ya ha sucedido en este caso. Además, si el caso queda impune y no logran recuperar ni un céntimo de lo perdido, la pena será aún mayor, especialmente al constatar que los activos de Aldesa son insuficientes para cubrir las enormes deudas que mantienen.

Si el caso no es elevado al juez penal de manera inmediata y si la convocatoria de audiencia se programa para dentro de un período excesivamente largo, ya sea en seis meses o incluso años, muchos de los afectados habrán fallecido y no podrán presenciar el cumplimiento de la justicia que tanto han clamado.

Los afectados expresan su esperanza de no perturbar la tranquilidad del destinatario, pero señalan que la suya propia está destrozada. Sin otro particular, se despiden atenta y cordialmente.

Dicha carta reúne las firmas en el momento de entregar la carta con las personas afectadas que lleguen a la manifestación. 

Para acceder a la carta oficial, dirigirse al documento adjunto. 

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Desafíos ambientales en el Caribe Sur

Escrito en . Publicado en Derechos, Madre Tierra, Salud.

El 28 de noviembre de 2017, Juan Carlos Villegas Arguedas, jefe interino del Departamento de Prevención, Protección y Control SE-SINAC, emitió un informe detallando un análisis situacional sobre posibles ilícitos y otros aspectos en el tramo costero entre Punta Cocles y Punta Uva, en Talamanca de Limón, dirigido al señor Edwin Cyrus Cyrus, Director del Área de Conservación Amistad-Caribe del SINAC. Este análisis se basó en un recorrido efectuado los días 23 y 24 de noviembre de 2017 en la zona marítimo-terrestre, con el propósito de identificar potenciales infracciones contra los recursos naturales y el Patrimonio Natural del Estado en dicha área específica.

Durante el recorrido de aproximadamente 5 km de costa, se observaron caminos públicos que llevaban tanto a la zona restringida como a la pública. Es relevante destacar que ya en las hojas topográficas de 1984 del IGN se registraba ocupación antrópica en el sector, evidenciando una presencia humana previa en la zona.

El informe señala la necesidad de revisar detalladamente el mapeo y certificación del Patrimonio Natural del Estado (PNE) en los terrenos demaniales de la Zona Marítimo Terrestre (ZMT) entre Punta Cocles y Punta Uva, sugiriendo que podría estar incompleto. Se hace hincapié en polígonos de bosques certificados como PNE que solo se supeditaron a la zona pública, lo cual se considera incorrecto, además de la falta de atención a los ecosistemas boscosos en la zona restringida.

Asimismo, se menciona la presencia de humedales en el sector que no fueron certificados como PNE, así como ocupaciones irregulares y anómalas dentro de posibles bosques que se sugiere son PNE. Se plantea la necesidad de solicitar criterios a la Comisión Institucional de Inspecciones Generales (CIIG) presidida por SETENA sobre los Estudios de Impacto Ambiental (EsIA) requeridos para el desarrollo hotelero en el sector evaluado.

La carta subraya la importancia de revisar y certificar adecuadamente el Patrimonio Natural del Estado en la ZMT entre Punta Cocles y Punta Uva, con el fin de prevenir posibles ilícitos, garantizar la conservación de los ecosistemas y asegurar la viabilidad ambiental de proyectos en la zona.

Posteriormente, el 6 de febrero de 2024, Marco Levy Virgo, Presidente de la Asociación de Desarrollo Para la Ecología, dirige una solicitud a Maylin Mora Arias, Directora del Área de Conservación Amistad Caribe (ACLAC), contenida en el documento AEL-0014-2024. Esta solicitud se fundamenta en el Derecho Ambiental y diversas normativas legales, invocando una serie de artículos constitucionales y leyes ambientales para respaldarla.

En la carta, se solicita la realización de una valoración ambiental en los bosques costeros adyacentes al Hotel Almendros y Corales, así como al proyecto urbanístico denominado Puket en la ZMT del litoral de Talamanca y la calle Paraíso. Se requiere específicamente la entrega de copias digitales de estudios técnicos que justifiquen el cambio de uso de suelo en dicha área, con el propósito de obtener información concluyente sobre posibles impactos ambientales, como el envenenamiento de árboles.

Además, se solicita un censo certificado de los ocupantes actuales de los territorios mencionados, en cumplimiento de una resolución de la Sala Constitucional relacionada con la reducción arbitraria de la superficie del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo (REGAMA). También se pide acceso a estudios técnicos realizados por el SINAC en áreas de recarga acuífera, así como copias de acuerdos emitidos por el CORAC desde el año 2010 hasta la fecha.

La carta finaliza expresando la disposición a recibir la información solicitada dentro de los términos legales establecidos, advirtiendo que de no cumplirse con la entrega de la documentación requerida, se tomarán las acciones legales pertinentes para obtenerla. 

En la misma línea, Marco Levy Virgo interpone un recurso de amparo el 20 de junio de 2023, presentando varios argumentos ante la Sala Constitucional. Entre ellos, se cuestiona la omisión de humedales en el Plan Regulador Costero del cantón de Talamanca, considerando que esto transgrede el artículo 50 constitucional. Se expresa preocupación por la falta de protección de los humedales del litoral del Cantón de Talamanca y la necesidad de garantizar su conservación. Se hace referencia a informes técnicos y certificaciones relacionadas con la delimitación del Patrimonio Natural del Estado en la ZMT del cantón de Talamanca, así como a la viabilidad ambiental del Plan Regulador Costero. Se enfatiza en la importancia de cumplir con las normativas ambientales y de planificación urbana para asegurar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado en la zona.

En la resolución emitida el dieciséis de febrero de dos mil veinticuatro, la Sala Constitucional analizó el caso y tomó en consideración los principios de progresividad y no regresión en materia ambiental. Estos principios implican que el Estado tiene la obligación de aumentar, en la medida de lo posible, los niveles de protección de los derechos humanos, incluido el derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado. 

La Sala Constitucional destacó que el principio de progresividad ha sido reconocido por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y se encuentra respaldado por diversos instrumentos internacionales. Asimismo, se hizo hincapié en que el principio de no regresión impide que el Estado adopte medidas, políticas o normas que empeoren el grado de protección a los derechos fundamentales ya alcanzado, a menos que exista una justificación razonable y proporcionada. 

En este contexto, la Sala resaltó la importancia de una interpretación evolutiva en la tutela del ambiente, de acuerdo con el Derecho de la Constitución. Se estableció que no se puede permitir una regresión en perjuicio del ambiente y se mencionaron otras sentencias que respaldan esta postura.

El 19 de febrero de 2024, Maylin Mora Arias responde a Marco Levy Virgo mediante un comunicado, en referencia al correo electrónico identificado como AEL-0015-2024, el cual contiene la solicitud del oficio SINAC-ACLAC-PNE-019-2024. En este comunicado, la Dirección del Área de Conservación La Amistad Caribe le traslada la información solicitada.

En otra correspondencia del 23 de febrero de 2024 y dirigida a David Chavarría Morales, Director Ejecutivo del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), así como al Auditor General, Marco Levy se hace referencia al oficio SINAC-ACLAC-DR-0142-2024 del 19 de febrero de 2024, emitido por Maylin Mora Arias. En dicho documento, se solicitan estudios técnicos que justifiquen el cambio de uso de suelo en los bosques costeros cercanos al Hotel Almendros y Corales, así como en el proyecto urbanístico Puket, ubicados en la zona marítimo terrestre del litoral de Talamanca y la calle Paraíso, omitiendo el artículo 13 de la Ley Forestal vigente.

En la carta se expresa preocupación por la actitud permisiva y complaciente del Área de Conservación Amistad Caribe ante las acciones ilícitas llevadas a cabo por empresarios inmobiliarios y terceros ajenos en los bosques del Caribe Sur, como drenajes, talas, rellenos y salinización de acuíferos, contraviniendo convenios internacionales y leyes nacionales. Se destaca el daño ambiental causado en propiedad demanial del Estado, con más de 100 lotes ilegalmente fraccionados en contra de la irreductibilidad del bosque y la normativa forestal.

Además, se hace referencia a la resolución No. 11-2017 del SINAC-ACLAC-PNE-C-011-2017, que trasladó de manera inconstitucional el Patrimonio Natural del Estado en la zona marítima del Cantón de Talamanca a la Municipalidad de Talamanca para un plan regulador costero, generando inconsistencias y desacato a la Constitución Política. Se resalta la importancia de los principios de objetivación de la tutela ambiental, irreductibilidad de ecosistemas relevantes y no regresión, así como la necesidad de acciones concretas para evitar el daño ambiental evidenciado.

En este documento se exponen una serie de preocupaciones y solicitudes relacionadas con el respeto a la normativa ambiental, la defensa de los bosques y áreas de recarga acuífera, y la necesidad de acciones inmediatas para proteger el entorno natural en la región del Caribe Sur, haciendo hincapié en el cumplimiento de la ley y los convenios internacionales suscritos por el país.

La documentación para esta nota fue enviada a SURCOS por Marco Levy Virgo.

Carta abierta a Telenoticias: Demandas de cobertura y llamado a manifestación sobre el caso Aldesa

Escrito en . Publicado en Derechos.

En una carta dirigida a Ignacio Santos Pasamontes, Director de Telenoticias, se aborda la insatisfacción y la necesidad de una cobertura más profunda sobre el caso de Aldesa, una situación que ha afectado gravemente a numerosos ciudadanos, en su mayoría adultos mayores, quienes se sienten abandonados por las autoridades y la falta de atención mediática adecuada.

En la edición del sábado 24 de febrero, Telenoticias abordó el caso de Aldesa de manera superficial, dejando mucho que desear en términos de justicia informativa. Las víctimas, la mayoría de ellas personas mayores, quedaron decepcionadas por la falta de profundidad en el análisis y la ausencia de un enfoque investigativo sólido.

El viernes 8 de marzo marca el quinto aniversario desde que los afectados fueron despojados de sus ahorros y de los intereses que les permitían subsistir. A pesar de las promesas incumplidas de Aldesa, hasta la fecha no se ha realizado la devolución del dinero.

La indignación crece al observar cómo la prensa tradicional, con su amplia cobertura, ha descuidado un caso de tal magnitud. Según los emisores, el monto afectado, que asciende a $350.000.000,00 (dólares estadounidenses), supera incluso la suma de todos los actos corruptos desde el Banco Anglo hasta la fecha, planteando la pregunta: ¿No merece este caso una mayor investigación y divulgación?

Dos años después de la quiebra de Aldesa, los tribunales aún no han emitido un veredicto definitivo sobre su situación, lo que ha generado preocupación al observar cómo las entidades de supervisión y regulación, como la Superintendencia de Valores y la SUGEF, parecen no haber logrado garantizar la protección adecuada de los ciudadanos.

Resaltan que la falta de acción por parte de las autoridades competentes, así como de los órganos de supervisión financiera, ha dejado a las víctimas en un estado de desamparo y desesperación. 

Los firmantes subrayan que el viernes 8 de marzo, se estarán manifestando a partir de las 9:00 frente al Ministerio Público, representando una llamada urgente a la acción y a la búsqueda de justicia. 

Ante esto, esperan que Telenoticias cubra este evento y recoja información de primera mano, profundizando en un caso que merece la atención de toda la sociedad. Exigen una cobertura más consistente y reveladora que destaque la magnitud del escándalo de Aldesa.

Al final de la carta, se concluye con que se espera que la carta sea recibida con el respeto y la seriedad que merece, con el fin de que se logren tomar medidas para brindar una cobertura justa y exhaustiva sobre este tema de importancia nacional.

Para ver la lista completa de firmantes y la carta en su totalidad, dirigirse al documento adjunto. Después del documento puede ver el estado actual del edificio de ALDESA, lo que para las personas afectadas resulta simbólico. Puede hacer clic sobre cada imagen para ampliar.

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Resumen Ejecutivo: Caso de la Asada Cipreses de Oreamuno 

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El Frente Eco Cipreses compartió con SURCOS el documento “Resumen Ejecutivo Informe atención memorando GG-2023-03086, caso de la Asada Cipreses de Oreamuno”, emitido el 23 de febrero del 2024, donde se hace un análisis de la situación de la Asada Cipreses de Oreamuno en Costa Rica, destacando varios problemas en su gestión del agua potable. Dicho documento es firmado por Vladimir Mesén Montenegro, de la UEN Gestión de Acueductos Rurales. 

La Asociación Administradora de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados (ASADAS) de Cipreses de Oreamuno, ubicada en la zona de Cartago y que abastece a más de 5 mil personas, ha sido objeto de análisis por parte de la Oficina Regional de Atención de Asadas (ORAC) Central Este. 

Según el informe PRE-J-2023-04471 del 17 de noviembre de 2023, solicitado por la Dirección de la Unidad Estratégica de Negocios (UEN) Asadas de la Subgerencia de Sistemas Delegados, la ASADA se clasifica como un operador tipo C en desarrollo bajo, según los estándares del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).

Desde 2018, la ORAC Central Este y la Subgerencia de Sistemas Delegados han estado brindando asesoramiento, evaluación y supervisión a la ASADA, revelando deficiencias en su gestión. Esto ocurre en un contexto de escasez de agua crítica y limitaciones en la capacidad hidráulica del sistema de acueducto, resultando en racionamientos frecuentes para los usuarios y la incapacidad de brindar servicio a nuevos usuarios.

Para abordar esta situación, la ORAC Central Este y la Subgerencia de Sistemas Delegados han ofrecido acompañamiento y emitido órdenes al operador del servicio delegado para estabilizar el suministro de agua potable, siguiendo los reglamentos establecidos. Sin embargo, hasta la fecha, la ASADA de Cipreses no ha aceptado ni la asesoría ni las instrucciones de la Subgerencia de Sistemas Delegados.

Además, el caso de la ASADA de Cipreses ha generado denuncias en varias instituciones, incluyendo la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), la Defensoría de los Habitantes, la Contraloría General de la República, la Sala Constitucional y el Ministerio de Salud.

El resumen ejecutivo revela las deficiencias en la gestión de la Junta Directiva de la ASADA de Cipreses, liderada por un empresario agroindustrial. Se destaca su enfoque prioritario en el uso agroindustrial y comercial del agua, descuidando el consumo humano. Se señala la falta de control de cultivos en áreas protegidas y la manipulación de válvulas para beneficiar a fincas productivas. Además, se evidencia la entrega irresponsable de nuevas disponibilidades de servicio sin respaldo técnico adecuado.

Ante estas irregularidades, la Junta Directiva del AyA ha intervenido, buscando asumir el sistema de acueducto y delegar su operación a otra ASADA, Santa Rosa de Oreamuno, mediante el Acuerdo 2021-124. Sin embargo, la ASADA de Cipreses ha contratado al expresidente ejecutivo del AyA como asesor legal, llevando a cabo una campaña interna para cuestionar la decisión del AyA y suspender temporalmente el retiro del convenio de delegación (Acuerdo 2022-287) a través de una «mesa técnica tripartita».

Esta mesa técnica produjo dos resultados principales: un balance hídrico que evidenció la crítica situación del acueducto y la necesidad de nuevas fuentes de agua, así como obras de mejora hidráulica que mostraron la falta de inversión de la ASADA en infraestructura. Sin embargo, la ASADA desestimó los resultados de este proceso y los estudios técnicos contratados, y durante dos años ha ignorado las solicitudes del AyA para realizar las obras necesarias.

La situación se ha agravado con la confirmación de la contaminación de las fuentes de la ASADA de Cipreses, lo que llevó al cierre por parte del Ministerio de Salud. A pesar de esto, la ASADA ha continuado una campaña de desinformación y no ha tomado medidas para controlar la agricultura intensiva en las áreas de protección.

La ASADA ha hecho un mal uso de los fondos públicos, realizando inversiones sin aprobación, como la contratación de personal sin los debidos atestados académicos, remodelación de oficinas administrativas, compra de equipos costosos y contratación de servicios profesionales sin respaldo

técnico. Además, ha empleado tácticas cuestionables, como el pago a periodistas para difundir información falsa y la contratación de abogados para atacar al AyA.La recomendación de la Subgerencia de Sistemas Delegados a la Administración Superior es retomar el acuerdo 2021-124. Se sugiere realizar una adenda para que el AyA asuma plenamente la operación del sistema de abastecimiento de agua potable y lleve a cabo todas las acciones institucionales necesarias para su adecuada gestión.

Se adjunta el documento “Resumen Ejecutivo Informe atención memorando GG-2023-03086, caso de la Asada Cipreses de Oreamuno”.

GSD-UEN-GAR-2024-00751-GSD-UEN-GAR-2024-00792Descarga

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