La carta dirigida a Carlo I. Díaz Sánchez, Fiscal General de la República de Costa Rica, el 8 de marzo de 2024, por parte de víctimas del caso Aldesa, recalca que son cinco años desde que Aldesa anunció que dejaría de pagar los intereses a los ahorros y prometió reanudar los pagos en tres años, lo cual no ocurrió. 

En la carta, los firmantes expresan su descontento ante la falta de acción en el caso, y comentan que se manifiestan el 8 de marzo ante el Ministerio Público, en representación de muchas víctimas del Caso Aldesa, entre ellas muchas que por su estado de salud y edad no pueden unirse y también por quienes fallecieron esperando justicia.

Se presentan con dos mantas que resumen el reclamo y señalan que este caso específico ha sido tratado con inacción, lo cual genera una sensación de impunidad, que ha propiciado sucesivos fraudes similares en especial después del caso Aldesa.

A finales del pasado mes de octubre del año anterior, el señor Presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, recibió a los representantes y escuchó sus inquietudes, expresando su deseo de que el caso no prescriba. Sin embargo, dejó claro que, al estar judicializado, tenía limitaciones en cuanto a las acciones que podía emprender. A pesar de esto, permitió a los representantes hacer divulgación a nivel nacional sobre la preocupación por la prescripción y la falta de justicia.

En esa misma ocasión, los firmantes sostienen que don Carlo Díaz, aseguró tener un cronograma y transmitió la tranquilidad de que no debían temer que algo así sucediera. Sin embargo, el Fiscal Christopher Moreno Chaves tardó un mes adicional en presentar la acusación, y han transcurrido más de tres meses desde entonces sin que se observe un progreso significativo en el caso.

Desde la indagatoria de Javier Chaves Bolaños el 7 de junio de 2019, principal responsable del caso, han transcurrido cinco años, marcando el inicio del conteo hacia la prescripción del caso. La preocupación por esta prescripción es palpable hoy, dado el lento progreso del caso y la cercanía de la fecha límite, con tan solo 60 días hábiles restantes (excluyendo feriados, Semana Santa y fines de semana).

La convocatoria de audiencia preliminar por parte del juez con un plazo prolongado genera aún más inquietud, ya que muchos de los afectados son adultos mayores, algunos cercanos a los 90 años, y existe el temor de que fallezcan sin ver justicia.

La situación económica de los afectados es desesperada. Desde que fueron despojados de sus ahorros, hace ya cinco años, muchos adultos mayores han fallecido en una situación económicamente vulnerable tras años de trabajo y sacrificio.

Muchos de los afectados han perdido las necesidades que antes disfrutaban, como el acceso a medicina privada y terapeutas para prevenir úlceras por presión debido a la postración prolongada en camas mientras. Muchos se han visto obligados a vivir con familiares y vender sus posesiones, como vehículos y muebles, para comprar medicamentos o simplemente para comer. La situación es tan grave que algunos, siendo adultos mayores, se han visto obligados a trabajar nuevamente, ya sea dando clases en sus hogares, haciendo teletrabajo o realizando trabajos ocasionales a cambio de un pequeño ingreso.

Ante la falta de respuesta por parte del Poder Judicial, los afectados se preguntan qué les queda. Temen resignarse a que la justicia no sea cumplida, pues consideran que si no se cumple, no es justicia, y creen que eso ya ha sucedido en este caso. Además, si el caso queda impune y no logran recuperar ni un céntimo de lo perdido, la pena será aún mayor, especialmente al constatar que los activos de Aldesa son insuficientes para cubrir las enormes deudas que mantienen.

Si el caso no es elevado al juez penal de manera inmediata y si la convocatoria de audiencia se programa para dentro de un período excesivamente largo, ya sea en seis meses o incluso años, muchos de los afectados habrán fallecido y no podrán presenciar el cumplimiento de la justicia que tanto han clamado.

Los afectados expresan su esperanza de no perturbar la tranquilidad del destinatario, pero señalan que la suya propia está destrozada. Sin otro particular, se despiden atenta y cordialmente.

Dicha carta reúne las firmas en el momento de entregar la carta con las personas afectadas que lleguen a la manifestación. 

Para acceder a la carta oficial, dirigirse al documento adjunto.