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Etiqueta: derechos comunitarios

Parque Nacional Cahuita: (Co-manejo en debate)

Por: Bernardo Archer Moore
Presidente de ACUDHECA

El Parque Nacional Cahuita (Sector Playa Blanca) es un símbolo de historia y resistencia. Su modelo de co-manejo, compartido entre el SINAC y la comunidad organizada de Cahuita (ADIC), se formalizó en abril de 2017 mediante un Convenio Marco de Cooperación, bajo el Decreto Ejecutivo N.º 40110-MINAE.

Ese convenio, con plazo de dos años, venció en abril de 2019 y nunca fue renovado. Aquí nace la controversia: ¿Qué pasa con la administración comunitaria sin un convenio vigente?

Lo que sigue vigente:

A.) La ADIC mantiene su lugar como miembro permanente del Consejo Local, con legitimidad en la representación comunitaria.

B.) El modelo de gobernanza compartida continúa reconocido por ley y reglamento.

Lo que caducó:

C.) La habilitación legal para que la ADIC administre donaciones o ejecute proyectos con recursos públicos.

D.) La transferencia de fondos sin convenio vigente carece de sustento legal y puede generar responsabilidades administrativas.

El punto de disputa:

Las donaciones de visitantes:
Tanto la Contraloría General de la República (CGR) como la Procuraduría General de la República (PGR) sostienen que constituyen fondos públicos.

Por su parte, la ADIC considera que no lo son, y ha actuado de acuerdo a su tesis.

Nota: Este tema aún no tiene Resolución Judicial Definitiva.

¿Qué significa esto hoy?

Según los citados órganos estatales, el SINAC puede recibir las donaciones en el Fondo de Parques Nacionales, pero no debería transferirlas a la ADIC, sin un nuevo instrumento reglamentario.

Si la comunidad gestiona esos fondos sin convenio, su actuación podría calificarse como ‘gestión de hecho’, con riesgo de nulidad. Y quizás de allí surgieron los Allanamientos y Demandas Penales en curso.

POSIBLES SOLUCIONES:

1. Un Acuerdo de continuidad del Convenio de Comanejo expirado en febrero 2019, avalado por la Contraloría, que dé cobertura legal mientras se negocia una solución de fondo (Un Nuevo Convenio). Sin ello la disputa y demandas penales continuarán.

2. Un nuevo convenio marco entre SINAC y ADIC, que sea claro en responsabilidades y control de fondos.

3 Una reforma reglamentaria permanente (sin fecha de caducidad), que destine un porcentaje fijo de las donaciones al desarrollo comunitario, en reconocimiento a la naturaleza histórica, ancestral y cultural de esa área costera de Cahuita.

En resumen:

La participación política de la comunidad sigue en pie, pero su capacidad de gestionar recursos financieros está suspendida, por disposición de la CGR y PGR.

Para garantizar legalidad y justicia, urge un nuevo acuerdo que combine transparencia, participación y reconocimiento histórico.

El Consejo de Cahuita no es solo un asunto administrativo: Es una lucha por memoria, derechos y futuro comunitario.

Cahuita 09/09/2025

¡El Río Frío está en peligro y Guatuso alza la voz!

El pasado 3 de agosto, diferentes comunidades de Guatuso se reunieron en Maquengal en un conversatorio organizado por el Comité de Defensa de la Cuenca del Río Frío, una producción del Observatorio de Bienes Comunes de la Universidad de Costa Rica (UCR). En este encuentro, los participantes expresaron su profunda preocupación por nuevas concesiones mineras que amenazan directamente la vida del río y de las personas que dependen de él.

La situación es grave ya que existe presencia de maquinaria pesada que extrae material a escasos 300 metros de una escuela. Este punto de extracción, parte de una nueva concesión privada con vigencia por 10 años prorrogables hasta 30, se suma a más de 17 concesiones que ya afectan la cuenca del Río Frío. Lo que antes era un espacio de encuentro, recreación y turismo rural, hoy está tomado por el ruido y la devastación.

Las comunidades denuncian que no fueron informadas ni consultadas por las instituciones competentes sobre estas concesiones, a pesar de existir normas que garantizan el derecho a la información y participación ciudadana. El malestar es generalizado debido a la ausencia de un proceso participativo, la falta de control comunitario sobre el uso del río y el pago simbólico de la empresa concesionaria al Estado frente a los daños ocasionados.

Los habitantes de la zona relatan cambios significativos en las últimas décadas, como inundaciones más frecuentes, pérdida de cultivos (como el cacao), modificación del curso natural del río, reducción del caudal y afectaciones a caminos y puentes. Estos efectos se vinculan a la actividad extractiva, la deforestación y un modelo de desarrollo sin planificación territorial. Se ha alterado la forma de vida tradicional en torno al río, y los caminos se deterioran sin mantenimiento, a pesar de las toneladas de material que salen del territorio anualmente.

El deterioro impacta directamente en los proyectos de turismo rural comunitario. El entorno natural del río, que era un atractivo para visitantes nacionales y extranjeros, se desvanece con el avance de la extracción. «¿Quién va a querer visitar un lugar donde lo que se oye es maquinaria y lo que se ve es un río herido?», comentó un vecino. Así, la extracción no solo deja un cauce devastado, sino que también arrasa con ingresos familiares, empleos potenciales y proyectos de vida sostenibles.

La comunidad ha identificado una serie de impactos graves derivados de la actividad minera en cauces: alteración del cauce natural (provocando desbordamientos), aumento de la erosión, pérdida de biodiversidad (afectando hábitats de peces e insectos acuáticos), afectación de nacientes y humedales, contaminación acústica, barro en época lluviosa y polvo en época seca (afectando la salud), e interrupción de caminos y acceso a fincas. Además, existe la preocupación de que la falta de control y fiscalización permita extracciones sin estudios actualizados de impacto ambiental y sin que se respeten los límites o volúmenes autorizados.

También hay alerta por el deterioro del puente de La Amapola, clave para la conectividad de la zona, expuesto al paso constante de maquinaria. Este puente, construido en 2022 por la CNE y la Municipalidad de Guatuso con un costo de 388 millones de colones, genera preocupación debido a solicitudes de permisos para que maquinaria pesada transite por debajo de él, lo que ha generado sospechas sobre su estado actual y posibles afectaciones a su base estructural, representando un riesgo directo para la seguridad. La comunidad denuncia que estos permisos se gestionan sin consulta previa ni monitoreo técnico visible, contrastando con la falta de inversión pública para mejorar caminos y accesos al servicio del pueblo.

La comunidad exige participación real, respeto a los derechos y defensa del territorio. “El río se está muriendo, y con él nuestra forma de vivir”, expresó una participante. Para hacer frente a esta situación, la comunidad acordó fortalecer la organización local, articularse con otros territorios afectados y buscar apoyo legal desde el marco del derecho ambiental y el principio de participación ciudadana. En este esfuerzo, se reconoció el acompañamiento brindado por la Universidad de Costa Rica y el Observatorio de Bienes Comunes en procesos de documentación, mapeo participativo y denuncia ambiental.

Le invitamos a leer la nota completa del Observatorio de Bienes Comunes UCR, titulada “La voz del río: comunidades de Guatuso alertan sobre las nuevas amenazas al Río Frío”, a través del siguiente enlace:

https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/la-voz-del-rio-comunidades-de-guatuso-alertan-sobre-las-nuevas-amenazas-al-rio-frio/

Camiones piñeros y desechos agrícolas deterioran vías y salud pública en Medio Queso de Los Chiles

En Los Chiles, Alajuela, Pobladores de Medio Queso y comunidades vecinas denuncian un deterioro acelerado de la ruta 760 —conocida localmente como la Choritrocha— y de caminos aledaños, atribuido al tránsito constante de maquinaria pesada y al depósito indiscriminado de fruta en descomposición por parte de las fincas Piñas Cultivos de Costa Rica, Piñas Norteñas y TicoFrut.

Según los testimonios recopilados, grandes cantidades de piña descartada se acumulan a la orilla de las carreteras y en lotes contiguos, lo que genera proliferación de moscas y malos olores que afectan la calidad de vida de la población. A esto se suma la presencia de baches profundos y tramos socavados en la vía principal, por donde circulan diariamente autobuses que transportan a estudiantes de primaria y secundaria.

Donde sea botan la piña y la echan al monte; las moscas ya no se aguantan y el camino está totalmente destruido”, describió una de las vecinas afectadas.

Acuerdos incumplidos

Las comunidades señalan que existían compromisos de reparación vial entre las empresas y la Municipalidad de Los Chiles, pero denuncian que dichos acuerdos no se han ejecutado. Mencionan, en particular, la falta de respuesta de la vicealcaldía y del empresario Rodolfo Salazar, propietario de Piñas Cultivos de Costa Rica.

Ante la inacción, los habitantes intensifican su lucha colectiva y convocan a más localidades de la Zona Norte a exigir el arreglo de las rutas y un manejo responsable de los residuos agrícolas. También buscan el acompañamiento del partido Frente Amplio y de la diputada Priscila Vindas (Alajuela) para visibilizar el problema a nivel nacional.

Impactos ambientales y sociales

  • Salud pública: la fruta en descomposición atrae vectores que ponen en riesgo a niñas, niños y personas adultas mayores.

  • Seguridad vial: el mal estado de la ruta 760 obliga a conductores a maniobras peligrosas, especialmente en horarios escolares.

  • Derecho a la movilidad: comunidades rurales dependen de estos caminos para acceder a centros educativos, servicios de salud y comercio.

Las personas vecinas reiteran que continuarán organizadas hasta obtener una solución efectiva por parte de las autoridades municipales y las empresas responsables.

Foro abordará los riesgos de privatización en la Zona Marítimo-Terrestre -Voces y Política

Este miércoles 18 de junio, el programa Voces y Política dedicará su transmisión a analizar un tema de creciente preocupación en las comunidades costeras: el nuevo intento de privatización de la Zona Marítimo-Terrestre.

El espacio contará con la participación de personas habitantes de zonas costeras y de la abogada Sofía Barquero, quienes expondrán sus valoraciones sobre el impacto social, ambiental y legal que podrían tener las propuestas actuales que buscan modificar el régimen de tenencia en áreas bajo protección pública.

La Zona Marítimo-Terrestre (ZMT) constituye un bien de uso público regulado por la Ley N.º 6043, y es considerada una franja de especial importancia ecológica y social. Diversas comunidades y organizaciones han manifestado su oposición a proyectos o iniciativas que, bajo el argumento de desarrollo económico o inversión extranjera, podrían abrir la puerta a un cambio estructural en el manejo de estos territorios, con implicaciones para el acceso, la permanencia y los derechos colectivos en las costas.

El programa, producido por el Semanario Universidad en colaboración con Kioscos Socioambientales, la Escuela de Ciencias Políticas y el Programa de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica, ofrece un espacio para el análisis crítico de temas de interés público, desde las voces y experiencias de las comunidades.

La transmisión se realizará a las 5:00 p.m. por Radio Universidad 96.7 FM y también estará disponible en vivo por Facebook: https://www.facebook.com/radiouniversidadcr

Denuncia de personas vecinas de Haciendas del Sur

El pasado miércoles 16 de octubre de 2024 personas vecinas de las Haciendas del Sur, Parcela 24, de Piedras Blancas, Osa de Puntarenas, presentaron una denuncia ante la Defensoría de los Habitantes de la República de Costa Rica.

Esto pues, según mencionan, existe una falta de respuesta de parte de las oficinas del Instituto de Desarrollo Rural (INDER), específicamente del Departamento de Registro de Tierras en Moravia, en donde el funcionario responsable de la oficina es Pablo Zamora.

Las y los vecinos de Haciendas del Sur, Parcela 24, han realizado varias gestiones ante dicha oficina relacionadas con un trámite de tierras de larga data (15 años) , en donde han cumplido con todos los requisitos y han entregado toda la documentación. 

Sin embargo, a pesar de todo este tiempo y los reiterados intentos de comunicación con dicho departamento y el funcionario responsable a través de los medios formales establecidos, no han recibido una respuesta clara sobre el estado de los trámites con respecto al caso en cuestión. 

De esta forma, las y los vecinos de la zona argumentan que esta situación afecta y violenta gravemente sus derechos ciudadanos. Así mismo, comentan que la falta de información y comunicación asertiva ha generado una gran incertidumbre en ellos y ellas con respecto a la propiedad de la tierra.

Por todo lo anteriormente suscitado, las y los vecinos han solicitado la intervención de la Defensoría de los Habitantes, esto con el fin de que se investigue y se inste al INDER a brindar una pronta respuesta, así como una solución a las familias.

Imagen: AMprensa.com

Comisión Sureña visita Contraloría de Servicios del INDER ante negativa de autoridades a atender urgencias regionales

La visita se realizó este lunes 22 de abril. El propósito fue informar y denunciar la inacción y negatividad de parte del director regional y del presidente ejecutivo del INDER, “para resolver de manera diligente las necesidades planteadas por varias organizaciones sociales de la zona sur durante años y la actual administración”, informó a SURCOS Renier Canales.

La representación de la zona sur la integraron Tatiana Chaverri Rodríguez, Freddy Rojas Reyes, Renier Canales Medina, y como testigo de la gestión, Efraín Valverde Moreno quien es el fiscal de la junta directiva de la Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU).

Cooperativa Agrícola de Piedras Blancas Puntarenas Agricoop R.L reclama derechos sobre instalaciones

Complejo de oficinas del Programa de Cooperación y área administrativa de la Planta Procesadora de Palmito.

Piedras Blancas, Puntarenas – En un grito por la autonomía y el desarrollo comunitario, la Cooperativa Agrícola Agricoop R.L. en Piedras Blancas, Puntarenas, alza la voz para reclamar lo que consideran suyo por derecho. Con más de 20 años de presencia en la zona, las instalaciones que albergan la Planta Procesadora de Palmito y su complejo de oficinas son el epicentro de una lucha que va más allá de los límites físicos de la cooperativa. Así se desprende de una conversación de Tatiana Chaverri Rodríguez con SURCOS.

Además, en una publicación reciente en su página de Facebook, Agricoop R.L. cuestionó la necesidad de solicitar permisos para acceder a sus propias instalaciones, comparando la situación con el concepto de entrar a su propia casa, en una comunidad que ve en estas estructuras el motor de su desarrollo y progreso.

«Nos salimos del juego y la manipulación en la que IDA (hoy Instituto de Desarrollo Rural, Inder) ha sometido por años a la Cooperativa. No se renueva ningún permiso de lo que es nuestro», expresaron en la publicación evidenciando la necesidad de respeto su autonomía y derecho al patrimonio.

Detrás de este enfrentamiento legal y burocrático, se encuentra una historia que se remonta a más de dos décadas atrás. Las instalaciones fueron creadas para el procesamiento de palmito, en un momento crucial para la comunidad tras la salida de la Bananera. En un acto de cooperación con la CEE (organismo de la Unión Europea), se gestó el Programa de Desarrollo Rural (PDR) Osa Golfito, con el propósito de dotar a las organizaciones locales de las herramientas e infraestructuras necesarias para su crecimiento.

Planta procesadora de palmito construida para Industrias Palmitos del Sur SA posteriormente Agricoop Cooperativa Comercializadora Agrícola del Sur RL.

Sin embargo, a pesar de las promesas y acuerdos establecidos, las instalaciones permanecen en un limbo legal, sin que se cumpla el compromiso de entrega por parte del gobierno costarricense. El problema es que este abandono no solo afecta a la cooperativa, sino que tiene un impacto directo en las comunidades circundantes.

Según Tatiana Chaverri Rodríguez, representante de Agricoop R.L., el rezago económico y social en el cantón de Osa, específicamente en Piedras Blancas, es evidente. Con una población de 4530 habitantes y una falta notable de fuentes de empleo e inversión pública, el abandono de estas instalaciones representa un golpe devastador para la región.

«La falta de entrega de estas instalaciones ha tenido un impacto significativo en nuestras comunidades», continuó Chaverri Rodríguez. «Según datos del Inec, el cantón de Osa, y en particular Piedras Blancas, enfrenta un fuerte rezago económico y social. La falta de empleo e inversión pública afecta directamente a nuestros habitantes, quienes se ven privados de oportunidades de desarrollo».

Al abordar la razón detrás del abandono de las instalaciones, Chaverri Rodríguez señaló: «Las abandonaron para evitar entregar los activos a la cooperativa. Agricoop fue sometida a la inseguridad jurídica con la intención de desaparecer o entregar las instalaciones a grupos alineados con ciertos intereses». En el monumento erigido en las instalaciones, el cual agradece el aporte de la Unión Europea al desarrollo local, se encuentra una prueba tangible del derecho de Agricoop R.L. sobre estas tierras, así como la placa que conmemora la fundación de estas instalaciones desde el 5 de enero de 1991.

Sin embargo, Agricoop R.L. no se rinde ante esta adversidad. Con una visión clara de desarrollo regional, han propuesto iniciativas que no solo beneficiarían a la cooperativa, sino que tendrían un impacto positivo en toda la comunidad. Enfatizan su papel como productores de fibra de abacá, un material altamente versátil con más de mil usos en la industria y un mercado prometedor en Europa. De contar con las instalaciones, establecerían un centro de acopio y valor agregado de abacá, lo que no solo generaría múltiples fuentes de empleo, sino también oportunidades comerciales significativas para la región. Adicionalmente, la cooperativa realiza prácticas de reciclaje y compostaje.

Agricoop resalta su participación en el Programa de Descubre de Procomer 2022, otorgándoles una posición privilegiada para impulsar la producción de abacá. Destacan su condición como beneficiarios de una donación de Red de Vinil, destinada a la fabricación de diversos productos como bolsos, delantales, manteles y tapizados, con el fin de generar ingresos para las mujeres de la cooperativa. Además, han firmado un convenio con el MICITT para establecer un Centro Comunitario Inteligente, conscientes de la amplia brecha digital en la zona.

En términos de iniciativas comunitarias, la cooperativa está activamente involucrada en la organización de una feria comunitaria para apoyar a emprendedores y agricultores locales, y cuentan con un área de cocina para formalizar iniciativas gastronómicas; así como en la gestión de capacitaciones en conjunto con el INA para fortalecer las capacidades de la población circundante. Entre otros aspectos, tienen su papel como Punto Seguro Inamu, brindando apoyo a mujeres que sufren acoso callejero, y su alianza con Sula Kaska Agricoop para desarrollar un proyecto de cacao que busca rescatar el valor nutricional, cultural y ecológico del cultivo en la zona.

Todas estas iniciativas, que abarcan aspectos sociales, económicos, ambientales y tecnológicos, podrían estar en pleno funcionamiento si el Inder cumpliera con su obligación. Agricoop R.L. hace un llamado urgente al Instituto de Desarrollo Rural (Inder) y a las autoridades competentes para que cumplan con su compromiso y entreguen los predios e instalaciones que legítimamente les pertenecen. Solo así, afirman representantes de Agricoop, podrán desatar todo el potencial de desarrollo que yace latente en la región.

La lucha de Agricoop R.L. va más allá de la defensa de unas instalaciones. Es la lucha por el derecho a un futuro digno, por la autonomía de una comunidad y por el desarrollo sostenible de una región olvidada.

Compartido con SURCOS por Tatiana Chaverri Rodríguez – Agricoop R.L. y por Renier Canales Medina.

En Moravia no tenemos el derecho de hacer deporte en el parque público La Cangreja

Compartido a SURCOS por María Elena Fournier Solano

Correo enviado el 22 de marzo de 2024, en el Día del Deporte, a la Municipalidad de Moravia:

DÍA NACIONAL DEL DEPORTE

22 marzo de 2024.

Nelson Mandela: dijo una vez:

«El deporte tiene el poder de inspirar, de unir a la gente, como pocas otras cosas… tiene más capacidad que  los gobiernos de derribar las barreras sociales«

Pero en Moravia, no tenemos el derecho a ejercerlo, en el  Parque público como el de La Cangreja-a la par de la Quebrada El barreal y que forma parte del Corredor Biológico interurbano Pará-Toyopán y el Corredor Biológico Interurbano Río Macho-, porque la prioridad se la dieron a una empresa privada de telecomunicaciones (torre de radicación electromagnética, que afecta a la salud de las personas, animales, biodiversidad).  

Y no es un mito es ciencia se llama: geofísica y sus efectos se conocen como zonas geopatológicas (relacionadas a las  enfermedades causadas por estos y otros campos electromagnéticos).

Con la complacencia del Concejo Municipal, Jurídicos, alcalde Zoch entre otros, quiénes defienden muy bien esta torre impuesta, mismos y mismas que  nunca nos dieron el derecho a la  participación ciudadana ni mucho menos nos consultaron, ni siquiera salió en el diario oficial La Gaceta,  al estilo neoliberal con sus marcos legales para el negocio, sin contar con los efectos a la salud integral, los seres vivos no valemos nada para el negocio de los tratados de libre comercio y de los que se prestan para ello.

Violentando así el Artículo 50 de nuestra Constitución Política, los Derechos Humanos entre otros, como  el Art. 11 y Art. 194 sobre juramento de las y los funcionarios públicos.

Comunidades de Guácimo se reúnen y proponen medidas de presión si no les resuelven el estado de la ruta nacional 811

Fuerzas vivas reunidas este sábado 11 de marzo en la comunidad de Irlanda, distrito de Río Jiménez, Guácimo se proponen tomar medidas de presión si el gobierno no les resuelve de inmediato la problemática del estado de la Ruta Nacional 811.

Esta situación afecta a comunidades como Río Jiménez, La Ligia, Santa María, Irlanda, Santa Rosa, La Lucha y Escocia.

En la reunión se consideró la posibilidad de realizar distintas medidas de presión en la ruta 811 o en la ruta 32, dada la crítica situación que les afecta su diario vivir.

Alrededor de 150 personas se reunieron conformando una comisión coordinadora de trabajo y acciones concretas.

Llaman a fortalecer la lucha pidiendo “a más actores sociales y a la comunidad en general unirse”. En la reunión se indicó que la espera por una solución ha sido por más de treinta años, durante los cuales distintas instituciones se han involucrado, pero no han resuelto la situación.

El presidente municipal de Guácimo, José Orozco, dijo en la reunión que faltan trámites en CONAVI, pero al mismo tiempo se dice que faltan recursos, por lo que las personas de la comunidad señala que “no se entiende cuál es la situación real” y estiman que lo que falta es voluntad política para atender el derecho a una vida digna en estas comunidades. Ante ello la gente se cansó, se dijo en el informe para SURCOS.

El mal estado de la ruta genera gran cantidad de polvo que afecta la salud con problemas respiratorios, alergias y otras dolencias. Asimismo, se ensucia constantemente la ropa de quienes van para las escuelas, trabajos o alguna institución a realizar un trámite.

Información enviada a SURCOS por Félix López, del Movimiento de Trabajadores y Campesinos (MTC).


                
                
            

Solicitan a Municipalidad de Belén no avalar urbanización por afectación a la comunidad y a los manantiales de La Gruta

Un grupo de habitantes de San Antonio de Belén gestionan ante el Concejo de la Municipalidad el cambio de acuerdos que permiten el desarrollo de una urbanización.

Con 324 firmas de apoyo señalan que el proyecto pretende construir una ciudad residencial para mil personas a partir de dos proyectos en la misma finca.

El grupo comunitario se opone, entre otras razones, porque se aprueban 18 pajas de agua para el proyecto a partir de que personal de la Municipalidad, mediante certificado entregado al urbanizador, cambiaron el uso del suelo a favor de este. También piden la demolición de la infraestructura construida en los años 90 por el finquero-urbanizador sobre los manantiales de La Gruta y donde se pretenden levantar las casas.

En la carta al Concejo Municipal de San Antonio de Belén se solicita específicamente rechazo a la disponibilidad de pajas de agua, así como la demolición de obras en la zona de protección.

Asimismo, se pide información amplia sobre el proceso y testimonio de piezas.

En la nota se indica:

“Los abajo firmantes, en nuestra condición de vecinos de la Asunción de Belén, recurrimos a ustedes con el mismo propósito que la vez anterior, pero con más fuerza, pues se nos han unido muchos vecinos de todos los barrios del distrito.

En esta nueva misiva, reiteramos nuestra rotunda oposición a que se aprueben nuevos proyectos urbanísticos en este distrito. El artículo 50 de nuestra Constitución Política nos garantiza el derecho a vivir en un ambiente equilibrado; es decir, sin hacinamiento, sin ruido, sin congestionamientos vehiculares, sin contaminación del aire y sin contaminación de nuestras aguas. Tenemos derecho a que el agua de consumo en La Asunción sea de excelente calidad y esté al alcance de todos; que nunca nos falte porque vaya a ser entregada a megaproyectos urbanísticos.

Con respecto al plan de veinte viviendas, el de la Sociedad El Camino Gerizim en Finca La Negra, y que cuenta ya con el aval de ustedes en lo que concierne al otorgamiento de pajas de agua, solicitamos se revoque ese acuerdo. El informe técnico en el que se basó presenta vicios, como el cambio de uso del suelo a favor del desarrollador y carece de los estudios que demuestren la tesis municipal de que los barrios del distrito y del cantón soportarían una mayor carga vehicular y una carga descomunal de aguas residuales. Además, les pedimos soliciten, a la mayor brevedad, una investigación judicial sobre el proceder de los funcionarios que han estado otorgando a empresarios urbanizadores certificados de uso del suelo que no corresponden con los señalamientos de nuestro Plan Regulador.

Nos hemos enterado de que en la misma propiedad, en la Finca La Negra, se pretende otro desarrollo, en esta ocasión una ciudad para 900 habitantes, con entrada y salida por Calle Zumbado al igual que su proyecto anterior, y para el cual ya ha sido elaborado, por los mismos funcionarios municipales, el informe técnico que otorgaría al mismo 165 pajas de agua si ustedes, señores regidores, lo aprobaran en el Concejo.

Con respecto a la pretendida ciudad, incluidos los dos proyectos urbanísticos en la Finca La Negra, decimos un NO ENÉRGICO Y CONTUNDENTE y manifestamos nuestra disposición a llegar a las últimas consecuencias si ustedes autorizaran las pajas de agua para este descabellado proyecto contiguo al sitio histórico de La Gruta y sus ricos manantiales.

Algunas de las razones para oponernos a la construcción de dicha ciudad son:

a-Que nunca ha existido control por parte de la municipalidad sobre el estado de dicha finca con predominio de Zonas de Protección y Zonas residenciales de Baja Densidad. Que tampoco han sido verificadas correctamente las medidas de las zonas de protección de nacientes, quebradas y demás humedales que afectan a la finca La Negra.

b-Que desde los años noventa comenzó a funcionar ilegalmente en Finca La Negra, sobre dichas zonas de protección, un ruidoso negocio de recreo y esparcimiento que ni el municipio, los cuerpos de policía, ni el Ministerio de Salud han querido fiscalizar y que hoy día constituye el sitio en el que se pretende la construcción de dicha ciudad. A este respecto solicitamos se nos remitan los permisos de construcción de las infraestructuras que allí se encuentran, a saber de ranchos, edificaciones, piscina y demás estructuras construidas por el hombre que allí se ubiquen.

c-Que a pesar de la denuncia de vecinos, la administración municipal de entonces otorgó el permiso de funcionamiento de forma irregular, siendo negligente con el acatamiento de la normativa ambiental que debe aplicarse a una propiedad como Finca La Negra, rica en humedales y zonas de protección. En este sentido solicitamos se nos remitan los mapas donde se dibujen las áreas de protección de las nacientes y demás cuerpos de agua de dicha propiedad, y donde se dibujen también las infraestructuras que existen en dicho terreno. Y en caso de que alguna infraestructura esté dentro de estos perímetros, respetuosamente solicitamos se ordene su demolición inmediata, conforme a la ley de construcciones y demás normativa aplicable. En este sentido, hacemos llamar la atención de que aún hoy día permanecen sobre los fuentes y su área de protección las canchas de baloncesto, los ranchos para barbacoas, piscinas, sin que se hayan mandado a derribar dichas construcciones que dicen mucho del irrespeto a las disposiciones legales ambientales por parte del propietario que, además, a lo largo de los años ha venido eliminando árboles de especies forestales nativas. Y en todo esto, el ayuntamiento jamás ha intervenido.

d-Que en el documento elaborado para que ustedes aprueben, o desaprueben, las 165 disponibilidades de agua potable, aparece un diseño del proyecto, entregado por el empresario urbanizador, donde claramente se aprecian las construcciones ilegales ubicadas dentro de Zonas de Protección. Solicitamos que la municipalidad de Belén utilice ese boceto en su poder, en aplicación de la ley de construcciones, y de los artículos 33 y 34 de la Ley Forestal, previo a discutir el informe para el otorgamiento de las pajas de agua a este proyecto urbanístico; asimismo, ordenen la demolición de la infraestructura existente en el lugar.

e-Que en este mapa que mencionamos, con el esbozo urbanístico, las torres de las casas para las 900 personas, los parqueos y calles aparecen dibujados sobre algunos bordes de las zonas de protección, y podría darse una invasión mayor si se aprobasen dichas construcciones. Que se trata de un diseño forzado, con calles que se estrechan de repente y pegadas completamente a las colindancias de otras propiedades sin que hayan sido constatadas sobre el terreno las distancias que debe haber a partir de los manantiales, quebradas y demás humedales, como hemos señalado en el punto A.

f-Que, lamentablemente, los técnicos de la municipalidad elaboraron dicho documento basados en las irregularidades señaladas en todos los puntos anteriores; por lo que de previo a valorar la aprobación de las Pajas de Agua Peticionadas, lo procedente es que se ordene la demolición de las estructuras que aparecen dentro de las áreas de protección de los cuerpos de agua existentes en dicho lugar.

h-Que ambos proyectos constituyen planes habitacionales para mil personas, que obviamente durante épocas festivas por la presencia de visitas, ese número será aún mayor y violentará, aún más, el derecho a la salud de los habitantes de la Asunción.

i- Que rechazamos cualquier intento de instalar sistemas de tratamiento de aguas negras en nuestros barrios donde las viviendas colindarían con estos, donde no habría controles como ha ocurrido históricamente en La Asunción y donde sus habitantes tienen derecho a respirar aire puro, sin olores fecales. Ya hemos tenido bastante con el relleno sanitario de la Uruca y los manejos inadecuados de las aguas negras.

j-Que previo al análisis de disponibilidades de agua para nuevos proyectos, se deben resolver los problemas ambientales señalados en el punto anterior.

k-Que rechazamos una nueva carga de aguas residuales vertidas en la Quebrada Las Bermúdez.

l-Que rechazamos cualquier intento de aumentar los ruidos por el estacionamiento y el tránsito vehicular dentro y fuera de Finca La Negra, vehículos que circularían por las estrechísimas calles ciegas de nuestros barrios.

ll-Que rechazamos cualquier intento por congestionar, aún más, las calles y carreteras del cantón, cuando a todas luces los mil vehículos de ambos planes de vivienda sumados a buses escolares, camiones repartidores y carros de los visitantes, impedirían la circulación de todos nosotros. Además de que esto sería nefasto para la economía del país y las emergencias médicas.

m-Que rechazamos cualquier intento por aumentar en nuestros barrios la contaminación del aire debido a la emisión de gases que generarían los vehículos de megaproyectos como estos.

Hacemos notar al Concejo Municipal, que resulta menos costoso para la Municipalidad de Belén no aprobar un proyecto de este tipo; pues de lo contrario implicaría un posterior proceso judicial de Lesividad que es muy complejo, extenso y oneroso, como lo ha sido el caso de los permisos constructivos de la urbanización Prados de Belén de la sociedad QUINTAELENA SOCIEDAD ANÓNIMA, en la cual se invade un humedal o lago ubicado en la Rivera de Belén.

Los acá firmantes estamos dispuestos a acudir a todas las instancias posibles para defender nuestros derechos en contra de este proyecto habitacional de Lagos de Belén, pues no permitiremos el otorgamiento de las aguas de nuestra comunidad a megaproyectos que, como estos, nos dejarían sin agua y, o, fueran a reducir los caudales de los acuíferos en momentos en que el líquido escasea en el mundo entero.

Ahora bien, nos permitimos hacer notar que el delito de invasión de área de protección tipificado en el artículo 58 de la Ley Forestal reza: “Se impondrá prisión de tres meses a tres años a quien: a) Invada un área de conservación o protección, cualquiera que sea su categoría de manejo, u otras áreas de bosques o terrenos sometidos al régimen forestal, cualquiera que sea el área ocupada; independientemente de que se trate de terrenos privados del Estado u otros organismos de la Administración Pública o de terrenos de dominio particular. Los autores o partícipes del acto no tendrán derecho a indemnización alguna por cualquier construcción u obra que hayan realizado en los terrenos invadidos.”

Cabe indicar que en el artículo 34 de la Ley Forestal se prohíbe la corta o eliminación de árboles en las áreas de protección descritas en el artículo anterior, excepto en proyectos declarados por el Poder Ejecutivo como de conveniencia nacional.”

Por estas y otras consideraciones que nos reservamos, es que les solicitamos que la municipalidad de Belén, previo a aprobar la disponibilidad para dicho proyecto, utilice el boceto mencionado anteriormente que tiene en su poder, y que en aplicación de la ley de construcciones, y de los artículos 33 y 34 de la Ley Forestal, previo a siquiera discutir el informe para el otorgamiento de las pajas de agua para este proyecto urbanístico lo siguiente:

Solicitamos se nos remitan los mapas donde se dibujen las áreas de protección de las nacientes y demás cuerpos de agua de dicha propiedad, y donde se dibujen también las infraestructuras que existen en dicho terreno. Y en caso de que alguna infraestructura esté dentro de estos perímetros, respetuosamente solicitamos se ordene su demolición inmediata, conforme a la ley de construcciones y demás normativa aplicable.

Solicitamos se nos remita los permisos de construcción de las infraestructuras que allí se encuentran, a saber de ranchos, edificaciones, piscina y demás estructuras construidas por el hombre que allí se ubiquen.

De conformidad al artículo 281 del Código Procesal Penal, En caso de que el Concejo Municipal tenga en la información disponible en la actualidad, información que permita arribar a que existe algún tipo de Invasión de Áreas de Protección conforme al los artículos 34 y 58 de la Ley Forestal, en estos terrenos donde se pretende ubicar este proyecto Lagos de Belén, respetuosamente solicitamos se testimonien piezas al Ministerio Público a fin de investigar este delito”.