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Etiqueta: derechos de las mujeres

Programa de ALTERNATIVAS: 8M situaciones que afectan la vida y la calidad de vida de las mujeres – enlace al video

El pasado 3 de marzo en ALTERNATIVAS se transmitió el programa “8M situaciones que afectan la vida y la calidad de vida de las mujeres”, con la participación de Ana Cecilia Hernández, activista y educadora popular feminista; Ericka Álvarez, abogada y activista social por los derechos humanos; Priscilla Vindas, activista feminista, politóloga y diputada; Irené Barrantes, activista feminista y Yendry Porras, administradora y defensora popular. 

Ericka Rojas plantea que el 8M es un día de conmemoración a las luchas a través de los años de miles de mujeres por sus derechos, elabora una mapeo de los hitos históricos: es declarado el 8 de marzo de 1972 el Día Internacional de la Mujer por parte de la Organización de las Naciones Unidas porque recopilan una serie de fechas e hitos históricos en el que las mujeres buscaban defender sus derechos humanos. En 1857 las mujeres de la industria textil organizaron un marcha en Nueva York por mejores condiciones laborales, se articula un movimiento de mujeres organizadas. El 8 de marzo 1908 exigieron mejores condiciones laborales, derechos para los niños, seguridad económica y por una mejor calidad de vida, el 25 de marzo 1911 hubo un incendio en la zona textil donde mueren más de 100 mujeres, en 1917 los movimientos y organización feministas se dan con mayor fuerza en el contexto de la guerra en Rusia.

El 8 de marzo es una fecha de conmemoración a todas las luchas y procesos históricos para las mujeres, por la convalidación de sus derechos, por sus aportes y hacer que la vida actual sea diferente para las mujeres, y en conmemoración también de la lucha constante por la validación de sus derechos. 

Comparte además que es de suma importancia luchar por un desarrollo sostenible accesible para todas y todos, especialmente erradicar las barreras en cuanto a la desigualdad de condiciones para las mujeres con discapacidad. 

Sobre las deficiencias del Estado, señala que las acciones por establecer igualdad de género son pocas en la agenda pública costarricense, entre ellos; políticas poco articuladas para las personas que cuidan a otros, temas educativos, y personas que no reciben cuidados adecuados.

Irene Barrantes plantea las deficiencias en las políticas y acciones públicas en atención a los derechos de las mujeres; fuerza y trabajo no remunerado, las mujeres indígenas, menciona además aspectos del Informe Negro que presentaron ante la ACEDAO. Señala la importancia de inculcar una educación feminista, en informar sobre los espacios libres de violación de los derechos femeninos, en luchas y exigir por espacios libres de violencia femenina.

Propone crear escuelas populares feministas, mediante la articulación social para crear, a partir de los territorios, cambios nacionales. 

Priscilla Vindas señala las deficiencias y acciones machistas del Poder Ejecutivo, comparte las discusiones existentes en el Plenario, uno de esos temas corresponde al del aborto terapéutico ante la violación a los derechos reproductivos. 

Expone las deficiencias que existen en torno a la desigualdad en las condiciones y oportunidades económicas para las mujeres. 

Yendry Porras plantea el tema de las brechas de género en Costa Rica en relación con aspectos económicos, sociales, laborales, educativos, entre otros. Bajo su criterio establece que existe discriminación hacia la mujer, debilitamiento de la institucionalidad en la que las mujeres están siendo golpeadas como el escaso apoyo por parte de la Defensoría de los Habitantes, el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) y por parte del Gobierno en general. Además el tema de la violencia de género y la impunidad ante los casos de agresión y feminicidios. 

Sobre las áreas que están siendo desatendidas por parte del Estado, señala que uno de ellos es en cuanto al tema de la pobreza, en el que las mujeres especialmente las de las áreas rurales son las más perjudicadas, y del agravamiento en las condiciones sociales y económicas de la población durante y después de la pandemia por Covid-19.

Las expositoras coinciden en el aspecto de regresar y retomar las calles para exigir los derechos de las mujeres, y de hacer un uso de las redes sociales a favor. Dentro de las acciones que plantean que se pueden hacer para ser parte de la lucha son; la sororidad, educación y el compartir el conocimiento, retomar las calles, marchar, el cuido colectivo y escucharse las unas a las otras.

Si desea observar el programa completo lo puede hacer al siguiente enlace: https://fb.watch/j2h9FEN4tK/?mibextid=RUbZ1f

Posición de activistas, organizaciones y colectivas feministas para este 8M

Comunicado oficial

A continuación se comparte el comunicado oficial sobre la posición de activistas, organizaciones y colectivas feministas para este 8M, #8mcr #8m23: 

8M ¡Por nuestro derecho a decidir!

Una vez más, en el marco del Día Internacional de las Mujeres, diversas organizaciones de sociedad civil, activistas independientes, movimientos y colectivas feministas y antipatriarcales tomamos las calles de Costa Rica para la lucha colectiva y diversa, exigiendo el respeto y la garantía de nuestros derechos humanos. Nos manifestamos por la dignidad de las mujeres con discapacidad, indígenas, afrodescendientes, lesbianas, bisexuales, queer, defensoras del medio ambiente, trabajadoras sexuales, mujeres trabajadoras en condiciones precarizadas, madres, niñas, trans, y personas no binaries, la interseccionalidad es la base de nuestras demandas.

Nos encontramos firmes, en pie de lucha y decidimos no callar ante las violencias ejercidas contra nuestros cuerpos y territorios en manos de un gobierno misógino y autoritario que violenta los principios democráticos; ante un presidente acosador sexual que de forma sistemática pretende acallar las voces disidentes y menoscabar los derechos de las mujeres, personas trans y no binaries.

Caminamos a favor del acceso al aborto legal, seguro y gratuito, levantamos nuestra voz por nuestro derecho a decidir, y rechazamos rotundamente los intentos del Ejecutivo por derogar la norma técnica de aborto terapéutico y violentar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, las personas gestantes. No toleraremos que dogmas religiosos, conservadores, anti derechos y anti científicos rijan sobre nuestros cuerpos y vidas.

Bajo esta línea, denunciamos la violencia ejercida por parte del sector salud y quiénes le dirigen, hacia las mujeres y personas gestantes con discapacidad, al no permitirles tomar decisiones sobre sus cuerpos, sus maternidades, y su salud reproductiva y sexual. Asimismo denunciamos la falta de acceso a un sistema de salud que cubra todas nuestras necesidades, sin considerar que es imposible atendernos de manera digna. ¡Contra el capacitismo y el modelo médico de discapacidad!

No daremos un paso atrás en la garantía de nuestros derechos sexuales y reproductivos, por esto nos solidarizamos con las mujeres y personas gestantes de la región que enfrentan aún la prohibición absoluta y criminalización del aborto. Continuamos reclamando educación sexual integral, laica, científica y feminista; anticoncepción gratuita; justicia menstrual; el cese de la violencia obstétrica; y maternidades deseadas y libres de violencia. La dignidad es nuestro punto de partida. Nos unimos al llamado de Justicia para Beatriz, mujer joven salvadoreña que retó al sistema penal al solicitar la interrupción del embarazo para preservar su vida e integridad y cuya lucha representa una oportunidad para el avance de nuestros derechos en toda América Latina y el Caribe. ¡La maternidad será deseada o no será!

En este sentido, abogamos por el derecho a una maternidad rebelde, libre de violencia y niñes y adolescentes que resisten al sistema adulto. Por una educación en materia de menstruación, que sea libre de tabúes o estigmas, y que la propuesta de ley para que los productos menstruales disminuyan su costo sea aprobado de forma inmediata. Por el compromiso por parte de las instituciones y entes en materia de salud para garantizar que los partos sean libres de violencia obstétrica. 

Reivindicamos la protección de los pueblos originarios, evitando así la violencia incrementada por la defensa de sus derechos y territorios afectados por decisiones gubernamentales como el Acuerdo Escazú, el cual aboga a favor del Medio Ambiente y de velar por políticas públicas estructurales que procuren la preservación ecológica contra actividades extractivas, así como la seguridad de quienes defienden los territorios de estos pueblos.

Demandamos la aprobación de una ley trans que proteja y respete el derecho de autodeterminación de la identidad de las personas trans y no binaries, así como el acceso a tratamientos de afirmación de género sin excluir les niñes LGBTQIA+. No aceptamos ningún discurso de odio en contra de las personas trans y una vez más decimos: ¡Las mujeres trans son mujeres!

Nos solidarizamos con las mujeres y personas no binaries nicaragüenses, migrantes, presas políticas y quienes resisten a la dictadura. Sabemos que muchas marchan aquí porque no pueden en su país, siempre serán bienvenides a marchar con nosotres. Enaltecemos sus voces y la valentía con la que se manifiestan.

Realizamos un vehemente llamado a la lucha contra la desigualdad social, narcotráfico y violencia que acoge a las comunidades donde residen mayoritariamente las personas afrodescendientes, exigimos el reconocimiento de la autoidentificación étnica-racial en los censos y estadísticas del país. Además, hacemos hincapié en el caso de racismo hacia una niña del cantón de Aserrí, la educación debe de ser laica, intercultural y crítica en los programas del Ministerio de Educación. Asimismo, consideramos necesario retomar el avance que representa la Ley N° 10001: Acciones afirmativas a favor de las personas afrodescendientes, que si bien queda con vacíos importantes, representa un buen inicio para reconocer la deuda histórica que tienen los gobiernos con la población.

Este 8M seguimos buscando justicia para las que ya no están, alzamos nuestra voz y gritamos sus nombres. Le exigimos al Poder Judicial que resuelva los casos por femicidio con la debida diligencia que sus puestos y la Convención de Belém do Pará exigen, así como extender el alcance de este concepto. Lo cual implica la necesidad de que los procesos judiciales sean eficientes, no se prolonguen innecesariamente y que no sean revictimizantes para las víctimas, sus familias y personas cercanas a ellas.

Denunciamos las acciones del Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa por desmantelar el Estado de derecho, por las desmejoras en la educación, los ataques a la Caja Costarricense del Seguro Social y la vulneración a la división de poderes. Lamentamos la instrumentalización del INAMU y el uso de la institución para desproteger los derechos de las mujeres.

Marchamos en contra de la creciente desigualdad económica que se vive en el país y que coloca a las mujeres, jóvenes, migrantes, personas racializadas y no binaries en condiciones

de mayor vulnerabilidad y pobreza. El ajuste económico del FMI que impone recortes para desmantelar las instituciones públicas compromete el Estado de Derecho y vulnera los derechos de las personas trabajadoras. Propuestas como las jornadas de 12 horas y el no reconocimiento social y económico del trabajo doméstico y las labores de cuido incrementan las brechas de desigualdad. Contra la precarización de las mujeres trabajadoras, el acoso sexual en el trabajo, la gran brecha salarial, el desmantelamiento de la Red Nacional de Cuido y los programas de bien social. Reivindicamos el trabajo de las mujeres migrantes, de las mujeres que trabajan en el cuido y en labores domésticas, de las trabajadoras sexuales y trabajadoras del sector informal. La lucha de las mujeres obreras es nuestra lucha.

Este 8 de marzo nos manifestamos porque exigimos un cambio. Reclamamos el respeto pleno de nuestros derechos y resistimos a un sistema que nos oprime y violenta. Marchamos por el derecho a decidir libremente sobre nuestros cuerpos, nuestras vidas y nuestra dignidad.

Seis retos que tiene América Latina para ser una región más justa con las mujeres

Por Marcia Aguiluz Soto

8 de marzo del 2023

¿Cuáles son los retos que actualmente enfrentan las mujeres en América Latina?

Es el 2023 y las mujeres en toda su diversidad seguimos sufriendo las consecuencias del patriarcado, este sistema que permanece arraigado en nuestras culturas y sociedades, y del cual se derivan múltiples formas de violencias y discriminación.

Si bien es cierto que, en los últimos 50 años, hemos visto importantes avances institucionales y normativos a favor de los derechos de las mujeres, también lo es que persisten desafíos para lograr una efectiva igualdad de género y, consecuentemente, una mayor protección a nuestros derechos.  A continuación, me referiré a algunos de esos desafíos desde una perspectiva latinoamericana.

El patriarcado: el origen de todos los males

Aún sigue siendo el mayor desafío para lograr una efectiva protección de las mujeres, y constituye el origen de muchos de los problemas que enfrentamos. Si las sociedades continúan funcionando sobre la base de una supremacía de los hombres por encima de las mujeres, seguirá siendo muy difícil combatir y eliminar las violencias y discriminación que cotidianamente nos afectan. Derribar el patriarcado, es una prioridad.

Lamentablemente, en América Latina cada vez hay una mayor influencia de grupos fundamentalistas o religiosos que tienen fuertes alianzas con sectores políticos y económicos poderosos, lo que ha incidido en la aparición de propuestas que buscan perpetuar el patriarcado y reforzar los estereotipos que lo alimentan.

Algunos de estos grupos se presentan como “provida”, pero su trabajo va más allá de luchar contra el derecho al aborto. En la práctica, sus propuestas buscan mantener el statu quo y que las mujeres sigamos subordinadas en los espacios públicos y privados.

Un ejemplo reciente y simbólico se observó en la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, celebrada en Perú en el 2022, cuando varias delegaciones estatales (por ejemplo, Paraguay y Guatemala) abogaron por eliminar todo lenguaje sobre igualdad de género y la interseccionalidad, lo cual no es un hecho aislado sino una estrategia sistemática desde hace varios años. En Costa Rica, hace tan solo unos días, el Consejo de Educación ordenó modificar todo documento interno del Ministerio de Educación para que no se use el lenguaje inclusivo, sino solamente el masculino, con el argumento de que así lo ordena la Real Academia Española.

La falta de acceso a derechos sexuales y reproductivos: la piedra angular de nuestros derechos

La Declaración Universal de Derechos Humanos señala en su artículo primero que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. Sin embargo, en el caso de una gran mayoría de mujeres y personas con capacidad de gestar, el derecho a la igualdad y el reconocimiento a nuestra dignidad se violenta ante la negativa a prestar servicios de salud sexual y reproductiva de calidad y acorde con nuestras necesidades, en particular el acceso al aborto, libre, seguro y gratuito.

En América Latina, ocho países permiten el aborto hasta cierto plazo, diez en al menos en una causal, y cinco lo prohíben totalmente. Esto quiere decir que millones de mujeres y personas con capacidad de gestar, tienen el riesgo de morir si llegan a necesitar un aborto y les es negado.

Además del acceso al aborto, también subsisten desafíos como el acceso a anticonceptivos de calidad. Venezuela es uno de los ejemplos más preocupantes. En este país, un estudio reciente señaló que solo el 26% de mujeres en edad reproductiva usan anticonceptivos. Adicionalmente, en Chile, en el 2020 se distribuyeron anticonceptivos defectuosos en el sistema público de salud y farmacias, generando que, al menos 111 mujeres empobrecidas, quedaron embarazadas sin desearlo.

Por otra parte, la educación sexual integral también permanece como un pendiente en varios países de la región. Un dato curioso es que los mismos grupos fundamentalistas que se manifiestan contra el aborto, también se oponen a la educación sexual, que sería una política idónea para evitar embarazos no deseados. En Costa Rica, en el año 2018, cientos de padres impidieron el inicio del curso educativo por estar en desacuerdo con la educación sexual integral que se daría a estudiantes de secundaria. En Colombia el tema tampoco avanza.

La falta de acceso a derechos económicos, sociales y culturales: ¿cómo luchar si se está sobreviviendo?

La falta de satisfacción de necesidades básicas como acceso a alimentación, vivienda y empleo digno, es otro de los grandes pendientes que enfrentamos, en un gran porcentaje, las mujeres.

La feminización de la pobreza es un fenómeno poco honroso y da cuenta de la discriminación histórica que persiste. El Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (OIGALC) afirma que  “los esfuerzos de reducción de la pobreza en la región no han beneficiado de igual manera a hombres y mujeres, ni ha tenido el mismo ritmo, y que finalmente los hogares pobres concentran una mayor proporción de mujeres en edades de mayor demanda productiva y reproductiva. En 2019, por cada 100 hombres viviendo en hogares pobres en la región, habían 112,7 mujeres en similar situación”.

En cuanto al empleo, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) alertó en el 2022 que, de los 23,6 millones de puestos de trabajo de las mujeres que se perdieron en el peor momento de la crisis por COVID-19, aún faltaban por recuperar unos 4,2 millones a finales de 2021. Sin embargo, en el caso de los hombres ya se habían recuperado prácticamente por completo los 26 millones de puestos perdidos. En palabras de la OIT “la pandemia agudizó desigualdades estructurales existentes. Las mujeres rurales, las jefas de hogar con niñas y niños pequeños, aquellas de menos formación y educación, mujeres indígenas y afrodescendientes han sido más afectadas. Las brechas de género, tanto en la participación como en los ingresos, son persistentes en las mujeres con menores ingresos y menor nivel educativo”.

La falta de redistribución de los cuidados: todo bien con la igualdad hasta que les toca a otros ceder sus privilegios

Cada vez más los movimientos feministas reclaman políticas públicas integrales que permitan redistribuir la responsabilidad de los cuidados. Históricamente, el cuidado de los hijos e hijas, de los padres y familiares con alguna enfermedad o condición que genere dependencia, ha estado a cargo de las mujeres en las familias. Como consecuencia, este grupo tiene dobles o triples jornadas laborales, muchas veces sin remuneración alguna.

En la práctica, mantener la responsabilidad de los cuidados en las mujeres implica que tengan más barreras para acceder a educación y empleo de calidad, o que se sometan a jornadas extenuantes para cumplir con todas las tareas. 

Redistribuir los cuidados es un pendiente indispensable para que las mujeres puedan acceder a sus derechos en condiciones de igualdad. Oxfam señala que, de acuerdo con datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la OIT, las mujeres dedican tres veces más tiempo al sostenimiento del cuidado de la vida en América Latina y el Caribe.

Redistribuir supone que otras personas también tienen que hacerse cargo, y esto implica que los hombres deben asumir tareas domésticas o de cuidado, renunciando a algunos de los privilegios que por siglos han ostentado. Además, el Estado debe promover las reformas legales y las políticas públicas necesarias para que esta redistribución sea efectiva.

Las violencias en los espacios físicos y digitales

Las mujeres seguimos enfrentando diversas formas de violencia. Si bien en la mayoría de los países se han creado instituciones específicas para combatir este flagelo, y tipos penales como el feminicidio, la violencia sexual, la violencia doméstica, entre otras, estos avances no han significado menos violencia. En el año 2021, el citado OIGALC señaló que 4473 mujeres fueron asesinadas en América Latina y el Caribe, es decir, 12 muertes violentas por razones de género cada día.

La violencia sexual en algunos países latinoamericanos es alarmante. En 2021, en Honduras se presentaron ocho denuncias diarias de violencia sexual contra niñas y mujeres, mientras que ese mismo año en El Salvador hubo un aumento del 5% en embarazos forzados en niñas y adolescentes de 10 a 14 años.

Además de la violencia en espacios físicos, también enfrentamos violencia y acoso en el espacio digital. Un informe elaborado por ONU Mujeres señala que “la violencia de género en línea está silenciando voces”.

Sistemas de justicia ciegos e indolentes ante el sufrimiento de las mujeres

Frente a los problemas señalados, hay que analizar el rol de los poderes judiciales latinoamericanos en garantizar y proteger los derechos humanos de las mujeres. En el año 2022, fuimos      receptoras de una decisión histórica que reconoció nuestro derecho a decidir sobre nuestros proyectos de vida y nuestros cuerpos: la sentencia de la Corte Constitucional en Colombia que despenalizó el aborto hasta la semana 24 (Causa Justa), y que es un caso emblemático que debe inspirar a otros tribunales nacionales.

Si bien es cierto que es posible encontrar ejemplos positivos de acceso a la justicia para las mujeres, también es importante destacar que, en muchos países latinoamericanos, los sistemas de justicia no están a la altura de nuestras  necesidades. Esto es así porque se carece de un enfoque de género e interseccional en la aplicación de la justicia, y también porque no hay suficientes garantías de independencia, lo que hace que muchos jueces y juezas respondan a las presiones de grupos fundamentalistas y mantengan barreras para el acceso a numerosos derechos.

Conclusiones

Los citados desafíos no son exhaustivos de los múltiples problemas que todavía enfrentan las mujeres en Latinoamérica. Constituyen un breve repaso que tiene como objetivo recordar la importancia de continuar reivindicando los derechos, aunque ello signifique incomodar a quienes sostienen el statu quo. Nuestras luchas nunca han sido fáciles y tampoco nos han dado derechos de manera gratuita. Aunque las amenazas persisten, son latentes y, en algunos casos muy graves, en la actualidad existen movimientos feministas vibrantes que en cada país están transformando sus realidades. Al conmemorarse un nuevo Día Internacional de la Mujer, vale la pena honrar las luchas de las antecesoras que lograron abrirnos camino, así como las luchas de quienes hoy, día a día, entregan sus vidas y levantan sus voces para decir que nunca más aceptaremos un mundo que no sea igualitario y justo. A ellas y elles, todo el honor y la gloria. 

Citación académica sugerida: Aguiluz Soto, Marcia. Seis retos que tiene América Latina para ser una región más justa con las mujeres. Agenda Estado de Derecho. 2023/03/08. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/seis-retos-que-tiene-america-latina-para-ser-una-region-mas-justa-con-las-mujeres/

Imagen: Infobae

8M: Todas las mujeres todos los derechos

La Universidad de Costa Rica invita a toda la comunidad universitaria a sumarse a la marcha nacional 8M: Día Internacional de las Mujeres, a partir de las 5:00 p.m. en el Parque Central.

Habrá una proyección del documental “Patriarcado, el organismo nocivo”, en el Auditorio del Cimar a la 1:30 p.m. Se va a brindar transporte para asistir a la marcha. 

Se sale a la marcha a las 4:00 p.m. del Auditorio del Cimar.

Si desea conocer sobre otras actividades que se estarán realizando lo puede hacer al siguiente link: https://www.ucr.ac.cr/medios/documentos/2023/64010eca17b02agenda-general-8m.pdf, el contacto es: 8461-9994 / equidaddegenero.rectoria@ucr.ac.cr. Los responsables son el Equipo de Género de la Rectoría. 

“La UCR reitera su compromiso con la construcción de una universidad segura e igualitaria”, la UCR seguirá luchando de forma vehemente para impulsar transformaciones y mantener una voz activa en el debate político nacional”. 

Ninguna madre merece morir dando vida

Mujeres por CR

Contar con una norma técnica que regulara la interrupción terapéutica del embarazo nos tomó casi cien años para que fuera realidad. Desde el principio del siglo XX, Costa Rica contemplaba la posibilidad de interrupción del embarazo, lo que se reafirma en el Código Penal de 1970, artículo 21, que establece la posibilidad de interrumpir un embarazo si se comprometía la vida o la salud de la madre, amparados a la excepción del delito de la pena de homicidio. Sin embargo, dicho artículo no fue reglamentado sino hasta diciembre del 2019, por lo que muchas mujeres fueron obligadas a llevar a término embarazos incompatibles con la vida extrauterina, calificado por quienes han experimentado este proceso, como una verdadera tortura psicológica.

El Colectivo de Mujeres por Costa Rica, ante las noticias que circulan de cambiar los términos de la norma, rechazamos cualquier retroceso en materia de salud reproductiva y la negación al derecho de la madre de decidir en casos en que su salud o su vida esté en peligro.

No permitiremos que esta conquista se convierta en una bandera política. No estamos dispuestas a que nuestras vidas, nuestra salud, ni nuestros cuerpos sean moneda de cambio para alcanzar acuerdos políticos.

¡Es un derecho y así lo defenderemos!

La regla es un peligro de género

Oscar Madrigal

Si no fuera por lo serio causaría risa.

De verdad que la estupidez es audaz.

El diputado Fabricio Alvarado, jefe de la fracción parlamentaria del partido Nueva República, el partido de los grupos fundamentalistas de los neopentecostales, dice en La Nación que estudiarán con lupa el proyecto de ley de JUSTICIA MENSTRUAL por si pretenden colar algún componente de la “ideología de género”.

El diputado Fabricio Alvarado está investigando si la Regla o la Menstruación es un asunto de género o no y si a través de la Regla se puedan introducir elementos de esa malvada política de género que lo único que pretende es lograr la igualdad entre hombres y mujeres.

Estamos atentos, porque a lo mejor Fabricio descubre que la Regla no es exclusiva de las mujeres o que de alguna manera inventa la eliminación definitiva. Es algo tan impropio de la naturaleza -dirá- que hasta pudiera ser una maldición divina.

El proyecto busca abaratar el precio de los productos de higiene menstrual y además que se provean en los centros penales, y en escuelas y colegios a aquellas estudiantes que no puedan comprarlas. Trata, en fin, de promover la higiene menstrual.

Pero todo lo que huela a mejorar la vida de las mujeres, de las niñas y de las adolescentes, es sospechoso para los fanáticos de Nueva República.

Pero ¡en manos de qué clase de diputados estamos!

Oposición al Proyecto de Ley para Garantizar la Sana Convivencia Entre las Personas Menores de Edad y sus Progenitores

Nosotras, integrantes del colectivo Mujeres por Costa Rica, manifestamos nuestra total oposición al proyecto de ley 23421 “LEY PARA GARANTIZAR LA SANA CONVIVENCIA ENTRE LAS PERSONAS MENORES DE EDAD Y SUS PROGENITORES”, presentado por los diputados Fabricio Alvarado y Lesly Bojorges.

Según las consideraciones del proyecto de ley, el objetivo es proteger el interés superior de las personas menores de edad en caso de separación o divorcio, basado en el principio de la sana convivencia de sus progenitores. El argumento manifiesto para presentar este innecesario proyecto es evitar que la persona (mayoritariamente mujeres), que tiene la custodia de hijos e hijas menores de edad, influya negativamente en la imagen del otro progenitor con falsedades y, por lo tanto, limite su derecho a tener una sana relación con ambos y sus familias.

Las reformas presentadas, por el proyecto mencionado al Código de Familia y Niñez y Adolescencia, abre portillos legales peligrosos, especialmente para las mujeres y también hombres sometidos a situaciones de violencia física y psicológica, al obligarlos a establecer una “sana convivencia”, desprotegiendo tanto a las personas violentadas como a las hijas e hijos.

La ley propiciaría una vida familiar construida, una vez más, sobre el silencio de la mujer, sobre una falsedad. En otros países se ha observado que los agresores aprovechan legislaciones similares para confundir e interferir en los juicios en los que la mujer pide protección de la justicia.

Incluso hay situaciones en las que el agresor manipula a los hijos e hijas contra la madre, circunstancia que en varios países se llama «violencia vicaria». Si la madre debe silenciar los maltratos, el agresor puede aprovecharse de esa manera para perpetuar la violencia contra ella y sus hijos.

Nosotras consideramos que las reformas planteadas por el proyecto no resuelven el problema que busca corregir, por el contrario, lo agrava. La solución debería ir por el fortalecimiento del PANI dotándolo con los recursos y los instrumentos legales necesarios.

¡¡Ya basta de violencia contra las mujeres!!

Desigualdad de las mujeres en la publicidad y la propaganda

Desde el proyecto de ley que impulsa regular la imagen de la mujer en los elementos publicitarios, se plantea un análisis a las conductas dentro la publicidad que reproducen violencia simbólica, sexualización, reproducción de estereotipos o de subordinación. Si bien ya existe la Ley N° 5811, se atribuye una reforma para cubrir elementos que no se habían planteado en esta.    

La diputada del Frente Amplio Rocío Alfaro aseguró que el aprobar esta ley sumaría a disminuir, proteger y prevenir la violencia hacia la mujer, y asegurar a que las trabajadoras en el medio de la publicidad puedan ser protegidas. Donde la Ley N° 5811 quitaba la publicidad mas no sanciona a quienes la producían, en esta nueva reforma se establece esta nueva dinámica que permite proteger a la mujer. 

Además, Camila Ordoñez creadora del Observatorio de la Imagen de la Mujeres en la Publicidad del CIEM, también estableció que además de quitar y sancionar a los responsables de estas publicidades, también se contemplan las plataformas digitales y las estrategias publicitarias que anteriormente no se tomaban en cuenta.

Por cuanto, desde este proyecto se plantea una respuesta institucional ante la publicidad que empobrece la imagen de la mujer y le da un significado errado ante la sociedad, promoviendo un mensaje simbólicamente sexista.

Compartimos el video del conversatorio:

https://surcosdigital.com/suscribirse/

¡Las mujeres iraníes piden ayuda al exterior!

En su video, Tina una mujer iraní quien reside en París, Francia, explica la coyuntura de violación de derechos humanos de las mujeres en su país de origen, Irán. Hace una semana, una joven de 22 años llamada Mahsa Aminí fue detenida por la “Policía Moral” por no llevar puesto de manera “correcta” su velo. Mahsa fue golpeada brutalmente por la policía, entró en coma y falleció. 

Desde ese acontecimiento, miles de mujeres han salido a las calles a protestar en contra de este tipo de medidas autoritarias que se vienen dando desde hace más de 40 años. Tina cuenta que el pueblo iraní está agotado de la imposición, la represión de sus derechos humanos y civiles.

Las mujeres ya por ser mujeres son en quienes repercute intensamente dicha represión y privación de sus derechos humanos. Las protestas de las mujeres iraníes han llevado a que el poder despótico que prima en Irán golpee, asesine, encierre y silencie a estas mujeres; según Tina, el gobierno ha tomado medidas como cortar el internet para que se dé la pérdida de comunicación entre los iraníes y el exterior, de esta forma según Tina “matan en silencio”. 

En el marco de este tipo de violaciones de derechos humanos, sexuales y reproductivos se puede compartir desde el exterior este tipo de mensajes, pues la viralización hará que se visibilicen este tipo de acciones despóticas donde el uso del poder traspasa sus fronteras, y sobre todo, viola derechos humanos.

Firmas de apoyo ante los cambios promovidos por la Defensora de Habitantes que afectan los Derechos Humanos

Ante los cambios propuestos por la Defensora de los Habitantes en cuanto al grupo de Trabajo Agenda CEDAW, que deja al descubierto una afectación a las personas usuarias de los servicios de la Defensoría de la Mujer de la Defensoría de los Habitantes y un retroceso sin precedentes en los derechos de las mujeres.

Se invita respetuosamente firmar la siguiente petición en solicitud de lo siguiente:

Investigar los procedimientos que constituyen acoso laboral para las funcionarias de instancias como la Defensoría de género para poder removerlas y colocarlas en otras instancias donde sus conocimientos no serán aprovechados al máximo.

Atender con rapidez los problemas que a menudo se presentan y que se logran abordar debido, precisamente, a la experiencia y especialización de funcionarias como Ivania Solano.

Para brindar su apoyo puede acceder al siguiente enlace:

https://forms.gle/wCG1mH3yFpgZzcDH7