Comunicado oficial

A continuación se comparte el comunicado oficial sobre la posición de activistas, organizaciones y colectivas feministas para este 8M, #8mcr #8m23: 

8M ¡Por nuestro derecho a decidir!

Una vez más, en el marco del Día Internacional de las Mujeres, diversas organizaciones de sociedad civil, activistas independientes, movimientos y colectivas feministas y antipatriarcales tomamos las calles de Costa Rica para la lucha colectiva y diversa, exigiendo el respeto y la garantía de nuestros derechos humanos. Nos manifestamos por la dignidad de las mujeres con discapacidad, indígenas, afrodescendientes, lesbianas, bisexuales, queer, defensoras del medio ambiente, trabajadoras sexuales, mujeres trabajadoras en condiciones precarizadas, madres, niñas, trans, y personas no binaries, la interseccionalidad es la base de nuestras demandas.

Nos encontramos firmes, en pie de lucha y decidimos no callar ante las violencias ejercidas contra nuestros cuerpos y territorios en manos de un gobierno misógino y autoritario que violenta los principios democráticos; ante un presidente acosador sexual que de forma sistemática pretende acallar las voces disidentes y menoscabar los derechos de las mujeres, personas trans y no binaries.

Caminamos a favor del acceso al aborto legal, seguro y gratuito, levantamos nuestra voz por nuestro derecho a decidir, y rechazamos rotundamente los intentos del Ejecutivo por derogar la norma técnica de aborto terapéutico y violentar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, las personas gestantes. No toleraremos que dogmas religiosos, conservadores, anti derechos y anti científicos rijan sobre nuestros cuerpos y vidas.

Bajo esta línea, denunciamos la violencia ejercida por parte del sector salud y quiénes le dirigen, hacia las mujeres y personas gestantes con discapacidad, al no permitirles tomar decisiones sobre sus cuerpos, sus maternidades, y su salud reproductiva y sexual. Asimismo denunciamos la falta de acceso a un sistema de salud que cubra todas nuestras necesidades, sin considerar que es imposible atendernos de manera digna. ¡Contra el capacitismo y el modelo médico de discapacidad!

No daremos un paso atrás en la garantía de nuestros derechos sexuales y reproductivos, por esto nos solidarizamos con las mujeres y personas gestantes de la región que enfrentan aún la prohibición absoluta y criminalización del aborto. Continuamos reclamando educación sexual integral, laica, científica y feminista; anticoncepción gratuita; justicia menstrual; el cese de la violencia obstétrica; y maternidades deseadas y libres de violencia. La dignidad es nuestro punto de partida. Nos unimos al llamado de Justicia para Beatriz, mujer joven salvadoreña que retó al sistema penal al solicitar la interrupción del embarazo para preservar su vida e integridad y cuya lucha representa una oportunidad para el avance de nuestros derechos en toda América Latina y el Caribe. ¡La maternidad será deseada o no será!

En este sentido, abogamos por el derecho a una maternidad rebelde, libre de violencia y niñes y adolescentes que resisten al sistema adulto. Por una educación en materia de menstruación, que sea libre de tabúes o estigmas, y que la propuesta de ley para que los productos menstruales disminuyan su costo sea aprobado de forma inmediata. Por el compromiso por parte de las instituciones y entes en materia de salud para garantizar que los partos sean libres de violencia obstétrica. 

Reivindicamos la protección de los pueblos originarios, evitando así la violencia incrementada por la defensa de sus derechos y territorios afectados por decisiones gubernamentales como el Acuerdo Escazú, el cual aboga a favor del Medio Ambiente y de velar por políticas públicas estructurales que procuren la preservación ecológica contra actividades extractivas, así como la seguridad de quienes defienden los territorios de estos pueblos.

Demandamos la aprobación de una ley trans que proteja y respete el derecho de autodeterminación de la identidad de las personas trans y no binaries, así como el acceso a tratamientos de afirmación de género sin excluir les niñes LGBTQIA+. No aceptamos ningún discurso de odio en contra de las personas trans y una vez más decimos: ¡Las mujeres trans son mujeres!

Nos solidarizamos con las mujeres y personas no binaries nicaragüenses, migrantes, presas políticas y quienes resisten a la dictadura. Sabemos que muchas marchan aquí porque no pueden en su país, siempre serán bienvenides a marchar con nosotres. Enaltecemos sus voces y la valentía con la que se manifiestan.

Realizamos un vehemente llamado a la lucha contra la desigualdad social, narcotráfico y violencia que acoge a las comunidades donde residen mayoritariamente las personas afrodescendientes, exigimos el reconocimiento de la autoidentificación étnica-racial en los censos y estadísticas del país. Además, hacemos hincapié en el caso de racismo hacia una niña del cantón de Aserrí, la educación debe de ser laica, intercultural y crítica en los programas del Ministerio de Educación. Asimismo, consideramos necesario retomar el avance que representa la Ley N° 10001: Acciones afirmativas a favor de las personas afrodescendientes, que si bien queda con vacíos importantes, representa un buen inicio para reconocer la deuda histórica que tienen los gobiernos con la población.

Este 8M seguimos buscando justicia para las que ya no están, alzamos nuestra voz y gritamos sus nombres. Le exigimos al Poder Judicial que resuelva los casos por femicidio con la debida diligencia que sus puestos y la Convención de Belém do Pará exigen, así como extender el alcance de este concepto. Lo cual implica la necesidad de que los procesos judiciales sean eficientes, no se prolonguen innecesariamente y que no sean revictimizantes para las víctimas, sus familias y personas cercanas a ellas.

Denunciamos las acciones del Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa por desmantelar el Estado de derecho, por las desmejoras en la educación, los ataques a la Caja Costarricense del Seguro Social y la vulneración a la división de poderes. Lamentamos la instrumentalización del INAMU y el uso de la institución para desproteger los derechos de las mujeres.

Marchamos en contra de la creciente desigualdad económica que se vive en el país y que coloca a las mujeres, jóvenes, migrantes, personas racializadas y no binaries en condiciones

de mayor vulnerabilidad y pobreza. El ajuste económico del FMI que impone recortes para desmantelar las instituciones públicas compromete el Estado de Derecho y vulnera los derechos de las personas trabajadoras. Propuestas como las jornadas de 12 horas y el no reconocimiento social y económico del trabajo doméstico y las labores de cuido incrementan las brechas de desigualdad. Contra la precarización de las mujeres trabajadoras, el acoso sexual en el trabajo, la gran brecha salarial, el desmantelamiento de la Red Nacional de Cuido y los programas de bien social. Reivindicamos el trabajo de las mujeres migrantes, de las mujeres que trabajan en el cuido y en labores domésticas, de las trabajadoras sexuales y trabajadoras del sector informal. La lucha de las mujeres obreras es nuestra lucha.

Este 8 de marzo nos manifestamos porque exigimos un cambio. Reclamamos el respeto pleno de nuestros derechos y resistimos a un sistema que nos oprime y violenta. Marchamos por el derecho a decidir libremente sobre nuestros cuerpos, nuestras vidas y nuestra dignidad.