Miércoles 27 de setiembre de 2023. La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia mediante resolución N.º 2023017107 de las nueve horas treinta minutos del catorce de julio de dos mil veintitrés, declaró IMPROCEDENTE gestión de posterior, interpuesta por JOSE MAXIMILIANO TORRES TORRES, GUMERCINDO TORRES TORRES, ANTONIO FERNÁNDEZ TORRES, AVELINO GRANDA ORTIZ, y EMILIANO DÍAZ DÍAZ, en relación con la sentencia nro. 2023-001768 de las 09:15 horas del 27 de enero de 2023.
Mediante escrito presentado ante la Sala Constitucional, estas personas en representación del Consejo de Mayores y Mayoras Iriria Jtechö Wakpa y las Autoridades Tradicionales Étnicas de Mayores solicitaron revisión de la sentencia 2023-001768 de las 09:15 horas del 27 de enero de 2023 y además plantearon solicitud de audiencia a los magistrados y magistradas de esta honorable corte.
La sentencia 2023-001768 del 27 de enero de 2023 reconoció el carácter autónomo y la competencia del Consejo Iriria Sätkök y el Tribunal Indígena de Cabagra, para determinar la identidad indígena de los habitantes del Territorio Indígena de Cabagra.
Las gestionantes en su escrito les plantearon a los magistrados que con la sentencia “han generado un gran daño a la comunidad, que al día de hoy nuestra población sufre la más grave de las consecuencias, se nos ha violentado y desechado nuestro valor cultural y social en nuestro territorio por resoluciones de DINADECO fundamentados en dicho voto”.
Ante esta solicitud la sala constitucional indico que estas personas ”no se encuentran legitimados procesalmente para actuar ante este Tribunal a fin de solicitar lo pretendido. En consecuencia, la gestión planteada resulta improcedente y lo procedente es desestimarla”.
En cuanto a la solicitud de audiencia solicitada, la Sala indicó que el recurso de amparo que origino la resolución objetada, “pudo analizarse, valorarse y resolverse bajo hechos, principios y normas evidentes, así como en la jurisprudencia de este Tribunal, por lo que la comparecencia peticionada resulta innecesaria.”
Importante recordar que las organizaciones que solicitaron la revisión del voto constitucional, Consejo de Mayores Iríria Jtechö Wakpa y las Autoridades Tradicionales Étnicas de Mayores, recientemente presentaron como su asesora y representante legal a la abogada Thais Vidal Navarro, quien fue condenada penalmente por usurpación del Territorio de Salitre y representa judicialmente a algunas de las personas que ocupan ilegalmente los Territorios de los Pueblos Originarios del Sur de Costa Rica.
Con este reciente fallo del 14 de julio del 2023, el tribunal constitucional reafirma la autonomía de las organizaciones propias de los Pueblo Originarios.
– Greivin Fernández, recuperador de Kono Jú y Yuwi Senaglö, fue herido en su cabeza y cuerpo por José Antonio Picado y otras personas que integran la familia Rivera Venegas. Es el segundo intento de homicidio al que sobrevive el recuperador Fernández del Clan Kebeiruwak.
Jueves 20 de julio del 2023. El día de ayer miércoles 19 de julio, el recuperador del Clan Kebeiruwak Greivin Fernández fue a la pulpería del Territorio Cabécar de China Kichá alrededor de las 7 p.m. a realizar una diligencia. Él estaba acompañado por otro recuperador, Jason Ríos Ríos de la recuperación Sa Ka Keirö Kaska. La pulpería se encuentra a 1 km de la plaza de deportes del Territorio, camino a la comunidad de San Antonio, muy cerca de una de las casas de la familia Rivera Venegas. En el negocio, Greivin vio a Jenni Rivera Venegas y José Antonio Picado (a quien se le conoce como “chocolito” y es pareja de Mariela Rivera), quienes lo siguieron en el momento que Greivin se dirigió de regreso a su casa, en compañía de Jason.
A los 50 metros de la pulpería Greivin fue interceptado por José Antonio (chocolito) y lo hizo detener la motocicleta en la que viajaba. En ese momento, Evelyn, Darling, Mariela y Jenny Rivera Venegas se acercaron a Greivin con piedras, cuchillos y palos. Con uno de los palos lograron tirar a Greivin de la motocicleta. Cuando cayó, las mujeres Rivera Venegas golpearon a Greivin con piedras y José Antonio intentó herirlo con un arma blanca; herida que no logró realizar porque el cuchillo se cayó durante la agresión. Posteriormente, Darling agarra el cuchillo que se había caído y mientras lo sostenía contra el estómago de Jason Ríos Ríos lo amenazó de muerte. Mientras esto sucedía, José Antonio continuaba agrediendo a Greivin: le tiró piedras y golpeó con un tronco de madera grande en la cabeza, provocándole una herida (se adjunta fotografía del golpe en la cabeza de Greivin). En ese momento, Evelyn Rivera amenazó de muerte a Greivin y le dijo que la próxima vez le cortaría su cabeza. Con dificultad y sangrando, Greivin se montó nuevamente en la motocicleta y mientras seguía siendo golpeado logró escapar del lugar junto a Jason Ríos Ríos.
Cuando estaban en un lugar seguro, los recuperadores llamaron al 911 pidiendo la ayuda de una ambulancia para que Greivin fuera atendido, también llamaron a la Fuerza Pública. Ninguno de los dos entes se hizo presente. Esta situación es una constante en los Territorios Indígenas; particularmente en China Kichá, distintos funcionarios de la Cruz Roja se han referido al temor de entrar al Territorio por el conflicto. Incluso, en septiembre del 2022, hasta la intervención de un diputado, una ambulancia llegó al centro del Territorio para trasladar a un menor en condiciones de salud delicadas. Por su parte, la Fuerza Pública es reconocida por su inoperancia y también por actuar a favor de la familia Rivera Venegas en distintas ocasiones.
No es la primera vez que la familia Rivera Venegas intenta cometer un homicidio contra las y los recuperadores cabécares. Tampoco es la primera vez en la que Greivin sobrevive a un ataque de grandes magnitudes. El primer intento de homicidio fue el 25 de febrero del 2022, cuando Leandro Rivera Venegas con un machete hirió en la cabeza a Greivin. El hecho se dio en las inmediaciones de la entrada a la recuperación de Kono Jú, cuando las personas recuperadoras estaban regresando luego de trabajar en un rancho cultural. Otro de los intentos de homicidio lo sufrió Darío Ríos Ríos, hijo menor de la recuperadora cabécar Doris Ríos Ríos, cuando Leandro Rivera Venegas intentó cortar su cuello el 30 de abril del 2022. Así, las y los integrantes de la familia Rivera Venegas son reconocidos como los principales agresores del Pueblo Cabécar de China Kichá; su peligrosidad es alta y representan una amenaza grave en contra de las personas recuperadoras.
Por todo lo anterior, las y los recuperadores cabécares de China Kichá exigen:
– A la Fuerza Pública que no omita estas agresiones y que actúe según lo ordena la Ley y el Orden Constitucional.
– A la Fiscalía de Asuntos Indígenas que se haga presente en el Territorio para tomar las denuncias judiciales de Greivin Fernández y Jason Ríos.
– Al Poder Judicial y a los operadores de justicia, a que realicen todas las pesquisas necesarias contra la familia Rivera Venegas. Que realice su labor y garantice el acceso a la justicia del Pueblo Cabécar de China Kichá.
Cualquier otra agresión y atentados contra la vida de las personas recuperadoras cabécares es responsabilidad del Estado por omisión y acción al no procesar judicialmente a los agresores. La tensión existente en el Territorio Cabécar de China Kichá, además de la constante incidencia delictiva por parte de integrantes de la familia Rivera Venegas y José Antonio Picado es altamente conocida por los entes a cargo.
– Recuperadoras/es Cabécar de Kono Jú. – Recuperadoras/es Cabécar de Yuwi Senaglö. – Recuperadoras/es Cabécar de Seglö Kaskä. – Recuperadoras de Saka Duwë Senaglö. – Recuperadoras/es Cabécar de Kalpögö. – Coordinadora de Lucha Sur Sur.
Desde el trabajo conjunto que realizamos con el Comité de Solidaridad con los Pueblos Originarios Iríria Tsöchok, le invitamos a participar y/o difundir la subasta solidaria en línea que realizaremos a partir de hoy, por el mes de julio y hasta el 18 de agosto.
Se subastan los 3 artes donados por el artista plástico Fernando Carballo.
Los fondos obtenidos serán para continuar el apoyo en la defensa de los procesos legales que hay contra personas recuperadoras de Pueblos Originarios al sur de Costa Rica, quienes defienden su legítimo derecho a la tierra-territorio desde sus autonomías y prácticas culturales.
Los 3 artes son dibujos originales de Plumilla sobre papel y miden 21.59 x 27.94 cm.
Para más información y participar de la subasta solidaria en línea le invitamos a visitar el siguiente enlace: https://forms.gle/MiT2teRGH7TYd9ry8
A partir del voto de la Sala Constitucional en la resolución número 2023006154, mismo que da luz verde al Protocolo de Nagoya para que siga su curso en segunda votación en la Asamblea Legislativa sin consulta a pueblos Indígenas, nos preguntamos ¿Cuáles son los vínculos de estas acciones que violan los derechos de los pueblos orginarios?
Repasamos algunas de nuestras lecturas, y retomamos una discusión que sigue vigente en los esfuerzos institucionales por desconocer los derechos y participación de los Pueblos Indígenas, y nos referimos al Colonialismo Interno. Es el modo y forma mediante el cual las dinámicas de dominación y explotación encuentran los mecanismos para garantizar su reproducción y expansión en las diversas dimensiones de nuestras sociedades.
Parten de integrarse a los sistemas sociales, políticos y jurídicos del país, para favorecer así las desigualdades estructurales, justificando su existencia en las normas y «normalizando» las conductas racistas como muestras de la necesidad del «desarrollo».
En definitiva, lo podemos encontrar como la prolongación de las formas-modos coloniales de gestión, la defensa de privilegios y justificación de las formas de saqueo y explotación de los territorios donde habitan los pueblos originarios.
La importancia del voto de minoría de tres magistrados que estiman que es necesario consultar a los pueblos indígenas.
País se expone a que las organizaciones indígenas lleven este caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
(Bloque Verde 20 de junio 2023) En un reñido voto de cuatro contra tres la Sala Constitucional en la resolución número 2023006154 da luz verde al Protocolo de Nagoya para que siga su curso en segunda votación en la Asamblea Legislativa. Los tres magistrados consideran que es necesaria la consulta indígena según lo dispuesto en el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT y refuerza la posición de la Defensoría de los Habitantes en cuanto que la ausencia de consulta si vulnera los derechos de los pueblos originarios.
Los magistrados Cruz Castro, Rueda Leal y Garita Navarro demostraron que la Sala Constitucional tenía un línea jurisprudencial que considera obligatoria la consulta indígena en casos de que una medida legislativa o administrativa es susceptible a afectar a los pueblos indígenas. Esta jurisprudencia lamentablemente se rompió con esta resolución que niega justamente la consulta a los pueblos originarios.
El dictamen de minoría también deja claro que la forma en la supuesta consulta hecha desde la Asamblea Legislativa no cumplió lo dispuesto en el Convenio 169. Hay que recordar que este procedimiento se realizó mediante envío por correo electrónico a las asociaciones de desarrollo de los 24 territorios indígenas con un plazo de ocho días hábiles. En este sentido los magistrados Cruz Castro, Rueda Leal y Garita Navarro insisten en que “no se constituye como un método idóneo para garantizar la efectiva participación y opinión de las comunidades indígenas y el correspondiente deber de consulta”
El Protocolo de Nagoya acelera procesos de desposesión por medio de mecanismos de mecanismos de propiedad intelectual como las patentes y los derechos de obtentor (como UPOV) sobre los conocimientos de los pueblos indígenas. Este tratado internacional provoca que los bienes comunes, entre ellos los recursos de la biodiversidad y conocimientos asociados, considerados como dominio público, de origen ancestral, hereditario y otros de soberanía del Estado, sean adjudicados como bienes patrimoniales del dominio privado.
Este proceso en vía de ratificación por la Asamblea Legislativa es a todas luces racista y discriminatorio porque afecta de manera negativa a las personas portadoras de conocimientos, en su mayoría adultas mayores de las comunidades. Pretende apropiarse de sus saberes y prácticas cotidianas heredadas ancestralmente, hasta el punto de patentarlas. Esto también niega la posibilidad de las futuras generaciones del goce de ese conocimiento ancestral.
Dentro del Protocolo de Nagoya quedan muy claras las formas de apropiación de esta riqueza cultural, lo que no queda para nada claro son las formas de “repartos de beneficios” que menciona insistentemente los propulsores de esta iniciativa. No está estipulado cómo la patente por parte de un tercero del uso de una planta, bacteria, hongo, insecto o animal va a “traer beneficio” a los pueblos que la han descubierto y resguardado por siglos o quizá milenios. Esto no fue preocupación de los y las legisladoras impulsoras de este proyecto.
Instamos a las organizaciones indígenas a llevar este caso de racismo judicial a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para evidenciar esta injusticia estructural dentro del más alto tribunal de justicia costarricense.
Tenemos el día de hoy una petición al gobierno de Costa Rica. Exigimos el derecho a nuestro territorio, estamos enfrentando mucha vulnerabilidad, el no tener garantizado el acceso a la tierra nos impide poder sembrar, no podemos hacer nuestras actividades culturales, necesitamos acceder a salud, contar con agua, luz, servicios, acceso a vivienda y mucho más.
Nuestro pueblo ha sido históricamente transfronterizo, una vez que construyeron la frontera nos dejaron aislados. Tenemos más de 500 años de estar en la lucha, solicitando una condición de vida digna para nuestro pueblo originario.
En este momento estamos en una situación crítica. Nos obligan a vivir en territorio de las dos empresas transnacionales que nos han invadido durante los últimos años, valiéndose de la explotación laboral y el atropello de los derechos humanos de los trabajadores. Hemos comunicado ya nuestra preocupación y necesidades a las autoridades, al señor Rodrigo Chaves, a través de la carta entregada al viceministro de Justicia y Paz, Sergio Sevilla, quien nos indicó que para la segunda o tercera semana de mayo se haría presente, o enviaría algún representante al territorio para escuchar nuestras demandas. No estamos pidiendo más de lo que nos corresponde. El Estado costarricense está en la obligación de acatar lo estipulado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo de las Naciones Unidas.
Como pueblo indígena tenemos derecho a organizarnos desde nuestra cosmovisión, organizarnos desde nuestra cultura, nuestras creencias y resolver nuestros conflictos como usualmente lo hacemos, y no con mecanismos impuestos que nos son ajenos. El Gobierno está en la obligación de realizar la consulta indígena cuando se toman decisiones que nos afectan, y no lo han hecho así. En ocasiones han consultado a los pueblos Cabécar y Bribri, pero a nosotros, como pueblo Ngäbe nadie nos ha consultado, precisamente por no tener un territorio reconocido como tal. Ya no estamos pidiendo, estamos exigiendo un derecho para nuestra juventud, para las nuevas generaciones, estamos luchando también por ellos y ellas.
La explotación laboral nos tiene en una situación vulnerable. Las empresas bananeras buscan implementar las leyes laborales de los países de donde provienen, lo que abre más espacio para esta explotación, ya que se saltan las regulaciones que deberían aplicar en territorio nacional. Las empresas bananeras no nos proporcionan seguro social. Cuando los trabajadores se accidentan, la empresa no se hace responsable y no hay seguro que nos cubra. Los salarios son cada vez más bajos, los precios de la canasta básica siguen subiendo todos los días y el dinero ya no nos alcanza. Sufrimos también de persecución, los trabajadores que se manifiestan contra el maltrato y explotación son reprimidos por los jefes. Han venido haciendo persecuciones hasta los hogares y no nos permiten tener fogones dentro de las casas, aunque sea nuestra tradición.
En este momento hay compañeros trabajadores en huelga, ya que no les han pagado sus prestaciones, los desalojan de sus casas y se valen de la ayuda de la Fuerza Pública para hacerlo, sacan a las mujeres, niñas y niños de sus casas también. A pesar de que Costa Rica se diga ser democrática, en Sixaola son las empresas quienes mandan. El capataz es el dueño y los trabajadores no pueden reclamar nada, aunque prácticamente todos los trabajadores somos indígenas. Cuando alguno de nosotros se queja de todo lo que estamos viviendo, el capataz usa la violencia contra nosotros. Todo esto que estoy contando ocurre porque el Estado lo ha permitido, porque no ha intervenido en estas situaciones y ha facilitado la permanencia de las empresas bananeras en nuestro territorio indígena.
Nosotros, existiendo ya el Convenio 169, no vamos a permitirlo, estamos cansados de tanto maltrato y tanto abuso, somos más de 10 mil indígenas en Sixaola discriminados todos los días por el gobierno de Costa Rica.
*Con base en participación del Programa Voces y Política de Radio Universidad del 19-4-23.
Múltiples expresiones artísticas indígenas costarricenses rinden homenaje a la naturaleza, a sus luchas ancestrales en defensa de sus territorios y a su cosmogonía. Fotos Anel Kenjeekeva-ODI, UCR.
En el Día de la Persona Indígena Costarricense la compañía Danza Universitaria rindió homenaje a sus expresiones dancísticas y artes ancestrales
Autoría: Eduardo Muñoz-Sequeira (Vicerrectoría de Acción Social)
Con la presencia de agrupaciones de baile y producciones artísticas de cinco comunidades indígenas costarricenses la agrupación Danza Universitaria (DanzaU) dio un paso adelante en el reconocimiento de sus expresiones dancísticas como parte de la iniciativa Paréntesis Espacio de Danza, una plataforma que destaca los aportes de personas o instituciones a la danza mediante vivencias cercanas que tienen pocas posibilidades de vinculación en los circuitos culturales predominantes en el mundo.
La actividad realizada entre el 22 y 24 de marzo en el campus de la Universidad de Costa Rica (UCR) fue el preludio para la conmemoración del Día de la Persona Indígena Costarricense, establecido por decreto cada 19 de abril, con el fin de motivar a la reflexión sobre el trato y las condiciones que estas comunidades tienen en Costa Rica, así como en el resto de América. Aunque dicha celebración fue acogida por el Primer Congreso Indigenista Interamericano, celebrado en Patzcuaro, México, la fecha solamente fue acogida en ese momento por Costa Rica, Brasil y Argentina; y el Estado costarricense lo oficializó en 1971.
Cada 19 de abril se pone en relieve el aporte de las culturas indígenas del país, destacando su cultura. En ese sentido, la sétima edición de Paréntesis Espacio de Danza “la dedicamos a las danza indígenas costarricenses, concretamente a las comunidades Bribri, Ngäbes, Malekus, Borucas y Cabécares, como un homenaje a nuestros pueblos originarios, al aporte de su cosmogonía en la construcción de nuestra multiculturalidad; al reconocimiento de sus luchas por la recuperación de sus territorios y a la dignificación de su cultura y de sus condiciones de vida”, comentó la magister Carolina Valenzuela Hernández, productora de DanzaU.
Este encuentro artístico es parte de las iniciativas impulsadas por la Vicerrectoría de Acción Social (VAS) de la UCR, que mediante la coordinación con la Red Institucional para el Trabajo Conjunto con Pueblos Indígenas (RIPI) propone un diálogo entre la comunidad universitaria y los pueblos y territorios indígenas, desde una ética y práctica institucional que reconozca la autonomía de los pueblos indígenas y el reconocimiento, promoción, defensa y exigibilidad de sus derechos, con la finalidad de ser un vínculo o canal de comunicación que permita abrir espacios de diálogo interculturales e interdisciplinarios.
Según Valenzuela, esta fue la primera vez que Paréntesis se enfocó hacia las expresiones artísticas indígenas nacionales, lo que implicó una gran logística para lograr que las personas delegadas de estas cinco etnias compartieran con la comunidad universitaria sus saberes.
Entre las interpretaciones dancísticas presentadas estuvieron el Juego de los Diablitos, Cagrúv rójc en lengua boruca, un baile tradicional que rememora la lucha de este pueblo en contra de los invasores españoles durante la época colonial. Por su parte, el grupo Kigaribu Ngäbe presentó varias propuestas, entre ellas la Danza de la Madre Tierra; sus danzas se arraigan al diario convivir con los elementos de la naturaleza. Su esencia está en hacer homenaje a la preservación de las especies de animales, bosques, ríos, las cuales muchas veces están en peligro de extinción”, afirmó Wilfredo Montezma Rodríguez, integrante de dicha agrupación Ngäbe.
El grupo de bailarines bribris compartieron la Danza del Sorbón, un baile comunitario que simboliza la estructura social de una comunidad fuerte y capaz de enfrentar las adversidades bélicas, económicas y sociales. Además, el público pudo disfrutar de danzas cabécares como El Toro, La Serpiente y Siwá Pákö. Los maleku trajeron al campus universitario un espectáculo de teatro de sombras. La programación incluyó exposición de trabajos artesanales y un taller de máscaras borucas.
INTERCAMBIO DE SABERES
Para Carolina Valenzuela la danza contemporánea tiene cabida para múltiples propuestas artísticas, y en ese sentido la apertura a las danzas indígenas costarricenses permitieron un intercambio de conocimientos entre DanzaU, bailarines participantes en Paréntesis Espacio de Danza y las personas que vinieron desde las cinco etnias originarias costarricenses invitadas.
DanzaU ya ha trabajado el tema indígena con directores anteriores, como la coreografía creada por Rogelio López en los años ochenta con “Tierra de Maíz”.
“La participación de agrupaciones indígenas abrió una ventana de cooperación futura con Danza U, ya que estamos considerando incluir de manera permanente el aporte indígena en las siguientes ediciones de Paréntesis”, comentó la productora artística.
Incluso, consideró Valenzuela, se puede pensar en propiciar espacios más amplios como encuentros regionales donde grupos dancísticos compartan sus propuestas artísticas, ya que la experiencia de la sétima edición de Paréntesis se convirtió en una oportunidad de intercambio entre los mismos grupos participantes.
Finalmente, Justo Avelino Torres Layan, maestro de cultura bribri y habitante de Suretka, Talamanca, agradeció la invitación “porque pocas veces somos tomados en cuenta en estos lugares de mucha energía. Luchemos cada día por ser forjadores de la paz, tejedores de nueva esperanza, de una nueva humanidad porque al final todos somos hermanos, con diferente cultura pero es la misma inspiración de Sibö”.
COSTARRICENSES HASTA QUE MUERA EL SOL
Según el último Censo de Población realizado en el 2011 por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en Costa Rica unas 105 mil personas costarricenses se reconocen como indígenas, habitando en 24 territorios que representan el 7% del país. Este dato es el cálculo oficial según los decretos de creación de dichas zonas porque gran parte sigue invadida por ocupantes no indígenas, cuya lucha por su recuperación sigue atentando contra los derechos reconocidos por el Estado y ha ocasionado el asesinato de líderes que perdieron sus vidas en su afán de recuperar las tierras ancestrales de los pueblos que aún preservan su legado cultural.
A la fecha se reconocen ocho pueblos indígenas, a saber Huetar, Maleku, Bribri, Cabécar, Brunka, Ngäbe, Bröran y Chorotega, que constituyen aproximadamente el 2.5 % de la población.
El olvido estatal y la falta de políticas claras para brindarles igualdad de oportunidades a las personas indígenas se evidencia en sus altos índices de pobreza. Aunque el 20% de la población nacional se califica como pobre, las personas de los pueblos indígenas superan alarmantemente dicho porcentaje, de la siguiente manera: cabécares 94.3 %; Ngäbe 87 %; Bröran 85.0 %; Bribri 70.8 %; Brunka 60.7 %; Maleku 44.3 %; Chorotega 35.5 % y Huetar 34.2 %.
El Decreto Ejecutivo Nº 1803-C, promulgado en 1971, estableció que cada 19 de abril será un día para que el pueblo costarricense reconozca sus orígenes, para rescatar y defender la herencia de sus antepasados.
En agosto de 2020, el Consejo Universitario de la UCR reafirmó el compromiso en la defensa de los derechos fundamentales de las poblaciones indígenas, el reconocimiento de sus territorios, su cultura y sus identidades, así como de las formas en las que se organizan política, económica y socialmente.
Desde la Vicerrectoría de Acción Social se trabaja en unos 55 proyectos que tienen como fin cumplir con ese compromiso. Algunos de ellos, además de la RIPI, son Narrativas audiovisuales de resistencia de mujeres indígenas de Talamanca; y Acompañamiento en el diseño de un modelo para el buen vivir en la comunidad Térraba-Brörán, Se’ Siwa’: cocreación del libro de historias bribris en el territorio KéköLdi, Desarrollo de Capacidades en la Atención Primaria de la Salud en Población Ngäbe, Lenguas y tradiciones orales de Costa Rica y Escucha, expresión y acción: Ciudadanía en personas jóvenes de Talamanca, entre otros.
Se reúnen con viceministro, visitan Asamblea Legislativa y Universidad de Costa Rica
Una delegación de catorce personas de la comunidad originaria Ngäbe de Sixaola, en representación de unos diez mil indígenas que habitan la zona fronteriza, realizaron una visita a San José para reunirse con autoridades del Poder Ejecutivo, bajo la demanda urgente de un territorio para poder concretar su pleno derecho como pueblo originario.
Esta comunidad logró, después de años de lucha, que en el 2019 la Asamblea Legislativa aprobara la Ley de Protección del Derecho a la Nacionalidad de la Persona Indígena y Garantía de Integración de la Persona Indígena Transfronteriza (Ley Nº 9710), donde se le otorgó pleno derecho a la nacionalidad costarricense, en tanto son un pueblo originario previo a la constitución de las naciones y fronteras costarricense y panameña.
Esta ley fue un paso importante para visibilizar su existencia y poder ejercer sus derechos, pero ahora la principal problemática, que le hicieron saber en una carta al presidente Rodrigo Chaves, “es la carencia de un territorio en el cual podamos vivir libremente, sin temor a que sea atropellado el modo de convivencia cultural tradicional”. Esto pues a “más de 10000 personas indígenas Ngäbes de Sixaola nos han negado espacios para practicar nuestras creencias ancestrales de Mama Tata, las danzas, la medicina tradicional, la elaboración de artesanías, espacios para sembrar nuestros alimentos y otros (…)”.
Le recordaron al presidente que en campaña política él se comprometió a concretar esta urgente aspiración, pues “en la actualidad el pueblo de Sixaola vivimos una situación de pobreza y además no podemos desarrollar nuestra cultura dignamente debido a la limitación territorial que impide que podamos vivir libremente como pueblo originario”.
Fundamentan su petición en que “los pueblos indígenas tenemos una visión holística de la Tierra, la naturaleza y el medio ambiente, que es conjugada con aspectos sociales, culturales, religiosos y económicos. Para comprenderla, es necesario incorporar el concepto de territorio, tal como lo ha hecho el Convenio 169 de la OIT y los artículos 12, 14 y 26 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”.
Esta carta de la delegación Ngäbe fue recibida en una reunión que tuvieron con el viceministro de Paz, Sergio Sevilla Pérez, quien se comprometió a iniciar acciones de comunicación con el INDER y otras instituciones, con el objetivo de buscar propiedades en la zona de Sixaola y buscar soluciones para el establecimiento del territorio solicitado. El viceministro se comprometió a ir a la zona en la segunda quincena de mayo próximo, y realizar una serie de diligencias con distintas instituciones, como la dirección Nacional de Migración, CCSS, MTSS, etc.
Hay que recordar que, en la parte laboral, al menos 5000 de los Ngäbe de Sixaola habitan en tierras de una empresa privada, con la cual sostienen un conflicto laboral desde hace muchos años. Por lo cual, en los compromisos adquiridos con el viceministerio, también está trasladar la información pertinente sobre los conflictos laborales, de acceso al agua y a la salud a las autoridades correspondientes para pedirles explicaciones y soluciones. Mientras, con el Ministerio de Trabajo solicitaron “establecer una mesa de trabajo con representantes de la empresa Chiquita, la empresa Del Monte, el Departamento de Inspección Laboral del MTSS, y representantes del INS para indagar sobre los conflictos que afligen a la comunidad”.
La delegación la conformaron los miembros de la Asociación de Indígenas de Sixaola Ngäbe (ATIGUSI), la asociación de mujeres Meri Dirikä y Asociación de Trabajadores Productores Indígenas Afines de Sixaola (ATPIS) y contó con el apoyo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, la Facultad de Derecho, la Asociación de Estudiantes de Derecho, los proyectos “Pueblos Originarios y Universidades Públicas (CONARE)” y “Geografía y Diálogo de Saberes” de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales para la Organización Comunitaria de la Universidad de Costa Rica, así como el Programa de Gestión Local de la UNED.
Plantón: «Del Monte fuera del territorio bribri de Salitre». Esto es parte de una campaña de presión para que la empresa transnacional respete el territorio que, -de acuerdo con la legislación costarricense-, pertenece al pueblo indígena.
El pasado viernes 17 de febrero de 2023, el Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI) realizó una conferencia de prensa en la que se refirieron a los 23 años de lucha por los derechos de los pueblos indígenas. Esta conferencia contó con la participación en la mesa principal de representantes de todos los pueblos indígenas: Pablo Sibar Sibar, Zeidi Rodríguez Guerra, Luisa Bejarano Montezuma, Felipe Vargas Morales, Virginia Beita Zúñiga y Jenny Lacayo Elizondo.
El tema principal de la conferencia, luego de explicar el contexto actual de lucha desde los pueblos indígenas, fue la agenda elaborada para el trabajo que los pueblos indígenas se plantean durante este año 2023 y los que vienen, durante la Asamblea Anual de Frente Nacional de Pueblos Indígenas. Dicha agenda es principalmente un llamado a toda la población indígena a defender los derechos a la tierra, a la protección de su idioma, identidad y autonomía, así como el acceso a sus semillas que le garanticen seguridad alimentaria.
Además de esto, otros puntos importantes que fueron abordados fueron: la inoperancia del Estado en los casos de asesinados de Jehry Rivera y de Sergio Rojas, especialmente este último que se mantiene con impunidad; las Asociaciones de Desarrollo Indígena que desde el FRENAPI se caracterizan como una instancia impuesta a los pueblos indígenas por parte de los gobiernos, y como una forma de violencia y control; también la omisión que realiza el Ministerio de Educación Pública (MEP) cuando a la enseñanza de la espiritualidad de los pueblos originarios se refiere.
Para finalizar, la lucha indígena se realiza desde la paz y el llamado a continuar la lucha siempre mantiene el carácter pacífico, sin embargo, las situaciones de discriminación, violencia, racismo, homicidio y usurpación de tierra llevan inevitablemente a la violencia ejercida desde estos terratenientes invasores, en complicidad con el Estado.
