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Etiqueta: derechos de los pueblos indígenas

UCA conmemora el natalicio de Florencio del Castillo con un conversatorio sobre saberes indígenas

El escritor e investigador doctor Giovanni Beluche Velázquez participará en el webinario “Saberes indígenas para una cultura de vida”, este jueves 22 de octubre a las 5:30 p. m.

Florencio del Castillo nació el 17 de octubre de 1778 en Ujarrás y fue diputado por Costa Rica en las Cortes de Cádiz (1810-1813), donde defendió los derechos de los pueblos indígenas.

En conmemoración del natalicio del presbítero Florencio del Castillo, considerado uno de los primeros defensores de los derechos de los pueblos indígenas en Costa Rica, la Universidad Florencio del Castillo (UCA) invita a la comunidad universitaria y al público en general al webinario “Saberes indígenas para una cultura de vida”.

La actividad busca abrir un espacio de reflexión y diálogo sobre la riqueza de los saberes indígenas y su contribución a la construcción de una cultura de vida. Participará el escritor e investigador Giovanni Beluche Velázquez.

La actividad es abierta al público. Para más información puede escribir a kortega@uca.ac.cr

AMDES denuncia nuevo ataque armado contra comunidades mayangnas en la Reserva de Biosfera Bosawás, Nicaragua

Según la organización indígena, un grupo de colonos armados incendió viviendas, secuestró a cuatro hombres y asesinó a dos de ellos, padre e hijo, en la comunidad Dimanwas.

La Asociación Mayangna para el Desarrollo Social (AMDES) emitió una “denuncia pública urgente y muy grave” el 19 de octubre de 2026 sobre un nuevo ataque contra familias del pueblo mayangna en la Reserva de Biosfera Bosawás, en Nicaragua. Según la organización, el ataque fue perpetrado por colonos no indígenas armados.

Los hechos denunciados

De acuerdo con la información recibida de liderazgos comunitarios de la zona, entre la noche del domingo 18 y el amanecer del lunes 19 de octubre, unos 15 colonos armados entraron en la comunidad Dimanwas, del territorio Sauni As, en el municipio de Bonanza, Región Autónoma de la Costa Caribe Norte. Según AMDES:

  • habrían incendiado al menos cuatro viviendas habitadas por familias, con niñez y personas adultas;
  • dispararon con armas de fuego contra el ganado;
  • secuestraron a cuatro hombres y asesinaron a dos indígenas mayangnas, padre e hijo: Dionicio Hernández Bruno y Wilmer Hernández Smith.

Un patrón de violencia y la omisión del Estado

La organización señala que la Costa Caribe Norte de Nicaragua ha sido escenario de violencia contra las comunidades indígenas durante los últimos 15 años. Solo en el territorio mayangna de Sauni As se han registrado al menos seis episodios de violencia de alto impacto, con grave deterioro del patrimonio ancestral, alta inseguridad, falta de libertad y pérdida de vidas.

Según AMDES, estos hechos son conocidos por las autoridades territoriales, municipales, regionales y nacionales, que “han hecho caso omiso” y no han adoptado medidas ni brindado garantías efectivas para proteger a la población mayangna. La organización denuncia además que el Estado de Nicaragua mantiene en detención arbitraria a guardabosques indígenas que defienden la Madre Tierra, su cultura y sus comunidades.

El comunicado advierte que en las últimas semanas han circulado en redes sociales imágenes de jóvenes colonos con armas de guerra, como fusiles M16 y AK47. También circula un supuesto comunicado de colonos que amenaza con salir a las comunidades a “degollar” a comunitarios, en represalia por las labores de vigilancia territorial.

AMDES señala también el conocido interés minero y ganadero en continuar el desplazamiento violento de las poblaciones mayangnas para expandir sus actividades extractivas en esas tierras, fértiles y con gran potencial minero.

En el mes en que se cumplen 39 años desde que el Estado de Nicaragua reconoció la existencia y los derechos de los pueblos indígenas, la organización denuncia estos hechos de extrema violencia, que a su entender constituyen “crímenes de genocidio y etnocidio cultural”.

Las demandas

AMDES demanda al Estado de Nicaragua:

  • investigar y judicializar a los autores materiales e intelectuales de estos hechos;
  • garantizar con urgencia la protección jurídica y social de las comunidades indígenas que sufren esta violencia;
  • iniciar lo antes posible el saneamiento de los territorios indígenas, para que los pueblos puedan vivir en paz en las tierras heredadas de sus ancestras y ancestros.

Al pueblo de Nicaragua le pide solidaridad con las familias indígenas, en especial con las afectadas por la violencia de estos días, y que se informe a fondo de lo que ocurre en los territorios indígenas. A la comunidad internacional la exhorta a emprender las acciones diplomáticas necesarias para instar al Estado de Nicaragua a proteger a los pueblos indígenas de la violencia y del despojo de sus territorios.

Asociación Mayangna para el Desarrollo Social (AMDES)
“Conservando la sabiduría ancestral, honramos el legado de nuestros antepasados”. Hijos de la Madre Tierra – Sau Nanang Sulani Balna.

La Corte IDH escuchó al pueblo de Sarayaku en audiencia de supervisión

CEJIL. El 18 de junio la Corte Interamericana de Derechos Humanos celebró una audiencia de supervisión de cumplimiento en el caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs Ecuador, una sentencia emblemática que, 14 años después de haber sido emitida, continúa enfrentando desafíos importantes para su implementación integral.

El caso Sarayaku llegó a la Corte Interamericana tras la realización de actividades petroleras en su territorio ancestral sin consulta previa. Hace 14 años, la Corte reconoció violaciones a los derechos del pueblo Kichwa de Sarayaku y ordenó medidas de reparación que, hasta hoy, siguen pendientes de cumplimiento.

Durante la audiencia, representantes del Pueblo de Sarayaku, junto con sus representantes legales de hashtag#CEJIL y el Dr. Mario Melo, expusieron ante la Corte los incumplimientos que persisten por parte del Estado ecuatoriano, entre ellos la ausencia de una legislación adecuada sobre consulta previa, libre e informada; la falta de garantías efectivas para la consulta de medidas que puedan afectar al pueblo y el incumplimiento de la obligación de retirar la pentolita —un explosivo de alto poder – abandonada en su territorio ancestral hace más de dos décadas.

Las organizaciones representantes destacaron que este abierto desacato pone en riesgo la sobrevivencia del Pueblo, su derecho a la consulta y la justicia, y tiene importantes consecuencias para la respuesta a la emergencia climática en la Amazonía. Ya la Corte en su Opinión Consultiva 32 ha sostenido que la Amazonia tiene un rol fundamental para la regulación del clima para el planeta y su preservación depende en buena medida de la subsistencia y labor de los pueblos indígenas que son los guardianes de estos ecosistemas.

Dado el abierto incumplimiento, por más de catorce años, de la orden de la Corte Interamericana de retirar los explosivos que se mantienen en su territorio, el Pueblo Sarayaku manifestó que estaba dispuesto a no insistir en el cumplimiento de esta orden, solicitando que, a manera de reparación, el Estado reconozca el Kawsak Sacha (Selva Viviente) como sujeto de derechos, en línea con los derechos de la naturaleza reconocidos en la Constitución ecuatoriana.

El caso Sarayaku es uno de los precedentes más relevantes del Sistema Interamericano en materia de derechos de los pueblos indígenas. A 14 años de aquella sentencia histórica, el cumplimiento integral de las medidas ordenadas sigue siendo esencial, no solo para garantizar los derechos del Pueblo Kichwa de Sarayaku, sino también para reafirmar la protección de la Amazonía, reconocer los saberes y propuestas de los pueblos indígenas y preservar los ecosistemas de los que depende nuestro futuro.

Fotos: Corte Interamericana de Derechos Humanos

¿Qué obstaculiza la atención médica en los territorios indígenas?

Observatorio de Bienes Comunes

Desde Talamanca, el Colectivo Antonio Saldaña comparte una reflexión urgente sobre las barreras que enfrentan las comunidades Bribri y Cabécar para acceder a una salud digna, culturalmente pertinente y ajustada a la realidad del territorio.

Protocolos rígidos, falta de medicamentos, largas distancias y una institucionalidad que muchas veces no logra responder a las condiciones reales de las comunidades.

El texto también recupera el marco legal que obliga al Estado costarricense —incluyendo el Convenio 169 de la OIT— a garantizar servicios de salud adecuados para los pueblos indígenas.

“Las comunidades indígenas no están solicitando privilegios. Están exigiendo derechos.”

Lea la nota completa aquí:

https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/cuando-la-consulta-se-anuncia-al-aire-alertas-del-colectivo-antonio-saldana-ante-la-normalizacion-de-convocatorias-ajenas-a-los-pueblos/

Ante la trágica muerte de una joven madre en Alto Telire

José Atencio Caballero nos deja esta reflexión en relación con la trágica muerte de una joven madre en Alto Telire. Él es docente de Alto Bley (una comunidad del Territorio de Alto Telire) y es quien tomó la foto que acompaña esta nota.

“Que tristeza, esa foto la tomé ayer a las 5:10 de la tarde, esa y otras más donde se evidencia la mordedura de la serpiente y estoy muy dolido con los miembros que tienen que ver con la salud de esta población de Alto Telire.

Me pregunto para qué tanta inversión millonaria en infraestructura de la CCSS si sólo vienen a atender tres días cada tres meses y se van quedando todo enllavado y no queda ninguna persona que pueda socorrer a las personas cuando tengan una emergencia como la de ayer.

Sí en Alto Telire se dejaran sueros antiofídicos, hoy nuestra escuela no estuviera de luto, esta madre dejó huérfanos tres estudiantes nuestros, sin saber quién va a alistar a esos niños cuando vengan a la escuela, cómo le decimos a nuestros estudiantes que esos Ebais no están siendo de beneficio para la población; lástima la inversión porque solo en estructura se quedó́.

¿Cuántas más personas tendrán que fallecer para que se le dé una verdadera atención a esta zona?

No saben lo impotente que se siente uno sin poder hacer nada ante estos casos.

Como docente de Alto Bley levantaré mi voz e iré́ adonde tenga que ir para que otros niños y niñas no se queden huérfanos. He entendido con esta situación que los docentes no somos solo para enseñar a leer y sumar en un pueblo como estos, aquí́ también viven seres humanos que tienen derecho a todos los beneficios que tienen los costarricense”.

 

Información compartida con SURCOS por Gerardo Badilla.

Ante absolutoria del Tribunal de Apelación en el caso del líder indígena Jerhy Rivera

Pronunciamiento Defensoría de los Habitantes

La Defensoría de los Habitantes había manifestado en diciembre del 2024 cómo la “Justicia Pronta y Cumplida” continuaba siendo una deuda y un anhelo para los pueblos indígenas. Lo anterior, como parte del seguimiento dado al proceso nacional efectuado ante la muerte del líder indígena Teribe Jerhy Rivera, y considerando que el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago confirmó la resolución impugnada en todos sus extremos, manteniéndose en firme el sobreseimiento del caso.

Recientemente, el Tribunal de Apelación dictó la absolutoria en dicho caso; por ello la Defensoría de los Habitantes hace eco de lo manifestado por los pueblos indígenas con ocasión del “Foro de Acceso a la Justicia”, al referirse a la crítica situación de los derechos de los pueblos indígenas en Costa Rica, denunciando la constante exclusión, invisibilización y discriminación, producto de las omisiones y actuaciones de las instituciones públicas.

En dicho espacio de diálogo intercultural con miembros de todos los pueblos indígenas del país personas expertas en derechos de los pueblos originarios y entes claves del sector público, incluyendo al Poder Judicial, concretamente, en materia de acceso de los pueblos indígenas a la justicia puntualizaron: “… como un pendiente, pues del reconocimiento normativo a su ejercicio práctico, hay un largo camino de desconocimiento, omisiones e incumplimientos, siendo que el país debe avanzar con prontitud al reconocimiento pleno e integral de su derecho a la justicia, que pasa por la vigencia de los sistemas propios de regulación de sus asuntos internos, de acuerdo a sus cosmovisiones hasta la posibilidad de acudir a los sistemas nacionales de justicia administrativa y judicial, apropiada y adecuada a sus valores, costumbres y tradiciones”.

Si bien dentro de la Subcomisión para el Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas se han emitido lineamientos y definido políticas institucionales para facilitar el “Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas” en el quehacer institucional, los pueblos indígenas continúan sintiéndose defraudados y reiterando su reclamo de años a las autoridades judiciales.

Durante los trece años de vigencia desde la emisión de la Medida Cautelar 321-12, de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han sido poco efectivos los esfuerzos y gestiones efectuadas por el Estado costarricense para proteger a las dirigencias indígenas; ejemplo de ello han sido las muertes de Sergio Rojas indígena Bribri de Salitre y Jerhy Rivera indígena Teribe de Térraba ambos vecinos y representantes de los territorios indígenas donde aplica dicha medida cautelar.

Desde la Defensoría de los Habitantes, las voces de los pueblos indígenas continuarán siendo escuchadas y alertando ante las autoridades competentes sobre los retos aún pendientes.

Comunicación
Defensoria de los Habitantes

Estudiantes de la UCR en solidaridad con Jerhy Rivera y doña Digna

En febrero de 2020, Jehry Rivera Rivera, líder comprometido con la protección del ambiente, la vida y los derechos de los pueblos indígenas, fue asesinado durante un proceso de recuperación de tierras. Cuatro años después, el dolor por su pérdida sigue siendo profundo debido a la falta de justicia. En 2023, Juan Eduardo Barrera, quien confesó públicamente ser el autor del crimen, fue condenado a 22 años de prisión, pero el Tribunal de Cartago lo liberó tras una apelación de sus abogados. Este fallo dejó una herida abierta en la lucha por los derechos humanos de los pueblos indígenas, su autonomía y la protección del ambiente en Costa Rica.

Hoy, 16 de septiembre, nos encontramos en la recta final del juicio, un momento decisivo para Costa Rica. Es esencial solidarizarnos con Doña Digna Rivera y la Red de Mujeres Rurales, quienes han apoyado y vigilado todo el proceso judicial. El Estado debe asumir su responsabilidad y garantizar que la muerte de Jehry no quede impune, retomando las acciones necesarias para esclarecer su asesinato, proteger los derechos de los pueblos indígenas y fortalecer las políticas ambientales que Jehry defendía con tanto fervor. La sociedad exige que los tribunales actúen con firmeza para hacer justicia en favor de quienes luchan por el ambiente y de las víctimas de un Estado racista que no protege sus derechos ni territorios.

La ratificación del Acuerdo de Escazú sigue siendo una deuda pendiente del Estado costarricense con la comunidad ecologista. Este tratado busca garantizar en América Latina y el Caribe el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales, siendo el primero de su tipo en el mundo. En los últimos años, diversos territorios han sido escenario de conflictos y agresiones, lo que refleja las constantes amenazas a las personas indígenas defensoras de sus tierras en Costa Rica. La memoria de líderes como Sergio Rojas y Jehry Rivera sigue presente, así como las luchas en Salitre, Térraba y China Kichá, donde las personas indígenas enfrentan hostigamientos debido a la ocupación ilegal de sus tierras ancestrales por empresas y personas no indígenas.

La demanda de justicia por Jehry y por los pueblos indígenas continúa como un grito urgente que exige respuestas claras y acciones concretas para proteger sus derechos y territorios.

Se invita al público en general a conocer más sobre la problemática que sufren los pueblos indígenas a través del video disponible en la plataforma de YouTube:

Defensoría analiza acceso a la justicia de los pueblos indígenas

La Defensoría de los Habitantes ha expuesto ante las distintas administraciones gubernamentales la crítica situación de los derechos de los pueblos indígenas en Costa Rica, denunciando la constante exclusión, invisibilización y discriminación, producto de las omisiones y actuaciones de las instituciones públicas. Asimismo, ha emitido recomendaciones acerca de la obligación estatal, a todo nivel, de tomar acciones al respeto de la identidad cultural, para lo cual se hace preciso su participación activa y consulta para la toma de decisiones, en aras de una igualdad y acceso real a sus derechos.

El Estado costarricense ha reconocido legalmente 24 territorios indígenas y ha establecido que son inalienables, imprescriptibles, no transferibles y exclusivos para las comunidades indígenas, sin embargo, un alto porcentaje de esas tierras se encuentran en manos de no indígenas, pese a que la Ley Indígena estipula que las personas no indígenas propietarias o poseedoras de buena fe dentro de los territorios deben ser expropiadas, reubicadas o indemnizadas.

Para la Defensoría de los Habitantes el Estado costarricense debe elaborar, con la participación de los pueblos indígenas, un proyecto nacional que contemple acciones de saneamiento, ordenamiento, demarcación, delimitación, restitución y reparación de las tierras indígenas, incluidas aquellas consideradas ancestrales o de uso tradicional.

El acceso de los pueblos indígenas a la justicia es todavía un pendiente, pues del reconocimiento normativo a su ejercicio práctico, hay un largo camino de desconocimiento, omisiones e incumplimientos, siendo que el país debe avanzar con prontitud al reconocimiento pleno e integral de su derecho a la justicia, que pasa por la vigencia de los sistemas propios de regulación de sus asuntos internos, de acuerdo a sus cosmovisiones hasta la posibilidad de acudir a los sistemas nacionales de justicia administrativa y judicial, apropiada y adecuada a sus valores, costumbres y tradiciones.

En virtud que la población indígena ha sido testigo de los pocos o nulos avances para alcanzar la igualdad sustantiva en el reconocimiento y tutela de sus derechos colectivos, por parte del Estado costarricense, la Defensoría de los Habitantes organizó hoy un espacio de diálogo intercultural con miembros de pueblos indígenas, personas expertas en derechos de los pueblos originarios y entes claves del sector público, sobre el acceso a la justicia de pueblos indígenas, que resultara un punto de partida para visibilizar el estado de la situación, discutir y reflexionar acerca de la discriminación estructural a la que se ha visto sujeta esta población, y generar así, recomendaciones y acciones adecuadas para que las instituciones del sector público cumplan sus obligaciones y responsabilidades en protección y restitución de sus derechos.

En la actividad participa la Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, Francisco Cali Tzay, organizaciones de la sociedad civil, entre otras personas.

Este espacio se transmite en vivo por la cuenta oficial de la Defensoría de los Habitantes en Facebook: Defensoriacr

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

CLSS realizó actividades en el marco del proyecto “Derechos humanos colectivos: encuentros de los pueblos Bribri, Cabécar y Brörán desde sus identidades y prácticas culturales en el trabajo y cuido de la tierra y los bienes comunes»

En el marco del proyecto «Derechos humanos colectivos: encuentros de los pueblos Bribri, Cabécar y Brörán desde sus identidades y prácticas culturales en el trabajo y cuido de la tierra y los bienes comunes» la Coordinadora de Lucha Sur Sur ha realizado diferentes actividades, algunas de ellas a finales del año 2023. El tercer encuentro tuvo lugar en Salitre, específicamente en el proyecto agroturístico Yé Yamipa –que significa “mi familia” en bribri– el lugar integra cultivos tradicionales, arquitectura, cocina tradicional bribri, resguardo de semillas criollas y arte, así como paisajes naturales. 

En este encuentro compartieron con integrantes del Concejo Ditsö Iríria Ajkönuk Wákpa y Autogobierno del Territorio Bribri de Salitre diferentes reflexiones sobre la situación actual de los pueblos originarios de la zona sur en materia de derechos humanos de cara a los procesos de judicialización de varias personas con motivo de ejercer el derecho colectivo a la tierra. Asimismo, en este encuentro se contó con la presencia de representantes de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI), quienes se refirieron al trabajo que están realizando en la actualidad. La actividad concluyó con una gira por las recuperaciones Kapliña, Klo u ki, Shule krats y Kuchuk ut ki, donde las personas involucradas en la recuperación compartieron sus experiencias respecto al trabajo colectivo de la tierra, así como el manejo de los bienes comunes.

De acuerdo con la Coordinadora de Lucha Sur Sur dichas actividades se realizaron con apoyo de los fondos de la «Convocatoria IberCultura Viva de Apoyo a Redes y Proyectos de Trabajo Colaborativo 2023» y las propias organizaciones de pueblos originarios que se articulan en la Coordinadora de Lucha Sur Sur: el Concejo Ditsö Iríria Ajkönúk Wakpa, el Consejo Iríria Sätkök, Recuperadoras/es Börán de San Andrés, Comunidad Crun Shurín y Recuperadoras/es Cabécares de China Kichá; con apoyo del Centro de Comunicación Educativa Voces Nuestras.

Para conocer más sobre los encuentros visite un video en el siguiente enlace: https://www.facebook.com/share/v/d8kzpHZ6Fkrg8HN4/?mibextid=GOdwvm

Pueblos indígenas a 5 años del asesinato del líder bribri Sergio Rojas, en Voces y Política

Por José Daniel Gamboa

El día miércoles 20 de marzo, se llevó a cabo el programa especial en conmemoración del quinto aniversario del fallecimiento del líder Bribri Sergio Rojas. El evento, titulado «Pueblos Indígenas a 5 Años del Asesinato del Líder Bribri Sergio Rojas», reunió a representantes de la comunidad indígena y a un público comprometido con la defensa de los derechos de los pueblos originarios en Costa Rica.

Participantes:

  • Roxana Figueroa Calderón, recuperadora Bribri.
  • Carlos Estiven Vargas Figueroa, autoridad tradicional del Pueblo Bribri.
  • Danny Nájera Díaz, representante del territorio indígena de Térraba.

Durante el evento, las personas participantes compartieron sus perspectivas y experiencias sobre los desafíos actuales que enfrentan los pueblos indígenas en el país, así como su lucha por el reconocimiento de sus derechos, los riesgos a los que se exponen sus activistas,la protección de sus territorios ancestrales y la justicia ambiental.

El diálogo generado durante el programa fue enriquecedor y significativo, destacando la importancia de continuar apoyando la causa indígena en Costa Rica. 

El evento fue una oportunidad valiosa para reflexionar sobre el legado de lucha y resistencia de los pueblos indígenas, así como para renovar el compromiso con la defensa de sus derechos en el país y la memoria de Sergio Rojas.

El programa de la radio también se transmitió mediante el Facebook de Radio Universidad de Costa Rica (https://www.facebook.com/radiouniversidad)