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Etiqueta: derechos humanos

Proponen declarar Benemérita de la Patria a Filomena Navas Salazar, lideresa indígena Bröran

Integrantes del Grupo Parlamentario de Mujeres Diputadas 2022-2026 presentaron un proyecto de ley para declarar Benemérita de la Patria a doña Filomena Navas Salazar, mujer indígena del pueblo Bröran, en reconocimiento a su legado en la defensa de los derechos humanos, la promoción del liderazgo femenino, la protección del territorio indígena y la preservación del conocimiento ancestral.

Nacida el 7 de julio de 1926 en Térraba de Buenos Aires, Puntarenas, Filomena Navas destacó como lideresa comunal y defensora de los derechos colectivos. Fue la primera mujer indígena en Térraba en ejercer el derecho al voto en 1953, impulsando desde entonces la participación política de las mujeres. También se involucró en juntas de educación, comités de salud y pastorales, promoviendo la construcción del puesto de salud de su comunidad y la defensa del territorio Bröran frente a la deforestación.

Además de su liderazgo político y social, Filomena preservó y transmitió saberes ancestrales: dominaba la lengua Bröran, la medicina natural, la cocina tradicional y las técnicas de hilado con tintes naturales. Fue reconocida por recorrer largas distancias llevando medicinas, apoyar la construcción del acueducto local y fomentar la educación de la juventud, incluso colaborando con el Colegio de Buenos Aires en tiempos en que era el único centro educativo en la zona.

El proyecto de acuerdo resalta que su vida es ejemplo del papel fundamental que desempeñan las mujeres indígenas y rurales en la organización comunitaria, la seguridad alimentaria, la preservación cultural y el cuidado de los bienes comunes. La declaratoria, subrayan las proponentes, sería un acto de justicia histórica y reparación simbólica hacia las mujeres invisibilizadas en los relatos oficiales.

Doña Filomena Navas Salazar falleció en 2006, pero su legado perdura en su familia, especialmente en sus hijas, quienes hoy también son lideresas comunitarias. Con este reconocimiento, se busca visibilizar su aporte y el de tantas mujeres indígenas que han sido pilares en la construcción social y cultural de Costa Rica.

La imagen de doña Filomena que acompaña esta nota fue aportada por su hija, la también lideresa indígena Elides Rivera Navas.

Estado de la justicia en Centroamérica

Esta es una versión adaptada para el Semanario Universidad de la UCR del artículo del mismo nombre y publicado en: CENTROAMÉRICA-Rendir Cuentas para que la Gente Cuente; Arroyo, J.M. et altere; Coordinación e Introducción Luis Guillermo Solís y Sergio Ramírez; Editorial Sexto Piso, S.A., de C.V., Madrid, España, 2025.

José Manuel Arroyo Gutiérrez

La historia reciente de la democracia en Centroamérica -y con ella el Estado de la Justicia en la región- , tiene como punto de partida los Acuerdos de Paz: Esquipulas I (25 de mayo de 1986) y Esquipulas II (7 de agosto de 1987).

En el primero de estos pronunciamientos hay un llamado genérico al desarme de los grupos en conflicto, al diálogo constructivo, y a la instauración de una paz duradera a través del desarrollo económico y social de nuestros pueblos. Se establece que la paz sólo es posible mediante un proceso democrático, pluralista y participativo, con promoción de la justicia social, respeto a los derechos humanos, así como el respeto a la soberanía e integridad territorial de las naciones. Se visualizaba, como mecanismo idóneo para alcanzar estos propósitos, un Parlamento Centroamericano (PARLACEN) que sirviera como mecanismo promotor e integrador de la región.1

En cuanto a Esquipulas II, se declaró la necesidad de tomar medidas como promover la reconciliación a lo interno de cada nación; finalizar las hostilidades armadas; impulsar la democratización y las elecciones libres; eliminar la asistencia externa para fuerzas militares irregulares, así como negociar el control de armas y la atención a los refugiados.

Estos acuerdos declarativos de buenos propósitos nunca descendieron a las cuestiones concretas de cómo debían organizarse el Estado, el Poder Judicial y la Administración de Justicia. Todo quedó en referencias generales a la necesidad de fortalecer la institucionalidad democrática y al respeto de los derechos humanos.

El principal resultado de esta perspectiva fue la sobrevivencia de diseños constitucionales bastante anacrónicos, anclados en lineamientos decimonónicos, tanto para el modelo de Estado –liberal y republicano clásico-, como respecto de la organización y funcionamiento de los poderes judiciales dentro de ese esquema.

Se conservaron poderes judiciales hechos a imagen y semejanza del modelo napoléonico francés de principios del siglo XIX, es decir, organizaciones burocráticas a imagen y semejanza de los cuerpos militares, piramidales, rígidamente verticalistas, con ocupación total del territorio nacional mediante instancias y especialidades por materia y, lo más sobresaliente, una cúpula constituida por la Corte Suprema, en la que se concentra no sólo la última instancia jurisdiccional, sino todo el poder político y administrativo para la gestión de la función judicial del Estado. De esta manera, la Corte Suprema no sólo tiene la última palabra en los asuntos que procesalmente tengan acceso a esta instancia, sino que además atiende asuntos presupuestarios, administrativos, nombramientos, capacitaciones, asuntos disciplinarios y un largo etcétera.

Salvo algunos tímidos intentos de delegar en consejos de la judicatura o consejos superiores (Guatemala, El Salvador, Costa Rica), algunas de las tareas de administración, las organizaciones judiciales de la región siguen aferradas a la concentración de poderes y facultades, lo que las hace tremendamente ineficientes y con frecuencia corruptas.

Por otra parte, desde la perspectiva de los principales temas y problemas de fondo de la justicia centroamericana y de América Latina en general, los casos constituidos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, enunciados por su ex Presidente, identifican las cuestiones de mayor gravedad: el rol de las empresas en la protección de los derechos humanos; el derecho al medio ambiente y de equidad intergeneracional; el derecho a la salud; la libertad de expresión; la violencia de género; las garantías del debido proceso; los alcances y uso de la prisión preventiva; el plazo razonable en casos de adopción; la guarda y custodia de menores de edad; las limitaciones a las actividades de inteligencia con base en el alcance a los derechos humanos; el derecho a la autodeterminación informativa; los derechos de reunión y circulación en contexto de protesta social; la obligación de delimitar, demarcar y otorgar títulos de propiedad colectiva sobre los territorios de las comunidades indígenas y tribales; y diversas medias de reparación integral.2

En esta tercera década del siglo XXI, el Estado de la Justicia en los países centroamericanos está determinado por factores estructurales y coyunturales.

El principal de los aspectos estructurales consiste, como ya quedó dicho, en diseños institucionales anacrónicos, a imagen y semejanza de una organización militar: piramidal, rígidamente verticalista, burocrática, con amplia concentración de poderes jurisdiccionales y administrativos en la cúpula (Corte Suprema) y, en consecuencia, muy ineficientes y antidemocráticas.

Los pocos esfuerzos por delegar funciones en consejos administrativos o de la judicatura, han tenido, en el mejor de los casos, alcances limitados como es el caso de Costa Rica y, en la peor de las situaciones, se ha tratado de ensayos poco tiempo después revertidos, sea por reformas legales, sea por declaraciones de inconstitucionalidad, como ha pasado en Guatemala, El Salvador y Honduras.

Se evidencia también una profunda brecha entre el mundo normativo (el deber ser) y la cruda realidad operativa de nuestros sistemas de justicia (el ser). La simple lectura de cualquiera de las constituciones políticas de las repúblicas de la región, evidencia la propuesta de una justicia emanada de la soberanía popular; así como un supuesto compromiso con los derechos humanos, las libertades fundamentales y las garantías propias de democracias liberales avanzadas. Pero cuando se desciende a cómo funcionan esos buenos propósitos en la práctica, comienzan a revelarse una serie de falencias, ineficacias y vicios que terminan por pintar un cuadro harto decepcionante.

En Costa Rica, la vigencia del Estado de Derecho todavía resiste, pero se arrastra un sistema de nombramientos en la cúpula judicial plagada de vicios y procedimientos amañados. Con altibajos, las mayorías parlamentarias han privilegiado la lealtad partidaria e ideológica a la excelencia académica e independencia profesional. Recientes leyes promulgadas al calor de ajustes fiscalistas amenazan la estabilidad funcional y laboral de la policía técnica, la fiscalía y la judicatura. Se han destapado escándalos por manejos irregulares de casos por claros tráficos de influencias y corrupción. En este punto, sin embargo, las buenas intenciones de procurar reformas de fondo, han naufragado en una cúpula que se niega a soltar los poderes tradicionales que ostenta. Las debilidades y falencias tradicionales han sido aprovechadas por las tendencias autocráticas del gobernante actual, que pretende destruir, no mejorar, el orden constitucional y la institucionalidad vigentes. En El Salvador se ha producido una quiebra del Estado de Derecho. El Poder Ejecutivo, sustentado en un amplio apoyo popular, ha implementado una política pública de prisionización indiscriminada con la cual, el debido proceso ha sido arrasado. La prensa independiente es perseguida y acallada. El Poder Judicial fue desmantelado y puesto al servicio incondicional de esas políticas represivas. La mayoría Parlamentaria ha bendecido esas estrategias y obedece fielmente los dictados presidenciales. Todo ha sido impuesto gracias a un estado de sitio que lleva ya varios años. El ejemplo salvadoreño es de manual, respecto a las nuevas formas de dominación oligárquica, no por medio de la bota militar, sino a través de estrategias dictatoriales con apariencia democrática. El caso de Guatemala presenta sus características propias. Como respuesta a los avances logrados en el sistema de justicia gracias a la intervención de Naciones Unidas a través de la CISIG, la clases dominantes, que vieron amenazados su impunidad y privilegios, ha arremetido tomando posesión de los poderes públicos, incluidos Corte Suprema y Ministerio Público, para revertir los logros obtenidos y asegurar que la justicia no toque a ciertos sectores con poder económico y político. Los jueces y fiscales que lograron condenas históricas contra ciertos intocables, han sido destituidos, perseguidos y en muchos casos obligados al exilio. Hoy la República de Guatemala se debate entre retomar la senda de un Estado de Derecho o continuar por la ruta de la corrupción institucional y la impunidad. La situación en Honduras es similar a las anteriores en varios aspectos. Hay serios cuestionamientos al sistema de nombramientos de la cúpula judicial y de la judicatura en general, por presiones e influencias indebidas de grupos poderosos en lo político y en lo económico. También se han registrado casos de corrupción, sobre todo de personajes influyentes que buscan impunidad ante acusaciones por tráfico de influencias, malversación de fondos públicos y otros beneficios indebidos. Por último, la situación de la justicia en Nicaragua es la propia de un Estado de Facto, como en El Salvador, pues se han conculcado y neutralizado todos los mecanismos de balance y control propios de un Estado de Derecho. Se han prohibido y criminalizado manifestaciones públicas, así como las críticas y protestas mediáticas de opositores al gobierno. Se ha privado de la nacionalidad nicaragüense a activistas de derechos humanos, organizaciones no-gubernamentales y adversarios políticos. De hecho, se controla por parte del Ejecutivo a todos los demás órganos y poderes del Estado. El sistema judicial penal se ha manipulado para perseguir opositores, encarcelarlos y obligarlos al exilio. El colmo de la represión ha alcanzado a la Iglesia Católica y otras denominaciones religiosas a las que se les han prohibido rituales o manifestaciones públicas de sus celebraciones.

Por su parte, el principal factor coyuntural que marca el estado de la justicia centroamericana, es de carácter universal. En nuestros días estamos frente a una verdadera crisis de la democracia liberal republicana, y hay fuertes tendencias en todo el mundo que apuntan a sustituirla por regímenes autoritarios que pretenden concentrar el poder político. Si bien han cambiado las estrategias tradicionales de los golpes de estado conducidos por cúpulas militares contra las instituciones democráticas, en la actualidad se han impulsado formas no menos agresivas para tomar por asalto esa institucionalidad.

Guardando las apariencias democráticas, se trata en la mayoría de los casos, de manipular los procesos electorales controlando las autoridades electorales, eliminando de hecho la oposición, o perpetrando abiertos fraudes. Se trata asimismo de tomar el control de los otros poderes, asegurándose amplias mayorías parlamentarias, que autoricen cualquier capricho del Ejecutivo; o bien se trata de conformar poderes judiciales y ministerios públicos serviles, que se olviden de su independencia y función contralora, dando con sus resoluciones apariencia de constitucionalidad o legalidad a toda clase de tropelías y abusos.

En este último supuesto, cuando de controlar el Poder Judicial se trata, en todos los países de la región es más que evidente los esfuerzos de grupos de influencia y político-partidarios por manipular los nombramientos de las cúpulas y demás cargos en la judicatura y el Ministerio Público. De nuevo se observa con claridad todo tipo de maniobras para revestir estos procesos de una cierta apariencia de objetividad y tecnicismo, cuando en realidad se imponen criterios partidarios o, peor aún, criterios contaminados por loa intereses de sectores delictivos y corruptos que buscan impunidad.

En ese desventurado contexto, no es de extrañar las malas -a veces pésimas- calificaciones que reciben nuestros sistemas de justicia cuando son evaluados por organismos globales o regionales. Con alguna ventaja de Costa Rica en estas evaluaciones, pues aún se reconoce cierta capacidad de resistencia y fortaleza institucional, el resto de los países de Centroamérica exhiben cifras y posiciones muy negativas en aspectos fundamentales como respeto a los derechos humanos, acceso a la justicia, control a los gobernantes, o eficiencia y eficacia del Estado de Derecho en su conjunto.

Compartido con SURCOS por el autor.

1 Costa Rica nunca se adhirió a este organismo y el tiempo se ha encargado de exhibirlo como un cascarón burocrático ineficiente o peor aún, refugio de políticos en busca de impunidad.

2 (Pérez Manrique, Ricardo C; Juez Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; Informe Anual 2023).

ASIDEHU articula esfuerzos en derechos humanos y migración mediante proyectos y la Mesa de Diálogo

Jhoswel Antonio Martínez, en representación de la organización ASIDEHU, presentó el trabajo que se realiza en articulación con el TCU-738 de la Universidad de Costa Rica. En su exposición destacó que ASIDEHU es una organización sin fines de lucro que, desde la interculturalidad, se dedica a la observancia, defensa y promoción de los derechos humanos de personas en situación de vulnerabilidad.

La organización brinda acompañamiento en asesoría legal y migratoria, atención en salud física y mental, acceso a educación, alimentación y capacitación, así como apoyo económico en casos de extrema pobreza. Entre sus objetivos se encuentran la defensa jurídica, el estudio e investigación de necesidades sociales, la formación en derechos humanos, la promoción de valores cívicos y democráticos, y la organización de acciones humanitarias para atender a poblaciones vulnerables.

Uno de los ejes destacados fue la Mesa de Diálogo sobre Migración y Refugio (MDMR), convocada por ASIDEHU como un espacio de articulación entre organizaciones que trabajan con población migrante, solicitante de refugio, refugiada, desplazada forzada y apátrida. Según explicó Martínez, este espacio busca incidir en políticas públicas mediante dinámicas de interacción y estrategias conjuntas, privilegiando la pluralidad y la horizontalidad en la toma de decisiones.

Asimismo, se expusieron campañas de acceso a derechos humanos e información para personas migrantes, con materiales en diversos idiomas como español, miskito, inglés y mayagna, difundidos mediante redes sociales y medios de comunicación. Estas iniciativas buscan atender la falta de información específica y acercar los procesos de refugio y otras categorías migratorias a las comunidades.

ASIDEHU también ha sostenido acuerdos con la Unidad de Refugio de la Dirección General de Migración y Extranjería, que permiten apoyar a personas con dificultades de lectoescritura en el llenado de formularios de solicitud, así como capacitar a estudiantes en trabajo de campo y brindar asesoría en espacios comunitarios e iglesias.

En el ámbito legislativo, la organización impulsa procesos de incidencia y reforma en materia migratoria. Martínez indicó que existen contactos y propuestas concretas que se canalizan en coordinación con grupos de trabajo en la Asamblea Legislativa.

De esta manera, ASIDEHU fortalece su papel como actor clave en la defensa y promoción de los derechos humanos, articulando esfuerzos académicos, sociales y políticos en beneficio de las personas migrantes y refugiadas en Costa Rica.

Soberanía y autodeterminación en Latinoamérica: un debate sobre la neutralidad costarricense en Alternativas

El Colectivo Reflexión – Acción ha organizado un panel de discusión en vivo para abordar el tema de la soberanía y la autodeterminación en el contexto latinoamericano, frente a la agresión sistemática del aparato militar industrial de los Estados Unidos y sus gobiernos aliados. El evento también plantea preguntas clave sobre la neutralidad costarricense como instrumento para la paz, la vigencia del Pacto de los Derechos Humanos de 1966 y la Carta de las Naciones Unidas, y las formas de reaccionar y actuar ante esta coyuntura.

El panel contará con la participación de destacadas personas expertas:

  • Valeria Rodríguez Quesada, licenciada en derecho por la Universidad de Costa Rica (UCR) y bachiller en relaciones internacionales por la Universidad Nacional (UNA). Es investigadora en género, ambiente, derechos humanos y medio oriente, y cursa una maestría en género en medio oriente y el mundo en la Universidad de Exeter (Reino Unido) y en el Instituto Al Minbar (Marruecos).

  • Óscar Barrantes Rodríguez, quien ha realizado estudios en ciencias sociales, filosofía, geografía y sismología. Es analista, con militancia comunista e internacionalista. Forma parte del Círculo Bolivariano Yamileth (CBYLO) y es integrante del Movimiento de Solidaridad Amor por Cuba – Costa Rica (MSACCR) y del Centro Popular Costarricense de Estudios Sociales (CPCES).

  • Ricardo Segura Ballar, miembro de la Comisión Nacional de Enlace del Bloque Unitario y Sindical Costa Rica.

  • Cecilia Jiménez Arce, máster en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Autónoma de México y licenciada en sociología y trabajo social por la UCR. Es presidenta y fundadora de ODEHU, fundadora de varios sindicatos y formó parte de la inscripción del Frente Popular.

El evento se realizará en vivo el 19 de septiembre de 2025, a las 18:00 horas (-6 UTC). Podrá seguirse a través de GUANACASTE – RADIO, RADIO 506, ONDAS 106.1 FM, SOBERANÍA – REVOLUCIÓN y ALAJUELITA RADIO. El programa promueve el lema «Pensar libremente para la acción y la soberanía».

Psicología y genocidio – el aporte de Robert Jay Lifton

El Núcleo de Investigación y Acción en Psicología y Violencia invita a la presentación “Psicología y Genocidio: el aporte de Robert Jay Lifton”, a cargo del expositor Ignacio Dobles Oropeza.

La actividad es abierta al público interesado.

Sociología Jurídico-penal – Lecciones de Teoría y Práctica Criminológica

José Manuel Arroyo Gutiérrez
25 de setiembre de 2024*.

Palabras en la presentación del libro

El libro que les ofrezco es una especie de ajuste de cuentas mío con el Derecho y la Justicia. Pero he procurado que no sea un ejercicio individual o ego-centrado, sino por el contrario, un testimonio en contra de esa idea que cunde en nuestros aciagos días, que ensalza al individualismo y sus supuestos logros meritocráticos, que llama a la lucha de todos contra todos y al sálvese quien pueda. Este es un libro que homenajea a los líderes del pasado que construyeron la educación pública, a todo nivel, a la que tuve posibilidad de acceder; a la ayuda económica que obtuve en la secundaria y como asistente en la Universidad; a todo lo que aprendí de mis maestras y maestros; y a todo lo que aprendí también durante cuatro décadas, de mis inteligentes, contestatarios y críticos estudiantes; es el resultado asimismo de quienes fueron mis maestros en la judicatura y la academia, los doctores Luis Paulino Mora Mora, Daniel González Álvarez, Mario Houed Vega, Fernando Cruz Castro, Sonia Picado Sotela, Wálter Antillón Montealegre, Elías Carranza Lucero, y otros que cometo la injusticia de no mencionar; así como los colegas jueces, letrados y asistentes en la labor de impartir justicia. Quien cree que todos sus logros son el resultado de su único esfuerzo y talento, y ebrio de prepotencia obra en consecuencia, se olvida que, como nos lo recuerda el sociólogo francés Bernard Laire, el concepto de individuo es una abstracción metafísica, inexistente, el ser humano es esencialmente el resultado de lo que hace o deja de hacer con-los- otros y, todo lo que pierde o gana en el camino, va a ser mérito o demérito de quienes le acompañan en el viaje.

Ya nuestros generosos comentaristas se han referido a los aspectos básicos de este libro. No voy a reincidir en más cuestiones metodológicas, de estructuras o contenidos. Más bien, permítanme compartir con ustedes en esta tarde-noche una reflexión más personal, íntima si se quiere, del iter existencial que me ha llevado a dejar este testimonio por escrito.

La sabiduría del maestro abolicionista penal, el profesor holandés Louk Hulsman, nos puede inspirar e iluminar. Somos el resultado de nuestras experiencias existenciales; lo que meditamos se fragua en las vivencias que nos va ofreciendo la vida; biografía e ideología terminan siendo entidades estrechamente mezcladas e imbricadas. Una de las vivencias decisivas en la doctrina de Hulsman la refiere a ese momento en que, siendo todavía un niño, vivió la retirada del ejército nazi del suelo holandés, sin que aún hubieran tomado el control los ejércitos aliados. En ese interregno, aquel infante vivió la experiencia de un mundo momentáneamente sin Estado, sin Derecho ni derechos, sin obligaciones y sin policías preventivas o represivas, sin tutela de la vida, la propiedad, ni otros bienes jurídicos esenciales.

Aquella vivencia le enseñó a reflexionar sobre la relatividad de las leyes, a cuestionar las concepciones naturalistas o esencialistas del Derecho, y a contrario, su naturaleza fundamental como expresión de poder de quienes coyunturalmente tienen la fuerza o violencia oficial para imponerse; y finalmente, le abrió la posibilidad de soñar un mundo en donde fuera posible la resolución de los conflictos humanos, sin tener que recurrir al castigo propio del Derecho Penal, especialmente las penas corporales, la privación de libertad o la pena de muerte.

Así, todos los aquí presentes podemos hacer el ejercicio de reconstruir lo que nos ha definido como seres pensantes. Y en esta oportunidad me voy a permitir compartir con ustedes algunas de las experiencias que me marcaron indeleblemente y que definieron una trayectoria vocacional y una carrera que combinó la judicatura con la docencia, hasta querer plasmar esa trayectoria en el libro que hoy presentamos. Son cuatro breves anécdotas, pero determinantes en mi biografía.

1. El taller de juguetes.

Pocos años después de los hechos bélicos del 48, a mediados de los años cincuenta, a mi padre lo nombraron Primer Comandante de la Penitenciaría Central en San José, el equivalente a un director de Centro de Atención Institucional de Adaptación Social actual. Los días domingos se hizo costumbre familiar almorzar en el comedor para empleados de ese centro carcelario. Después, también se hizo costumbre llevar a aquellos hijos del Jefe al taller donde los presos construían juguetes como maromeros, camiones de carga, trompos, yoyos, matracas, entre otros. Para mí, aquel fue sólo un espacio mágico, lo más cercano a lo que años después pude ver en el taller de juguetes de Santa Klaus, en el imaginario fílmico de Walt Disney. La única diferencia constatable era que, en lugar de hombrecitos de cuento que ayudaban a preparar la Navidad, me tocó alternar con hombres rudos, acusados y condenados por todo tipo de delitos, que aliviaban su cautiverio con una actividad artesanal. Pero además, y ya pasados varios años después de esta anécdota, mi padre recibió con frecuencia la visita de algunos de aquellos ex presidiarios, casi todos con el estigma de “alta peligrosidad”, en la sala de nuestra casa, conversaban horas sobre todo tipo de temas, muchos se habían reivindicado y sobre todo, se habían convertido en buenas amistades familiares. No puedo dejar de ver que eran otros tiempos, otra Costa Rica, pero la experiencia perdura.

Las lecciones aprendidas fueron varias. Aquel campesino puriscaleño devenido en comandante de plaza, contra la tradición arraigada, se negó siempre a dar palizas a los indisciplinados, en lo posible dispensó un trato humanitario a los presos, se ganó su respeto y aprecio, y trató a aquellos delincuentes con mucha liberalidad, dando, por ejemplo, permisos de salidas temporales que le trajeron no pocos problemas cuando no regresaban. Pero en el fondo, la lección aprendida fue que era posible creer en el lado humano de los caídos en desgracia, era posible reivindicar o rescatar a las personas, y era posible aspirar a un sistema penitenciario respetuoso de los derechos fundamentales. Y todo aquello, sin haber conocido las teorías sobre resocialización de Krause, Dorado Montero o Concepción Arenal. Puro sentido común humanitario, puro compasión cristiana, y pura inteligencia de alguien que, como mi padre, salió del campo al Congreso de Diputados, pero también a lidiar con uno de los problemas sociales más álgidos de todas las épocas, el duro y violento mundo de las prisiones.

2. Un desventurado accidente.

Un desventurado accidente con un arma de fuego, también en la niñez temprana, hizo florecer en mi espíritu una profunda aversión hacia las armas, los militares, las guerras. Un marcado pacifismo, una admiración sin límite a Tolstoi, Gandhi y Luther King y todo ideario que promoviera la solución pacífica de los conflictos, de la mano del derecho, como no, y abominando la opción de arreglar esas diferencias a golpes o a balazos. Cuando vemos cómo la sociedad estadounidense se desangra por el uso irrestricto de armas de fuego, cuando constatamos mediante investigaciones especializadas que en esa misma sociedad mueren más personas por atentados y accidentes con armas, que en hechos de defensa propia, vuelve a aparecer la urgencia impostergable de restringir, por medio de las leyes, esos dispositivos de muerte para asegurar una convivencia pacífica y un futuro más seguro a las próximas generaciones. Un país civilizado es el que permite las armas sólo a sus cuerpos policiales y con un uso debidamente reglamentado para casos extremos.

3. La opción por el más débil.

Me tocó vivir la transición de la chiquillada jugando en la calle, antes de que la televisión y la luz de su pantalla nos hipnotizaran para siempre. Eran los tempranos años sesenta del siglo pasado. Sobre todo, cuando venían las largas vacaciones escolares, ocurrían experiencias extraordinarias. En la ciudadela de Hatillo No. 1 de aquellos tiempos, había una pareja de gemelos, no idénticos, los hermanos Blanco. Lo cierto es que este par de hermanos, con gran liderazgo, convocaban a las hordas desocupadas a un juego peligroso en las calles de aquel floreciente Hatillo, en el que todas las casas eran nuevas y casi toda la gente era joven. Lo cierto es que había que apuntarse con uno de los gemelos a bandos en contienda. Había que construir cuarteles, ranchos hechos de palos, ramas, zacate seco. Había que conquistar el cuartel enemigo, sobre todo haciendo uso de lanzas, flecas, pedradas. Pero he aquí que aquella dinámica bélica escondía una perversa truculencia: alrededor del gemelo más alto y fornido se congregaba la inmensa mayoría de los chiquillos y, los que en un gesto casi suicida nos adheríamos al gemelo más débil y esmirriado, quedábamos en franca minoría y condenados a morder, literalmente, el polvo de la derrota. No hace falta decir que la batalla duraba poco. Librados por milímetros de que un flechazo o pedrada nos mandara al hospital, el bando del gemelo debilucho corrió en desbandada, vio cómo ardía su cuartel y buscó refugio en los delantales seguros, de las distraídas madres.

Las lecciones de vida fueron fundamentales. Todavía no me explico de donde sale esta compulsión por apoyar a los más vulnerables, esta vocación de construir equilibrios, este afán, en fin, de justicia. No lo pude aclarar siquiera con años de psicoanálisis. Aquellas vivencias me prepararon, eso sí y para bien, a dar las batallas que escogía, preparado no para asegurarme un triunfo poniéndome a priori del lado con más fuerza, sino al contrario, preparado para perder mil veces, si fuera necesario, hasta asegurarme un poco de equidad y justicia en el mundo que me tocó vivir. Culminación de estas enseñanzas es que tampoco he pensado como piensan las mayorías, me ha tocado perder y ganar en este plano, y me ha corroído más el dolor de las dudas que el alivio de las certezas, pero en todo caso, sabiendo siempre que mi modo de pensar no va a ganar con facilidad elecciones generales.

4. ¡Alcoa No!

Era la tarde del 24 de abril de 1970. Llevaba puesta una boina para cubrir la cabeza recientemente rapada en el ritual de iniciación de ingreso a la Universidad de Costa Rica, según era tradición entonces. Una multitud de jóvenes colegiales y universitarios nos concentrábamos frente a la Asamblea Legislativa gritando al unísono ¡ALCOA NO! Se estaba dando el último debate para la aprobación de una figura jurídica sui generis: un contrato-ley entre el Estado costarricense y una empresa minera transnacional. Los acontecimientos se fueron dando súbitamente. La multitud intentó entrar al recinto parlamentario, las fuerzas de seguridad se lo impidieron, algunos manifestantes empezaron a jalar las alfombras rojas del pasillo de ingreso, otros comenzaron a volar pedradas contra los ventanales y alguien desconectó el interruptor de energía del edificio. Para entonces ya la policía había comenzado a usar sus porras, detener cabecillas y lanzar las primeras bombas lacrimógenas. Sin ninguna vocación heroica ni de martirio, -ya saben que no era la primera vez que corría en mi vida- comencé la estampida siguiendo el sabio consejo quijotesco de retirar no es huir, en medio de una multitud, Cuesta de Moras abajo, hasta ponerme a salvo.

Entre las enseñanzas de esta vivencia juvenil, la intuición de que el derecho gravita fuertemente, para bien y para mal, en toda comunidad humana; la curiosa figura jurídica de un contrato-ley que había que entender y cuestionar; la defensa de la soberanía nacional; los primeros atisbos de la necesaria invención de un derecho ambiental; y la impostergable prohibición de una explotación minera salvaje, a cielo abierto. Aquél fue mi bautizo político y la juventud costarricense tuvo su mayo en París del 68 y su Tlatelolco, México, también en ese mismo año. Luego vinieron años de estudio y activismo dentro del movimiento estudiantil de aquellos setentas llenos de organización y discusión política, noches y madrugadas para preparar exámenes, y al final, la inserción al mercado laboral en la judicatura y la academia. Pero para entonces, ya estaba forjada la brújela que me ha orientado, ya estaban fraguados los principios, las huellas y las cicatrices.

Este libro es sobre todo resultado de los apuntes que por años guardé de los cursos que impartí, en grado y posgrado, en la Universidad de Costa Rica y en la Universidad Nacional con sede en Heredia. Es una apuesta por encontrar una Sociología Crítica que, con el horizonte de los Derechos Humanos, le dé un rol a lo jurídico, en un avance constante para la conquista y consolidación de más derechos para todas y todos, más allá de si podemos, a corto o mediano plazo cambiar radicalmente el mundo, a través de políticas anti-sistema, estrategia que no parece estar a la vuelta de la esquina.

Este libro es también una apuesta por una Criminología Crítica que nos permita comprender la violencia criminal y todas las demás formas de violencia social, como un desafío en el que, según las respuestas que demos, aliviaremos o agravaremos los conflictos, asimetrías e inequidades de las sociedades actuales. Por siglos, la Criminología tradicional se ha ocupado en demasía del delito y el delincuente común, o más recientemente de formas de criminalidad más complejas como el cuello blanco o el crimen organizado. Pero muy poco se ha reparado en los más grandes crímenes de la modernidad: las guerras de conquista, el colonialismo, los genocidios, las estrategias de exterminio étnico y cultural, los crímenes de género o los crímenes contra la madre tierra, que un discurso criminológico renovado y crítico debe abordar.

Con este marco teórico, el libro aborda en tres ensayos, lo que ha sucedido en Costa Rica entre 1990 y el 2020. Hay una especie de imagen o retrato del país en el Capítulo III. En el Capítulo IV se da un seguimiento a la principal evolución de la legislación nacional en materia penal sustantiva, procesal penal, penitenciaria y leyes acordes con el modelo de economía de mercado que, a sangre y fuego, se nos ha querido imponer. Por último, en el Capítulo V, se ha querido resumir la principal jurisprudencia constitucional penal de este mismo periodo, donde pretendo demostrar, la hipótesis central de todo el trabajo: la transición en Costa Rica de un modelo de Estado Social de Derecho hacia un modelo de libre mercado, no sólo ha lesionado la institucionalidad democrática y agravado los indicadores de inequidad en el país; sino que ha echado mano al fortalecimiento del sistema punitivo como mecanismo de fuerza para tratar de paliar las asimetrías, desigualdades e inequidades que ese mismo régimen ha engendrado. Cuando a alguien se le ocurre levantar carpas en los centros penitenciarios –y esto es tan reciente que no está en el libro- para atender el problema de sobrepoblación penal, lo que tenemos al frente es una confesión de fracaso; un modelo fallido de sistema socio-económico que no ha podido resolver qué hacer con “los que sobran” en esta sociedad, un régimen que no sabe qué hacer con “la excedencia” de la que nos habla De Giorgie.

En fin, este libro es por último una apuesta por el principio de Razón. La Razón y las buenas razones como única fuente de legitimidad política de la actuación de las autoridades públicas en un Estado de Derecho. En tiempos en que se pretende alzar la voz y golpear la mesa como modelo de comunicación entre las personas; en una época en que los discursos de odio, miedo y discriminación ganan elecciones; en una época en que el eficientismo neoliberal pretende arrasar con instituciones y controles, el principio de Razón, esencia del derecho, se vuelva cada vez más necesario e imprescindible.

Muchas Gracias.

*Esta presentación se realizó hace un año, en setiembre del 2024.

Viva Palestina Libre. ¡Por el derecho a una patria, por el derecho a La Paz!

Viva Palestina Libre
¡Por la vida!
Por las niñas y niños en Gaza
¡Por el derecho a una patria, por el derecho a La Paz!

Macarena Barahona Riera

A 80 años de la explosión de la bomba atómica por Estados Unidos, en su conmemoración se levanta el significado de la Paz, la reflexión fundamental de la humanidad y el reto contemporáneo de poner fin a los bombardeos genocidas del gobierno de Israel a la nación Palestina.

Desde el 8 de octubre de 2023, el ministro de Salud de la Franja de Gaza publica que hasta el 6 de julio de 2025, 57.418 palestinos han sido asesinados, la mayoría civiles. La invasión destructora de la franja de Gaza ha dejado una huella devastadora en la niñez, se estima que al menos 50,000 niños y niñas han muerto resultado de heridas con un número creciente de personas al borde de la inanición, según Unicef. Más de medio millón de personas en Gaza están atrapadas en una situación de hambruna, mientras el acceso a alimentos, agua y asistencia médica sigue bloqueado.

Los horrores de la guerra dejarán una huella traumática permanente para todos los niños y las niñas, Unicef continúa sus operaciones de emergencia, pero los trabajadores humanitarios sólo podrán brindar ayuda a los niños y niñas si disponen de circulación segura y sin restricciones a lo largo de toda la franja.

El acceso humanitario pleno y un alto al fuego inmediato son las únicas salidas posibles. La infancia tal como la conocían y la conocemos nosotros ha dejado de existir.

Nos solidarizamos con el pueblo palestino, admiramos su resistencia, sus valores ante la vida y por la paz.

Admiramos la firmeza ante el ejército agresor, sus convicciones espirituales, la resiliencia de los hombres y mujeres, de sus jóvenes, de los adultos, de una niñez que sobrevive con su alegría y esperanza.

El asedio a Gaza, emula a la resistencia de Numancia ante un imperio invasor, sus niños, víctimas de nuevos Herodes representantes de imperios y poderes devastadores.

El futuro peligra en la fragilidad de sus habitantes y resistencias.

En el pueblo palestino encontramos la esperanza humana contra el fascismo, la barbarie, la destrucción de los derechos humanos, las políticas y la lógica neoliberal de la soledad y la individualidad.

Las manifestaciones a favor del pueblo palestino en tantos países del mundo han hecho renacer más esperanzas de paz y justicia, nosotros continuamos y nos unimos a este clamor de admiración de su lucha por su Republica, por sus vidas, por su territorio, por su pasado, su historia y su futuro. Una lucha por lo mejor de la humanidad: la dignidad y la libertad.

¡Nos unimos al clamor de millones de voces y conciencias del mundo para el pueblo palestino, para un alto a la barbarie del gobierno israelí, un alto al genocidio, a la invasión!

Millones se manifiestan en América Latina, en Norteamérica, en Europa, en China, en Siria, en Egipto, en Yemen, en Japón, en Australia, La Caravana Sumud viaja para romper el cerco.

Aquí estamos uniendo conciencias y voces al clamor universal contra el genocidio del pueblo palestino por el gobierno de Israel.

Estamos convencidos que la práctica que nos une es la resistencia, la resistencia es contrarrestar la progresión aparentemente inevitable del horror. Estamos nuevamente frente al acto del totalitarismo que nos lleva al colapso de la civilización. Admiramos profundamente a la niñez palestina, heredera de un futuro de libertad y territorio, la niñez en Palestina nos habla a través de sus canciones sus danzas sus ruegos sus plegarias los vemos en imágenes que conmueven, y los sentimos cerca, aquí como en nuestra casa.

Las y los costarricenses decimos NO al Tratado de Libre Comercio con el Estado genocida de Israel, los y las costarricenses suscribimos la Carta Internacional de los Derechos Humanos, los defendemos aquí y en cada uno de los ciudadanos palestinos.

¡Por La Paz del pueblo palestino! ¡Alto al asedio a Gaza! ¡Alto al genocidio!

¡Viva Palestina libre! vivan las niñas y niños palestinos!

Elizabeth Odio Benito recibe homenaje de la Sede del Pacífico UCR

La Sede del Pacífico de la Universidad de Costa Rica, en coordinación con el Foro de Mujeres en Política, rindió homenaje a la Dra. Elizabeth Odio Benito, destacada jurista internacional, académica y defensora de los derechos humanos.

Durante la actividad, se reconoció su extensa trayectoria en la vida nacional e internacional, donde ha ocupado cargos como académica de la Universidad de Costa Rica, ministra de Estado, vicepresidenta de la República, jueza en tribunales internacionales y presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El acto resaltó el papel de la Dra. Odio Benito como promotora de la igualdad de género y su influencia para inspirar a nuevas generaciones de mujeres a levantar su voz y asumir espacios de liderazgo en la sociedad, la academia y la política.

Fuente: https://www.facebook.com/share/1W88LJPFre/

Poesía por Palestina: recital en solidaridad con la niñez gazatí

El próximo 9 de septiembre de 2025, a las 7:00 p.m., se realizará en El Lobo Mestizo el recital: Poesía por Palestina, un encuentro literario y cultural que busca alzar la voz en solidaridad con la niñez gazatí.

El espacio contará con la participación de destacadas y destacados poetas como María Montero, Arabella Salaverry, Laura Contreras, Mauricio Molina, Paola Valverde, Shirley Campbell, Marianela Sáenz, Dennis Ávila, Valeria Varas, Leo Madriz y Nidia González. Además, la actividad tendrá como invitada especial a Wajiha Sasa, Cónsul Honoraria de Palestina en Costa Rica.

El recital es convocado por Palabras Viajeras, Carmen Lyra, Cartonera Tica y Lobo Mestizo, colectivos y espacios culturales que se unen para visibilizar la realidad de la niñez palestina, tejiendo puentes desde la poesía y la resistencia cultural.

Organizaciones de mujeres contra TLC con Israel y en solidaridad y defensa del pueblo palestino

Agosto del 2025.

Organizaciones de mujeres, nos manifestamos en contra de la firma del Tratado de Libre Comercio con el gobierno de Israel y en solidaridad y defensa del pueblo palestino.

Denunciamos y rechazamos rotundamente el proceso en curso para la firma de un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre los gobiernos de Costa Rica e Israel, impulsado por el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) desde marzo de 2023 y respaldado públicamente por el presidente Rodrigo Chaves.

Este TLC avanza mientras organismos internacionales, académicos y activistas denuncian crímenes de guerra y actos de genocidio contra el pueblo palestino, así como la ocupación ilegal de sus territorios. En junio de 2025, voces de la sociedad civil y de la Universidad de Costa Rica advirtieron que aprobar este tratado haría a nuestro país cómplice de tales crímenes.

Costa Rica, nación que abolió su ejército y se ha presentado al mundo como defensora de la paz y los derechos humanos, no puede estrechar lazos comerciales con un Estado señalado por graves violaciones al derecho internacional humanitario.

Las mujeres y las niñas sufren de manera particular este conflicto, tal como lo señala ONU Mujeres en un comunicado de julio de 2025: “Más de 28.000 mujeres y niñas han sido asesinadas, la mayoría de ellas son madres que han dejado a sus hijos y adultos mayores sin protección ni cuidados. Las mujeres soportan embarazos sin comida ni atención médica. Un millón de mujeres y niñas en Gaza se enfrentan al hambre masiva, la violencia y los abusos. Se enfrentan a la imposible elección entre morir de hambre en sus refugios o aventurarse a salir en busca de comida y agua, con el riesgo extremo de ser asesinadas”.

Numerosas manifestaciones al interior del Estado de Israel piden ya detener la avanzada de guerra emprendida por su gobierno contra el pueblo palestino; sobre todo, madres que no quieren perder a sus hijos en la guerra han integrado colectivos como Madres contra la ViolenciaMujeres de Negro101 Madres de Blanco y Mujeres por la Paz.

Más allá de sus posibles efectos económicos o comerciales, lo que está en juego es el sentido político de este tratado: un pronunciamiento que nos coloca del lado de un gobierno que normaliza la ocupación, el asedio y la violencia contra la población palestina.

Las mujeres del mundo hemos estado siempre en las primeras líneas de lucha por la paz, contra el armamentismo y la guerra. Nos solidarizamos con las mujeres palestinas en su lucha incansable por la supervivencia de su pueblo y, junto a ellas, exigimos el cese inmediato de la guerra.

Exigimos:

  • Suspender de inmediato la negociación y cualquier paso hacia la firma o ratificación del TLC con el gobierno de Israel.
  • Una posición oficial clara y coherente de Costa Rica en defensa de los derechos humanos y del derecho internacional.
  • El fin de toda acción diplomática, comercial o política que legitime el genocidio y la ocupación.

Porque creemos en la paz, no en la guerra.
Porque sabemos que el pueblo judío puede transformar sus dolores históricos en compasión humana.
Porque toda vida humana cuenta.

Llamamos a todas las organizaciones, colectivos y personas comprometidas con la justicia y la dignidad humana a alzar la voz, a movilizarse y a exigir que Costa Rica no sea cómplice de crímenes de lesa humanidad.

Organizaciones que suscriben este manifiesto

Colectivo Mujeres Por Costa Rica

Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres

Alianza Latinoamericana de Mujeres con Discapacidad