El Observatorio para la Acción Contra el Racismo le invita el próximo miércoles 06 de julio a las 4:00 p.m. a la conferencia magistral llamada “Mestizaje y racismo en América Latina”, a cargo de la Dra. Mónica Moreno Figueroa, Associate Professor de la Universidad de Cambridge quien visitará la Universidad de Costa Rica durante la primera semana de julio de 2022.
La conferencia contará con un espacio presencial en la Sala de Audiovisuales de Facultad de Ciencias Sociales en el 1er piso, y también con transmisión virtual por medio del Canal WebTV de la Facultad de Ciencias Sociales y por medio de las redes sociales: @ObcraUCR y el Centro de Investigaciones Antropológicas: @cianucr.
El día miércoles 1 de junio de 2022, 18 organizaciones feministas se unieron para emitir un comunicado, mediante el cual manifestaron su absoluto rechazo a la revisión de la norma técnica vigente que regula el aborto terapéutico. Esta revisión fue anunciada por Joselyn Chacón, Ministra de Salud, posterior a la reunión sostenida entre el Poder Ejecutivo y miembros de la Conferencia Episcopal el día 19 de mayo. Según el comunicado, esta reunión fue excluyente porque no se invitó a representantes y organizaciones de la sociedad civil que por años han reclamado un espacio en la agenda política para defender los derechos sexuales, reproductivos y de salud de las mujeres y personas gestantes.
Asimismo, se hace un llamado a cumplir con el marco normativo internacional que insta a los Estados a respetar y garantizar el cumplimiento del derecho de la salud de las mujeres. La Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención de Belém do Pará y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Violencia contra la Mujer, son parte de los tratados de los que Costa Rica es firmante.
Citan el caso de Ana y Aurora, dos mujeres costarricenses a las que se les negó el acceso a un aborto terapéutico por tener embarazos inviables, y que durante este proceso sufrieron maltrato y violencia por parte del Estado. Actualmente ambas llevan un proceso de denuncia contra el Estado costarricense en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La violencia vivida por estas mujeres es un recordatorio de que la obstaculización por parte del Estado para acceder a procedimientos como un aborto terapéutico, representa daños inimaginables en la vida de estas personas y como bien lo manifiesta el comunicado, cualquier intento de retroceder en materia de derechos humanos es alarmante, aún más cuando surgen desde una posición dogmática y no de evidencia científica.
Para leer el comunicado completo, puede consultar las imágenes adjuntas.
El 3 de junio pasado, Gerardo Picado Ramírez, de 45 años, trabajador de la empresa Palma Tica, se trasladaba junto a otros trabajadores en una carreta de la empresa. Según información recabada por una radio local cuando el tractor subía la Cuesta de Tinoco de Osa se le soltó el pin de enganche y la carreta se fue para atrás.
Giorgio Trucchi
En el accidente perdió la vida Picado Ramírez, mientras que otros trabajadores sufrieron golpes de diferente entidad.
“Se trasladaban de finca 6 a finca 11 de Palmar Sur, recorriendo la Carretera Interamericana Sur Ruta 2, cuando ocurrió el accidente. Nos solidarizamos con la familia del compañero y con los otros trabajadores que quedaron golpeados.
De igual manera hacemos un llamado a las autoridades institucionales y a Palma Tica, para que investiguen y esclarezcan las causas del accidente”, dijo a La Rel, Dania Obando, secretaria general del Sitrapa1.
¿Una tragedia evitable?
En agosto del año pasado, el Sitrapa lanzó un grito de alarma por el deplorable estado de las carretas que Palma Tica SA, que pertenece a Grupo Agroindustrial Numar, usa para el transporte del personal.
“Hemos reportado al Departamento de Salud Ocupacional y a Recursos Humanos lo grave de esta situación, al tiempo que hemos denunciado internacionalmente, con fotos y videos, las condiciones en que se trasladaban los trabajadores.
Agujeros en el piso, sin luz, una vergüenza. Nunca nos hicieron caso. Tampoco las autoridades del trabajo respondieron cuando pedimos una inspección para analizar esta y muchas otras problemáticas que vivimos”, manifestó Obando.
La dirigente sindical explicó que se trata de carretas haladas por tractores que tienen que hacer recorridos bastante largos y en calles de piedras, trasladando a mucha gente y a las herramientas de trabajo.
Vigilar sobre su buen estado, reparar de inmediato cualquier desperfecto y adquirir nuevas carretas es fundamental para prevenir posibles accidentes y desgracias.
“Como escribimos en el comunicado que firmamos junto a Fentragh2, es urgente que quien administra Palma Tica impulse un programa de mantenimiento preventivo y correctivo para las carretas. Sólo de esta forma podemos reducir los riesgos y accidentes de trabajo”, advirtió Obando.
“De igual manera, las autoridades del trabajo deben tomar en serio las denuncias que hemos venido haciendo, porque al final los que sufrimos somos las y los trabajadores”, concluyó.
Más de 13 balazos impactaron un vehículo de la Asociación de Desarrollo Integral (ADI) del Territorio Indígena Cabécar de Bajo Chirripó Matina
Este ataque amenazó la vida de más de 17 personas que venían en auto
Al igual que muchas comunidades que celebraron a nivel internacional el Día Mundial del Ambiente, la comunidad cabécar de Bajo Chirripó realizó, junto a otras comunidades cabécares de la provincia, un encuentro regional de mujeres indígenas en la comunidad de Namaldi de Matina Limón, en donde disfrutaron de una feria de artesanía, gastronomía, actividades deportivas, y otros eventos más.
La feria se desarrolló con toda normalidad y disfrute durante el fin de semana. No fue hasta el regreso en la noche del domingo, cuando las personas de las comunidades se devolvían en distintos transportes, que el vehículo propiedad de la ADI fue atacado con armas de fuego por individuos desde una loma cercana a la carretera, impactando el vehículo con 13 disparos.
El presidente de la ADI, Adrián Sanabria Payán, conducía el vehículo y narró que en primera instancia sintió como un desperfecto mecánico y se disponía a parquear. Por suerte, las personas que lo acompañaban que iban en el cajón, le advirtieron que se trataban de disparos y que debía acelerar para salir del alcance de los atacantes.
“Por milagro nadie salió herido o asesinado”, aseguró el presidente de la ADI, organización que interpuso las denuncias al 911 y ante el OIJ el día de ayer para recabar pruebas del suceso.
Contexto. En diciembre pasado, Leonel García Segura, dirigente indígena de Bajo Chirripó en Matina, fue brutalmente agredido, dejándolo internado en cuidados intensivos durante dos semanas en el Hospital de Limón.
A mediados de febrero, Leonel, por medio de un video denunció nuevamente amenazas de muerte para él y su yerno, testigo clave del brutal ataque. En aquel momento, Leonel asegura que el padre e hijo de apellido León son los responsables de las amenazas y uno de ellos siendo responsable del ataque que le hicieron a su persona. Leonel ha advertido “que me van a matar, que iban a darme dos meses de tiempo y al testigo también que lo quieren callar”. No es la primera vez que este sujeto de apellido León amenaza a Leonel. También ha procedido a amenazar de muerte a otros dirigentes comunitarios, además de haber deforestado y cazado ilegalmente dentro del territorio indígena (Bloqueverde, 16-2-22).
En el 2020, la ADI interpuso una denuncia contra el agresor ante tribunales por “tenencia irregular de tierras por un no indígena”, y el juicio se realizará hasta agosto del presente año. Sobre este caso, el Juzgado Agrario del I Circuito Judicial de la Zona Atlántica, emitió, en agosto recién pasado, una medida cautelar en contra del usurpador de apellidos León Gómez para frenar la “corta de árboles, construir otra cerca e introducir más ganado hasta tanto se resuelva el caso” (Voto 2021000200).
Desde BLOQUEVERDE y La Coordinadora de Lucha Sur Sur, hacemos un llamado a las autoridades para que actúen antes de que vuelva a correr la sangre. Al mismo tiempo que solicitamos a la fiscalía, OIJ e instancias judiciales respectivas a realizar las investigaciones y diligencias para establecer los responsables de este atentado. Al mismo tiempo, se exige garantizar la protección de la vida de Leonel García y su familia, por quienes tememos que sufran un nuevo ataque.
Informes con Adrián Sanabria Payán, presidente de la Asociación de Desarrollo Integral (ADI) del Territorio Indígena Cabécar de Bajo Chirripó Matina, tel: 85445524 o también coordinadoradeluchass@gmail.com y bloqueverde@gmail.com
Este 4 de junio de 2022, el Sindicato Industrial de Trabajadores y Trabajadoras de la Palma Africana y Afines (SITRAPA) emite un comunicado donde expresan su solidaridad con las personas allegadas a Palma Tica S.A tras el fallecimiento de uno de sus trabajadores en un accidente ocurrido en Tinoco de Puntarenas. Asimismo, se realiza un llamado a que esta empresa investigue los hechos.
Esto así, ya que en reiteradas ocasiones previas al fatal hecho, se han realizado denuncias acerca del mantenimiento de las carreteras en las que cotidianamente se movilizan personas trabajadoras en orden de salvaguardar la salud, la integridad física y hasta la vida de quienes laboran. Sin embargo, las empresas han manifestado un interés mínimo ante los reclamos hechos por asociaciones sindicales.
Por ende, se exalta la necesidad de generar programas de prevención y mantenimiento de las carreteras utilizadas por los empleados y las empleadas de Palma Tica S.A para reducir el riesgo de accidentes que puedan surgir como consecuencia de las malas condiciones de estas vías.
Si desea consultar el comunicado de SITRAPA, puede consultar la imagen adjunta.
Al conmemorar el 28 de mayo el Día Internacional de la Higiene Menstrual, el movimiento sindical debe reconocer que la menstruación es una función corporal natural que las mujeres y las niñas experimentan de diversas maneras y que puede agravar su exclusión de las sociedades debido a la ignorancia, los prejuicios y los tabúes. La falta de instalaciones sanitarias privadas y limpias, el dolor menstrual y otras molestias físicas relacionadas con la menstruación son otros factores que contribuyen a la posición desigual de las mujeres en el lugar de trabajo. La menstruación sigue siendo una barrera importante para la igualdad, ¡y esto no es aceptable!
Sobre la base de la resolución del Congreso de la UITA de 2017 de hacer de la menstruación una cuestión laboral y sindical, la UITA ha elaborado un breve documento político (disponible en inglés, español y francés) centrado en:
Cómo organizar acciones concretas en torno a la igualdad de la menstruación en el lugar de trabajo
Cómo crear un entorno de trabajo solidario e informado
Cómo negociar con los empresarios sobre la menstruación
Cómo participar en campañas nacionales cruciales
La presidenta del Comité de Mujeres de la UITA, Patricia Alonso, declaró: «No existe una solución única aplicable a todos los contextos, países y lugares de trabajo. Lo que sí es cierto es que los sindicatos deben asegurarse de que cualquier trabajo en torno a la menstruación no conduzca a la discriminación en la contratación o la promoción de las mujeres trabajadoras y no fomente ningún estereotipo de género”.
En el Foro Confluencia Solidaria, la Organización Carmen Lyra le invita a dar su criterio sobre el siguiente concepto de Dignidad.
“Hola! Iniciamos este foro con la siguiente intervención:
La dignidad es el valor de cada persona, un valor que no es monetario, ni material, ya que no puede ser intercambiable o transferido, sino que es intrínseco e inexpropiable, la dignidad es el derecho que posee cada ser humano de ser respetado tanto individual como socialmente. No se puede renunciar a la dignidad, como no se puede vivir sin agua. La dignidad es un elemento base para la humanidad. Hoy enfrentamos un modelo económico que impone ideas y formas donde la dignidad humana parece no tener lugar, enfrentamos tiempos en los que se despoja nuestra dignidad a través del avance permanente en la destrucción de la naturaleza y de las instituciones que han desarrollado a la sociedad costarricense. Defendemos una vida digna donde nadie esté por encima de nadie, indistintamente de su tipo de religión, de su condición económica, sus ideales políticos o su orientación sexual. Una vida donde se respeten los plenos derechos a la libertad y la autonomía de poder decidir, donde se respete la cosmovisión de las personas y los pueblos. Consideramos que es fundamental resguardar los recursos naturales que aún están protegidos y se deben de buscar las formas para poder mejorar todos los espacios que se han degradado; rescatar nuestro entorno es rescatarnos a nosotros mismos, ya que solo tenemos un planeta. Y no es justo que mientras algunas pocas personas acceden a un ambiente limpio en medio de fortalezas amuralladas, una gran mayoría vive sumida en contaminación permanente de los ríos, valles, montañas y playas. Sostenemos que no existe una vida digna sino existe la justicia en los diferentes espacios de nuestro territorio, no puede existir una vida digna mientras unos pocos ganan millones, no pagan impuestos y viven tranquilos; mientras por otro lado una gran mayoría de personas apenas subsiste con unos cuantos colones. Vivir con dignidad es tener acceso a una vivienda, a una alimentación saludable, a una educación de calidad, a tiempo de ocio y a un servicio de salud, sin importar la condición social, económica o geográfica que se tenga. Hoy mientras hay más de medio millón de personas en el país sin el acceso a un salario mínimo, recalcamos la necesidad de que dicha condición no justifica que las personas no tengan acceso a una vida digna.
¿Está de acuerdo con esta definición de Dignidad?
¿Qué otros elementos podrían sumarse a este texto para contar con una Vida Digna?”
Por Memo Acuña (sociólogo y escritor costarricense)
Son niños muy pequeños. Entre los dos no alcanzan siquiera 5 años, pero ahí están jugando a las escondidas detrás de las piernas de sus madres. Sus madres tampoco tendrán mucha edad, a lo sumo 24, 25 años cada una.
Observo lo que puedo observar, que es todo y nada a la vez. Minutos antes era tan sólo un salón dispuesto para esperar uno de los tres vuelos diarios que en promedio están llegando a Ciudad Guatemala con personas deportadas. Me comentan que la intensidad de estas llegadas ha crecido en las últimas semanas.
Son vuelos clasificados: unidades familiares, los que vienen de la ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EUA) y un tercero en el que devuelven, por decir lo menos fuerte, a aquellas personas migrantes interceptadas en el tránsito, generalmente en el desierto fronterizo entre Estados Unidos y México.
Se trata de vuelos comerciales en los que vienen en promedio 135 personas. Una y otra vez. Uno tras otro. Observo de nuevo a los niños que juegan y que a tan corta edad ya han sido categorizados por un régimen de administración migratoria, que los ha marcado con figuras jurídicas como si fueran adultos: son deportados.
Me encuentro en el Centro de Atención para Migrantes Retornados (CAMR) ubicado en las oficinas de la fuerza aérea guatemalteca, ubicadas en el lado opuesto a las instalaciones habituales donde llegan, transitan y se van cientos de miles de pasajeros diariamente, pero en otras condiciones. Yo soy uno de ellos.
Para aquellos habrá una salida dirigida, marcada con rótulos que la comunicación internacional aeroportuaria ha dispuesto en todos los aeropuertos del mundo: exit, custom, conexions. Las personas pasajeras se dirigirán a las bandas respectivas a retirar su equipaje luego de haber sorteado con éxito los trámites migratorios. Compraran algún obsequio. Llegarán.
Pero para quienes llegan de otra manera en los vuelos de los deportados no habrá más señalización que varios protocolos que deberán cumplir en los servicios de migración y salud, antes de cruzar por una única puerta que les indicará la entrada a una sociedad de la cual salieron semanas antes buscando un futuro mejor.
Tampoco pasarán por una sala a recoger su equipaje, porque no lo hay. Son llamados por número y sus pertenencias, reducidas a una bolsa negra, son entregadas sin demora.
Es una mañana fría y oscura. Le pregunto a Cynthia Loría, costarricense radicada en Guatemala hace muchos años y coordinadora de la organización Avina, que procura entre otras cosas la reinserción laboral de esta población retornada, si es posible hablar con una de las personas. Me dice que sí. Pero no me atrevo. No es el momento, pienso.
Es que llegan con sentimientos de frustración y desesperanza que se les ve y les cruza por el cuerpo. Por eso no considero oportuno interrumpirles. Pero si seguir observando imágenes fuertes como la de niños, niñas y mujeres calzarse sus zapatos a los que las autoridades migratorias estadounidenses les han quitado los cordones. “Los han despojado de su dignidad” pienso en voz baja mientras sigo observando a los dos niños jugar con total y absoluta seguridad. Ajenos a su condición y la de sus madres.
Semanas antes iniciaron una travesía vía terrestre con la esperanza de llegar y establecerse en Estados Unidos. No dimensiono su caminar, su travesía. No es posible para mi pensar que niños y niñas tan pequeños deban inscribir en sus biografías la narrativa de la movilidad como único proyecto posible.
Es una mañana fría de junio de 2022. A la pista del aeropuerto La Aurora en Guatemala ya han bajado dos vuelos “malditos”: el de las llamadas unidades familiares, en las que observo solo dos familias completas. Son en total 45 unidades de las cuales 43 son formadas por madres e hijos.
El otro vuelo, al que le llaman “el de la ICE” viene compuesto por 132 hombres y únicamente 3 mujeres. Son alineados en la pista antes de ingresar a cumplir los protocolos. En ese momento su desparpajo combinado con enojo por el proyecto fallido los hace un grupo intimidante: ¡Viva Guatemala! Gritan de forma Irónica; ¡tenemos hambre! Dicen algunos con total honestidad.
En este vuelo vienen varios hombres uniformados con vestimentas que la administración migratoria estadounidense les ha provisto, en una especie de acción correctiva que empieza por despojarles su identidad, su subjetividad.
Esa mañana en el vuelo de las unidades familiares el número de niños y niñas que ingresan es superior al de personas adultas: 68 y 57 respectivamente. Lo que significa no más ni menos la fractura absoluta que nuestras sociedades centroamericanas están presentando, hipotecando un incierto futuro.
Pocas observaciones participantes me han golpeado tanto como esta que comparto. Quisiera haber visto algo distinto pero la realidad es otra.
Me quedo con la imagen de los niños que juegan porque eso es lo que deben hacer los niños en un mundo como hoy. La esperanza en sus juegos debería ser declarada como tantas otras cosas intangibles un asunto de política pública.
Abogo por eso.
Imagen del Centro de Atención para Migrantes Retornados (CAMR), Fuerza Aérea de Guatemala. 2 junio 2022.
Imagen del Centro de Atención para Migrantes Retornados (CAMR), Fuerza Aérea de Guatemala. 2 junio 2022.
Fotos: archivo personal con imágenes del Centro de Atención para Migrantes Retornados (CAMR), Fuerza Aérea de Guatemala. 2 junio 2022.
El martes 31 de mayo 2022 a las 5:30 de la tarde del lunes 30 de mayo, Elvin Picado Altamirano, Roger Castillo Segura y Geiner Torres Rojas peones de Luis Angel Pérez Jiménez, quien ocupa de forma ilegal un terreno en Di Bütuk Wúyïrké (Las Juntas) del Territorio Bribri Yäbami Dí (Cabagra) hostigaron, ofendieron y amenazaron a miembr@s de la familia Sandí Morales del Clan Duriwak, quienes recuperaron el terreno desde el 28 de abril de 2021.
Picado, Castillo y Torres amenazaron a la familia Sandí Morales diciendo que iban a traer gente de fuera del Territorio para sacarlos, que los iban a matar y hasta arrancarles la lengua (adjunta fotografía del incidente cuando realizaron amenazas).
Además, Araceli Nájera Quiel atacó con un machete a María Granados Morales del Clan Kurkiwak, quien se tuvo que defender con un palo para no ser herida.
Son constantes las agresiones y amenazas de Luis Ángel Pérez Jiménez y sus peones, quien también trae personas fuera del Territorio para estas agresiones y cuenta con el apoyo de la Asociación Multiétnica y Pluricultural, quienes fomentan el odio, planifican y ejecutan actos violentos contra los Pueblos Originarios.
Contra Pérez Jiménez existen dos causas judiciales, una por usurpación expediente 21-0003600-0634-PE y otra por agresión con armas expediente 21-00064900-0634-PE.
El Consejo Iriria Sat Kök y Lucha Sur Sur demandan los siguientes puntos:
Que el Estado de Costa Rica ejecute el desalojo administrativo contra Luis Ángel Pérez Jiménez quien ocupa ilegalmente un terreno en Yäbami Dí.
Que la Fuerza Pública garantice la integridad y vida del Pueblo Bribri de Yäbami Dí.
Que la Fiscalía Indígena, OIJ y Defensa Pública se presente lo antes posible en el terreno recuperado para tomar las denuncias y realizar las diligencias necesarias para establecer las responsabilidades respectivas.
Que el Poder Judicial investigue el supuesto actuar delictivo de la Asociación Multiétnica y Pluricultural.
Desde el Grupo de Trabajo Agenda CEDAW, manifestamos nuestra oposición al proyecto de ley 21.182 que busca instaurar jornadas de 12 horas durante 4 días a la semana y representa un claro detrimento de los derechos laborales y en especial de los derechos de las mujeres.
El proyecto de ley de jornadas 4×3 violenta convenciones internacionales en materia de derechos laborales, trabajo decente y de derechos de las mujeres, entendiendo que en Costa Rica la realidad entre hombres y mujeres en el mercado laboral sigue siendo profundamente desigual. Por ejemplo, en todos los informes sobre trabajo se puede denotar una sobre representación de las mujeres en indicadores de desempleo, subempleo, trabajo informal, falta de aseguramiento y otros. (EMPEDEMU. 2019).
Estas jornadas atentan contra la salud de las personas trabajadoras, disminuye la productividad, genera más recarga en los servicios de salud y aumento en los accidentes laborales, las jornadas extensas tienen relación directa con la depresión, la cardiopatía isquémica, accidentes cerebrovasculares y trastornos del uso del alcohol. (OMS, OIT. 2018).
Este proyecto fomenta la exclusión de las mujeres en el mercado laboral, pues no reconoce las desigualdades en el uso del tiempo por la división sexual del trabajo basada en estereotipos y sesgos de género. De acuerdo con la Encuesta de uso del tiempo: las mujeres invierten 36 01 horas semanales al trabajo doméstico no remunerado, mientras los hombres solamente 13.55 horas semanales.
Esta ampliación de jornada procura la disminución de personal contratado y eliminar el pago de horas extra, por ejemplo, las trabajadoras domésticas verían acrecentar su horario a 18 horas diarias, SIN retribución adicional.
Además, estas jornadas no contemplan las necesidades de las personas que asumen las labores de cuido o acompañamiento, donde un 90% de los casos no son remunerados y 7 de cada 10 personas cuidadoras son mujeres. Dando como resultado la generación de mayores barreras para que las mujeres puedan insertarse de manera justa al mercado laboral.
El Estado costarricense tiene la obligación de cumplir con lo establecido por las convenciones internacionales de derechos humanos, la iniciativa en discusión es un retroceso al cumplimiento de las recomendaciones de la CEDAW relativas a las medidas para facilitar el acceso de las mujeres al empleo formal, a las recomendaciones de la OIT sobre trabajo decente y la transición de la economía informal a la formal y representa un riesgo notable para alcanzar la meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) sobre empleo pleno, productivo y trabajo decente para las mujeres y hombres. (Recomendación 29B de la agenda CEDAW).
Exhortamos a las diputadas y diputados de la República para que este proyecto no sea aprobado, y mantengamos la vía del respeto y garantía de los derechos laborales que también son derechos humanos y enfoquemos las acciones para la disminución de las brechas de género en el trabajo y la garantía de una vida libre de violencia para las mujeres.
¿Qué es la CEDAW?
La Convención sobre todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en ingles), fue adoptada el 18 de diciembre de 1979 por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
La CEDAW es un instrumento de carácter internacional que precisa los detalles de la discriminación contra las mujeres y establece los lineamientos necesarios para erradicarla. Al ratificarla, los Estados se comprometen, a consumarla llevando a cabo una serie de medidas a nivel interno para eliminar las violaciones de derechos humanos contra las mujeres.
Además, se crea el Comité CEDAW (Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer), para monitorear el cumplimiento de los Estados en virtud de las disposiciones contempladas en esta Convención.
Más información sobre la CEDAW en el siguiente enlace:
