Marco Castillo Rojas
El origen de este día fue la celebración de un santo católico San Valentin, quien tenía la costumbre de celebrar el amor de parejas heterosexuales. Luego el comercio incluyó la amistad en la celebración porque no vendía suficiente con sólo la celebración del amor.
Pero, aparte del origen de ese día, ¿podemos decir que incluye el amor de parejas del mismo sexo y la amistad con las personas trans?
Les dejo esta interrogante que cuestiona la equidad social.
Oscar Madrigal
La campaña de Rodrigo Chaves en esta segunda vuelta se centra en aparecer como el adalid de la lucha contra los odiosos privilegios que los costarricenses detestamos; se propone su eliminación, lo cual es muy bueno y deseable. Sin embargo, él propone hacer eso desmantelando el Estado de Derecho. Pongamos un ejemplo.
Eliminar las pensiones de lujo ha sido una lucha de hace varios años. Chaves propone recortarlas hasta un mínimum que no explica. Propone para ello un referéndum. Asumamos que lo puede hacer.
Dicho referéndum no será para derogar las leyes que dieron origen a esas pensiones porque todas ellas están derogadas, por lo cual ya ningún trabajador puede ingresar a ninguno de esos regímenes.
El referéndum será entonces para quitarle a esos pensionados, las pensiones que reciben. Tendrá, entonces, que proponer que las nuevas leyes tengan carácter retroactivo, con lo cual variarían las condiciones con las cuales se pensionaron esas personas. Para ello, habría que eliminar un fundamento esencial del Estado de Derecho que dice que “las leyes no tienen carácter retroactivo”, con lo cual no habría seguridad sobre los derechos y obligaciones que las personas hayan adquirido con fundamento en el bloque de legalidad existente en determinado momento, por ejemplo, de firmar un contrato. Nadie podría estar seguro de nada.
Se derogaría, en consecuencia, el principio de “seguridad jurídica” basamento del Estado de Derecho, que garantiza a todo individuo la certeza de que su situación jurídica solo podrá ser modificada por procedimientos establecido previamente, lo cual da confianza de que podrá vivir con cierta tranquilidad. Dejarían de existir las certezas jurídicas. El Estado de Derecho queda castrado de uno de sus principios fundamentales.
El referéndum para quitar esas pensiones también tendría que eliminar otro principio de Derecho, los llamados “derechos adquiridos”, sea aquel derecho que la persona ha obtenido en firme por la vigencia de una ley o contrato, laudo o convenio internacional, aunque se haya derogado esa ley, pero el derecho seguirá existiendo porque ya el derecho se ha incorporado al patrimonio del ciudadano. De manera que este principio desaparecería, con lo cual ningún derecho producto de ley o contrato estaría seguro, pudiendo eliminarse o cambiarse a criterio del legislador o de referéndum. Sería un verdadero caos esa sociedad. Además, derechos adquiridos pueden ser el salario, las vacaciones, el aguinaldo, etc., que podrían ser sujetos a modificación o hasta eliminados al someterlos a referéndum.
Con el criterio esbozado por Chaves para eliminar las pensiones de lujo habría que desaparecer otro principio de Derecho, el de NO confiscación, que sería la posibilidad de darle al Ejecutivo el poder de incautar posesiones o bienes sin ninguna compensación. En Costa Rica a los pensionados de lujo les rebajan de la pensión hasta un 50% de su monto; un porcentaje superior sería confiscar un patrimonio lo cual no es permitido actualmente. Pero Chaves desea confiscar esa parte de la pensión, eliminando ese principio, con lo cual todas otras pensiones, la casa de habitación, la finca o la fábrica podrían ser tomadas por el Estado.
Además, habría que salir de los convenios internacionales, por ejemplo, el de la OIT sobre pertenencia a regímenes de pensiones y muchos otros, aislando al país del progreso social del mundo.
No sé si el grupo que asesora a Chaves habrá pensado en las consecuencias de sus planteamiento y si lo que desea es un Estado al margen del Derecho, sin seguridad jurídica, derechos adquiridos, irretroactividad de la ley y con confiscación de patrimonios.
La lucha contra los odiosos privilegios, que todos pedimos eliminar en todos los campos, no puede hacerse desapareciendo el Estado de Derecho.
Chaves propone además un referéndum sobre el aborto y la eutanasia. Luego podría ser otro sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, luego sobre el divorcio y cuantas cosas se quiera más. Los empresarios también exigirán un referéndum sobre las cargas sociales a la Caja porque les restan competitividad o eliminar el aguinaldo para poder competir con otros países. Se abre la Caja de Pandora y no se sabe dónde terminará y con quién, porque los Derechos Humanos estarían al vaivén de los votos.
Esta posición tiene su correlato con lo expresado por Rodrigo Chaves respecto a la Asamblea Legislativa. Más o menos dijo que si la Asamblea (el Parlamento) no se alineaba con sus políticas, gobernaría a puro referéndum. A buen entendedor pocas palabras.
Estas posiciones de Chaves van más allá del neoliberalismo.
(Por cualquier duda, aclaro que soy pensionado de la Caja, del régimen del IVM y me pensioné a los 68 años de edad).
«En los años anteriores de conflicto armado hubo muchos líderes que también sufrieron y fueron desaparecidos. Los que asesinaron a mi hijo pensaron que estábamos en esa época todavía, en la que un líder se levantaba a reclamar sus derechos y todos los demás se quedaban callados. Pero se equivocaron, porque yo no me voy a callar«, Rodrigo Tot, líder q’eqchi de Agua Caliente en Guatemala, entrevista a El País (España), artículo publicado el 10/02/2022
El pasado 22 de enero del 2022, el Acuerdo de Escazú cumplió nueve meses desde que entró oficialmente en vigor.
Son en efecto 12 Estados que ya lo han ratificado (véase estado oficial de firmas y ratificaciones), los cuales se reunirán en Santiago de Chile (sede de la CEPAL) el próximo mes de abril, para lo que constituirá la primera reunión oficial de Estados Parte a este novedoso instrumento.
A casi cuatro años desde su adopción, se registran 24 firmas de Estados y 12 ratificaciones: en América Latina, persisten en ni siquiera registrar su firma Chile, Cuba, El Salvador, Honduras y Venezuela; al tiempo que, entre los que lo han firmado, persisten en no ratificarlo Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Perú y Paraguay.
Como bien se sabe, mientras el Poder Ejecutivo no firme un tratado internacional (una sencilla instrucción, usualmente enviada desde la capital a su representante ante la sede de Naciones Unidas en Nueva York para proceder a depositar un documento que oficializa la firma) no hay cómo iniciar una campaña en favor de su aprobación por parte del Poder Legislativo.
Como bien se recordará, este tratado regional fue adoptado el 4 de marzo del 2018 en Costa Rica. El nombre completo del Acuerdo de Escazú, abierto desde el 26 de setiembre del 2018 a la firma de 33 Estados de América Latina y del Caribe (véase el texto completo de su versión oficial en español), es «Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe«.
Chile: la urgencia del tiempo
Cabe precisar que las nuevas autoridades chilenas electas han anunciado que rectificarán en los primeros días de su gestión lo acontecido durante la administración del Presidente Sebastián Piñera con este innovador acuerdo regional (véase nota de prensa del 6/02/2022).
Una adhesión que será muy rápida de registrar en Naciones Unidas por parte del nuevo Poder Ejecutivo a penas tome posesión, y luego un cabildeo con los partidos políticos en el Poder Legislativo para aprobarlo, con el objetivo de poner a Chile al unísono con un clamor general en América Latina y con los lineamientos como los que contiene el Acuerdo de Escazú en materia de justicia ambiental y de derechos de quienes defienden el ambiente.
Estos lineamientos además coinciden no solamente con los que promueven diversas entidades de derechos humanos de Naciones Unidas, sino también – pese a que ello no se divulgue mayormente en algunos círculos políticos y económicos – con los de la misma OCDE o del Banco Mundial.
Con lo cual es muy factible, pese a la premura del tiempo, que Chile sí logre participar a la reunión prevista en el mes de abril del 2022 y que constituirá la primera COP (de la siglas en inglés de «Conference of Parties«).
Costa Rica: una persistente interrogante
En lo que concierne a Costa Rica, sigue interpelando a numerosos observadores internacionales y a organizaciones, tanto en América Latina como en otras latitudes, el hecho de no haber ratificado un instrumento que lleva el nombre de uno de sus cantones y que trata sobre ambiente y derechos humanos: dos pilares tradicionales de la política exterior de Costa Rica sobre los que ha basado su imagen y su prestigio internacionales.
Esta insólita ausencia de Costa Rica se entiende cada vez menos con el pasar del tiempo: ya han ratificado el Acuerdo de Escazú sin ningún tipo de problema Estados como Bolivia y Uruguay (2019), Ecuador, Panamá y Nicaragua (2020), así como Argentina y México (2021). Es muy factible que algunos cambios políticos en Suramérica en este 2022 auguren varias nuevas ratificaciones.
Cabe recordar que en el mes de febrero del 2020, en primer debate, se adoptó con 44 votos a favor y 0 en contra en la Asamblea Legislativa costarricense. Varios de los actuales legisladores luego cambiaron de parecer, debido a la presión ejercida por diversas cámaras empresariales costarricenses que se oponen a este instrumento con base en supuestos «argumentos«, cuyos autores rehúyen el debate público con especialistas en materia ambiental (Nota 1).
Las extrañezas del Poder Judicial costarricense ante el Acuerdo de Escazú
Hay que destacar el hecho que, desde la Sala Constitucional, un solo magistrado (Paul Rueda Leal) de siete evidenció la innecesaria complicación que esta jurisdicción le significó a la aprobación del Acuerdo de Escazú, con base en argumentos y en un cambio de su línea jurisprudencial más que cuestionables (Nota 2).
Vale la pena precisar que en ningún momento en los 12 Estados que ya han ratificado el Acuerdo de Escazú (así como en Perú) de cara a la aprobación del Acuerdo de Escazú, sus poderes judiciales externaron un criterio como el de la Corte Plena del Poder Judicial de Costa Rica (según el cual, el Acuerdo de Escazú conlleva un gasto adicional para el funcionamiento del Poder Judicial costarricense). Lo cual viene a confirmar lo externado por el precitado magistrado en su primer voto salvado del mes de marzo del 2020, al señalar la lectura completamente errada hecha por la Corte Plena y por la mayoría de la Sala Constitucional (véase texto completo de la sentencia 06134-2020 de marzo del 2020):
«Se advierte con facilidad que tal norma en ningún momento le impone al Poder Judicial la obligación de brindar asistencia técnica y gratuita, la cual corresponde implementarse a partir de las condiciones propias del ordenamiento jurídico de cada país«.
Cabe indicar que varios juristas costarricenses han detectado otras anomalías en el trámite seguido en el caso del Acuerdo de Escazú. Por ejemplo, en este artículo publicado en abril del 2021 leemos que, para quien fue la negociadora en nombre de Costa Rica del Acuerdo de Escazú, Patricia Madrigal Cordero:
«Primero, se aparta del criterio de servicio técnicos de la Asamblea Legislativa… y también se aparta del criterio de servicios técnicos del Poder Judicial que considera que este proyecto de ley no afecta de manera orgánica al funcionamiento del Poder Judicial y menos tratándose de un tratado de derechos humanos”, continuó la exviceministra.“Segundo, la magistrada Nancy Hernández, en una nota, manifiesta sus preocupaciones interpretativas del Acuerdo de Escazú que coincidentemente son las mismas que ha encontrado la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) para oponerse al proyecto» añadió Madrigal«.
Los supuestos «argumentos» en contra de Escazú: una facilidad para arrebatirlos que merece mención
Hace unos meses, se publicó por parte de la Asociación Costarricense de Derecho Internacional (ACODI) un valioso artículo que refuta nuevamente los mitos creados por algunas cámaras empresariales costarricenses (y sus siempre hacendosas fichas políticas) en contra de este instrumento: véase artículo titulado “El Acuerdo de Escazú sin Costa Rica”, cuya lectura recomendamos. De igual manera, nos permitimos referir al lector a un muy valioso esfuerzo del equipo de periodistas de DobleCheck, el cual examinó en detalle cada uno de los argumentos de una influyente cámara empresarial (véase documento), en el que podemos leer que:
“Doble Check conversó el viernes 23 de abril con Álvaro Jenkins, presidente de UCCAEP, quien dirigió las consultas al director ejecutivo Fabio Masís. Masís dirigió hoy, lunes, nuestras consultas al departamento de prensa, que indicó que no podrían responder hasta la tarde del miércoles 28 de abril. Doble Check actualizará esta nota si las respuestas llegan para entonces“. A la fecha, la precitada nota se ha mantenido sin cambio alguno desde el mes de abril del 2021.
También se puede consultar el artículo del mismo académico, Mario Peña Chacón (véase texto completo) titulado precisamente “Desmitificando el Acuerdo de Escazú” y publicado en el sitio jurídico costarricense de DerechoalDia. Una versión ampliada del mismo estudio fue puesta a disposición del público por parte del Sistema de Estudios de Posgrado (SEP) de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR) – véase enlace – el primero de diciembre del 2020.
Finalmente, con relación al punto específico de la inversión de la carga de la prueba en materia ambiental que tanto pareciera preocupar a estas cámaras empresariales (así como a una magistrada de la Sala Constitucional), un artículo del mismo especialista en derecho ambiental de octubre del 2019 (también publicado por el SEP de la UCR), explicaba claramente que se trata de un principio que ha recibido acogida en la legislación y en la jurisprudencia de tribunales costarricenses desde hace ya muchos años, y que, al parecer, desconoce por completo la precitada magistrada de la Sala Constitucional (Nota 3).
A modo de conclusión
En los Estados de América Latina que ya han ratificado este novedoso instrumento regional (Argentina, Bolivia, Ecuador, México, Nicaragua, Panamá o Uruguay), sus economías no han sufrido ninguno de los supuestos efectos negativos que conlleva, según varias cámaras empresariales costarricenses, la aprobación del Acuerdo de Escazú.
Esta realidad observada aplica también a lo sostenido por parte de las cúpulas empresariales colombianas, guatemaltecas, paraguayas y peruanas (y sus siempre leales fichas políticas) en contra del Acuerdo de Escazú: sus supuestos «argumentos» han sido de igual manera rechazados desde universidades y desde organizaciones sociales, llevándolas a explorar diversas herramientas de comunicación ante la intensa campaña de desinformación a la cual se han prestado varios medios de prensa en América Latina en contra del Acuerdo de Escazú (Nota 4). Tampoco se ha observado que el principio de la inversión de la carga en materia ambiental haya en lo más mínimo erosionado, en materia penal, la presunción de inocencia en los 12 Estados Parte al Acuerdo de Escazú: se trata de un principio moderno del derecho ambiental que ya aplica desde hace muchos años en Costa Rica, y que de ninguna manera amenaza otras esferas del ordenamiento jurídico.
Si se considera que Chile y Costa Rica fueron ambos líderes indiscutibles durante los más de cinco años y medio que duraron las negociaciones del Acuerdo de Escazú con las demás 31 delegaciones estatales, su ausencia en la lista de Estados Parte ofrece un inesperado argumento para los adversarios de este tratado: en particular algunas cúpulas empresariales de América Latina y sus fichas políticas, aferradas a no permitir ningún tipo de participación ciudadana en materia ambiental y mucho menos ofrecer algún tipo de protección para quienes alzan la voz desde sus pequeñas comunidades.
Dado que Chile posiblemente muy pronto cierre la lamentable paréntesis que ha significado su actual Presidente en muchos ámbitos relacionados a ambiente y a derechos humanos, ¿será factible rectificar antes de Chile (o al mismo tiempo que Chile) su no aprobación, o Costa Rica querrá arriesgarse a seguir «luciéndose» internacionalmente, dándole la espalda a un tratado que busca proteger quiénes defienden el ambiente, promover la transparencia así como la rendición de cuentas (Nota 5)?
Tienen la palabra su actual Ejecutivo, así como los 57 actuales integrantes de su Asamblea Legislativa: estos últimos aún están a tiempo de reconocer que erraron (y bastante) al cambiar de parecer sobre el Acuerdo de Escazú con base en argumentos que no lo son desde el punto de vista jurídico. También, claro está, resulta de interés para cada votante saber quiénes entre sus candidatos a la Presidencia están a favor de consolidar los derechos de quienes defienden el ambiente, así como la transparencia y de la rendición de cuentas y… quiénes como que no, o no tanto.
– -Notas – –
Nota 1: En efecto, tan pronto fue conocido el comunicado de una influyente cámara empresarial en Costa Rica en contra del Acuerdo de Escazú en el mes de abril del 2021, se invitó a sus representantes legales a un debate público virtual con dos académicos especialistas en derecho ambiental, al que prefirieron no asistir: véase emisión de Café para tres del medio digital costarricense Delfino.cr con los dos académicos invitados a «debatir» con los ausentes. En el mes de mayo del 2021, un segundo intento desde la UCR confirmó la renuencia al debate antes señalada (véase foro en este enlace oficial de la UCR). En junio del 2021, fue esta vez desde el Colegio de Biólogos de Costa Rica que se confirmó, por tercera vez consecutiva, que rehuir el debate pareciera ser, para algunos, la manera acordada para defender sus supuestos «argumentos» (véase foro).
Nota 2: Sobre la innecesaria complicación que ha generado la Sala Constitucional en el trámite de aprobación de este tratado regional en Costa Rica, véase la sección “La peculiar situación del Acuerdo de Escazú en Costa Rica” en nuestro breve análisis: BOEGLIN N., “La reciente aprobación del Acuerdo de Escazú por parte del Senado de México: breves apuntes”, DerechoalDía, edición del 18/11/2020, disponible en este enlace, en el que nos permitimos indicar que: «La total regresión del juez constitucional costarricense con relación a la participación ciudadana en materia ambiental externada en una decisión del 2017 podría explicar su profunda reserva con respecto a un tratado internacional adoptado con posterioridad en el 2018, y que busca precisamente ampliarla y consolidarla».
Nota 3: Véase PEÑA CHACÓN M., “Acuerdo de Escazú y la carga de la prueba ambiental en Costa Rica”, Portal del Sistema de Estudios de Posgrado (SEP), Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR), octubre del 2019, disponible en este enlace.
Nota 4: En Colombia, la organización Ambiente y Sociedad publicó esta otra contribución titulada «Mitos y verdades del Acuerdo de Escazú«, disponible en este enlace. En Perú, la Sociedad Peruana para el Derecho Ambiental (SPDA) difundió este artículo titulado «10 mitos y verdades sobre el Acuerdo de Escazú: democracia y defensores ambientales«. En Paraguay, el sitio El Surti explicó en un texto titulado «Cinco puntos para que entiendas cómo te afecta el Acuerdo de Escazú» que el aborto no está de ninguna manera contemplado en el Acuerdo de Escazú, entre muchas otras leyendas que se originaron en la sociedad paraguaya en relación con el Acuerdo de Escazú. En materia audiovisual, universidades y ONG no han escatimado en talento y creatividad para intentar desmitificar el Acuerdo de Escazú: en Colombia, el talentoso equipo de comunicadores de La Pulla realizó un video de gran calidad que busca responder a las diversas maniobras políticas de algunos sectores políticos colombianos, titulado «La nueva trampa que nos quieren hacer los congresistas» (disponible aquí). En Costa Rica, ante la falta de voluntad política para aprobar el Acuerdo de Escazú, recientemente fue la misma Universidad de Costa Rica (UCR) la que elaboró dos cortos videos, que, en lo personal, se recomiendan: El Acuerdo de Escazú y los defensores del ambiente, disponible en YouTube aquí, y otro video titulado UCCAEP y el Acuerdo de Escazú, disponible aquí.
Nota 5: El pasado 25 de noviembre del 2021, la CEPAL dio a conocer una nueva publicación sobre los alcances del Acuerdo de Escazú, cuya lectura igualmente recomendamos: se trata de la obra titulada “El Acuerdo de Escazú sobre democracia ambiental y su relación con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” que reúne diversas contribuciones de renombrados/as especialistas de distintas latitudes del continente americano. El texto completo del documento (298 páginas), y cuya lectura completa recomendamos, está disponible en este enlace oficial de la CEPAL.
Este artículo fue elaborado por Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
Imagen de portada ilustrativa.
La Universidad de Costa Rica admitió a un total de 701 personas estudiantes en la fase de “Admisión Diferida para Promover la Equidad”. Estos estudiantes se suman a las 8.742 personas que resultaron admitidas en fase ordinaria. De esta manera, la UCR recibirá en sus aulas, este 2022, a un total de 9.443 estudiantes de nuevo ingreso.
Esta es la octava ocasión, en la cual, la UCR implementa la fase de concurso de ingreso a carrera y recinto, denominada como “Admisión Diferida”, con el fin de promover la representación equitativa de estudiantes de todos los centros educativos públicos y privados del país, de Bachillerato por Madurez Suficiente, de Educación Diversificada a Distancia (EDAD) y de colegios del exterior, en los cuales solo un 15% o menos del alumnado que realizó la prueba de aptitud académica fue admitido en la fase de ingreso ordinaria a la UCR.
Para la fase de Admisión Diferida, la UCR ofreció 754 cupos, por los cuales concursaron un total de 5979 estudiantes de 564 centros educativos de todo el país.
Según el M.Sc. Ricardo Luna Gutiérrez, jefe de la Oficina de Registro e Información (ORI) los resultados del proceso de admisión diferida están disponibles a partir de este 10 de febrero en la página https://ori.ucr.ac.cr.
“Además de la lista de admitidos que está en la página de la Oficina de Registro e Información, estamos contactando vía correo electrónico a las personas que resultaron admitidas en admisión diferida, con el fin de darles la guía necesaria para que puedan concretar con éxito su ingreso a la UCR” manifestó Luna.
El estudiantado puede consultar las notas de corte de la fase de Admisión Diferida, así como la lista de instancias de procedencia que participaron en esta modalidad, en la página https://ori.ucr.ac.cr
Por otra parte, el período de solicitud de beca socioeconómica para quienes ingresaron en Admisión Diferida será del 12 al 14 de febrero, por medio de la página: https://becas.ucr.ac.cr
Las personas estudiantes que deseen obtener más información sobre el proceso de Admisión Diferida pueden llamar a los teléfonos 2511-4671 y 2511-5517 o escribir un correo a la dirección electrónica admision.ori@ucr.ac.cr
Tatiana Carmona Rizo,
Periodista Vicerrectoría de Vida Estudiantil, UCR
Este martes 8 de febrero, en el programa Saber Vivir UCR 870 AM, se tocó el tema de los derechos humanos y resultados de las elecciones, a cargo de los miembros de la junta directiva de OIDHCR, la representación fue hecha por medio de la Licda. Gloriana Rodríguez y Marco Castillo.
El programa se transmitió por medio de Facebook Live de OIDHCR.
Jueves 03 de febrero de 2022. Al ser las 9 de la mañana, personas recuperadoras cabécares divisaron humo en una de las recuperaciones de tierra-territorio. Se trata del terreno nombrado como Sá Ka Keirö Kaska (tierra de mayores) en el Territorio Cabécar de China Kichá.
El fuego inició en las cercanías del río General de Térraba. En las inmediaciones del terreno no fue divisado ninguna persona sospechosa pero sí un perro que fue abandonado al momento de provocar el incendio. Al ser la 1 p.m. alrededor de 30 hectáreas han sido consumidas por el fuego y a pesar de que las y los recuperadores continúan trabajando por detener su avance, el fuego sigue su curso.
Posteriormente, a las 11 a.m. fue identificado un nuevo incendio en las inmediaciones de la quebrada Pita, justo en la colindancia con otra propiedad de Gilberth Fernández. En ese lugar, fue identificado un peón de Fernández. Al ser la 1 p.m. Se identifica que al menos 10 hectáreas han sido consumidas por este segundo incendio.
Sá Ka Keirö Kaska era un terreno que fue ocupado ilegalmente por Gilberth Fernández, dueño de la empresa de autobuses MUSOC- GAFESO. Kaska fue recuperada el 28 de enero del 2020 por el Pueblo Cabécar. Desde entonces el hostigamiento, amenaza y riesgo de las y los recuperadores por parte de peones de Fernández ha sido una constante. Pues, Kaska limita con un terreno propiedad del dueño de MUSOC-GAFESO (que se encuentra fuera del Territorio Cabécar).
Estos incendios impactan directamente en la pérdida de cultivos de las familias recuperadoras y afectan la flora y fauna que se ha venido recuperando gracias al cuido de las y los recuperadores.
En 2020 la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS) denunció públicamente que los incendios provocados son una forma de hostigamiento en contra de los Pueblos Originarios que se encuentran recuperando sus Territorios ancestrales. Este flagelo también está dentro del: «Informe de agresiones y violaciones a los Derechos Humanos contra los Pueblos Originarios de la zona sur de Costa Rica; enero-diciembre 2020» y es una de las agresiones más recurrentes.
Demandamos al Estado que haga cumplir la ley Indígena de 1977, misma que reconoce que los únicos poseedores legales y ancestrales de estos Territorios somos los Pueblos Originarios.
También es responsabilidad del Estado proteger nuestra integridad física y vida.
¡Repudiamos esta agresión en nuestra contra!
¡Alto a la impunidad!
¡Justicia para Sergio, Jerhy y los Pueblos Originarios!
Recuperadoras (es) Cabécares de Sá Ka Keirö Kaska.
Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS).
Compartido con SURCOS por Lucha Sur Sur (CLSS).
El 26 de enero de 2022 desde la Universidad de Costa Rica se emite un comunicado para repudiar el intento de asesinato hacia el líder indígena Leonel Garcia Segura, del Territorio Cabecar Bajo Chirripo (cantón Matina, provincia de Limón), acontecido el día 30 de diciembre de 2021). En esta nota, se exhorta al gobierno y a los otros poderes de la república, que se intervenga de forma oportuna para que se proteja la vida y los derechos de los líderes y las personas indígenas.
Durante más de cuatro décadas, mencionan, se ha incumplido la Ley Indígena, N° 6172, artículo 3, que establece que las “reservas indígenas son inalienables e imprescriptibles, no transferibles y exclusivas para las comunidades indígenas que las habitan”. Esto, efectivamente, se ha incumplido debido a la ocupación irregular de tierras por parte de personas no indígenas en los territorios indígenas oficialmente establecidos en Costa Rica.
Sostienen que “es la desposesión de sus derechos territoriales y culturales, las razones que obligan a las personas indígenas a emprender sus propias gestiones legales, administrativas y comunitarias para restituir y proteger sus territorios”. Ya desde el 2014 ha habido asesinatos y un aumento en la violencia con respecto a estos temas, de los cuales la Universidad de Costa Rica les advierte. Por ese motivo, es que están invitando a construir una sociedad e institucionalidad que respete la integridad individual y colectiva de los pueblos indígenas y fortalecer las acciones que garanticen sus derechos humanos.
– Espiar activistas sociales no puede ser tolerado en un país que se precie de respeto a los Derechos Humanos
FECON (04/02/2022) | El Semanario Universidad en su edición del 2 de febrero, publica el artículo “A solicitud de exjerarca de la DIS Neotrópica diseñó sistema para manejar bases de datos de activistas sociales para la Presidencia”. En el mismo se brinda un análisis del contrato firmado entre el gobierno y esa fundación para la creación de una “aplicación web para recolectar información sobre conflictos sociales y los actores involucrados en ellos, con amplio detalle.”
Es claro según el análisis que hace el artículo periodístico del contrato, que dicha herramienta crearía una detallada base de datos sobre los conflictos ambientales en el país. La idea de contar con esa herramienta surgió de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) cuyo rol no es precisamente, tener un papel en los conflictos ambientales.
Las respuestas tanto del gobierno como de la Fundación Neotrópica consignadas en el artículo no dicen nada: no manejamos datos, no conocemos que pasa, todo está en una hoja de Excel. Estas son las típicas respuestas que generan indignación porque es imposible que, existiendo un contrato, no se hayan hecho al menos algunas labores y no se tenga claridad del fin de la herramienta.
Se debe recordar que la administración de Luis Guillermo Solís ha sido las más conflictiva de la historia de nuestro país, con más de 2.562 reportes durante su mandato, según la Base de Datos de Acciones Colectivas ́Protestas ́ de la Universidad de Costa Rica. Las prácticas de espionaje contra activistas sociales no tienen cabida dentro de una sociedad que se precie de defensora de los Derechos Humanos, ni mucho menos es aceptable dentro de un sistema democrático.
Para FECON esta noticia es de extrema gravedad debido a que puede haber espionaje oficial en los conflictos ambientales y la experiencia que tenemos como organización nacional (y que conocemos de otros países) es que el espionaje gubernamental esta siempre ligado a represión, toma de represalias y criminalización de acciones legítimas desde diversos actores sociales, en este caso el movimiento ecologista nacional.
Desde FECON rechazamos el uso de este tipo de herramientas. De igual forma no podemos aceptar respuestas como las consignadas ya que o representan un grado de cinismo alto desde el gobierno y la Fundación Neotrópica o un desconocimiento tal por el cual esas personas deberían ser despedidas ya que no están cumpliendo con sus obligaciones.
Para la Federación Ecologista existen más preguntas que respuestas sobre este asunto. ¿Qué tipo de información sobre personas y organizaciones tiene a disposición la DIS y Casa Presidencial? ¿Quiénes tuvieron acceso a esta base de datos? ¿Qué usos se le ha dado a dicha información tanto la administración Solís como la de Alvarado? ¿Qué otro tipo de herramientas han sido encargadas a entidades privadas para vigilar y espiar a activistas sociales?
Freddy Pacheco León
Desde el siglo XIX el Estado costarricense, en su afán de proteger a su población, y muy especialmente a sus niños, estableció que la vacunación era obligatoria, logrando erradicar o mitigar muchas enfermedades contagiosas. Jamás los padres de familia hemos cuestionado el calendario de vacunación que inicia a pocas semanas del nacimiento de nuestros infantes, y que la Caja nos garantiza. La actual pandemia no es la excepción y por eso ya se han puesto unas 8 millones de dosis a millones de personas, evitando así que, además de los 7.500 pacientes que han muerto, haya sido mayor.
De haber tenido a disposición las vacunas antes del año que llevamos vacunando, algunos de esos miles de lamentables fallecimientos se habrían evitado. Los políticos que hacen escándalo saben que cualquier acción legal presentada en estos días se rechazará pasadas las elecciones por no tener sustento jurídico. Después del 6 de febrero, los antivacunas se olvidarán de su «gran cruzada» en defensa de una patria potestad vista fuera del contexto que conforma la legislación costarricense.
Ni idea. Simplemente no hay forma de saberlo. Pero leo comentarios acerca de las simpatías que alguna gente de ese colectivo manifiesta a favor de Eli Feinzaig. Lo cual resulta paradójico, puesto que Feinzaig ha coqueteado reiteradamente con grupos muy conservadores, de natural hostiles a ese sector de la población, cuando, por otra parte, lo que su programa plantea en esta materia, es sumamente limitado.
Dije que es paradójico, pero no necesariamente extraño. Y aquí diré algo solamente en relación con la letra G (gay), que es la que mejor conozco, reconociendo y respetando las heterogeneidades que se ocultan detrás del mencionado acrónimo.
Como lo expliqué en un artículo que publiqué en mi blog en mayo 2018 (“Los que éramos entonces, teníamos tantos nombres pero no teníamos ninguno”), el concepto “gay” jugó en su momento un papel muy importante: para quienes habíamos tenido que sobrevivir en el territorio de la denigración y la infamia (bajo apelativos humillantes como playo, platanazo, maricón, marica, pájaro, culiolo y un largo etcétera), ofrecía, por primera vez, la posibilidad de una nominación que intentaba conceder un lugar propio y digno en la vida, o sea, una posibilidad de autoafirmación desde la propia humanidad. De ahí la idea del “orgullo”: ser orgullosamente gay era simplemente ser orgullosamente humano. Reivindicar, pues, lo que se nos había negado: el respeto inherente a nuestra condición como persona parte del género humano.
O sea, el autorreconocimiento como gay era subversivo y comportaba un gesto de rebelión frente a un orden opresivo y violento.
Con el paso de los años las cosas han cambiado. El camino que se suponía conducía al pleno reconocimiento de nuestra dignidad humana, se desvió por atajos que más bien conllevan, otra vez, su negación. Progresivamente las reivindicaciones LGBTIQ fueron asumidas por poderosas corporaciones transnacionales y, con cada vez más frecuencia, vimos a sectores del activismo aliados a esas grandes empresas. Aquella fuerza contestaria y transgresora perdió ímpetu y tendió, gradualmente, a hacerse inofensiva. Se le limaron garras y colmillos; se le domesticó y apacentó.
Pero la cuestión se centra fundamentalmente en la letra G. Por razones que habría que investigar, fue ahí donde las fuerzas del marketing y el negocio tendieron a enfocarse.
De resultas de lo anterior, la identidad gay ha sido reconfigurada, alejándose cada vez más de sus fuentes originales. Es, cada vez, una construcción mercadológicamente concebida, alrededor de ciertos rasgos estereotipados: muchachos usualmente blancos, invariablemente jóvenes, muy guapos y con cuerpo de gimnasio; lucen ropa de marca, viajan por el mundo y son manirrotos en el consumo. Chicos muy individualistas, hipersexualizados, que viven para el disfrute, despolitizados e insolidarios. De ahí que hoy tanto se hable del “dólar rosa”, toda una fuente de redituable negocio.
Es una concepción terriblemente discriminatoria, que oculta mucho más de lo que revela, y que conlleva un altísimo grado de violencia. Dicho de otra forma: es una forma de reconfigurar la discriminación y la exclusión, y de reinventar la infamia y la ignominia. Ahí no caben los muchachos gais de rasgos indígenas, de piel oscura, los que son obreros de la construcción o peones en una piñera o recolectores de basura. No caben los que son pobres, pero tampoco aquellos que no tienen ingresos lo suficientemente elevados, que son la enorme mayoría. No caben quienes no son guapos y bellos y de gustos refinados. No cabemos los viejos que, con nuestras canas y nuestras arrugas, somos la más vívida negación del estereotipo, y, por ello mismo, los más invisibles, los que en mayor grado hemos sido lanzados al canasto de lo indeseable.
Esta identidad estereotipada, esculpida por el marketing, impone una norma cuyo incumplimiento es fuente de frustración y aislamiento. Reconstruye la soledad, reinstaura la indignidad vergonzante, imposibilita a muchos ser lo que son, orgullosos de poder serlo. Nos devuelve a la vía ominosa del odio hacia sí mismo, por no lograr ser lo que se le exige que sea, en vez de simplemente ser lo que realmente es. Construye nuevos armarios, obliga a nuevos juegos de fingimiento y, por lo tanto, a vivir de nuevo una doble vida. Es, al cabo, fuente de vaciamiento afectivo y emocional, y reinstauración del divorcio entre sexualidad y afectividad. También despolitiza e inmoviliza, al crear sujetos que no ven más allá de lo que tienen entre las piernas, descomprometidos con el mundo y la sociedad de que son parte.
No es de extrañar que, entonces, algún sector de la población gay opte por votar a candidaturas -como la de Eli Feinzaig- cuyo mensaje, de tonalidad fuertemente economicista, es enemigo del Estado social costarricense, puesto que es ignorante de la opción histórica de justicia social que lo hizo nacer. Votar, si, a candidaturas como la de Feinzaig, que beben de la despolitización y se alimentan de la falta de compromiso cívico y conciencia ciudadana.
Compartido con SURCOS por el autor, publicado en su blog
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