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Etiqueta: derechos humanos

El preocupante tono político y moral de las propuestas económicas de la UCCAEP

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Grupo Economía Pluralista[i]
(8 de junio de 2020)

En esta nota nos referimos a la carta que, con fecha 5 de junio de 2020, es dirigida al presidente Carlos Alvarado, por el señor Álvaro Sáenz Saborío, presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), así como al documento que adjunta, titulado “Un pacto por el empleo.”

Nuestro propósito, al referirnos aquí a esa carta y ese documento, es ofrecer algunos criterios de discernimiento, que procuran contribuir a alimentar un análisis crítico en relación con las propuestas que tan importante organización formula.

  1. A modo de introducción, hacemos ver dos detalles que, a estos efectos, son clave. Primero, debe entenderse que en economía no existe ni un único enfoque ni, en consecuencia, tampoco un único camino que pueda seguirse o una única propuesta de políticas que deba considerarse. Esto debe tenerse muy en cuenta, para evitar caer en la trampa de creer que los planteamientos de la UCCAEP agotan, ni mucho menos, las posibilidades disponibles. Segundo, subrayamos que Costa Rica es una sociedad pluralista y diversa, y que las voces, intereses y necesidades de los diversos sectores de la sociedad, tienen el mismo derecho a ser atendidas y están investidas de la misma legitimidad, que puedan tener las voces de las organizaciones empresariales como la UCCAEP. La arrogante y antidemocrática pretensión de esta organización, al insinuar, como claramente lo hace, que su voz es la única que deba ser escuchada, no es de recibo, y merece ser rechazada ad portas. Tener esto en cuenta refuerza lo que apuntamos más arriba: las perspectivas y opciones que se abren frente a la crisis son necesariamente diversas.
  2. La carta que Sáenz remite al presidente, ofrece interpretaciones de la historia costarricense sumamente anacrónicas y arbitrarias, cuyo propósito es, claramente, afirmar que Costa Rica debe su existencia entera al empresariado. Es una idea absurda e insostenible, la cual, sin embargo, ha echado profundas raíces en el imaginario de la UCCAEP y otras organizaciones empresariales costarricenses, las cuales parece que, en efecto, se la toman en serio. El propósito ideológico detrás de esto, es obvio: se apela a tan disparatada hipótesis para exigir que todas las políticas públicas giren alrededor de los intereses empresariales. Y aunque en este documento se pretende hacer creer que, de forma equitativa, se habla a nombre de todas las empresas, desde las micro hasta las más grandes, ello tan solo agranda la falsificación ideológica en la que se incurre. En este coro hay voces del todo inaudibles, y voces que cuentan con amplificadores poderosísimos. Estas últimas son, al cabo, las que realmente pesan en la narrativa que se nos ofrece.
  3. Compartimos el llamado que se formula, a la responsabilidad y el compromiso por parte de funcionarios, funcionarias e instituciones del sector público. Diferimos en la pretensión de que esa responsabilidad tiene como único destinatario el sector empresarial, cuando, en realidad, es el deber de la institucionalidad pública para con la ciudadanía en general, pero, muy en especial, los sectores más vulnerables y carenciados de nuestra sociedad. Es más que notorio que la UCCAEP exige responsabilidades pero no asume ninguna responsabilidad. El mensaje implícito que transmiten es el de que se consideran una clase social aparte y superior, una especie de estamento aristocrático al que Costa Rica entera ha de rendirle tributo y pleitesía.
  4. En términos generales, la valoración de conjunto que hacemos de las medidas que formula la UCCAEP, es que éstas proponen recurrir al “dumping social”, como mecanismo para recuperar la maltrecha competitividad empresarial. Es lo que, en general, se desprende de las propuestas en materia de flexibilización laboral, debilitamiento financiero de las instituciones de seguridad social, debilitamiento de la normativa ambiental y de los esfuerzos de control de la evasión y elusión tributaria. Si bien algunos elementos en el documento difieren de ese énfasis, el tono general está claramente centrado en ese aspecto. Es decir, en vez de una propuesta progresiva destinada a elevar la productividad, se opta por un camino de tono predominantemente regresivo, que busca “aplanar” los costos para hacerlos compatibles con una economía ineficiente y de baja productividad. Lograr construir una economía de alta productividad, exige al sector público, asumir sus responsabilidades para el logro de mayor eficiencia y capacidad de respuesta. Pero ello también exige un compromiso paralelo y equivalente del sector privado. Sin embargo, y como ya hemos indicado, la UCCAEP elude cualquier posible compromiso o responsabilidad. Exige todo y no ofrece nada.
  5. Hay razones teóricas, tanto como evidencia empírica, que permiten poner en duda que ese mecanismo del “dumping social”, pueda tener efectos positivos en términos de reactivación de la economía, particularmente en el contexto de la crisis económica, nacional y mundial, desatada a partir de la crisis sanitarias del Covid-19. Pero aún en la hipótesis, sumamente optimista, de que ello pudiese propiciar una reactivación económica en el corto plazo, sus implicaciones en el mediano y largo plazo serían muy negativas, tanto desde el punto de vista económico, como social, político y ambiental. Lamentamos la falta de visión estratégica que la UCCAEP pone así de manifiesto.
  6. Nos resulta alarmante lo que se plantea en los puntos 1.1. a 1.6 (pp. 9-11), lo cual pareciera proclamar la renuncia explícita, por parte de esta organización, a cualquier compromiso, democráticamente formulado y acordado, en materia laboral, tributaria, ambiental, de protección a las personas consumidoras y a la salud de la población. Aducir que propuestas legislativas o disposiciones de política pública, destinadas a proteger el medio ambiente y la salud de la población, vigilar el cumplimiento de las obligaciones tributarias o el respeto a los derechos humanos, son “acoso” contra el empresariado, constituye una exigencia de impunidad, y un total despego a las más elementales normas de convivencia en democracia.
  7. Es llamativo que en distintas partes del documento, se exija facilitar la participación privada en mercados (por ejemplo seguros, p. 29) donde hay una importante presencia estatal, pero que explícitamente se demande limitar la participación del ICE en construcción de obra pública (p. 28), un sector que, como es conocido, ha sido dominado ampliamente por un grupo muy pequeño de grandes empresas privadas, cuya eficiencia es por lo menos dudosa. Estas inconsistencias ideológicas, aportan mucho material para la reflexión.
  8. Reconocemos que se plantean aspectos positivos. Si la UCCAEP fuese una organización respetuosa de los principios democráticos más básicos, reconocería –pero no lo hace– que inclusive esas ideas, aun siendo susceptibles de un acuerdo más amplio, deben necesariamente pasar por un proceso de estudio y discusión. Hay otros planteamientos –lamentablemente los que marcan la tonalidad dominante de la propuesta– de signo muy regresivo, y por ello mismo sumamente polémicos. Una democracia que se respete a sí misma, no podría decidir acerca de tales asuntos, si no es con base en un debate público amplio y equitativo. Para la UCCAEP eso está totalmente descartado: su tono, autoritario e imperativo, niega cualquier posibilidad de diálogo y de construcción democrática de acuerdos . Ello se hace evidente, con singular estridencia, en relación con la cuestión de la venta de activos públicos. No obstante ser una problemática que suscita grandes desacuerdos, para la UCCAEP es un “fait accompli”. Nada hay que discutir al respecto, tan solo corresponde “definir -en un plazo perentorio- un plan de venta de activos del Estado” (p. 16).
  9. Deploramos el grado de descomposición moral que todo esto pone de manifiesto. Una poderosa organización empresarial que no asume compromisos ni responsabilidades, que exige todo pero no ofrece nada, y que abiertamente opta por desconocer los mecanismos propios de la democracia, no puede ser una buena representante del empresariado costarricense, ni mucho menos ejercer ninguna forma de liderazgo ante el país. Confiamos, sin embargo, que esto sea tan solo un fenómeno que afecta a un pequeño sector de ese empresariado, y que éste, en su mayor parte, sí asume un posicionamiento político, ético y moral, digno de respeto.
  10. Exhortamos al presidente Carlos Alvarado para que mantenga un mínimo de distancia crítica e independencia de decisión, frente a las presiones que, de forma tan abierta y desembozada, ejerce sobre él esta organización, siendo repudiable que se quiera aprovechar la crisis generada por la emergencia del Covid-19, para imponer, a espaldas de la democracia y la ciudadanía, una agenda de estrecho interés gremial-corporativo. Confiamos asimismo que el presidente sabrá interpretar el desafío que esto plantea a la democracia, y, por lo tanto, la necesidad de promover un debate nacional, amplio y pluralista, en relación con asuntos tan polémicos como las privatizaciones o la flexibilidad laboral, entre otros. Reiteramos nuestra disposición de diálogo con el presidente, en el tanto éste mantenga el interés por escuchar otras voces y considerar otras perspectivas, y, sobre todo, lo que es más importante, tenerlas efectivamente en cuenta.

[i] El grupo Economía Pluralista reúne a 25 economistas que provienen de diversos ámbitos de la academia y del ejercicio profesional de la economía, tanto en el sector público como en el privado.

Imagen con fines ilustrativos: https://www.elindependientedegranada.es/blog/democracia-participativa-aproximacion-radical-parte-i-teoria

Racismo en Estados Unidos: llamado conjunto de varios mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas

Escrito en . Publicado en Análisis, Equidad y derechos de la mujer.

Nicolás Boeglin

Racismo en Estados Unidos: llamado conjunto de varios mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas

Ante las diversas protestas desatadas en Estados Unidos desde la muerte en manos de policías blancos del ciudadano norteamericano George Floyd en la ciudad de Minneapolis, varios mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas unieron sus voces este 5 de junio.

El contenido de ambos documentos en breve

En un primer texto colectivo, titulado «Statement on the Protests against Systemic Racism in the United States«, repudian el discurso de odio y de incitación a la violencia por parte de la máxima autoridad en Estados Unidos, recordándole las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos suscritas por Estados Unidos. En este comunicado conjunto, firmado por 44 mecanismos no convencionales de Naciones Unidas (véase texto completo), se puede leer que:

«The response of the President of the United States to the protests at different junctures has included threating more state violence using language directly associated with racial segregationists from the nation’s past, who worked hard to deny black people fundamental human rights. We are deeply concerned that the nation is on the brink of a militarized response that reenacts the injustices that have driven people to the streets to protest«.

En la parte final de su texto, los diversos mecanismos de Naciones Unidas en materia de derechos humanos recuerdan también la obligación para los Estados de remediar mediante medidas de reparación actos como el perpetrado contra la vida de George Floyd, a la vez que exigen a líderes internacionales que se hayan expresado sobre este asesinato atacar las raíces estructurales de racismo y de la discriminación racial, al indicar que:

«Reparative intervention for historical and contemporary racial injustice is urgent, and required by international human rights law. This is a time for action and not just talk, especially from those who need not fear for their lives or their livelihoods because of their race or ethnicity. Globally, people of African descent and others have had to live the truths of systemic racism, and the associated pain, often without meaningful recourse as they navigate their daily lives. International leaders that have spoken out in solidarity with protestors, and with black people in the United States should also take this opportunity to address structural forms of racial and ethnic injustice in their own nations, and within the international system itself«.

En otro comunicado conjunto, también con fecha del 5 de junio, titulado «UN experts condemn modern-day racial terror lynchings in US and call for systemic reform and justice» (véase texto completo) varios expertos en derechos humanos de Naciones Unidas estiman que:

«We strongly condemn the killings of Ahmaud Arbery, Breonna Taylor and George Floyd, and call for systemic reform and justice. The latest videos to surface showing white men chase, corner, and execute a young man who was out jogging, or showing an officer kneeling with his weight on a man’s neck for eight minutes shock the conscience and evoke the very terror that the lynching regime in the United States was intended to inspire,” the experts said. “Given the track record of impunity for racial violence of this nature in the United States, Black people have good reason to fear for their lives«.

Se lee también en la parte final de este comunicado la preocupación generada por mecanismos internos policiales en Estados Unidos que favorecen la militarización de los integrantes de las fuerzas policiales; así como por el hecho que la presión que significa la pandemia del COVID-19 es mucho mayor para la población afrodescendiente en Estados Unidos, al aumentar significativamente el riesgo de verse afectada:

» The experts also recommended that the government of the United States revisit and cease policies facilitating qualified immunity, provision of military equipment to, and military-type training of police, no-knock warrants and use of non-uniformed police in citizen interactions. Finally, civilian oversight boards, mandated body worn camera use, de-escalation training, and independent review of all extrajudicial police killings would enhance both transparency and accountability.

The recent incidents are set in the context of COVID-19, which has heavily and disproportionately impacted people of African descent who faced greater risk and lesser ability to quarantine. These risks, the experts said, have been exacerbated by increased abuse of police authority, over-policing, and excessive force in the enforcement of physical distancing restrictions«.

Estos dos comunicados se dan a conocer en plena progresión de la pandemia del COVID-19 en Estados Unidos y una semana después de haberse oficialmente retirado Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud (OMS): remitimos a nuestros estimables lectores a la nota que elaboramos al respecto, titulada “Estados Unidos anuncia su retiro de la Organización Mundial de la Salud (OMS)” (disponible en este enlace). Como es sabido, Estados Unidos superó la dramática cifra de 100.000 muertes causadas por el COVID-19 el pasado 28 de mayo. Según los registros de la Universidad John Hopkins (véase enlace oficial a mapa del mundo), de las más de 6,9 millones de personas contaminadas a nivel global al 7/06/2020, Estados Unidos concentra en su territorio más de 1.931.000, seguido luego por Brasil con más de 672.000 personas afectadas.

Un llamado de atención a Estados Unidos raramente escuchado que reitera recomendaciones urgentes hechas… en el 2014

Los señalamientos y las recomendaciones que plantearon este 5 de junio los expertos de Naciones Unidas y los mecanismos no convencionales de derechos humanos en los dos precitados comunicados constituyen, sin lugar a duda, un verdadero desafío para las actuales autoridades norteamericanas.

Al respecto, merece mención recordar la letra del artículo 2 de la Convención Internacional para la Eliminación del Racismo y de todas las Formas de Discriminación, adoptada el 21 de diciembre de 1965 (véase texto completo), de la que Estados Unidos es parte desde 1994 (véase estado oficial de firmas y ratificaciones), y que se lee como sigue:

«Artículo 2

1. Los Estados partes condenan la discriminación racial y se comprometen a seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a promover el entendimiento entre todas las razas, y con tal objeto:

a) Cada Estado parte se compromete a no incurrir en ningún acto o práctica de discriminación racial contra personas, grupos de personas o instituciones y a velar por que todas las autoridades públicas e instituciones públicas, nacionales y locales, actúen en conformidad con esta obligación;

b) Cada Estado parte se compromete a no fomentar, defender o apoyar la discriminación racial practicada por cualesquiera personas u organizaciones;

c) Cada Estado parte tomará medidas efectivas para revisar las políticas gubernamentales nacionales y locales, y para enmendar, derogar o anular las leyes y las disposiciones reglamentarias que tengan como consecuencia crear la discriminación racial o perpetuarla donde ya exista;

d) Cada Estado parte prohibirá y hará cesar por todos los medios apropiados, incluso, si lo exigieran las circunstancias, medidas legislativas, la discriminación racial practicada por personas, grupos u organizaciones;

e) Cada Estado parte se compromete a estimular, cuando fuere el caso, organizaciones y movimientos multirraciales integracionistas y otros medios encaminados a eliminar las barreras entre las razas, y a desalentar todo lo que tienda a fortalecer la división racial.

2. Los Estados partes tomarán, cuando las circunstancias lo aconsejen, medidas especiales y concretas, en las esferas social, económica, cultural y en otras esferas, para asegurar el adecuado desenvolvimiento y protección de ciertos grupos raciales o de personas pertenecientes a estos grupos, con el fin de garantizar en condiciones de igualdad el pleno disfrute por dichas personas de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Esas medidas en ningún caso podrán tener como consecuencia el mantenimiento de derechos desiguales o separados para los diversos grupos raciales después de alcanzados los objetivos para los cuales se tomaron«.

También merecen ser recordadas las últimas observaciones del órgano encargado de verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta convención (el Comité para la Eliminación del Racismo y de otras Formas de Discriminación o CERD) con relación al informe oficial remitido por Estados Unidos, hechas en el 2014 (cuyo texto completo está disponible en este enlace). En ellas, se podrá leer que dos aspectos específicos relacionados a prácticas policiales en Estados Unidos dieron lugar a recomendaciones de carácter urgente por parte de los integrantes del CERD:

«8./…/Recordando su recomendación general Nº 31 (2001) sobre la prevención de la discriminación racial en la administración y el funcionamiento de la justicia penal, el Comité insta al Estado parte a que intensifique los esfuerzos por combatir eficazmente y eliminar la práctica de la caracterización racial por parte de los agentes del orden en los niveles federal, estatal y local, entre otros medios:

a) Adoptando y aplicando leyes que prohíban específicamente a los agentes del orden la elaboración de caracterizaciones raciales, como la Ley destinada a poner fin a la caracterización racial;

b) Revisando urgentemente las políticas que permiten la caracterización racial y las prácticas ilegales de vigilancia, supervisión y reunión de datos, incluidas las Directrices sobre la Utilización de Criterios Basados en la Raza por los Órganos de Policía Federales de 2003;

c) Poniendo fin a los programas y políticas coercitivos de inmigración que promueven indirectamente la caracterización racial, como la iniciativa Comunidades Vigiladas y el programa previsto en el artículo 287 g) de la Ley de Inmigración y Naturalización;

d) Llevando a cabo investigaciones prontas, exhaustivas e imparciales de todas las denuncias de caracterización racial, vigilancia, seguimiento y recopilación ilegal de información de inteligencia; obligando a los responsables a rendir cuentas; y proporcionando recursos efectivos, incluidas garantías de no repetición«.

/

«8. /…/Recalling its general recommendation No. 31 (2001) on the prevention of racial discrimination in the administration and functioning of the criminal justice system, the Committee urges the State party to intensify efforts to effectively combat and end the practice of racial profiling by federal, state and local law enforcement officials, including by:

(a) Adopting and implementing legislation which specifically prohibits law enforcement officials from engaging in racial profiling, such as the End Racial Profiling Act;

(b) Swiftly revising policies insofar as they permit racial profiling, illegal surveillance, monitoring and intelligence gathering, including the 2003 Guidance Regarding the Use of Race by Federal Law Enforcement Agencies;

(c) Ending immigration enforcement programmes and policies, which indirectly promote racial profiling, such as the Secure Communities programme and the 287(g) programme; and

(d) Undertaking prompt, thorough and impartial investigations into all allegations of racial profiling, surveillance, monitoring and illegal intelligencegathering; holding those responsible accountable; and providing effective remedies, including guarantees of non-repetition«.

En otras de sus observaciones, los miembros del CERD urgían a Estados Unidos en los siguentes términos:

«17./…/El Comité insta al Estado parte a que:

a) Vele por que todas las denuncias de uso excesivo de la fuerza por los agentes del orden sean investigadas de manera pronta y eficaz; por que los presuntos autores sean enjuiciados y, en caso de que sean declarados culpables, se les impongan penas adecuadas; por que se reabran las investigaciones cuando se disponga de nuevas pruebas; y por que las víctimas y sus familias obtengan una indemnización adecuada;

b) Intensifique sus esfuerzos para prevenir el uso excesivo de la fuerza por los agentes del orden velando por el cumplimiento de los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, de 1990, y se asegure de que la nueva directiva sobre el uso de la fuerza del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras se aplique y se haga cumplir en la práctica;

c) Mejore los informes sobre los casos relacionados con el uso excesivo de la fuerza y refuerce la supervisión del uso inapropiado de la fuerza y de la rendición de cuentas por esta práctica;

d) Proporcione, en su próximo informe periódico, información detallada sobre las investigaciones emprendidas en relación con las denuncias de uso excesivo de la fuerza por los agentes del orden, incluidos los miembros del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras, así como sobre sus resultados, incluyendo las medidas disciplinarias o las actuaciones judiciales contra los autores y los recursos puestos a disposición de las víctimas o sus familias«.

/

«17. /…/ The Committee urges the State party to:

(a) Ensure that each allegation of excessive use of force by law enforcement officials is promptly and effectively investigated; that the alleged perpetrators are prosecuted and, if convicted, punished with appropriate sanctions; that investigations are re-opened when new evidence becomes available; and that victims or their families are provided with adequate compensation;

(b) Intensify its efforts to prevent the excessive use of force by law enforcement officials by ensuring compliance with the 1990 Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials, and ensure that the new CBP directive on the use of force is applied and enforced in practice;

(c) Improve the reporting of cases involving the excessive use of force, and strengthen oversight of and accountability for inappropriate use of force; and

(d) Provide, in its next periodic report, detailed information concerning investigations undertaken into allegations of excessive use of force by law enforcement officials, including the CBP, as well as their outcomes, including disciplinary or prosecutorial action taken against the perpetrator and remedies provided to victims or their families«.

Cabe destacar la incuestionable pertinencia de estas recomendaciones hechas a Estados Unidos en el 2014 para prevenir en el futuro el racismo estructural y la discriminación racial que se evidencian en el actuar cotidiano de varias de sus fuerzas policiales.

A modo de conclusión

No cabe duda que la extrema precisión de estas observaciones de carácter urgente dadas a conocer por el CERD en el 2014, al parecer no atendidas debidamente por la administración norteamericana, haga que revistan una actualidad particular en esta primera semana del mes de junio del 2020.

Una ocasión propicia para reafirmar nuevamente cuán necesario es que sean implementadas las observaciones que emanen de los órganos de tratados de derechos humanos; y cuán imperioso resulta que sean ámpliamente divulgadas y analizadas en el seno de las sociedades, en Estados Unidos como en muchos otros Estados.

Compartido con SURCOS por el autor, publicado en su blog http://derechointernacionalcr.blogspot.com/2020/06/racismo-en-estados-unidos-llamado.html

Imagen: http://www.i-ambiente.es/?q=blogs/una-breve-historia-de-discriminacion-racial

Esquipulas o la paz regional que nunca se construyó

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo, Formación.

Rogelio Cedeño Castro (*)

La frase tantas, veces repetida por Óscar Arias Sánchez, de que durante el conflicto armado centroamericano de los años setenta y ochenta del siglo anterior, los centroamericanos ponían los muertos y las superpotencias ponían las armas, no es más que un lugar común o verdad a medias cuyos alcances convendría examinar, con especial cuidado y atención. Aquel no fue simplemente un conflicto más de la no tan fría guerra que libraron la URSS y los EUA, a lo largo de varias décadas; más bien, cabe destacar que las causas de ese conflicto fueron endógenas y será, desde ese ángulo que intentaremos reflexionar sobre lo ocurrido, durante el cuarto de siglo transcurrido desde que empezaron a ponerse en ejecución los acuerdos de Esquipulas.

El mero hecho del cese del fuego, con el que se pretende muchas veces poner fin a un largo y cruento conflicto bélico, dentro de una determinada área continental, no puede ser confundido con la construcción de una paz positiva y duradera, basada en la superación de las causas profundas que le dieron origen, a partir de acuerdos cuya materialización debe conducir a profundas transformaciones sociales, políticas y económicas dentro de las sociedades y naciones donde han tenido lugar los enfrentamientos armados. Ese y no otro es el caso de la escalada de los enfrentamientos armados que tuvo lugar en el istmo centroamericano, a lo largo de varias décadas, como consecuencia de los graves problemas de legitimidad del poder de las elites regionales, originados en la crisis profunda de las formas tradicionales de la dominación, la que se puso de manifiesto a partir de las crecientes demandas de participación democrática efectiva y de una redistribución de la riqueza, el conocimiento y el poder, las que fueron cobrando presencia e intensidad crecientes, a lo largo de las primeras décadas del siglo XX, en la conciencia y en el actuar de las grandes mayorías centroamericanas.

Debido lo anterior, puede afirmarse que los acuerdos de paz de Esquipulas, Guatemala firmados hace veinticinco años, en el mes de agosto de 1987, no trajeron la paz a la región centroamericana, puesto que de lo que se trató de la ejecución del plan maestro de una contrarrevolución blanda (ver nuestro libro La desmovilización militar en América Central. Dice Libro Editores San José Costa Rica 2008), ejecutado a contrapelo de la fórmula reaganiana de intervención militar directa de la armada estadounidense en todo el istmo, todo un plan político a partir de cuya paulatina materialización quedaron a salvo los intereses de las oligarquías centroamericanas, a pesar de algunos cambios cosméticos en las formas políticas de la dominación. De esta manera, se pasó de la era de las dictaduras militares y las formas más groseras de la dominación tradicional a unas democracias de baja intensidad, a las que calificamos de esa manera, empleando una especie de paráfrasis de las guerras de baja intensidad (Low intensity conflct) promovidas por el Pentágono Estadounidense, durante la década de los ochenta y noventa. Es decir, democracias formales, con periódicas consultas electorales, pero con la condición de que, a partir de sus resultados numéricos, no se vieran afectados los intereses de las viejas élites regionales, las que salieron fortalecidas y parcialmente relegitimadas, al ponerse fin a los enfrentamientos armados en el transcurso de la década de los 1990.

El incumplimiento constante y reiterado de los acuerdos de paz en materia de derechos humanos, en su dimensión política, para no hablar de los de carácter económico y social que tienen sumida a la región en la violencia y la miseria más degradantes y extendidas, fueron una parte esencial de esa gran mentira que buscaba no sólo mantener intacto del statu quo regional, sino que a acentuar las políticas neoliberales en beneficio de ciertos intereses locales y con preferencia, en beneficio de algunas empresas transnacionales, lanzadas al saqueo de los recursos naturales. La impunidad para los criminales de guerra, en su mayoría integrantes de las fuerzas armadas de cada país y de algunos cuerpos paramilitares fue la nota dominante, a lo largo de las más de dos décadas transcurridas desde el inicio de la materialización del llamado plan de paz regional, habiendo sido llevados a juicio sólo unos pocos de los responsables. El reciente golpe empresarial-militar en Honduras, del mes junio de 2009, ejecutado en uno de los países más violentos del mundo, lugar que disputaba con El Salvador, no ha sido otra cosa que una exacerbación de las mismas políticas sociales y económicas, impulsadas por quienes consideran que ellos ganaron -por así decirlo- el conflicto armado, fue el inicio de una grave sucesión de eventos, caracterizados por su secuela de asesinatos sistemáticos de dirigentes populares, periodistas y funcionarios del derrocado gobierno del presidente Manuel Zelaya , todo ello dentro de la misma visión totalitaria de las derechas regionales y de la administración estadounidense de los Obama-Clinton, en su afán de recuperar el control de su patio trasero que se ha visto reducido, en cierta medida, en algunos países situados el sur del continente.

La otra cara de esta contrarrevolución blanda, hábilmente impulsada y ejecutada por la figura más relevante del régimen de la dictadura en democracia, a quien por estos días de conmemoración de los Acuerdos de Esquipulas, Guatemala, del mes de agosto de 1987, se ha pretendido canonizar por parte de algunos de sus más notables corifeos, ha sido la ejecución de los planes del Consenso de Washington con su acelerada destrucción regional del Estado de Bienestar Social o Welfare State. Todo ello con el propósito de hacer retornar a las mayorías centroamericanas, obreras y campesinas, por no decir incluso a muchos sectores empresariales, a las condiciones de vida de por lo menos un siglo hacia atrás, en vísperas de lo conoce ahora como la Primera Guerra Mundial (1914-1918), sin organizaciones sindicales, seguridad social, prestaciones, pago de riesgos del trabajo y otras conquistas sociales no menos importantes por las que hubo que luchar hasta con pérdida de vidas, de manera heroica y tenaz, a lo largo de las primeras décadas del siglo anterior.

El plan de paz de Óscar Arias Sánchez, para el caso de Costa Rica, una nación que tuvo participación indirecta en el conflicto armado fue apenas una fachada para la intensificación de las políticas neoliberales, con estrategias de mediano y largo plazo para acabar con instituciones como la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Durante ese período se bajó el aporte del estado a la caja del seguro social del 3.25 al 0.25 y se comenzó a pagar esa mermada aportación en bonos, de baja denominación y redimibles hasta por períodos de quince años (Ver el libro de Luis Alberto Jaén Martínez El gran asalto del PLUSC al seguro social San José Costa Rica 2011), de ahí en adelante la estrategia de la contrarrevolución blanda, caracterizada por el saqueo de los fondos públicos y su mala administración, se basó en la negativa a comprar equipos médicos para favorecer la contratación de servicios con las clínicas privadas (católica y bíblica que empezaron a crecer de manera monstruosa, como un buen negocio para los integrantes de las elites del poder en Costa Rica), las compras irregulares y fraudulentas (préstamo español y finlandés, a comienzos de la primera década del nuevo siglo) y un deterioro generalizado de los servicios públicos de salud, dentro de lo que constituye otra forma de la guerra contra el enemigo interno , dicho de otro modo la población o los habitantes del propio país. La destrucción sistemática del ICE, a partir de proyectos como el Combo Energético del ICE del año 2000 o la reciente apertura en el campo de las telecomunicaciones, ejecutada a partir de la mal llamada agenda de implementación del Tratado de Libre comercio con los Estados Unidos (TLC-CAEU-RD), también fueron parte de estas estrategias de la contrarrevolución blanda, dentro de su rostro social y económico, el que convendría analizar y estudiar con detenimiento.

Tal y como habíamos señalado en nuestro libro La desmovilización militar en América Central, al que habíamos hecho mención supra, las presuntas políticas de paz llevadas a cabo en el istmo marcharon a contrapelo de lo que había indicado el economista inglés John Maynard Keynes , integrante de la delegación de Inglaterra en la conferencia de paz de Versalles de 1919-1920, en relación con la reconstrucción del tejido social europeo después del primer conflicto bélico, a escala mundial, cosa que no de no hacerse (tal y como ocurrió) llevaría a otro conflagración armada, al condenar a Alemania y Austria al pago de indemnizaciones de guerra a los vencedores. Las políticas económicas y sociales de shock, en el mejor estilo del neoliberal /neoconservador Consenso de Washington, no fueron otra cosa que la continuación de la guerra por otros medios, sólo que, en contra de los vencidos, en este caso las grandes mayorías empobrecidas que habitan en el istmo centroamericano, lo que ha traído una exacerbación de otras expresiones de la violencia en la región, articuladas en las maras y toda clase de organizaciones del crimen organizado. En síntesis, el engaño de una paz que nunca fue otra cosa que un espectáculo para la platea de incautos, en ciertos casos o de interesados cortesanos, en otros.

(*) Catedrático de la UNA.

Parque de la Paz, Panabaj, Santiago Atitlán, Guatemala.

Sí, Costa Rica también es racista

Escrito en . Publicado en Derechos, Equidad y derechos de la mujer.

COLECTIVA AFROFEMINISTA:

Vemos en estos días como varias personas se están manifestando en contra de lo sucedido en los Estados Unidos, ante el asesinato de George Floyd, un hombre afroestadounidense, perpetrado por un oficial de la policía. Estas manifestaciones vienen a raíz de la acumulación de la ira, el cansancio y el enojo de la población afro ante el hecho de que la brutalidad policial en los Estados Unidos ha sido históricamente institucional y hoy, aún en el 2020 la policía continúa asesinando a personas Negras escondiéndose detrás de su insignia y protegidxs por su gobierno. LAS VIDAS NEGRAS IMPORTAN.

Adjuntamos el documento completo:

Sí-CR-también-es-RACISTADescarga

 

Sea parte de SURCOS:
https://surcosdigital.com/suscribirse/

Dos cartas a Canal 7 en protesta por expresión racista en programa

Escrito en . Publicado en Derechos, Equidad y derechos de la mujer.

SURCOS recibió para su publicación dos cartas enviadas a la empresa Televisora de Costa Rica. En la misiva se protesta por expresiones racistas en uno de sus programas. Compartimos los documentos:

Universal Negro Improvement Association
Limón, Costa Rica

Primera carta:

Señores
Teletica Canal 7
Programa Buen Dia
Estimado Señores:

Reciban un saludo de la Junta Directiva de la organización centenaria Universal Negro Improvement Association (UNZA) Branch 300 en Puerto Limón Costa Rica, conocida popularmente como Black Star Line.

La presente misiva tiene como fin mostrar nuestra consternación, repudio, enfado e indignación debido a que en medio del Decenio Internacional de los Afrodescendientes, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución número 68/237 del 23 de diciembre del año 2013 donde se proclama el Decenio Internacional de Afrodescendientes por los temas: Reconocimiento, Justicia y Desarrollo, un medio nacional de tal renombre como el de la Televisora de Costa Rica Teletica Canal 7, presente en el programa Matutino Buen Día el 27 de mayo del presente año, el tema de la enfermedad conocida como Bromhidrosis, Osmidrosis y Acidosis con el doctor Mauricio Mora de Miranda quien hace uso de prejuicios racistas no fundamentados en la ciencia, para denigrar, estereotipar, menospreciar y menoscabar la dignidad humana de la población afrodescendiente, todo ello sin fundamentarse siquiera en datos estadísticos y explicando literalmente: «No tenemos claro que cantidad de población que sufre esto, lo que sí conocemos es que es por ejemplo más frecuente en personas afrodescendientes o personas que tienen una línea genealógica afrodescendiente…». Lo que nos parece más indignante aún ha sido ver que la conductora del programa la señora Nancy Dobles, mostraba un acuerdo tácito al asentir con el movimiento afirmativo de su cabeza lo dicho por el entrevistado, sin encauzar o cuestionar las bases para tal afirmación, lo que nos hace presumir que la empresa acuerpa este tipo de aseveraciones prejuiciadas sin importar el daño psicológico que las generaciones de afro costarricenses puedan sufrir por el mal manejo de esta entrevista y las nebulosas que dejaron en la psique de la población en general, que sabemos da pie a manifestaciones de discriminación.

Con fundamento en el artículo 1 de la Constitución Política, La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, La Declaración y Programa de Acción de Durban, La Declaración Universal de los Derechos Humanos, La Resolución 68/237 del 23 de Diciembre del 2013 proclamada por las Naciones Unidas, la Ley 7711 para la Eliminación de la Discriminación Racial en Educación y Medios de Comunicación, exigimos una disculpa pública en persona de ambos: La conductora y el entrevistado, en el mismo medio en donde se dio este atropello a la población afrodescendiente en el término de los siguientes 10 días hábiles, de lo contrario tomaremos las medidas que consideremos pertinentes.

A la espera de su pronta atención y respuesta.
Atentamente,

 

Lic. Winston Norman Scott
Presidente

Sharon Watson Waufht.
Tesorera

Laura Hall Moore
Vicepresidente

Segunda carta:

Viernes 29 de mayo 2020

Señores Canal 7
Programa Buen Día

Reciban ustedes un cordial saludo de parte del Movimiento Limonense en el Extranjero, una organización sin fines de lucro con sede en la ciudad de New York formada por un grupo de 30 profesionales limonenses, cuya finalidad es velar por el bienestar de los afro costarricenses y su área etnográfica original, Limón.

Costa Rica como signatario de la Asamblea General de la ONU proclamó 2015-2024 Decenio Internacional para los Afro-descendientes, Resolución 681237, citando la necesidad de fortalecer la cooperación nacional, regional e internacional en relación con el pleno disfrute de los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos de las personas de ascendencia africana, y su plena e igualitaria participación en todos los aspectos de la sociedad. Que la Resolución 68/237 ONU declara que el tema del Decenio Internacional es Afro-descendientes: reconocimiento, justicia y desarrollo.

Como ciudadanos costarricenses solidarios con la comunidad afro, expresamos nuestro profundo malestar por los acontecimientos que se suscitan en Costa Rica y por lo tanto nos permitimos hacer un llamado de atención urgente.

Somos conscientes que más allá del hecho de que el racismo está ganando terreno, las formas y manifestaciones contemporáneas, moral e incluso legal en muchos sentidos a través de tecnologías modernas de comunicación como programas televisivos, periódicos, estadios de fútbol, se han convertido en escenarios con la mayor audiencia para demostrar la perversión social entendida como una inclusión falsa y una integración hipócrita, la forma más vulgar de mostrar racismo.

Las manifestaciones de racismo no son flagrantes y directas, sino más bien establecidas e indirectas y que se filtran profundamente en los prejuicios inconscientes y afecta la forma en que interactuamos con los demás.

Los profesionales de la salud, los periodistas y los medios de comunicación obedecen a principios éticos, normas profesionales y responsabilidad penal, civil y social. No son ruedas sueltas, sino que se adhieren a condiciones que respeten los derechos humanos v al autocontrol.

El día lunes Mayo 25, 2020 en su programa «Buen Día» en una entrevista con el Dr. Christian Mora de Miranda, se llegó a una conclusión atrevida y sin base científica sobre el tema ¿Cómo eliminar el mal olor en las axilas? por cierto de muy mal gusto para nuestra comunidad afro a nivel nacional e internacional cuando dijo:

«…es más frecuente en personas afro descendientes y se ve en personas de una línea genealógica afro descendiente…».

Debemos tener mucho cuidado a la hora de abordar estos temas a nivel de medio de comunicación, ya que varios estudios recientes, indican que la glándula apocrina de las personas, a las moléculas de olor en las axilas, son absorbidas y procesadas por nuestros cerebros y traducidas en reacciones psicológicas y conductuales, por lo que esa generalización es atrevida, racista y sin fundamento.

Vale la pena señalar que científicamente realmente no existe intrínsecamente «mal olor», más bien, solo hay olores y cómo los percibimos en gran medida es artefacto de nuestra herencia evolutiva particularmente humana. Decir que la carne podrida huele desagradable es similar a decir que la puesta de sol se ve hermosa: no hay una cualidad de «belleza» intrínseca a la puesta del sol, así corno tampoco hay una «repugnancia» intrínseca a la carne podrida; más bien, la carne podrida y los atardeceres solo son percibidos de esta manera por la mente humana; como cualidades «fenomenológicas». Los adjetivos como «hermoso» y «desagradable» simplemente describen cómo experimentamos subjetivamente el mundo natural.

Estamos convencidos de que en Costa Rica estamos frente a lo que la sociología llama «Micro Agresiones Raciales» que son breves y comunes cotidianas, verbales, de comportamiento o de indignidades ambientales, ya sean intencionales o no, que comunican desaires hostiles, despectivos o negativos e insultos hacia las minorías.

El primer paso para erradicar las Micro Agresiones Raciales es la voluntad de reconocer cómo cada uno contribuye al problema. Debemos reconocer nuestros propios privilegios, poder y prejuicios, y cómo estos influyen en la forma en que interactuamos con los demás.

La Constitución política protege la honra, el buen nombre y la vida privada de las personas, así como las normas internacionales sobre los derechos humanos. Si alguien se siente vulnerado por un periodista, está en todo su derecho de solicitar la rectificación de la información.

Por este medio le estamos solicitando una aclaración y rectificación pública.

Quedamos atentos a su respuesta.

Atentamente.
Marcia Robinson
Coordinadora ME

 

Imagen: https://twitter.com/OSUTI_OS

Información compartida con SURCOS por Gerardo Mora Burgos.

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No faltará un Notario idiota…

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

En materia de Derecho un Abogado puede negarse a llevar una causa. Por ejemplo, un abogado patronalista puede negarse de llevar un caso de demanda laboral contra patronos. Un abogado laboralista podría negase a llevar un caso contra un trabajador, solicitado por un empleador. Un abogado puede negarse a llevar defensas de acosadores sexuales, de violadores sexuales, de abusadores y violadores de menores de edad, de estafadores al Estado, en fin, de muchos actos en los cuales por las razones que estime no le interese, no quiera o no esté de acuerdo en defender.

Así también hay abogados que solo llevan ciertos casos de Derecho, de la especialidad de la materia que más dominan, o tienen titulada y reconocida, y lo demás lo desechan, no lo llevan, o recomiendan a otros Abogados para que los atienda.

Hay grupos de abogados que actuando conjuntamente, en Oficinas Comunes organizadas como empresas jurídicas, o sociedades para brindar estos servicios, que son Bufetes reconocidos, y que desarrollan sus actividades de acuerdo a sus especialidades y fortalezas, de manera que cuando un cliente, una persona, llega a solicitar su conocimiento y apoyo profesional, se le refiere al “especialista” del Bufete.

En Costa Rica el Notariado lo puede realizar el Abogado, que se graduó como Abogado y Notario, como se hacía antes, y el Abogado que hoy hace cursos especiales de Notariado, como una especialidad, para lograr titularse de Notario Público, e inscribirse como tal, bajo las regulaciones y legislación existente para ejercer el Notariado. Hoy no todos los Abogados son Notarios. Para ser Notario sí se necesita ser Abogado.

No hay en Costa Rica, como sucede en otros países, Oficinas Públicas de Notariado o de Notarios, que son las únicas autorizadas para realizar los actos que notarialmente se deban ejecutar.

En este sentido los Notarios, como los Abogados, y los Abogados Notarios, pueden negarse a realizar ciertos actos jurídicos, pueden renunciar a ellos, con la pérdida económica que les puede significar de cobro de honorarios. Eso a nadie afecta literalmente porque hay un gran mercado de Abogados y Notarios, y de Notarios. Eso solo afecta a quien renuncia a no hacer una escritura notarial de un acto legalmente válido, como es el matrimonio civil de personas del mismo sexo.

En la vida jurídica nacional los ciudadanos pueden ver el escaparate de Abogados y Abogados, y de Notarios existentes, y como en un Supermercado, escoger el “producto” que más les guste, si ya lo conocen, si saben de su calidad, o de experimentar al azar nuevos productos. Igual que en este mercado de productos se puede salir altamente satisfecho o insatisfecho, y hasta enfermo con lo que se contrate. Hay Abogados y Notarios que son verdaderos delincuentes, que hasta la prisión han ido porque estafan a sus clientes, hombres o mujeres, mujeres viudas, y parejas. Hay tal cantidad de Abogados, y Abogados y Notarios, en el mercado jurídico judicial, en el país, que siempre se va encontrar el Abogado y al Notario que se quiere. A muchos Notarios les suspenden su facultad notarial.

En el trabajo de la Abogacía y el Notariado, hay Abogados, y Abogados y Notarios, que se han especializado en Derecho de Familia.

Desde 1888 cuando se estableció el Divorcio los Abogados y Notarios, de aquella época, podían llevar juicios de divorcio, de acuerdo a las causales de la época, que se presentaban ante los juzgados, que se mantuvieron casi intocables hasta 1970 cuando se separó del Código Civil la materia de Familia, y se ampliaron y mejoraron cualitativamente las causales, incluso se establecieron situaciones de igualdad entre los cónyuges. No conozco casos, ni he oído de ellos, que abogados de esos años se opusieran a realizar divorcios por razones de conciencia religiosa, que sería lo único que podría alegarse en contra del divorcio, considerando al matrimonio un Sacramento… hasta que la muerte separe, o divorcie, o disuelva el vínculo matrimonial, por el acto del fallecimiento, al conjugue sobreviviente para que pueda volverse a casar…

Conocí casos de abogados idiotas que mal aconsejaban a sus clientes cuando estaban de acuerdo ambos de divorciarse, y al no existir la causal de mutuo acuerdo, en la legislación de la época, tenían que “inventar”, como real, una de las causales existentes, para gestionar el divorcio. Y… Hubo abogados que aconsejaron al hombre, como generalmente se hacía, para que se le acusara de intento de homicidio de su mujer como causal de divorcio. El divorcio procedía y así se fallaba, y de inmediato el Juez trasladaba al hombre a la jurisdicción penal por el intento de homicidio. Lo más usual era acusar al hombre de infidelidad como causal de divorcio, cuando había mutuo consentimiento, razonabilidad y entendimiento familiar, para hacerlo… cuando no eran “casos peleados”, como se decía.

Los Abogados especializados en Derecho de Familia, que son los que atienden hoy los aspectos de matrimonio y de divorcio, entre otros asuntos, generalmente hacen esfuerzos importantes por tratar de convencer a la pareja que demanda su servicio para divorciarse, para que no lo hagan precipitadamente, que se tomen más tiempo…

La verdad es que cuando una pareja ya no quiere vivir junta, ni se les debe, ni se les puede obligar a convivir… Debe procederse a facilitar de la manera más expedita su divorcio, la disolución de su matrimonio. Se divorcian nada más las personas que están casadas jurídicamente.

Nuestra legislación debería avanzar a establecer la causal de divorcio por “voluntad de una de las partes”, que es la mejor forma de decirlo, cuando una de las dos personas de la pareja matrimonial ya no quiere continuar en el matrimonio.

Desde el 26 de mayo Costa Rica ha dado un enorme paso en materia de Derechos Humanos, de Familia y de Matrimonio, al reconocer el Estado costarricense que en Costa Rica pueden casarse las personas independientemente de su raza, de su condición social, de su condición económica, de su nacionalidad, de su credo religioso, filosófico o político, de su sexo, permitiendo, que en igualdad de condiciones, el matrimonio civil, que es el único reconocido y validado por el Estado, lo puedan realizar indistintamente parejas constituidas por hombre-mujer, hombre-hombre y mujer-mujer.

El matrimonio que se realiza en la Iglesia Católica tiene validez y reconocimiento dentro de la Iglesia, y solo tiene reconocimiento estatal cuando se inscribe en el Registro Civil, porque a los sacerdotes se le autoriza la realización del acto matrimonial, para los efectos de reconocimiento estatal y civil del acto realizado en la Iglesia, actuando ellos como Auxiliares del Registro Civil.

A nadie afecta que unas personas se casen por la Iglesia, como a nadie afecta que unas personas se casen por la vía civil, ni la Iglesia se afectada con los matrimonios civiles. Si el Estado no le impone a la Iglesia prohibición alguna para realizar y reconocer los actos matrimoniales de conformidad a sus principios y rituales religiosos, la Iglesia no puede imponerle al Estado la forma de realizar y reconocer los matrimonios autorizados legalmente. Si en la Iglesia solo se permite el matrimonio de hombre mujer, la Iglesia no puede impedirle a Estado reconocer también los matrimonios de hombre mujer y de hombre hombre o mujer mujer.

Con esta decisión jurídica de reconocer esta igualdad hemos crecido como sociedad. A los Abogados y Notarios, y a los Notarios, el Estado los ha autorizado para realizar matrimonios y procesos de disolución matrimonial, escrituras de divorcio, que se validan en las Oficinas del Registro Civil y ante los jueces, según corresponda el trámite respectivo.

Con la nueva legislación que permite el matrimonio de hombre hombre y mujer mujer, se ha dicho e informado que hay Notarios que se negarán a casar, a realizar actos matrimoniales de hombre hombre, mujer mujer, aduciendo razones de conciencia.

Honestamente creo que es pura paja lo de “su conciencia”, en esta materia. Pero aceptemos que así podría ser, porque son muy religiosos y desde sus valores religiosos no están de acuerdo con ello. O porque son muy “moralistas” y creen que el matrimonio válido es únicamente el que se realiza entre hombre y mujer y nada más.

Lo único que estos Notarios pierden en ese acto, de negarse a realizar un matrimonio de dos personas del mismo sexo, es la pérdida del cobro de sus Honorarios Profesiones por el trabajo que se les solicita de hacer una escritura matrimonial. Lo que pierden además del cobro de sus Honorarios de la Escritura del Matrimonio Civil que se le solicita, es la pérdida de potenciales clientes, no solo para asuntos de familia, sino para otros asuntos como suele suceder cuando se tienen abogados de referencia personal o familiar a quien acudir. Negarse a hacer matrimonios civiles de personas del mismo sexo es negarse a recibir a esas parejas para otros asuntos que les puedan llevar profesionalmente. Si una pareja rechazada por un Notario para casarlos, como permite la ley, lo que hace es buscar otro Notario para casarse y a ese otro notario le depositarán su confianza futura para otros asuntos jurídicos.

Así como podrá haber Notarios que no quieran realizar estos nuevos matrimonios, aparecerán otros Notarios y Bufetes especializados en “matrimonios civiles del mismo sexo”, con toda una organización empresarial para realizarlos, con toda la pompa, como se realizan en general los matrimonios que pueden pagar sus fiestas y fiestones. Porque en matrimonio hay como sucedía en el pasado, “entierro de rico” y “entierro de pobre”, hay “matrimonios con fiesta” y “matrimonios sin fiesta”.

Hace algunos años a un Ministro de Salud, le oí decir, que en Costa Rica, en su vida, el 10% de la población había tenido alguna experiencia homosexual, desde niño hasta adulto. Supongamos que ese porcentaje siga siendo el mismo, hablamos de medio millón de personas, niños y adultos. Jurídicamente es un conglomerado muy importante para atenderlo, profesionalmente, con la nueva legislación. No es un mercado a despreciar profesionalmente con los réditos económicos que puede significar. Ya la hotelería y gastronomía nacional habían avanzado mucho reconociendo espacios y exigiendo respeto para las parejas del mismo sexo que los visitaran. Esto se va a incrementar…

Obviamente nadie va a ir buscar al Notario que se niega a realizar una escritura matrimonial de personas del mismo sexo si se sabe que hará problemas diciendo «objeción de conciencia».

Si así fuera, con toda honestidad, posiblemente, ese Abogado y Notario, tendría que negarse a dar consejos profesionales y realizar ciertas escrituras frente a actos que él mismo como Notario podría considerar que no se deben hacer, o que él mismo no está de acuerdo en que se realicen.

En Derecho Penal enseñaban que había que defender al criminal como culpable si fuera del caso. En materia de matrimonios civiles del mismo sexo no hay criminales, ni marginados sociales, ni delincuentes de ningún signo, ni enfermos mentales. Hay personas que acuden a la formalidad de la figura legal del matrimonio civil para realizarse en igualdad de condiciones, como todos los ciudadanos, en su derecho al reconocimiento de su matrimonio, de su vida en pareja, de su amor públicamente manifiesto, sin discriminación alguna. La ley es la Ley y se debe respetar y acatar aunque no nos parezca.

Si hubiera solo oficinas de Notariado Público, como sucede en algunos países, donde solo unos pocos funcionarios ejercen como Notarios de Estado, ningún Notario de estas Oficinas podría negarse al acto notarial que por ley, y en concordancia con la ley, se le solicita su gestión de matrimonio. Estaría obligado a aplicar la Ley, en afirmación al Derecho que le asiste a quien así lo solicite. Igual es para los Jueces de Familia, están obligados a casar, de conformidad con la nueva legislación. Si un Juez de Familia no está de acuerdo en aplicar la Ley lo mejor que puede hacer es renunciar a su puesto.

Lo que Costa Rica ha aprobado y ha hecho regir como nueva legislación no es Derecho Canónigo, es Derecho Civil, es Derecho del Estado, es el Derecho que atiende a todas las personas independientemente de su raza, su credo, su sexo, su posición social, en igualdad de condiciones y de situación.

El Derecho Canónigo lo hace la Iglesia y lo aplica la Iglesia en su jurisdicción y con sus feligreses. El que quiera casarse atendiendo su conciencia y su credo religioso que vaya a la Iglesia Católica, donde los curas están autorizados a realizar matrimonios, como auxiliares del Registro Civil, que para estos efectos son. Los curas no hacen matrimonios civiles, hacen matrimonios católicos, de acuerdo con sus ritos y preceptos, que para que tengan validez deben ser inscritos en el Registro Civil, de lo contrario es como si no se hubieran realizado, excepto para los muy católicos que pueden considerar que ese es el único matrimonio válido para ellos.

Los Notarios que no quieran realizar matrimonios civiles de personas del mismo sexo pueden no hacerlo. Es su privilegio el de rechazar clientes y negocios jurídicos.

Esperemos que no volvamos a la Costa Rica de hace unas décadas, parafraseando la situación, en la cual en las oficinas de Notarios podrían aparecer carteles que digan “Aquí somos Notarios católicos y religiosos y no hacemos matrimonios civiles de personas del mismo sexo”. Y hasta podría sumarse a los Notarios católicos, Notarios de otros credos religiosos con la misma canción. No faltará algún Notario idiota que lo ponga.

 

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Marco Castillo Rojas: “Lucha es por la equidad social”

Escrito en . Publicado en Derechos, Equidad y derechos de la mujer.

“Los más importante es que estamos peleando por la equidad, una equidad social. El logro del matrimonio igualitario nos ha dado fuerza para seguir adelante en la lucha contra la discriminación”. Así expresa Marcos Castillo Rojas, de la Organización Interseccional pro Derechos Humamos, su valoración del momento actual luego de la entrada en vigencia del derecho a casarse para las personas del mismo sexo.

Agregó que este es un ejemplo de que si se lucha por los derechos de forma unida es posible triunfar.

Le invitamos a ver el video de poco más de dos minutos.

Avanzar en derechos

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Marcos Chinchilla Montes

Y finalmente, luego de varias décadas de tensa espera, este martes 26 de mayo el matrimonio igualitario fue una grata realidad en Costa Rica.

Cuánta discriminación, ignorancia, y violencia para llegar a este momento… cuántos amores viviendo en la clandestinidad.

Pero para plantearlo con una dosis de realidad, alcanzar esta cima jurídica que avanza en el reconocimiento de derechos, no es el peldaño final. El odio, el dogmatismo y el desconocimiento no son sencillos de superar en una sociedad que aún tiene un perfil moral-conservador que no muestra ningún empacho en negar derechos.

Así que la campaña del miedo, el rechazo, la difamación y el señalamiento público tendrán aliento en el país por un tiempo bajo el alero del extremismo religioso; pero con el paso de los años se irá naturalizando el derecho al matrimonio igualitario como cualquier otro matrimonio, particularmente en las nuevas generaciones que no tendrán tan arraigado ese prejuicio.

Un reconocimiento a todas aquellas personas y movimientos sociales que se metieron de lleno en la defensa de esta causa humanista y progresista. No ha sido sencillo, el pensamiento medieval, necesariamente oscurantista, recurrió a todas sus armas, pero particularmente a la del miedo y a la manipulación, sustentada en una moral religiosa que lo que menos mostraba era amor -valor que por ciento dicen defender.

El recorrido político que nos permite materializar este derecho, lamentablemente ha contado con la omisión de diferentes gobiernos; el ingrato papel de diferentes diputados, diputados e iglesias que hicieron lo imposible para que no se alcanzara el matrimonio igualitario; un papel muy tibio para mi gusto, por parte de la Sala Constitucional y el Tribunal Supremo de Elecciones que le devolvieron la papa caliente a la Asamblea Legislativa; y hasta del juez Francis Porras que le solicitó al Registro Civil desinscribir el matrimonio de Jazmín Elizondo y Laura Florez-Estrada, primer pareja legalmente casada en nuestro país. Dichosa la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se constituiría en pivote para obligar al país a legislar en esta materia, ello a partir de la consulta que le hiciera el gobierno de Luis Guillermo Solís.

El ascenso del cristianismo fundamentalista en las pasadas elecciones y su llegada con creces a la Asamblea Legislativa, supuso no solo un enorme reto para este movimiento, sino que por poco se convierte en un obstáculo real que podría haber impedido materializar este derecho. El cisma interno dentro de las fracciones cristianas y otros espíritus celestes afines, así como su indiscutible incapacidad política para negociar y articular proyectos de ley, les hizo desperdiciar 18 meses de trabajo legislativo, procurando en dos semanas aceitar cañones, flechas, mentiras y versículos para oponerse a este derecho que supone avanzar en igualdad.

 

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SERPAJ saluda el logro de la causa LGTBIQ

Escrito en . Publicado en Derechos, Equidad y derechos de la mujer.

Desde SERPAJ-CR saludamos con alegría y esperanza este nuevo logro a favor de la causa LGTBIQ y los Derechos Humanos en Costa Rica.

Que el camino de esta causa que hace posible el reconocimiento de una sociedad diversa, inspire y reanime la lucha que desde muchas otras trincheras sostenemos a favor de los Derechos Humanos.

En cualquiera de sus formas ¡AMOR ES AMOR!

26 DE MAYO, 2020 #LaLuchaSigue

 

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