Matrimonio igualitario en Costa Rica, ¿y Panamá cuándo?
Conversación en vivo hoy lunes 25 de mayo a la 1 pm hora de Costa Rica, 2 pm hora de Panamá.
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ID de la reunión: 883 9829 1214
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Etiqueta: derechos humanos
¿Revivir el escenario de las elecciones de febrero-abril del 2018?
Vladimir de la Cruz
Cuando un grupo de diputados intentó revisar lo actuado por el Poder Ejecutivo, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y por la propia Sala Constitucional, respecto al matrimonio igualitario, con la finalidad, o mala intención, de que en los próximos 18 meses se sometiera de nuevo a votación, y discusión parlamentaria, sencillamente hicieron cálculos que, de nuevo, en esos 18 meses estaríamos, justo en el momento del próximo proceso electoral del 2021-2022, alrededor de octubre y noviembre del 2022, discutiendo este asunto, que ya está fallado judicialmente.
Puesto así, políticamente, podía resultar un nuevo alboroto nacional, atizando sentimientos religiosos alrededor del concepto del matrimonio católico, cristiano o religioso, del cual quienes lo defienden a ultranza, lo señalan como matrimonio de hombre-mujer, porque así lo definen religiosamente.
Sin embargo el matrimonio es una situación de la realidad entre dos personas. En el caso costarricense, desde 1888, la figura del matrimonio como concepto, como categoría social de reconocimiento de parejas, que viven juntas, solo es válido el matrimonio civil, el matrimonio que se lleva a cabo ante la autoridad civil competente, y que se inscribe en el Registro Civil de personas, época de 1888, en que esta Institución también surgió.
Antes del Registro Civil, en 1888, los matrimonios se realizaban ante las autoridades eclesiásticas porque eran las que llevaban los registros de nacimientos por los bautizos, los matrimonios y las defunciones. Era una época donde la religión católica era dominante. Así venía siendo desde que los españoles la impusieron con su llegada a América, impidiendo el ejercicio de otras religiones, prohibiéndolas en su práctica, monopolizando las creencias religiosas y “satanizando” a quienes no tuvieran o profesaran la religión católica.
Las leyes liberales, que iniciaron en 1882, se fortalecieron en 1884 y se consolidaron en 1888, separaron los asuntos religiosos del Estado, se separó incluso la enseñanza religiosa de la educación pública. Con ello la sociedad costarricense, sin enseñar religión católica en las escuelas y colegios, no se hizo menos religiosa ni menos católica, porque su enseñanza se fortaleció donde debía darse, en el hogar y en la Iglesia.
Esa separación de hecho se mantuvo hasta el primer año de la Administración de Rafael Ángel Calderón Guardia, cuando como resultado del Pacto para que la Iglesia apoyara su candidatura presidencial, en 1939, se acordó derogar las leyes liberales en lo que afectaban los intereses de la Iglesia Católica.
Al crearse el Registro Civil y al establecerse el divorcio, como un elemento importante de la figura del matrimonio, se le asestaba un golpe a la idea religiosa del matrimonio, porque el matrimonio eclesiástico en teoría no debe disolverse nada más que con la muerte de los cónyuges. En un Concilio en que esto se discutió, hubo quienes sostuvieron la tesis que el matrimonio religioso no se disolvía con la muerte. Finalmente se impuso la idea que la muerte sí acaba el matrimonio y permite que el viudo o la viuda puedan volverse a casar bajo el “sacramento” del matrimonio.
El matrimonio civil se impuso. Todos los costarricenses desde entonces realizan su acto matrimonial bajo los preceptos del matrimonio civil, y solo los actos matrimoniales que se inscriben en el Registro Civil son válidos ante el Estado y la sociedad costarricense.
Los actos religiosos que tienen la figura del matrimonio, ante autoridades religiosas, curas o pastores autorizados, son válidos dentro de la Iglesia Católica, o las otras iglesias, pero solo son válidos públicamente si se inscriben en el Registro Civil. Los sacerdotes y funcionarios eclesiásticos autorizados, para realizar esos matrimonios, ante el Registro Civil son Auxiliares de la institución estatal, y tienen obligación de inscribir dichos actos matrimoniales para que públicamente sean reconocidos.
Por razones religiosas puede haber personas que moralmente solo se sientan casados si lo han hecho por la Iglesia o por las tradiciones religiosas que profesan.
A los que no son religiosos, ¿en qué los afecta que personas que son religiosas se casen por sus tradiciones, ritos y religiones? En nada. Son sus prácticas, sus creencias, sus derechos. Se les debe respetar.
Así, la sociedad costarricense desde 1888, especialmente desde ese año, tenía dos grupos de personas que se les autorizaba, y así se les reconocía el matrimonio, ante el Estado y la Sociedad costarricense, los que se casaban por la Iglesia y los que se casaban ante las autoridades estatales facultadas para realizar los matrimonios. Era también un asunto de reconocimiento de relaciones amorosas entre personas. Se respetan ambos grupos, independientemente si los católicos veían con malos ojos a los que se casaban civilmente. Los que se casaban por la vía civil nunca vieron con malos ojos a los que se casaban por la Iglesia. Era un asunto de definiciones personales, de respeto y de tolerancia.
En aquella época, antes de 1880 no se permitía el culto de otras religiones. De hecho estaban prohibidas en su práctica. La construcción del Ferrocarril al Atlántico, como se decía, al traer mano de obra extranjera, que profesaba otros cultos religiosos, obligó a que el Estado permitiera el ejercicio de esas otras religiones. Así se introdujeron las religiones cristianas no católicas, y algunas prácticas religiosas de los chinos y de los negros en la región de Limón y de la construcción del ferrocarril.
La Iglesia Católica por su parte arreció contra esas prácticas que se fueron introduciendo y expandiendo en el resto del país. Impuso, en sus feligreses, los carteles que se ponían en las ventanas de las casas “aquí somos católicos y no admitimos propaganda protestante”. Aun así, aprendieron, ambos grupos, católicos y cristianos no católicos, a sobrevivir, sobrellevarse, tolerarse y finalmente a “disputar las almas” en el campo de sus prácticas y cultos religiosos.
Los no católicos, pero creyentes, fueron obligados a casarse por el Estado, ante el Estado, ante autoridad civil, y antes o después, en sus cultos religiosos podían hacer una ceremonia religiosa de acuerdo a sus creencias cristianas no católicas.
Así la sociedad costarricense llegó a tener tres grupos de personas frente al matrimonio: los católicos que se casaban entre ellos, con sus ritos y que podían inscribir sus matrimonios en tanto el sacerdote era un Auxiliar del Registro Civil, los no católicos ni creyentes que podían casarse directamente ante la autoridad civil competente, y los cristianos de otras denominaciones, que debían casarse obligadamente en el plano civil para que se les reconociera su unión libre de amor, aunque después realizaran algún otro acto religioso sellando ese vínculo, pero sin que ese acto religioso fuera oficialmente reconocido por el Estado, como sí lo es el matrimonio católico.
La sociedad costarricense es una trama de relaciones sociales intensa e inmensa. Probablemente en todos los tiempos ha habido relaciones de parejas homosexuales, hombre hombre, mujer mujer, así como ha habido relaciones de infidelidad, violando sus cánones religiosos, entre las parejas y matrimonios de católicos y de cristianos no católicos, como entre los no creyentes. Por razones religiosas, que impactaron la vida civil y legal, los homosexuales fueron perseguidos, estigmatizados, anatemizados, obligados a realizar sus afectos y expresiones amorosas, y sus manifestaciones de amor, como lo hacían las otras parejas, independientemente de sus cultos religiosos, a escondidas, “en el closet”, como llegó a decirse. Pero eran situaciones reales, de todas las familias, fueran religiosas o no.
El desarrollo de los Derechos Humanos y de las Libertades Civiles, poco a poco, fue impulsando el reconocimiento de los derechos al matrimonio, reconocido por el Estado, no por las Iglesias, de estas personas. Las iglesias pueden no reconocer y hasta rechazar estos matrimonios, pero no pueden impedirlos si se trata de Igualdad de Derechos, de Igualdad de Libertades, de Igualdad de Realización Humana. Tampoco pueden actuar para obstaculizar que a las personas homosexuales se les reconozca el derecho al matrimonio ante el Estado como lo realizan los otros grupos de personas en la sociedad costarricense. Se trata de un Derecho de Igualdad Real.
Los grupos de parejas homosexuales no se oponen a la existencia de esas otras prácticas de reconocimiento de matrimonio. No es asunto de ellos, como no debe ser asunto de los creyentes, católicos o no, el que personas del mismo sexo quieran casarse, quieran mostrar públicamente sus relaciones de amor, de afecto, de compañía, de solidaridad entre ellos, y que se les reconozca como tales, y se les respete en el ejercicio de su vida íntima, de amor, de pareja, ante la sociedad. Esta es la esencia de esta discusión.
En las pasadas elecciones frente a la acción y consulta interpuesta por el Poder Ejecutivo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se provocó una Resolución que obligó al Estado costarricense a reconocer el Derecho al matrimonio de las parejas homosexuales, en igualdad de condiciones y situaciones jurídicas, al que tienen las parejas no homosexuales. La Sala Constitucional de la República avaló dicha Resolución y postergó su entrada en vigencia hasta el próximo martes 26 de mayo.
Frente a esto, un grupo de diputados, 24, entre ellos de Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana, se movieron con una maniobra legislativa para que la entrada en vigencia de esta disposición se alargara por 18 meses, y se pegara con el próximo proceso electoral. Probablemente pensaron que si eso se provocaba tendrían de nuevo un escenario, parecido al de los meses de enero a febrero y de febrero a abril del 2018, cuando el país se puso en tensión alrededor de esta temática para definir el resultado electoral, y desplazar en ese debate a los partidos Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana. Estos dos partidos, ante los partidos pentecostales o neopentecostales, nada tienen que hacer en esta lucha conservadora. No sacan tajada electoral. Pierden parte de sus electorados, como quedó demostrado en el 2018.
Por eso parece estúpido políticamente que haya habido diputados de estos partidos promoviendo esa nueva consulta ante la Sala Cuarta cuando bien podían ver que, en el escenario electoral del 2021-2022, estos partidos no iban a desplazar, en ese debate ni agitación política electoral, a los partidos cristianos no católicos, fundamentalistas y neopentecostalistas. Se estaban pegando tiros en los pies y en las piernas. Pero así es la ceguera y la estupidez política algunas veces.
Dichosamente el lunes fue rechazada, por una mayoría parlamentaria, sensata, inteligente, proclive a fortalecer los Derechos Humanos, a enriquecer la imagen pública, bien ganada que tiene nuestro país en el plano internacional, la acción que querían hacer de tipo guerrillero, terrorista, contra las Resoluciones judiciales ya en marcha, y de poner nuevamente al país en un debate ya superado, incluso electoralmente, con el resultado de las elecciones del 2018.
La temática de la Agenda electoral y Política del 2022 ya está apareciendo, ya está surgiendo, ya se ven los aires contra el gobierno del Partido Acción Ciudadana, desde todas las tiendas políticas, sobre todo cuando este Gobierno ha venido manejando la crisis de la Pandemia del Coronavirus con gran excelencia.
Démosle aire al debate político. Aceptemos con tolerancia, al menos, la nueva situación jurídica de los ciudadanos costarricenses en materia del llamado matrimonio igualitario. Los que defendemos este matrimonio no tenemos problema con ninguna otra forma en que quieran realizarse los matrimonios, desde las llamadas uniones libres, matrimonios católicos, matrimonios civiles o estos llamados matrimonios igualitarios, que a todos los efectos serán Matrimonios Civiles Entre Dos Personas del mismo Sexo. Esta es su verdadera denominación.
Los grupos pentecostales y neopentecostales si quieren una buena lucha, luchen porque a sus Iglesias se les dé igual trato que a la Iglesia Católica, en la celebración de sus ceremonias religiosas de matrimonio, y que a sus pastores, los de las principales Iglesias, reconocidas, no las iglesias con pastores de garaje, para la celebración de sus matrimonios se les dé el mismo trato de Auxiliares del Registro Civil. Si quieren luchas háganlo reclamando igualdad de condiciones, ante el Estado, con la Iglesia Católica. Ahí tienen su lucha social y política, y si la quieren hacer electoral, también. Que los igualen en el Artículo 75 constitucional o que se elimine ese Artículo. ¡Luchen por eso!
Hivos América Latina: Acciones ante la crisis deben ser inclusivas
Hivos América Latina
La pandemia del #COVID19 nos ha enfrentado a nuevas formas de organizarnos y hacer nuestro trabajo. Llevar adelante la labor de activismo por los Derechos Humanos es una lucha que no se detiene.
Como activistas queremos recordarle a los gobiernos de la región que las acciones para atender la crisis deben hacerse desde una perspectiva inclusiva que respete y garantice los #DDHH de todas las personas.
#IDAHOT2020 #DíaContraLaLGTBIfobia
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Semillas de Esperanza: «Un barco desigual»
Semillas de Esperanza
(Opinión de coyuntura)
Nos hemos propuesto compartir con ustedes parte de las reflexiones que hemos hecho como equipo de trabajo del DEI, desde nuestra experiencia y aprendizajes junto con ustedes, las comunidades basadas en la Fe, otras organizaciones y personas amigas con las que caminamos.
Nuestra intención es invitarles a pensar y actuar en colectivo sobre las implicaciones de la coyuntura en la que estamos, aprender entre todxs al leernos, acompañarnos en este momento de distanciamiento físico. Saber que estamos cerca también desde nuestro sentir y deseo de justicia social, desde cada uno de nuestros países.
La declaración de pandemia en marzo anterior trae consigo la imposición de cambios drásticos que seguirán en el tiempo. No solo en términos de salud y vigilancia, sino en dimensiones como la justicia social, justicia de género, justicia ambiental y desafíos tecnológicos. Por eso proponemos, en un momento en que se profundizan las desigualdades propias de un sistema económico depredador, reafirmar aún más el llamado a la solidaridad, y a la urgente justicia social.
Compartimos esta semana el primer texto de varios. Esperamos leerles de vuelta.
Equipo del DEI
Un barco desigual
Cristian Castro Hidalgo, DEI
Varias reflexiones en los medios de comunicación y redes sociales han utilizado la metáfora del barco para referirse a la actual crisis sanitaria. Dudo mucho que todas las personas estemos en el mismo barco y, de serlo así, el destino de este no sería muy distinto del buque inglés Titanic.
Las sociedades latinoamericanas son estructural e históricamente violentas y discriminatorias, herencia de modelos coloniales, proyectos políticos liberales y, actualmente, neoliberales. Todo esto mediado por las fuerzas armadas al servicio de las jerarquías políticas y económicas.
Pues bien, este nuevo coronavirus no llega a sociedades igualitarias, sino en sociedades que presentan alarmantes asimetrías y son éstas mismas las que potencian los efectos negativos sobre poblaciones históricamente violentadas.
Otra frase que he escuchado y leído en reiteradas ocasiones es que «el virus no discrimina entre ricos, pobres, hombres, mujeres» y un largo etcétera. Concuerdo con ese argumento únicamente en que el virus no es un organismo con capacidad de decisión moral, por lo cual no puede discriminar. Pero estructuralmente hay poblaciones que viven más hacinadas, sin acceso a servicios de agua potable y con muy escasos recursos para seguir la recomendación de quedarse en casa.
Esto nos lleva a preguntarnos ¿cómo afecta este virus a la población LGBTI+? Lo primero que me gustaría señalar es la sobrecarga de trabajo que muchas mujeres sufren durante estos días de confinamiento. Históricamente es a ellas a quienes les ha tocado asumir el cuidado de personas enfermas, adultas mayores y de la niñez, junto con esto todo el trabajo doméstico y, en muchos casos, trabajo asalariado. «¿Qué tiene que ver esto con la población LGBTI+?», se podrá preguntar alguien. Pues bien, dicha población está compuesta también por mujeres en toda su diversidad, por lo que las problemáticas de género deben ser un punto importante en la agenda de derechos humanos LGBTI+.
Latinoamérica es la región más peligrosa del mundo para las personas trans, mujeres trans específicamente. Su esperanza de vida ronda los 35 años, ya que desde edades tempranas son excluidas del entorno familiar, educativo, laboral y de la sociedad en general. Dejando como opción el trabajo sexual y todas las implicaciones de este: inseguridad, violencia constante, trato con narcotráfico, falta de garantías laborales, etc.
¿Qué pasa con todas esas mujeres trans que ejercen el trabajo sexual durante esta cuarentena?
Debido a las restrictivas medidas de distanciamiento físico y restricción de movimiento que han impulsado los gobiernos de la región, la mayoría de ellas han visto interrumpidos abruptamente sus ingresos. Si bien, muchas organizaciones de la población trans se han articulado para brindar ese apoyo necesario, no es suficiente. Los gobiernos no están implementando en las políticas sanitarias perspectiva de género ni de derechos humanos.
Varios países, como Perú y Panamá, han establecido días para que las personas salgan a la calle con base en el sexo asignado en el documento de identidad. Esto no sólo es un irrespeto a la identidad de esta población, sino que también ha legitimado conductas sumamente violentas por parte de los cuerpos militares y ciudadanía, quienes les castigan por “salir cuando no les corresponde”. Dejando a esta población en un limbo.
¿Qué pasa con todas esas personas gais, lesbianas, trans y bisexuales que deben pasar la cuarentena con parientes que nos les aceptan ni respetan? Si ya existía una violencia cotidiana que se podía atenuar unos minutos con salir a algún parque, restaurante o antro; ahora no. El “quédate en casa” no es tan cómodo cuando se vive con personas que no te aceptan como un igual, por más que digan que sí.
No es de extrañar que la violencia psicológica y física contra la población LGBTI+ vaya en aumento durante estos días, causando daños graves e irreversibles en todas estas personas.
Junto con esto, muchos liderazgos religiosos utilizan lenguaje apocalíptico para referirse a la actual crisis sanitaria, osando afirmar que esta coyuntura es un castigo divino por el reconocimiento de los derechos de la población LGBTI+ y los derechos sexuales y reproductivos de niñas y mujeres. Creando así chivos expiatorios, sobre los cuales se vierte el estrés y la ira colectiva que se fragua en este contexto.
Tampoco pretendo presentar a toda la población LGBTI+ como la más vulnerada y agredida. Estoy seguro algunas de esas personas, a través de privilegios de clase o género, están llevando a cabo su vida con normalidad durante esta coyuntura.
La preocupación es por las grandes mayorías empobrecidas, y no solo eso: en la mayoría de países latinoamericanos se les considera personas de segunda categoría, no solo por su condición socio económica, sino por su orientación sexual, identidad o expresión de género, puesto que todos sus derechos no son reconocidos.
Volviendo a la metáfora del barco. La población LGBTI+, en su gran mayoría, se encuentra en las partes del barco que primero se inundan. Si ya en la época pre-pandemia la vida era complicada, esta circunstancia sanitaria la hace aún más difícil.
Afortunadamente las muestras de solidaridad a lo interno de esta población, que ayudan a la concreción de una comunidad LGBTI+, no se han hecho esperar. Son muchos los colectivos y organizaciones de la diversidad sexual que trabajan todos los días para garantizar la vida de estas personas.
Lamentablemente, los Estados siguen siendo los grandes deudores. Si antes de la pandemia ya tenían una deuda histórica con esta población, esta coyuntura acrecienta la deuda.
Mi fe y esperanza está en esas acciones solidarias, que parten del amor y resguardo dentro de la misma comunidad LGBTI+. Así como nos hemos cuidado durante todos estos años del machismo, la homo, lesbo, bi y transfobia. Nos cuidaremos de los efectos de esta crisis sanitaria.
Al igual que el arcoiris, brillaremos una vez que esta tormenta haya pasado.
OIDH: Maniobra contra matrimonio igualitario viola derechos humanos
La Organización Interseccional Pro Derechos Humanos repudia la pretensión de algunos diputados de «atrasar» la vigencia del matrimonio civil igualitario, dado que ésta es para impedirlo.
Imagen tomada de http://talcualdigital.com
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¿Hablamos en serio de pensiones?
Hernán Alvarado
El señor Presidente Carlos Alvarado volvió a su campaña contra las pensiones. Posteó en Facebook que «las pensiones son para proteger, no para enriquecerse», después de presentar personalmente una coadyuvancia que, como ha denunciado la AFUP, es intimidatoria.[1] Por lo visto, la Ley 9796 no se sostiene sola y le espera el merecido viacrucis jurídico. Además, él ha repetido que renunciará a su pensión de ex Presidente en su deslucido «informe» del 4 de mayo pasado.[2]
El caso es que, a través de la Ley 9796, el Estado costarricense pretende ejercer una violencia patrimonial arbitraria gravando reiteradamente los ahorros de las personas adultas mayores. Además, esa ley cohonesta la irresponsabilidad de un Estado que no formó el fondo de pensiones solidario que mandaba la Ley 2248, cuando menos para el Magisterio Nacional.
Así responde el mandatario a la acción jurídica de un primer grupo de pensionados que defienden, de manera legítima, sus derechos lesionados. De nuevo, redes sociales, medios de prensa y declaraciones de la clase política aparecen orquestados para intranquilidad de las personas adultas mayores. Ellas debieran demandar también a todos aquellos que usan el cliché o estigma difamatorio con que se les chuza sistemáticamente desde hace tiempo, por ser un comportamiento que atenta contra la dignidad de la persona, corazón del sistema jurídico. No se vale que siga impune y no hay que darle alas al animal ponzoñoso, según reza el refrán popular.
Ahora bien, ¿habla en serio el Presidente de un tema tan delicado? En primer lugar, nadie se enriquece con una pensión por más alta que sea, como tampoco se puede llamar enriquecimiento a un salario público de ₡ 9,500,000. Si así fuera, habría que decir que él mismo puso a doña Rocío Aguilar a enriquecerse. Pero la verdad es que no hay manera de hacerse realmente rico sin explotar al prójimo, sin contratar a muchos trabajadores que produzcan riqueza para uno. A estas alturas no hay misterio al respecto, ni otra forma legal o ilegal de lograrlo.
Por eso, ningún pensionado aparecerá jamás en la lista de ricos de la revista FORBES. El Presidente puede preguntar a quienes ahí aparecen: Rodolfo Jiménez Borbón, por ejemplo, recibe ₡ 875,185 millones al año, Carlos Cerdas Araya ₡ 389,600 millones y Steve Aronson ₡ 84,750 millones anuales. Un pensionado que recibiera, supongamos, ₡ 15 millones al mes, obtendría al año ₡ 180 millones, es decir, 0,02 % de lo que recibe don Rodolfo, o bien, 0,2 % de lo que recibe don Steve.
Por tanto, las categorías de riqueza, privilegio y lujo no aplican a pensionados ni a empleados públicos, a no ser que uno quiera hacerse el cínico, el ignorante o el charlatán. Y si le cabe duda, el Presidente puede preguntar qué es enriquecimiento a la UCAEP, que tal vez podría aconsejarle, de paso, sobre cómo combatir la evasión de impuestos, las deudas con la seguridad social y la exportación de ganancias a paraísos fiscales; o cuando menos podría recomendarle a los mejores asesores en un tema que fue el gran ausente de su «informe a la nación». ¿Por qué, señor Presidente, evade usted el tema de la evasión siendo tan importante para este Pueblo?
En segundo lugar, una pensión no es para proteger a nadie, salvo en una visión asistencialista o paternalista pasada de moda. El señor Presidente debiera saber que una pensión es un ahorro que una persona hace a lo largo de toda su vida laboral para tener una jubilación digna y puede ser tan alta como corresponda a sus cotizaciones. Hace años se promovió, por ejemplo, pasarse del Magisterio a la CCSS y era atractivo porque implicaba una reducción de las deducciones salariales, o sea, aumentaba los ingresos mensuales. Pero muchas personas no lo hicieron pensando en un futuro mejor, ¿quién les explica ahora que ahorraron en saco roto?
Por otro lado, una pensión también puede verse como un incentivo para renovar trabajadores activos. La idea es que entren a trabajar fuerzas nuevas que adelanten las innovaciones que el sistema económico demanda constantemente. Por eso, en la medida que la jubilación es voluntaria, si las pensiones no son dignas dicho proceso se retrasa o se malogra. De hecho, varios colegas se han retractado últimamente de pensionarse, por la incertidumbre que pesa sobre el futuro de sus ahorros. Así que los más jóvenes tendrán que esperar. ¿Dónde están los estudios que permitan decidir sobre un asunto clave para la productividad promedio del país?
Nadie parece haber tenido eso en cuenta en este «debate» tan pobre en ideas. Tanto que ni siquiera ha partido de los correspondientes estudios actuariales de los diferentes fondos. Nadie menciona tampoco el interés de privatizar dichos fondos que le hacen la boca agua al sector financiero, el único y verdadero protegido del neoliberalismo; como se puede ver en el tema de usura, aludido anecdóticamente por el discurso presidencial.
La protección de los más pobres no se puede lograr confiscando ahorros a las pensiones más altas para pasárselas a las pensiones más bajas. Del todo, la pensión no es el instrumento idóneo para eso. Además, es ilegal e inconstitucional que el Estado pretenda trasladar su responsabilidad a un pequeño grupo de pensionados. Por cierto, ¿alguien puede creer en la sinceridad de unos diputados orgullosos de su «solidaridad» con el dinero de otros?
Si de protección se trata, hablemos en serio de un salario social o de un ingreso universal que garantice a cada ser humano un mínimo de subsistencia, desde la cuna a la tumba, por el simple hecho de serlo, tema de punta en esta materia. Así se acabaría, por fin, con la pobreza extrema. Aunque no del todo con la pobreza, que es un concepto relativo, como decir riqueza, porque mientras la política pública siga favoreciendo la desigualdad social siempre habrá algunos demasiado ricos que correspondan a muchos demasiado pobres. ¡Cuánta falta hace hoy en día la visión de estadista de Alfredo Gonzalez Flores, Rafael Ángel Calderón Guardia, José Figueres Ferrer, Daniel Oduber Quirós o Rodrigo Carazo Odio!
En una crisis sanitaria como la actual un ingreso vital universal hubiera mostrado su eficacia porque no habría dejado a nadie librado a su suerte. Luego, sería como un seguro si se toma en cuenta que nunca habrá una vacuna contra todas las pandemias.[3] Como un solo ejército combatiríamos así cualquier virus, entrando y saliendo a las casas, en táctica de acordeón, a una sola orden del Presidente. Además, podría asociarse a determinados deberes cívicos y comunitarios con el fin de fortalecer, por ejemplo, educación y salud, incentivando la participación ciudadana en todos los niveles de la administración pública. Dede luego, mucha tela queda por cortar al respecto, pero eso sería comenzar a caminar en serio hacia los más vulnerados, implicando también al sector financiero con su añorada bancarización universal.
En cuanto a la renuncia a la pensión de ex Presidente, es casi increíble que el mandatario insista en cosechar un rédito publicitario con un derecho que todavía no goza. A penas comparable con repartir los ahorros confiscados a los pensionados cuando ni siquiera ha entrado en vigencia la Ley 9796, para tildar después de egoístas a quienes defenderían su patrimonio. Si esto no es populismo que alguien nos diga cómo se llama; tal vez algún garante nos pueda explicar qué tipo de ética es esta.
Además, mientras no se modifique la norma de pensiones para ex Presidentes (Ley 7302, capítulo III) el mandatario no podrá hacer lo que promete y no parece haber voluntad política para esto. Lo que podrá hacer eventualmente es donar lo que será entonces su dinero privado. A la mejor usanza neoliberal que trata la pobreza como un asunto de caridad o filantropía y no de justicia. Pero en ese caso, según recomienda el Evangelio, mejor que la derecha no se entere de lo que hace la mano izquierda.
Por otro lado, en rigor, la pensión de un ex Presidente es espuria, pues no corresponde a lo cotizado. En ese sentido, el dilema será siempre servir a la Patria o servirse de ella. Por eso, aunque legal, puede que no sea bien vista. Más aún, no debiera existir, ya que ser Presidente es un honor y un servicio a la patria que no tiene por qué ser retribuido de por vida. Tampoco la de un diputado o la de un Ministro en las mismas condiciones. Pero no se justifica hacer escarnio público de personas honorables por algo que es un defecto del diseño institucional.
En sentido estricto los ex Presidentes no hacen nada ilícito al aceptar ese dinero que, como muchos otros estímulos, hoy se tiene y mañana no. Ellos no fueron quienes aprobaron la ley y esta es una sociedad basada en incentivos monetarios y normas, aunque para algunos resultan ser válidos para el ganso pero no para la gansa. Satanizar los incentivos monetarios es a penas propio del terrorismo neofascista y ultra liberal que campea hace rato en el valle central y que representan mejor que nada la tentación suicida del capitalismo.
Se ve claro entonces que este no es el caso de una pensión digna o verdadera, como derecho adquirido y consolidado después de 30 o 40 años de cotizaciones. La poca seriedad con que se ha tratado el tema es obvia por la mezcolanza abigarrada que los diputados han hecho en esta materia, en contubernio con una prensa acrítica, superficial y complaciente con los poderosos. La ley 9796 exacerba el conflicto que divide a la sociedad costarricense desde hace más de 30 años y crea más problemas de los que resuelve. Señal de que no es justa, puesto que la justicia pacifica tanto como la injusticia enerva; si fuera justa se defendería sola.
Por lo demás, en una República participativa, como la que establece el artículo 9 de la Constitución, una reforma de pensiones debiera ser un proceso transparente, participativo y concertado, con rigor técnico y sensibilidad social, garantizando confianza como ingrediente indispensable. El Presidente dejó claro que eso no le interesa al nombrar a doña Rocío Aguilar en la Superintendencia de Pensiones, burlándose sin disimular de la Contraloría. Ella ha reforzado la desconfianza al nombrar a Nogui Acosta. Puede que sea parte del magnánimo espíritu protector del Presidente, pero el hecho es que participación y acción ciudadanas no tienen ningún peso en su discurso. Lo cual no solo es inconsecuente con el nombre de su partido, sino que implica una posición poco democrática que no honra la norma superior.
En conclusión, todavía no se ha hablado con el rigor que merece de un tema tan complejo, pero el debate ya fue cerrado antes de abrirse, por una campaña que concita prejuicios, envidias y odios. Los daños morales y políticos, directos y colaterales, son cuantiosos; aunque todavía a nadie se le pasa factura. Por su parte, los trabajadores activos no parecen haber considerado debidamente lo que todo esto implica para su futuro. Pero ya se darán cuenta. El pato de la fiesta o «chivo expiatorio» ha sido un grupo de personas mayores a quienes no solo se les quiere confiscar sus ahorros, nuevamente y de modo discriminatorio, sino que encima se les difama gratuitamente y se les insulta porque defienden su derecho.
Ahora, la justicia tendrá que dirimir de qué lado está la razón. Si rige o no el principio de no retroactividad de la ley. Si se vale o no que el Estado-patrón legisle a su favor para evadir su responsabilidad social y sus compromisos legales; si el derecho defiende al débil o complace al fuerte en un asunto eminentemente laboral. Si está del lado del ciudadano, protegido del Soberano, o valida las pretensiones de un Estado abusivo mal encaminado por intereses politiqueros. Si los derechos humanos están pintados en la pared y sirven para ganar votos e imagen, o deben respetarse seriamente por seguridad jurídica de todos y para la defensa de la paz social y la democracia costarricense.
[1] Lamentablemente, los integrantes de otros Poderes se están habituando a puyar a los magistrados como si fueran diputados que ceden a presiones mediáticas.
[2] Como «evaluación de resultados y rendición de cuentas» que debería dirigirse al Pueblo, más que a la Asamblea Legislativa o al Poder Judicial, ese discurso no es de recibo. El nuevo Presidente de la Asamblea Legislativa se dio el lujo de eximirlo del «control político». Ambos incumplieron flagrantemente el artículo 11 de la Constitución, pues «Los funcionarios son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la Ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella.» Ellos que juraron cumplir con la norma superior. Ahora ¿quién podrá defendernos?
[3] Ahora el Gobierno español ha mostrado interés en el «salario social básico» que se ha puesto en práctica en Asturias, desde hace una década, y que cuenta con otras réplicas que pueden servir de referencia.
Foto: Actividad de la Asociación de Funcionarios Universitarios Pensionados (AFUP)
OIDH-CR se une a conmemoración de 1 de Mayo
Compartimos el mensaje de la Organización Intersectorial pro Derechos Humanos:
No solo es xenofobia: La construcción colonial del discurso sobre la migración en Costa Rica
Jenyel Contreras Guzmán, Socióloga,
Investigadora y evaluadora Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO, COSTA RICA). Docente Universidad de Costa Rica (UCR)
Guillermo Acuña González, escritor, sociólogo.
Académico Instituto de Estudios Sociales en Población, Universidad Nacional
Repensarnos en la otredad nunca ha sido tarea fácil. Reconocer a la persona migrante como sujeto con derechos, aún en tiempos de pandemia, se vislumbra como el nuevo gran reto. En un momento de la historia en el cual es preciso reconsiderar los marcos de convivencia humana, el sujeto migrante, la persona que se moviliza, vuelve a ser portador de malas noticias, no por sí mismo, sino por los otros que lo increpan. Lo que genera su existencia no solo tiene que ver con la construcción de miedos, de desconocimientos, de rechazos sistemáticos. Se relaciona con la conformación global de estructuras de poder, la distribución de sentidos de otredad que marcan, delimitan, expulsan, excluyen. Este escenario está servido en Costa Rica.
Si existe una población doblemente vulnerabilizada en el actual contexto de emergencia sanitaria, esa es la población migrante. “A un país que no le importamos en vida tampoco parece que le importamos en la muerte”, sentencia Juan Carlos Ruíz[1], veterano y defensor de las personas migrantes en Nueva York, la ciudad de mayor afectación por coronavirus en Estados Unidos, en donde alrededor del 35% del total de personas fallecidas son de origen hispano.
Tales cifras se corresponden con los bajos ingresos, que les obliga a seguir trabajando pese a las medidas de confinamiento, el padecimiento de enfermedades crónicas subyacentes, vivir en el hacinamiento en viviendas multifamiliares, la falta de acceso al seguro médico y no buscar asistencia médica por temor a sufrir represalias como la deportación, que han continuado aún con la pandemia a cuestas. Esa misma ciudad que registra una muerte cada 2 minutos, ha sido abandonada a su suerte por los ricos que el virus no ha encontrado en sus casas, porque han salido sin rubor en aviones privados hacia sus multimillonarias residencias en Long Island a resguardarse de la letalidad y el confinamiento. Si hay un proceso que no se ha detenido ni con la pandemia, ha sido el de la reproducción global del poder, capitalista, eurocentrado, extractivo.
Entre el rigor y la dureza de tales cifras y el desdén de las élites estadounidenses, se asoma en aquel país tibiamente el fallecimiento de 5 personas de origen costarricense como producto de la pandemia. Para los efectos, representan una diáspora silenciosa y poco referenciada en las reflexiones sobre movilidades en el país, tan acostumbradas más bien a sentir resquemor y sospecha por aquellas personas que vienen de afuera, un afuera selectivo y siempre diferenciado. Un país que no discute sobre su diáspora, la niega, la invisibiliza y reproduce el mismo desinterés que las élites globales muestran por el resto de la población. Refleja para sí un orden colonial de pensamiento, una dinámica desigual de funcionamiento y de responsabilidad para con los suyos.
El Coronavirus desconoce fronteras, edad, género y estatus social, mas no las estructuras de exclusión, racialidad y desigualdad social que le han acogido, y que no permiten ignorar que no afecta a todas las personas y grupos por igual y que hemos organizado la sociedad no para la protección de quienes históricamente han sido vulnerabilizados, sino para el resguardo de los bien situados.
Nos encontramos ante un brote epidemiológico que esta vez no tuvo como epicentro el África Subsahariana ni la Latinoamérica subdesarrollada, un contagio global que no migró desde el sur global con gente en barcazas o en caravanas, un enemigo no tan invisible cuando las fronteras fueron cerradas. Una pandemia que ha dejado al descubierto el costo de no haber atendido oportunamente los problemas estructurales de sociedades acostumbradas a socializar las pérdidas y privatizar las ganancias.
Teniendo como conducta normal responsabilizar en los otros, los de afuera, los males que le aquejan, esta sociedad ya había tenido sus ensayos de construcción de discursos culpabilizantes en los extranjeros, en épocas recientes de epidemias no tan azotadoras ni devastadoras como la presente.
Hace tan solo seis años, cuando se produjo la crisis del ébola, el cuerpo sospechoso provenía de ese sur global devastado por la pobreza, el hambre y la miseria. Era un cuerpo enemigo, racializado, excluido. Teniendo como principio de conducción del virus, la movilidad de personas fue restringida, pese a la negativa de la Organización Mundial de la Salud de no limitar las movilidades humanas en aquel periodo. No tantos aviones fueron obligados a poner pie en tierra como ahora, pero las personas en contextos de movilidad fueron sacudidas por una percepción de portabilidad y enfermedad, solo por el hecho de moverse entre las fronteras internacionales.
Esa misma percepción, conviene recordarlo, se construyó como aguja hipodérmica del norte al sur, con consecuencias graves para las personas de contextos nacionales precarios, como el caso del áfrica subsahariana, de donde supuestamente provino el origen del virus. Con esta misma percepción, se incautaron los derechos de las personas en contextos de movilidad, como lo señaló en su momento Deysi Ventura: “el fantasma del extranjero que trae la enfermedad justifica medidas que restrigen las migraciones internacionales y fomenta violaciones a los derechos humanos”.[2]
Palabras previsoras de un mundo que seis años después continúa la tiranía en contra de las personas en procesos de movilidad, ahora con un claro carácter forzado alrededor del mundo. En el contexto de clausura que se experimenta, cualquier intento de movilidad a través de las fronteras trae consigo el germen de la construcción de la sospecha, el virus del estigma y el rechazo.
¡Que se vaya a morir a Nicaragua!
La narrativa antiinmigrante no ha sido heredada de los tiempos actuales de pandemia. En épocas recientes las imágenes han sido lacerantes: el horror de una niñez enjaulada y enjuicida como criminal por las cortes migratorias estadounidense, familias separadas y confinadas (ahora que el concepto de confinamiento ha supuesto novedad para quien lo experimenta en el marco de la coyuntura), la desesperación de las caravanas y corredores humanitarios centroamericanos de finales de 2018 y principios del 2019, cientos de cadáveres dispersos en el Mediterráneo, teniendo el agua como única promesa de tierra segura, las historias de drama para cientos de personas migrantes en la frontera entre Grecia y Turquía, sucedidas hace apenas unas semanas.
Nuevos muros se han construido en todo el mundo con ladrillos sólidos, alimentados por el miedo y el lenguaje de guerra. Una vez más hemos permitido que un problema estructural sea reducido a un conflicto de nacionalidad, a un sálvense quien pueda, a un nadie más cruce la frontera.
En Costa Rica los imaginarios de superioridad nacionalista son rastreables al siglo XIX. En su trabajo, Costarricense por dicha (2002, Editorial UCR), el historiador Iván Molina habla de la construcción de esta identidad nacional, blanqueada y vallecentrista.
Recientemente, no es posible obviar episodios de construcción de discurso nacionalista, salpicados de odio y rechazo al extranjero, pero no a cualquiera. Recordemos el caso del ataque y desamparo hacia Natividad Canda en 2005 y los discursos generados, la marcha xenofóbica en San José del 18 de agosto de 2018, la existencia de más de 30 páginas de redes sociales incitando al rechazo al extranjero, con cerca de 80.000 seguidores ese mismo año y el último acontecimiento, ocurrido en un lamentable domingo de resurrección lleno de discursos viscerales hacia una menor de edad, migrante y embarazada que cruzó la frontera en busca de asistencia médica al cierre de la Semana Santa.
Escudados en una protección higiénica del país, de sus fronteras, de sus familias, tales discursos traspasaron el filtro de la objetividad y se perdieron en una maraña de epítetos contra el cuerpo de esta niña, condensando en ella esa actitud anti nicaragüense que se enciende con cada coyuntura de toda naturaleza.
Este discurso no es solo xenofobia, porque también recrea otros elementos de la construcción de procesos históricos de diferenciación y desigualdad en el país. Mientras la protección de la dignidad humana continúe estando atravesada por la colonialidad del poder, se sostendrá la necropolítica, esa idea de que hay cuerpos que importan y cuerpos que pueden ser descartados. Así, la pandemia ha develado no solo los temores higienizantes al contagio, sino los miedos sociales siempre presentes en sociedades construidas al amparo de ideas hegemónicas sobre identidades y convivencias. Reiteramos: no solo se trata de xenofobias, que existen y son muchas. Son los resabios de estructuras de poder económico y social que hacen su trabajo en sociedades fracturadas en su tejido colectivo y social, como el caso costarricense.
También en el contexto internacional la crueldad no se detiene y ejemplos existen todos los días.
La consigna America first se constituye en el nuevo lema que ha permitido a la administración Trump expulsar a casi 10 mil personas migrantes desde el pasado 21 de marzo, en una nueva cruzada de odio antimigrante y racial. Este poder le ha permitido firmar un decreto para sancionar a los países que no “recojan” a sus deportados.
Por otra parte, la construcción del muro fronterizo entre Estados Unidos y México continuó en funcionamiento, tipificada bajo la categoría de actividad esencial y los trabajadores migrantes mexicanos que lo levantan, deben cruzar todos los días la frontera, ponerse bajo las órdenes de las autoridades sanitarias estadounidenses y mostrar con documentos que se dirigen a la obra fronteriza.
Mostrando el desdén colonial del norte global, hace unos días dos médicos franceses sugirieron en un programa de televisión que la vacuna contra el coronavirus podría ser probada en África. Distintos países europeos y la misma Casa Blanca hacen un llamado de solidaridad migrante para continuar con las “actividades esenciales” y recibir apoyo de profesionales extranjeros del área de la salud. Muchas actividades subterráneas y precarizadas continúan su funcionamiento en el mundo gracias a la actividad laboral de cientos de miles de personas trabajadoras migrantes. Incluido por supuesto el caso costarricense.
Detectamos y rechazamos
Un país que continuamente se reconoce en la ausencia de ejército, parece interesarle bastante poco reflexionar sobre los efectos de la utilización de lenguaje bélico para abordar situaciones de orden cotidiano. Los países de Centroamérica podrían darnos cuenta de los impactos devastadores de ello. Hace más de 30 años, el lingüista George Lakoff y el filósofo Mark Johnson explicaron el poder de las llamadas metáforas estructurales que impregnan la vida misma, no solamente en el lenguaje, sino también el pensamiento.
Pero ese discurso bélico ha estado presente en otras coyunturas recientes, como el caso desatado por la coyuntura de tensión con Nicaragua por el territorio de Isla Calero y los llamados a defender la soberanía nacional realizados en aquel momento[3].
En este marco, un imaginario de combate diario es reforzado en publicaciones de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), el Ministerio de Seguridad Pública y la Vicepresidencia de la Republica en sus cuentas de redes sociales: “detectamos y rechazamos extranjeros” “#FronterasSeguras” “control migratorio” “tolerancia cero”. A esto se ha unido, incidentalmente, un medio de comunicación, que haciendo gala de una extraña idea de neutralidad periodística, acompaña los sobrevuelos del Ministerio de Seguridad en zonas de frontera, mostrando la efectividad del barrido y los esfuerzos por proteger la soberanía sanitaria nacional.
Todos Idearios propios de los abordajes securiatarios de las migraciones, cuyo logro principal es el reforzamiento de las fronteras ante las amenazas externas. De ello da cuenta la política exterior estadounidense continuamente. Nos preguntamos si esta agenda institucional y mediática, no condensará finalmente otros temas como la aceleración de las reformas de empleo en el sector público o la inserción de los intereses empresariales en los actuales esquemas de gobernanza, solo por mencionar dos casos puntuales actualmente en transcurso.
Como sea, resultado de este escenario discursivo, se han producido dos reacciones de la sociedad costarricense: el impulso del humanismo y solidaridad que existe y se cuenta por decenas y por otro lado el discurso de la división, del rechazo visceral y la confrontación constante. Las personas que atizan el conflicto y la polarización, hacen un daño enorme, porque la convivencia es muy frágil y la estamos convirtiendo en una lucha de todos contra todos, con dificultad para el debate saludable, basado en argumentos y premisas de conocimiento sobre las causas y las consecuencias de las movilidades humanas en los actuales contextos.
Abundan los mensajes efervescentes, las noticias falsas, la información no verificada (como por ejemplo el video circulado de un supuesto cementerio de cuerpos nicaragüenses, que finalmente fue ubicado en Ecuador), los Dunning-Kruger de las migraciones, y los grupos supremacistas, que los hay en el país, clamando por una defensa armada y el resguardo de las fronteras. Paradójicamente, esos mismos grupos guardaron silencio cuando las grandes empresas evasoras eludieron su responsabilidad con las instituciones que se han encargado de proteger desde la salud pública en el marco de la pandemia y que han sido debilitadas durante décadas por políticas de racionalización económica y el concurso de empresas de capital extranjero y transnacional. Ahí está el detalle: al descubierto se refleja que el problema no son los extranjeros, siempre y cuando no sean pobres y provenientes del sur global.
Ya en 1947 Albert Camus nos recordaba que las peores epidemias no son biológicas, sino morales, y que es en las situaciones de crisis que sale a la luz lo peor o mejor de la sociedad. Las grandes crisis no solo apelan a la ética cívica y a la responsabilidad individual y colectiva. Sirven también para discernir lo trascendental de lo accesorio, lo esencial de lo superficial. Será nuestra tarea apostar por la solidaridad intersubjetiva, para construir sociedades más inclusivas cuando la emergencia sanitaria haya terminado.
[1] En entrevista para La Jornada, 11 de abril de 2020.
[2] Deysi Ventura, 2016. El impacto de las crisis sanitarias internacionales en los derechos de los migrantes. SUR 23 – v.13 n.23 • 61 – 75
[3] Un abordaje analítico sobre este acontecimiento puede ser consultado en el texto del académico Esteban Aguilar denominado Proyecto Calero: una historia de militarización y xenofobia. (Praxis, Revista de Filosofía, N 71. Junio-Diciembre 2013)
Carta a la Ministra de la Condición de la Mujer y a la Junta Directiva del INAMU
Enlace para firmar abajo
14 de abril del 2020
Señora
Patricia Mora Castellanos
Presidenta Junta Directiva
INAMU
Junta Directiva
INAMU
Estimada señora y estimadas personas integrantes de la Junta Directiva,
Las integrantes del movimiento de mujeres y feminista abajo firmantes solicitamos se reconsidere el acuerdo de la Sesión de la Junta Directiva del INAMU mediante el cual se instruye a la administración a trasladar 4 mil millones de colones al Instituto Mixto de Ayuda Social, sin tomar en consideración las advertencias y recomendaciones de la Dirección Administrativa recogidas en el oficio INAMU-PE-DAF-158-2020 sobre el impacto que ello tendría en el funcionamiento regular de la institución ante la falta de liquidez producto de la reducción anunciada del 20% al 60% de los Fondos de FODESAF.
Solicitamos respetuosamente acoger la recomendación hecha por la Dirección Administrativa de hacer un traslado solidario de ₡1,200 millones del superávit institucional. Con esta medida se contribuye a paliar la crisis y sus efectos en las mujeres sin comprometer la estabilidad institucional.
Asimismo, instamos a la Junta Directiva del INAMU a considerar un mecanismo de administración conjunta de estos fondos con el IMAS, de manera que sean entregados efectivamente a mujeres que lo necesiten y no solo a las que se encuentran en extrema pobreza a las cuales se les financia con fondos regulares del IMAS.
Frente a la crisis generada por el COVID 19 y las repercusiones económicas y sociales, es el deber mantener a instituciones como el INAMU fuertes, sobre todo considerando que los recursos de FODESAF se han visto disminuidos y por lo tanto, las mujeres afectadas por situaciones de violencia, las de los territorios rurales, las indígenas, las empobrecidas arriesgan no encontrar un espacio para poder ser atendidas una vez concluida la pandemia.
Esta situación de confinamiento como medida sanitaria ha generado que muchas mujeres y niñas queden atrapadas en sus hogares con hombres agresores; ante los recortes laborales, son las primeras que ven sus jornadas disminuidas parcial o totalmente. Incluso la Organización de las Naciones Unidas ha recomendado fortalecer las labores de atención estatal a mujeres para poder salir adelante ante la pandemia.
Es nuestro deber como movimiento solicitar la reconsideración de este acuerdo, en la medida en que pone en riesgo el funcionamiento habitual de la institución y la labor que realiza en la lucha por la progresividad de los derechos humanos de las mujeres en toda su diversidad.
Muchas gracias, por su atención
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Enviado a SURCOS por organizaciones feministas.
UNDECA solicita aplicación inmediata de resolución de CIDH
UNDECA solicita aplicación inmediata de resolución de COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS que protege derechos fundamentales del personal sanitario.
Compartimos la carta enviada al presidente de la República y al ministro de trabajo.
Estimados señores:
Quien suscribe, Martha Elena Rodríguez González, Secretaria General Adjunta de UNDECA, con el debido respeto comparezco a manifestar y solicitar lo siguiente:
El 10 de este mes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de conformidad con las estipulaciones establecidas en el artículo 106 de la Carta de la OEA, 41.b) de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 18.b) de su Estatuto, emitió la Resolución 1-20, relacionada con la pandemia y los Derechos Humanos en las Américas.
Se trata de una amplia resolución, de la mayor importancia, sin precedentes en el sistema interamericano, que aborda la imperiosa necesidad, en la situación de emergencia sanitaria que pasamos, de dar la mayor protección a los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.
La resolución establece que las medidas adoptadas por los Estados en la atención y contención del virus tienen que tener como epicentro el pleno respeto de los derechos humanos.
La resolución contiene varios aspectos que conciernen directamente al personal de salud, los cuales ameritan ser destacados:
1.- La resolución considera que las pandemias tienen el potencial de afectar gravemente el derecho de la salud, directa o indirectamente, por el riesgo en la transmisión y adquisición de la infección y la exposición sobre el personal de salud.
2.- La CIDH recuerda que las medidas de emergencia y contención deben considerar un efecto diferenciado e interseccional, considerando los grupos en situación de riesgo y especial vulnerabilidad, incluyendo el personal de salud.
3.- La CIDH resolvió que los Estados deben dictar de manera inmediata, urgente, con la debida diligencia, las medidas adecuadas para proteger los derechos de la vida, salud e integridad de las personas.
4.- La CIDH dispuso que los Estados deben proteger los derechos económicos, sociales, culturales, particularmente de las personas trabajadoras en mayor situación de riego por la pandemia y sus consecuencias.
5.- Dispuso que las personas que tienen que continuar prestando sus actividades laborales, deben ser protegidas de los riegos del contagio del virus y darse protección adecuada a los trabajos, salarios y los derechos de carácter sindical.
6.- La resolución estipuló que los Estados deben asegurar la disponibilidad y provisión oportuna de cantidades suficientes de material de bioseguridad, insumos y suplementos médicos esenciales de uso del personal de salud, fortalecer su capacitación técnica, profesional y garantizar la protección de sus derechos.
7.- Por último, estableció que los Estados tienen que mejorar la disponibilidad, accesibilidad y calidad de los servicios de salud mental, sin discriminación, particularmente a las poblaciones expuestas y mayor riesgo, como los trabajadores y trabajadoras de los servicios sanitarios.
Con fundamento en lo dispuesto en esta histórica resolución de la CIDH, demandamos que se suministre a todo el personal de la Caja Costarricense de Seguro Social y otras instituciones sanitarias, que están en la trinchera de batalla contra el COVIT-19, todos los materiales de bioseguridad, implementos y equipos de protección personal (EPP) que requieran, de manera inmediata, con la finalidad que se garantice plena y efectivamente la protección de la salud y seguridad de las personas trabajadoras.
Asimismo, solicitamos que se le procure a este personal los servicios de apoyo de salud mental que requieran, para preservar su salud y bienestar integral.
Finalmente, solicitamos que se respeten los derechos de libertad sindical del personal sanitario, sin discriminación de ninguna clase.
Solicitamos que se instruya de inmediato la ejecución de las medidas de prevención y protección de la seguridad y salud de la población que labora en la CCSS y demás instituciones, de conformidad con lo dispuesto en esta resolución de la CIDH.
Demandamos el cumplimiento, sin dilaciones de ninguna especie, de esta resolución de la CIDH.
Atentamente,
P/JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
UNDECA
Martha Rodríguez González
Secretaria General Adjunta
Cc: Paulo Abrao, Secretario Ejecutivo CIDH
Trabajadores y trabajadoras.
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