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Etiqueta: derechos humanos

¿Hacia qué tipo de sociedad nos quiere llevar UCCAEP? Ver video del foro

La Alianza por una Vida Digna invitó a reflexionar en torno a las vías para lograr solidaridad-social y equidad. Participaron: Esteban Arias Chavarría, politólogo con una maestría en Sociología; Sofía Cortés Sequeira, máster en Historia por la Universidad de Costa Rica; Flora Fernández Amón, empresaria comprometida con la justicia social; y Fernando Rodríguez Garro, integrante del Grupo de Economía Pluralista, académico de la Universidad Nacional, ex viceministro de Hacienda.

La Alianza por una Vida Digna le invita por este medio a dar la lucha cultural, «lucha que es de todas y todos quienes opten por una sociedad basada en la conjunción de valores como la solidaridad, la equidad, la justicia, el respeto a los derechos humanos». Por ello, se le invita a compartir en sus redes y medios este video.

Imagen: https://ajedrezsocial.org

Analicemos la xenofobia en el marco de la crisis sanitaria

Existen muchos mitos y desinformación sobre la población migrante en el país. Esto provoca un escenario donde la xenofobia está a la orden del día. Analizamos con Koen Voorend, investigador y docente de la UCR, este fenómeno en el marco de la crisis sanitaria; y la importancia de reconocer los aportes de la población migrante al país.

El reciente llamado de mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas señalando la impunidad campante con relación a asesinatos de líderes indígenas en Costa Rica: breves apuntes

Nicolas Boeglin (*)

El pasado 8 de junio, dos mecanismos no convencionales de derechos humanos de Naciones Unidas externaron su profunda preocupación por el hecho que los casos de asesinatos de líderes indígenas en Costa Rica se mantengan impunes: se trata de la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos (véase sitio oficial), así como del Relator Especial sobre derecho de los pueblos indígenas y derechos humanos (véase sitio oficial).

Este llamado se da en un momento en que la los derechos de las poblaciones indígenas son objeto de una preocupación aún mayor debido a los efectos del COVID-19 en comunidades indígenas aisladas y con acceso limitado a servicios básicos de salud y a la desatención a su situación que ha provocado esta pandemia por parte de las autoridades estatales.

El mismo Relator Especial sobe derechos de los pueblos indígenas y derechos humanos de Naciones Unidas externó en un comunicado del pasado mes de mayo (véase texto completo) que:

«States of emergency are exacerbating the marginalisation of indigenous communities, and in the most extreme situations, militarisation of their territories is taking place. Indigenous peoples are being denied their freedom of expression and association, while business interests are invading and destroying their lands, territories and resources. In some countries, consultations with indigenous peoples and also environmental impact assessments are being abruptly suspended in order to force through megaprojects relating to agribusiness, mining, dams and infrastructure».

En el hemisferio americano, también en mayo del 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió en un comunicado de prensa titulado «La CIDH alerta sobre la especial vulnerabilidad de los pueblos indígenas frente a la pandemia de COVID-19 y llama a los Estados a tomar medidas específicas y acordes con su cultura y respeto a sus territorios» (véase texto completo) que:

«En cuanto al derecho a la salud de los pueblos indígenas, la Comisión ha recibido información sobre los diversos obstáculos que enfrenta este colectivo en el marco de la pandemia del COVID-19. Algunos de estos desafíos se relacionan con cuestiones socioeconómicas y de accesibilidad. En general, los hospitales y centros de atención médica se encuentran alejados de las áreas rurales en las que residen amplios sectores de los pueblos indígenas de la región«.

Un muy completo informe (véase texto completo) de la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas (CEPAL) titulado «Los pueblos indígenas de América Latina – Abya Yala y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible Tensiones y desafíos desde una perspectiva territorial«, publicado en este mes de junio del 2020, hace ver las serias deficiencias de los Estados de América Latina en atender y en resolver el derecho a la tierra de las comunidades indígenas.

El contexto específico en Costa Rica en el que se da a conocer el comunicado

Se puede revisar desde ya el comunicado de prensa oficial de Naciones Unidas divulgado por el servicio de prensa de Naciones Unidas.

Como se recordará, en menos de 12 meses, dos dirigentes indígenas costarricenses de la zona de Salitre fueron asesinados: Sergio Rojas (marzo del 2019) y Jehry Rivera (febrero del 2020). A la vez, varios de sus compañeros han recibido amenazas de muerte y sufrido distintos tipos de intimidaciones.

Cabe recordar que al cumplirse un año de la muerte de Sergio Rojas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en un comunicado oficial (véase texto completo difundido el 18/03/2020) había ya advertido a Costa Rica que:

«La Comisión reitera que los actos de violencia y otros ataques contra las defensoras y los defensores de derechos humanos no sólo afectan las garantías propias de todo ser humano, sino que atentan contra el papel fundamental que juegan en la sociedad. Dichos actos perjudican además a todas aquellas personas para quienes trabajan, dejándoles en un estado de mayor vulnerabilidad, llegando incluso hasta la indefensión«.

El órgano interamericano de protección de los derechos humanos se ha mostrado extremadamente vigilante con relación a lo que ocurre en la zona de Salitre. Y es que, desde el 2015, Costa Rica tenía la obligación jurídica de proteger la vida y la integridad física de estos dirigentes, en virtud de medidas cautelares ordenadas en abril del 2015 por la misma la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Estado costarricense (remitimos sobre el particular a nuestra nota titulada «Pueblos indígenas en Salitre: las medidas cautelares solicitadas a Costa Rica por la CIDH» y disponible en este enlace).

Foto extraída de nota de prensa de la BBC titulada «Asesinato de Sergio Rojas: la conmoción en Costa Rica por la muerte del líder indígena que defendía las tierras de pueblos originarios», edición del 20/03/2019

El contenido del comunicado conjunto (versión integral)

En su comunicado conjunto con fecha del 8 de junio del 2020, titulado «Costa Rica: La impunidad vigente impide la protección efectiva de las personas defensoras indígenas» (véase texto completo oficial divulgado por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos), ambos expertos de Naciones Unidas detallan la situación imperante al externar:

—–

«… su grave preocupación por las vidas de las personas defensoras de los derechos de los pueblos indígenas, que están siendo atacadas en Costa Rica, añadiendo que la impunidad y la falta de rendición de cuentas están provocando una prolongación de la violencia en contra de los defensores en el país, a pesar de algunas medidas positivas adoptadas por el Gobierno.

Costa Rica ha experimentado un auge en ataques contra líderes indígenas desde el asesinato del líder indígena Bribri, Sergio Rojas, en marzo de 2019, el cual trabajó durante décadas para defender los derechos de los pueblos indígenas frente la ocupación ilegal de sus territorios.

“Hoy, más de 14 meses más tarde, todavía no está claro si las autoridades se encuentran más cerca de identificar a los responsables” dijo la experta de la ONU Mary Lawlor, la nueva Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos.

La experta dijo que otros ataques contra personas defensoras de los derechos humanos habían quedado parcialmente o totalmente impunes y “hasta que haya investigaciones adecuadas, y rendición de cuentas por estos crímenes, podemos ser testigos de más intimidación, agresiones y muerte.”

Un cambio en la ley de Costa Rica en 1977 estableció un marco legal para la redistribución de la tierra indígena ancestral ocupada por personas no indígenas pero la implementación de la ley ha sido lenta, y los líderes indígenas han realizado requisiciones pacíficas de las tierras para devolverlas a los pueblos indígenas. Esto ha provocado una reacción considerablemente violenta por parte de los ocupantes no indígenas de la tierra.

Mientras que el Gobierno de Costa Rica ha incrementado la presencia de la policía en las comunidades afectadas, las investigaciones de la policía siguen inadecuadas o inconclusas. Como consecuencia, tanto las víctimas como sus familiares siguen amenazadas por los presuntos perpetradores.

Desde el asesinato del líder indígena Yehry Rivera el pasado febrero, por ejemplo, su familia ha sido amenazada e intimidada repetidamente por la familia del perpetrador, que a menudo pasa por su tierra, sosteniendo una machete en la mano. Pablo Sibar, un defensor de los derechos humanos del mismo pueblo Broran que el Sr Rivera, también ha sido intimidado y sometido a ataques incendiarios que todavía no han sido investigados.

Minor Ortíz Delgado, un defensor indígena de la tierra, de la misma comunidad Bribri que el Sr. Rojas, recibió un balazo en la pierna en marzo. El perpetrador, que fue liberado y recibió medidas de restricción, ha vuelto amenazar de muerte al Sr. Ortíz y su familia.

“Parece que los perpetradores de las intimidaciones, amenazas, disparos y asesinatos frecuentemente andan sueltos cuando sus víctimas son personas defensoras de los derechos de los pueblos indígenas, dijo la Relatora Especial.

La impunidad aumenta el impacto de violaciones de los derechos humanos, ya que se envía un mensaje de falta de reconocimiento de su función en la sociedad y ello implica una invitación para seguir violentando sus derechos.

El llamamiento de la Sra. Lawlor ha sido respaldado por el Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, Sr. Francisco Cali Tzay.

Los expertos están haciendo un seguimiento del tema con las autoridades costarricenses.«

——–

Este nuevo señalamiento hecho público a las autoridades costarricenses por parte de mecanismos no convencionales de Naciones Unidas en materia de derechos humanos evidencia la situación de extrema vulnerabilidad e indefensión en la que se encuentran las comunidades indígenas de Salitre (y posiblemente en otras regiones en Costa Rica).

En el mes de mayo del 2019, tuvimos la ocasión de referirnos a una comunicación (también hecha pública) por parte de tres expertos en derechos humanos de Naciones Unidas con relación al asesinato de Sergio Rojas: véase nuestra breve nota titulada «Asesinato en Costa Rica del líder indígena Sergio Rojas: carta de órganos de Naciones Unidas hecha pública«, disponible en este enlace.

La recuperación de territorios indígenas ante la inoperancia estatal

Cabe precisar que estos asesinatos se han dado en medio de intentos para recuperar sus territorios por parte de comunidades indígenas costarricenses ante el avance inexorable de personas no indígenas en sus territorios y la pasividad de las autoridades costarricenses. En este artículo publicado por el Semanario Universidad sobre el proceso de recuperación de territorios indígenas, titulado «Recuperación de tierras bajó ocupación no indígena en Salitre» (y cuya lectura se recomienda), se lee que:

«Debido a la inacción del Estado por no desalojar a los ocupantes ilegales, no sancionan a ninguno y no apoya a la Fuerza Pública en el sitio, se creó un clima de impunidad, un ambiente en el que sucedió el asesinato de un defensor de derechos humanos”.

El derecho a la tierra para las comunidades indígenas costarricenses constituye una legítima reivindicación, que el mismo Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas (más conocido como «CERD») ya le había externado en el 2007 a Costa Rica. En sus observaciones generales del 2007 al informe presentado por Costa Rica (véase texto completo), se puede leer que para este órgano de tratados de Naciones:

«15. /…/El Comité insta al Estado Parte a redoblar sus esfuerzos para garantizar el derecho de los pueblos indígenas a la tenencia de la tierra. El Estado Parte debería tomar las medidas necesarias para llevar a efecto el fallo de la Sala Constitucional (Voto 3468-02) a fin de que se delimiten las tierras de las comunidades de Rey Curré, Térraba y Boruca y se recuperen los terrenos indígenas indebidamente alienados (inciso v) del apartado d) del artículo 5)«.

En el 2015 (véase texto completo de sus observaciones finales al informe de Costa Rica), reiteró en los siguientes términos esta petición hecha a Costa Rica en el 2007:

«28. El Comité reitera su recomendación (A/62/18, párr. 303) de redoblar los esfuerzos para garantizar el derecho de los afrodescendientes y de los pueblos indígenas a la tenencia de la tierra. Asimismo, recomienda que, de manera prioritaria, se tomen pasos decisivos para buscar soluciones en las que los pueblos indígenas puedan recuperar las tierras dentro de sus territorios, incluso en casos de ocupación y compra ilegales y enfrentamientos o amenazas vinculadas a la conflictividad generada por esta situación, mediante acciones administrativas y judiciales que incluyan el desalojo y el enjuiciamiento de responsables. El Comité recomienda también un proceso de consulta para la delimitación y titulación de los territorios».

En el 2016, otro órgano de tratados de Naciones Unidas, el Comité de Derechos Humanos, en sus observaciones generales al informe presentado por Costa Rica (véase texto completo) señaló que:

«42. El Estado parte debe:

  1. c) Garantizar en la práctica el derecho que tienen los pueblos indígenas a las tierras y territorios que tradicionalmente han poseído u ocupado, incluso mediante el reconocimiento legal y protección jurídica necesaria;
  2. d) Proporcionar los medios legales necesarios para asegurar la recuperación de tierras inalienables que ya han sido otorgadas a pueblos indígenas mediante la legislación nacional y brinde la protección adecuada, incluso mediante recursos efectivos, a los pueblos indígenas que han sido víctimas de ataques».

Al parecer, pese a innumerables reuniones, diagnósticos, planes, estrategias, estudios, mesas de diálogo, estas recomendaciones hechas hace ya más de 12 años a Costa Rica, reafirmadas en el 2015 y en el 2016, siguen sin lograr materializarse para las comunidades indígenas costarricenses. Una ocasión propicia para reafirmar cuán necesario es que sean debidamente implementadas las observaciones que emanen de los órganos de tratados de derechos humanos en Costa Rica; y cuán imperioso resulta que sean ampliamente divulgadas y analizadas en el seno de la misma sociedad costarricense.

A modo de conclusión

No cabe duda que este contundente llamado de atención de junio del 2020 a Costa Rica por parte de expertos en derechos humanos de Naciones Unidas constituye una nueva evidencia de la pasividad, ya demostrada en el pasado, del Estado costarricense en la zona de Salitre. A la vez, ilustra la extrema atención que, desde Ginebra, se tiene sobre lo que ocurre en Salitre por parte de los mecanismos no convencionales de derechos humanos (y que posiblemente se tenga de igual manera desde Washington). Si este llamado no es seguido de acciones mucho más efectivas por parte del Estado en resguardo de la seguridad de los miembros de las comunidades indígenas, podría dar pie para una nueva acción ante instancias internacionales en defensa de los derechos legítimos de las comunidades indígenas de Salitre.

 

(*)Nicolás Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).

Derechos de las personas LGBTIQ ante el Sistema Interamericano de Protección de los derechos humanos – seminario

Seminario virtual gratuito

A partir de este lunes 15 de junio a las7:30 p.m. (hora Centroamérica), se realiza el seminario virtual “DERECHOS DE LAS PERSONAS LGBTIQ ANTE EL SISTEMA INTERAMERICANO DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS”. Para participar inscribirse en el siguiente enlace: https://bit.ly/2MNpVtO

Invitan:

Organización Interseccional Pro Derechos Humanos
Fundación Justicia y Género
Universidad Nacional de Costa Rica
Colectivo Alejandría El Salvador
Asociación Ciudadana ACCEDER
Colectivo Trans- Formación
REDNADS Guatemala
COMCAVIS TRANS
AMATE El Salvador
Hazte Visible
APUVIMEH

Demandan respeto de derechos humanos de población nicaragüense migrante, refugiada y solicitante de refugio ante el COVID-19

San José, 11 de junio de 2020.- Las medidas de prevención ante la pandemia del COVID-19 implementadas por el Estado de Costa Rica han sido en general acertadas, evitando así o retrasando en su caso el contagio comunitario de la enfermedad. Sin embargo, es primordial que las decisiones y medidas de prevención tomadas se basen en el respeto a los derechos humanos de todas las personas, incluyendo a las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de refugio, sin discriminación alguna.

Desde el Centro de Derechos Sociales de la Persona Migrante (CENDEROS), el Servicio Jesuita para Migrantes Costa Rica, el Colectivo Derechos Humanos Nicaragua Nunca+, y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) celebramos las declaraciones del pasado 8 de junio, del señor canciller de la República de Costa Rica, Rodolfo Solano, quien de manera muy vehemente llamó a eliminar las expresiones xenofóbicas contra la población nicaragüense debido a la crisis sanitaria. Ese mensaje directo y enérgico debe calar en todo el accionar institucional de país. Además, pone de manifiesto que Costa Rica cuenta con las condiciones y la disposición para elevar la voz con más contundencia en foros internacionales, con el fin de exigir acciones decididas y urgentes en contra del régimen orteguista que sigue afectando de manera criminal e impune al pueblo nicaragüense. Es de vital importancia para toda la región centroamericana, que se reconozca a Daniel Ortega Saavedra como responsable directo de la propagación descontrolada de la pandemia en Nicaragua; la ausencia de medidas e información consistente y veraz para toda la población; y la precariedad y amenazas con la que opera el sistema público de salud del hermano país.

A pesar de celebrar las declaraciones del señor Canciller, las organizaciones que monitoreamos las vulnerabilidades, desafíos y afectaciones que enfrenta la población nicaragüense migrante, refugiada y solicitante de refugio en Costa Rica mostramos nuestra preocupación ante las acciones y medidas adoptadas en los últimos días, principalmente en la zona norte, que han generado expresiones de discriminación contra la población nicaragüense. Así se observa en las disposiciones del Área de Salud Los Chiles, que entre otras orienta: “Todo paciente indocumentado, se deberá de realizar llamada inmediata al 911 para el despacho de unidad de migración y fuerza pública. NO se debe atender hasta tanto estos no se apersonen al EBAIS.” Posteriormente expone: “Se tamizan solamente a personas costarricenses, residentes con documentación probatoria de su estado en Costa Rica de lo contrario NO se realiza tamizaje por COVID-19…” y continúa indicando “…Se deberá de atender el paciente siguiendo las más rigurosas acciones de auto cuidado esto por cuanto TODO paciente indocumentado no costarricense en la actualidad se debe de considerar positivo por COVID hasta que no se demuestre lo contrario” (negrilla propio).

Lamentamos que estas directrices, en sí mismas discriminatorias, sean un retroceso en materia de derechos humanos, ya que legitiman los abusos de autoridad e incentivan la xenofobia entre la población costarricense, lo cual a su vez exacerba en el imaginario social ideas de que las personas nicaragüenses están propagando el virus y resulta en expresiones de discriminación y amenazas proferidas por funcionarias y funcionarios públicos, periodistas y población general que, por prejuicios y desconocimiento, expresan en medios de comunicación y redes sociales. Preocupa, además, que negar el acceso a la población migrante a servicios de salud resulte en agravados riesgos de contagio, no solo para estas personas, sino también para el resto de la población costarricense.

Como ha indicado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): “Todas aquellas medidas que los Estados adopten para hacer frente a esta pandemia y puedan afectar o restringir el goce y ejercicio de derechos humanos deben ser limitadas temporalmente, legales, ajustadas a los objetivos definidos conforme a criterios científicos, razonables, estrictamente necesarias y proporcionales, y acordes con los demás requisitos desarrollados en el derecho interamericano de los derechos humanos”.

En este sentido, las organizaciones firmantes instamos al Estado de Costa Rica a promover los derechos humanos de la población nicaragüense migrante, refugiada y solicitantes de refugio, así como brindar atención médica sin discriminación, cumpliendo la circular N° GG-0733-2020, emitida por la Caja Costarricense de Seguro Social, que garantiza la atención a todas las personas que presenten algún síntoma de la enfermedad, incluyendo a las personas migrantes.

Llamamos a las autoridades costarricenses a tener la mejor disposición individual y colectiva en el abordaje de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de refugio, y les solicitamos mantener un compromiso responsable y oportuno en cada una de las instituciones estatales, evitando la exclusión social y la estigmatización a la población nicaragüense. Asimismo, recomendamos al Estado evitar la aplicación de medidas lesivas a los derechos humanos, como el abuso de autoridad y las suspensiones a las libertades fundamentales, y en cambio promover y garantizar la vigencia de los derechos humanos de todas las personas en el país.

Finalmente, exhortamos al Estado a cumplir con las recomendaciones establecidas en la Resolución 1-20 de la CIDH sobre “Pandemia y Derechos Humanos en las Américas”, la cual fija estándares internacionales basados “en [que] la atención y contención de la pandemia deben tener como centro el pleno respeto de los derechos humanos”. Entre otros, recomienda:

  • Evitar el empleo de estrategias de detención migratoria y otras medidas que aumenten los riesgos de contaminación y propagación de la enfermedad generada por el COVID-19 y la vulnerabilidad de las personas en situación de movilidad como deportaciones o expulsiones colectivas, o cualquier forma de devolución que sea ejecutada sin la debida coordinación y verificación de las condiciones sanitarias correspondientes, garantizando las condiciones para que estas personas y sus familias puedan salvaguardar su derecho a la salud sin ninguna discriminación.
  • Abstenerse de implementar medidas que puedan obstaculizar, intimidar y desestimular el acceso de las personas en situación de movilidad humana a los programas, servicios y políticas de respuesta y atención ante la pandemia del COVID-19, tales como acciones de control migratorio o represión en las cercanías de hospitales o albergues, así como el intercambio de información de servicios médico hospitalarios con autoridades migratorias con carácter represivo.
  • Garantizar el derecho de regreso y la migración de retorno a los Estados y territorios de origen o nacionalidad, a través de acciones de cooperación, intercambio de información y apoyo logístico entre los Estados correspondientes, con atención a los protocolos sanitarios requeridos y considerando de manera particular el derecho de las personas apátridas de retornar a los países de residencia habitual, y garantizando el principio de respeto a la unidad familiar.
  • Implementar medidas para prevenir y combatir la xenofobia y la estigmatización de las personas en situación de movilidad humana en el marco de la pandemia, impulsando acciones de sensibilización a través de campañas y otros instrumentos de comunicación y elaborando protocolos y procedimientos específicos de protección y atención dirigidos a niñas, niños y adolescentes migrantes y refugiados, en especial, proveyendo los mecanismos específicos de asistencia a aquellas personas que se encuentran separadas o sin compañía.
  • Incluir expresamente las poblaciones en situación de movilidad humana en las políticas y acciones de recuperación económica que se hagan necesarias en todos los momentos de la crisis generada por la pandemia.

 

Imagen ilustrativa, UCR.

Llamado a respetar derechos de población migrante en situación irregular

09 de junio de 2020
San José, Costa Rica

Llamado a las autoridades y población a respetar los derechos de la población migrante en situación irregular al implementar medidas extraordinarias para atender a la emergencia sanitaria causada por el COVID-19.

La emergencia sanitaria causada por el COVID-19 ha requerido de un esfuerzo conjunto y significativo por parte de las autoridades costarricenses, con el fin de mitigar sus consecuencias de manera efectiva. Dentro de los esfuerzos más significativos, destacamos la decisión de brindar atención médica costeada por el Estado a todas aquellas personas habitantes en el país que, aún sin seguro social y sin capacidad de pago, presenten síntomas asociados al COVID-19.1

La Clínica de Migración, Refugio y Protección Internacional de la UCR; REDNAM y las organizaciones y proyectos de acción social de la UCR suscritos reconocemos el buen trabajo realizado por las autoridades costarricenses en la atención de la emergencia. En línea con lo anterior, hacemos un llamado a las autoridades para que, en atención a la tradición de humanidad y solidaridad que ha destacado a Costa Rica a nivel mundial como un país líder en la promoción y respeto de los derechos humanos; se garanticen los derechos fundamentales de las poblaciones más vulnerabilizadas, en particular de la población migrante en situación irregular que reside en nuestro país con anterioridad a la crisis actual.

Las personas indocumentadas habitantes de Costa Rica se encuentran sujetas a la jurisdicción nacional, y como tales están protegidas por el ordenamiento jurídico costarricense y el derecho internacional de los derechos humanos. En este sentido, recordamos:

  1. Que todas las medidas adoptadas para hacer frente a esta crisis sanitaria deben ser temporales, legales, ajustadas a los objetivos definidos, basadas en criterios científicos, razonables, estrictamente necesarias y proporcionales al fin perseguido, de conformidad con la declaración 1/20 de la Corte IDH y los principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.2
  2. Que las circunstancias personales pueden agravar en mayor o menor medida el impacto negativo de las medidas extraordinarias que se adopten para atender a la población. En decir, antes de tomar una medida concreta, las autoridades están obligadas a realizar una evaluación de impacto sobre los derechos humanos y trazar un plan de mitigación de los efectos negativos.3

En este sentido, es un hecho público y notorio que en el país residen personas migrantes en situación irregular desde hace años, muchas de las cuales ya se han integrado a las comunidades e incluso tienen vínculos con personas costarricenses protegidos por la legislación. Situación que se presenta particularmente en las zonas fronterizas de nuestro país.

Al tomarse medidas como el fortalecimiento de los controles migratorios, el Estado Costarricense debe valorar cuidadosamente la situación de cada persona, sus vínculos familiares y su arraigo en el país para no aplicar sanciones desmedidas que puedan afectar la seguridad económica, alimentaria y la unidad de un núcleo familiar. De igual manera, se debe considerar que, actualmente las autoridades migratorias no están recibiendo nuevas solicitudes de regularización migratoria, por lo que debe existir un marco de tolerancia para quienes no han podido realizar dichos trámites.

Recordamos que se deben garantizar las condiciones mínimas para que la población migrante en situación irregular pueda vivir dignamente y sin discriminación en medio de esta pandemia. En este sentido, nos parece consecuente la decisión de las autoridades costarricenses de no obligar a los concesionarios de transporte público a solicitar cédulas o documentos migratorios para abordar autobuses en la Zona Fronteriza Norte. Sin duda alguna, esta medida -además de ser ilegal por delegar una potestad de imperio en particulares no preparados ni formados para tal efecto, en virtud de una instrucción administrativa- pudo tener un efecto sumamente negativo, injustificado y desproporcionado en el acceso al trabajo, alimentación y salud de la población migrante en situación irregular que reside en dicha zona.

Asimismo, expresamos nuestra preocupación ante la decisión del Área de Salud de Los Chiles de imponer a sus médicos y demás personal de salud la obligación de solicitar la presencia de Fuerza Pública y/o autoridades de migración para brindar atención a pacientes indocumentados que se apersonen a los centros de salud; para luego dejarles a merced de dichas autoridades. Esto en contravención al Código de Niñez y Adolescencia, la Ley general de Salud, la Directriz 10- MP-MIDEPLAN-MTSS-MSP-MGP-MRREE y la Dirección ACE-157-08-2018 de la Dirección de Coberturas Especiales de la CCSS, entre otras.

Es importante mencionar que, dado el contexto socioeconómico de la Frontera Norte, esta medida tendrá un efecto contraproducente, ya que la población migrante evitará presentarse a los centros de salud por temor a ser deportada. Provocando así que, en casos de contagio de COVID-19 o emergencias, la población no cuente con la atención y cuidados necesarios, lo que a su vez aumenta el riesgo de transmisión comunitaria.

Por otra parte, recalcamos que el condicionar la atención de un asunto de salud en razón de la situación migratoria de una persona va en detrimento del derecho a la vida, bien jurídico por excelencia y ampliamente tutelado por el Estado costarricense.

  1. El compromiso internacional de respetar el principio de no devolución consagrado en la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo de 1967, la Convención contra la Tortura y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En este sentido, instamos a las autoridades costarricenses a realizar un examen pormenorizado de las personas que son identificadas y/o aprehendidas por ingreso y/o permanencia irregular en el país, con el fin de determinar si están o no en necesidad de protección internacional; y tomar las medidas correspondientes en cada caso.
  2. Instamos a las autoridades a prestar atención y accionar según corresponda ante las violaciones a derechos laborales, DDHH y medidas sanitarias en el marco de la pandemia, cometidas por distintas empresas piñeras, bananeras y de otros monocultivos, alrededor del país; las cuales afectan particularmente a población migrante en situación irregular como principal fuerza trabajadora.
  3. El núcleo duro de derechos humanos de los habitantes del país y los compromisos adquiridos en el plano internacional por Costa Rica deben ser respetados aún en tiempos de emergencia sanitaria.

Finalmente, aprovechamos este comunicado para hacer un llamado a la población en general para que respeten la dignidad de las personas y se abstengan de llevar a cabo manifestaciones de xenofobia, racismo y otras formas de discriminación. Se debe recordar que Costa Rica no solo ha sido tradicionalmente receptora de población migrante, sino que existe una diáspora de personas costarricenses que se encuentra viviendo los embates de la pandemia fuera del país y a los cuales deseamos se les trate en un marco de respeto y no discriminación.

Suscriben,

Clínica de Refugio, Migración y Protección Internacional.
C.D.L Centro de Derechos Laborales sin Frontera de Costa Rica
Universidad de Costa Rica, Facultad de Derecho.
CIDEHUM Centro Internacional para los Derechos Humanos de los Migrantes.
Coordinadora Norte Tierra y Libertad.
Asociación ENLACES nicaragüenses.
ACCEDER
Ni una MENOS Costa Rica.
Akelarre Impro.
Colectiva Caminando.
Chancha Negra.
Volcánicas.
Ditsö Costa Rica.
VOCES FIERAS.
GuanaRED.

Proyectos de Acción Social de la UCR

TC-738 Acompañar para integrar: rutas para promover la integración local de la población migrante en Costa Rica.
TC-723 Migra-acciones: Acompañando población migrante y refugiada más allá de las fronteras.
ED-3461 Migraciones y Derechos Humanos, construcciones conjuntas.
TC-652 Migrantes como sujetos políticos: Nuevas vías de expresión.
TC-480 Fortalecimiento de la protección de la población refugiada y migrante vulnerable.
EC-526-Desarrollo de capacidades comunicativas en las comunidades del Pacífico Central.
EC-527- Aportes comunitarios para la construcción de la democracia participativa.
1 CCSS, Oficio GG-0733-2020, 20 de marzo de 2020.
2 DECLARACIÓN DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 1/20 9 DE ABRIL DE 2020, disponible en:
https://www.corteidh.or.cr/tablas/alerta/comunicado/cp-27-2020.htrn1
3 130. La Corte ha sostenido que «en el desarrollo de un evento de despliegue de la autoridad, agentes estatales, en la medida de lo posible, deben realizar una evaluación cie la situación y un plan de acción previo a su intervención» Corte IDH. Caso Hermanos Landaeta Mejías y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de agosto de 2014. Serie C No. 281, para. 130.

 

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Repudiamos y condenamos el asesinato del abuelo Ajq’ij Domingo Choc Che

Las organizaciones y personas firmantes de este pronunciamiento, nos sentimos consternados e indignados ante el asesinato del sabio abuelo Ajq’ij Domingo Choc Che. El hecho de quemar vivo a una persona es una expresión de saña, crueldad, maldad y falta de los mínimos principios de respeto a la vida del ser humano. Se sabe que desde meses atrás, se murmuraba en el ambiente de la comunidad el señalamiento de brujo al Tat Domingo. Este es el argumento o la causa aducida por la turba asesina. Ya no es extraño que gente de la misma comunidad, que por paradigmas de pensamiento judeo cristianas, cultura bíblica monoteísta, que llevada al fanatismo religioso lleguen a cometer estos actos delictivos.

Tat Domingo Choc Che era un padre de familia, un comunitario, trabajador, experto en el conocimiento de hierbas – plantas medicinales en su uso ancestral, su especialidad en la ciencia maya era Aj Ilonel. Pertenecía al Concejo de Guías Espirituales Mayas Releb’aal Saq’e’ y formaba parte de un equipo de científicos guatemaltecos y europeos, quienes trabajan en proyectos de investigación con la Universidad de Zurich, Suiza, el University College London, en Inglaterra, y la Universidad del Valle de Guatemala. Entonces, él era una persona de reconocida trayectoria en su comunidad, en su región y a nivel internacional.

La cultura maya es holista, en ese marco los conocimientos de plantas y de ceremonias curativas son expresiones conjuntas, por eso el abuelo Domingo era Aj-ilonel y Ajq’ij a la vez, porque para trabajar con las plantas debe estar en comunicación con el aire, agua, fuego y tierra, así como con los antepasados. Seguramente más de alguna vez, sus asesinos o sus hijos fueron atendidos por el Tat Domingo.

Sin embargo, el sábado 06 de junio, Junlajuj K’at, en la comunidad Chimay, del municipio de San Luis Petén, bajo la acusación de ser “brujo” el Tat Mingo fue quemado vivo. El corrió como una antorcha humana, sus agresores le siguieron y le impedían refugiarse, hasta que cayó y murió calcinado. La existencia de videos y su viralización son pruebas de los hechos que ponen en evidencia a los responsables materiales de este abominable crimen. Para sus hechores murió el brujo, pero para nosotros, Tat Domingo se transformó en una nueva estrella de luz, de vida, de verdad y justicia. El estará en nuestras invocaciones y en nuestras ceremonias. Nadie va a poder impedirlo.

La persecución y criminalización de los especialistas de los conocimientos de la cultura maya, no ha cesado. Se inició desde la colonia. Invasores y doctrineros, en nombre de dios, de la iglesia y del rey de España apresaban, lapidaban y asesinaban a las abuelas y los abuelos Ajkun, Iyom, Ajq’ij y otros. Además, quemaron los libros, papiros y pinturas, obras maestras de nuestras abuelas y abuelos. Durante el conflicto armado interno, en los años de 1980, el alto mando del ejército, en su estrategia contrainsurgente, vinculó brujería con apoyo a la guerrilla, de esta manera justificó la criminalización, persecución, tortura y asesinato de grandes abuelas y abuelos, sabios de la cultura maya. Esto ha quedado en el imaginario social y no se erradica cuando las instituciones estatales centralizadas, autónomas o semiautónomas y la sociedad civil relacionadas a la educación no adoptan en sus políticas la enseñanza y el respeto de las características de las ciencias de los pueblos indígenas que no desligan espiritualidad de los conocimientos, porque se trata de la vida misma.

El asesinato de Tat Domingo Choc Che, es una muestra más que la discriminación, el racismo y xenofobia están presentes en los distintos ámbitos de la sociedad guatemalteca, las cuales, no son erradicadas sino siguen siendo una deuda histórica del trabajo institucional del sistema educativo, los medios de comunicación social, iglesias, sectas, sistema político, sistema de justicia, entre otros.

El reconocimiento del valor científico de los conocimientos mayas y de los demás pueblos indígenas están plasmados como compromisos del gobierno en el Acuerdo Sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas. Asi mismo en este Acuerdo de Paz, el Estado de Guatemala, reconoce la existencia y la práctica de la discriminación y el racismo, acepta que en tanto no se erradique el mismo, jamás este país podrá progresar. El progreso de los mayas es progreso del país.

En la cultura Maya, ser Ajq’ij o Aj Ilonel implica una misión de vida para los cuales se desarrollan cualidades extraordinarias para preservar y transmitir los conocimientos ancestrales maya en distintos campos de la vida a las nuevas generaciones. La persona Ajq’ij va canalizando los conocimientos de acuerdo a las necesidades de las personas o de las comunidades, por ello, la o el Ajq’ij es considerado protector y maestro de la comunidad. Rol que le es disputado por el catequista, el pastor, distintos líderes sociales, maestros, entre otros.

La matanza de guías espirituales mayas, ha representado una catástrofe en la vida del Pueblo Maya, porque se aniquilan a los referentes históricos de los conocimientos y las prácticas propias. Esta pérdida ha dejado un vacío en los principios, valores y normas de vida maya. Vacío que ha sido ocupado por sectas fundamentalistas de las religiones católica y evangélica, las cuales han proliferado en las comunidades. En la actualidad hay católicos y evangélicos que critican a los que practican la espiritualidad maya, cuando miran velas rojas o negras, las califican como los colores del diablo. Una concepción contraria en la filosofía y cosmovisión maya, pues estos colores corresponden a una visión y ubicación en el cosmos, pero la ignorancia y el fanatismo religioso los ha llevado a descalificar y justificar sus actos represivos, vandálicos y asesinos, como sucedió en contra de Tat Domingo Choc Che, que para los mayas es el sabio abuelo.

En Guatemala, la religión constituye un aspecto fundamental en la vida de la mayoría de los guatemaltecos, y aunque las tendencias religiosas han cambiado a través del tiempo, en la actualidad la iglesia católica y la evangélica son quienes cuentan con el mayor número de seguidores, en consecuencia, su gran responsabilidad en la transformación del fanatismo religioso en nuestra sociedad, para que las creencias contribuyan al bien común y no al sectarismo.

ANTE ESTE ASESINATO, DEMANDAMOS:

A las organizaciones de la sociedad civil, indígenas y no indígenas para que se pronuncien sobre este hecho deleznable, que atenta contra la dignidad humana y cualquier principio básico de Derechos Humanos. Que unamos nuestras voces para exigir justicia pronta y cumplida; en conjunto erradiquemos la discriminación, el racismo y la xenofobia en contra de los pueblos indígenas.

A los medios de comunicación social para que informen la verdad y contribuyan a detener una escalada de persecución en contra de los Aj Ilonel, Aj Iyom, Aj Q’ijab’ y demás abuelas y abuelos conocedores y especialistas en los distintos campos de la ciencia desde su cosmovisión maya. A las universidades, centros de investigación y otros, que concreten en sus programas de enseñanza los conocimientos indígenas como ciencia, con la participación de los sabios mayas, no más extractivismo de los conocimientos ancestrales mayas. A las universidades con quienes trabajaba el Tat Domingo Choc Che que apoyen a la familia mediante asesoría legal y otros mecanismos que estén a sus alcances, para resguardar la integridad física y espiritual de los miembros de la familia Choc Che.

EXIGIMOS

Al Gobierno del Dr. Giammattei definir con la participación de organizaciones de Ajq’ijab’ algunas políticas de seguridad para el ejercicio de la espiritualidad maya en cualquier centro ceremonial, ya sea en espacios privados o en espacios públicos.

Al sistema de justicia – MP, PNC y OJ – para que en forma inmediata realice las investigaciones in situ para recoger las evidencias, aprehender a los responsables y ligarlos a proceso penal para que respondan por el asesinato del Tata Domingo Choc Che. Exigimos justicia al Sistema de Justicia Estatal de Guatemala para que la herencia colonial no siga haciéndole daño a nuestra gran civilización maya.

A la Conferencia Episcopal de Guatemala, a la Alianza Evangélica y otras instancias de autoridad de las distintas denominaciones religiosas cristianas para que en conferencia de prensa u otros espacios públicos orienten a sus feligreses en los distintos territorios para que respeten a los guías espirituales mayas y la realización de sus ceremonias. No más atentados contra la vida de Ajq’ijab’ causado por el fanatismo religioso.

A la PNC, que con urgencia ingrese a la comunidad y brinde protección a los miembros de la familia de Tat Domingo, porque los responsables del vil asesinato están y son de la misma comunidad y buscarán asediar y amenazar a los miembros de la familia, para que eviten realizar las denuncias pertinentes de caso.

A la Procuraduría de los Derechos Humanos, que de oficio sea querellante adhesivo en el caso, para garantizar la imparcialidad y objetividad de la aplicación de justicia, de esta manera evitar que se engavete y que quede en la impunidad.

¡ ILONEL DOMINGO CHOC CHE ¡ ¡ VIVE ¡

WA’ MINGO, WANKAT SA’ QACH’OOL, JUNELIK.

Iximulew, Jun Kej

Guatemala, 09 06 2020

Personalidades firmantes:

Otilia Lux de Cotí, Excomisionada de la CEH. Juan León Alvarado, Exembajador de Guatemala. Dr. Abadio Green Stocel, Sabedor del Pueblo Gunadule y reconocido sabio por la UNESCO, Profesor Universitario, Expresidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC. Angel Canil Grave, Representante Legal de la Fundación Rigoberta Menchú Tum. Marta Juana López Batzín, Exviceministra Técnica de Educación y Docente, Escuela de Historia, USAC. Jorge Raymundo Velásquez, Exviceministro de Educación y Educador. Pablo Ceto de Universidad Ixil. Ajq’ij Edgar Choguaj. Inés Pérez, Maya Kiche’. Ajq’ij Pedro Us. Francisco López Choguaj, Trabajador Social. Angel Bunch, Antropóloga, Defensora en Derechos Humanos. Ajq’ij Marcos Ajpacaja. Claudia María Quintanilla, Arqueóloga. Ajq’ij Vilma Beatriz Morales Hernández. Esmeralda Cajas Cuestas, Abogada y Notaria, activista socio-política. Ajq’ij Adalberto Hernández López, San Antonio Aguas Calientes. María de los Angeles Veliz, estudiante de USAC. Ajq’ij José Yac Noj. Josefa Barreno Morales y Ronaldo Gabriel Pedro Pedro, Santa Eulalia, Huehuetenango. Lorenzo Saban, Alcaldía Indígena de Aldea Montufar, San Juan Sacatepéquez. Carmelita Ixcol Mus, Psicóloga Social. Hermelinda Magtzul y Lilian Juárez de Kaqla. Pedro Martínez, Magdalena Milpas Altas. María Cruz de energía Vital. Jorge David Julajuj Chamalé, estudiante de la Licenciatura en Educación Bilingüe Intercultural con énfasis en la Cultura Maya. Sandra Colaj, estudiante de la licenciatura en Antropología y maestra de educación básica. Fernando Boc, egresado Usac. Gladys Bala, Docente, Escuela de Trabajo Social, Usac. Sandra Yoc, egresada de Escuela de Trabajo Social, USAC. Delfina Solloy del Concejo de Guías Espirituales Wajxaqi’ B’atz’, Sumpango. Verónica Ixen, Patzún, Chimaltenango. Ajq’ij Juana Vásquez Arcón y Ajq’ij Juan Zapil de Komon Ajq’ijab’. Ajq’ij. Mario Marroquín de Chilam B’alam de los K’iche’s. Ajq’ij Rodrígo Chub Ical, Alta Verapaz. Domingo Barreno Morales, Catarina Barreno Morales y Petronila Barreno Morales, Chupol, Chichicastenango. Autoridades Ancestrales Chajoma’ de Chuarrancho, Guatemala. Vicenta Reynoso Tzoc, Ajq’ij Maya K’iche’. Santos Gómez, Ajq’ij Maya k’iche’. José María Tol Chan, Ajq’ij Maya k’iche’. Lidia Elizabeth Florián, docente-investigadora, USAC. Alicia Catalina Herrera Larios, K’amalb’e. Licda. Myriam Bojorques, Docente, Trabajo Social, USAC. Licda. Giglia Canessa, Universidad del Valle de Guatemala. Byron S. Morales Dardón, politólogo. Ajq’ij E. Alberto Ramos Lz de IMAGUAC. Ramiro Batzín, Sotz’il. Juan Diego González. Dr. Roberto Cabrera, activista socio político, Director Adjunto de IEPADES. Dionicio Canahui, maya Achi’. Dr. Vitalino Similox y Nora Coloma, Maya’ kaqchikel Nimatijob’al. Secil Oswaldo de León, Profesor Universitario. Chnab’jul K’amalb’e Sikya Tz’unun. Carlos Chex. Obispo Rosales, Director de PLFM. Medarda Castro, maya Tz’utujil. Héctor Tuy. Ixkot, Armonía y Conocimiento.

Organizaciones firmantes:

 

Enviado a SURCOS por Casilda Sancho.

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Experta de la ONU: “Impunidad impide protección efectiva de las personas defensoras indígenas”

GINEBRA (8 de junio de 2020) Una experta de la ONU expresó hoy su grave preocupación por las vidas de las personas defensoras de los derechos de los pueblos indígenas, que están siendo atacadas en Costa Rica, añadiendo que la impunidad y la falta de rendición de cuentas están provocando una prolongación de la violencia en contra de los defensores en el país, a pesar de algunas medidas positivas adoptadas por el Gobierno.

Costa Rica ha experimentado un auge en ataques contra líderes indígenas desde el asesinato del líder indígena Bribri, Sergio Rojas, en marzo de 2019, el cual trabajó durante décadas para defender los derechos de los pueblos indígenas frente la ocupación ilegal de sus territorios.

“Hoy, más de 14 meses más tarde, todavía no está claro si las autoridades se encuentran más cerca de identificar a los responsables” dijo la experta de la ONU Mary Lawlor, la nueva Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos.

La experta dijo que otros ataques contra personas defensoras de los derechos humanos habían quedado parcialmente o totalmente impunes y “hasta que haya investigaciones adecuadas, y rendición de cuentas por estos crímenes, podemos ser testigos de más intimidación, agresiones y muerte”.

Un cambio en la ley de Costa Rica en 1977 estableció un marco legal para la redistribución de la tierra indígena ancestral ocupada por personas no indígenas pero la implementación de la ley ha sido lenta, y los líderes indígenas han realizado requisiciones pacíficas de las tierras para devolverlas a los pueblos indígenas. Esto ha provocado una reacción considerablemente violenta por parte de los ocupantes no indígenas de la tierra.

Mientras que el Gobierno de Costa Rica ha incrementado la presencia de la policía en las comunidades afectadas, las investigaciones de la policía siguen inadecuadas o inconclusas. Como consecuencia, tanto las víctimas como sus familiares siguen amenazadas por los presuntos perpetradores.

Desde el asesinato del líder indígena Yehry Rivera el pasado febrero, por ejemplo, su familia ha sido amenazada e intimidada repetidamente por la familia del perpetrador, que a menudo pasa por su tierra, sosteniendo una machete en la mano.

Pablo Sibar, un defensor de los derechos humanos del mismo pueblo Broran que el Sr Rivera, también ha sido intimidado y sometido a ataques incendiarios que todavía no han sido investigados.

Minor Ortíz Delgado, un defensor indígena de la tierra, de la misma comunidad Bribri que el Sr. Rojas, recibió un balazo en la pierna en marzo. El perpetrador, que fue liberado y recibió medidas de restricción, ha vuelto amenazar de muerte al Sr. Ortíz y su familia.

“Parece que los perpetradores de las intimidaciones, amenazas, disparos y asesinatos frecuentemente andan sueltos cuando sus víctimas son personas defensoras de los derechos de los pueblos indígenas, dijo la Relatora Especial.

La impunidad aumenta el impacto de violaciones de los derechos humanos, ya que se envía un mensaje de falta de reconocimiento de su función en la sociedad y ello implica una invitación para seguir violentando sus derechos.

El llamamiento de la Sra. Lawlor ha sido respaldado por el Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, Sr. Francisco Cali Tzay.

Los expertos están haciendo un seguimiento del tema con las autoridades costarricenses.

 

Compartido con SURCOS por Gustavo Cabrera y por Henry Picado.

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“Selma”

-desfilar contra el racismo en Alabama-

Aquí y ahora, la pantalla es el maestro
que descubre la historia y subraya sus lecciones

Gabriel González-Vega
Académico jubilado de Humanidades, UNA*

El esmerado docudrama tradicional de Ava du Vernay expone, con prudencia y vigor balanceados, el racismo, su horror y su mentira, a partir de una cita crucial en la historia. El pueblo de Selma, en Alabama, todavía bastión confederado un siglo después de la guerra civil de 1861/65, fue escenario idóneo para revelar, concentrado, el abuso cotidiano de una cultura donde el miedo, la ignorancia y la maldad son facetas de una misma necrofilia. Mientras que en Viet Nam el gobierno estadounidense está en guerra por intereses disfrazados de libertad, ésta se le niega a sus ciudadanos que cambiaron esclavitud por segregación.

Ava du Vernay fue la primera mujer afrodescendiente en ganar el Festival de Sundance (en 2 012, con “Middle of Nowhere”, que nunca llegó a Costa Rica, creo). Y la primera en ser nominada al Globo de Oro y con su filme al Óscar con “Selma”. Lo que de nuevo logró, en la categoría documental, con “13th”. Sin embargo, la militancia contra el racismo de los artistas de “Selma” provocó el repudio de los conservadores blancos en Hollywood, que se aseguraron de que no ganase la estatuilla. Aunque sí se llevó el Óscar y el Globo de Oro la Mejor canción original, Glory (John Stephens y Lonnie Rashid Lynn Jr.). También fue muy premiado su filme “When They See Us”, sobre las condenas injustas, finalmente revertidas, de cinco jóvenes afrodescendientes, acusados de haber asaltado a una trotadora blanca en el Central Park de Nueva York. Un caso semejante al que recién se hizo viral (Cooper vs. Cooper) de otra falsa acusación racista de una mujer blanca a un hombre negro (miembro de Audubon) que observaba aves en el mismo parque y que le pidió amablemente a ella llevar su perro con correa, como está estipulado.

Con actuaciones impecables, que incluyen a los célebres Cuba Gooding Jr. y Oprah Winfrey, la fotografía, que quizá falla en aspectos técnicos, está a tono con los ambientes sombríos –hay un inicio poético delirante que marca el terreno de la injusticia- y un acertado cambio de tono. La música delinea el valioso acervo cristiano que alienta a las víctimas (oportuno ahora que tanta iglesia predica discriminación y que la cabeza más visible de la discriminación, Donald Trump, usa la Biblia para predicar odio). El sobrio relato no usa trucos ni privilegia giros sorpresivos sobre la potencia de los hechos. Mas si pasa de la intimidad familiar a la visión de masas decididas a enfrentar 400 años de abusos.

Es un filme de carretera (road movie), literalmente. No con la usual pareja dispareja del cine estadounidense, sino con manifestaciones donde el valor se hace uno en jóvenes y viejos, hombres y mujeres.  Martin Luther King (el excelente actor británico David Oyelowo), recién galardonado con el Nobel de la Paz, en ese momento lidera, entre dudas y angustias, presiones y golpizas, una marea incontenible de rostros que combaten con el sacrificio de sus propios cuerpos, con la entrega de sus vidas en primera fila, lacerados siempre por coros de miradas despectivas. Porque la protesta pacífica desafía el (des)orden establecido y obliga a las autoridades corruptas y sus secuaces a una barbarie que hiere la conciencia pública mediante el testimonio decisivo de la prensa. En nuestros días, la prensa decente se refuerza con los transeúntes que recogen en sus teléfonos celulares tanto la brutalidad como la mentira sistemática de la policía estadounidense.

Sin desmerecer el protagonismo reticente del admirado pastor de Atlanta, no enfatiza su biografía ni lo despoja de su contradictoria humanidad. Lo ubica –y sagazmente al líder revolucionario Malcolm X también-, como el hombre sabio que supo bregar tanto en los pasillos traicioneros de la política como en las calles cubiertas de matones, uniformados o no. Un hombre indispensable, al decir de nuestro José Martí (de paso, sugiero disfrutar de su maravillosa biografía “El ojo del canario”, de mi amigo cubano Fernando Pérez), que no es un súper héroe sino uno de nosotros que supo levantarse a la altura de las circunstancias y logró cambios sustanciales con su breve y decisivo paso por el planeta; que como Mahatma Gandhi y Nelson Mandela, llevó dignidad a toda la especie.

Como educadores para la libertad (si algo he sido toda una vida es educador y si en algo creo es en la educación), debemos revertir el despojo sistemático de la curiosidad, la admiración y la creatividad naturales que perpetra la domesticación vigente. También, hay que combatir la pobreza espiritual de la comunicación masiva, que transformó el héroe y el santo del pasado, modelos ejemplares, en las celebridades de hoy en día, cuerpos/mercancía adorados en el frenesí del consumo adictivo; y peor aún, más recientemente, a brutales matones ignorantes y totalitarios en ídolos adorados por legiones de siervos.

Necesitamos reconocernos en esas manifestaciones históricas y no en falsos personajes de historietas maniqueas. Es urgente comprender este mundo arrasado por la especie feroz que somos, como lo retrata de forma sublime el fotógrafo brasileño Sebastián Salgado (“La sal de la tierra”, de Wim Wenders) y comprometernos con la regeneración de vida que ese mismo filme anima.

“Selma” es un encuentro humanista con la educación que necesitamos. El arte, así como “Selma”, es indispensable. Nos brinda el conocimiento necesario para impulsar los cambios que anhelamos. Un mundo sin racismo, xenofobia, homofobia ni machismo.

Avance oficial de “Selma” en español:
https://www.youtube.com/watch?v=1U2lX2aAoiA

*Basado en mi artículo originalmente publicado en Campus, UNA, en 2015.

 

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