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Etiqueta: derechos humanos

UCR: Trabajo en comunidad es fundamental en la defensa de la población con VIH-SIDA

  • TCU trabaja por la visibilización, prevención y promoción de los derechos de las personas con VIH-SIDA

Según datos de ONUSIDA del año 2017, en el mundo existen 36,9 millones de personas que viven con VIH y cada año se diagnostican 1,8 millones de nuevas infecciones. Costa Rica, tiene 9.179 diagnósticos por VIH entre 2002 y 2016, de los cuales el 87,2% fue en hombres.

Este año, en el marco del Día Mundial del SIDA se pretende enfatizar en el papel de las comunidades para que los estados aseguren el cumplimiento de los derechos de esta población bajo el lema “Las comunidades marcan la diferencia.

Las comunidades juegan un papel fundamental en la defensa de la población y son quienes pueden garantizar “que el SIDA continúe presente en la agenda política, que los derechos humanos sean asegurados y que quienes toman las decisiones y las ponen en práctica asuman sus responsabilidades” (ONUSIDA).

En la Universidad de Costa Rica (UCR), el proyecto de Trabajo Comunal (TCU) Promoción para la salud integral de los derechos humanos de la población con VIH-SIDA (TC-659), nació hace 5 años con el propósito de prevenir el contagio y promover los derechos de todas las personas que viven con VIH.

Este proyecto se ha comprometido con poblaciones en condición de riesgo y aquellas que ya han sido afectadas, esto para garantizar el adecuado cumplimiento de los instrumentos jurídicos nacionales e internacionales en la materia. Durante su trayectoria, ha propiciado alianzas con instituciones y organizaciones cuya población meta son personas que viven con VIH o con altos grados de vulnerabilidad para su infección y facilitan educación activa en la prevención del VIH en distintas poblaciones, principalmente entre adolescentes, trabajadoras sexuales y población LGBTIQ+.

El proyecto trabaja con estudiantes de 16 carreras diferentes, por lo que ofrece una mirada integral e interdisciplinaria en la temática. Entre las actividades principales que realizan destacan los talleres de tolerancia, no discriminación, duelo ante la aceptación del diagnóstico, uso del condón femenino, empoderamiento, entre otros. Además, ofrece capacitaciones y charlas sobre qué son las enfermedades de transmisión sexual y sobre la jurisprudencia existente tanto en en Sala Constitucional como en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Sofía Cordero Molina, coordinadora del proyecto, asegura que la mayor importancia que tiene es que “a diferencia de la participación de actores civiles o de las ONGs que dependen de los recursos que se les destinen para dar continuidad a los proyectos, la UCR permite colaborar utilizando los recursos humanos ya existentes, en este caso, los estudiantes que desean retribuir a la sociedad, por lo que no dependemos de otros factores y podemos seguir creciendo”.

Hasta el día de hoy, el TCU ha generado importantes alianzas con instituciones como La Sala, centros educativos, Rahab, Asociación Arcoiris, el Hospital San Juan de Dios, la Asociación Demográfica Costarricense, Transvida, Esperanza viva, albergues, entre otros y con otros TCU de la Universidad interesados en la temática.

“Ahora, nos estamos dirigiendo en el tema de la incidencia en políticas públicas en temas de VIH. Tratar de ver cómo se logra la aprobación de reformas de ley y proyectos en la materia. Por lo que hemos trabajado en mesas redondas y concientización con diputados y diputadas para la aprobación de reformas en la Ley Nº 7771” “ expresó Cordero.

El proyecto pretende seguir creciendo y trabajando con distintas comunidades, pues los desafìos en la materia son amplios, especialmente en cuanto a la violación de derechos. Es por esto, que el TCU propone una una intervención de orden jurídica, psicológica, cultural y social donde se de un abordaje integral e interdisciplinario.

El 1 de diciembre de cada año, cientos de personas alrededor del mundo se unen para apoyar a las personas que viven con el VIH y recordar a las que han fallecido por enfermedades relacionadas con el Sida. Ilustración de ONUSIDA.Las comunidades marcan la diferencia. Ilustración de ONUSIDA.

 

Natalia Odio González

Vicerrectoría de Acción Social

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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Arde Chile

¿Arde Chile? Sí… del fuego de la libertad. Estos momentos, en que todo parece posible, se inscribirán con letras de fuego en las memorias de millones de niños, jóvenes y menos jóvenes. Para proteger para siempre la ventana de lo posible… Una nota de Edmundo Moure.

Edmundo Moure

 

En menos de una semana se derrumbó el mejor ejemplo de la política ultra neoliberal en América Latina. El “oasis chileno” se quedó sin agua, la “perla” capitalista del Cono Sur se disgregó entre los dedos del presidente magnate, Sebastián Piñera. Frases broncíneas se viralizaron en las redes sociales:

“Sabíamos que existían las diferencias, pero nunca pensamos que molestaran tanto”; “estábamos haciendo las cosas bien, pero fuerzas oscuras y externas nos están desestabilizando”; “el comunismo internacional, liderado por Venezuela, complota para que fracasemos”, etcétera.

La ceguera de la clase social y económica que aún gobierna Chile es endémica; emana desde una visión feudal de la Historia que estos grupos no han podido superar en esta isla del fin del mundo, que sigue imperando incluso entre sus profesionales universitarios: médicos, abogados, ingenieros; qué decir entre los empresarios, convencidos de que el manejo de la economía es un simple ejercicio de ingresar y sacar dinero de la faltriquera de un hacendado del siglo XVIII, pagándoles a sus peones con las migajas que caen de su mesa, pidiéndoles que se encomienden a la Virgen María, si tienen hambre…

En menos de cuarenta y ocho horas, la bomba social estalló, extendiéndose, desde Santiago del Nuevo Extremo, hacia el norte y hacia el sur, en este largo pétalo, no solo de “mar y vino y nieve”, como escribe Neruda, sino de lava ardiente, flujo de las erupciones provocadas por reiterados abusos, injusticias, latrocinios y corrupciones. En estas últimas, se han visto involucradas, hasta sus cimientos, las instituciones “respetables” de la sociedad chilena: Iglesia, Fuerzas Armadas, Carabineros…

Ni siquiera los jueces han escapado de esta lacra que permea los organismos del Estado y también la actividad privada. No hay pan que rebanar, como decían nuestras abuelas.

El escándalo de las pensiones miserables, sustentado por el sistema previsional inicuo de las AFP, creado por los “expertos” de la dictadura, entre ellos, el siniestro lacayo de Pinochet, José Piñera, hermano mayor de Sebastián el Breve; la destrucción concertada de la educación pública, en beneficio del lucro privado, a través de la proliferación de universidades espurias y sin acreditación académica rigurosa; el negocio impune de la salud, administrada por inescrupulosos mercaderes, como el actual ministro de la cartera, doctor Sergio Mañalich, dueño de una de las mayores clínicas-hoteles, como se conocen entre nosotros; el sistema de subcontratación de servicios y tareas productivas, que perjudica aún más los bajos salarios y deja a miles de trabajadores sin protección social; la apropiación del agua por particulares y empresas mineras, cuyos manejos venales han ido destruyendo la actividad de los pequeños propietarios agrícolas y crianceros de la zona central de Chile, hoy asolada por la peor sequía de los últimos cincuenta años; la tala de los bosques nativos y su reemplazo por especies de rápida productividad, favoreciendo a las grandes forestales que, en la zona de la Araucanía, usurpan los territorios mapuches y ahogan su cultura; la contaminación de ríos, lagos y mares, mediante un manejo abusivo de los recursos pesqueros…

La lista de iniquidades y trapacerías resulta interminable y no cabe en una simple crónica. Sin embargo, su extensión y hondura en el tiempo han provocado el incendio civil cuyas llamas amenazan, tanto a los poderes fácticos como a los instituidos. Los canales de la televisión abierta y los periódicos de mayor tiraje, todos al servicio incondicional del poder, hacen gala de su hipocresía desinformativa, poniendo el acento en los saqueos, desmanes y quemas de supermercados, farmacias y tiendas; destrozos y sabotajes en la red del Metro, algunos de ellos de sospechosa ocurrencia…

Omiten la fuerza y extensión de las protestas sociales en contra del gobierno derechista; asimismo, los asesinatos y vejámenes contra civiles, por parte de la policía y la soldadesca drogada, esgrimiendo la manida coartada de supuestas provocaciones. Es decir, la amenaza de una olla que se golpea versus una AK6 manejada por un energúmeno acorazado.

Cincuenta muertos, cientos de torturados, miles de heridos que no figuran en las “informaciones” de la gran prensa amarilla. Se ha impedido al director del Instituto de Derechos Humanos el ingreso a los centros asistenciales de salud, negándole toda información fehaciente sobre muertos y lesionados.

Menos mal que contamos con las redes sociales y medios no vendidos al sistema, para informarnos de la realidad que estamos viviendo, que supera con mucho las febles y erráticas respuestas del poder ejecutivo y sus ridículas medidas de mitigación ante la conmoción nacional. Porque un incendio de esta magnitud no se apaga con gasolina, ni con tanquetas ni con la más despiadada de las represiones, invocando, como hace la derecha extrema, al fantasma de Augusto Pinochet.

Por su parte, el parlamento chileno está dando un triste espectáculo, alejado de la gente, como ha sido su tónica durante veinte años, enfrascados sus miembros a sueldo en descalificaciones e insultos mutuos, ignorando las reales aspiraciones y necesidades del pueblo.

Y aunque “Carlos Marx esté muerto y enterrado”, hoy en día, Sebastián Piñera, exhausto y aterrado ante la amenaza de las “hordas marxistas”, parece repetir lo cantado por Serrat en un tema memorable:

-“Amo, se nos está llenando de pobres el recibidor”.

-“Diles que el señor no está, que anda de viaje y que no sabes cuándo va a regresar…”

Mientras tanto, Chile seguirá ardiendo. ¿Hasta cuándo?

 

Fuente: https://madmimi.com/p/99b78f?pact=26452230-154750583-9689145085-2153fd433611436da783614e0d2ac89ecdad2cba

Imagen tomada de https://madmimi.com

Enviado a SURCOS por Arnoldo Mora.

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Chile: Carta abierta al Presidente…Basta de Represión

Compartimos la siguiente declaración:

 

Chile: Carta Abierta al Presidente de la República

“Ninguna democracia se puede levantar sin terminar primero con tanta impunidad” – “No son 30 pesos, son 30 años”

 

Sr. Sebastián Piñera

Presidente de la República

Presente

La Coordinación Nacional de Organizaciones de Derechos Humanos y Sociales ha considerado necesario dirigirse a usted para expresar su absoluto rechazo a las medidas autoritarias y represivas que el actual gobierno ha tomado para impedir las legítimas movilizaciones del pueblo en demanda de satisfacer sus necesidades largamente postergadas.

Rechazamos tajantemente sus palabras declarándole la guerra al pueblo de Chile. Sabemos perfectamente que este tipo de declaraciones son propias de la Doctrina de la Seguridad Nacional y fomentan el Terrorismo de Estado reviviendo al enemigo interno, conceptos aún no erradicados de nuestras fuerzas armadas. En ese sentido, rechazamos el continuo envío de efectivos de las Fuerzas Armadas a cursos en la Escuela de las Américas, hoy llamada Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad (WHINSEC). Esta situación hace absolutamente criminal utilizar a los militares en tareas de aseguramiento del orden interno. Señor Presidente, debe desistir de esta decisión antes de convertirse en un masacrador de su propio pueblo.

También rechazamos la dictación del estado de emergencia que sólo muestra la absoluta incapacidad del actual gobierno para gobernar Chile. El pueblo de Chile, sus organizaciones de las que somos parte, han soportado 30 años de malos gobiernos, ineptos, corruptos, que han gobernado en favor de los más ricos y poderosos del país en desmedro de nuestro pueblo.

Rechazamos la imposición del toque de queda que sólo busca la actuación arbitraria e impune de las fuerzas policiales como hemos visto innumerables veces estos últimos días. Baste señalar los cerca de 20 muertos que ya tiene bajo su responsabilidad; la no entrega de información sobre detenciones, heridos y muertos; la instalación de la persecución política a jóvenes dirigentes de organizaciones populares, entre los que contamos, el allanamiento ilegal de un edificio y detener, también ilegalmente, a la vocera de la CONES y sus acompañantes; las agresiones y amenazas a un dirigente estudiantil de la Universidad de Valparaíso por parte de carabineros y el secuestro de un dirigente social de Quinteros, también realizado por carabineros.

También consideramos de extrema gravedad la denuncia del INDH por la utilización de túneles de la Estación Baquedano del Metro como lugar de tortura; lo que unido a las incontables golpizas brutales a manifestantes divulgadas por las redes sociales, nos muestra la plena vigencia de prácticas que el mundo civilizado condena decididamente. Estamos seguros que este actuar policial será declarado ilegal por parte de los tribunales, sin embargo, los funcionarios policiales no recibirán ninguna sanción como ha acontecido durante los más de 40 años transcurridos desde el golpe de estado de septiembre de 1973.

Las organizaciones de derechos humanos, depositarias de la memoria histórica y herederas de las luchas del pasado por recuperar la democracia, exigimos que se levante el estado de emergencia y el toque de queda, que se retire a los militares de las calles de nuestros pueblos y ciudades, se juzgue y castigue a los policías y militares que han abusado de su impunidad para asesinar, herir y torturar a sus compatriotas tal como lo hicieron durante los 17 años de la dictadura cívico-militar.

Estos crímenes son una clara demostración de que nuestra lucha por la verdad y la justicia, contra la impunidad y por el Nunca Más se encuentra plenamente vigente y más urgente que nunca.

Como hemos señalado con insistencia: la impunidad de los crímenes de ayer, causa las injusticias de hoy. Expresamos también nuestro pleno respaldo a las demandas levantadas por el movimiento social, en especial la demanda por una Asamblea Constituyente para la elaboración de una nueva constitución plenamente respetuosa de los derechos humanos, la democracia y que consagre el Nunca Más.

Solidarizamos con nuestro pueblo y lo acompañamos en su lucha que es nuestra lucha y la de miles de compañeros y compañeras cuyas vidas fueron segadas por el terrorismo de Estado. Esta lucha se encuentra plenamente vigente hoy: por una vida digna y justa.

Señor Presidente, reconocemos su incapacidad de gobernar Chile en este momento. Las medidas presentadas en la agenda no están a la altura de la profunda crisis que afecta al país y no son una solución a los problemas que afectan a la gran mayoría de la población sino, por el contrario, profundizarán el saqueo de nuestras riquezas y la vandalización de los servicios públicos como ha acontecido durante los últimos 46 años. Por ello, y en concordancia con la demanda popular, le solicitamos que renuncie a su cargo.

Coordinación Nacional de Organizaciones de Derechos Humanos y Sociales

 

 

Imagen de portada ilustrativa.

Enviado por Ma. Elena Fournier.

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Baltasar Garzón: Carta abierta al presidente de Chile, Sebastián Piñera

El juez español que detuvo a Augusto Pinochet

El jurista analiza los motivos que llevaron al estallido a Chile y alerta sobre los peligros de utilizar a los militares para reprimir la protesta social. «El ejército no está preparado para controlar el orden público, sino para hacer la guerra, para doblegar al enemigo o destruirlo», asegura en una carta abierta publicada por el diario digital español infoLibre.

 Por Baltazar Garzón

 

Señor Presidente:

Soy Baltasar Garzón, el juez español que ordenó la detención de Augusto Pinochet en Londres el 16 de octubre de 1998. No le conozco, ni he mostrado interés en hacerlo. Sí lo he hecho con todos los demás presidentes democráticos de su país, al que tanto quiero. Quizás por el cariño hacia el pueblo chileno y por la defensa que siempre he hecho de las víctimas, mi defensa de los pueblos originarios y de los más vulnerables, he decidido dirigirle esta misiva con profundo dolor e indignación por lo que está ocurriendo en Chile.

Señor Presidente, tal parece que chilenas y chilenos han dicho basta. Y lo están diciendo fuerte y claro. Se trata de un estallido social espontáneo que no está dirigido por partido político alguno. Una simple protesta estudiantil por el alza en el billete de metro, severamente reprimida por la policía, Carabineros de Chile, fue la mecha que encendió la rabia y la ira acumulada durante casi treinta años. Ellos han sido los ejecutores de una medida política ordenada por su gobierno.

Señor Presidente, convendrá conmigo que, debajo del pretendido milagro económico que muchos atribuyen a Pinochet, un modelo de desarrollo mantenido por la transición chilena y la posterior democracia, se esconde el triste récord de ser uno de los diez países más desiguales del mundo, al mismo nivel de Ruanda, según el índice Gini aplicado por el Banco Mundial. Es cierto que en el país existe desarrollo y mucha riqueza, pero sólo para una reducida élite política y empresarial. Asimismo, Chile posee también unas cifras macroeconómicas inmejorables, con un sostenido crecimiento durante décadas, pero con un paulatino y constante empobrecimiento y endeudamiento de la inmensa mayoría de la ciudadanía, que este año alcanzó su máximo histórico, según la prensa y el propio Banco Central. Su país, señor Presidente, también ingresó hace años en el selecto club de las naciones ricas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), como flamante país desarrollado, con altos niveles de productividad y competitividad, pero, nuevamente, a costa de bajos salarios de los trabajadores y de una casi total desprotección social.

Como la máxima autoridad política, usted debe saber que la Constitución que rige actualmente en Chile fue adoptada en plena dictadura militar, mediante la celebración de un referéndum que tuvo lugar mientras los testaferros de Pinochet torturaban, asesinaban y desaparecían a los opositores políticos. Esa Constitución experimentó varias modificaciones para hacer posible la transición y luego la entrada en democracia, y ha sido reformada después en innumerables ocasiones, pero su espíritu y su orientación sigue siendo la misma. No hay un Estado “social” y democrático de Derecho, sino un Estado “liberal” o “neoliberal” o “subsidiario” de Derecho. Ello implica que, salvo excepciones, los servicios públicos del Estado son de mala calidad, pensados para personas de muy escasos recursos o indigentes, por lo que quien quiera acceder a ellos en condiciones adecuadas, debe contratarlos en el mercado. Así ocurre con la educación, con la sanidad, con las pensiones, con el transporte y con un largo etcétera. Realmente, pese a los esfuerzos de algunos gobiernos progresistas, no existe Estado de Bienestar. En la lógica neoliberal el Estado debe ser pequeño, lo más pequeño posible, por lo que si alguien quiere acceder a servicios de calidad, debe pagarlos con sus propios recursos, convirtiendo así a ciudadanas y ciudadanos en meros consumidores de servicios privados.

Es por ello, señor Presidente, que en los últimos años se han dejado ver las protestas de estudiantes secundarios y universitarios, de pensionistas, de trabajadores que reclaman un sueldo digno, sin que sus demandas hayan sido debidamente atendidas. Se ha hecho patente el descontento, la falta de expectativas, la indiferencia de las autoridades y sus promesas incumplidas, sumado a millonarios escándalos de corrupción de grandes empresas, de políticos, incluso del Ejército, del propio cuerpo de Carabineros de Chile y, cómo no, de usted mismo. Usted está acusado de enriquecerse presuntamente en forma ilícita en la dictadura y de evadir impuestos de bienes inmuebles durante treinta años. Todo ello hizo que una leve alza en el precio del metro fuera la gota que rebasó el vaso, unida a una descontrolada y brutal represión policial sobre estudiantes secundarios.

La violencia engendra violencia

Quizás no le guste oír esto, pero usted, como presidente, frente a una protesta social sin precedentes en democracia, y con los neoliberales herederos de Pinochet que gobiernan actualmente el país, no han encontrado mejor salida que implementar una estrategia que conocen muy bien: acudir al Ejército para que los militares nuevamente salgan a la calle a reprimir a la gente.

De más está decir que la violencia engendra más violencia, que no se puede combatir el fuego con gasolina, que con los militares en la calle tarde o temprano habrá heridos graves y más muertos. El ejército no está preparado para controlar el orden público, sino para hacer la guerra, para doblegar al enemigo o destruirlo. Siempre que los militares salen a la calle, incluso si es para “combatir” o “luchar” en una supuesta guerra a la delincuencia, las cosas no han hecho más que empeorar. La delincuencia, los saqueos y desmanes no cesan, sino que a ellos se suma la violencia estatal, que se ejerce de manera indiscriminada y que luego se oculta de la peor manera para garantizar su impunidad. Pero, señor Presidente, usted y el gobierno que dirige se equivocan de objetivo: El pueblo no es el enemigo sino la víctima, y al pueblo hay que protegerlo y no castigarlo con medidas de excepción.

“¡Hemos perdido el miedo!”, dicen chilenas y chilenos en redes sociales, “¡Chile despertó!”, es uno de los lemas de este movimiento social espontáneo que ya comienza a organizarse. “¡Esto no ha hecho más que empezar!”, aseguran otros. “¡Tenemos que seguir!”, afirma un campesino al ver cómo ante las protestas, aquel río seco ayer fluye hoy a caudales después de que una importante empresa liberase el agua injustamente arrebatada a quienes subsisten de la agricultura.

Por nuestra parte, seguimos y seguiremos muy atentos a lo que ocurre en Chile. Sepan que las violaciones de los derechos humanos que se están cometiendo y los crímenes perpetrados en contra de la población civil, esta vez no quedarán en la impunidad porque, además de la Fiscalía de Chile y del Instituto Nacional de Derechos Humanos, existe la Jurisdicción Universal, existe la Corte Penal Internacional, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y una comunidad internacional atenta y vigilante, que no permitirá que en Chile se vuelvan a repetir los horrores del pasado.

No le quepa duda, señor Presidente, que no somos de la opinión del secretario general de la OEA, que echa la culpa de todo lo que ocurre en Latinoamérica a Cuba, Venezuela, Rafael Correa, Lula da Silva, Cristina Fernández de Kirchner o Alberto Fernández y de quienes discrepan de la ola neoliberal que nuevamente con el patrocinio del norte, como aconteciera en los años 70, asola el continente. Esta vez no nos vamos a dejar engañar ni humillar por aquellos que de nuevo quieren avasallar y acabar con la resistencia y expresión democráticas del pueblo.

Ex juez, miembro del Consejo latinoamericano de Justicia y Democracia.

 

 

Imagen de portada: Baltazar Garzón. Imagen: EFE

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/227001-baltasar-garzon-carta-abierta-al-presidente-de-chile-sebasti

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La Alianza Biodiversidad frente a los hechos de violencia en Ecuador

Frente a la brutal represión por parte del Estado en contra de pueblos indígenas y sectores populares del campo y la ciudad repudiamos estos hechos y llamamos a que se inicie un verdadero diálogo atendiendo las demandas del pueblo movilizado. Nos sentimos profundamente conmovidas y conmovidos ante las noticias de violación de los Derechos Humanos en el Ecuador.

El pueblo ecuatoriano ha salido a las calles para impugnar un paquete de medidas de ajuste fondomonetaristas, haciendo ejercicio del derecho a la resistencia contemplado en la constitución ecuatoriana.

Denunciamos la muerte confirmada de campesinos indígenas, el ataque policial a zonas de refugio de manifestantes, poniendo en riesgo la salud y la vida de menores de edad y bebés.  Todo esto en el marco de falsos llamados al diálogo que han venido acompañados de ataques a manifestantes -en su mayoría mujeres- desarmadas y con los brazos en alto.

Conocemos que en estos momentos el país se encuentra militarizado y se ha decretado un toque de queda en el área metropolitana de Quito.  En distintas declaraciones a los medios el Ministro de Defensa ha amenazado reiteradamente a toda la población levantada con el uso de toda la fuerza militar, lo mismo que en las cadenas nacionales de la presidencia, pese a que al mismo tiempo se habla de un diálogo, sin detallar en dónde, cómo y bajo qué condiciones. Ninguno de estos gestos abona la paz social y la restauración de un orden justo y democrático.

Expresamos nuestra profunda preocupación y hacemos un firme llamado al Presidente Lenin Moreno, al Ministro de Defensa Oswaldo Jarrín, y a la Ministra del Interior María Paula Romo, a frenar la represión, a deponer la posición de fuerza instaurada al amparo de un estado de excepción y toque de queda y a generar las condiciones para ese diálogo que las organizaciones han venido proponiendo durante los últimos días.

El mundo está observando lo que ocurre en Ecuador y desde nuestra Alianza nos comprometemos a seguir de cerca los acontecimientos y a seguir trabajando para romper el cerco mediático con el que se intenta ocultar los hechos de violencia y represión.

Alianza Biodiversidad

REDES – Amigos de la Tierra, Uruguay

GRAIN, México, Brasil y Argentina

Red de Biodiversidad de Costa Rica

BASE – IS, Paraguay

Campaña de la Semilla de la Vía Campesina, Chile

Grupo Semillas, Colombia

Grupo ETC, México

COA, México

Centro Ecológico, Brasil

Acción por la Biodiversidad, Argentina

CLOC – Vía Campesina

Acción Ecológica, Ecuador

Foto: https://es.aleteia.org

Enviado a SURCOS por Henry Picado

Solicitan respuesta presidencial ante opinión de expertos de la ONU

Distintas organizaciones sindicales enviaron al Presidente Carlos Alvarado una carta en la cual solicitan su posición ante el criterio de relatores de la ONU, expertos en Derechos Humanos, con la cual, el proyecto de ley para controlar las huelgas tiene yerros importantes.

Las organizaciones recalcan que es importante que el mandatario se pronuncie, especialmente, cuando el Gobierno ha emprendido una campaña para integrar el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

 

Enviado a SURCOS por ANEP.

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Expertos de ONU señalan yerros del proyecto de ley sobre huelgas

Costa Rica en encrucijada: nueva llamada de atención de 3 mecanismos de protección de DDHH; esta vez por proyecto de ley para regular las huelgas.

Tres relatorías de la ONU expresan preocupaciones en relación con el proyecto que se tramita en la Asamblea Legislativa y que busca controlar las huelgas.

El Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, David Kaye; el Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Clement Nyaletsossi Voule; y el Relator Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Michel Forst enviaron una comunicación en la cual detallan los aspectos que les preocupa.

La carta dice: “… quisiéramos señalar a la atención urgente del Gobierno de Su Excelencia la información que hemos recibido en relación con la próxima discusión del ‘Proyecto de Ley para Brindar Seguridad Jurídica sobre la Huelga y sus Procedimientos’ que fue debatido en la Asamblea Legislativa de Costa Rica el 8 de septiembre de 2018 y reenviado a consulta a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia; y que de ser aprobado podría ser incompatible con las obligaciones derivadas de las normas y estándares internacionales de derechos humanos contraídas por Costa Rica”. (destacados agregados).

Más adelante el escrito detalla: “… el proyecto de ley presentas discrepancias con las normas y estándares internacionales de protección de los derechos humanos, en particular en los siguientes puntos:

a) La posibilidad de disolución de un sindicato siempre que se pruebe en juicio que “organizan o incitan a sus afiliados a impedir la libertad de tránsito de los ciudadanos” (artículo 350);

b) El establecimiento del requisito según el cual para que una huelga se considere legal debe estar ejecutada por un mínimo de tres personas trabajadoras que representen más de la mitad de los votos emitidos para acordar la huelga (artículo 371);

c) La prohibición de “huelgas políticas”, sin especificar su definición (artículo 371);

d) La prohibición de celebrar huelgas por motivos por los cuales ya se celebró una en el pasado (artículo 378);

e) Limitaciones temporales al ejercicio de la huelga, incluso en casos de servicios no esenciales, por razones de “graves daños de difícil o imposible reparación a la ciudadanía;” conceptos jurídicos indeterminados (artículo 661 bis);

f) La reducción retroactiva de salarios como sanción en casos de que se determine que la huelga fue ilegal (artículo 379);

g) La ampliación de la lista de “servicios públicos esenciales” y otros servicios públicos “protegidos” de la huelga (artículo 376)”.

En un apartado posterior, los relatores de la ONU vinculados a los Derechos Humanos expresan:

“Sobre las sanciones previstas:

Nos mostramos preocupados sobre el efecto que algunas disposiciones del proyecto de ley, en particular la reducción retroactiva de los salarios, podrían tener en los trabajadores que deseen participar en una huelga, haciendo valer sus derechos fundamentales, y por temor se abstengan de participar en la misma.

Si bien es entendible que el derecho a huelga sea regulado, ningún trabajador, público o privado debe ser objeto de un vaciamiento absoluto de su libertad de ejercer la protesta sindical, incluso a través de la huelga”.

En la parte final, los relatores se dirigen a las personas que en la Sala Constitucional deben resolver la consulta presentada en torno a este proyecto aprobado en primer debate. Expresan lo siguiente:

“En vista de lo anterior, exhortamos a las magistradas y los magistrados de la Suprema corte de Justicia a considerar nuestras preocupaciones en sus discusiones y deliberaciones sobre el Proyecto de Ley…”.

Puede descargar el documento en este enlace:

Foto: ANDE

UCR: La paz en Centroamérica continúa lejos de ser una realidad

  • Espacio de reflexión fue promovido por la UCR junto con el Gobierno de Alemania para generar nuevo conocimiento académico en torno a la paz

La desigualdad es una de las máximas expresiones de violencia en la región centroamericana. Foto: Anel Kenjekeeva.

Pese a la firma de los Acuerdos de Esquipulas en la década de 1980, la paz duradera en América Central es una realidad muy lejana para los países de la región, pues estos continúan resintiendo el impacto de la violencia y la desigualdad.

Esta fue una de las principales conclusiones del director del Centro de Investigaciones Históricas de América Central (CIHAC) de la Universidad de Costa Rica (UCR) David Díaz, en su conferencia de cierre en el marco del Congreso “Conflictos y procesos de paz en Centroamérica en perspectiva latinoamericana”.

Este espacio de discusión y reflexión se desarrolló como parte de los esfuerzos que ejecuta la iniciativa Maria Sibylla Merian Centro de Estudios Latinoamericanos Avanzados en Humanidades y Ciencias Sociales (CALAS), impulsada por el Ministerio Federal de Educación e Investigación de Alemania.

Díaz aseguró que las recientes políticas neoliberales de los países centroamericanos han ocasionado una confusión al analizar el concepto de paz, pues los gobiernos de la región han buscado vender la estabilidad política como sinónimo de paz duradera.

El académico remarcó que estos conceptos no deben ser mezclados, pues aún continúan existiendo expresiones de violencia incluso en los países con democracias más asentadas.

El problema es que hoy muere más gente que en las guerras civiles de 1980. Nos encontramos entre las regiones más violentas del mundo. Problemáticas como el trasiego de drogas se han agravado. La droga antes corría por mares, ahora corre por tierra”, acotó el académico.

El director del Cihac, David Díaz, dedicó su ponencia al investigador Ralph Sprenkels, quien falleció días antes de la actividad. Foto: Anel Kenjekeeva.

El investigador asegura que la desigualdad presente en todos los países centroamericanos hacen imposible el establecimiento de un periodo de paz, pues un 47% de la población de América Central se encuentra bajo la línea de pobreza.

“Si este dato no es un indicador de violencia no hay otro. Cuatro millones de hogares en el istmo están fuera del mercado laboral y sin acceso a servicios sociales básicos ¿cómo se puede hablar de paz o convivencia en estados con este tipo de desigualdad?”, señaló el ponente.

Gobierno alemán promueve debate sobre derechos humanos

Como parte de las actividades de cierre de este relevante congreso la diputada del parlamento y encargada de derechos humanos y ayuda humanitaria del Gobierno de Alemania, Bärbel Kofler, expuso las principales acciones que ha tomado el gobierno de su país en la búsqueda de la paz en América Central.

Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores hemos identificado ocho países del continente americano que están dispuestos a formar parte del debate sobre derechos humanos en la región y tomar acciones para hacer una verdadera diferencia en esta materia. De igual manera continuamos buscando incluir a más países de la región”, aseguró Kofler.

La diputada remarcó que han realizado reuniones y acuerdos con diferentes organismos internacionales con el objetivo de fortalecer las leyes relacionadas con la defensa de los derechos humanos de las personas en el continente americano.

“Es necesario asegurarnos de tener leyes robustas si queremos que los derechos humanos de todas las personas sean igualmente protegidos. Si no podemos ir a una cita para reclamar que nuestros derechos están siendo violentados, nunca lograremos que hacerlos valer”, concluyó la alemana.

La diputada del parlamento de Alemania, Bärbel Kofler, asistió a la actividad como resultado de la colaboración entre el Ministerio Federal de Educación e Investigación de Alemania y la UCR. Foto: Anel Kenjekeeva.

 

Róger Bolaños Vargas

Asistente de Prensa, Oficina de Divulgación e Información

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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Nuevos desafíos de la Sala Constitucional al celebrar sus 30 años

• Costa Rica enfrenta diversos desafíos que están poniendo en riesgo la esencia del Estado democrático, entre ellos, el proceso de elección de integrantes de la Corte Suprema de Justicia.

El nacimiento de la Sala Constitucional marcó un hito en el fortalecimiento de la garantía de los derechos humanos en Costa Rica. Vino a frenar los abusos de poder y con ello se fortaleció la división de poderes que es clave para el funcionamiento de la democracia y el Estado de derecho.

A partir del inicio de sus funciones, los y las habitantes de Costa Rica aprendimos a apropiarnos de la Constitución Política y, por ende, a exigir el respeto y garantía de nuestros derechos fundamentales.

A través de los años, la Sala ha conocido miles de asuntos trascendentales para la vida de las personas. Con sabiduría, valentía e innovación, ha logrado desarrollar de manera amplia el Derecho de la Constitución, brindando protección a numerosos derechos como la salud, el debido proceso y la libertad; impactando con ello a las poblaciones históricamente excluidas que encuentran en la Sala un árbitro confiable que escucha sus voces y les otorga un lugar en la sociedad.

Hoy, 30 años después, Costa Rica enfrenta diversos desafíos que están poniendo en riesgo la esencia del Estado democrático. Emergen actores sociales que promueven el autoritarismo y que abogan por visiones restrictivas de nuestros derechos humanos, fuerzas políticas que, sin vocación democrática, quieren controlar la institucionalidad para minar el sistema de frenos y contrapesos.

Un ejemplo de esto es el proceso de elección, por parte de la Asamblea Legislativa, de quienes integran la Corte Suprema de Justicia. Este se está llevando a cabo de manera poco transparente, sin motivación ni respeto a los estándares internacionales. Los resultados de este tipo de prácticas pueden afectar seriamente la institucionalidad democrática y poner en riesgo nuestro derecho de acceder a una justicia independiente e imparcial. Es por ello que un grupo de personas interpusimos una acción de inconstitucionalidad (expediente No. 19-016721-007-CO) para solicitar a la Sala que fije límites a la arbitrariedad que caracteriza los procesos que actualmente lleva la Asamblea Legislativa. Con ello pretendemos no solo asegurar una adecuada garantía de nuestros derechos sino también defender la independencia de la judicatura.

Hoy más que nunca recordamos las palabras de la propia Sala en el voto 04091-94

Los artículos 9, 10, 121, 140, 152 de la Constitución, entre otros, claramente asignan funciones especializadas a diferentes órganos -Poderes- del Gobierno, y han diseñado un complejo sistema de frenos y contrapesos como una garantía, la más importante si se quiere, de la libertad. Desde esta perspectiva, la separación de funciones, la fiscalización recíproca y la autolimitación de esos poderes, se yergue como un valladar de protección de los valores, principios y normas constitucionales en beneficio directo de todos los habitantes del país. Por ello, la función de un tribunal constitucional está alejada de esas discusiones de conveniencia política respecto de las otras áreas del gobierno, limitándose a garantizar ese mínimo constituido por las normas y principios del Derecho de la Constitución y, especialmente, los derechos y libertades fundamentales.

Confiamos que la Sala reconocerá, una vez más, el importante rol que se le ha dado en nuestra sociedad, y tanto en este como en otros casos que implican desafiar a las estructuras de poder, podrá estar a la altura de las circunstancias.

San José, 25 de setiembre de 2019

FIRMANTES:

Ana Marcia Aguiluz Soto

Walter Antillón Montealegre

Gabriela Arguedas Ramírez

Larissa Arroyo Navarrete

Roxana Arroyo Vargas

Francisco Barahona Riera

Yolanda Bertozzi Barrantes

Ana María Botey Sobrado

Yadira Calvo Fajardo

Daniel Camacho Monge

Paula Dobles Trejos

Alda Facio Montejo

Héctor Ferlini-Salazar

Luis Antonio González Jiménez

Milena Grillo Rivera

José María Gutiérrez Gutiérrez

Miguel Gutiérrez Saxe

Vilma Ibarra Mata

Alexander Jiménez Matarrita

Marcela Martino Aguilar

Emilia Molina Cruz

Arnoldo Mora Rodríguez

Manuel María Murillo Castro

Jaime Ordóñez Chacón

Gilda Pacheco Oreamuno

Cristina Rojas Rodríguez

José León Sánchez Alvarado

Carlos Sandoval García

Miguel Ángel Sobrado Chaves

Manuel Antonio Solís Avendaño

Ciska Raventos Vorst

Henriette Raventós Vorst

Seminario de Construcción Colectiva 2019: «Violencias políticas en América Latina y defensa de derechos humanos»

Está abierta la convocatoria al Seminario de Construcción Colectiva 2019: «Violencias políticas en América Latina y defensa de derechos humanos».

El seminario se realizará del 14 de octubre al 29 de noviembre en el DEI y está dedicado a la sistematización de experiencias, la investigación crítica y la retroalimentación de proyectos de incidencia, comprometidos con procesos emancipatorios en América Latina y el Caribe o en territorios de Abya Yala.

Se trata de un espacio para el encuentro y el diálogo en la diversidad, así como para la construcción colectiva del conocimiento.

El presente seminario se propone profundizar sobre la línea de trabajo institucional actual: “Crisis política en América Latina, defensores y defensoras de derechos humanos y reconstrucción de alternativas”. Para ellos se abordarán diferentes enfoques teóricos, se promoverá el diálogo de saberes y se dará seguimiento a los trabajos de las personas participantes.

Más información en nuestro sitio web.

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Enviado por DEI, Departamento Ecuménico de Investigaciones.

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