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Etiqueta: derechos humanos

COSIBA se prepara para el 2020 por mejoramiento de condiciones en plantaciones

COSIBA CR realizó su actividad final de año con un análisis de situación sobre lo trabajado durante 2019 y las prospectivas hacia 2020. Logros y retos que debemos asumir con el orgullo de trabajar por el mejoramiento de condiciones en las plantaciones y el compromiso de seguir en la lucha por la defensa de derechos laborales, humanos y ambientales en estas plantaciones. Taller Realizado en Finca 96, Sixaola con representantes de sus sindicatos afiliados: SITAGAH, SINTRAPEN y SITRACHIRI. Presente la secretaría de la Mujer de COSIBA CR. Presente el sindicalismo bananero y de la piña de Sixaola, Valle de La Estrella, Sarapiquí, San Carlos. Sin sindicatos no hay democracia.

 

Tomado del Facebook de COSIBA CR.

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¡Nueva recuperación de tierra en el territorio Brörán de Térraba!

Jueves 28 de noviembre de 2019. Desde la madrugada de hoy, un grupo de 22 familias Naso Brörán de Térraba recuperaron la tierra – territorio Crun Dubon (tierra de tigres) en el sur de Costa Rica.

La finca estaba ocupada por personas no indígenas de apellidos Esquivel Ramírez y tiene una extensión aproximada de 1200 hectáreas.

Ante la inacción del Estado costarricense de entregar las tierras – territorios que según la legislación nacional e internacional le pertenecen de forma exclusiva a los pueblos originarios, este grupo de familias Brörán decidieron ejercer su derecho a la tierra.

Estos procesos de recuperación y reafirmación territorial son legítimos de acuerdo a la cultura e historia de los pueblos originarios y están totalmente «a derecho» según la normativa que regula los derechos humanos de los pueblos originarios.

Recordamos al Estado costarricense su obligación de velar por la integridad emocional, física y territorial del pueblo Brörán y todos los pueblos originarios y responsabilizamos al gobierno por cualquier agresión que puedan sufrir las familias recuperadoras.

Coordinadora de Lucha Sur Sur

#DerechosHumanos #DDHH #Salitre #AutonomiaIndigenaYA #SergioRojasVIVE #CoordinadoradeLuchaSurSur #DDHH #DerechosHumanos #CostaRica #Centroamérica

 

Imagen ilustrativa.

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Estado no ha cumplido deber con pueblos originarios

Comunicado de Prensa

  • Estado costarricense no ha cumplido con su deber de entregar las tierras a los pueblos originarios

  • Pueblo Bribri de Salitre exige justicia en el caso del asesinato de Sergio Rojas

Miércoles 4 de diciembre de 2019. Los territorios indígenas del cantón de Buenos Aires, incluyendo al territorio bribri de Salitre, se encuentran ocupados por personas no indígenas, que no cuentan con títulos legales para ello y contrariando la legislación nacional e internacional, que establece que los territorios indígenas pertenecen y solo pueden ser habitados en forma exclusiva por los pueblos originarios respectivos; por lo que toda ocupación de estas tierras por personas no pertenecientes a estos pueblos es absolutamente ilegal.

En este sentido la Ley Indígena 6172 de 1977, en su artículo 3 categóricamente establece “Las reservas indígenas son inalienables e imprescriptibles, no transferibles y exclusivas para las comunidades indígenas que las habitan. Los no indígenas no podrán alquilar, arrendar, comprar o de cualquier otra manera adquirir terrenos o fincas comprendidas dentro de estas reservas. Los indígenas sólo podrán negociar sus tierras con otros indígenas. Todo traspaso o negociación de tierras o mejoras de éstas en las reservas indígenas, entre indígenas y no indígenas, es absolutamente nulo, con las consecuencias legales del caso”.

También el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual Costa Rica suscribió, reafirma el derecho a la tierra de los pueblos originarios, al respecto establece el artículo 14 “1. Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia. A este respecto, deberá prestarse particular atención a la situación de los pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes.

  1. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión.
  2. Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados”

Desde el año 2010, los pueblos originarios del cantón han reiniciado procesos de recuperación de tierra – territorio o saneamiento territorial, recalcamos que según las culturas de los pueblos originarios y la legislación nacional e internacional, estos procesos de reafirmación territorial son totalmente legítimos, legales y realizados completamente a derecho, con la particularidad de que no son judicializados por parte de los pueblos originarios.

 

Por lo tanto es obligación del Estado costarricense reintegrar esos territorios a los pueblos originarios, obligación que hasta el momento ningún gobierno ha cumplido; por lo que estos pueblos han ejercido su derecho humano a la tierra.

Justicia para Sergio Rojas

Desde el Concejo Ditsö Iriria Ajkönuk Wakpa de Salitre exigimos que se determinen los autores intelectuales y materiales del asesinato del compañero Bribri Sergio Rojas Ortiz y se apliquen las sanciones respectivas. Reafirmamos que el Estado costarricense es responsable de esta ejecución extrajudicial por omisión; este vil asesinato ocurrió el 18 de marzo de 2019 y hasta el día de hoy se mantiene impune.

En el 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó la medida cautelar 321-12 en favor del pueblo Teribe de Térraba y Bribri de Salitre ante los continuos ciclos de amenazas, hostigamientos y actos de violencia contra estos pueblos; solicitando al Gobierno de Costa Rica que adoptara las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad de estos pueblos.

Sin embargo, el Estado costarricense es responsable de la sistemática violencia y violación de los derechos humanos que sufre el pueblo Bribri de Salitre y otros pueblos originarios y hasta el momento no ha cumplido con sus obligaciones para que el asesinato de Sergio no quede impune, cese la violencia contra estos pueblos y se garantice la seguridad e integridad humana y territorial de los mismos.A pesar de la ocupación y usurpación de los territorios indígenas, diferentes administraciones del Estado costarricense no han cumplido con su obligación de desalojar a los poseedores ilegales.

El Concejo Ditsö Iriria Ajkönuk Wakpa de Salitre exige al Estado costarricense:

  1. Que el asesinato de Sergio Rojas Ortiz no quede impune y se aplique la ley a los autores intelectuales y materiales de ese vil asesinato.
  2. Que el Estado costarricense desarrolle e implemente las medidas cautelares 321-12 otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
  3. Que se realice una investigación del actuar de todas las instancias y personal judicial y policial del cantón de Buenos Aires con respecto a su actuar frente a los pueblos originarios para determinar las posibles responsabilidades y sanciones administrativas o judiciales.
  4. Que el Poder Ejecutivo ejecute los 6 desalojos ya emitidos por el Ministerio de Seguridad Pública en el Territorio de Salitre.
  5. Que el estado costarricense cumpla con el Protocolo de Seguridad suscrito con el pueblo bribri de Salitre desde el 2017.

¡Justicia para Sergio Rojas y los Pueblos Originarios!

Concejo Ditsö Iriria Ajkönuk Wakpa de Salitre

 

Imagen ilustrativa.

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UCR: Enseñanza de los Derechos Humanos: »Necesitamos luchar. Para ello, necesitamos concienciar y, para ello, necesitamos educar»

Conversatorio sobre Educación en Derechos Humanos y el Sistema Educativo Público Costarricense

La educación en derechos humanos debe estar presente desde los primeros pasos de los niños y niñas en el sistema educativo, según se pudo concluir durante el conversatorio del INIE-UCR.

“Porque un derecho solo es un derecho, si vale para todos”. Con esa contundente frase, la embajadora de Alemania en Costa Rica, la Sra. Martina Nibbeling-Wriessnig, resumió el desafío que representa la enseñanza de los derechos humanos para los sistemas educativos, cómo debe enfocarse en los grupos excluidos y cómo no debe dejar a nadie atrás. Sus afirmaciones formaron parte del Conversatorio Educación en Derechos Humanos y el Sistema Educativo Público Costarricense, organizado por el Instituto de Investigación en Educación, de la UCR (INIE-UCR), el pasado 25 de noviembre, en el marco de la Cátedra de Estudios sobre Religiones.

La directora del INIE, Jacqueline García Fallas, destacó que se debe asegurar el compromiso de las futuras generaciones con los derechos humanos mediante los sistemas educativos, como un código ético compartido. Por esta razón, mencionó el reciente voto de la Asamblea Legislativa, bajo el expediente 21.096, por medio del cual 26 legisladores se opusieron a la enseñanza de la Declaración Universal de los Derechos Humanos como un contenido más en la temática que se estudia en nuestros centros educativos. Precisamente, ante esa posición de los legisladores, el INIE-UCR emitió hace unas semanas un comunicado oficial en el cual no compartían dicha decisión de los legisladores.

Pasar de la obligación a la convicción

Durante el conversatorio, el público pudo analizar los aportes y posiciones de las expertas en el tema: Astrid Hollander, especialista del Programa de Educación Unesco; Alicia Vargas Porras, exviceministra académica del MEP; Janeth Carrillo, directora de la Dirección de Promoción y Divulgación de la Defensoría de los Habitantes; Susanne Müller-Using, catedrática invitada, y Lupita Chaves Salas, exrepresentante de la UCR ante el Consejo Superior de Educación, quien fungió como moderadora del conversatorio.

Durante décadas se generó un vacío en torno a la educación en derechos humanos en el sistema educativo costarricense, el cual se ha venido atacando en las aulas gracias a nuevas políticas que se aplican desde el 2017. Foto: María Peña.

Para Janeth Carrillo, existen en Costa Rica resistencias significativas sobre la educación en derechos humanos ya que, según trabajos llevados a cabo por la Defensoría de los Habitantes, la institucionalidad pública tiene pocas capacidades de empatía actitudinal para comprender al otro. Por lo tanto, aseguró Carrillo, es determinante lograr que las personas, a la hora de abordar el tema de los derechos humanos, pasen de la obligación a la convicción personal sobre la importancia de respetarlos, de hacerlos valer, para una sana convivencia.

De acuerdo con esa necesaria convicción a lo interno de la institucionalidad pública, Astrid Hollander sostuvo que para alcanzar una educación de calidad en derechos humanos, esta debe desarrollarse desde una estrategia interinstitucional y no únicamente del MEP. Los estudiantes, los docentes, las familias, las comunidades locales, diferentes organizaciones de la sociedad civil, etc. deben participar. Además, agregó, se deben democratizar los espacios escolares, desarrollando una educación de acción, basada en problemas reales, donde se tomen en cuenta los contextos culturales y se tengan mecanismos de evaluación pertinentes. Al respecto, la Unesco tiene diferentes dimensiones en la educación en derechos humanos, en las cuales la relevancia y la pertinencia son vitales para alcanzar pedagogías centradas en las personas

Hollander enfatizó que en el derecho humano a la educación está inherente el derecho a la educación en derechos humanos. Es decir, a enseñanza que provea las habilidades cognitivas necesarias, las habilidades socioemocionales y un ambiente habilitador (un ambiente educativo) con pedagogías centradas en las personas.

El concepto de ciudadanía y su interrelación con los derechos humanos trata de mitigar las debilidades que durante décadas experimentó el sistema educativo en cuanto a la importancia de que las generaciones jóvenes sean educadas en, para y por los derechos humanos. Foto: María Peña.

Educar para una nueva ciudadanía

Sin embargo, ese ambiente habilitador y esas pedagogías centradas en las personas han sido débiles durante bastantes años en el sistema educativo costarricense, tal como se desprende de la intervención de Jeannette Carrillo, quien afirmó que “la educación en derechos humanos en Costa Rica no ha sido un tema álgido en el sistema educativo. Por este motivo, la formación del personal docente en derechos humanos (para generar el proceso de transformación necesario) ha sido, en consecuencia, deficitaria”.

Respecto de ese déficit, Alicia Vargas agregó que la educación en la temática mencionada se ha integrado a través de una política de Estado que ha definido lineamientos a los centros educativos del país.

Vargas destacó la actual «Política curricular para una nueva ciudadanía y una Política Educativa 2016», conformada por cinco ejes y centrada en la persona. En esta política educativa vigente, encontramos el quinto eje denominado «ciudadanía y derechos humanos», el cual persigue que la educación en esos derechos trascienda y sea el sujeto el actor del proceso educativo (conceptualizado este como un proceso integral que se desarrolla a lo largo de la vida).

«Educar para una nueva ciudadanía» es el estandarte de la actual política educativa costarricense, la cual está respaldada por el Consejo Superior de Educación. Foto: María Peña.

El vacío en torno a la educación en derechos humanos, que durante décadas tuvo el sistema educativo costarricense, se viene atacando en las aulas gracias a esas políticas, aseguró Vargas, desde tres visiones: educación sobre los derechos humanos, educación por medio de los derechos humanos y educación para los derechos humanos.

Por su parte, Susanne Müller-Using enfatizó cuáles criterios se usan para estructurar una educación en derechos humanos de calidad y cómo tenemos que cultivarlos, cómo aprendemos los derechos humanos, cómo incentivamos el diálogo sobre derechos humanos en el entorno, qué indican hasta hoy estudios internacionales sobre los derechos humanos, etc. Esas fueron algunas de sus inquietudes durante su intervención.

Como muestra de lo importante que es dar respuestas a tantas interrogantes alrededor de la educación en derechos humanos, la experta presentó un reciente estudio llevado a cabo entre Alemania y unidades académicas de las universidades públicas costarricenses que imparten la carrera de educación. El grupo, conformado por docentes y por estudiantes de docencia, dio respuesta a algunas de esas incógnitas. Entre los más destacados resultados de la consulta se puede asegurar que, para ambos grupos de participantes, la educación en derechos humanos sí es importante y que “la labor docente sí es hablar o trabajar la temática de derechos humanos”.

Entre las especialistas que conformaron el conversatorio del INIE, hubo consenso en que es necesario e imprescindible que un sistema educativo pertinente y de calidad trabaje día a día el tema de los derechos humanos. Esta es una labor y un deber interinstitucional de muy diversos actores del Estado y de la sociedad civil. Foto: María Peña.

DOCUMENTOS

Comunicado INIE 2019

 

María Encarnación Peña Bonilla

Periodista, Oficina de Divulgación e Información

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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FRENAPI denuncia violación de derechos indígenas e impunidad ante comisionada de DDHH de la ONU

De izquierda a derecha, la compañera de FRENAPI, Vicky Lezcano Ortiz, del Pueblo Brorán, Territorio de Térraba, junto Michelle Bachelett, Alta Comisionada de la ONU para los DDHH.

La Alta Comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelett, realiza visita oficial a Costa Rica, con el fin de conocer de primera mano la situación de DDHH del país. En su Agenda, el día de ayer lunes 2 de diciembre del 2019, se reunió con representantes de los Movimientos y Organizaciones Indígenas, incluido el Frente Nacional de Pueblos Indígenas- FRENAPI.

Vicky Lezcano Ortiz, integrante del FRENAPI y Delegada Brorán en el Congreso Indígena Nacional- COIN, explicó a Bachelett la lucha actual de los Pueblos Indígenas por la recuperación de sus Tierras/ Territorios, usurpados por No Indígenas, quienes con violencia se mantienen dentro de los Territorios. Relató Lezcano, que ella es una recuperante de tierras, en la Finca Crun Shurín, desde hace casi dos años. Previo a la recuperación estuvo fuera del territorio, víctima de ese despojo.

El Proceso de Afirmación Territorial Autónoma (PATA) se inició en agosto del año 2010, fecha en que 27 líderes indígenas fueron desalojadas/os violentamente de la Asamblea Legislativa, lo que motivó al FRENAPI a iniciar un proceso por construir Autonomía en los propios territorios a través de la Recuperaciones de Tierras y la construcción de Consejos de Autoridades Propias, rechazando las estatales Asociaciones de Desarrollo – ADIs, por ser una imposición recolonizadora que pervierte la autonomía y divide las Comunidades.

Este proceso autonómico trajo mucha violencia por parte de los/ las terratenientes usurpadores, que han promovido agresiones físicas, ataques con armas fuego, quema de vivienda, persecución y amenazas, con la complicidad directa e indirecta de distintas autoridades del Estado incluidos la policía y los Tribunales de justicia.

Las Recuperaciones de tierras se han extendido y de igual forma se incrementó la ola de violencia, incluyendo cárcel y lesiones graves a compañeros y compañeras de distintos Territorios en lucha por la Autonomía. El caso más grave ocurrió el 18 de marzo pasado, cuando asesinaron a SERGIO ROJAS ORTIZ, bribri de Salitre, fundador y miembro de la Coordinación Nacional del Frente Nacional de Pueblos Indígenas FRENAPI, integrante del Consejo de Autoridades Propias Cuidadores de la Madre Tierra de Salitre.

En su intervención, Lezcano, Denunció al Estado/ Gobierno de Costa Rica ante la Comisionada por seguir violando los Derechos Indígenas y no actuar debidamente para que se respeten esos Derechos. También solicitó intervención para que se aclare y castigue el asesinato del compañero Sergio Rojas después de cumplirse casi 9 meses de impunidad total, con el silencio cómplice del Estado costarricense.

 

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UCR: Trabajo en comunidad es fundamental en la defensa de la población con VIH-SIDA

  • TCU trabaja por la visibilización, prevención y promoción de los derechos de las personas con VIH-SIDA

Según datos de ONUSIDA del año 2017, en el mundo existen 36,9 millones de personas que viven con VIH y cada año se diagnostican 1,8 millones de nuevas infecciones. Costa Rica, tiene 9.179 diagnósticos por VIH entre 2002 y 2016, de los cuales el 87,2% fue en hombres.

Este año, en el marco del Día Mundial del SIDA se pretende enfatizar en el papel de las comunidades para que los estados aseguren el cumplimiento de los derechos de esta población bajo el lema “Las comunidades marcan la diferencia”.

Las comunidades juegan un papel fundamental en la defensa de la población y son quienes pueden garantizar “que el SIDA continúe presente en la agenda política, que los derechos humanos sean asegurados y que quienes toman las decisiones y las ponen en práctica asuman sus responsabilidades” (ONUSIDA).

En la Universidad de Costa Rica (UCR), el proyecto de Trabajo Comunal (TCU) Promoción para la salud integral de los derechos humanos de la población con VIH-SIDA (TC-659), nació hace 5 años con el propósito de prevenir el contagio y promover los derechos de todas las personas que viven con VIH.

Este proyecto se ha comprometido con poblaciones en condición de riesgo y aquellas que ya han sido afectadas, esto para garantizar el adecuado cumplimiento de los instrumentos jurídicos nacionales e internacionales en la materia. Durante su trayectoria, ha propiciado alianzas con instituciones y organizaciones cuya población meta son personas que viven con VIH o con altos grados de vulnerabilidad para su infección y facilitan educación activa en la prevención del VIH en distintas poblaciones, principalmente entre adolescentes, trabajadoras sexuales y población LGBTIQ+.

El proyecto trabaja con estudiantes de 16 carreras diferentes, por lo que ofrece una mirada integral e interdisciplinaria en la temática. Entre las actividades principales que realizan destacan los talleres de tolerancia, no discriminación, duelo ante la aceptación del diagnóstico, uso del condón femenino, empoderamiento, entre otros. Además, ofrece capacitaciones y charlas sobre qué son las enfermedades de transmisión sexual y sobre la jurisprudencia existente tanto en en Sala Constitucional como en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Sofía Cordero Molina, coordinadora del proyecto, asegura que la mayor importancia que tiene es que “a diferencia de la participación de actores civiles o de las ONGs que dependen de los recursos que se les destinen para dar continuidad a los proyectos, la UCR permite colaborar utilizando los recursos humanos ya existentes, en este caso, los estudiantes que desean retribuir a la sociedad, por lo que no dependemos de otros factores y podemos seguir creciendo”.

Hasta el día de hoy, el TCU ha generado importantes alianzas con instituciones como La Sala, centros educativos, Rahab, Asociación Arcoiris, el Hospital San Juan de Dios, la Asociación Demográfica Costarricense, Transvida, Esperanza viva, albergues, entre otros y con otros TCU de la Universidad interesados en la temática.

“Ahora, nos estamos dirigiendo en el tema de la incidencia en políticas públicas en temas de VIH. Tratar de ver cómo se logra la aprobación de reformas de ley y proyectos en la materia. Por lo que hemos trabajado en mesas redondas y concientización con diputados y diputadas para la aprobación de reformas en la Ley Nº 7771” “ expresó Cordero.

El proyecto pretende seguir creciendo y trabajando con distintas comunidades, pues los desafìos en la materia son amplios, especialmente en cuanto a la violación de derechos. Es por esto, que el TCU propone una una intervención de orden jurídica, psicológica, cultural y social donde se de un abordaje integral e interdisciplinario.

El 1 de diciembre de cada año, cientos de personas alrededor del mundo se unen para apoyar a las personas que viven con el VIH y recordar a las que han fallecido por enfermedades relacionadas con el Sida. Ilustración de ONUSIDA.Las comunidades marcan la diferencia. Ilustración de ONUSIDA.

 

Natalia Odio González

Vicerrectoría de Acción Social

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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Arde Chile

¿Arde Chile? Sí… del fuego de la libertad. Estos momentos, en que todo parece posible, se inscribirán con letras de fuego en las memorias de millones de niños, jóvenes y menos jóvenes. Para proteger para siempre la ventana de lo posible… Una nota de Edmundo Moure.

Edmundo Moure

 

En menos de una semana se derrumbó el mejor ejemplo de la política ultra neoliberal en América Latina. El “oasis chileno” se quedó sin agua, la “perla” capitalista del Cono Sur se disgregó entre los dedos del presidente magnate, Sebastián Piñera. Frases broncíneas se viralizaron en las redes sociales:

“Sabíamos que existían las diferencias, pero nunca pensamos que molestaran tanto”; “estábamos haciendo las cosas bien, pero fuerzas oscuras y externas nos están desestabilizando”; “el comunismo internacional, liderado por Venezuela, complota para que fracasemos”, etcétera.

La ceguera de la clase social y económica que aún gobierna Chile es endémica; emana desde una visión feudal de la Historia que estos grupos no han podido superar en esta isla del fin del mundo, que sigue imperando incluso entre sus profesionales universitarios: médicos, abogados, ingenieros; qué decir entre los empresarios, convencidos de que el manejo de la economía es un simple ejercicio de ingresar y sacar dinero de la faltriquera de un hacendado del siglo XVIII, pagándoles a sus peones con las migajas que caen de su mesa, pidiéndoles que se encomienden a la Virgen María, si tienen hambre…

En menos de cuarenta y ocho horas, la bomba social estalló, extendiéndose, desde Santiago del Nuevo Extremo, hacia el norte y hacia el sur, en este largo pétalo, no solo de “mar y vino y nieve”, como escribe Neruda, sino de lava ardiente, flujo de las erupciones provocadas por reiterados abusos, injusticias, latrocinios y corrupciones. En estas últimas, se han visto involucradas, hasta sus cimientos, las instituciones “respetables” de la sociedad chilena: Iglesia, Fuerzas Armadas, Carabineros…

Ni siquiera los jueces han escapado de esta lacra que permea los organismos del Estado y también la actividad privada. No hay pan que rebanar, como decían nuestras abuelas.

El escándalo de las pensiones miserables, sustentado por el sistema previsional inicuo de las AFP, creado por los “expertos” de la dictadura, entre ellos, el siniestro lacayo de Pinochet, José Piñera, hermano mayor de Sebastián el Breve; la destrucción concertada de la educación pública, en beneficio del lucro privado, a través de la proliferación de universidades espurias y sin acreditación académica rigurosa; el negocio impune de la salud, administrada por inescrupulosos mercaderes, como el actual ministro de la cartera, doctor Sergio Mañalich, dueño de una de las mayores clínicas-hoteles, como se conocen entre nosotros; el sistema de subcontratación de servicios y tareas productivas, que perjudica aún más los bajos salarios y deja a miles de trabajadores sin protección social; la apropiación del agua por particulares y empresas mineras, cuyos manejos venales han ido destruyendo la actividad de los pequeños propietarios agrícolas y crianceros de la zona central de Chile, hoy asolada por la peor sequía de los últimos cincuenta años; la tala de los bosques nativos y su reemplazo por especies de rápida productividad, favoreciendo a las grandes forestales que, en la zona de la Araucanía, usurpan los territorios mapuches y ahogan su cultura; la contaminación de ríos, lagos y mares, mediante un manejo abusivo de los recursos pesqueros…

La lista de iniquidades y trapacerías resulta interminable y no cabe en una simple crónica. Sin embargo, su extensión y hondura en el tiempo han provocado el incendio civil cuyas llamas amenazan, tanto a los poderes fácticos como a los instituidos. Los canales de la televisión abierta y los periódicos de mayor tiraje, todos al servicio incondicional del poder, hacen gala de su hipocresía desinformativa, poniendo el acento en los saqueos, desmanes y quemas de supermercados, farmacias y tiendas; destrozos y sabotajes en la red del Metro, algunos de ellos de sospechosa ocurrencia…

Omiten la fuerza y extensión de las protestas sociales en contra del gobierno derechista; asimismo, los asesinatos y vejámenes contra civiles, por parte de la policía y la soldadesca drogada, esgrimiendo la manida coartada de supuestas provocaciones. Es decir, la amenaza de una olla que se golpea versus una AK6 manejada por un energúmeno acorazado.

Cincuenta muertos, cientos de torturados, miles de heridos que no figuran en las “informaciones” de la gran prensa amarilla. Se ha impedido al director del Instituto de Derechos Humanos el ingreso a los centros asistenciales de salud, negándole toda información fehaciente sobre muertos y lesionados.

Menos mal que contamos con las redes sociales y medios no vendidos al sistema, para informarnos de la realidad que estamos viviendo, que supera con mucho las febles y erráticas respuestas del poder ejecutivo y sus ridículas medidas de mitigación ante la conmoción nacional. Porque un incendio de esta magnitud no se apaga con gasolina, ni con tanquetas ni con la más despiadada de las represiones, invocando, como hace la derecha extrema, al fantasma de Augusto Pinochet.

Por su parte, el parlamento chileno está dando un triste espectáculo, alejado de la gente, como ha sido su tónica durante veinte años, enfrascados sus miembros a sueldo en descalificaciones e insultos mutuos, ignorando las reales aspiraciones y necesidades del pueblo.

Y aunque “Carlos Marx esté muerto y enterrado”, hoy en día, Sebastián Piñera, exhausto y aterrado ante la amenaza de las “hordas marxistas”, parece repetir lo cantado por Serrat en un tema memorable:

-“Amo, se nos está llenando de pobres el recibidor”.

-“Diles que el señor no está, que anda de viaje y que no sabes cuándo va a regresar…”

Mientras tanto, Chile seguirá ardiendo. ¿Hasta cuándo?

 

Fuente: https://madmimi.com/p/99b78f?pact=26452230-154750583-9689145085-2153fd433611436da783614e0d2ac89ecdad2cba

Imagen tomada de https://madmimi.com

Enviado a SURCOS por Arnoldo Mora.

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Chile: Carta abierta al Presidente…Basta de Represión

Compartimos la siguiente declaración:

 

Chile: Carta Abierta al Presidente de la República

“Ninguna democracia se puede levantar sin terminar primero con tanta impunidad” – “No son 30 pesos, son 30 años”

 

Sr. Sebastián Piñera

Presidente de la República

Presente

La Coordinación Nacional de Organizaciones de Derechos Humanos y Sociales ha considerado necesario dirigirse a usted para expresar su absoluto rechazo a las medidas autoritarias y represivas que el actual gobierno ha tomado para impedir las legítimas movilizaciones del pueblo en demanda de satisfacer sus necesidades largamente postergadas.

Rechazamos tajantemente sus palabras declarándole la guerra al pueblo de Chile. Sabemos perfectamente que este tipo de declaraciones son propias de la Doctrina de la Seguridad Nacional y fomentan el Terrorismo de Estado reviviendo al enemigo interno, conceptos aún no erradicados de nuestras fuerzas armadas. En ese sentido, rechazamos el continuo envío de efectivos de las Fuerzas Armadas a cursos en la Escuela de las Américas, hoy llamada Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad (WHINSEC). Esta situación hace absolutamente criminal utilizar a los militares en tareas de aseguramiento del orden interno. Señor Presidente, debe desistir de esta decisión antes de convertirse en un masacrador de su propio pueblo.

También rechazamos la dictación del estado de emergencia que sólo muestra la absoluta incapacidad del actual gobierno para gobernar Chile. El pueblo de Chile, sus organizaciones de las que somos parte, han soportado 30 años de malos gobiernos, ineptos, corruptos, que han gobernado en favor de los más ricos y poderosos del país en desmedro de nuestro pueblo.

Rechazamos la imposición del toque de queda que sólo busca la actuación arbitraria e impune de las fuerzas policiales como hemos visto innumerables veces estos últimos días. Baste señalar los cerca de 20 muertos que ya tiene bajo su responsabilidad; la no entrega de información sobre detenciones, heridos y muertos; la instalación de la persecución política a jóvenes dirigentes de organizaciones populares, entre los que contamos, el allanamiento ilegal de un edificio y detener, también ilegalmente, a la vocera de la CONES y sus acompañantes; las agresiones y amenazas a un dirigente estudiantil de la Universidad de Valparaíso por parte de carabineros y el secuestro de un dirigente social de Quinteros, también realizado por carabineros.

También consideramos de extrema gravedad la denuncia del INDH por la utilización de túneles de la Estación Baquedano del Metro como lugar de tortura; lo que unido a las incontables golpizas brutales a manifestantes divulgadas por las redes sociales, nos muestra la plena vigencia de prácticas que el mundo civilizado condena decididamente. Estamos seguros que este actuar policial será declarado ilegal por parte de los tribunales, sin embargo, los funcionarios policiales no recibirán ninguna sanción como ha acontecido durante los más de 40 años transcurridos desde el golpe de estado de septiembre de 1973.

Las organizaciones de derechos humanos, depositarias de la memoria histórica y herederas de las luchas del pasado por recuperar la democracia, exigimos que se levante el estado de emergencia y el toque de queda, que se retire a los militares de las calles de nuestros pueblos y ciudades, se juzgue y castigue a los policías y militares que han abusado de su impunidad para asesinar, herir y torturar a sus compatriotas tal como lo hicieron durante los 17 años de la dictadura cívico-militar.

Estos crímenes son una clara demostración de que nuestra lucha por la verdad y la justicia, contra la impunidad y por el Nunca Más se encuentra plenamente vigente y más urgente que nunca.

Como hemos señalado con insistencia: la impunidad de los crímenes de ayer, causa las injusticias de hoy. Expresamos también nuestro pleno respaldo a las demandas levantadas por el movimiento social, en especial la demanda por una Asamblea Constituyente para la elaboración de una nueva constitución plenamente respetuosa de los derechos humanos, la democracia y que consagre el Nunca Más.

Solidarizamos con nuestro pueblo y lo acompañamos en su lucha que es nuestra lucha y la de miles de compañeros y compañeras cuyas vidas fueron segadas por el terrorismo de Estado. Esta lucha se encuentra plenamente vigente hoy: por una vida digna y justa.

Señor Presidente, reconocemos su incapacidad de gobernar Chile en este momento. Las medidas presentadas en la agenda no están a la altura de la profunda crisis que afecta al país y no son una solución a los problemas que afectan a la gran mayoría de la población sino, por el contrario, profundizarán el saqueo de nuestras riquezas y la vandalización de los servicios públicos como ha acontecido durante los últimos 46 años. Por ello, y en concordancia con la demanda popular, le solicitamos que renuncie a su cargo.

Coordinación Nacional de Organizaciones de Derechos Humanos y Sociales

 

 

Imagen de portada ilustrativa.

Enviado por Ma. Elena Fournier.

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Baltasar Garzón: Carta abierta al presidente de Chile, Sebastián Piñera

El juez español que detuvo a Augusto Pinochet

El jurista analiza los motivos que llevaron al estallido a Chile y alerta sobre los peligros de utilizar a los militares para reprimir la protesta social. «El ejército no está preparado para controlar el orden público, sino para hacer la guerra, para doblegar al enemigo o destruirlo», asegura en una carta abierta publicada por el diario digital español infoLibre.

 Por Baltazar Garzón

 

Señor Presidente:

Soy Baltasar Garzón, el juez español que ordenó la detención de Augusto Pinochet en Londres el 16 de octubre de 1998. No le conozco, ni he mostrado interés en hacerlo. Sí lo he hecho con todos los demás presidentes democráticos de su país, al que tanto quiero. Quizás por el cariño hacia el pueblo chileno y por la defensa que siempre he hecho de las víctimas, mi defensa de los pueblos originarios y de los más vulnerables, he decidido dirigirle esta misiva con profundo dolor e indignación por lo que está ocurriendo en Chile.

Señor Presidente, tal parece que chilenas y chilenos han dicho basta. Y lo están diciendo fuerte y claro. Se trata de un estallido social espontáneo que no está dirigido por partido político alguno. Una simple protesta estudiantil por el alza en el billete de metro, severamente reprimida por la policía, Carabineros de Chile, fue la mecha que encendió la rabia y la ira acumulada durante casi treinta años. Ellos han sido los ejecutores de una medida política ordenada por su gobierno.

Señor Presidente, convendrá conmigo que, debajo del pretendido milagro económico que muchos atribuyen a Pinochet, un modelo de desarrollo mantenido por la transición chilena y la posterior democracia, se esconde el triste récord de ser uno de los diez países más desiguales del mundo, al mismo nivel de Ruanda, según el índice Gini aplicado por el Banco Mundial. Es cierto que en el país existe desarrollo y mucha riqueza, pero sólo para una reducida élite política y empresarial. Asimismo, Chile posee también unas cifras macroeconómicas inmejorables, con un sostenido crecimiento durante décadas, pero con un paulatino y constante empobrecimiento y endeudamiento de la inmensa mayoría de la ciudadanía, que este año alcanzó su máximo histórico, según la prensa y el propio Banco Central. Su país, señor Presidente, también ingresó hace años en el selecto club de las naciones ricas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), como flamante país desarrollado, con altos niveles de productividad y competitividad, pero, nuevamente, a costa de bajos salarios de los trabajadores y de una casi total desprotección social.

Como la máxima autoridad política, usted debe saber que la Constitución que rige actualmente en Chile fue adoptada en plena dictadura militar, mediante la celebración de un referéndum que tuvo lugar mientras los testaferros de Pinochet torturaban, asesinaban y desaparecían a los opositores políticos. Esa Constitución experimentó varias modificaciones para hacer posible la transición y luego la entrada en democracia, y ha sido reformada después en innumerables ocasiones, pero su espíritu y su orientación sigue siendo la misma. No hay un Estado “social” y democrático de Derecho, sino un Estado “liberal” o “neoliberal” o “subsidiario” de Derecho. Ello implica que, salvo excepciones, los servicios públicos del Estado son de mala calidad, pensados para personas de muy escasos recursos o indigentes, por lo que quien quiera acceder a ellos en condiciones adecuadas, debe contratarlos en el mercado. Así ocurre con la educación, con la sanidad, con las pensiones, con el transporte y con un largo etcétera. Realmente, pese a los esfuerzos de algunos gobiernos progresistas, no existe Estado de Bienestar. En la lógica neoliberal el Estado debe ser pequeño, lo más pequeño posible, por lo que si alguien quiere acceder a servicios de calidad, debe pagarlos con sus propios recursos, convirtiendo así a ciudadanas y ciudadanos en meros consumidores de servicios privados.

Es por ello, señor Presidente, que en los últimos años se han dejado ver las protestas de estudiantes secundarios y universitarios, de pensionistas, de trabajadores que reclaman un sueldo digno, sin que sus demandas hayan sido debidamente atendidas. Se ha hecho patente el descontento, la falta de expectativas, la indiferencia de las autoridades y sus promesas incumplidas, sumado a millonarios escándalos de corrupción de grandes empresas, de políticos, incluso del Ejército, del propio cuerpo de Carabineros de Chile y, cómo no, de usted mismo. Usted está acusado de enriquecerse presuntamente en forma ilícita en la dictadura y de evadir impuestos de bienes inmuebles durante treinta años. Todo ello hizo que una leve alza en el precio del metro fuera la gota que rebasó el vaso, unida a una descontrolada y brutal represión policial sobre estudiantes secundarios.

La violencia engendra violencia

Quizás no le guste oír esto, pero usted, como presidente, frente a una protesta social sin precedentes en democracia, y con los neoliberales herederos de Pinochet que gobiernan actualmente el país, no han encontrado mejor salida que implementar una estrategia que conocen muy bien: acudir al Ejército para que los militares nuevamente salgan a la calle a reprimir a la gente.

De más está decir que la violencia engendra más violencia, que no se puede combatir el fuego con gasolina, que con los militares en la calle tarde o temprano habrá heridos graves y más muertos. El ejército no está preparado para controlar el orden público, sino para hacer la guerra, para doblegar al enemigo o destruirlo. Siempre que los militares salen a la calle, incluso si es para “combatir” o “luchar” en una supuesta guerra a la delincuencia, las cosas no han hecho más que empeorar. La delincuencia, los saqueos y desmanes no cesan, sino que a ellos se suma la violencia estatal, que se ejerce de manera indiscriminada y que luego se oculta de la peor manera para garantizar su impunidad. Pero, señor Presidente, usted y el gobierno que dirige se equivocan de objetivo: El pueblo no es el enemigo sino la víctima, y al pueblo hay que protegerlo y no castigarlo con medidas de excepción.

“¡Hemos perdido el miedo!”, dicen chilenas y chilenos en redes sociales, “¡Chile despertó!”, es uno de los lemas de este movimiento social espontáneo que ya comienza a organizarse. “¡Esto no ha hecho más que empezar!”, aseguran otros. “¡Tenemos que seguir!”, afirma un campesino al ver cómo ante las protestas, aquel río seco ayer fluye hoy a caudales después de que una importante empresa liberase el agua injustamente arrebatada a quienes subsisten de la agricultura.

Por nuestra parte, seguimos y seguiremos muy atentos a lo que ocurre en Chile. Sepan que las violaciones de los derechos humanos que se están cometiendo y los crímenes perpetrados en contra de la población civil, esta vez no quedarán en la impunidad porque, además de la Fiscalía de Chile y del Instituto Nacional de Derechos Humanos, existe la Jurisdicción Universal, existe la Corte Penal Internacional, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y una comunidad internacional atenta y vigilante, que no permitirá que en Chile se vuelvan a repetir los horrores del pasado.

No le quepa duda, señor Presidente, que no somos de la opinión del secretario general de la OEA, que echa la culpa de todo lo que ocurre en Latinoamérica a Cuba, Venezuela, Rafael Correa, Lula da Silva, Cristina Fernández de Kirchner o Alberto Fernández y de quienes discrepan de la ola neoliberal que nuevamente con el patrocinio del norte, como aconteciera en los años 70, asola el continente. Esta vez no nos vamos a dejar engañar ni humillar por aquellos que de nuevo quieren avasallar y acabar con la resistencia y expresión democráticas del pueblo.

Ex juez, miembro del Consejo latinoamericano de Justicia y Democracia.

 

 

Imagen de portada: Baltazar Garzón. Imagen: EFE

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/227001-baltasar-garzon-carta-abierta-al-presidente-de-chile-sebasti

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La Alianza Biodiversidad frente a los hechos de violencia en Ecuador

Frente a la brutal represión por parte del Estado en contra de pueblos indígenas y sectores populares del campo y la ciudad repudiamos estos hechos y llamamos a que se inicie un verdadero diálogo atendiendo las demandas del pueblo movilizado. Nos sentimos profundamente conmovidas y conmovidos ante las noticias de violación de los Derechos Humanos en el Ecuador.

El pueblo ecuatoriano ha salido a las calles para impugnar un paquete de medidas de ajuste fondomonetaristas, haciendo ejercicio del derecho a la resistencia contemplado en la constitución ecuatoriana.

Denunciamos la muerte confirmada de campesinos indígenas, el ataque policial a zonas de refugio de manifestantes, poniendo en riesgo la salud y la vida de menores de edad y bebés.  Todo esto en el marco de falsos llamados al diálogo que han venido acompañados de ataques a manifestantes -en su mayoría mujeres- desarmadas y con los brazos en alto.

Conocemos que en estos momentos el país se encuentra militarizado y se ha decretado un toque de queda en el área metropolitana de Quito.  En distintas declaraciones a los medios el Ministro de Defensa ha amenazado reiteradamente a toda la población levantada con el uso de toda la fuerza militar, lo mismo que en las cadenas nacionales de la presidencia, pese a que al mismo tiempo se habla de un diálogo, sin detallar en dónde, cómo y bajo qué condiciones. Ninguno de estos gestos abona la paz social y la restauración de un orden justo y democrático.

Expresamos nuestra profunda preocupación y hacemos un firme llamado al Presidente Lenin Moreno, al Ministro de Defensa Oswaldo Jarrín, y a la Ministra del Interior María Paula Romo, a frenar la represión, a deponer la posición de fuerza instaurada al amparo de un estado de excepción y toque de queda y a generar las condiciones para ese diálogo que las organizaciones han venido proponiendo durante los últimos días.

El mundo está observando lo que ocurre en Ecuador y desde nuestra Alianza nos comprometemos a seguir de cerca los acontecimientos y a seguir trabajando para romper el cerco mediático con el que se intenta ocultar los hechos de violencia y represión.

Alianza Biodiversidad

REDES – Amigos de la Tierra, Uruguay

GRAIN, México, Brasil y Argentina

Red de Biodiversidad de Costa Rica

BASE – IS, Paraguay

Campaña de la Semilla de la Vía Campesina, Chile

Grupo Semillas, Colombia

Grupo ETC, México

COA, México

Centro Ecológico, Brasil

Acción por la Biodiversidad, Argentina

CLOC – Vía Campesina

Acción Ecológica, Ecuador

Foto: https://es.aleteia.org

Enviado a SURCOS por Henry Picado