En una resolución dirigida a los distintos departamentos y secciones del Tribunal Supremo de Elecciones, y que incluye a las oficinas a cargo de cédulas de identidad, inscripción matrimonial y otras, el órgano giró instrucciones para poner en marcha los mecanismos para hacer efectiva la opinión consultiva de la CIDH relativa a los derechos de las parejas del mismo sexo.
El documento con el acuerdo del Tribunal consta de 21 páginas, de estas, las 15 primeras están dedicadas al análisis realizado por una comisión especial nombrada al efecto. A partir del final de la página 15 inicia la parte resolutiva del TSE. El escrito fue enviado a SURCOS por Nicolás Boeglin y lo compartimos en el siguiente enlace:
23 de abril del 2018. Ante los hechos de violencia, que han dejado una alta cifra de muertos en Nicaragua y la muerte y agresión en contra de ciudadanos y estudiantes de la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) se une a los llamados de organismos internacionales y nacionales para restituir tanto la paz como el diálogo, imprescindibles para superar esta grave situación, en el hermano país del Norte.
CONARE se solidariza con los nicaragüenses y en particular, con los estudiantes universitarios y sus familias que han sido víctimas de estas confrontaciones con las fuerzas militares. A su vez, condena y repudia los actos de opresión e irrespeto a los derechos humanos, que han propiciado un escalamiento de la crisis.
El Consejo expresa su apoyo al cuerpo docente, estudiantil y administrativo de la academia nicaragüense, en momentos difíciles que han sido teñidos de la sangre de jóvenes universitarios, quienes ejerciendo su derecho a la libertad de expresión han sido parte de las víctimas de estos hechos de violencia.
Como representante de la educación superior pública costarricense, el Consejo Nacional de Rectores insta a las autoridades gubernamentales nicaragüenses a cesar los actos de fuerza, a respetar las manifestaciones como instrumento de expresión en los sistemas democráticos, así como la vida y dignidad humana de su pueblo.
Además, CONARE hace un llamado al respeto de la autonomía universitaria, en la coyuntura de la conmemoración del centenario de la reforma universitaria de Córdoba, el cual fue el movimiento social y educativo que dio origen a la autonomía universitaria de la mayoría de las universidades latinoamericanas y que actualmente es uno de los pilares establecido por las universidades públicas costarricenses para declarar el año 2018: Las Universidades Públicas por la Autonomía, la Regionalización y los Derechos Humanos.
La entidad recalca que es urgente que se reestablezcan espacios de participación que reconstruyan el camino del diálogo, la comprensión y el consenso y que propicien la estabilidad social, política y económica del país, que es la única forma de salir de la difícil situación por la que se atraviesa, apelando a la prudencia, al respeto y a la razón.
Asimismo, exhorta a los consejos rectores nacionales y a los organismos académicos regionales, con especial énfasis al Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA) por ser el organismo universitario regional centroamericano y a la Comisión de Derechos Humanos a pronunciarse en contra de la violencia y a favor de una cultura de paz.
En el marco de éstos hechos en Nicaragua y otras situaciones que enfrenta actualmente, la región Centroamericana, el Consejo Nacional de Rectores expresa su rotunda oposición y disconformidad absoluta con los actos que atenten y violen los derechos humanos de los pueblos.
*Foto: AFP
Enviado por Msc. Efraín Cavallini Acuña, Asesor Comunicación, Rectoría UNA.
El pasado 22 de abril, Día de la Tierra, ecologistas le entregaron al Presidente Electo, Carlos Alvarado Quesada, una carta con veintidós desafíos ambientales que tiene el país al inicio de su mandato. (Ver adjunto al final de este texto).
La Federación para la Conservación de la Naturaleza (FECON) en el documento apunta que “nuestra iniciativa viene de la mano con la labor de fiscalización que siempre hemos hecho, y mantendremos, de la gestión gubernamental de cualquier partido político”.
Uno de los sustentos jurídicos que resalta esta agrupación para solicitar el dialogo directo con el presidente y su futuro gabinete es la Opinión Consultiva OC-23/17 sobre «Medio Ambiente y Derechos Humanos» de Corte lnteramericana de Derechos Humanos -ClDH- que entre otros temas señala el deber del Estado de “garantizar el derecho a la participación pública de las personas, en la toma de decisiones y políticas que pueden afectar el medio ambiente, y- garantizar el acceso a la justicia, en relación con las obligaciones estatales para la protección del medio ambiente”.
Entre los temas señalados en la carta destacan: fortalecer las Áreas Silvestres Protegidas; moratoria a la expansión del monocultivo de la piña; detener la minería ilegal en Crucitas; la prohibición de los agroquímicos Paraquat y el Glifosato; la promoción de una matriz energética amigable con el ambiente y la gente; descartar todos los proyectos hidroeléctricos en territorios indígenas en particular el PH Diquis; el etiquetado Organismos Genéticamente Modificados (OGM) en productos para consumo humano y animal; el fortalecimiento de la Secretaría Técnica Ambiental; la necesidad de una nueva ley de aguas bajo los principios de participación ciudadana, resguarde el Derecho Humano al Agua y de dominio público; que considere los ecosistemas como usuarios de agua y que lo proteja como un servicio público no privatizable; entre otros.
FECON es una federación de grupos ecologistas a nivel nacional, tiene una experiencia de trabajo y conocimiento del país, desde hace casi 30 años.
Semanas atrás SURCOS informó que El Colectivo de Solidaridad con Honduras en Costa Rica emitió un comunicado en el que denuncia que “el 15 de marzo se confirmó la detención del estudiante hondureño Eduardo Enrique Urbina Ayala, quien se encuentra en el Centro de Aprehensión Temporal para Extranjeros en Condición Irregular (CATECI) en San José, Costa Rica“. El joven es solicitante de refugio. (Ingresar a la nota en el siguiente enlace, http://wp.me/p6rfbZ-5CF)
Este universitario ingresó a Costa Rica el 11 de diciembre del 2017, debido a la criminalización y campaña de persecución política del Gobierno de Honduras. Ha tenido el acompañamiento del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH).
El día de ayer recibimos el siguiente comunicado que compartimos:
Con mucha satisfacción podemos informarles que Eduardo Urbina está libre.
En este momento jóvenes del FA. y de la UCR. San Ramón lo estarán acompañando por estos días.
Lo más importante es informar al mundo que Eduardo Urbina, es INOCENTE y preso político de Honduras.
Este joven quedó en libertad porque el Estado de Costa Rica le concedió el merecido REFUGIO.
Les informo que el trabajo de la ACODEHU continúa en la lucha por la libertad de los 22 presos políticos que permanecen aún en las cárceles de Honduras.
Duele profundamente Nicaragua; duele el dolor, las lágrimas y la angustia de su gente, la agresión, la violencia y la represión. Duele, sobre todo, la sangre derramada y las vidas apagadas. Lo lamento en el alma y lo condeno con indignación.
Son claras las responsabilidades que en todo esto caben al gobierno Ortega-Murillo: respondió a la protesta popular con violencia directa y desmedida. Ello inauguró un bucle creciente y autoalimentado de nuevas protestas y violencia descontrolada.
Es fácil recurrir al atajo de la justificación conspirativa, tan del talante de algunas izquierdas latinoamericanas: todo es un montaje del capital y una trama urdida desde Washington, para frenar otro de los bastiones, aún en pie, de los proyectos de izquierda latinoamericanos.
Y, sin embargo, ello resulta difícilmente plausible cuando uno observa la diversidad de los grupos que participan de la protesta y los muchos espacios desde los que se movilizan y manifiestan. Y no me refiero a lo que la prensa tradicional difunde, sino a las cascadas de información que, por medio de videos y audios aficionados, circulan. Se pierden de vista dos cosas esenciales: la tradición insurreccional que a lo largo del tiempo (al menos desde las primeras intrusiones violentas de Estados Unidos hace más de un siglo), se ha consolidado y que, seguramente, fluye en los genes culturales de este pueblo; y, segundo, las posibilidades para la autoconvocatoria que conceden las tecnologías actuales, que son asimismo las que posibilitan tener acceso a información de primera mano que en otros tiempos no habríamos conocido.
Pero no deberían olvidarse los antecedentes puestos por el mismo Ortega, a través de un gobierno de tintes autoritarios, enredado en oscuros pactos con el poder religioso más conservador, políticos corruptos, el gran empresariado y algunos poderosos intereses económicos externos. No es un detalle menor que en su reciente llamado a diálogo convoque solamente a la iglesia católica y al gran empresariado.
Lo mejor que podría decirse del gobierno Ortega-Murillo es que ha puesto en marcha una suerte de “socialismo asistencialista”, caudillista y proclive a la manipulación y la corrupción. Socialismo debería ser garantía institucionalizada de derechos universales, no repartición de dádivas a discreción. Pero, aun así, resulta difícil ocultar sus estrechos ligámenes con grandes intereses económicos.
Si las izquierdas de América Latina aspiran a ser una verdadera fuerza de emancipación, han de serlo desde un opción radical por la democracia y los derechos humanos, y un respeto irrestricto por la verdad. Y ese espíritu emancipador pasa por reconocer que el poder gubernamental no es un objetivo en sí mismo. Ceder el gobierno cuando la voluntad popular así lo decida, puede ser el paso necesario para limpiar vicios y corrupción y superar errores cometidos. Tomar nuevos aires, renovarse y volver a fortalecerse.
Imagen tomada del Facebook de Luis Paulino Vargas Solís.
Jerarca impartió conferencia en la que compartió su experiencia como mujer en un alto puesto político y su posición en el feminismo
El espacio reconoció la lucha que han realizado las mujeres a lo largo de la historia para lograr la consolidación de diversos derechos fundamentales.
En el marco del proyecto «Debates sobre Feminismos» del Centro de Investigación de Estudios de la Mujer (CIEM) de la Universidad de Costa Rica (UCR), y con un auditorio lleno de estudiantes, docentes y público general, la vicepresidenta de la República, Ana Helena Chacón, hizo un llamado a seguir en la lucha por la igualdad.
La jerarca dio lugar a la conferencia titulada “¿Para qué cuentan las mujeres? Su participación en la política”, en la que pidió a los presentes «no ver con normalidad lo que está pasando”, pues, a su criterio, no hay espacio para la indiferencia ni para las medias tintas en temas de derechos humanos, inclusión e igualdad.
«He escuchado discursos en debates diciendo que las mujeres han muerto porque le abren la puerta de su casa al agresor, que las mujeres han muerto por provocadoras. Mujeres replicando este discurso como si esos cadáveres no tuvieran valor«, señaló la actual vicepresidenta.
La jerarca afirmó que no debe haber espacio para la indiferencia ni para las medias tintas en temas de derechos humanos, inclusión e igualdad. – foto Anel Kenjekeeva.
Chacón recordó cuando en su trabajo como viceministra de Justicia, donde existe una tradición de hombres en puestos de mando, logró consolidar talleres para abordar temáticas como el femicidio o la forma adecuada de ayudar a víctimas de violencia doméstica.
También comentó sobre la importancia de la corresponsabilidad del cuido de los hijos en el hogar, respecto a lo que señaló que no es por ser “un buen marido” que un hombre cumple con estas tareas, pues “los esposos son tan padres como las esposas madres”.
La educación inclusiva fue otro tema mencionado por la vicepresidenta, quien reconoció la importancia de que se haya firmado el Decreto de Educación Inclusiva para que los niños y las niñas en condición de discapacidad cognitiva no estén “en la última clase del fondo” y por el contrario, vayan con su generación por medio de la educación inclusiva.
La investigadora Montserrat Sagot, directora del Centro de Investigación en Estudios de la Mujer (CIEM) acompañó a la Vicepresidenta Chacón en la mesa principal de la actividad. – foto Anel Kenjekeeva.
No dejó de reconocer los avances del gobiernos en políticas públicas orientadas hacia las mujeres, reduciendo la pobreza y la pobreza extrema, lo que, según indicó, permitió disminuir el índice de desigualdad por primera vez desde hace varios gobiernos.
Al cierre de su discurso, Ana Helena Chacón enfatizó que a “las mujeres no les han regalado nada, que se ha luchado por todo” y motivó a que, cuando alguien pregunte o hable sobre el feminismo, la llamada “ideología de género” o temas relacionados, se propicie un espacio para dialogar y explicar sus puntos de vista.
“Es importantísimo hablar del empoderamiento económico de las mujeres, es importantísimo hablar sobre el sistema de corresponsabilidad social del cuido, poder tener una mejor atención para mujeres indistintamente de su condición. (…) En fin, hemos hecho un avance fundamental en la búsqueda de la igualdad”, concluyó la jerarca.
Desde esta semana, está disponible el texto definitivo del instrumento regional adoptado en Escazú, Costa Rica, el pasado 4 de marzo de 2018 (véase breve nota nuestra publicada luego de la finalización de la última ronda de negociaciones celebrada en Costa Rica). El texto adoptado fue saludado por las autoridades de Costa Rica como «un hito histórico en la construcción de una democracia ambiental en la región y establece obligaciones de los países para garantizar los derechos de acceso, así como medidas para fortalecer la protección de defensores de derechos ambientales» (véase texto completo del comunicado oficial de prensa reproducido al final de esta nota).
Se trata de un tratado de carácter vinculante para 33 Estados de América Latina y del Caribe, que tiene como objetivo «garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible«.
La CEPAL (Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas), que auspició desde el 2014 la negociación de este texto, ha informado que el Acuerdo de Escazú será abierto a la firma de los 33 países de América Latina y del Caribe el próximo 27 de septiembre de 2018 en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas a celebrarse en Nueva York.
El texto del tratado en español puede desde ya ser consultado en este enlace oficial de la CEPAL y, en sus versiones oficiales en español y en inglés, ingresando a este enlace oficial de Naciones Unidas.
Varios de los principios enunciados en el Acuerdo de Escazú fueron confirmados, desde una perspectiva de los derechos humanos, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en una reciente Opinión Consultiva, la OC-23 (véase nuestra breve nota publicada en Debate Global, Colombia, titulada: «Mucho más que una respuesta a Colombia: a propósito de la Opinión Consultiva OC-23 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre ambiente y derechos humanos«).
En un valioso esfuerzo de divulgación del contenido y de los alcances de esta opinión consultiva (pocamente difundida por los Estados), se realizaron en esta semana dos foros sobre el tema, el mismo 10 de abril: uno, organizado por la Universidad Nacional Autónoma de México – UNAM (véase programa) y otro realizado en Costa Rica en la Universidad de Costa Rica – UCR (véase programa).
Foto del foro realizado en la UCR el pasado 10 de abril del 2018: de izquierda a derecha: M.Sc. Patricia Tarre Moser, abogada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), Dr. Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho / UCR, M.Sc. Mario Peña Chacón, Profesor de Derecho Ambiental en la Facultad de Derecho / UCR y el Dr. Fernando Cruz Castro, Magistrado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica.
Tanto los alcances de la OC-23 como los del Acuerdo de Escazú ameritan un esfuerzo de divulgación en aras de dar a conocer su valioso contenido: un esfuerzo particular se impone con relación a operadores de justicia y funcionarios públicos de los Estados que son parte al Pacto de San José, en particular sus máximas autoridades judiciales y ambientales. De igual manera con relación a asesores legales y a otros funcionarios encargados, desde la función legislativa y la reglamentaria, de elaborar o de actualizar la normativa ambiental vigente.
Comunicado oficial de prensa, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica
«MARZO 04, 2018 01:22 PM
Bajo el liderazgo de Costa Rica se adopta el primer acuerdo regional sobre derechos de acceso a información, participación, y justicia en temas ambientales: Acuerdo de Escazú
Acuerdo constituye un hito histórico en la construcción de una democracia ambiental en la región.
Es el primer instrumento vinculante para la protección de defensores ambientales en asuntos ambientales de América Latina y el Caribe El instrumento se abrirá para la firma de los Estados el próximo 27 de setiembre de 2018 en la ONU.
Hoy, 4 de marzo de 2018, 24 países de América Latina y el Caribe adoptaron el primer instrumento regional para garantizar los derechos de acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales durante la IX Reunión del Comité de Negociación celebrada en Costa Rica.
La Adopción del “Acuerdo Escazú” constituye un hito histórico en la construcción de una democracia ambiental en la región y establece obligaciones de los países para garantizar los derechos de acceso, así como medidas para fortalecer la protección de defensores de derechos ambientales.
“Nos llena de orgullo que sea en Costa Rica donde 24 países de América Latina y el Caribe sigamos construyendo juntos instrumentos para garantizar y fortalecer el acceso, información y justicia para un medio ambiente que se consolide como un derecho fundamental para la existencia de la humanidad”, manifestó el Presidente Solís, quien presidió el acto de clausura.
El texto fue adoptado seis años después de la Declaración sobre la Aplicación del Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo del 2012, en la que los Estados firmantes se comprometieron a avanzar hacia el proceso de negociación de un instrumento regional.
Desde ese momento, Costa Rica y Chile asumieron la co-presidencia de la Mesa Directiva del Comité Negociador, con el apoyo de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) como Secretaría Técnica.
El Ministro a.i. de Relaciones Exteriores y Culto, Alejandro Solano Ortiz, destacó el liderazgo de Costa Rica y Chile y el compromiso de todas las delegaciones para consensuar un texto robusto que garantiza la participación significativa del público en materia ambiental.
“El Acuerdo de Escazú es un documento visionario e innovador. Esta iniciativa nace en el seno de la sociedad civil y ha sido acogida por los países de la región, quienes con determinación han logrado avanzar firmemente para lograr sociedades más democráticas y sostenibles”, indicó el Ministro a.i Solano.
El instrumento realiza una contribución fundamental al reconocer el derecho de todas las personas a un ambiente sano y fortalece la voz y participación activa y amplia de la ciudadanía en la construcción de una democracia ambiental regional.
El acto solemne también contó con la participación de la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Alicia Bárcena, y el Ministro de Ambiente y Energía, Édgar Gutiérrez, así como los ministros, viceministros y delegados de América Latina y el Caribe.
El instrumento se abrirá para la firma de los Estados el próximo 27 de setiembre de 2018, durante el segmento de Alto Nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas».
(*)Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
El Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer “Convención de Belém do Pará” (MESECVI), ha sido informado sobre las preocupantes cifras de femicidios y sobre la proliferación de discursos de odio contra las mujeres en Costa Rica en el marco del pasado proceso electoral.
En este contexto, el Comité expresa su profunda preocupación por el asesinato de 9 mujeres en lo que va del año, de los cuales 7 han ocurrido en el mes de marzo, paralelo al contexto electoral de ese momento. Cabe recordar que en su Declaración sobre el Femicidio, el Comité señala que los altos índices de violencia contra las mujeres, su limitado o nulo acceso a la justicia, la impunidad que prevalece en los casos y la persistencia de patrones socioculturales discriminatorios, entre otras causas, inciden en el aumento de muertes de mujeres.
Paralelamente, el Comité expresa su preocupación por la proliferación de discursos morales y/o religiosos que fomentan la violencia, la discriminación y la inseguridad contra las mujeres. El Comité ha sido enfático en señalar que la discriminación y la violencia contra las mujeres constituyen violaciones a los derechos humanos, por lo que no resultan admisibles justificaciones basadas en creencias o valores religiosos.
Para el Comité, estos discursos confunden a la sociedad, promueven inseguridad y total indefensión a las mujeres víctimas de violencia, justifican las discriminaciones y las prácticas nocivas contra ellas, profundizan el machismo y la misoginia, fomentan una cultura de intolerancia que afecta a la convivencia democrática, refuerzan y perpetúan estereotipos y roles de género discriminatorios, y legitiman la violencia contra las mujeres. Ante esta grave situación que viven miles de mujeres en la región, el Comité ha manifestado su preocupación a través de la Declaración sobe la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres como Bien de la Humanidad.
Al mismo tiempo, el Comité expresa su preocupación por la presentación en la Asamblea Legislativa de un proyecto para transformar el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) en un instituto de la familia. El INAMU es el organismo a cargo de la protección de las mujeres y el combate de la violencia y la discriminación contra ellas, y su transformación pone en riesgo el cumplimiento de las responsabilidades asumidas por el Estado al ratificar la Convención de Belém do Pará.
Por lo tanto, el Comité incentiva la profundización y la difusión de conocimientos con perspectiva de género y el fortalecimiento del Estado Laico. Conjuntamente, se insta al Estado a condenar todas las formas de violencia contra las mujeres por todos los medios apropiados y sin dilaciones de ninguna índole y continuar profundizando las políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia, tal como lo establece el artículo 7 de la Convención de Belém do Pará. Por último, el Comité reitera el llamado a adaptarse a los compromisos emanados por esta Convención, instrumento internacional suscrito y ratificado por Costa Rica.
El Comité de Expertas es el órgano técnico del MESECVI, responsable del análisis y evaluación del proceso de implementación de la Convención de Belém do Pará. Está integrado por Expertas independientes, designadas por cada uno de los Estados Parte entre sus nacionales, quienes ejercen sus funciones a título personal.
La Universidad Estatal a Distancia (UNED) por medio de su Programa Agenda Joven, presenta el Seminario Internacional: “Valores y Prácticas Democráticas para el Liderazgo Joven” el cual está dirigido a personas jóvenes y líderes, con edades entre los 20 y los 30 años de edad, representantes de las juventudes de Latinoamérica y quienes participan activamente en procesos de toma de decisiones.
Para el año 2018, se desarrollará del 16 al 20 de julio, de 10:00 a.m. a 8:00 p.m. en el Centro El Redil, ubicado en San Ramón de Tres Ríos, 4.4 kilómetros al este del cruce del Cristo de Sabanilla; contiguo a la Guardia de Asistencia Rural, San José, Costa Rica.
El Seminario tiene como eje central el tema «Juventud, Derechos Humanos y Educación: desafíos a partir las condiciones sociales y políticas en la Región Centroamericana y el Caribe«.
El objetivo es promover conocimientos, valores y habilidades políticas que permitan a las personas jóvenes identificar y resolver problemas asociados a las prácticas democráticas las que, por su naturaleza, deben verse en el mundo de la vida, en lo cotidiano, en el trato, en el hacer político y sus proyectos. Se espera que al finalizar el curso, las personas jóvenes participantes tengan más y mejores herramientas para promover y participar en espacios de toma de decisiones, velar por el cumplimiento del Derecho Humano a la Educación y mejorar la convivencia ciudadana.
La fecha límite para enviar las postulaciones es el día viernes 25 de mayo de 2018. El seminario incluye: los materiales, refrigerios y el almuerzo diario. A las personas que cumplan con los requisitos se les entregará un certificado de aprovechamiento extendido por el Programa Agenda Joven. Para obtener el certificado debe asistir y cumplir la totalidad del horario, todos los días del curso sin excepción. El seminario es intensivo, se trabajarán 12 horas por día por lo que debe tomar las previsiones del caso.
Fechas importantes:
Período de inscripción: hasta el 25 de mayo, 2018
Publicación de la lista de seleccionados: 4 de junio, 2018.
Los datos que usted suministre en este formulario serán utilizados por la Universidad Estatal a Distancia, Costa Rica para coordinar la logística del evento, le solicitamos brindar datos fidedignos.
